Autor: FJDM-C

                                                                               DEUDAS PENDIENTES DESPUÉS DE CINCO

                                                                                AÑOS DEL ESTALLIDO SOCIAL

Jorge Astudillo, Profesor de la Facultad de Derecho, Universidad Andrés Bello Sede Viña del Mar – El Mostrador, 18/10/2024.

Octubre de 2019 será recordado como un año marcado a fuego en la historia reciente de Chile. El estallido social o revuelta ciudadana, no solo sirvió para exteriorizar un profundo descontento acumulado con el paso de los años, a pesar del innegable y extraordinario progreso experimentado por el país desde el año 1990, sino que también dividió y sigue dividiendo a los chilenos.

Este suceso trajo consigo un cuestionamiento generalizado hacia un sistema político que no fue capaz de responder a los anhelos de una sociedad que pedía una mayor participación en los beneficios y el desarrollo del país en los últimos 30 años y el fin de la corrupción política y empresarial, que nunca logró ser enfrentada con toda la fuerza del Estado de derecho.

Con el paso de los años, surgió el término “octubrismo”, una etiqueta usada peyorativamente para denostar aquellas manifestaciones. Esto me parece injusto. No es correcto encasillar a todo un movimiento social en una palabra cargada de negatividad.

Sin embargo, prefiero reservar el término “octubrismo” para referirme a la irracionalidad y violencia que efectivamente sacudió al país durante esos días: la destrucción, los saqueos y, lo más preocupante, la justificación de estos actos por una clase política que fue incapaz de condenar la violencia de manera firme y que, de alguna manera, usó el descontento ciudadano como una plataforma para acceder al poder.

En definitiva, no merece el trato de “octubrista” aquella familia que marchaba por la Alameda pidiendo legítimos cambios. “Octubristas” son todos aquellos que frente a los saqueos y destrucción de pymes decían en esos días “son solo cosas materiales” y quienes obligaron a las personas a “bailar” para seguir su camino.

Cinco años después del estallido social, la percepción de muchos compatriotas es que estamos peor que en 2019. En diciembre de dicho año casi el 80 % de los chilenos consideraba que después de los sucesos de octubre Chile sería un mejor país.

A octubre de 2024, solo un 6 % de la población cree que estamos mejor que el 2019, mientras que el 68 % de los chilenos considera que el estallido social tuvo consecuencias negativas y marcó el inicio de un profundo declive para su calidad de vida. Hoy la esperanza ha dado paso al miedo, informa el estudio titulado “No lo vimos, ¿lo vemos?”, elaborado por Cadem.

Para algunos, el país ha retrocedido, al menos a mí ello me parece evidente, pero el verdadero retroceso no encuentra su causa en las manifestaciones mismas ocurridas a partir de octubre de 2019, sino en la inoperancia de una clase política banal, superficial y muchas veces corrupta.

Una clase política que no ha sido capaz de tomar decisiones que realmente mejoren las condiciones de vida de las personas y fortalezcan nuestra democracia. Los dos procesos constituyentes fallidos son una prueba palpable de este fracaso.

Miles de personas tomaron las calles para manifestar su malestar. Lo hicieron, en su enorme mayoría, en el ejercicio de sus derechos de manifestación y protesta, de manera pacífica. Las demandas de aquellos días no han desaparecido; persisten e incluso se han agravado por la creciente inseguridad y el deterioro económico que enfrentamos hoy, con menos empleo formal, con un paupérrimo crecimiento y un gasto fiscal que aumenta año a año y sin un retorno claro en el bienestar para las personas.

Las redes de influencia existentes alrededor de Luis Hermosilla, el manto de duda que se ha tejido en torno al Poder Judicial, el uso de acusaciones constitucionales vacías como herramienta político-electoral, la minimización del drama de la delincuencia por parte de quienes deben velar por la seguridad pública, etc., son solo una muestra de este declive.

Las deudas del estallido social siguen vigentes en salud, educación, vivienda, pensiones, empleo y con una delincuencia desatada cada vez más cruel y letal, una corrupción que sigue generando daños irreparables, tanto en el derroche de nuestros recursos como en la legitimidad de la democracia, y una migración irregular descontrolada que está provocando tensiones sociales adicionales, contribuyendo a exacerbar el malestar de miles de ciudadanos.

A cinco años de aquellos eventos, el país sigue enfrentándose a desafíos profundos. La pregunta que muchas personas nos hacemos es: ¿será capaz la clase política de estar a la altura de las circunstancias y resolver las demandas de un pueblo que ya no tolera ni merece más promesas vacías ni tanta inoperancia e indolencia?

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

                                      Activismo judicial

Viña del Mar, 22 de octubre de 2024.

Señor Director:

Se denomina “activismo judicial” a la potestad legisladora que se arrogan los jueces a través de un cambio en la legislación vigente (“gobierno de los jueces”) mediante la creación de una nueva disposición normativa que no existía previamente o derogando en la práctica diversas normas jurídicas; gracias a la interpretación que hacen de la Constitución o de las leyes y que dictan sentencias sobre la base de sus propias opiniones, creencias, convicciones personales o de lo que ellos creen justo.

El activismo judicial de los jueces que presumen estar por sobre la ley, que no fallan de acuerdo con la legislación vigente y que no realizan las virtudes de la imparcialidad y lealtad a las reglas lesiona el Estado de Derecho, atenta contra la seguridad jurídica y contribuye significativamente al proceso de deterioro institucional.

El exministro Sergio Muñoz era uno de los más destacados representantes de dicho activismo, lo que dejó de manifiesto en un documento suscrito por él, en el que se reconoce el atropello a leyes expresas y vigentes, dado “que al momento de sancionar a los responsables (léase militares y carabineros) no existía un sistema jurídico penal adecuado (…) pero por sobre todo, en lo procesal, las instituciones tradicionales inhiben o impiden la investigación, como lo son, por ejemplo, la prescripción, la territorialidad y la retroactividad de la ley penal, como así también las disposiciones sobre amnistía”; agregando “que sólo fue posible el procesamiento y la sanción al introducir en nuestras decisiones conceptos tales como el de delito de lesa humanidad, ius cogens y otros”; los que vulneran el sagrado principio de legalidad, que de acuerdo con lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no puede suspenderse por motivo alguno (oficio con informe del Tribunal Pleno de la Corte Suprema Nº 33-2015, 27 marzo 2015, párrafo quinto, firmado por Sergio Muñoz Gajardo, presidente de ese Alto Tribunal).

Atentamente le saluda.

                   Adolfo Paúl Latorre

                       Abogado

Otro viernes 18 de octubre. Muchos lo conmemorarán, otros seguirán sacando lecciones y mucho chilenos se preguntarán si es que funcionará el Metro, su preocupación es llegar a la casa en un contexto donde la violencia urbana tiene a gran parte de la población atemorizada.

Hace cinco años comenzó un camino sin retorno hacia un deterioro institucional que hoy tiene en jaque a Chile. Policías y militares eran denostados en las calles mientras los jóvenes líderes que nos gobiernan hoy pedían que volvieran a los cuarteles.

Pero, todo esto sigue siendo el pasado, la pregunta que debemos hacernos este 18 de octubre tiene que ver con los cinco años que vendrán. De eso debemos preocuparnos ahora para estar preparados en el futuro, algo que evidentemente nuestros gobernantes no previeron desde las calles.

Parecía que pisar el honor de las policías resultaba más rentable que apoyarlas, sin embargo, si hubiesen estado pensando en los próximos años habrían sido capaces de identificar que el crimen organizado sólo iba a crecer y que denigrando la institucionalidad lo único que hacían era agregarle bencina a una hoguera que en cualquier momento iba a estallar.

A dos semanas de una elección municipal y a un año de una presidencial la pregunta que debiésemos estar contestando tiene que ver con los próximos cinco años. ¿Cuáles serán las tendencias que impulsen los desafíos y amenazas de Chile? ¿Cómo responder técnica y políticamente a ellas? ¿Cuál es el liderazgo que necesitamos?

En medio de esa batería de preguntas una cosa si es clara: Ese deterioro institucional que se visibilizó con el estallido social y que se ha profundizado estos años se transformó en el principal motor del crimen organizado, le ha permitido instalarse y operar.

Los flujos criminales regionales seguirán creciendo y buscando oportunidades. Una de ellas fue Ecuador. Podrían seguir Chile y Costa Rica, dos países de tránsito de droga donde su posición e infraestructura resultan altamente atractivos.

Otra tendencia clara: el crimen organizado transnacional no se saltó ni se saltará Chile. Seguirán llegando grupos extranjeros y mutando los nacionales, la violencia derivada de la competencia criminal seguirá alterando la vida de los chilenos.

La famosa permisología y el débil crecimiento económico serán un problema para quienes busquen surgir dentro del marco legal, a las empresas ilícitas que profitan de los mercados negros de armas, personas, drogas, cobre, pescados o madera poco y nada le interesan esos temas.

Los próximos cinco años se tratan de certezas y oportunidades. Certezas para saber que existe la seguridad suficiente para desarrollar la vida en paz y oportunidades para que todo aquel que quiera invertir en Chile puede hacerlo, sin trabas ni retrasos.

Así, las certezas y oportunidades se transforman en crecimiento y estabilidad. Pero, nada de eso será posible si no se reconstruye esa institucionalidad debilitada.

Los próximos cinco años son para reconstruir las instituciones y levantar un Chile distinto, uno, donde cada sueño pueda hacerse realidad. Si miedo, sin incertidumbre.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

El Mercurio, Editorial, 16/10/2024

Los galardonados con los Premios Nobel de Física, Química y Medicina del año 2024 comparten una característica: los avances por los cuales se hicieron acreedores a este prestigioso reconocimiento están relacionados con el desarrollo de la digitalización y su creciente conexión con la biología de los organismos vivos, la que también contiene elementos asimilables a lo digital.

Y es que se está produciendo una convergencia biodigital cada vez más fecunda para el progreso humano.

En efecto, el Premio Nobel de Física, compartido por John Hopfield y Geoffrey Hinton, les fue entregado por los descubrimientos y las invenciones fundamentales que permiten el aprendizaje autónomo mediante redes neuronales artificiales.

En el caso de Hopfield, su aporte se basó en las propiedades cuánticas de las partículas involucradas en dichas redes, en tanto Hinton creó un método que permite a dichas redes encontrar, de forma autónoma, patrones en los datos estudiados.

Por su parte, el Premio Nobel de Química fue otorgado a David Baker, por el diseño computacional de proteínas, y a Demis Hassabis y John M. Jumper en reconocimiento a sus contribuciones pioneras en la predicción del plegamiento de estructuras proteicas mediante el uso de inteligencia artificial.

Finalmente, el Premio Nobel de Medicina lo recibieron Victor Ambros y Gary Ruvkun por sus investigaciones sobre el llamado micro ARN. Estas dieron lugar al descubrimiento de un principio rector de la regulación de la actividad de los genes. Todo esto se relaciona, además, con las vacunas de ARN mensajero para combatir el covid-19.

Como se observa, en los casos de las disciplinas de Física y Química, tanto las propiedades físicas y químicas de la materia como los procesos digitales que han permitido el desarrollo de la inteligencia artificial están íntimamente interconectados con el trabajo de ambos grupos de científicos.

En el caso de Medicina, también hay una estrecha conexión con la digitalización, pues las combinaciones de secuencias de cuatro nucleótidos, base de las moléculas fundamentales para la vida, el ADN y el ARN, cumplen un papel similar al de los ceros y unos del lenguaje de los computadores modernos, sobre los que se construye la inteligencia artificial.

El hecho de que los avances científico-tecnológicos estén produciendo una convergencia entre lo digital y lo biológico es una consecuencia de que ambos se basan en información, la que se almacena por medio de secuencias de dígitos numéricos en un caso, y secuencias de nucleótidos, en el otro.

Eso, a su vez, ilustra el papel central que la información juega en el mundo moderno, y explica por qué utilizamos la misma palabra —virus— para denotar a los paquetes de información algorítmica que infectan a los computadores y a los paquetes de información genética que infectan a los humanos.

Este entrecruce entre lo digital y lo biológico, así como el hecho de que la inteligencia artificial —que intenta emular, e incluso superar, a la humana— se sustente en metáforas surgidas desde la propia biología, como las “redes neuronales”, da cuenta de la profundidad del común fenómeno informático subyacente.

Pero, así como la inteligencia humana da lugar a agentes autónomos que toman decisiones conforme a las intenciones, creencias y objetivos que albergan en su mente, algunos creen que existe el peligro de que la inteligencia artificial, devenida en superinteligencia, pueda desarrollar una autonomía similar, pero con intenciones y objetivos no necesariamente alineados con los de los humanos. Hinton es uno de los exponentes de esa visión.

De allí que los Premios Nobel de este año, en las tres disciplinas mencionadas, se encuentren en el corazón de uno de los debates y dilemas más acuciantes que enfrentará la humanidad en los próximos decenios, sin perjuicio de las enormes oportunidades de progreso que las tecnologías surgidas de esas disciplinas también ofrecen.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

La democracia moderna es un intento por racionalizar la vida política y la competencia por el poder. Como tal, responde a la idea de que existe un conjunto de condiciones institucionales bajo las cuales el uso de la fuerza no resulta un medio aceptable para la consecución de los fines políticos.

Las narraciones filosóficas, tan importantes para el alumbramiento de la democracia moderna, acerca del tránsito desde un hipotético “estado de naturaleza” al “estado civil” son un ejemplo del esfuerzo encaminado a dilucidar ese conjunto de condiciones. En todas ellas, el propósito es distinguir entre uso legal o legítimo de la fuerza y la violencia.

En este sentido, la democracia se inscribe en una tradición filosófica e intelectual que defiende que la fuerza legal y la violencia son sustancialmente distintos, y que la vida social solo es justa y posible sobre la base de esa distinción.

La razón de esto estriba en la capacidad de la democracia representativa para recoger y reflejar, del modo más completo posible, las condiciones que pueden exigirse para la legitimidad de un gobierno en general: acceso al poder mediante la persuasión, preservación de la libertad política mediante la separación de poderes, reconocimiento de la igual libertad de todos los ciudadanos, reconocimiento de su derecho a participar en los asuntos públicos, etcétera.

Dado que contiene y refleja las condiciones de la legitimidad en general, la democracia constituye la medida para el enjuiciamiento de los eventos políticos. Los sucesos de octubre de 2019 no son una excepción. ¿Qué puede decirse acerca de los mismos?

En realidad, nada que no pudiera decirse ya el día en que comenzaron: en democracia no existe derecho a desobedecer o resistir a la autoridad; el derecho de reunión y la libertad de expresión no pueden ser ejercidos en desmedro de otras personas (por ejemplo, de los que sí quieren asistir a clases o transitar en paz por la ciudad) o de modos que supongan la destrucción de la propiedad pública o privada; que la responsabilidad de defender y preservar las instituciones democráticas recae sobre todos los ciudadanos por igual, y no únicamente sobre los que están en el gobierno.

En suma, no existe un derecho a impulsar proyectos políticos por fuera o, incluso, en contra de las instituciones democráticas. No porque dichas instituciones sean perfectas, sino porque son las únicas que, pese a sus imperfecciones, contemplan mecanismos de autocorrección institucional, concordantes con la libertad política y el respeto de los derechos individuales.

La negación de lo anterior es el “octubrismo”. Es decir, la creencia de que existe un derecho a imponer un proyecto político progresista por fuera o, incluso, en contra de las instituciones democráticas. Y eso incluye tanto a aquellos que creen que ese presunto derecho autoriza a desestabilizar directamente la democracia, como a aquellos que simplemente se aprovechan de la violencia que otros provocan. Ambos casos revelan, como es obvio, una falta de lealtad para con la institucionalidad democrática.

Pero debe decirse algo más, sobre todo por lo que toca a la concepción subyacente del octubrismo, que es la que en último término lo explica: la idea de que el uso de la violencia es legítimo para resarcir injusticias históricas profundas y atroces, que la vigencia de la democracia representativa —con igualdad formal— dejaría supuestamente impunes. Más precisamente, el octubrismo es una de las tantas versiones del mito de que resulta imperioso hacer una revolución capaz de reparar el curso de toda la historia nacional. Tanto las pretensiones refundacionales como el adanismo de la izquierda octubrista —en las que se regodearon, por ejemplo, algunos de los proyectos de preámbulo de la Convención— se explican por esta concepción de la historia.

¿Ha muerto el octubrismo? Es difícil que los mitos mueran. Para que ello ocurra debe romperse su hechizo. El fracaso sufrido por el octubrismo en el rechazo de la propuesta de la Convención es un duro golpe a la eficacia de ese hechizo, pues destruye la idea de que el pueblo, pese a los permanentes sabotajes de la oligarquía, siempre había querido y había permanecido fiel al proyecto político revolucionario.

Después de 2022, la pretensión de esa izquierda de representar la auténtica voluntad democrática del pueblo ha quedado desmentida. La derrota del octubrismo es la victoria de la democracia liberal y representativa, es decir, de la única forma verdadera y funcional de democracia.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Gonzalo Rojas Sánchez – El Mercurio, Columnistas, 16/10/2024

Los chilenos somos duros de mollera y, además, tenemos mala memoria histórica: hemos hecho tantas leseras que probablemente no queremos ni acordarnos de buena parte de ellas.

Pero, por todo lo que dicen las encuestas y las entrevistas, parece que el efecto del 18 de octubre sobre las neuronas y sobre los recuerdos no ha sido menor.

En efecto, la insurrección violenta está muy presente; todavía late en nuestros espíritus su siniestro tamtam, aunque hayan pasado ya cinco años de ese devastador big bang.

¿Qué lecciones o conclusiones pueden sacarse, con la perspectiva del lustro transcurrido?

Se leen decenas de análisis, y no es sorpresivo que así sea: desde octubre de 2019 a marzo de 2020 Chile fue un laboratorio público, y el experimento ha arrojado resultados que son casi ciencia exacta. Veamos entonces algunos, solo en el plano de la violencia, partiendo de lo más abstracto a lo más terriblemente sangriento.

En primer lugar, hay que situar esa violencia en su contexto teórico. Alguna fue de matriz anarquista, otra de inspiración trotskista o leninista, pero que las tesis de Laclau y Mouffe operaron también desde su aparente moderación, no cabe ninguna duda.

¿Cuántos fueron los profesionales jóvenes, los universitarios e incluso los secundarios que, embriagados de deseos por llenar con sus agravios el famoso “significante vacío”, se lanzaron a las calles, en unos u otros momentos, para demoler al “neoliberalismo opresor”? Yo al menos me acuerdo de uno, bien simbólico: Gabriel Boric. Y con él, miles y miles.

Primera lección: vamos a tomarnos en serio a Laclau y Mouffe.

Una segunda consideración resulta casi ofensiva para los mayores de 60, pero la maravilla del drama humano es que las generaciones se renuevan a una velocidad tan grande que hay que explicar una y otra vez lo mismo, pero a gentes diversas.

Y esa repetición consiste en hacer presente algo sencillo y terrible: una buena parte de las izquierdas está siempre dispuesta a usar la violencia física, sin límites.

Ni la ética —el bien de cada persona— ni la política —el bien común— fueron obstáculos para que, en esos meses terribles de hace cinco años, el objetivo de aquellas izquierdas solo pueda ser descrito con sustantivos indeseables: destrucción, destitución, aniquilación, muerte.

Para eso, como en 1946, y en 1949 y en 1957, esas izquierdas articularon la más eficaz combinación de liderazgo intelectual con lumpen de primera línea. Y esta vez, además, contaron con el apoyo del internacionalismo proletario, bajo la forma de la solidaridad bolivariana.

Y no puede quedar fuera de nuestra consideración una tercera conclusión, quizás la más novedosa: la evidencia de que, por la vía del hecho noticioso grotesco, una minoría violentista empujó a profesionales de la comunicación a rendirse, cautivados ante la noticia extraordinaria.

Y fueron precisamente esos comunicadores quienes mediaron entre la violencia y la protesta, conduciendo irresponsablemente a enormes multitudes hacia la inicial aceptación del “quemémoslo todo”. Y el fuego era real.

Fue, en efecto, el mundo al revés: una violencia detestable se convirtió en noticia elogiable y pasó, por efecto de la difusión reiterada, a ser marea multitudinaria, al menos por unos días. Hubo, por lo tanto, mucha violencia discursiva en los matinales y en los noticiarios, en radios y en redes manejadas por profesionales de la información, quienes, por semanas, fueron activistas de la subversión.

No son tres violencias distintas. Son solo tres matices de una misma perversión, tres dimensiones de un mismo propósito: había que destruir la democracia. Y estuvieron muy cerca.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel