Autor: FJDM-C

Gonzalo Rojas Sánchez

El Mercurio, Columnistas, 31/05/2023

“Deben aceptar esa invitación, si están dispuestos a recordar la verdad”.

El subsecretario de Educación Superior ha invitado a los rectores a participar de la Red de Memoria y Derechos Humanos en Educación Superior y a analizar “el quiebre de nuestra democracia que impactó nuestra Educación Superior y sus comunidades educativas”.

Hay que aceptar esa invitación.

Debe aceptar el rector de la P. Universidad Católica de Chile, para recordar que hace 50 años su corporación tenía una rectoría alineada con el proyecto de la UP.

Así lo afirmaba en mayo de 1971 Fernando Castillo Velasco: “La Universidad en Reforma proclamó su compromiso ético e histórico con la transformación de Chile y la liberación de su pueblo, definiendo así una orientación de su trabajo”.

Una demostración clara de ese compromiso era el Centro de Estudios de la Realidad Nacional. Sus cursos, congresos y publicaciones eran muy significativos.

Un solo ejemplo, de entre las decenas de ramos de concientización ofrecidos durante la UP: “Teoría de la revolución: se analizarán los planteamientos de Mao Tse Tung sobre la revolución y la Guerra Popular, (y) algunas teorías latinoamericanas contemporáneas (Guevara, Debray, etc.)”.

¿Quiénes eran los profesores del Ceren? Infinidad de marxistas de la época, entre ellos, Gabriel Salazar, Manuel Antonio Garretón, Armand Mattelart, Tomás Moulian, etc., etc.

Otra comprobación de la ruptura de los hábitos democráticos se daba con el canal 13 de la Universidad —sabiamente conducido por el padre Raúl Hasbún—, estación que sufrió la presión gubernamental destinada a impedir su expansión a regiones; de paso, su director fue continuamente denostado: fascista, fariseo, le dijeron desde la prensa de izquierda, al punto que los obispos chilenos manifestaron su dolor por “las persistentes injurias y ataques personales que está sufriendo”.

También debe aceptar la invitación del ministerio el rector de la Usach —entonces, Universidad Técnica del Estado—, donde la situación de quiebre democrático fue aún más grave.

Durante la Unidad Popular, su rector, Enrique Kirberg, era un destacado militante del Partido Comunista, colectividad que colonizó la UTE. El rector no solo recibió a Fidel Castro —lógico, Kirberg ya había estado en Cuba antes—, sino que, además, figuraban contratados más de una veintena de directores, conjuntos musicales y solistas, entre ellos los también militantes del PC, Víctor Jara y Quilapayún.

Angela Davis, la conocida militante comunista estadounidense, fue designada Profesora Honoraria de la Universidad, y famosas fueron las Jornadas antifascistas de la UTE, a mediados de 1973.

Cuando Sergio Onofre Jarpa, quien era candidato a senador por Santiago, intentó hablar en el campus, fue atacado violentamente. A pedradas le manifestaron los estudiantes de izquierda su talante democrático.

Años después, Kirberg pretendió hacer creer que “lo que pasó fue que en la UTE la izquierda era mayoría y hay quienes son incapaces de aceptar esto”.

Y qué bueno sería que la rectora de la Universidad de Chile también participara, para que pudiera aclarar que a raíz del conflicto entre el rector Boeninger y el Consejo Normativo de la Universidad, el ingeniero cercano a la DC, por haberse dirigido a La Moneda a protestar por las agresiones de estudiantes de izquierda, sufrió la querella de Allende por atentado a la Ley de Seguridad del Estado.

La Unidad Popular calificó la presencia de Boeninger en Palacio como un “acto de matonaje y de provocación que no tiene precedentes en Chile”.

Y de la usurpación marxista de Canal 9 o de la agresión de sus Brigadas en Ingeniería, de todo eso no alcanzamos a hablar.

Sí, señores rectores: deben aceptar, si están dispuestos a recordar la verdad.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

INQUIETANTE DIMISIÓN

El Mercurio, Editorial, 31/05/2023

Demasiadas preguntas plantean la situación generada en torno a la salida del ahora exsubsecretario de Previsión Social Christian Larraín. La forma confusa en que han abordado el tema las autoridades —y en especial la ministra del Trabajo, Jeannette Jara— solo acrecienta las dudas, dejando al Gobierno en incómoda posición ad-portas de la Cuenta presidencial y agregando otro signo de interrogación sobre su emblemática reforma de pensiones.

Una somera revisión de los hechos resulta elocuente. El viernes pasado, un comunicado de La Moneda informó escuetamente la renuncia de Larraín, sin dar más razones.

Dado el papel que este había jugado en el diseño de la reforma previsional y en las tratativas posteriores, el hecho generó sorpresa. Dirigentes de todo el espectro lo destacaron como una figura dialogante y abierta a flexibilizar la propuesta original del Ejecutivo, de lo que dio muestras a principios de este mes, cuando reconoció públicamente la inviabilidad de insistir en las cuentas nocionales.

Así, durante todo el fin de semana abundaron las especulaciones que atribuyeron su salida a posibles diferencias con la ministra Jara, quien tendría una posición más dura en el tema.

Las denuncias de acoso ameritan ser investigadas seriamente y no ser usadas para replicar prácticas inquisitoriales que no dan espacio a defensa.

El lunes, sin embargo, citando fuentes de La Moneda, el diario La Tercera informó que el verdadero motivo de la renuncia era la existencia de una denuncia de acoso sexual, cuya gravedad habría llevado al Presidente Boric a solicitar la dimisión.

Fue después de publicarse esta versión que Larraín —quien había guardado silencio hasta entonces— salió a rebatir la acusación, concediendo una serie de entrevistas.

En ellas contó que, efectivamente, el viernes la ministra le comunicó que existía una denuncia en su contra y que debía renunciar; según su relato, insistió tres veces en conocer cuáles eran los hechos que se le imputaban, pero la secretaria de Estado le habría respondido que no se los podía detallar.

Solo le habría indicado que apuntaban a “uso de lenguaje de connotación sexual en público”, sin mayor precisión.

En las mismas entrevistas, también reveló que durante el último mes tuvo una tensa relación con Jara, quien habría estado molesta justamente por sus dichos sobre las cuentas nocionales.

Finalmente, ese mismo lunes, reaccionando a las palabras de Larraín, la ministra afirmó que la dimisión había sido solicitada porque “creemos que se incidió en conductas que no eran del todo positivas”, y anunció el inicio de un sumario.

Luego, ayer, complementó esa versión, sosteniendo que “al subsecretario se le pide la salida porque hay gente que la estaba pasando muy mal en la subsecretaría”.

Desde luego, llaman la atención en esta síntesis incoherencias como que el sumario haya sido ordenado tres días después de solicitada la dimisión, punto en el que incluso ha reparado el ministro de Justicia, haciendo notar que solo puede ser válido un sumario iniciado antes de la salida de un funcionario.

Ante esto, el ministerio salió ayer a aclarar que el pasado lunes la renuncia aún estaba tramitándose, lo que salvaría la objeción. Pero esta precisión formal elude el punto de fondo, cual es que la investigación se ordenó cuando la salida del subsecretario ya estaba decidida.

Tal forma de proceder da cuenta de una lógica extraña y preocupante, según la cual las “sanciones” se adoptan antes de investigar los hechos: solo bastaría una denuncia para justificar la remoción de un alto funcionario público.

Más aún, de ser efectiva la versión de Larraín, en cuanto a que nunca se le informó el hecho específico por el que se le denunciaba, la situación adquiere ribetes kafkianos y entrega una preocupante señal para todo el aparato público.

Por cierto, un subsecretario puede ser legítimamente removido de su cargo en cualquier momento, al depender de la confianza presidencial. Pero entonces no se entiende que, luego de pedirle la dimisión sin haberle permitido siquiera defenderse, la propia Moneda haya filtrado versiones que le atribuían conductas impropias, exponiendo su honra.

Raya lo insólito que finalmente, ante la reacción del aludido, la ministra del Trabajo haya respondido criticándolo por estar “generando conflictos”.

Las acciones de acoso constituyen conductas gravísimas que corresponde erradicar. Pero, precisamente por su gravedad, las denuncias ameritan ser investigadas seriamente y no ser usadas para replicar prácticas inquisitoriales que no dan espacio a defensa, o esgrimirse livianamente en vendettas o ataques políticos, práctica que sufrió el propio Presidente de la República durante su campaña.

La fragmentada información respecto del caso de Larraín —cuyo “gran trabajo” alabó ayer el ministro de Hacienda— impide un juicio cabal sobre los hechos que confusamente se le imputan.

Con todo, lo que este episodio ha mostrado hasta ahora respecto del Gobierno y su forma de abordar estos temas resulta en extremo inquietante.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Lucía Santa Cruz

El Mercurio, Columnistas, 02/06/2023

“Las mujeres somos fuertes, luchadoras y resilientes, y tenemos un pasado que también nos puede orgullecer”.

a victimización está de moda y la resiento. Ha surgido y prospera una cultura en la que individuos o grupos demandan toda suerte de tratamientos especiales y discriminatorios, privilegios y subsidios, basados en lo que estiman ha sido una historia de opresión; y de esa condición de víctimas esperan conseguir prestigio y poder.

Entre otras “identidades”, hay organizaciones de mujeres que se han sumado a este son y perciben su pasado histórico como humillante y endeble, lo cual las haría acreedoras a ese tratamiento excepcional.

No descarto que haya habido victimización y que puede haber afectado con más fuerza a ciertos sectores en distintas épocas históricas. De hecho, nuestro pasado está plagado de dolores, arbitrariedades e injusticias, pues la miseria y la opresión han sido la constante del devenir humano.

Mi objeción al auge de la cultura de la victimización radica en el firme convencimiento de que de personas víctimas no nacen seres humanos poderosos, pues, por definición, acarrean el peso de considerarse a sí mismas, y de ser percibidos por los otros, como inferiores.

Esta tendencia exime a los afectados de la responsabilidad personal por sus actos y circunstancias y mutila la capacidad para superar la adversidad. Más aún, nos aleja de lo que debería ser nuestro objetivo principal, que no es otro que alcanzar un tratamiento igual para todos los individuos, más allá de su sexo, clase, género, color o etnia.

Es cierto que el énfasis en la victimización de ciertos grupos puede contribuir positivamente a una mayor concientización acerca de las injusticias que experimentan y así suscitar mayor empatía por los sufrimientos inmerecidos de esas personas o grupos.

Sin embargo, esto se logra a un gran costo, pues debilita a los afectados y contribuye a perpetuar un círculo de desesperanza, incita al miedo y fomenta la sensación de impotencia frente a un destino que no podríamos controlar.

La percepción que tenemos de nosotros mismos importa, y si nos vemos exclusivamente como entes sometidos a la voluntad de otros, quedamos privados de nuestros recursos propios para superar las condiciones adversas.

Si nuestro futuro depende de fuerzas históricas o presentes que no podemos dominar, ello nos rinde impotentes y nos induce a pensar que solo podemos mejorar a través de compensaciones arbitrarias especiales, siempre en perjuicio de otros.

Esto aumenta el ciclo negativo de debilitamiento, pues solo en esa protección estaría la fuente del privilegio y el poder. Por el contrario, si la cultura promueve la responsabilidad personal, se estimulan la resiliencia y la autodeterminación.

Por otra parte, esta tendencia a la victimización es una simplificación de los factores y experiencias muy complejas que interactúan en la creación de las condiciones de vida de los seres humanos y, a mayor abundamiento, contribuye a la mantención y reforzamiento de estereotipos, que en el caso de las mujeres aparecen como entes débiles, vulnerables, incapaces de defenderse a sí mismas, emocionales, irracionales, sumisas, pasivas y dependientes.

Y sí. Eso sucede cuando una diputada, que debería ser un modelo de fortaleza y liderazgo, se derrite como copo de nieve, porque un ministro le alza la voz.

Por eso, mi llamado sería “mujeres del mundo, uníos” contra la autovictimización y abandonemos la bandera del “pobrecita de mí, yo tan débil y vulnerable”.

Las mujeres somos fuertes, luchadoras y resilientes, y tenemos un pasado que también nos puede orgullecer.

Nuestras características específicas, constatadas en diversos estudios, como la capacidad de adaptación, la mayor predisposición a resolver conflictos y un liderazgo más empático y colaborativo, nos capacitan para participar en igualdad de condiciones prácticamente en todas las tareas que queramos abordar.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional