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ABUSO JUDICIAL. Igual que Freisler. BLOG DE FERNANDO RAMÓN THAUBY GARCÍA.

Como pocos saben, ya que la verdad se encuentra enterrada bajo montañas de mentiras, en Chile la izquierda marxista cultivó sistemática y deliberadamente el odio y la violencia como instrumento de acción política. Desde años antes de la Unidad Popular ya se había tomado la decisión de imponer el marxismo “por las buenas o por las malas”, como ahora repite el operador de la retroexcavadora.

El diagnóstico de Eduardo Frei –el padre- en agosto de 1973, es elocuente: “Nada puedo hacer yo, ni el Congreso ni ningún civil. Desgraciadamente, este problema sólo se arregla con fusiles”; y también las que pronunció con posterioridad al pronunciamiento militar: “los militares han salvado a Chile” y “los militares nos salvaron la vida y de una degollina”. Raúl Silva Enríquez, el obispo democrático, tampoco se abstuvo: le contestó a William Thayer Arteaga cuando este le preguntó: Dígame, Eminencia, ¿no cree usted que si no es por los militares, a muchos de nosotros nos habrían asesinado? “No solo a ustedes, sino que a mi también. A todos nosotros”.

Lamentablemente para salvar a la nación fue necesario usar los fusiles de los que hablaba Eduardo Frei y cuando las rodillas les dejaron de temblar y se sacaron los pañales mojados, marxistas y fronda, hermanados en el odio a los militares, hicieron que lo que para Chile fue una bendición, para los militares fuera una tragedia.

Las amenazas de los terroristas que asustaron a Frei, Aylwin, Silva Henríquez y demases, fueron creadas con la técnica propagandística nazi –marxista ya empleada en Alemania y Rusia: proferir amenazas horribles e imprecisas, crear una sensación de inevitabilidad, simular ser mayoría, actuar con violencia en las personas e instituciones, usar la prepotencia sin límites … y lo consiguieron. Hasta las FFAA llegaron a creer que los Partidos Comunista, Socialista, Mapu Izquierda Cristiana y otros grupos, contaban con capacidad de combate real, que eran organizaciones entrenadas y mandadas por líderes capaces.

Así, el 11 de septiembre y meses siguientes, las FFAA salieron al combate. Como lo hacen los combatientes, con decisión y fuerza y con sus mando al frente. Los primeros días fueron un caos, el enemigo había capturado los medios de comunicación, las empresas, los ministerios, las universidades, controlaban todo. Como no usaban uniformes ni distintivos, cualquier persona podía ser uno de sus combatientes.

Algunos –pocos- pelearon. En general fueron estudiantes y trabajadores que también se habían comprado el cuento.

Los líderes –cobardes en grado máximo- escaparon a refugiarse en embajadas y recintos con inmunidad. De ahí al extranjero a “seguir la lucha”. Algunas a Alemania Oriental, a vivir la época mas feliz de sus vidas.

A fines de septiembre de 1973, un teniente de la Armada –Infante de Marina- fue trasbordado al Ministerio de Defensa. Su misión, transportar personas sospechosas desde los lugares en que trabajaban o se encontraban hasta el Ministerio de Defensa, para ser interrogadas.

Esto es lo que, según la causa sustentada por un funcionario judicial que no me atrevo a denominar juez, consignó después de años de investigación, presiones, arrestos sorpresivos e infundados y trato displicente y prepotente:

“el día 5 de octubre de 1973, una patrulla militar al mando del teniente de la Armada Jorge Osses Novoa, concurrió al Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), organismo dependiente de las Naciones Unidas, lugar donde trabajaba Fernando Olivares Mori, … para conducirlo en calidad de detenido a las dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, manifestando que era requerido en ese lugar para prestar declaraciones y que luego quedaría en libertad, para lo cual la encargada del CELADE envió a un funcionario para velar por la seguridad de Olivares Mori”. … “una vez que llegaron a las dependencias del Ministerio de Defensa, Olivares Mori fue llevado a una oficina, perdiéndose su rastro y, en los días siguientes, ante las repetidas consultas hechas respecto de su paradero por quien lo acompañó a aquellas dependencias, además de la propia CELADE, se informó, en un principio, que estaba detenido en el Estadio Nacional, sin embargo, las autoridades militares de la época negaron que se encontrara en tal calidad en alguna de las dependencias del Ministerio de Defensa o en los otros lugares que en la época se habilitaron para ello, sin que hasta el momento haya podido establecerse lo acontecido con posterioridad a su detención” … “en el Ministerio de Defensa se encontraban, en parte de sus dependencias, las oficinas de Inteligencia de la Armada de Chile, lugar en que se llevaba e interrogaba a los detenidos, disponiéndose del destino de los mismos, desde el 11 de septiembre de 1973 hasta una fecha muy posterior al mes de octubre del mismo año (…) no resulta verosímil que un oficial de la Armada de Chile, partícipe en un golpe de Estado, pretenda minimizar su responsabilidad alegando ignorancia de lo que ocurría en la época en que él, precisamente, se desempeñaba en el Ministerio de Defensa Nacional, epicentro de la toma de decisiones y organización de operaciones” … “el condenado, aunque muy joven, era oficial de la Armada, es decir, no se trataba de un marinero haciendo su servicio militar. Se trataba de un engranaje de la institución naval” … “señalar que su participación se limitó a trasladar al detenido, hoy desaparecido, desde el lugar en que ese trabajaba hasta el Ministerio de Defensa, y desde ahí no haber sabido nada más de él” … “es una excusa inaceptable para un oficial, más aun cuando denota un desprecio absoluto por el destino de un ser humano“.

Lo condenó a cinco años y un día de prisión efectivos y se encuentra en el Campo de Prisioneros de Punta Peuco como “autor del delito de secuestro de una persona que fue retenida contra su voluntad desde el 5 de Octubre de 1973 hasta el día de hoy”

Un breve análisis de esta sentencia insulta al sentido común y muestra en toda su magnitud una verdad incontrovertible: el Funcionario debía condenar y encarcelar al Acusado – fuera o no culpable- de hecho, estaba condenado desde que fue inculpado, desde antes que el “juicio” comenzara: igual que las víctimas de Roland Freisler en Alemania.

El Funcionario Judicial reconoce que Osses entregó al detenido a otra persona (actualmente muerta); que el funcionario de CELADE no pudo ubicarlo en esa oficina y que “las autoridades militares de la época” negaron que se encontrara en ese lugar.

El alegato del acusador de que un teniente que “participaba en un golpe de estado pretenda minimizar su responsabilidad alegando ignorancia de lo que ocurría en la época en que él, precisamente se desempeñaba en el Ministerio de Defensa Nacional, epicentro de la toma de decisiones y organización de operaciones” confirma que tiene una curiosa idea de cómo funcionan las organizaciones estatales, en las que, al igual que en su Juzgado, la toma de decisiones y la organización de las operaciones no se hacen en “asambleas ampliadas”. Son procesos verticales y compartimentados, ¿o es que el consulta su parecer a los gendarmes y policías que traen a los acusados?, ¿o les informa de sus decisiones durante el proceso?. O visita a las personas que manda a la cárcel, para hacer su seguimiento y verificar como están?.

Alegar que “el condenado, aunque muy joven, era Oficial de la Armada, es decir no se trataba de un marinero haciendo su servicio militar, se trataba de un engranaje de la institución naval”, es pura retórica para agregar peso a una acusación liviana y sin substancia, y el párrafo exquisito en su simpleza y mala leche es en el que lo acusa de que “señalar que su participación se limitó a trasladar al detenido, hoy desaparecido … es una excusa inaceptable para un oficial, mas un desprecio absoluto por el destino de un ser humano”. El Funcionario parece saber –y tener en alta estima- lo que es aceptable o no para un oficial naval y que para demostrar su preocupación por los seres humanos, -en el caos que había-, debió hacer el seguimiento de todas y cada una de las personas que trasladó de un lugar a otro.

En síntesis, como los que recibieron y se hicieron cargo de Fernando Olivares Mori están muertos y enterrados desde hace años y no hay como interrogarlos, el teniente Osses “tenía” que ser culpable, “había” que condenarlo y así se hizo, igual que Freisler.

Cundo transcurra el tiempo y regrese la imparcialidad y algo de decencia, todas estas condenas se revisarán y los funcionarios que las dictaron recibirán condenas por sus abusos “y desprecio absoluto por el destino de un ser humano”, igual que  Freisler.

ARAUCANÍA, ¿SIN ESTADO DE DERECHO. El Mercurio de Santiago, VivaChile.org, 20/3/2015

LAS OPINIONES EMITIDAS EN ESTA COLUMNA DE OPINIÓN, ES DE RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE UNOFAR

Extremismo y terrorismo campean en esa región, miedo y conciencia de inermidad pesan sobre la población -incluida aquella que se auto identifica como perteneciente a pueblos originarios, pero repudia la violenci

hile se enorgullece de su temprana consecución histórica de un “Estado en forma”, de la solidez de su Estado de Derecho y de que “las instituciones funcionan”. La realidad admite matices y, entre ellos, una involución cada vez más compleja en todo lo relativo a La Araucanía. Quizás uno de los episodios más graves que se puede recordar es el asesinato -quemados vivos- de un anciano matrimonio de agricultores, cuyos familiares declaran dos años después su desesperanza de que se haga justicia.

Incontables otros casos, menos dramáticos pero similarmente violatorios del derecho, se acumulan desde que en 1990 comenzó a aplicarse una nueva política indígena cuyo principal instrumento se presumía sería la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y cuyo hito es el Convenio 169 de la OIT, interpretado como si fuera ley chilena vigente.

Extremismo y terrorismo campean en esa región, miedo y conciencia de inermidad pesan sobre la población -incluida aquella que se auto identifica como perteneciente a pueblos originarios, pero repudia la violencia.

Al respecto, los casos son difíciles de contabilizar, pero en días recientes ha emergido a la conciencia pública uno más, que grafica amargamente todo lo anterior.

En 2002, la diócesis católica de Villarrica adquirió 9 hectáreas en el sector de Padre Las Casas, en las que construyó el Seminario Mayor San Fidel, con capacidad para 70 seminaristas. En 2012 se produjo su toma violenta por grupos autodenominados mapuches. Carabineros desalojó, y 5 personas fueron detenidas y formalizadas por el delito de usurpación violenta.

En el juicio oral el grupo fue absuelto y se le impuso una multa de 81 mil pesos. La diócesis -¿en ánimo apaciguador?- no presentó querella y compareció solo como testigo y víctima. Solo 6 días después del fallo, en abril de 2014, el grupo reocupó el lugar. Al mes siguiente, el obispo de Villarrica, monseñor Stegmeier, decidió trasladar las actividades del seminario a la casa de ejercicios de dicha ciudad: la vida de estudio y oración no era ya posible, el derecho al ejercicio libre de un culto era allí letra muerta.

En lo jurídico, erró la autoridad eclesiástica al no reclamar inmediatamente por el atropello sufrido con todo el vigor de la institucionalidad. Llevado el asunto a la instancia gubernamental, en 2014 el intendente Huenchumilla afirmó que se buscaría una solución mediante la compra de los terrenos para traspasarlos a los ocupantes ilegales, pero en estos días ha informado que “el tema está en manos del Ministerio del Interior”, ya que la Conadi no puede comprar bienes edificados. El subsecretario Aleuy aún no se ha pronunciado, aunque la toma dura ya 11 meses, y los usurpadores, entretanto, ingresaron a un fundo vecino.

Interrogado el obispo de Villarrica por la omisión de emprender acciones legales y pedir desalojo, ha declarado: “Ante los temas mapuches no existe el Estado de Derecho; entonces, no tiene sentido. Estas personas pagaron una multa y al día siguiente fueron de nuevo a tomarse el seminario, y si denunciábamos, habría otro juicio e iba a pasar lo mismo”. Y ante el resultado de la opción política -recurrir al intendente-, es entendible que ya se den por perdidos el terreno y los inmuebles, así como las pertenencias que, en las condiciones imperantes, no pudieron trasladar a la ciudad.

Son estas pésimas señales para nuestra convivencia democrática. Como lo recordó en Chile hace poco el juez Scalia de la Corte Suprema de EE.UU., no se advierte “cómo la democracia podría funcionar” sino “interpretando los textos de las leyes y la Constitución en forma justa”. Eso es lo que no está ocurriendo en La Araucanía, con progresivo empeoramiento, por más de dos décadas.

 Es urgente reforzar la plena vigencia del Estado de Derecho, para impedir que surjan intentos de legitimar opciones de fuerza por parte de los agobiados habitantes de esas zonas.

IZQUIERDA CONTRA LA IZQUIERDA . LA ÉTICA SOCIALISTA por Gonzalo Rojas

Las opiniones vertidas en esta columna de opinión, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de UNOFAR

¿Quiénes son y qué buscan? Los anarquistas, quienes no aspiran más que a darse el gustito del caos total. Los hay muy serios -o sea, teóricamente más peligrosos, pero prácticamente más inofensivos- y otros más frívolos -es decir, los de bombas y más bombas-.

 4/3/2015

Yo no puedo dudar de la buena intención del presidente del PS, Osvaldo Andrade. Tantas horas compartidas en las mismas salas de clases en Derecho de la PUC me vinculan a él de modo personal.

Pero ha sido el mismo Osvaldo quien ha puesto en discusión un tema que me exige superar esos vínculos del pasado: es Andrade quien ha insistido en la importancia de la ética socialista.

Como lo ha hecho a raíz del caso Dávalos, se podría pensar que el negocio inmobiliario del hijo de la Presidenta es -en cuanto desafío ético- toda una novedad para los socialistas, quienes hasta ahora habrían exhibido una trayectoria inmaculada: habrían sido un partido de individuos siempre puros, auténticas vestales chilensis. ¿Esa es la realidad de los socialistas chilenos?

De ninguna manera.

Si se escruta el comportamiento de los más destacados socialistas desde mediados de los 60 a la fecha -o sea, de aquellos que en su mayoría aún viven y están en condiciones de defenderse-, se aprecia que una y otra vez se han manifestado y comportado con total desprecio de la ética natural.

Fueron socialistas los que en 1965 y en 1967, en sus congresos de Linares y Chillán, optaron por la vía armada para llegar al poder en Chile; fueron socialistas los que condujeron un gobierno que procuró la conquista del poder total entre 1970 y 1973. Uno de ellos, Allende, lo buscó desde el Ejecutivo; otro, Altamirano, lo intentó desde la estructura partidista y paramilitar; fueron socialistas los que se aliaron con comunistas y miristas para buscar a través de la vía violenta el derrocamiento del gobierno del Presidente Pinochet; fue socialista el Presidente que no ha podido esclarecer el caso Aulas tecnológicas y validar el caso Sobresueldos; fue socialista la Presidenta que aún no logra aclarar ni sus vínculos con un movimiento terrorista ni el modo en que obtuvo su cualificación profesional; son socialistas cientos, miles de personas que reciben beneficios pecuniarios importantes, después de haber colocado a Chile en 1973 al borde del colapso económico y de la guerra civil; son socialistas cientos, miles de funcionarios públicos que se llenan sus bolsillos a cargo de programas que ingresan cien y reparten treinta y dos.

Eran socialistas Dávalos y Compagnon, quienes prefirieron abandonar la colectividad a dejar el dinero. Si el Tribunal Supremo del PS los iba a investigar a fondo o no, es un misterio, pero está claro que ellos privilegiaron la independencia por sobre la ética socialista; es socialista, obviamente, quien hoy preside el PS y sostiene que los procesos judiciales sobre dinero y política deben seguir adelante, “caiga quien caiga“, pero que no aplica ese criterio en los conflictos político-terroristas previos a 1990, porque estima que en esas causas solo deben caer los militares; son socialistas algunos parlamentarios que apoyan la despenalización de la droga, del aborto, de la eutanasia, consecuencias obvias de una ética que se resume en “qué nos importan los más débiles, si no votan“.

Andrade ha insistido en que estamos en un marasmo -lo que significa algo así como una cierta inamovilidad en lo moral-, pero esa palabra no resulta adecuada en esta situación. No estamos en un caso de inamovilidad moral, sino, por el contrario, de alta exigencia ética, y es en esta instancia donde la moral socialista no sirve, no se valida por sus datos.

Por cierto, todos los seres humanos fallamos. Pero lo importante es con qué vara se miden esos errores. La medida del socialismo es ambigua, variable, acomodaticia.

Por eso las personas comienzan a manifestar abiertamente su rechazo a las más connotadas figuras del socialismo mediante un simple “no le creo a esa ética“.

IZQUIERDA CONTRA IZQUIERDA

Allende llevaba apenas un mes en el poder cuando miristas y comunistas se enfrentaron en Concepción. El primero de los muchos muertos que arrojó el período de la UP -olvidados hoy deliberadamente por la campaña de engaño histórico- fue producto de una balacera entre esos connotados grupos de las izquierdas, unos guevaristas, los otros leninistas.

Desde finales del siglo XIX hasta hoy, los izquierdistas de las más variadas facciones se han aplicado mutuamente los mismos criterios con que juzgan a la sociedad toda: se enfrentan entre sí bajo la premisa de la lucha de clases, calificándose unos a otros como burgueses merecedores de una radical eliminación. Ha habido momentos en que a las derechas casi les habría bastado observar cómo los izquierdistas se aniquilaban entre sí.

Anarquistas, stalinianos, trotskistas, socialistas democráticos, socialpopulistas, leninistas, gramscianos, todos han tenido que cuidar primeramente sus propias espaldas, porque sabían que las peores agresiones iban a venir siempre de sus supuestos hermanos de clase; en realidad, de sus enemigos estratégicos.

En Chile, asistimos hoy a otra de las tantas ocasiones en que las izquierdas marginales atacan a la izquierda oficial.

Atentos frente a la posibilidad cierta de un rotundo fracaso de la alianza socialista-comunista en el gobierno Bachelet, el apetito de las izquierdas secundarias se ha abierto: intuyen que hay suficiente degradación ideológica y humana en los partidos marxistas tradicionales como para que opciones menores como las suyas puedan capitalizar -perdón por la maldad verbal- el material combustible que son esas furias y esos odios, esos rencores y esas rabias, que los marxistas tradicionales han cultivado en tantos chilenos, los mismos que hoy están desencantados de esa izquierda histórica. Oportunidad de oro para los marginales, entonces.

¿Quiénes son y qué buscan?

Los anarquistas, quienes no aspiran más que a darse el gustito del caos total. Los hay muy serios -o sea, teóricamente más peligrosos, pero prácticamente más inofensivos- y otros más frívolos -es decir, los de bombas y más bombas-.

Los autónomos de Boric, que desde su matriz gramsciana podrán ir construyendo proyectos de hegemonías parciales en la búsqueda del cambio de paradigma total.

Los progresistas, tan vinculados a un liderazgo concreto, que si Enríquez-Ominami no logra superar la valla de la probidad, tendrán que rearticularse en otros proyectos, seguramente más radicales.

Los revolucionarios demócratas de Jackson, falange tan vital en su capacidad electoral como inorgánica en sus postulados teóricos.

Las agresivas minorías que portan banderas indigenistas, sexuales, animalistas o ecológicas, a las que se les abren enormes posibilidades entre esas masas de chilenos que buscan definir el todo desde una parte de su ser.

Todos los anteriores encontrarán en la nueva legislación sobre partidos políticos una ocasión de consolidar sus influencias, si así lo desean. Y cada nuevo partido, y cada nuevo elector de esos nuevos partidos, significará un voto menos para las izquierdas tradicionales, que ya lo intuyen y por eso ponen trabas a una dispersión asociativa que las afectaría gravemente.

En todo caso, puede ser que varios de los grupos de izquierdas marginales decidan no entrar en el juego electoral. Su apuesta bien podría centrarse en el control de ciertos cuerpos intermedios, de más ámbitos de la cultura, de nuevos movimientos locales y de calle, de medios de comunicación pequeños y virulentos, de una eventual asamblea constituyente.

También esa posibilidad le causaría mucho daño a la izquierda tradicional.

ATRAPADOS POR LA DEMOCRACIA. Ex Mayor E.A Hugo Reinaldo Abete, 6/5/2015

Las opiniones vertidas en esta columna de opinión, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de UNOFAR

En la Argentina moderna, ocurre además que, la democracia ha sido tomada como el pretexto excluyente ante los “demonios” que significaron los militares y los golpes de estado. Esa propaganda tendenciosa y dialéctica de “Democracia o Dictadura” instalada en tiempos de Alfonsín, ha calado muy hondo en la sociedad argentina y gran parte de ella justifica entonces hasta la aberración más grande y el abuso más flagrante si viene de la mano de la democracia.

En muchos de mis escritos me he encargado de señalar que la democracia no es más que una forma de gobierno, que no puede ni debe ser considerada como un estilo de vida y que endiosarla es un error muy grave.

También he señalado que cuando esa forma de gobierno se aparta del bien común o, como lo sostiene la Iglesia Católica, no respeta a Dios y no tiene una base moral Cristiana, degenera en formas encubiertas de totalitarismo o autoritarismo de estado.

En la Argentina moderna, ocurre además que, la democracia ha sido tomada como el pretexto excluyente ante los “demonios” que significaron los militares y los golpes de estado. Esa propaganda tendenciosa y dialéctica de “Democracia  o Dictadura” instalada en tiempos de Alfonsín, ha calado muy hondo en la sociedad argentina y gran parte de ella justifica entonces hasta la aberración más grande y el abuso más flagrante si viene de la mano de la democracia.

Y ocurre entonces que corrientes políticas contrarias al sistema republicano, valiéndose de él acceden al poder para instaurar una revolución socialista de sesgo totalmente autoritario. Eso es lo que hoy ocurre en la Argentina en donde los ciudadanos estamos atrapados en un sistema y totalmente indefensos.

En tiempos en que los militares eran todavía un factor de poder en el país e intervenían en el desarrollo político del mismo interrumpiéndolo, de tanto en tanto, ya sea por decisión propia o por presión de la oposición y de parte de la sociedad civil mediante un golpe de estado, las cosas eran diferentes y -entiéndase bien-, las democracias no alcanzaban a degenerarse, por lo menos en el nivel como hoy ocurre. Las Fuerzas Armadas actuaban como “tribunal de alzada” de la sociedad y, por lo general, tomaban el poder con la idea de restablecer el orden para salvar el estado democrático, en una acto de gatopardismo en estado puro, “cambios para que nada cambie“. Obviamente que los que caían en autoritarismo eran los militares, pero, evidentemente, era lo que se podía esperar de ellos.

Para mal o para bien ése era el contexto que se vivía por entonces en esa Argentina que alternaba en el poder a civiles y militares. Hoy ya no están los militares y no hay límites ante los excesos de gobiernos democráticos que degeneran en autoritarios. ¿Qué gobierno desde 1983 a la fecha no ha intentado coartar de alguna manera a los otros poderes del estado? ¿Qué gobierno no buscó jueces de la Corte Suprema adictos? ¿Qué gobierno no utilizó procederes corruptos para comprar  voluntades de diputados o senadores para aprobar tal o cual ley?… Sin dudas no hay ninguno libre de culpa, pero tampoco hay dudas que, de todos, los gobiernos de los Kirchner superan ampliamente al resto en cuanto a autoritarismo se refiere.

Insisto, no hay límites que detengan a una democracia desnaturalizada que para avanzar en sus fines de perpetuarse en el poder, se vale de los mismos mecanismos de defensa que ella misma genera para preservarse. Y así se llega a que un vicepresidente de la Nación esté procesado por delitos de corrupción y siga en funciones y presida el senado ante la vergüenza ajena de todo un país, así se llega a que tengamos un juez de la Corte Suprema que vive en concubinato con otro hombre y alquile departamentos que son utilizados por la prostitución, así se llega a que Hebe de Bonafini y un parricida, presidiendo una organización gubernamental destinada a los planes de vivienda más importantes del país, cometan un desfalco descomunal y que, precisamente por la protección que le da el sistema del que estamos hablando, la justicia no haga nada.

Pero lo más grave de todo y que marca claramente el grado de autoritarismo de quienes hoy están en el poder es lo que sucede con la arbitrariedad y prevaricato que se ha cometido y se sigue cometiendo con los militares juzgados y condenados por su participación en la guerra contra la subversión –con la complicidad de todos los jueces de la Nación que aceptan tal situación-, mientras que los subversivos terroristas que colocaron bombas y asesinaron a mansalva a compatriotas, están libres de culpa y cargo, nadie los cuestiona y muchos de ellos ocupando cargos de relevancia en el gobierno. A no dudar que los tribunales que han sentenciado a cientos de militares presos en forma ilegal e inconstitucional, deben ser calificados como tribunales revolucionarios.

De ahí que digo: “La guerra contra la subversión no ha terminado en la Argentina, estamos en la fase de la guerra en la cual la subversión alcanzó el poder utilizando el sistema democrático, y encarceló a quienes los combatieron durante la lucha armada”. Y es por eso que los militares no deben ser considerados presos políticos sino prisioneros de guerra.

Como quienes están en el poder tienen la mayoría en ambas cámaras y han comprado a los jueces, ocurre que los ciudadanos comunes terminamos atrapados de una democracia que no persigue los fines de su Deber Ser sino los que surgen de la conveniencia de quienes están en el gobierno para perpetuarse en él sin importar para nada el Bien Común.

Y a cuántos compatriotas hoy escuchamos decir: “no podemos hacer nada, hay que esperar el cambio de gobierno y que estos se vayan”…

La revolución socialista y anticristiana está logrando que muchos argentinos se hayan acostumbrado a vivir en contra de lo que establece la cultura Cristiano Católica que hemos heredado de nuestros padres  y que hace a la esencia de nuestro estilo de vida.

En efecto, eso es lo que ocurre, y quienes nos oponemos a tan macabro proyecto, nos preguntamos ¿qué armas tienen los ciudadanos para expresar su disidencia y lograr se modifique tal o cual política que tanto los perjudica?. Seguramente que quienes creen en este sistema, dirán que el juicio político, las marchas multitudinarias y la libertad de prensa constituyen armas eficaces para llamar la atención del gobierno y modificar un rumbo.

Pero claro, para que tal cosa ocurra tendríamos que estar en presencia de una democracia sana a la que le interesa la opinión de la oposición y la participación ciudadana. Y como a la democracia de los Kirchner eso no les importa, ocurre que no hay posibilidad de juicio político, ya que ellos dominan la comisión que los aprueba o rechaza, y las movilizaciones son ignoradas (ocurrió con el campo, los cacerolazos, la justicia, el caso Nisman, etc.). El gobierno ensoberbecido en el poder que les da su mayoría, desconoce olímpicamente las protestas –como si no hubiesen existido- y sigue sin inconvenientes su proceso revolucionario. Y respecto a la libertad de prensa sólo digamos que quien se atreve a opinar en contra del gobierno, es considerado un desestabilizador o simplemente un golpista.

Por consiguiente, los ciudadanos Argentinos estamos atrapados en el sistema, presos de la democracia y no podemos hacer nada para revertir el proceso antinatural que busca la revolución socialista. “Sólo esperar a que termine el mandato constitucional y ahí apostar por el voto al cambio de gobernantes”, dicen los defensores a ultranza del sistema.

Pero no debemos olvidar que, el poder autoritario que como dijimos se vale de la democracia y maneja todo a su antojo, puede cometer fraude y volver a ganar, o también podría ocurrir que por los mismos artilugios espurios que el sistema ofrece, ceda el poder a un supuesto ganador que, condicionado por el poder real continúe con los objetivos de la revolución socialista y entonces nada cambie… Como suele decirse: “es de manual” que la revolución no esté dispuesta a entregar el poder.

Por eso es que digo: “Atrapados por la democracia”.

¡Por Dios y por la Patria!

En marzo de 2013, observé a la entrada de la ciudad portuaria de Ilo, Perú, un desvencijado letrero caminero con las palabras “Boliviamar”, indicando 20 kilómetros hacia el sur. Venía desde Brasil, en dirección a Chile, realizando para el diario El Mercurio una serie de reportajes sobre los llamados “corredores bioceánicos”, un sistema de carreteras de integración de momento más retórico que práctico.

No recordaba la existencia de este lugar, y como el solo nombre me pareció más que curioso – tratándose de la conjunción de Bolivia y el mar -, decidí ir y ver qué había. No había nada. Un gigantesco peladero junto al mar, y una monumental estatua metálica – símbolo de la unión fraterna entre Perú y Bolivia – cayéndose a pedazos, en cuyos restos se asoleaban aburridas lagartijas. Pero ésa no era la idea original. La idea original era buena.

En 1992 el ex Presidente peruano y hoy convicto Alberto Fujimori recibió a su homólogo boliviano Jaime Paz Zamora para ofrecerle en forma gratuita, y por 99 años renovables una franja de 5 kilómetros de costa para que Bolivia hiciera lo que quisiera: instalar un puerto, infraestructura hotelera, la mentada playa boliviana que soñó Chávez, etc. El mar estaba, el terreno estaba, sólo había que invertir.

Discursos integracionistas, abrazos, rituales indígenas, bailes y “cholitas” empapando sus polleras en el agua, celebraron el histórico acontecimiento. Nunca se hizo nada. Allí quedó el solitario monumento, expuesto al ataque de la arena, la sal y la humedad. Pasaron 18 años. Octubre de 2010. Los gobiernos de Lima y La Paz retomaron las conversaciones por Boliviamar (o Bolivia Mar, no hay consenso en su escritura).

Ahora sí que el espacio sería aprovechado. El monumento fue remozado. A la nueva ceremonia asistieron los presidentes Evo Morales y Alan García. Más discursos, abrazos, rituales y “cholitas”. El futuro prometía. Y llegamos al presente. Van casi cinco años de la última ceremonia y Boliviamar sigue exactamente igual. Es decir, nada. Del pobre monumento ya poco debe quedar.

Durante mi visita a la zona intenté contactarme con el cónsul de Bolivia en Ilo, para que me explicara qué había pasado. Fui varias veces a su oficina. Lo esperé. Finalmente su secretaria me transmitió el mensaje de que el gobierno le había prohibido recibirme. Para quienes no conocían la historia de Boliviamar ahora sabrán que nuestro inquieto país vecino, además de todas las facilidades que le otorga el tratado de 1904 para el uso de puertos chilenos, goza de un buen pedazo de costa, prácticamente regalado para su uso y disfrute casi ilimitado. Y digo casi porque los peruanos afirman que una de las razones del desaprovechamiento del lugar fue que La Paz quería una guarnición naval en la zona, lo que Perú no concedió.

Otro motivo fue el completo desinterés de los empresarios bolivianos para invertir en infraestructura portuaria, ya que les salía mucho más barato usar justamente los puertos chilenos. La Paz no hizo nada por incentivar Boliviamar, ni siquiera se invirtió a nivel estatal, en habilitar y mantener un puerto y una playa. Pero Bolivia no sólo goza de acceso al Pacífico, sino que desde el año pasado Uruguay le propuso una salida al Atlántico, a través de la vía fluvial de la cuenca del Plata, por los ríos Paraguay, Paraná y de la Plata. El ex Presidente José Mujica le ofreció a Evo Morales concesiones en el puerto de Rocha.

Mientras escribo esta columna, se desarrollan los alegatos de Chile y Bolivia en La Haya. Y a pesar del extenso y derrochado litoral que posee en Ilo, Bolivia quiere convencer a la corte para que fuerce a Chile a negociar una salida soberana al mar. Porque el tema no es que Bolivia no tenga cómo salir al mar, ni que si lo tiene no sabe qué hacer con él y lo desaprovecha, sino que tiene que ser por Chile, y con soberanía. Es la única forma, plantea ese país, de lograr impulsar su economía – hoy en sorprendente alza – y lograr un verdadero desarrollo. Pero el mar no es la panacea. ¿Cuántos países marítimos se encuentran en el subdesarrollo y la pobreza? En nuestro continente hay varios, partiendo por muchos centroamericanos. ¿Y los de África? Salvo Sudáfrica y pocos más, el resto de la costa africana pertenece a muchas naciones sumidas en la miseria, guerras tribales, dictaduras e incluso estados fallidos. En Sudamérica, por ejemplo, y hasta que comenzó con su fuerte crecimiento, Perú era un país pobre con casi 3.000 kilómetros de costa.

Y es que la falta de infraestructura caminera de Bolivia – que aún aísla a varias de sus principales ciudades – no se soluciona con mar; la irritante burocracia boliviana y las trabas al turismo no se solucionan con mar; la suciedad y la basura en las calles de muchas urbes bolivianas no se solucionan con mar; tampoco la desigualdad entre ricos y pobres ni la enorme polarización existente entre las diversas etnias y culturas que integran el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es sabido que los indígenas del altiplano – de cuyo origen es Evo – no se soportan con los habitantes del oriente, y entre ambos mantienen una guerra soterrada: la de La Paz versus Santa Cruz; es decir la de los Collas (aymaras) contra los Cambas (orientales). Estos últimos varias veces han amenazado con afanes independentistas, y los más radicales llevan en sus autos o instalan en sus casas la bandera de la llamada “Nación Camba”.

Esta situación no es muy diferente con quienes viven en la Amazonía boliviana, y en más de una ocasión los indígenas amazónicos y naturales de los departamentos de Beni y Pando se han enfrentado al gobierno de Morales, al que han acusado de discriminación y de privilegiar a los habitantes del altiplano. Y la corrupción. No hay que olvidar la corrupción.

He estado decenas de veces en Bolivia, y no son pocas las oportunidades en que he tenido que satisfacer, en dinero efectivo, requerimientos económicos de las autoridades administrativas o policía. Me han solicitado documentos inexistentes para cobrarme, dándome recibos hechos a mano sin respaldo alguno, e incluso me han inventado leyes en el acto para impedirme abandonar el país, si no pagaba. No me lo contaron, lo viví yo. Y todas esas prácticas, lamentablemente habituales en Bolivia, no se solucionan con mar… Por tanto, todo este show mediático desplegado por Bolivia a raíz de su demanda es un excelente catalizador del nacionalismo, anhelos, frustraciones y el centenario resentimiento de ese país con Chile.

Pero, en la práctica, y aun cuando sucediera la fantasiosa ficción de que la Corte de La Haya se declarara competente, fallara en el fondo a favor de Bolivia y Chile le cediera una salida soberana al océano, nada aseguraría que el territorio nacional que se le entregara no termine en un nuevo Boliviamar.

Un amigo peruano que conocí justamente en Ilo me dijo que “en el fondo, los bolivianos no tienen vocación marítima, no les gusta el mar. De lo contrario, habrían aprovechado todo esto que se les dio”. Y quién sabe si tenga razón.

Con desesperación, habiendo sido superada toda capacidad de asombro, somos testigos en estos días de la violenta escalada de actos terroristas que asolan los campos del sur, motivados por reivindicaciones de tierras de quienes dicen representar al pueblo mapuche. Todo ello, mientras las autoridades, haciendo gala de una obstinación propia de quienes definen a ésta como “la energía de los necios”, insisten en engañar a la sociedad chilena acerca de los alcances de este conflicto, tratando de hacerlo parecer como una serie de actos delictuales menores.

Con este inmoral engaño a su pueblo, los gobernantes de los últimos períodos han traicionado el juramento (o promesa…como estúpidamente lo impusieran los ateos revolucionarios) que prestaron ante los ojos del país, al dejar de cumplir y hacer cumplir las leyes de la República, amparando bajo una falsa imagen de paz el desarrollo de una fuerza guerrillera que aún no ha mostrado su poder real. Así, en medio de tibias declaraciones de preocupación y coaccionadas actuaciones policiales y judiciales, la guerrilla subversiva ha conseguido el tiempo y el espacio que requería para organizar, equipar y entrenar a sus cuadros combatientes, fortaleciéndose efectivamente con actos de propaganda armada que repercuten significativamente en el extranjero y generan apoyo comunicacional, político y económico para su causa.

Entretanto, en vez de haber apagado el incendio cuando solo se trataba de un amago, el gobierno de Chile se ha dedicado a echar bencina al fuego, estimulando la aparición incontrolable de nuevas demandas, al gastar fortunas en la compra de las mejores tierras para entregarlas a supuestas “comunidades” a las que se les reconocen derechos, también supuestos, de propiedad ancestral.

El imperio de la Ley ha sido violado reiteradamente por los grupos subversivos que se amparan en la mal llamada “causa mapuche”, sin que la Autoridad haya impuesto sobre ellos el respeto a las normas que regulan nuestra convivencia en el orden social. Junto con amparar la subversión, se está reconociendo la existencia de un estado dentro del estado, con ciudadanos de otra nacionalidad con derechos dentro de Chile, con lo cual se incentiva irresponsablemente la base política y comunicacional que requieren los grupos subversivos al engrandecer su rol ante los ojos de aquellos cuya representación se han auto-asignado. Independientemente de la falsedad implícita en la supuesta división de una raza que −reunidas con otras por varios siglos han dado forma a la nación chilena− la culpabilidad de los gobernantes no ha sido aún debidamente expuesta ante una opinión pública que juzgará con crueldad sus actos, como va quedando en evidencia frente a los escándalos de corrupción que hoy humillan al mundo político.

Sin embargo, por encontrarse la sociedad sometida a una campaña de desinformación respecto de lo que ocurre en la Araucanía, su reacción puede ser tardía, encontrándose ante hechos consumados, con enclaves territoriales donde la autoridad sea ejercida por los líderes guerrilleros y donde el Estado de Chile deba mantenerse como un simple espectador. Lo que puede parecer una fantasía, es exactamente lo que ha ocurrido en todas las llamadas “guerras de liberación”, donde la subversión comienza por el planteamiento de una idea-fuerza de carácter político –indispensable para dar forma a una “causa”−, siguen con la organización de cuadros debidamente adoctrinados y entrenados en el extranjero, continúan con su infiltración en el territorio-objetivo donde comienzan a reclutar adeptos en forma clandestina, momento en que es fundamental la realización de acciones que promuevan su capacidad operativa y atraigan simpatizantes entre la población local y entre los anarquistas de siempre, sean éstos del mundo intelectual, político o religioso.

Con este apoyo moral inicial, el núcleo guerrillero desarrollará posteriormente las líneas de apoyo logístico, donde el dinero y las armas provendrán normalmente del extranjero, nutriendo sus arcas para permitir la subsistencia de los cuadros dirigentes en la clandestinidad y la realización de acciones cada vez más violentas y significativas. En medio de ello, llegará el momento en que se haga necesario efectuar acciones de amedrentamiento hacia potenciales integrantes o colaboradores de la que ellos llaman la “oposición activa”, incluyendo en esto la implantación del terror en su propio pueblo, con el fin de evitar su alejamiento de “la causa”.

Los fiscales, jueces, periodistas y autoridades de todo tipo constituyen en esta etapa un blanco prioritario, sobre el que actúan de diversas formas, las que pueden ir desde el envío de cartas anónimas y secuestros, hasta llegar a los atentados incendiarios o asesinatos. Ningún medio de acción es dejado de lado ante la necesidad consciente de posicionar con la mayor rapidez posible la fuerza necesaria para pasar de las acciones de propaganda y sabotaje a las de ocupación territorial.

Todo ello, con el propósito de mantener la Libertad de Acción con que han contado hasta el momento y negársela a las autoridades, obligándolas a una reacción tardía. Hoy se sabe que algunas unidades de Carabineros de Chile (¿o todas?) habrían recibido instrucciones de no actuar en contra de mapuches, orden que indudablemente proviene del mundo político superior a la noble institución, el cual –llegado el momento− no trepidará en traspasarles la culpa de su propia irresponsabilidad histórica. La situación es realmente candente, su evolución previsible y en momentos en que la paciencia comienza a agotarse –Dios no lo quiera− pareciera que podríamos estar adportas de la reacción de grupos sociales que buscarán recuperar a través de la autodefensa, la seguridad abandonada por parte de quienes debieran velar por ella y por la mantención del estado de derecho.

Nuestras autoridades actuales se formaron mayoritariamente en la doctrina generada por los grandes maestros de la guerra de guerrillas, conociendo exactamente lo que puede suceder si no se controla el fuego antes que se transforme en incendio declarado. Luego, es hora que rectifiquen su rumbo y corrijan el grave abandono de deberes que continúan mostrando en relación a la Araucanía Chilena.

20 de Mayo de 2015

Patricio Quilhot Palma