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LAS REDES DE LUIS HERMOSILLA EN EL PODER JUDICIAL.Juan Manuel Ojeda. La Tercera

                                               LAS REDES DE LUIS HERMOSILLA EN EL PODER JUDICIAL

Juan Manuel Ojeda

La Tercera, Poder Judicial, 31/03/2024

La incautación del celular del penalista provocó un terremoto, cuya primera réplica descabezó a la PDI y ahora tiene a la judicatura contra las cuerdas. A pesar de que la Fiscalía sigue buceando en las más de 770 mil páginas que contienen los chats del abogado y aún no abre nuevas aristas, los jueces están preocupados. Los mensajes podrían sacar a la luz pública la influencia que ejercía el exasesor de Interior en la Suprema y en distintas cortes del país.

En los cuatro años en que el exministro de Justicia Hernán Larraín estuvo al mando del Ministerio de Justicia -2018 a 2022- tuvo que designar a casi cuatro mil jueces y otros cargos judiciales. De todos ellos, más de 900 correspondían a cargos titulares.

Esta tarea se la tomó con mucho cuidado, haciendo dupla con su entonces jefe de la División Judicial, Héctor Mery. “Para mí esta ha sido una experiencia bastante compleja, hasta ingrata”, reconocía en 2019 el entonces titular de Justicia.

Esa vez lo comentó haciendo referencia a la serie de falencias que tiene el sistema de nombramientos judiciales, pero también porque durante su gestión tuvo que combatir la embestida de agentes externos que querían incidir en la repartija de los cargos.

Uno de ellos fue el abogado Luis Hermosilla. En ese tiempo el penalista trabajaba como asesor del Ministerio del Interior y, en el gobierno, se movía bajo el alero de su amigo y exsocio, el exministro del Interior Andrés Chadwick.

Ese respaldo le permitía hacer alarde, en los círculos de abogados, de su influencia para incidir en las designaciones judiciales. Si bien en algunas zonas su voz, directa o indirectamente, tuvo efectos -como por ejemplo en los tribunales de La Araucanía-, en otras se topó con una dura resistencia por parte de Larraín.

Apenas Hermosilla quiso entrometerse en los nombramientos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Larraín lo frenó de inmediato. Quienes conocieron de cerca este enfrentamiento cuentan que el entonces ministro optó por hacer una demostración de fuerza.

Hermosilla estaba haciendo gestiones para obstaculizar dos cartas que Larraín tenía casi listas para ese tribunal: las actuales ministras Carolina Brengi y Paula Merino.

Ante la arremetida de Hermosilla, Larraín optó por enviar los decretos de Brengi y Merino al despacho presidencial. La señal fue entendida de inmediato. Tanto así que Piñera se encargó de transmitirle personalmente a Larraín que ya había firmado los decretos.

El mensaje fue claro: el entonces Mandatario reafirmaba que en las designaciones judiciales el que mandaba era Larraín.

La incautación por parte de la Fiscalía del celular de Hermosilla volvió a reabrir esta disputa. El Ministerio Público tiene a dos fiscales buceando con un software cada una de esas conversaciones con un solo objetivo: detectar la comisión de eventuales delitos.

Una de las aristas que podría abrirse es el rol que tuvo Hermosilla con los jueces. Esto provocó que Larraín volviera a la primera línea y respondiera los cuestionamientos que estaba recibiendo su gestión. “Personalmente, no recibí nunca una solicitud de dicho profesional y mantuve mi compromiso de actuar en forma independiente y ajena a toda injerencia externa, contando siempre con el respaldo presidencial, para que nuestras decisiones en esta materia, basadas en criterios objetivos, fueran autónomas”, dijo a través de un comunicado público.

Tentáculos supremos. El Ministerio Público guarda bajo siete llaves el informe de 777 mil páginas que contiene todas las conversaciones de Hermosilla, vía mensaje de texto, con sus más de mil contactos.

Pese a que el Consejo de Defensa del Estado está presionando para acceder a su contenido, hasta ahora la Fiscalía no pretende compartir el documento y, a cambio, ha dicho públicamente que investigarán todo lo que tenga “carácter de delito”.

Pese a que esos chats son desconocidos y pueden no constituir delito alguno, entre los abogados y jueces se instaló una preocupación por su imagen pública, dada la controversia protagonizada por el penalista. Para ningún operador del sistema de justicia es un misterio que durante su carrera de casi 40 años, Hermosilla se preocupó de cultivar buenas relaciones en los distintos niveles del Poder Judicial.

Las redes de Luis Hermosilla en el Poder Judicial. Sus redes van desde el escalafón más bajo, hasta la cúspide de la judicatura. Como buen penalista, su mirada siempre la tuvo puesta en la Segunda Sala de la Corte Suprema, la instancia encargada de revisar como última instancia las causas sobre asuntos penales. Por eso no es una casualidad que varios abogados y jueces comenten que uno de los exministros que eran parte de sus conocidos era el exsupremo Milton Juica.

El connotado juez estuvo 17 años en el máximo tribunal (desde el 2001 hasta el 2018). Con Hermosilla tuvo un sostenido contacto por su rol como querellante del “caso degollados”, la investigación que indagó el homicidio de tres militantes del PC durante la dictadura.

Juica llegó a la Suprema en su segundo intento. Su primera nominación fue durante el gobierno del expresidente Eduardo Frei, en 1998. Esa vez los senadores de oposición vetaron su llegada, como una revancha luego de que el Ejecutivo no eligiera a la jueza Raquel Camposano, quien había sido ministra en visita del caso que investigó el homicidio del exsenador Jaime Guzmán.

Tres años después, el expresidente Ricardo Lagos volvió a la carga. Nominó a Juica, pero esta vez los votos de la derecha sí estuvieron. Asesores de los senadores de oposición de ese tiempo comentan que Hermosilla se activó en el Senado y ordenó los votos, sobre todo los de la UDI, cuya bancada estaba integrada por Chadwick, para que Juica pudiese llegar al máximo tribunal.

La red de Hermosilla también alcanzaba a otros dos supremos que, al igual que Juica, ya están fuera del Poder Judicial, debido a que jubilaron hace algunos meses. Se trata del exministro Haroldo Brito y su pareja, la exfiscal judicial Lya Cabello.

Quienes los conocen comentan que ambos jueces, cercanos a la izquierda, tienen una larga relación con Hermosilla, la que pudo tener su origen hace varias décadas, cuando Hermosilla frecuentaba los círculos de las Juventudes Comunistas.

En 2014, cuando el Ejecutivo nominó a Cabello para la fiscalía judicial, Brito movió sus influencias para que su nombre fuera aprobado por el Senado. En esos contactos, uno habría sido Hermosilla, para que promoviera el nombre entre los votos de derecha.

El vínculo que existía con Brito no era menor: varios abogados comentan que el exsupremo, que integraba la sala penal, tenía gran ascendencia entre otros ministros que la conformaban, como por ejemplo Jorge Dahm.

Otro de los supremos con quien el abogado comparte una relación cercana desde hace varios años es la ministra de la Tercera Sala (constitucional) Ángela Vivanco.

La magistrada fue uno de los primeros nombramientos realizados durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Vivanco conoce a Hermosilla desde hace varios años, pero el vínculo surge principalmente por el hermano del abogado, el también penalista Juan Pablo Hermosilla. Él junto a Vivanco se conocieron cuando la magistrada trabajó en Anatel, organismo del cual fue abogada hasta el año 2015.

Esta semana, otro de los ministros que tuvieron que referirse a Hermosilla fue el supremo Jean Pierre Matus. Luego de una publicación de Ciper, en que se le atribuía un vínculo con Hermosilla cuando Matus fue nominado por Piñera para llegar al máximo tribunal en 2021, el magistrado aclaró la vinculación. “Lo conocí en su calidad de penalista a mediados de los años 90 en reuniones preparando la reactivación del Instituto de Ciencias Penales. No soy su amigo, no tengo vínculos cercanos con él, ni familiares, ni profesionales”, afirmó Matus en entrevista con La Tercera.

Lo que sí reconoció fue que luego de quedar en la quina, lo llamó -como lo hizo con varias personas más- para contener las acusaciones que estaba recibiendo en contra de su opción para llegar a la Suprema: “(La llamada) fue motivada porque en ese entonces el señor Hermosilla era abogado del Ministerio del Interior, cercano al Presidente. Como cualquier designación importante, yo imaginaba que el señor Presidente les iba a preguntar a las personas que tenía cercanas. Si le preguntaban a él, que él diera la versión de mi propia fuente y no a través de terceros”.

La indagatoria que lleva adelante el Ministerio Público terminó salpicando a la Suprema. Hasta ahora esa investigación solo tiene una arista formalizada -la del exdirector nacional de la PDI Sergio Muñoz, quien está en prisión preventiva por filtrar información reservada-, pero podría sumar más cuerdas judiciales según avance el análisis del informe.

El ruido de esta semana provocó que el asunto fuera abordado entre el presidente de la Suprema, Ricardo Blanco, y el ministro de Justicia, Luis Cordero. También hizo que en el pleno del lunes los supremos tocaran el tema.

En la reunión más de alguno transparentó la incomodidad generada por la eventualidad de que salgan a la luz mensajes de Hermosilla en los que se refiera a su supuesta influencia en las designaciones judiciales.

Tras el pleno, el máximo tribunal volvió a reafirmar su postura de cambiar el sistema para evitar los “espacios de opacidad” y tener un órgano a cargo de los nombramientos con mayoría de jueces. Además, dio un portazo a la invitación recibida por parte de la Cámara para asistir a la comisión investigadora que se inició por el “caso Hermosilla”.

Redes en la Corte de Santiago. Entre los 34 ministros de la Corte de Santiago también hay preocupación.

En la misma publicación de Ciper el magistrado Antonio Ulloa reconoció el método de Hermosilla para influir en la judicatura. “Lo conozco desde hace unos cuatro o cinco años, cuando yo era ministro en Copiapó. En esa oportunidad postulé como ministro a Santiago, quedé en terna, y bueno, ahí un amigo me dijo: ´Tengo contacto con Luis Hermosilla y él te puede ayudar para que te nombre el Presidente Piñera, o el ministro de Justicia, el señor Larraín’, y bueno, ahí lo conocí”, dijo el juez.

Para varios magistrados del tribunal de alzada capitalino, Ulloa arrastró a la corte a una compleja situación, porque en sus palabras confirma la influencia que tenía el penalista en el ámbito más político.

Sin embargo, otros jueces guardan la calma. Comentan que la situación de Ulloa solo lo afecta a él personalmente y no compromete a la corte a nivel institucional. Por lo mismo, el presidente, ministro Omar Astudillo, no puso el tema en el pleno de esta semana. Tampoco lo hicieron el resto de los ministros, a diferencia de lo ocurrido con la Suprema.

Pero la calma está lejos de instalarse en el Palacio de Justicia. Los ministros de la Corte de Santiago saben que el informe que contiene las conversaciones de Hermosilla es una bomba de tiempo. Para nadie en ese tribunal es un misterio que el abogado tenía vínculos con varios magistrados.

Así suena, por ejemplo, el nombre de la ministra Graciela Gómez. La magistrada fue nombrada por el exministro Larraín y cuando eso ocurrió a varios les llamó la atención.

Larraín fue un ministro que, tal como lo reconoció él mismo, favoreció en la judicatura la designación de ministros de derecha. La jueza, con un reconocido pasado de izquierda, no caía bajo esa estrategia. Por eso algunos ven la mano de Hermosilla en su nombramiento.

Las redes de Luis Hermosilla en el Poder Judicial. Fuentes del Ministerio de Justicia durante ese gobierno retrucan y comentan que fue una carta de Larraín, consciente de que su nombre generaba anticuerpos en la derecha.

Lo cierto es que Gómez conoce hace bastantes años a Hermosilla. El vínculo se originó por el marido de la magistrada, el abogado Miguel Chaves.

El penalista conoce de cerca desde hace varias décadas a Hermosilla. De hecho, él mismo trabajó en el estudio de abogados de su padre, Nurieldín Hermosilla. Desde el entorno de Gómez, en tanto, comentan que el mérito de la abogada para llegar al tribunal de alzada se debe a su carrera judicial, que partió hace ya casi 30 años.

Otro de los nombres que suenan en el Palacio de Tribunales es el de la ministra Lilian Leyton. La magistrada fue designada en 2019 como ministra de corte luego de pasar algunos años como relatora de la corte de Santiago y luego de la Suprema. Fue en esas labores en que conoció a Hermosilla, un abogado recurrente entre los pasillos de tribunales.

Entre los jueces la molestia está extendida. Sobre todo por algo que, dicen, es una cacería de brujas que podría extenderse por meses.

Los más molestos, incluso, van un paso más allá. En estricta reserva comentan que esta vez el foco de la polémica estará en el Poder Judicial, pero creen que será cosa de tiempo para que el manto de dudas también llegue a otros ámbitos, como por ejemplo el mismo Ministerio Público, ya que, agregan, la red que tenía Hermosilla con los jueces se replicaba con los fiscales.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de  Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

News, RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD

QUÉ SE SABE DE LA EXPLOSIÓN EN EL LÍBANO DONDE RESULTÓ HERIDA LA MAYOR DEL EJÉRCITO CHILENA ANTONIETA DURÁN. Ex-Ante

                                                                             Que se sabe de la explosión en el Líbano donde resultó herida la

                                                            mayor del Ejército chilena ANTONIETA DURAN

                                                       

Ex-Ante, 30/03/2024

El hecho, que afectó también a otras tres personas de nacionalidad australiana, noruega y libanesa de la misión de la ONU en la zona, ocurrió en la localidad de Rmeish, a pocos kilómetros de la frontera con Israel. Si bien la agencia de noticias libanesa NNA culpó del hecho a drones operados por Israel, ese país negó el ataque. La zona ha sido escenario de varios incidentes durante los últimos días.

Qué ocurrió. A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa informó “que este sábado 30 de marzo, aproximadamente a las 9.00 hora local de el Líbano, en circunstancias que están siendo investigadas, se produjo un incidente que afectó a una patrulla de observadores de Naciones Unidas que prestaban apoyo a la misión UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon)”.

  • El documento agrega que “en dicha patrulla se transportaba, junto a otros tres miembros de la misión de la ONU, la mayor del Ejército de Chile Antonieta Durán Arriagada, quien resultó con lesiones que la mantienen internada, fuera de riesgo vital, en el Hospital Saint George de Beirut”.
  • “La mayor Durán está siendo acompañada en el recinto asistencial por el embajador de Chile en el Líbano. Tanto el Ministerio de Defensa Nacional, como el Estado Mayor Conjunto y el Ejército de Chile están apoyando a la militar chilena y a su familia en todo lo necesario”, concluye el comunicado.

Dónde ocurrió la explosión. De acuerdo con la misión de la ONU, la explosión ocurrió en la localidad de Rmeish, en el sur de Líbano y a pocos kilómetros de la frontera con Israel, donde en los últimos días se ha intensificado el conflicto entre Israel y el grupo chiíta pro iraní Hizbulá, que opera en Líbano.

  • “Estamos investigando el origen de la explosión”, señaló en un comunicado Andrea Tenenti, portavoz de la UNIFIL, detallando que tres de los heridos -incluida la militar chilena- son observadores militares del Grupo de Observación del Líbano (OGL) de la ONU para la Supervisión de la Tregua (UNTSO) y el cuarto es un traductor libanés.
  • La explosión se produjo cerca de donde se encontraban los observadores y el traductor cuando “patrullaban a pie a lo largo de la Línea Azul”. Así se le conoce a la demarcación establecida en la frontera por la ONU el 7 de junio de 2000 para determinar el retiro israelí desde el Líbano.
  • La misión de la ONU agregó que los heridos “han sido evacuados para recibir tratamiento médico” e hizo un llamado a las partes en conflicto en la zona para cesar los “intensos intercambios de disparos actuales antes de que más personas resulten heridas innecesariamente”.
  • Los otros dos observadores son originarios de Noruega y Australia. El primero de ellos fue trasladado a un hospital de la ciudad de Tiro, en el sur de El Líbano.

Quién es la militar chilena. De acuerdo con lo informado en un comunicado “la mayor Durán cuenta con 18 años de servicio en la institución, pertenece al arma de artillería y posee además la especialidad secundaria de piloto militar. Es casada y participó del proceso de selección para la misión del año 2023, siendo aceptada su postulación y desplegada a contar de octubre del mismo año como observadora militar asignada al grupo de observadores de El Líbano, lugar donde desempeñaba sus funciones al momento del incidente”.

  • El canciller Alberto van Klaveren señaló durante la tarde que “el embajador de Chile en El Líbano visitó a la Mayor del Ejército, Antonieta Durán, en el hospital Saint George de Beirut y está en contacto con su familia. Ella está estable y sin riesgo vital. Esperamos su pronta recuperación y que la investigación de Unifil aclare lo sucedido”.

Acusaciones libanesas y respuesta israelí. La Agencia de Noticias Nacional libanesa NNA atribuyó el ataque a drones operados por Israel.

  • Sin embargo, el Ejército de Israel emitió un comunicado negando su participación en el hecho y rechazando haber atacado “un vehículo de la UNIFIL en la zona de Rmeish esta mañana”, como había informado en un primer momento la agencia libanesa NNA.

Aumento de la violencia en la zona. La explosión ocurre un día después de que el Ejército israelí matara a Ali Abed Akhsan Naim, subcomandante de la unidad de cohetes y misiles de Hizbulá, en un ataque selectivo contra su automóvil en el sur del Líbano. A la vez, se registraron ataques de Hizbulá contra un cuartel militar en el norte de Israel.

  • Hace dos días, la misión de paz de la ONU en El Líbano expresó su preocupación por el “aumento de la violencia” fronteriza, señalando que “es imperativo que esta escalada cese de inmediato. Instamos a todas las partes a que depongan las armas y comiencen el proceso hacia una solución política y diplomática sostenible”.
  • A mediados de este mes, el jefe de la UNIFIL, Aroldo Lázaro, llamó a implementar “al completo” la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU que puso fin a la guerra de 2006 entre Israel e Hizbulá.
  • Entre los puntos de esta resolución está la creación de una zona desmilitarizada en el sur del Líbano.
  • La principal demanda israelí es que, en cumplimiento de ello, Hizbulá se retire de la franja comprendida entre la frontera y el río Litani, uno de los principales bastiones del grupo chiíta.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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UNA COSA ES UNA COSA Y OTRA COSA ES OTRA. Álvaro Flores M., Juez del Trabajo. Director de ANMM Chile El Mostrador

 

                                         UNA COSA ES UNA COSA Y OTRA COSA ES OTRA

Álvaro Flores M., Juez del Trabajo. Director de ANMM Chile

El Mostrador, Opinión, 27/03/2024

Tenemos un sistema en el que ni las malas reglas legales pueden cumplirse sin el complemento de operadores en las sombras que despliegan una batalla en el magma, bajo las placas tectónicas de normas legales, autos acordados que son letra muerta y ritos corporativos que certifican su realización.

No debiera extrañar que el abogado Luis Hermosilla sea un agente poderoso del lobby y que en total opacidad opere tras cada nombramiento de jueces y ministros. Tales intervenciones son habituales y se realizan a la sombra de los procedimientos legales y a espaldas de la ciudadanía. Prácticas que se han refinado desde el origen de la República.

En la trastienda de las normas legales y constitucionales de nombramientos se han desarrollado verdaderas leyes no escritas, costumbres naturalizadas que operan como condiciones que deben cumplirse para lograr éxito en la designación que finalmente hace el Presidente de la República.

Por cierto, la fase judicial, aquella que desemboca en la incorporación del candidato o candidata en terna o quina, no queda ajena a estas mismas patologías antidemocráticas, operando principalmente camarillas e influencias endogámicas en el marco de un modelo de carrera por ascensos, no menos atentatoria de la independencia.

Una de esas prácticas, develada crudamente en sus detalles en estos días, abarca desde el conocimiento directo de los mensajes del abogado Hermosilla hasta el reconocimiento hecho por propios jueces que lo contactaron. Es así que el aspirante a un cargo judicial, una vez incorporado en terna o quina –cuando no antes, incluso–, debe echar mano a todas las influencias de que disponga de manera directa o indirecta –principal, pero no únicamente– en el mundo político.

Ser conocido del subsecretario o del ministro de Justicia de turno, de un congresista, ser pariente o amigo de uno u otro (¡el Santo Grial de las influencias!), haber tenido pasado político vinculado a alguna tienda (recuérdese que en la Corte Suprema existen 5 cupos para abogados “externos” a la carrera), ser gregario de credos o cofradías, conocer al amigo de…, ¡en fin!

Estas son algunas de las múltiples posibilidades que conforman la ecuación del éxito, en el marco de una cruzada de jueces y juezas enfrentados en la trastienda de todo proceso de nombramiento.

Todo, indigno a la vista de cualquier estándar deseable para una magistratura independiente, propia de un régimen realmente democrático.

Por eso, después de la segunda posguerra, la mayoría de los arreglos democráticos más avanzados –casi todos los cuales presentaban un modelo de designación más o menos similar al chileno actual– concordaron en una solución distinta, que no es panacea ni está exenta de problemas, pero supera con creces este estado de cosas.

Cuando desde la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile (ANMM) propusimos con decisión el cambio del régimen de nombramientos, apuntamos, entre otros aspectos, a superar estas costumbres corrompidas, mediante la creación de un Concejo plural, con reglas conocidas y transparentes, excluyendo a los propios jueces de la intervención en los procedimientos de nombramientos y dejando al Ejecutivo solo con alguna representación en el mismo órgano.

La idea no era nada de novedosa y recogía prácticas comparadas ya asentadas con éxito, especialmente en Europa. Tributaba de la propuesta del Consejo Nacional de la Justicia hecha en 1990 por la dupla Aylwin-Cumplido, que finalmente recibió un portazo a dúo de la Corte Suprema y la oposición de aquel entonces.

En 2015, ANMM presentó una propuesta acabada a la expresidenta Bachelet (documento “Bases para una reforma Constitucional del Poder Judicial basada en los acuerdos de ANMM”) y, en algunos aspectos esenciales, la reforma en este capítulo fue recogida en las dos propuestas constitucionales fallidas.

Y así estamos. No obstante las advertencias, así seguimos.

Practicando un calculado asombro en casos como el de los audios, cuando, en rigor, nadie de los ámbitos político, académico, o dentro de todo el espectro de la profesión legal, incluso cualquier ciudadano medianamente bien informado ignora, o está en posición de ignorar el funcionamiento degradado del régimen de nombramientos.

Claro, no es lo mismo saber cómo ocurre, suponer cómo ocurre, fantasear cómo se despliegan las redes de influencias, que encontrarse con el crudo detalle de la operación clandestina de toma y daca, salido a la luz por chiripa.

Al fin y al cabo, “una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”, dice un personaje de la filmografía mordaz de Luis Estrada (La Dictadura perfecta, El Infierno, La ley de Herodes), que devela hasta los últimos rincones de la corrupción institucional en México.

Tenemos un sistema en el que ni las malas reglas legales pueden cumplirse sin el complemento determinante de la acción de operadores en las sombras que despliegan una batalla en el magma, bajo las placas tectónicas de normas legales, autos acordados que son letra muerta y ritos corporativos que certifican su realización.

Hay demasiadas razones para poner fin a este estado de cosas. Es urgente rediseñar de raíz el régimen legal-constitucional de nombramientos.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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