Día: 1 Julio 2024

                                                                       RESPONSABILIDAD DE MANDO Y DEBER DE OBEDIENCIA

 Humberto Julio Reyes

Los conscriptos que servían en las Fuerzas Armadas el 11 de septiembre de 1973 y días posteriores, fueron llamados a cumplir con su Servicio Militar Obligatorio y acuartelados durante el gobierno de la Unidad Popular.

Menos que nadie podían imaginar lo que les tocaría vivir mientras cumplían con ese deber ciudadano.

Eran todos menores de edad, salvo casos excepcionales.

Como parte de su formación militar se les inculcó el deber de obediencia respecto a las órdenes de sus superiores y lo juraron ante Dios y la bandera de la Patria.

Dado que se encontraban en el último nivel de la escala jerárquica, no les correspondía analizar el tipo de órdenes que recibían sino que limitarse a cumplirlas con prontitud y puntualidad.

Como contrapartida, sus superiores directos, muchos también menores de edad, entendían que era su deber indelegable responder por las órdenes impartidas.

Sólo en los niveles superiores de la conducción militar cabe la posibilidad de deliberar, no necesariamente para desobedecer o suspender la ejecución de una orden, sino que también para apreciar y resolver la mejor forma de cumplirla.

Hoy, transcurridos 50 años, esos conscriptos que fueron licenciados sin beneficio alguno, se aproximan a la tercera edad, carecen de pensión y han sido enviados a prisión por tribunales ordinarios que los juzgaron como simples particulares que fueron autores, cómplices o encubridores de delitos comunes.

Ignoramos si, en su momento, sus abogados alegaron como minorantes o eximentes su minoría de edad o el haber cumplido con el deber de obediencia, pero ahí están, cumpliendo penas impuestas sin debido proceso, en un remedo de juicio imparcial donde la condena se les iba a imponer a todo trance.

Puede entenderse que, originalmente, los ministros de fuero se ensañaran con aquellos mandos sobre quienes cabía responsabilidad por acciones u omisiones de sus subordinados, pero, normalizar la prisión de los jóvenes conscriptos de esos años, es un despropósito que no sirve a la justicia.

30 de jun. de 24

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

                                                                                      PARLAMENTARIOS Y CARIOLA JUSTIFICA

                                                                                      SU NEGATIVA A LA ESTABILIZACIÓN

                                                                                                  DE PRECIOS DE LA LUZ

Cristóbal Fuentes

La Tercera PM, 28/06/2024

El anuncio del alza en las tarifas eléctricas hizo que, a lo largo de Chile, dolieran los bolsillos. Pero en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena el dolor fue más agudo.

En consideración de las pocas horas de luz natural que los vecinos de la región reciben durante el invierno, los cinco parlamentarios de la zona han permanecido particularmente preocupados por la decisión del gobierno del Presidente Gabriel Boric sobre concretar el alza en tres tramos.

Conscientes de esa inquietud, los legisladores de la circunscripción aprovecharon la visita del ministro de Energía, Diego Pardow (Convergencia Social), a la Región de Magallanes para reunirse ayer con él. En un encuentro que se extendió hasta tarde por la noche, los parlamentarios hicieron ver al secretario de Estado que la situación en las comunas de la zona más extrema del país merece especial atención.

En ese contexto, de acuerdo a quienes estuvieron presentes, Pardow puso sobre la mesa una indicación presentada por los diputados Jaime Mulet (Regionalista Verde) y Jorge Brito (Revolución Democrática), que fue rechazada en sala en abril de este año, y que pretendía instalar un impuesto al carbón y que contó con 62 votos favorables e igual número de rechazos -casi exclusivamente de la derecha-, pero además 11 abstenciones: estuvo a diez votos de ser visada.

En ese contexto, tras la reunión con el titular de Energía, la diputada Javiera Morales (Convergencia Social) afirmó que “coincidimos en que es necesario aumentar el subsidio. Todos consideramos que es un subsidio insuficiente por el alcance y el monto. Por ello, la conversación se centró en analizar las propuestas que existen para contar con más fondos para aumentar el subsidio. De todas ellas, la que genera más consenso es aquella del Frente Amplio que propone alzar la tarifa a las generadoras de carbón. Cuando presentamos esa propuesta nos faltaron pocos votos en la Cámara para aprobarla, por lo que creemos que tiene viabilidad política. El alza que propusimos permitiría doblar el actual subsidio, alcanzando al doble de familias chilenas”.

En tanto, el diputado Carlos Bianchi (de la bancada PPD e independientes) detalló que “la propuesta que más reiteró y la que yo creo que es por donde el gobierno está avanzando, es una del Frente Amplio que aumenta el impuesto al carbón. Con ese cálculo del impuesto al carbón lo que pretende el ministro Pardow es pasar de un millón y medio de hogares a tres millones de hogares”.

De todas formas, el diputado sinceró que “la reunión con el ministro duró hasta tarde, pero sin resultado final concreto. Lo que está haciendo el ministro es acoger todas las propuestas que lleguen. Textual dijo: ‘me da lo mismo el color del gato con tal que cace ratones’”.

Por su parte, el senador Karim Bianchi (ind.) dijo que la reunión “estuvo enmarcada porque todos los datos que se entregaron iban desde Arica hasta Los Lagos, jamás se consideró Aysén y Magallanes, entonces nosotros teníamos dudas respecto del alza en Magallanes, que bordearía de aquí a enero el 40 %. No tenemos la versión del gobierno, solo la de la empresa”.

En esa línea, el senador afirmó que la reunión con Pardow tuvo por objetivo “buscar la solución para tener una apertura al 60 % más vulnerable. Eso el gobierno lo ve difícil, ya que hoy no llegan ni al 40 %. La vía alternativa que el gobierno maneja es ingresar un proyecto de ley por la Cámara respecto al tema del carbón”.

En tanto, Mulet, quien fue uno de los autores de la indicación, planteó que “el ministro se ha abierto con claridad a esta propuesta que hice en marzo y que fue declarada inadmisible. En esa oportunidad requería el patrocinio del Ejecutivo. Si el Ejecutivo hoy está dispuesto a apoyar una iniciativa legal de esta naturaleza, yo creo que estamos cerca de obtener los votos para aprobarla”. Eso sí, advirtió que “la derecha ha sido renuente a cualquier tipo de búsqueda de recursos que implique tocar a las empresas”.

Fuentes del Ministerio de Energía afirman que el respaldo a esta iniciativa no se trata de algo inédito, puesto que el gobierno presentó y patrocinó la propuesta de impuesto verde que se rechazó. En esa línea, lo que el ministro hizo ante los parlamentarios fue poner la propuesta rechazada, destacó que genera consenso e hizo hincapié en los beneficios que tendría en la región.

De todas formas, algunos ponen paños fríos sobre esta iniciativa. “El ministro ha planteado el impuesto a las emisiones de carbono. Es una alternativa, pero aún falta discutirlo más, ya que está asociado a pacto fiscal”, advirtió el senador Juan Luis Castro (PS), presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta. Y añadió: “Hay más alternativas en la mesa técnica. Por lo cual vamos a profundizar el diálogo desde la próxima semana, para salir al paso de las alzas y mitigar a tiempo a más sectores sociales, en especial pymes y clase media”.

El diputado Cristián Tapia (ind.-PPD), también integrante de la Comisión de Minería y Energía, sostuvo que “el Frente Amplio presentó esa indicación, pero nosotros la hemos conversado durante todos estos años en la comisión (…). Jamás tuvo eco esta propuesta y yo creo que ahora, que el tema es grave, de todas maneras hay que poner un impuesto a quienes estén generando energía en carbón. Pero esta no es la única alternativa”.

Más allá de Magallanes, el alza en las tarifas eléctricas mantiene al oficialismo en un verdadero cortocircuito. Sin ir más lejos, esta mañana la presidenta de la Cámara de Diputados respondió nuevamente al ministro Pardow, luego de que el titular de Energía le recordara que ella “votó en contra” de estabilización de precios de la luz.

“Supongo que la información que le fue proveída en su momento y las reuniones que tuvimos no fueron suficientes para convencerla, y eso es legítimo en una democracia. Eso pasa”, planteó Pardow.

Ante su respuesta, esta mañana Cariola publicó en su cuenta de X: “Me veo en la obligación de recordar mi intervención en sala del 9 de abril de este año, cuando se votó el actual proyecto de ‘estabilización tarifaria’. Advertí que encarecería aún más las tarifas para la ciudadanía, que dicha alza no era sostenible para las familias chilenas, que se debían buscar otras soluciones, y por eso lo voté en contra”.

La titular de la Cámara no fue la única que salió a responder a Pardow. También a través de X, el diputado socialista Tomás de Rementería comentó: “Yo me abstuve. ¿Qué tiene que ver? El tiempo nos dio la razón de que el mecanismo no era bueno, se puede corregir”.

El panorama es simplemente desolador.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

                                       IMPARCIALIDAD DE MENTIRA

Carla Fernández Montero, Abogada Derecho Penitenciario

Las fuentes legales que constituyen el debido proceso en el derecho procesal penal surgen de diferentes cuerpos legales o tratados internacionales aprobados por el legislador chileno, entre los cuales se encuentran el Código de Procedimiento Penal de 1906;el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) aprobado en 1989; la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobada en 1991; el Código Procesal Penal (CPP) del año 2000; y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobado el año 2009 (ERCPI).

Así, el juez en su función de interpretar la ley para integrar todas las normas legales que constituirán el debido proceso penal, deberá reforzar, por así decirlo, las falencias garantistas que tiene el viejo Código adjetivo de 1906,y que dicen relación básicamente con la falta de imparcialidad inherente a un sistema de juzgamiento inquisitivo, y que el Mensaje del Presidente Jorge Montt del año 1894, en sus párrafos 13 y 14, reconoce expresamente, admitiendo riesgos de “visiones de túnel” o de “sesgos de confirmación” derivados del “exceso de celo” del persecutor/juez, y que son déficits que no tienen las legislaciones más modernas como el PIDCP, la CIDH, el CPP y el ERCPI, creadas con mayores y mejores conocimientos, bajo una concepción del hombre y de la sociedad muy distinta de aquella existente en el Siglo XIX.

Así las cosas, para decir que se está respetando el debido proceso, no basta con hacer una aplicación literal de la letra del antiguo Código de 1906, al margen de lo que manda otra legislación procesal, nacional o internacional. Y más reprochable es ufanarse de estar cumpliendo con este deber judicial, pero en el momento de aplicar la ley, hacerlo con sesgo (contra reo).

Por ejemplo, el artículo 11 del CPP -que regula la aplicación temporal de la ley procesal penal- implícitamente se refiere al Código de Procedimiento Penal cuando alude a los “procedimientos ya iniciados”.

Es cierto -por desgracia- que el sentido y alcance de esta norma adjetiva estaría supeditado a las limitaciones orgánicas y funcionales que harían imposible aplicar institutos propios del sistema acusatorio en la investigación y juzgamiento de causas de DD. HH. seguidas ante ministros de fuero -una cuestión que la política chilena no ha querido abordar- y que lamentablemente ha sido refrendada por la mayoría de nuestro Tribunal Constitucional, en una interpretación a nuestro juicio errada de la disposición Octava Transitoria de la Constitución Política.

Sin embargo, el alcance de esta norma del artículo 11 del CPP, sí debería extenderse a las disposiciones que reconocen derechos y garantías, que, en todo caso, reconocen expresamente otros instrumentos nacionales e internacionales como el PIDCP, la CIDH, el CPP y el ERCPI (además de nuestra Carta Fundamental.

Dicho esto, habría que señalar que como abogada defensora de causas de DD. HH., me ha tocado ver como los ministros de fuero, cual “exégetas del Código de 1906”, al momento de resolver sobre cuestiones “pro reo”, escudándose en una aplicación textual de este compendio normativo, deniegan diversas actuaciones de la defensa o autorizan actos en los cuales se vulneran los derechos fundamentales de los justiciables, develando una parcialidad en su actuar (p. ej. causa Rol n° 63.534, seguida ante el Ministro en Visita Extraordinaria don Álvaro Mesa Latorre).

El abuso del secreto de sumario, inclusive post procesamiento; la declaración coaccionada bajo juramento (Nemo Tenetur) o bajo la imposición simultánea de una prisión preventiva (aun sin defensa designada); ni siquiera la posibilidad que abogados defensores acompañen al inculpado en sus indagatorias, careos o reconstituciones de escena, por mencionar sólo algunas, son ejemplos de esta mala praxis judicial.

Y si a ello le agregamos la preeminencia -que bajo el sistema inquisitivo imperante-tienen las presunciones judiciales como medio de prueba condenatorio, transformando casi en una utopía la posibilidad de una anulación por infracción a las causales objetivas del artículo 488 del viejo Código, la situación procesal del encartado por estas causas de DD. HH. es de una indefensión y desamparo total.

Porque no se concibe un juicio sin un juez imparcial, y es de la esencia de la existencia de un juez, la cualidad de imparcial.

No obstante, para nuestra realidad “chilensis”, la imparcialidad como valor supremo de la justicia, en la práctica, no existe.

Porque de nada sirve decir que está presente, cuando el propio Mensaje del aquel Código del cual pende la vida de una persona (y de su familia), no es capaz de garantizarla, y frente a esta impotencia del Ejecutivo de la época de no ser un “país rico y poblado” que permita adoptar otro sistema más justo (párrafos 9° y 10°), entrega cándidamente la solución, a la praxis de un “juez honrado” (párrafo 14°).

El panorama es simplemente desolador.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional