Seguridad y defensa

Trabajadores de la DGAC acusan nulas gestiones de Defensa tras tiroteo en Aeropuerto de Santiago

Trabajadores de la DGAC acusan nulas gestiones de Defensa tras tiroteo en Aeropuerto de Santiago

“Nos sentimos muy golpeados por la muerte de nuestro compañero, porque nosotros le habíamos dicho a las autoridades que podía suceder. Les dijimos que a nosotros no nos iba a atacar una delincuencia común”, dice Víctor Hernández, director de ATOF-DGAC.

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Un aporte de nuestro ex director Raúl Godoy

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Columna de Opinión

UN ESTADO DIPSÓMANO

UN ESTADO DIPSÓMANO

Gerardo Varela

El Mercurio, Columnistas, 04/03/2023

En 1924, el gobierno laborista inglés decidió que, para unir al Imperio británico, se debía construir un dirigible para pasajeros —un “zeppelin”— capaz de cruzar los océanos (proyectos R100 y R101).

Los especialistas le recomendaron al gobierno que lo hiciera con empresas privadas. Pero siendo socialista, este quiso hacerlo con el Estado. Ante la presión, los hizo competir y le asignó simultáneamente el diseño y construcción de la aeronave a la empresa Vickers y al Ministerio del Aire.

Como era previsible, el privado estuvo listo a tiempo, dentro de presupuesto, y el año 1930 realizó un exitoso vuelo de ida y vuelta a Canadá. El estatal quedó mal hecho, salió más caro y hubo que apurar su entrega. En su vuelo inaugural a la India capotó en el norte de Francia, muriendo 48 de sus 54 pasajeros, incluyendo al propio ministro del Aire.

Resulta imposible ignorar la evidencia en contra del Estado haciendo lo que pueden hacer los privados mejor, más rápido y más barato. El Estado educa, atiende en salud y combate incendios peor que los privados. El Estado del año 73 representaba el 75 % de la economía.

Tenía de todo: hoteles, azucareras, minas, constructoras, telefónicas, electricidad y funcionaban pésimo. Ahí estaba el origen de nuestra pobreza, de la inflación, del endeudamiento externo, de la falta de inversión y un largo etcétera.

Y ahora quieren repetir los errores.

Los activos estatales, como son de todos, nadie los cuida. Los monopolios funcionan mal y los estatales peor. Sin embargo, nuestras autoridades parecen inmunes a la evidencia y ahora quieren subir impuestos, aumentar la burocracia, crear empresas, destruir la salud privada y administrar pensiones.

“Chile tiene un problema de crecimiento y de falta de innovación. Sus causas son la mala política y la hipertrofia del Estado. Este ha multiplicado su tamaño por 10 pero no mejora”.

El Estado es un mal asignador y un mal gastador de recursos. Le sobra al menos un 20 % de funcionarios y ni un político ni un funcionario será buen empresario estatal.

En general, compran caro o compran mal. Cuando un proyecto fracasa, le aumentan el presupuesto en vez de cerrarlo y les preocupa más el procedimiento que el resultado (doña Irací cree que 3 tasaciones pueden lavar un fraude; Jadue crea una farmacia que quiebra y no asume ningún costo; y Jackson cree que con un gorro rosado y marketing puede armar una distribuidora de gas que no anduvo ni en Chiguayante como le advirtió Enap).

Esto hace que, comparado con el privado, el gasto fiscal sea tan ineficiente, como comprobó con su vida el ministro inglés.

Chile tiene un problema de crecimiento y de falta de innovación. Sus causas son la mala política y la hipertrofia del Estado. Este ha multiplicado su tamaño por 10 pero no mejora.

Ahora de nuevo quiere subir impuestos. Con eso podrá seguir gastando en “arte” pornográfico, contratando asesores para el gabinete Karamanos o para el subsecretario Eidelstein (PC), o creando la subsecretaría LGBTI+.

Nuestra vida independiente partió con 5 ministerios y hoy tenemos 23 (Estados Unidos tiene 15).

¿Para qué tenemos el INDH si tenemos Poder Judicial, CDE, Fiscalía y Ministerio de Justicia? ¿O Defensoría de la Niñez si tenemos Mejor Niñez y el INJUV? El Ministerio de Economía se sobrepone con los sectoriales (Minería, Agricultura, Energía, etc. …). Lo mismo con los de Ciencia y Cultura y Educación.

Todas debieran ser subsecretarías dentro de Economía o Educación. De esa manera suprimiríamos la burocracia que genera un ministerio.

Qué decir del Congreso que tiene 155 diputados en que cada uno cuesta el doble que un ministro y 50 senadores que cuestan el triple.

Usted paga impuestos por trabajar, comprar, vender, arrendar, prestar, regalar, heredar, circular, rentar y ahora quieren cobrarle además por ahorrar.

Si el gobierno cobrara el Transantiago, terminara con las licencias médicas truchas, descontinuara programas sociales mal evaluados y no hubiera objetado las licitaciones del litio que ahora promueve, se haría innecesaria la reforma tributaria.

Pero prefiere cobrarles más a los formales que hacer la pega y perseguir a los informales.

Subir impuestos es como darle alcohol a un dipsómano. No soluciona ningún problema, pospone la imprescindible racionalización del Estado y profundiza la crisis de innovación y crecimiento que han generado las malas políticas públicas y el Estado hipertrofiado.

Es el exceso de Estado y no su falta lo que estancó a Chile y causó el estallido. Seguimos yendo por el mismo camino.

El proyecto Chilezuela como un todo murió con el plebiscito, pero el gobierno lo quiere reponer por partes y piezas. Es hora de decirles que no.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

Las opiniones consideradas en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

 

 

 

 

Seguridad y defensa

¿QUÉ PRETENDE EL GOBIERNO SOBRE LOS 50 AÑOS?

¿QUÉ PRETENDE EL GOBIERNO SOBRE LOS 50 AÑOS?

Sergio Muñoz Riveros

El Mercurio, Columnistas, 07/03/2023

Si el gobierno del Presidente Boric concibe la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que puso fin al gobierno del Presidente Allende como una oportunidad para favorecer los intereses de la alianza oficialista, creará una atmósfera de división que puede dañar gravemente nuestra convivencia, la que aún no se recupera de los efectos de la asonada de octubre de 2019, que hizo temer a mucha gente que el país retrocediera a los tiempos del antagonismo sin límites.

El recuerdo de 1973 está asociado a las consecuencias de una dolorosa fractura de la sociedad chilena, que costó muchas vidas y dejó duras lecciones respecto de aquello que debemos evitar a toda costa: las pugnas políticas ciegas, los integrismos ideológicos que se convierten en odios, el desprecio por la democracia y la validación de la violencia como arma política.

Lo pagamos demasiado caro como para no tenerlo presente.

Desde la recuperación de la democracia, en 1990, todos los presidentes de la República procuraron que el 11 de septiembre sirviera para recordar a las víctimas, reafirmar la condena de las violaciones de los DD. HH. y renovar el compromiso con los valores democráticos.

Por lo tanto, la conmemoración de este año debería ayudar a curar las heridas, no a reabrirlas; a favorecer el entendimiento, no el resentimiento.

El Gobierno no puede actuar de nuevo como el aprendiz de brujo que desata fuerzas que luego no puede controlar. Ya lo hizo con el relato refundacional que se sintetizaba en el proyecto de Constitución que fue rechazado por los ciudadanos.

“…el Gobierno no puede actuar de nuevo como el aprendiz de brujo que desata fuerzas que luego no puede controlar…”.

¿Quiere ensayar ahora un nuevo relato, que divida a los chilenos entre allendistas y pinochetistas? No tiene sentido reeditar las antiguas confrontaciones cuando lo que necesitamos es reforzar los cimientos de la paz y la libertad.

Cualquier intento de imponer una “historia oficial” sobre los traumas del pasado no podrá prosperar.

Vivimos en una sociedad abierta, en la que fluyen las ideas y la información. Están, por lo tanto, fuera de lugar la censura u otras formas de coacción para impedir el libre escrutinio.

No hay ni debe haber tabúes respecto de la revisión e interpretación de los hechos históricos. Es previsible, entonces, que los 50 años motiven múltiples debates dirigidos a profundizar el análisis de las causas y las consecuencias de lo ocurrido. Es parte del ejercicio de las libertades.

Lo inadmisible es que las autoridades del Estado aprovechen los cargos que ocupan temporalmente para convertir en “oficial” su propio punto de vista, con el fin de conseguir ganancias sectarias.

Pasaron más de 16 años antes de que Chile pudiera avanzar, costosamente, hacia el reencuentro nacional, pero el peligro de retroceso siempre existe. Ya vimos en la Convención cómo los afanes por “corregir la historia” pueden llegar hasta el delirio.

A fines de enero, el ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo que la instrucción presidencial que recibió respecto de cómo abordar las violaciones de los DD. HH. del pasado, se resumía así: “toda la verdad, toda la justicia”.

Aludió entonces a un plan que pretende “articular una serie de medidas que van desde la recopilación y sistematización de información hasta dotar de mecanismos para lograr éxito en las investigaciones” (Emol, 31/01).

¿Qué significa eso exactamente? ¿Es que el Ministerio de Justicia se dispone a crear una nueva entidad, en la línea de la Comisión Rettig (creada por el Presidente Aylwin, en 1990), o de la Comisión Valech (creada por el Presidente Lagos, en 2003)?

Si es así, ¿cuál es la expectativa que se quiere crear entre los familiares de las víctimas? ¿Se vincula esto con la intención de presionar a los mandos de las FF. AA. para que respondan por lo que ocurrió hace medio siglo?

Sería una insensatez completa, que desconocería el camino hecho por el país en el terreno de la verdad, la justicia y la reparación, y que pasaría por alto el proceso de renovación de las instituciones armadas en el marco de la reconstrucción democrática. ¿Está el ministro Cordero en condiciones de informarle al país acerca de lo que hará para lograr toda la verdad y toda la justicia?

Chile estuvo al borde del despeñadero en 2019. Y también en la coyuntura del plebiscito del año pasado.

En tal contexto, lo mínimo que cabe esperar del Gobierno es que, frente a la conmemoración de los 50 años, trate de actuar con sentido nacional. Debe tener plena conciencia de los riesgos que podemos enfrentar si, como consecuencia del empeño por “correr el cerco”, se termina generando un clima de odiosidad y confrontación que abone el terreno a nuevas expresiones de violencia en las calles.

Más vale que el Gobierno no juegue con fuego.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio varas Clavel

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Columna de Opinión

REPERCUSIONES DEL RECHAZO TRIBUTARIO

REPERCUSIONES DEL RECHAZO TRIBUTARIO

El Mercurio, Editorial, 10/03/2023

El que la idea de legislar la reforma tributaria fuera sorpresivamente rechazada en la Cámara de Diputados —reforma a la que el Gobierno y el ministro Marcel habían apostado fuertemente durante los últimos doce meses— ha generado variadas repercusiones en el panorama político del país.

Por una parte, ilustra el error de estrategia con que el Gobierno enfrentó dicha reforma, al mantener con escasas modificaciones su propuesta durante el trámite en la Cámara, suponiendo que una relativamente rápida aprobación en ella disminuiría la presión modificadora que enfrentaría en el Senado; por otro, la votación adversa se ha transformado en un nuevo baño de realismo político, pues la supuesta mayoría de que gozaría en la Cámara, que debiese haber sido suficiente para aprobar la reforma, solo ocultaba su enorme fragilidad, por la fragmentación partidaria de su composición y la dificultad que ello impone para alinear votaciones.

El Gobierno corre el riesgo de ser percibido como un conglomerado voluntarista, sin capacidad de gestión ni de entrega de resultados

La primera reacción del Gobierno pareció ser un endurecimiento de su discurso, culpando a la oposición de que el rechazo impediría contar con los recursos indispensables para satisfacer las necesidades sociales de la población, intentando con ello reagrupar apoyo ciudadano en torno a esas necesidades.

También, con la acusación de inmovilismo y defensa de los sectores con más recursos, estaría buscando romper el eje que aglutinó el rechazo al Gobierno en el pasado plebiscito del 4 de septiembre.

Ayer se agregó una nueva e insólita acusación, en que se sindica al expresidente Piñera de alinear la votación en contra del proyecto por una reciente entrevista en televisión. El argumento no resiste análisis y es solo una estrategia para fijar un adversario común que le permita aglutinar fuerzas, lo que en el pasado le trajo réditos políticos a la coalición gobernante.

Y es que cualquiera puede observar que la reforma del Gobierno se perdió por la dispersión de los votos de su propio sector —se esperaba aprobarlo a pesar del rechazo de la oposición—, y tampoco es efectivo que el exmandatario tenga semejante poder. El comportamiento parlamentario durante su último período es una buena prueba de ello.

Con todo, no hay claridad en el Gobierno respecto del camino a seguir, pues el propio Presidente Boric le anunció a la oposición, horas después de su primera declaración, que “les tenderé una mano para que reflexionen y lleguemos a un acuerdo”.

Así, el Gobierno parece seguir tensionado por sus dos almas, representadas en este caso por el enfrentamiento entre la pureza ideológica testimonial y la búsqueda de consensos que permitan unir al país, bien ilustrada por el Acuerdo por Chile, en pleno desarrollo.

El primero no solo no se aparta del nuevo ánimo ciudadano surgido luego del plebiscito, sino que además eterniza el debate, sin encontrar ni entregar soluciones, con el riesgo para el Gobierno de ser percibido como un conglomerado voluntarista, sin capacidad de gestión ni de entrega de resultados.

En cambio, buscar y encontrar un consenso con la oposición en el tema tributario permitiría eliminar esa fuente de ruido inversor, algo que el ministro Marcel requiere, y, a partir de ello, ofrecer avances en derechos sociales, que el Gobierno ha declarado como su más importante misión.

El Presidente y su equipo tienen la decisión en sus manos.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

Las opiniones consideradas en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

 

 

 

 

Columna de Opinión

Protestas Estudiantiles

Protestas Estudiantiles

El Mercurio, Editorial, 09/03/2023

Buscando tener el protagonismo que en la década pasada consiguiera el movimiento estudiantil y sus líderes al enarbolar las banderas de la calidad y de la gratuidad, los estudiantes vuelven a las calles anunciando movilizaciones a pocos días de iniciado el año escolar, amenazando con causar —una vez más— un impacto negativo en el normal desarrollo de la actividad académica y en el orden público, sin atender a los verdaderos desafíos que enfrenta el sistema educativo en su conjunto y respondiendo más bien a un discurso ideológico anarquista.

Cuando aún no logran superarse los perjudiciales efectos de la pandemia, con cifras que denotan una grave crisis de asistencia y alta deserción escolar, además de una pérdida difícil de reparar en los niveles de aprendizaje, resulta inaceptable que un grupo de secundarios apele —nuevamente— a las marchas como método de presión.

Elocuente ha sido el daño provocado por la violencia y la sistémica interrupción de las clases en varios de los liceos públicos hoy han perdido la excelencia que los caracterizaba y la elegibilidad por parte de los mejores alumnos, sin poder llenar sus vacantes.

No se entiende que, amparándose en un discurso de demanda por calidad, se justifiquen acciones que van en detrimento de la actividad académica, profundizando las dificultades que hoy enfrenta el sistema educativo.

Sin una agenda definida y sin una clara voluntad de la autoridad sectorial por enfrentar con decisión los problemas que afectan a la enseñanza pública, el Gobierno no le ha otorgado la prioridad que merece la educación como herramienta de progreso y cohesión social. Tampoco lo ha hecho el Colegio de Profesores.

Por el contrario, la autoridad ha recurrido a algunas medidas que han sido fuente de críticas por parte de los expertos, como el cuestionamiento a la efectividad de las pruebas estandarizadas en la detección de los avances y retrocesos en el proceso de aprendizaje, poniendo el énfasis en aspectos como la formación sexual, descuidando problemas de fondo que están afectando a la educación de las nuevas generaciones, como el grave déficit de profesores y la tensión administrativa que ha significado el traspaso de los colegios públicos desde los municipios a los servicios locales de educación.

Elocuente ha sido el daño provocado por la violencia y la sistémica interrupción de las clases.

En la educación superior, el comportamiento de ciertos dirigentes tampoco parece responder a los desafíos de las comunidades estudiantiles cuando, recién iniciadas las actividades, optan —en procesos de cuestionable participación democrática— por la paralización de las actividades, aduciendo motivos muchas veces poco representativos de los intereses del estudiantado.

Cuando el país ha hecho un importante esfuerzo en recursos fiscales para solventar la gratuidad, preocupa que las sucesivas interrupciones afecten el normal desarrollo de los procesos de formación académica.

La crisis en el sistema escolar necesita de medidas eficaces que apunten al fortalecimiento de las comunidades educativas, erradicando la violencia. Ello requiere de autoridades decididas a velar por la continuidad de la actividad educativa, y de profesores y apoderados que reconozcan el valor de la enseñanza, condenando cualquier forma de violencia que impida su normal continuidad.

Las largas filas de los padres esperando lograr una vacante en aquellos establecimientos de reconocida calidad demuestran que la educación de excelencia sigue ubicándose entre las principales preocupaciones y expectativas de la ciudadanía.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

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Columna de Opinión

LOS COMUNISTAS Y EL PODER DUAL

LOS COMUNISTAS Y EL PODER DUAL

Gonzalo Rojas Sánchez

El Mercurio, Columnistas, 08/03/2023

Incómodos, muy incómodos están en el PC. Las señales de moderación que en dos o tres materias viene dando el Presidente Boric los incomodan absolutamente.

Los descoloca también —porque comienza a desplazarlos de su locus, el poder— la preeminencia del trío Tohá-Uriarte-Marcel, protagonismo que se hace notar en la conducción efectiva de las políticas y, sobre todo, en una imagen de hegemonía al interior del Gobierno que la opinión pública comienza a percibir y a valorar positivamente.

El histórico complejo de exclusión se vuelve a asomar en el horizonte de los comunistas.

A pesar de las victorias obtenidas por el PC en el tema de los indultos y en su afán por atraer al PS hacia una lista electoral común con Apruebo Dignidad, la incomodidad de los comunistas con el principal equipo del Ejecutivo y con la otra coalición es máxima.

El Frente Amplio no les presenta ningún mayor problema hoy (siempre sostuvimos que el PC se “los comería con zapatos”), mientras que el Socialismo Democrático, al que el Presidente Boric parece estar gradualmente entregando la oreja, sí que resulta muy molesto.

¿Cómo se comporta el PC en estas circunstancias?

Su manual estratégico entrega dos instrucciones básicas, las que deben practicarse al unísono. Por una parte, no ceder un gramo en las cuotas de poder formal de que dispone en el aparato del Estado; y, por otra, desplegar todos los esfuerzos para fortalecer una influencia paralela en los centros no estatales de poder: desde la CUT y los colegios profesionales afines, pasando por los vastos ámbitos culturales y los grupos juveniles trabajados por la Jota, hasta el tan amplio mundo de “la calle”.

“Los comunistas han redoblado su afán por potenciar el poder por afuera”.

Y, efectivamente, de modo ostensible el PC ha aplicado estas dos instrucciones en las últimas semanas.

Ha reforzado su presencia en el poder, partiendo por el Ejecutivo, mediante una renovada vocería de la ministra Vallejo, quien no ha trepidado en enmendarle la plana a la jefa del Gabinete, insistiendo en que se trata de “saber concretar los compromisos programáticos”, por encima de ciertas circunstancias, que Tohá parece valorar más.

Y en simultáneo, el secretario general del PC y la senadora Pascual plantean —a Marcel va el mensaje— un sueldo mínimo mucho mayor y un congelamiento de ciertas tarifas.

En este mismo plano formal, los exconvencionales Sepúlveda y Barraza aprovechan su experiencia e integran la mesa encargada de redactar las bases constitucionales de los partidos de gobierno. Dimensiones del poder formal, bien aprovechadas.

Y, al mismo tiempo, los comunistas han redoblado su afán por potenciar “el poder por afuera”.

Cuando Jadue descalifica al Presidente Boric por sus ofertas a los nicaragüenses perseguidos; cuando Teillier insiste en la movilización social frente al nuevo proceso constituyente; cuando el propio Barraza respalda sin matices a su presidente, y declara incompatible la subsidiariedad con el Estado Social de Derecho… cuando todo eso se dice, el mensaje es claro: habría fuerzas muy insatisfechas con la moderación creciente de Boric, así como con las bases y procedimientos del nuevo proceso y, como siempre, el PC está dispuesto a liderar todo ese descontento.

En 1973, los comunistas sostenían al deshilachado gobierno unipopulista y, entre otros mil problemas causados por las características del proceso impulsado por las izquierdas marxistas, tenían que lidiar con el poder paralelo que le planteaban a Allende el PS, el MIR, el MAPU y la IC, en los cordones industriales, en los consejos comunales y en los consejos campesinos. Era el poder dual, y los comunistas lo sufrían.

Hoy, aprendida la lección, han decidido trabajar ellos en ese mismo esquema.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

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RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD

ALIANZA DEL PACÍFICO AMENAZADA POR AMLO

ALIANZA DEL PACÍFICO AMENAZADA POR AMLO

El Mercurio, Editorial, 08/03/2023

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está empeñado en continuar impidiendo el correcto funcionamiento de la Alianza del Pacífico.

Su obstruccionismo afecta intereses nacionales, infiere grave daño a las oportunidades de bienestar de los pueblos y desarrollo de las principales economías latinoamericanas de la Cuenca del Pacífico, perjudica la integración regional y transpacífica; incluso afecta a su propio país, a la diversificación del comercio mexicano, dependiente en más de un 80 % del intercambio con los Estados Unidos, dañando además la confianza y la imagen de la diplomacia mexicana, el comercio libre y el valor compartido por el multilateralismo.

El Presidente de México se aferró al poder en su condición de presidente pro tempore de la Alianza. Su mandato caducó a comienzos de año, pero desde entonces se niega a transferir su cargo temporal a la Presidenta constitucional de Perú, Dina Boluarte.

Antes, el 25 de noviembre, suspendió sine die las cumbres de la Alianza por la inasistencia del entonces Presidente peruano, Luis Castillo, actualmente destituido y en prisión por intento de golpe de Estado luego de que decretara la disolución del Congreso y Poder Judicial de Perú.

Sorprende la pasividad y tolerancia de los restantes gobiernos, gremios empresariales y laborales participantes en la Alianza.

Lo sucedió constitucionalmente su vicepresidenta Boluarte, a quien AMLO pretende calificar de espuria.

El proceder autocrático y el ideologismo de AMLO —evidenciado en estos días por su iniciativa en contra de la independencia de la institucionalidad del sistema electoral mexicano— ahora trascienden a su país e impactan en la región, al obstaculizar el pleno funcionamiento de la Alianza, que hasta su negativa interferencia no había logrado ser politizada ni burocratizada, como es habitual en los organismos latinoamericanos.

En sus casi trece años de existencia, la Alianza ha crecido sostenidamente, hasta constituirse en una institución eficaz para la integración regional, que aporta un mercado creciente, superior a los nueve mil millones de dólares anuales para exportaciones chilenas, 40 % provenientes de pymes, fundamental para miles de empleos y centenares de empresas nacionales.

La Alianza del Pacífico, conformada por Chile, Colombia, México y Perú, tiene más de 50 estados observadores de todos los continentes, varios interesados en asumir la condición de estado asociado, entre los que se cuentan Canadá, Nueva Zelandia, Australia, Singapur, Ecuador y Corea del Sur, todos atraídos por la flexibilidad, innovación y visión de la organización, carente de cargas burocráticas, politización, limitaciones e inoperancia características de los fracasados y románticos cometidos integracionistas latinoamericanos.

Sus cuatro miembros fundadores representan el 40 % del PIB de América Latina, el 55 % de sus exportaciones, y un mercado superior a doscientos millones de habitantes.

No sorprende el autocrático e ideologizado comportamiento del Presidente López Obrador, que interfiere ilegítimamente en el progreso y en las instituciones sudamericanas, no obstante el limitado interés mexicano en sus vínculos con la región, y cuya prioridad más bien son los lazos con el hemisferio norte y América Central.

Lo que sorprende es la pasividad y tolerancia de los restantes gobiernos, gremios empresariales y laborales participantes en la Alianza.

El Gobierno, la Cancillería, los gremios empresariales chilenos, no pueden permanecer indiferentes; deben salir en defensa del interés nacional ante el intento destructor de AMLO, y no lo han hecho. Están en juego principios y políticas de Estado como el libre comercio, la vigencia de tratados internacionales, la apertura al Asia Pacífico, el multilateralismo y el progreso de nuestro país.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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