Día: 30 Diciembre 2023

                                                                APRENDIZAJES TRAS LOS MEGAINCENDIOS: MUNICIPIOS                                                                                   REPORTAN MEJOR LOGÍSTICA ANTE EMERGENCIAS

Gabriela Mondaca

La Tercera, 28/12/2023

Los alcaldes de Rancagua, Villa Alemana y Curacaví -zonas golpeadas durante las últimas semanas por incendios forestales- destacan las herramientas que ha entregado Senapred (ex Onemi) para la prevención y respuesta ante las emergencias. Estas, dicen, han generado mayor coordinación y mejor despliegue de recursos.

Los incendios forestales de las últimas semanas han arrasado con más de 3.500 hectáreas entre las regiones de Valparaíso y Biobío. Una emergencia que, según autoridades, puede agravarse en los siguientes días debido al aumento de las temperaturas.

No por nada la Corporación Nacional Forestal (Conaf) anunció la activación del “botón rojo” en siete regiones del país, al ser escenarios favorables para la propagación de estos siniestros.

Esta y otras activaciones han permitido que los alcaldes de las zonas más propensas a estas emergencias se sientan más preparados para el combate del fuego.

Algunos de ellos dicen que ven aprendizajes evidentes tras los megaincendios del verano pasado, los que se suman a las medidas de prevención y mitigación coordinadas con bomberos, Conaf, fuerzas de orden y Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred – ex Onemi).

Esto, además de la coordinación directa con autoridades clave, que distinto al verano pasado, dicen, ha eliminado parte de la burocracia que antes entrampaba la respuesta expedita.

Esta visión es compartida entre alcaldes de las comunas más propensas a este tipo de desastres, como Rancagua, Juan Ramón Godoy (Ind. pro-PS); Villa Alemana, Javiera Toledo (Ind. ex FA) o Curacaví, Juan Pablo Barros (Ind. pro-UDI).

“Los Cogrid han permitido gestionar la ayuda de manera expedita”. Desde Rancagua, el alcalde Godoy sostiene una visión positiva de cómo su comuna hoy se acciona. En principio, destaca el plan de emergencia comunal comandado por Senapred y que ha permitido que hasta la fecha la respuesta ante emergencias sea expedita.

Señala, de hecho, que todas las partes involucradas tienen conocimiento de lo que sucede. “Ante la alerta de un incendio o cualquier emergencia se cita inmediatamente a un Comité de Gestión del Riesgo y Desastre (Cogrid) que es presidido por la autoridad comunal -en este caso yo- junto a bomberos, carabineros, Senapred, fuerzas de orden, empresas de electricidad y agua, donde se informa cuál es la situación y se toman decisiones para luego informar a la comunidad”, asegura.

Esta situación, dice, es muy diferente a lo vivido en el pasado con la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi): “Antes la coordinación la tomaba Onemi y era quien coordinaba el plan y las acciones con el entonces intendente y autoridades. No pasaba por los municipios”, afirma.

Según el edil, ese cambio ha permitido que la toma de decisiones sea expedita, pues pone en movimiento a todas las unidades del municipio, quienes coordinan la petición de recursos con otras entidades. “Ahí se elimina una burocracia que en un momento de emergencia es complejo porque se necesita toma de decisiones rápido”.

“En la última emergencia todos conocíamos nuestro rol”. Esta semana, justo en vísperas de Navidad, la comuna de Villa Alemana tuvo que enfrentar la propagación de un incendio forestal provocado que afectó a 1.500 metros cuadrados cerca de varias viviendas y del Hospital de Peñablanca.

Pese a la magnitud del siniestro, la alcaldesa Toledo hace un balance positivo sobre la prevención y propagación ante este tipo de emergencias.

“Acá en Villa Alemana nos caracterizamos por las miradas preventivas por sobre las reactivas. Eso ha generado que tengamos una articulación eficiente al momento de las emergencias para trabajar con todas las instituciones de manera articulada. Esto ha provocado que en las últimas emergencias todos conocíamos nuestro rol y qué teníamos que hacer”.

Sólo un dato: en las últimas emergencias el indicador de viviendas y fauna dañada es cero, distinto a años anteriores.

A esto la autoridad comunal recalca el despliegue de recursos para las emergencias, el que, asevera, no había sido palpado antes. “En el último incendio teníamos siete helicópteros que lanzaban agua, tuvimos un desacelerante, más de 20 cuadrillas de Conaf de día y noche, la operación regional de bomberos de al menos seis comunas de la región, y nuestro sistema de vigilancia de drones”, resalta.

“La capacidad de respuesta era limitada, hoy es potente”. Curacaví (RM) es una de las comunas a nivel nacional con más propagación de incendios forestales. Solo la semana pasada, la localidad liderada por el alcalde Barros enfrentó un incendio que consumió más de 800 hectáreas en un par de horas.

Al comparar la capacidad de respuesta de hoy con la de hace seis años, cuando la comuna enfrentó uno de sus incendios más crudos (100 mil hectáreas afectadas en 15 días), el edil reconoce estar más preparado debido a la coordinación y comunicación con autoridades.

“Hoy la capacidad de respuesta es más potente. Desde esa fecha (2017) se aprendió un poco la lección. De hecho, Curacaví tiene cuatro brigadas de Conaf, lo que mejora enormemente la capacidad de respuesta. Hoy hay una política de atacar los incendios con todos los recursos disponibles en vez de estar escalando recursos y eso hace que los incendios se puedan controlar, a pesar de que son más agresivos que antes”, dice.

Según Barros, hoy la coordinación se ha enfocado en el trabajo con comunidades a través de planes de evacuación, capacitación a dirigentes y comunicación permanente con Senapred, pese a que su rol es más de coordinación que de acción.

Asimismo, la autoridad destaca la coordinación directa con miembros de Conaf, a diferencia de 2017, cuando se debía esperar a Onemi, y así activar la respuesta.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

                                                                 OPOSICIÓN ARREMETE POR PENSIONES DE GRACIA POR                                                                          ESTALLIDO SOCIAL EN MEDIO DE CONFUSIÓN DE LA MONEDA

Alexandra Chechilnitzky

ExAnte, 28/12/2023

Parlamentarios de la UDI enviaron un oficio al Presidente Gabriel Boric para que reevalúe “el mérito de las pensiones que fueron otorgadas por hechos del estallido social a personas con antecedentes penales”. La iniciativa se sumó a la reforma constitucional que presentó RN para revocar los beneficios otorgados desde 2021. Esto luego de que se conociera el caso de Andrés Fuica, quien pese a estar condenado por robo durante el 18-O, recibió una pensión de gracia vitalicia. En La Moneda aún hay confusión sobre cómo salir del problema.

Qué observar. Un oficio de 5 páginas enviaron este jueves los diputados de la UDI Juan Antonio Coloma y Henry Leal al Presidente Gabriel Boric.

En el documento plantean que el mandatario “se encuentra en la obligación moral de reevaluar el mérito de las pensiones que fueron otorgadas por hechos del “estallido social” a personas con antecedentes penales”.

• En septiembre pasado, en la comisión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados que investigó el otorgamiento de este beneficio, el subsecretario Manuel Monsalve explicitó que de las 418 personas a las que se les han entregado pensiones bajo el concepto de violación a los derechos humanos durante el estallido social, 40 tenían antecedentes penales: 23 favorecidos durante este gobierno y 17 en el pasado.
• Uno de ellos es el caso de Andrés Fuica, quien el 22 de octubre de 2019 fue detenido tras robar un supermercado saqueado en Viña del Mar, lugar al que ingresó a las 16:40 horas según su condena. A las 17:30 horas —consignó una querella del INDH por los hechos de ese día— Carabineros disparó perdigones en la Plaza Sucre, a 4 cuadras del lugar.
• Un parte de Carabineros realizado tras una visita al hospital Gustavo Fricke lo mencionó entre los heridos, pero fiscalía omitió su nombre en la acusación a los policías. La sentencia por disparos injustificados tampoco lo consideró entre las víctimas acreditadas. Cuando se le otorgó la pensión, ya había sido condenado.
• El caso de Fuica, dado a conocer por Ex-Ante, no es el único: Juan Francisco Villalobos Prado recibió el beneficio estando prófugo por estafa.

Arremetida de la oposición. Desde finales de septiembre que Chile Vamos le ha solicitado al Gobierno que revoque esas pensiones de gracia. En el caso de la UDI, le plantean a Boric que los decretos que concedieron las pensiones señalan que estarán vigentes “mientras subsistan las condiciones que motivaron su otorgamiento”, por lo que “la vigencia del beneficio se encuentra sujeta a la continuidad de las circunstancias fácticas que justificaron su concesión, entre ellas, el mérito”.

• Añaden que “este punto es de especial relevancia en el caso de beneficiarios con antecedentes penales, dado que, según el actual subsecretario del Interior, ese antecedente no fue considerado en la revisión que finalmente llevó a determinar la procedencia de las pensiones”.
• En el caso de RN ingresaron un proyecto de reforma a la Constitución para introducir un artículo transitorio para dejar sin efecto dentro del plazo de dos años desde publicada la modificación, “las pensiones de gracia concedidas a partir del año 2021 en base a la acreditación realizada por el INDH a sujetos afectados” a excepción de quienes tengan alguna incapacidad permanente que la acrediten ante el Servicio Médico Legal.
• La propuesta también busca que en el caso de los beneficios otorgados a quienes “fueren condenados por delitos que merezcan pena aflictiva”, queden sin efecto de manera inmediata los decretos que entregaron las pensiones.

El cambio de Monsalve. En el oficio que la UDI envió a Boric argumentan que el subsecretario Monsalve señaló, también en septiembre, que “la facultad para entregar las pensiones de gracia está regulada en la Constitución de la República, es una facultad exclusiva del Presidente de la República, y sí, si el Presidente lo estima pertinente podría revocar el beneficio”.

• Pero el 4 de octubre la ministra Tohá señaló en la comisión investigadora que una de las condiciones de las pensiones de gracia “es que no se puede revertir el acto administrativo, salvo que dejen de estar presentes las condiciones que lo motivaron”.
• La ministra del Interior fue consultada en ese momento por las diferencias en la interpretación que tenían ambas autoridades. Al respecto enfatizó: “No tenemos ningún criterio distinto. La ley no contempla ninguna modalidad para revertirlo y nunca se ha revertido una pensión de gracia. Por cierto el Ejecutivo puede anular un decreto y eso lo que va a pasar en principio, lo que uno supondría, es que los tribunales van a tener que resolver qué interpretación se le da”.
• A este punto se allanó Monsalve, quien explicitó este jueves en Radio ADN que la primera semana de enero se presentarán dos indicaciones a la moción parlamentaria: Una, que dé la obligación de que las autoridades tengan a la vista los antecedentes penales de las personas previa a la toma de decisión de entregar una pensión de gracia. La segunda se trata de otorgar facultad legal para revocar la pensión de gracia.
• “Nunca en Chile se ha revocado la pensión de gracia”, indicó. “Queremos entregar certeza jurídica. Muestra la voluntad del Gobierno de corregir una situación que nos parece que no debió haber ocurrido”.
• La idea de apuntar a una reforma legal y no a revertir las pensiones a través de decreto, dicen fuentes de La Moneda, apunta a evitar posibles demandas de quienes ya fueron beneficiados, en contra del Estado.

“Confusión jurídica”. El problema de las pensiones de gracia traspasó a La Moneda y se instaló en el oficialismo. Los parlamentarios del sector plantean que no saben cómo enfrentar el tema porque en el Gobierno les han entregado diferentes visiones.

Por eso, dicen, en el Ejecutivo hay una “confusión jurídica” respecto de si efectivamente pueden revertir o no el beneficio otorgado, al menos de Fuica, por no estar dentro de las víctimas acreditadas por parte de la fiscalía.

• Los diputados oficialistas es que tendrán que enfrentar el tema en solo 6 días más: La comisión especial investigadora había despachado a la sala de la Corporación las conclusiones, pero como se aprobaron los informes presentados tanto por el oficialismo como por la oposición, el documento quedó con graves discordancias. Por ejemplo, se recomienda revocar pensiones de gracia y a la vez señalan que “no procede el retiro de la pensión”.
• Por esto, en reunión de comités, la Cámara de Diputadas y Diputados zanjó que las conclusiones de la comisión deberán ser votadas nuevamente en la comisión que es liderada por Henry Leal, cita que ya está agendada para el miércoles 3 de enero a las 14:15 horas.
• Para algunos parlamentarios del oficialismo la idea es llegar a un informe común, pero que “no nos deje contradiciendo lo que hemos planteado todo este tiempo”.
• En la oposición, en cambio, están analizando si es que reglamentariamente se pueden añadir los nuevos antecedentes a las conclusiones y votar una nueva propuesta de informe. La comisión está integrada por 13 personas y en esto serán claves los votos de Joanna Pérez (Demócratas) y de Andrés Jouannet (Amarillos). Este último es representante en la comisión del comité mixto que incluye a parlamentarios oficialistas del Partido Liberal.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel