Autor: FJDM-C

PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO EN EL PROCESO CONSTITUCIONAL

Ignacio Sánchez D., Rector, Pontificia Universidad Católica de Chile

El Mercurio, Columnistas, 31/12/2022

En el marco de la reforma que se discute actualmente en el Senado para la realización de un nuevo proceso constituyente, se hace una referencia explícita a la participación ciudadana (art. 153, inciso 3), lo que abre nuevamente caminos de diálogo ciudadano, respecto de los cuales, con la redacción de una iniciativa popular de norma, las universidades tendrán un rol fundamental.

Recogiendo la experiencia de más de dos años de trabajo en terreno desde la iniciativa de escucha activa “Tenemos que Hablar de Chile”, con la experiencia que se ha obtenido hasta la fecha y el trabajo realizado en torno a la previa Convención Constitucional, esperamos responder a la necesidad que existe en la sociedad de estar presentes y ser parte de este nuevo proceso.

El proyecto “Tenemos que Hablar de Chile”, que promueve una cultura de participación y diálogo ciudadano con el objetivo de promover la cohesión y la construcción de una hoja de ruta país, ya ha movilizado la participación de más de doscientas mil personas, provenientes de todos los rincones de nuestro país.

Sus distintos espacios participativos han recogido una enorme cantidad de información que, en el marco de la Convención Constitucional, fueron entregados a través de informes, presentaciones en las audiencias y más de veinte documentos puestos a disposición de la Convención, de todos los poderes del Estado, junto al análisis de la ciudadanía.

Poniendo en valor nuestras diferencias, sabiendo que las personas e instituciones tenemos distintas historias y puntos de vista, hemos impulsado desde el año 2020 múltiples espacios participativos. Hemos buscado comprender esa diversidad de miradas, preocupaciones y anhelos que conviven en nuestro país.

Durante el proceso constitucional profundizamos en este esfuerzo, no con el objetivo de tener una voz institucional común, sino que buscando ofrecer un camino que complementara oportunidades de participación para la ciudadanía.

Hace ya algunas semanas, realizamos una nueva entrega conjunta, tras un gran esfuerzo de escucha, en tiempos de grandes desafíos para nuestro país, que superan las capacidades de cualquier individuo u organización. Se trata del informe “Reflexiones de una ciudadanía constituyente”, realizado desde esta iniciativa, proyecto impulsado por las universidades Católica y de Chile, con la colaboración de otras 27 casas de estudio, cerca de sesenta organizaciones de la sociedad civil y la participación de miles de personas de todas las comunas de Chile.

“…desde las universidades y en alianza con la sociedad, invitamos a potenciar el diálogo. No hay una propuesta de camino fácil, ni respuestas infalibles, sino una gran gama de visiones y opiniones que se nutren y complementan entre sí…”.

Es urgente hacer un análisis de lo que hemos vivido como sociedad, para poder reflexionar sobre el futuro de un proceso político que aún tiene la tarea de encauzar los anhelos de cambio y mejoras que vemos muy presentes en el relato ciudadano.

Con los datos y la información que se han levantado en todo el país buscamos, en parte, responder a nuestro compromiso con todas aquellas personas que participaron y dedicaron su tiempo, con el convencimiento de que lo conversado se haría parte del debate público.

Hoy, este desafío se hace manifiesto con un reglamento que contemplará mecanismos de participación ciudadana una vez instalado el Consejo Constitucional y que será coordinado por las universidades Católica y de Chile, en conjunto con el sistema universitario del país.

Cabe destacar que aún falta la total tramitación de la reforma constitucional en el Congreso —esperamos durante el mes de enero— y la definición del reglamento respectivo, el que probablemente entregará mayores detalles de los mecanismos de participación y sus plazos.

Sin embargo, hasta la fecha, los mecanismos de participación comenzarían cuando empiece a sesionar el Consejo Constitucional, es decir, durante junio del próximo año.

Estamos en un momento en el cual, desde las universidades y en alianza con la sociedad, invitamos a potenciar el diálogo. No hay una propuesta de camino fácil ni respuestas infalibles, sino una gran gama de visiones y opiniones que se nutren y complementan entre sí.

Desde nuestras instituciones de educación superior trabajaremos para abrir nuevas reflexiones y así aportar, desde lo vivido, a los desafíos futuros. Es la contribución de las universidades al país en momentos cruciales para su desarrollo.

Es un desafío que nos compromete y alegra.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

LA DEMOCRACIA EN LA TORRE DE BABEL

Lucía Santa Cruz

El Mercurio, Columnistas, 30/12/2022

Cuando dos realidades muy distintas, o incluso contradictorias, son descritas con el mismo nombre, entramos al preludio de una Torre de Babel y es muy difícil entendernos entre nosotros. Eso sucede con el término “democracia”.

Es tal el poder moral de la idea democrática que no hay régimen político existente que renuncie a ser clasificado como tal, incluido el de la ex Alemania Oriental y el de la China Popular.

Los comunistas, por ejemplo, que en su doctrina postulan la “dictadura” del proletariado y cuya historia está ligada a los regímenes más totalitarios de que se tenga memoria, consideran que Cuba, Venezuela o Corea del Norte son mejores “democracias” que la nuestra.

Los convencionales afirmaban que la refundación que ellos imaginaban nos llevaba a una “verdadera” democracia, concepto que fue reforzado por el propio Presidente de la República, pues, a su juicio, dicha propuesta representaba la “profundización” de la democracia.

Por el contrario, para una gran mayoría la razón principal para rechazarlo fue la convicción de que destruía las bases de la democracia tal como la hemos conocido en nuestra historia y en la de los países occidentales.

Ello, porque eliminaba la idea de un Estado Nación unitario, la separación de poderes, varios derechos y libertades individuales inviolables, ciertas restricciones al poder arbitrario de los gobiernos, un sistema judicial autónomo y la igualdad ante la ley.

“Es tal el poder moral de la idea democrática que no hay régimen político existente que renuncie a ser clasificado como tal”.

Desde sus inicios, la democracia evolucionó en dos vertientes. Por una parte, las llamadas democracias totalitarias que se caracterizan por la primacía de los derechos colectivos por sobre los de cada persona individual; un régimen donde la soberanía no reside en la nación, sino en colectivos específicos como el género, la clase, la etnia, la raza o la condición sexual; y los gobiernos son concebidos, antes que nada, como los proveedores de toda suerte de bienes sociales, más que como los guardianes de la libertad y, por el mero hecho de ser electos, se cree que actuarían siempre para el bien del conjunto y, en consecuencia, no necesitarían límite alguno.

Un elemento de esta gran confusión ha surgido a propósito de la reforma constitucional para permitir un nuevo proceso constitucional. Muchísimas voces se han alzado para denunciar que el Congreso —aunque legítimo representante de la soberanía popular y depositario de la potestad constituyente— habría violado la democracia al permitir que el futuro Consejo quede integrado por una minoría de “expertos” nombrados por ellos, además de por una mayoría elegida en votación popular.

La implicancia de esto es que solo las constituciones escritas enteramente por miembros electos podrían garantizar un régimen democrático. Pues bien, de aplicarse este principio, quedarían fuera de esta clasificación la mayoría de las constituciones existentes y solo serían democráticamente válidas aquellas que han emanado de asambleas constituyentes en Latinoamérica.

El elemento más obvio de una democracia es que se trata del gobierno de las mayorías. Sin embargo, una democracia electoral no garantiza necesariamente una verdadera democracia y estamos plagados de ejemplos de gobiernos elegidos, pero tiránicos, desde Hitler en adelante.

Una verdadera democracia debe asegurar la igualdad ante la ley, las libertades públicas, los derechos individuales y de las minorías, la alternancia en el poder, mantener esferas de la vida personal al margen de los dictados de la soberanía popular y operar en un clima de deliberación racional respetuoso de la tolerancia.

Así, la prueba de la calidad democrática del futuro Consejo no depende tanto de cuántos de sus miembros son elegidos por el voto popular, sino de que efectivamente nos entregue un texto que cumpla con los requisitos mínimos necesarios para ser clasificado como tal.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

EL RESCATE DE LO PÚBLICO

Alfredo Blanco 

El Mostrador, Opinión, 22/12/2022

Con el inicio del Gobierno del Presidente Gabriel Boric se anunció el Plan de Recuperación de Espacios Públicos, que en lo concreto busca erradicar el comercio no autorizado en calles y lugares como el Metro, en la Región Metropolitana.

Además de contemplar el aumento de la dotación policial, se implementó un sistema de turnos y se sumaron nuevos carros para llevar a cabo la tarea, en la que municipios y policías trabajan a la par.

Al día de hoy son varios los lugares que, como se ha podido ver a través de la prensa, han sido intervenidos o en los que se han desarrollado operativos para “limpiar” y recuperar los espacios públicos.

Es así como se han retirado carritos de comida al paso y se han visto escenas crudas como las de Barrio Meiggs, hace algunos meses, donde comerciantes desafiaron con armas a la policía.

El Metro, en tanto, también se ha intervenido, con la misma efectividad transitoria de los operativos, gracias a los cuales se han decomisado 4.764 especies, se han realizado más de 6.690 controles preventivos y se ha logrado la detención de 39 personas involucradas en delitos, según consigna La Tercera.

El subsecretario Manuel Monsalve en su momento señaló que “vamos a focalizar un esfuerzo conjunto para brindar tranquilidad y seguridad para los que hacen uso de este medio tan importante”.

Hay otro tipo de recuperación de espacios públicos que se está haciendo: un trabajo de joyería de rescate de la ciudad. Se trata de la limpieza de fachadas, que –sobre todo post estallido– se encontraban deterioradas.

Es el caso, por ejemplo, del plan que están llevando a cabo las municipalidades de Santiago y Providencia, que se materializó en el acuerdo firmado entre ambas alcaldesas, Irací Hassler y Evelyn Matthei, respectivamente, junto al subsecretario de la Subdere, Nicolás Cataldo.

Muchos critican al centro de Santiago e indican que estamos en un colapso mayor. A veces resulta difícil ver la luz al final del túnel, pero los centros urbanos son dinámicos.

Históricamente han tenido altos y bajos. Esto es cíclico y solo con un trabajo que reúna fuerzas de todo tipo, tanto públicas como privadas, podremos dar vuelta esta compleja página y revalorizar nuestro centro urbano.

En línea con lo anterior, desde el ámbito privado, un trabajo importante de revalorización y cuidado por el entorno urbano es el que efectuó la Universidad Alberto Hurtado.

En tres meses logró renovar el aspecto de toda la manzana patrimonial en la que está inserta: Almirante Barroso, Alameda, Cienfuegos y Erasmo Escala.

Una iniciativa que vale la pena destacar porque, sin contar con financiamiento público, logró dar una nueva cara al sector del Metro Los Héroes, contribuyendo desde su vereda al mejoramiento del espacio público, en un notorio aporte al bien común.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

“JARDÍN DE LA RESISTENCIA”

El Mercurio, Editorial, 26/12/2022

Controversia se ha generado por la decisión de Metro de Santiago de reabrir el acceso principal de la estación Baquedano. Y aunque es una demanda sentida por la mayoría de los usuarios, ha provocado la indignación de las organizaciones simpatizantes del llamado “Jardín de la resistencia”, ubicado en la plaza hundida.

La denominación apunta a los murales y manifestaciones que están plasmados en la que era la entrada principal de esa estación, y que cerró tras el estallido de 2019.

Los grupos que se instalaron en la zona no quieren que se reabra el acceso, ya que señalan que terminaría con su “intervención”. Pese a que han sido invitados por la empresa y por la delegación presidencial a ser parte de las conversaciones, la mayoría se han abstenido de ir: a estos supuestos movimientos populares, poco les importan los problemas que el cierre de esa entrada causa a los miles de trabajadores que cada día deben utilizar dicha estación.

Es común que en el mundo se debata sobre la conservación de ciertos espacios o edificaciones que rememoren algún hecho históricamente significativo. Así, por ejemplo, pese al trauma que significó el muro de Berlín, parte de él se ha conservado.

Incluso, los campos de concentración europeos que avergüenzan al mundo también han sido objeto de resguardo patrimonial, en homenaje a las víctimas y como testimonio de la opresión totalitaria.

La pregunta que ahora cabe es si el caos y la violencia del 18 de octubre y los días posteriores ameritan una conmemoración.

No puede olvidarse que en los meses finales de 2019 una parte del mundo intelectual, académico y cultural empatizó y hasta exaltó la destrucción de nuestras ciudades, como supuesto preludio de un nuevo tiempo.

Emblema de aquello fue la declaración de rechazo del GAM cuando un grupo de ciudadanos optó por borrar los grafitis que circundaban el centro cultural, plagados de frases instigadoras de la violencia.

La barbarie no debe ser objeto de exaltación ni homenaje; sí un motivo de reflexión

Esa pulsión “octubrista” —como se la ha denominado— ha venido afortunadamente desapareciendo y hoy es claro que una amplia mayoría ciudadana la rechaza.

No es posible, en efecto, olvidar que se quemaron iglesias, museos, edificios históricos y emprendimientos, y que aquello fue el inicio de una degradación urbana cuyas consecuencias se siguen sufriendo.

La barbarie no debe ser objeto de exaltación y el llamado “Jardín de la resistencia” no hace más que traer los peores recuerdos de un momento oscuro.

Debe ser valorado el paso de Metro por dejar atrás el lunar que implica un verdadero basural en la entrada de una de las estaciones más importantes de la red.

Y frente a la petición de algunas colectividades de poner una placa conmemorativa, no debe ser necesariamente desechada, en la medida en que sus términos, lejos de cualquier afán celebratorio, permitan recordar que hubo un día en el que la delincuencia y la violencia intentaron alterar el tránsito democrático del país.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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COMENTARIOS TÉCNICOS AL NUEVO PROYECTO DE REFORMA POR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

Jaime Arancibia M., Soledad Bertelsen R., José Ignacio Martínez E. y Marcela Peredo R., Profesores de Derecho Constitucional e investigadores de POLIS, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes

El Mercurio, Columnistas, 26/12/2022

La moción parlamentaria de reforma constitucional para dar inicio a un nuevo proceso constituyente, ingresada la semana pasada en el Senado, presenta errores técnicos que es preciso advertir, a fin de que sean corregidos.

Deseamos contribuir a ese objetivo considerando, sobre todo, que la elaboración de la norma fundamental y bicentenaria de la República exige rigor metodológico debido a sus efectos en el resto del ordenamiento jurídico y al respeto que merece.

Nuestras observaciones al proyecto son básicamente tres: a) mantiene normas obsoletas; b) incorpora normas transitorias en un capítulo de la Constitución relativo a normas de vigencia permanente; y c) incurre en omisiones y errores de orden, ortografía, redacción y nominación que afectan su comprensión o elegancia.

En primer lugar, el proyecto mantiene vigentes, como si correspondieran a disposiciones permanentes, todos los preceptos relativos al proceso constitucional terminado en el plebiscito de septiembre, ahora obsoletos. La propuesta no sustituye, sino agrega varios artículos más a un texto constitucional que se ha caracterizado desde el siglo XIX por su sobriedad y precisión.

La mantención de artículos caducos en una Carta vigente carece de sentido y desmerece su prestigio jurídico.

Segundo, dado que el procedimiento propuesto no es permanente, sino único y contingente, plagado de fechas específicas, no se comprende por qué está regulado en las disposiciones permanentes y no en las transitorias. Con este paso, Chile pasaría a ser un caso anormal de regulación constitucional de lo transitorio como permanente.

“…el proyecto mantiene vigentes, como si correspondieran a disposiciones permanentes, todos los preceptos relativos al proceso constitucional terminado en el plebiscito de septiembre, ahora obsoletos…”.

Proponemos, por tanto, que todas las disposiciones relativas a este proceso sean transitorias, sobre todo porque no existen diferencias de quorum que justifiquen una opción diferente.

En tercer lugar, el proyecto omitió mencionar el efecto jurídico en caso de desacuerdo definitivo entre el Consejo y la Comisión experta, o de votación “en contra” de la propuesta en el plebiscito de salida.

Omitió también la exigencia del “Acuerdo por Chile” de que los expertos tengan una “indiscutible trayectoria profesional”, lo que afecta sustancialmente los requisitos para acceder al cargo (más de un millón de personas serían elegibles aproximadamente) y desconoce su aporte esencial al proceso: la legitimidad de la auctoritas o sabiduría constitucional.

Tampoco existe un plazo para que la Comisión Experta emita su informe acerca del texto aprobado por el Consejo Constitucional. Pero, además, el proyecto tampoco señala qué sucede si no se aprueba el texto general por los tres quintos de los miembros del Consejo Constitucional en ejercicio.

A lo anterior se suma la denominación incorrecta de la Cámara Baja, que excluye a las “diputadas”, la dictación de un “Auto-acordado” en vez de un reglamento por parte del Comité Técnico de Admisibilidad, la mención extensa e innecesaria de normas legales aplicables, el uso de nomenclatura extra-jurídica (“fundador” de partido político), y la inclusión de normas en artículos o títulos que tratan temas diferentes (v.gr. escaños para pueblos originarios en el art. 144, apoyo financiero en el título sobre comité de admisibilidad), y el centralismo en las instancias de coordinación de participación ciudadana.

Llama la atención también que se convoque al Congreso Pleno a un acto público en que se jurará la nueva Constitución antes de su publicación.

Como se ve, se trata de defectos técnicos importantes del proyecto de reforma constitucional, que deberían ser corregidos en su tramitación.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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