Día: 3 Octubre 2023

Egon Montecinos, Director Centro de Estudios Regionales, Universidad Austral de Chile

El Mostrador, 29/09/2023

Recién en 1999 la propuesta de elección directa de intendentes regionales apareció en la agenda política de las campañas presidenciales. La propuesta fue planteada por el entonces candidato presidencial Ricardo Lagos –quien resultaría electo Presidente–, más que nada por petición de un grupo minoritario de parlamentarios de centroizquierda, que se autodenominaban los federalistas. Durante su Gobierno optó por impulsar una serie de reformas constitucionales, pero con un foco en descentralización administrativa.

Para comprender mejor el desarrollo de la “política subnacional en Chile” y la incidencia de la dictadura en la descentralización, se hace necesario distinguir dos conceptos que van de la mano, pero que se interrelacionan.

Me refiero a la regionalización y descentralización. La primera se refiere a la forma que se da un país para ordenar/organizar territorialmente el Estado, mientras que la descentralización se refiere a la profundidad de la distribución del poder político, administrativo y fiscal que se asigna a las unidades territoriales mediante las cuales se organiza territorialmente un país.

Históricamente, Chile se ha organizado territorialmente a nivel local en comunas y a nivel intermedio en provincias, hasta antes de 1974, y en regiones después de esa fecha. En materia de descentralización, desde la Constitución de 1833 se ha distribuido mínimamente el poder político, administrativo y fiscal hacia comunas y/o provincias/regiones, predominando más bien un férreo centralismo en esta materia.

Históricamente el poder político se ha delegado a nivel local para que las instituciones que gobiernan las comunas (municipios) puedan elegir a sus autoridades principales, alcalde y concejales, lo cual ha sido una tradición, salvo en periodos como la dictadura. Por su parte, a nivel intermedio, el poder político no se ha delegado a la soberanía popular y solo se ha desconcentrado. A través de ello, se ha mantenido una férrea tutela del centro político sobre los niveles intermedios (provincias antes de 1974 y regiones después de 1974), mediante las designaciones de sus principales autoridades, que para nuestro caso han sido los intendentes antes del 1974 en las 25 provincias y después de 1974 en las regiones (12 más la Metropolitana).

Tras el golpe de Estado, lo que sufrió un cambio fue la regionalización del país, mientras que la descentralización siguió su curso en materia administrativa, consolidando un modelo centralista, pero ahora en un contexto de autoritarismo.

Para el año 1974 la dictadura creó la Comisión Nacional de Reforma Administrativa (Conara), la cual planteó una regionalización diferente a la que predominaba en las 25 provincias existentes a la época. Ello, para cumplir los objetivos de geopolítica, importantes para la dictadura, por la compleja relación que se mantenía con Argentina.

La modificación de Conara dio lugar a las 13 regiones, en las cuales la dictadura designó a los respectivos intendentes.

El modelo de regionalización que adoptó la dictadura fue el que propuso en su momento la Odeplan (Oficina de Planificación Nacional) en las décadas del 50 y 60, como modelo desarrollista asociado a territorios que compartían vocaciones productivas, agrupados “en regiones”.

Evidentemente, el propósito del modelo de regiones de la Odeplan no tenía propósitos geopolíticos, sino que desarrollistas.

Con el retorno a la democracia en 1990, la regionalización de 1974 se mantuvo intacta. No obstante, en materia de descentralización comenzaron a gestarse algunos hechos políticos. En 1992 se produjo la creación de los Gobiernos Regionales mediante la Ley 19.175, legislación que limitaba el ejercicio pleno de la descentralización política a escala regional. Esta limitante se expresaba en que los Gobiernos Regionales tendrían una autoridad designada por el Presidente de la República (los intendentes regionales) y un cuerpo colegiado (Consejo Regional) elegido por los concejales de cada comuna en la respectiva región. Es decir, una institución regional autónoma nueva sería dirigida por una autoridad regional designada.

Recién en 1999 la propuesta de elección directa de intendentes regionales apareció en la agenda política de las campañas presidenciales. La propuesta fue planteada por el entonces candidato presidencial Ricardo Lagos –quien resultaría electo Presidente–, más que nada por petición de un grupo minoritario de parlamentarios de centroizquierda, que se autodenominaban los federalistas.

Durante su Gobierno optó por impulsar una serie de reformas constitucionales, pero con un foco en descentralización administrativa.

Posteriormente, el año 2009, bajo la presidencia de Michelle Bachelet, ocurrió un hito relevante en materia de descentralización política: la modificación constitucional que habilitó la elección directa de consejeros regionales.

El año 2009, por medio de la Ley 20.390, se aprobó la elección directa y universal de los consejeros regionales, hecho que recién se concretó el año 2013 bajo la presidencia de Sebastián Piñera.

A partir del segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), tanto en la campaña presidencial como al inicio de su mandato, se promovió la elección directa de intendente regional, con todas las atribuciones, salvo las que tenían que ver con Seguridad Interior del Estado.

Al finalizar su mandato, el resultado legal de esta propuesta fue un modelo híbrido, que consistió en elegir a una autoridad regional llamada gobernador regional, pero que cohabitaría con una autoridad regional designada llamada delegado presidencial regional.

En síntesis, la dictadura modificó la regionalización, pero el modelo de descentralización o centralismo lo mantuvo intacto. En democracia no se modificó la regionalización y se ha ido avanzando lentamente en materia de democratización de los gobiernos regionales y gradualmente en perfeccionar el férreo centralismo político y fiscal, por medio de propuestas de descentralización incompletas, sin una fuerza política regional que las sostenga.

Esto ha ido cambiando paulatinamente con la aparición de los gobernadores regionales y con las propuestas constitucionales que se han ido discutiendo.

Fernando Thauby García

28/09/2023

Terminada la II Guerra Mundial, los vencedores: EE. UU., la URRS, China, Francia y el Reino Unido, establecieron tribunales para juzgar a los derrotados, principalmente Alemania, y los condenaron por violar los derechos humanos (DDHH) en su propio país y en los países que invadieron.

La institucionalización de este nuevo orden se proclamó en París, el 10 de diciembre de 1948 mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos, elaborado por los países socios de las Naciones Unidas. La Declaración fue proclamada por la Asamblea General mediante un texto de 30 artículos que se establecieron como objetivo para todas las naciones del mundo.

Es curioso que países como la URRS y China hayan concurrido a este compromiso y que las grandes potencia occidentales que posteriormente violaron crudamente esta Carta (Francia en Argelia y EEUU en Viet Nam y la URRS en su propio país) y sus estados protegidos (Israel y Cuba), nunca fueron investigados y menos sancionados, en agudo contraste con Chile, convertido en el paradigma mundial de los violadores de derechos humanos.

Mas aun, los grandes utilizadores de esta organización y que han ejercido importantes cargos en su administración son, precisamente estados que bajo cualquier criterio, son violadores contumaces de los DD. HH. de sus ciudadanos.

En los últimos años, la iniciativa para generar investigaciones y proponer sanciones se han expandido desde los reclamos y solicitudes de grupos nacionales no-estatales perseguidos por sus gobiernos, hacia los estados que, habiendo sido acusados de violar DD. HH., han reclamado que los agredidos son ellos, por parte de los grupos no-estatales ya mencionados.

Esta situación ha llevado un debate entre los gobiernos y las organizaciones no-estatales respecto a la naturaleza de estos derechos: ¿Los DD. HH. se vinculan exclusivamente a la acción de los Estados? ¿O son algo amenazado por distintos actores sociales, ante todo por los grupos alzados en armas o terroristas?

Los Argumentos Jurídicos de este debate se basan en que la Declaración Universal de los DD. HH., que no tiene fuerza obligatoria ya que es una Declaración y no un Tratado. Sin embargo la Declaración Universal a dado pie a la firma de varios Convenios y Pactos que SI son tratados internacionales que obligan a los países que los suscribieron a cumplir con ellos y por lo tanto los sujetos obligados por estos convenios y pactos son los Estados, no las personas ni las organizaciones privadas.

Desde esta perspectiva, y dado que el “derecho Internacional de DD. HH.” es pertinente solo a los Estados (que hayan suscrito esos Pactos y Convenios), también es evidente que ellos deben cumplirlos.

A partir de lo señalado, existe consenso mayoritario en que los responsables exclusivos de cumplir con los DD. HH. y de vigilar su respeto son los Estados, únicos representantes del Bien Común y únicos garantes que pueden ser requeridos en caso de violación de esos derechos.

Desde esta perspectiva, el término “violación de DDHH” no se aplica a una determinada clase de actos como la tortura, la desaparición forzada o el asesinato, sino solo a la comisión de estos actos por parte de los Estados o de sus agentes.

El Estado, a raíz de su legitimidad mayor, tiene una responsabilidad también mayor por los DD. HH. El argumento final es que “si se aceptara una responsabilidad por presuntas violaciones de DDHH a actores ajenos al gobierno, tendríamos que aceptar también la legitimidad de una fuerza distinta del Estado para garantizarlos”. De otra manera caeríamos en la anarquía y la destrucción del Estado de Derecho y la llegada de la barbarie y la violencia indiscriminada.

En esta lógica, los crímenes que produzcan otras personas diferentes de los agentes del Estado, serían delitos y no violaciones a los DD. HH.

Desde la óptica de las víctimas los efectos de estos delitos podrían ser iguales o peores que si los cometiera el Estado, y la consecuencia lógica sería que los Estados son también los responsables al no impedir que personas privadas violen los DD. HH. de los ciudadanos bajo su protección.

En breve, los Estados son responsables, a todo evento, de la protección de los DD. HH. de sus ciudadanos y sus reclamos respecto a la inclusión de los crímenes de grupos subversivos en la agenda de DD. HH., sería solo una muestra de su intención de relativizar esta obligación Estatal.

Parece claro que en estas circunstancia una política de crímenes atroces, posibles de endosar a los Estados, es un arma muy potente en manos de un grupo subversivo. Hasta aquí las pretensiones y exigencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en línea con su Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los Organismos No Gubernamentales (ONG), que trabajan en estrecha proximidad y con agendas muy parecidas cuando no iguales.

Parece de toda evidencia que las actividades que realizan estos actores, en términos de priorización, intensidad, apoyo comunicacional y apoyo político están fuertemente determinadas por elementos políticos e ideológicos, así como de apoyo o rechazo a la identidad de los actores de cada situación de conflicto.

Nadie podría negar que en muchos sentidos estas diferencias entre los estados miembros de las NN. UU. son determinantes en la decisión, determinación de objetivos y término de cada misión en “defensa de los DD. HH.” de los bandos que reciben las simpatías o repulsa de sus respectivos promotores.

Dadas las condiciones de la Guerra Fría, que enmarcó el nacimiento y desarrollo de estas ideas, la gran mayoría de las ONG dedicadas al tema, son proclives no a los Estados, sino a sus adversarios.

Esta concepción, especialmente de las ONG, adolecen de parcialidad hacia los grupos de izquierda y anti estado y una actitud de sospecha y de descalificación de los Estados y sus agentes, que los lleva a preferir enfocar e intervenir en cada conflicto en cuanto a hechos más o menos ciertos, omitiendo y descalificando los contextos y los resultados finales.

En efecto, su proximidad a los organismos de NN. UU., facilita a las ONGs la coordinación política y jurídica favorable a sus aspiraciones. Así es como se ha desarrollado una frondosa jurisprudencia internacional y una intensa difusión y propaganda de sus puntos de vista.

El actual debilitamiento de los Estados y sus trágicas consecuencias, así como el colapso de la exURSS y su bloque y el desinterés de China en estas actividades, les está restando visibilidad y recursos.

Peor aún, en algunas oportunidades recientes los opresores son sus exmecenas y en otros casos, son gobiernos de izquierda que capturaron el Estado en forma más o menos democrática y se han convertido en lugares de opresión brutal y descarnada, imposibles de disimular.

Esto es visible en la lentitud de las recciones de las NN. UU. ante estados como Venezuela, Nicaragua, Cuba, China y muchos más. Muchas organizaciones de DD. HH. han perdido su objetividad, su prestigio y autoridad moral reteniendo aun cierto poder político, limitado pero real.

Volviendo a los aspectos jurídicos, es ilustrativa la opinión de una ONG: “Mientras la metodología de las ONG de DDHH tiene su fundamento en la transformación de lo político en principios jurídicos universalmente reconocidos (son pocos los gobiernos que expresamente rechazan los DDHH), para el seguimiento de lo que hacen “los agentes no estatales”, no sirve esta herramienta objetivadora. No hay otra salida que entrar al campo político con todos sus riegos. Evaluar el accionar de grupos “subversivos”, “insurgentes”, “alzados en armas” etc., resulta – no siempre, pero en la mayoría de los casos – más complicado y controversial que medir, con la regla de los DD. HH., el comportamiento de los gobiernos. Pero la tarea no se queda en evaluación. De ellas las ONG deben deducir los reclamos que se presentan a los responsables”.

En breve, los estados siempre están en inferioridad de condiciones y esto no es por azar sino porque así fue construido el entramado legal en vigencia. Sumado a la simpatía original de las ONGs por los actores no estatales, se agrega que no se atreven a identificarlos y denunciarlos para no verse involucrados en la lucha política.

La falta de voluntad de resolver este dilema ha ido reduciendo el prestigio y credibilidad de las ONGs. El problema grave es que esta reducción de su credibilidad ha ido acentuando el uso y abuso de concepciones jurídicas que se alejan más y más de las realidades políticas de los conflictos.

David Tralma

La Tercera, 29/09/2023

El presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, junto a la directiva del partido. En el grupo de WhatsApp de la comisión política del partido ayer varios militantes hicieron sus descargos contra el secretario ejecutivo de la colectividad, quien -en su declaración ante la Fiscalía- apuntó al jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán, y a Javiera Martínez. El director de Metro, quien es militante de la tienda, se quejó: “¡Les dijimos en todo momento que la carpeta se iba a filtrar!”.

“Efectivamente, siempre pensamos que todo se filtraría. Y que todo se sabría, también. Nada podrá ocultarse en esta investigación”.

Faltaban algunos minutos para las 14:00 de este jueves, cuando el secretario ejecutivo de Revolución Democrática, Edson Dettoni, le envió un mensaje a militantes de su partido. En el grupo de WhatsApp -que comparten más de 40 personas del consejo político nacional y que se llama “CPN 2023-2024″- el dirigente hizo sus descargos.

Esto, luego de que se conociera su declaración ante la Fiscalía en medio del lío de platas entre fundaciones y reparticiones del Estado. En RD estaban al tanto de que Dettoni había declarado ante el Ministerio Público, en particular que abordó el caso que originó la crisis, que protagonizaron militantes de la tienda, en traspasos entre la organización Democracia Viva (encabezada por Daniel Andrade, entonces pareja de Catalina Pérez) y la Seremi de Vivienda de Antofagasta (dirigida en ese momento por Carlos Contreras, exasesor de la misma parlamentaria).

Sin embargo, lo que los personeros de Revolución Democrática desconocían era el contenido del testimonio que entregó Dettoni ante la justicia. Su relato incomodó y molestó al partido, pues devolvió la crisis del lío de platas a La Moneda, al asegurar que el timonel de la tienda, Juan Ignacio Latorre, le habría informado del caso entre el 15 y el 16 de junio al jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán.

Hasta ayer, el gobierno había intentado dejar claro que se enteraron el mismo 16 de junio, cuando se destapó el caso en el medio Timeline.

A su vez, también subió la presión contra la directora de la Dirección de Presupuesto (Dipres), Javiera Martínez, ya que Dettoni menciona que ella le informó sobre rumores vinculados al caso de Democracia Viva. “El día 21 de junio de 2023 me enteré de que Catalina (Pérez) sabía de los convenios por lo menos entre marzo y mayo de 2023, puesto que Ivalu Millar (…) le había alertado a Romina Neumann (jefa de gabinete de la diputada) sobre la existencia de estos convenios, lo que me contó Javiera Martínez Fariña…, también militante y actual jefa de la Dipres como un rumor y que lo confirmara”, sostuvo en su declaración.

Por lo mismo, la militancia hizo sus descargos en el grupo de WhatsApp y se lanzó contra Dettoni y la directiva de Latorre.

Algunos apuntaron a que la vinculación del lío de platas con Carlos Durán era “muy delicado”, mientras que el propio secretario ejecutivo del partido intentó contener las críticas en su contra.

En su defensa, Dettoni planteó que en el inicio de la crisis el partido llegó a “dos conclusiones”. La primera, aseguró, fue que “todo se puede saber y filtrar”, mientras que la segunda es que, bajo esa lógica, la estrategia de la dirección de Latorre pasó por tener que “aportar todo lo que tengamos a nuestra disposición”.

En la directiva de RD, dicha idea es compartida. La tesorera de la colectividad, Sofía Valenzuela, también abordó la situación. Ella consideró como “lamentable que la carpeta de la investigación se haya filtrado completa”. Al mismo tiempo, reforzó la idea de que el partido entregó “todos los antecedentes que manejábamos”.

Una de las voces más críticas de esta estrategia fue el consejero político -electo como primera mayoría- Nicolás Valenzuela Levi, considerado como un histórico del partido fundado por Giorgio Jackson.

El también director de Metro apuntó directamente a Dettoni. “Que nefasta declaración compañero. Esto no es lo peor. En otra parte figura gratuitamente involucrando a la directora de la Dipres en un proceso judicial. Lo encuentro impactante”, manifestó. Luego, prosiguió: “¡Les dijimos en todo momento que la carpeta se iba a filtrar!”.

“Pucha compañeros. De no creer las declaraciones de Edson. Yo ya no sé qué decir”, añadió.

La conversación continuó con una respuesta del propio Dettoni, quien cerró con que “efectivamente, siempre pensamos que todo se filtraría. Y que todo se sabría, también. Nada podrá ocultarse en esta investigación”.

En privado, la mayoría de los dirigentes consultados de RD comparten los dichos de Valenzuela. “Interpreta a muchas tendencias del partido”, plantea uno de ellos.

En público, en tanto, altos representantes del Frente Amplio han optado por guardar silencio. El único que habló fue el senador Latorre, quien solo se refirió a que su reunión con Durán “no sucedió y no se le informó al jefe de gabinete del Presidente antes de que el caso fuera conocido públicamente”.

Al ser consultada al respecto, este viernes Martínez se defendió: “No tengo claridad de lo que se dijo o no se dijo”.

La situación también asoma en un momento complicado para el partido, ya que este fin de semana son las elecciones de RD. La única lista inscrita es la que encabeza el exjefe de gabinete de Giorgio Jackson, Diego Vela, quien está acompañado por la exconvencional Tatiana Urrutia, entre otros.

La Tercera consultó a la futura directiva, sin embargo, prefirieron no abordar el asunto.

Durante la próxima semana, la nueva dirección tendrá el desafío de cambiar o no la estrategia política y judicial respecto del lío de platas, el hito que marcó el final de la directiva de Juan Ignacio Latorre y que significó un castigo del Ejecutivo con las salidas del gabinete de Giorgio Jackson (Desarrollo Social) y Marco Antonio Ávila (Educación).