News, U al dia

93° ANIVERSARIO DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE

93° ANIVERSARIO DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE

El 21 de marzo de 1930, se crea la Fuerza Aérea de Chile mediante la unión de todo el personal militar y naval perteneciente a los servicios aéreos de esas instituciones, como asimismo el material de vuelo perteneciente a dichos servicios.

Su fundador, fue un aviador militar, a quien se le entregó la misión de dar forma desde sus cimientos a la FACH, lo que haría con singular brillo, llegando ser su primer Comandante en Jefe; nos referimos al Comodoro Arturo Merino Benítez.

Con el apoyo del Presidente de la República el General Carlos Ibáñez del Campo, implementó el desarrollo aeronáutico llegando incluso a construirse aviones Curtiss en una fábrica ubicada en Cerrillos.

Pudo finalmente unir el país, desde Arica a Punta Arenas por aire, en frágiles aeronaves de la época, en lo que inicialmente se llamó la Línea Aeropostal, institución que dio origen posteriormente a la Línea Aérea Nacional, hoy LATAM.

Se le debe al Comodoro Merino el haber creado la Aviación Militar, la aviación comercial y la aviación civil en el país. Esta última, con la visionaria fundación de los primeros clubes aéreos.

Al pasar a retiro, señaló: “Tengo un camino construido: el de los cielos de Chile”.

En su memoria, el “Aeropuerto Internacional de Santiago”, también llamado Pudahuel, lleva merecidamente su nombre. (Algunos políticos han querido cambiar su nombre por el de Pablo Neruda, sin éxito afortunadamente).

En su vida privada y civil fue figura relevante en el Partido Socialista, participando activamente en la crisis política de 1932 junto a Carlos Dávila, Marmaduque Grove, (también Oficial FACH) y otros dirigente de la República Socialista.

Antes de fallecer en 1970, llamó a votar por el candidato Allende.

Como masón, tuvo el grado de Gran Maestro en la Gran Logia de Chile.

Su hijo homónimo fue Comandante en Jefe de la FACH en el período anterior al actual.

Hoy la FACH se yergue cómo pilar fundamental en la defensa y desarrollo del país, tanto en tiempos de conflicto como de paz. Es y ha constituido un elemento esencial en el apoyo de la población civil de Chile en aquellas importantes emergencia, como terremotos, erupciones volcánicas e incendios estacionales.

A través de los años, ha alcanzado un elevado estándar de calidad técnica y operativa, contando con uno de los más más modernos materiales de vuelo de la América del Sur y sus equipos de apoyo.

Ostenta un destacado lugar entre las fuerzas aéreas del continente como también a nivel mundial por la profesionalidad de sus integrantes, pilotos, personal de mantenimiento y de defensa aérea.

Con sus brigadas, cubre guarnición desde Arica a la Antártica, en este último lugar, a través de la Base Aérea Antártica Presidente Gabriel González Videla, de la Villa Las Estrellas y su aeródromo antártico Teniente Marsh.

La Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional, saluda cordialmente a los socios exoficiales de la Fuerza Aérea en su mes aniversario, el mes del aire y del espacio y los felicita por este nuevo aniversario que los aproxima al centenario.

Seguridad y defensa

“USO DE ARMAS DE FUEGO SERÁ SÓLO EN ÚLTIMA INSTANCIA”: LOS LÍMITES QUE INTERIOR FIJA PARA POLICÍAS Y MILITARES ANTES DE DISPARAR

“USO DE ARMAS DE FUEGO SERÁ SÓLO EN ÚLTIMA INSTANCIA”: LOS LÍMITES QUE INTERIOR FIJA PARA POLICÍAS Y MILITARES ANTES DE DISPARAR

Víctor Rivera

La Tercera, 16/03/2023

Para fines de marzo, el gobierno pretende ingresar una de las cinco iniciativas para fortalecer las capacidades de la policías y quienes cumplan labores excepcionales de orden público, como las Fuerzas Armadas en el norte y sur del país.

Así lo comunicó el Ministerio del Interior, en enero al Congreso, a través de su “Compromiso transversal por la seguridad”, una vez disuelta la mesa de trabajo que presidía la ministra Carolina Tohá.

Y para avanzar en esa hoja de ruta es que la ministra Tohá presentó a los senadores y diputados encargados por los partidos para tratar los temas de seguridad, la minuta “normas generales sobre el uso de la fuerza para funcionarios que cumplan labores de mantenimiento y restablecimiento del orden público y la seguridad pública interior”.

El tema se da a pocos días de que el gobierno pidiera explicaciones al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por pedir apurar el trámite legislativo de las normas que regulan su labor.

El texto -sociabilizado, además, este jueves en una reunión con los parlamentarios en La Moneda- establece una serie de límites para que los uniformados usen su arma, lo hagan regulados por un protocolo que luego deberá ser visado y actualizado por el Instituto de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría de la Niñez.

La propuesta que está trabajando Interior -a la que accedió La Tercera PM-, contempla que “antes de recurrir al uso de la fuerza o empleo del arma de fuego, se deben tomar todas las medidas razonables para disuadir a toda persona o grupo de cometer una agresión que atente contra algún funcionario que cumpla labores de mantenimiento y restablecimiento del orden público y la seguridad pública interior o contra las instituciones a las que pertenezcan, contra el objetivo legítimo, o que alteren el orden y seguridad pública, o que producto de ello afecte a otras personas o sus derechos”.

El Ministerio del Interior elaboró una primera propuesta para avanzar en un anteproyecto de ley para establecer las normas generales sobre el uso de la fuerza para funcionarios que cumplan labores de mantenimiento y restablecimiento del orden público y seguridad. En el borrador plantea cuatro puntos: legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad.

También se propone que se debe hacer un uso gradual de la fuerza. Acá Interior consigna que “siempre que la situación operativa lo permita, se deben realizar todos los esfuerzos procedentes para resolver situaciones potenciales de confrontación, a través de la comunicación, persuasión, negociación y empleo de medios disuasivos. El uso de armas de fuego será solo en última instancia y para casos de peligro para la vida o la integridad física de las personas”.

Los principios básicos y el rol del mando. El gobierno también definió cuatro “principios” que se deberán tener en cuenta:

  • Principio de legalidad: “La acción que realicen las y los funcionarios que cumplan labores de mantenimiento y restablecimiento del orden público y la seguridad pública interior, debe efectuarse dentro del marco de la Constitución Política de la República, la ley y los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, y debe efectuarse atendiendo un objetivo legítimo”.
  • Necesidad: “Solo se podrá utilizar la fuerza cuando sea estrictamente necesaria para el cumplimiento del deber. Las y los funcionarios que cumplan labores de mantenimiento y restablecimiento del orden público y la seguridad pública interior utilizarán, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza y armas de fuego, las que solo podrán utilizarse cuando otros medios menos lesivos resulten ineficaces o no garanticen el logro del resultado previsto. Este principio exigirá que, en la circunstancia particular, no exista otra alternativa razonable que no sea el uso de la fuerza, la que deberá cesar una vez logrado el objetivo o cuando éste no pueda lograrse”.
  • Proporcionalidad: “Deberá existir un equilibrio entre el tipo y nivel de fuerza empleada, y el grado de resistencia o amenaza planteada por el individuo o grupo de individuos o el delito que estuviesen por cometer. El uso de la fuerza tiene como límite que no puede infligir más daño que aquel que se pretende evitar con su empleo”.
  • Responsabilidad: “El uso de la fuerza, fuera de los parámetros permitidos, conlleva las responsabilidades individuales por las acciones y omisiones incurridas y, cuando corresponda, la responsabilidad de los mandos”.

En la propuesta de Interior también se señala que los funcionarios que usen armas deberán contar con capacitaciones adecuadas y, además, disponer de diversos elementos disuasivos y armas menos letales para hacer un “uso racional de la fuerza en estricto cumplimiento de estos principios”. Además, el mando deberá informar, en el más breve plazo, al Ministerio del Interior cualquier incidente en que se haya hecho uso de la fuerza.

En la reunión de la ministra Tohá con los parlamentarios se expusieron las ideas y también se recogieron opiniones, donde, por ejemplo, desde Chile Vamos pidieron sacar al INDH de la mesa técnica por ser querellantes en casos de que involucran a efectivos policiales y militares, e integrar la opinión de Carabineros, la PDI y las FF.AA.

Otro elemento de discusión fue si tener un reglamento de uso de la fuerza único para Carabineros y otro distinto para las FF. AA, o bien, incorporarlos a ambos en un solo protocolo.

Todo eso deberá discutirse más a fondo en las próximas citas que encabezará Tohá, donde pretende sacar adelante un elemento no menor para policías y militares.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Columna de Opinión

CONSEJERO DEL CDE REVELA QUE EXISTE UNA SOLICITUD DE INDULTO POR EL ESTALLIDO SOCIAL EN TRAMITACIÓN

CONSEJERO DEL CDE REVELA QUE EXISTE UNA SOLICITUD DE INDULTO POR EL ESTALLIDO SOCIAL EN TRAMITACIÓN

Rodrigo Verdejo

La Tercera, 16/03/2023

La mañana de este jueves, en el Tribunal Constitucional (TC) emplazado en calle Huérfanos 1234, se dio inicio a los alegatos en el marco de los requerimientos ingresados por senadores de Chile Vamos y Demócratas para impugnar los indultos concedidos al exfrentista Jorge Mateluna y otros seis condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social.

De parte del Ejecutivo, tras una solicitud expresa del ministro de Justicia, Luis Cordero, el encargado de defender la constitucionalidad de los beneficios presidenciales fue el consejero y abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Raúl Letelier.

En tanto, de parte de Chile Vamos y Demócratas, la jurista seleccionada para impugnar los indultos concedidos por el Presidente Gabriel Boric fue la exconvencional y abogada UDI, Constanza Hube.

Finalmente, los ocho ministros que conforman el tribunal no llegaron a acuerdo y resolvieron solicitar más antecedentes a ambas partes para así poder fallar sobre el fondo de las acciones presentadas por la oposición.

Una vez concluidos los alegatos, los abogados litigantes se dispusieron a responder preguntas de parte los miembros del TC. Fue así que, en el turno del ministro Christian Letelier -exdiputado por la UDI- le formuló al consejero del CDE la siguiente pregunta: “¿Si tiene información si existe otras solicitudes de personas que han sido condenadas por hechos en el contexto del estallido social, hay solicitudes de indultos que no han sido cursadas?”.

El jurista, por su parte, respondió de forma escueta que existe una solicitud en tramitación de una persona condenada por delitos cometidos en el marco del estallido social. “Sí, hay una petición en actual tramitación que no ha sido resuelta, solo una”, se limitó a contestar.

La Tercera se contactó con el Ministerio de Justicia y Gendarmería para conocer más detalles sobre la solicitud de indulto en cuestión -como la etapa de tramitación y la identidad del sujeto-, sin embargo, desde la cartera respondieron que el ministro Luis Cordero resolvió no referirse al tema mientras se prolongue el litigio en el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, un día después, consultado al respecto Cordero confirmó la existencia del proceso de indulto en tramitación: “El tribunal lo que pide es informar si después de esa fecha existen solicitudes que hubiesen ingresado al Ministerio de Justicia y hay una que ingresó el 13 de enero, que actualmente se encuentra en el procedimiento normal para este tipo de asuntos en la sección de indultos de la división de reinserción”.

El abogado del organismo, Raúl Letelier, informó del caso tras ser consultado por el ministro del Tribunal Constitucional Christian Letelier.

De acuerdo con información de La Moneda, en las solicitudes de indultos presentadas por personas condenadas o en prisión preventiva por delitos cometidos durante el estallido social “destaca la dimensión humana de la privación de libertad, identificando sus condenas con un contexto de crisis social iniciado en 2019″.

“Las solicitudes contienen difíciles historias de vida, de jóvenes que cuando niños no tuvieron la protección del Estado y que hoy requieren la reinserción social. Asimismo, en otros casos se destaca la necesidad de retomar su vida familiar y laboral, restableciendo la relación con sus hijos, madres y padres”, señalan fuentes de Palacio.

Según informó en su momento el gobierno, a diciembre de 2022 existían 56 personas privadas de libertad por hechos vinculados al estallido social.

Quién es Raúl Letelier. El profesional a cargo de defender la constitucionalidad de los indultos concedidos por el Presidente Gabriel Boric, en nombre del Consejo de Defensa del Estado, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Doctor en Derecho y Máster en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid y Becario Postdoctoral en la Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica de la Universidad de Bologna.

Es profesor de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y ha sido profesor visitante en la Università degli Studi “Roma Tre”.

Como mencionó tras ser designado como consejero del CDE a La Tercera, concibe al organismo “como un gran estudio jurídico, el más grande del país”. A su juicio, para defender los intereses del Estado, esta entidad “debe tener varios perfiles de abogados en el que cae uno más académico, uno de abogado litigante puro y también otro más político o que pueda planificar estrategias”.

Es un férreo defensor de la independencia del CDE y, por lo mismo, defiende la no existencia de limitación de edad para los consejeros. De hecho, lo considera como una “garantía”.

Se define como un hombre sin nexos con el poder, aunque es militante del Partido Socialista y amigo de años del exconvencional Fernando Atria.

Ambos participaron de la creación del Proyecto Puentes, grupos de profesores que estaban a favor de una asamblea constituyente para modificar la actual Constitución.

Esto, antes de que siquiera estuviera en el horizonte cercano el actual proceso.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones consideradas en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

 

 

 

 

Seguridad y defensa

UN FLANCO QUE NO SE CIERRA: CÓMO EL FANTASMA DE LOS INDULTOS NO SUELTA A BORIC NI A LA MONEDA

UN FLANCO QUE NO SE CIERRA: CÓMO EL FANTASMA DE LOS INDULTOS NO SUELTA A BORIC NI A LA MONEDA

Isabel Caro y Luciano Jiménez

La Tercera PM, 17/03/2023

Tanto el Presidente Gabriel Boric como su ministro de Justicia, Luis Cordero, tuvieron que salir esta mañana a referirse a los nuevos antecedentes que se han hecho públicos en torno a los 12 indultos que concedió a fines del año pasado a condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social y al exfrentista condenado por el robo de un banco, Jorge Mateluna.

La estrategia que trazó el gobierno para sacar de la discusión política la polémica y remitirlo a un debate meramente jurídico le dio cierto aire al Ejecutivo en los últimos meses, sobre todo, luego de que el Tribunal Constitucional acogiera los requerimientos de la derecha para impugnar la decisión del Mandatario.

Pero esta mañana se dio a conocer -a través de Ex-Ante- información nueva respecto de los antecedentes que tuvo a la vista el jefe de Estado al conceder el beneficio procesal.

Se trata de seis informes de Gendarmería -que por ley deben solicitarse cuando se trata de requerimientos de indulto presidencial- que recomendaban no favorecer a condenados que terminaron en la lista de beneficiarios.

En los documentos se constata que las razones de Gendarmería para negar los indultos responden a riesgos de incidencia altos o muy altos y falta de conciencia respecto de los delitos cometidos.

Los informes de Gendarmería recomendando que no se indultara a 6 de los 12 beneficiados por el Presidente Gabriel Boric, reabrió el flanco que el gobierno se ha empeñado en radicar en el Tribunal Constitucional. La derecha canalizará una arremetida a través de la comisión investigadora y hay voces que no descartan una acusación constitucional al propio Mandatario.

Esta recomendación se da en el caso de seis condenados por delitos graves en el marco del estallido social: Luis Castillo Opazo, Brandon Rojas, Bastián Campos, Jordano Santander, Claudio Romero y Felipe Santana.

“Está todo en el Tribunal Constitucional”, dijo el Mandatario esta mañana al ser consultado por estos nuevos antecedentes evitando ahondar en el punto, mientras que Cordero señaló que “el TC pidió reserva de esa información, esos antecedentes son mucho más complejos que el que está contenido en la referencia que se realiza a ese expediente. Pero lo que he aprendido en mi vida profesional es que los abogados no litigamos por la prensa, así que vamos a esperar la decisión del tribunal”.

Con el fantasma de los indultos de nuevo en el debate público, en La Moneda y en el Ministerio de Justicia desdramatizan la existencia de esos informes.

Fuentes de Palacio señalan que es normal que haya indultos otorgados a contrapelo de lo recomendado por Gendarmería porque es una decisión presidencial exclusiva y que pondera distintos elementos y factores.

Este argumento es refutado por exministros de Justicia como Soledad Alvear y Jaime Campos.

De esta manera, en el gobierno insistieron hoy en la estrategia que han fijado desde que asumió Cordero: canalizar a través de él todas las complejidades relativas al proceso de alegatos que lidera el CDE ante el tribunal y evitar vocerías paralelas.

El gesto no es menor, sobre todo, cuando el gobierno inauguró el sábado recién pasado su segundo año en el poder, ajustando su relato con un foco centrado en la gestión y en recuperar la agenda.

Pese a todo, en La Moneda reconocen que el tema, por su naturaleza y origen, siempre será complejo y que, por lo mismo, esperan que el Tribunal Constitucional resuelva a la brevedad. Una vez emitido el fallo, el gobierno tendrá que acatar, dicen las mismas fuentes.

En La Moneda no olvidan que el otorgamiento de dichos beneficios generaron una de las mayores crisis políticas en lo que va de la administración actual e implicaron un golpe duro al equipo del propio Presidente.

Tras las “desprolijidades” que rodearon el proceso -y que reconoció el propio Boric y su ministra vocera, Camila Vallejo, aunque nunca se especificaron del todo-, en enero pasado el Mandatario pidió la renuncia de su entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos, pero también a su otrora jefe de gabinete y amigo, Matías Meza-Lopehandía.

Arremetida opositora en la Cámara. Desde la oposición reaccionaron con indignación a los nuevos antecedentes conocidos y afirmaron que mantendrán la línea fijada con este tema.

Lo que se contempla es radicar todo el tema en la comisión investigadora que lanzarán en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Fue hace dos meses que la Cámara Baja aprobó la creación de ésta, pero todavía no se ha constituido, lo que despertó la molestia en Chile Vamos. Por ello, es que el secretario general de RN, Diego Schalper, se contactó con el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, y trascendió que dicha comisión podría partir este martes.

En RN algunos acusaban que la demora de la conformación de la comisión se debía a falta de funcionarios de la corporación, lo que atribuían a que supuestamente algunos fueron a colaborar al Consejo Constitucional.

Pero -con todo- será en esta instancia donde desde la oposición esperan seguir dándole vitrina al tema e invitar a algunos de los involucrados, entre ellos al ministro Cordero, al subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, a exautoridades como la exministra Ríos, y el exjefe de gabinete Meza-Lopehandía.

Estos últimos no tienen la obligación de ir, al haber dejado de ser funcionarios públicos. También se piensa mandarle cuestionarios de preguntas al propio Boric.

Con todo, en la oposición hay quienes creen que los nuevos antecedentes sobre Gendarmería hacen acusable al Presidente Boric. En esa línea se encuentra el RN Miguel Mellado, junto con algunos de sus pares.

De ahí que se espera que las conclusiones de la comisión investigadora arrojen luces de si se debe impulsar el libelo o no.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional