SALVADOR ALLENDE. EL FRACASO DE UNA ILUSIÓN. Gonzalo Vial Santiago

Ediciones Centro de Estudios Bicentenario, 2005, 168 págs. Álvaro Góngora E., Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile — Almacenamiento energético

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales de la Defensa Nacional

Los comunistas siempre representaron la interpretación más ortodoxa del marxismo, “la soviética”, mientras que los socialistas adhirieron en forma progresiva a la interpretación emanada de la Revolución Cubana y promovida en América Latina por el guerrillero Ernesto Che Guevara, la cual postulaba, como verdad doctrinaria, la inevitabilidad de la lucha armada para conquistar el poder (guevarismo).

Constantemente se evoca nuestra historia reciente. Quienes lo hacen recuerdan preferentemente acontecimientos ocurridos durante la Unidad Popular y el Gobierno Militar y más esporádicamente de períodos anteriores, porque no cabe duda de que todavía ellos influyen en el acontecer político actual. Se entiende la inquietud, toda vez que los hechos sucedidos desde la década de los sesenta en adelante son de importancia decisiva, dado que condujeron a la crisis más grande que ha experimentado el país.

Cabe preguntarse ¿cuánto y qué se ha escrito sobre el período? Si hacemos una bibliografía relativamente completa, nos encontraremos con un gran cantidad de títulos sin duda importantes en general, pero con escaso número de obras propiamente analíticas.

La mayoría son del tipo autobiográfico y es posible atribuirlo a la necesidad de dejar testimonio y constancia de la propia actuación en el periodo o la propia impresión de los hechos. Otro tipo de textos son de carácter cronológicos, crónicas, o bien compilaciones de documentos, que contienen únicamente el registro y catalogación de acontecimientos importantes. Un tercer grupo son obras de tipo biográfico, siendo los personajes más estudiados aquellos que fueron protagonistas relevantes.

Su tonelaje ciertamente es variado, pero los mejores estudios poseen la virtud de procurar entender al biografiado situándolo en su contexto y, consecuentemente, recrean la época. Un cuarto grupo de libros son los de carácter monográfico, más específicos, porque abordan un aspecto o un fragmento de esta compleja época. Aquí igualmente hay una gama de calidades muy amplia. Por último, los más escasos de encontrar, son aquellos que tratan de reconstituir e interpretar y entregan una visión de conjunto.

Toda esta bibliografía sobre la cuestión, junto con aportar antecedentes, visiones, perspectivas y “sensibilidades” _como se dice ahora, revela de otro modo la preocupación que señalábamos más arriba por la historia del “tiempo presente“.

El libro que comento se viene a sumar a la larga lista, pero tiene la cualidad de entregar una visión de conjunto sobre el período 1970-1973, donde figuran articuladamente los diferentes acontecimientos y las actuaciones de los principales protagonistas. Corresponde a los textos completos de las exposiciones realizadas por el historiador Gonzalo Vial en el ciclo organizado por la Universidad Finis Terrae titulado “A treinta años de la muerte de Salvador Allende”.

Consiste en un esfuerzo del autor por explicar el inicio, desarrollo y conclusión del gobierno de la Unidad Popular. No es corriente como dije encontrar este tipo de observaciones de síntesis, tan necesarias. Muchos de quienes vivieron el momento inclusive testigos cultos, de todo el espectro de posiciones políticas, recuerdan por alguna razón episodios significativos, pero sueltos, sin que hayan logrado establecer las debidas relaciones que permiten observar el cuadro completo, por aquello de que “los árboles no permiten ver el bosque”.

Este trabajo sin duda permite visualizar el bosque y además en forma amena, bien expuesta o escrita, con el sabor de los relatos tan propios de Vial. Un gran mérito, porque se trata de un bosque muy denso.

El propio expositor revela hacia el final del texto, la complejidad del problema que abordó en forma pintoresca, al señalar que la “Unidad Popular es como esas novelas gordas, a veces aburridas y a veces entretenidas, que tienen varias tramas que se van desarrollando paralelamente, y que confluyen a un solo final. El final, en este caso, es el golpe. Y las tramas a veces tienen los mismos protagonistas, a veces distintos protagonistas, a veces parcialmente los mismos y parcialmente distintos protagonistas. Aquí termina diciendo, por necesidad del análisis, se han expuesto separadamente, pero en realidad cada paso va encauzando hacia el mismo final, hacia el golpe, con la fatalidad de lo inevitable”.

Los temas que se tratan en las exposiciones son cinco y ellos abordan las diversas “tramas” y “personajes”. La primera está dedicada a comprender el comportamiento del principal protagonista de esta historia: Salvador Allende. Otros personajes importantes también se analizan, a medida que se desenvuelven los acontecimientos: el general Carlos Prats, el cardenal Raúl Silva Henríquez, por ejemplo.

Respecto de Allende, destaca los aspectos que mejor lo caracterizan, en su opinión. De partida tres facetas: su consecuencia política. “… Desde su adolescencia… nunca dejó de ser socialista… Tuvo como meta encabezar un gobierno a favor de las mayorías populares… Reemplazar la propiedad individual capitalista por la colectiva”. Considera que su suicidio fue, precisamente, “culminación” de esta consecuencia. Le sigue su consecuencia social: “Como Presidente continuó viviendo la misma vida (cómoda desde la niñez), con el mismo grupo de amigos de su edad”, trasladando así su “consecuencia política al plano social”.

En este sentido era una persona sin “ningún resentimiento social… se reía de esas cosas…” Y, en último término, su probidad. “Desde el poder no incrementó en nada su patrimonio personal” y desacredita una serie de “dichos” que han circulado al respecto.

Profundizando en la personalidad de Allende, el autor indica, por otra parte, las que le parecen fueron sus principales cualidades y sus peores defectos. De las primeras, subraya una larga lista sencillo y delicado en el trato, sin odios, simpático, expansivo, animado, generoso, memoria impresionante y destaca también como cualidad “su muñeca”, pero se trataría de una condición que se habría tornado en defecto, porque no fue “siempre leal con el manipulado”.

Entre los defectos, denota algunos que le parecen graves: el haber creído en el “poder compartido” con la amplia gama de partidos unipopulares; el haber sido incapaz de “imponer autoridad” entre esas entidades “…sencillamente no logró mandar… ni ser el gran conductor que había soñado“. Pero el defecto fundamental de Allende, según Vial, fue “la insuficiencia de sus conocimientos” sobre lo que “proyectaba hacer”.

La segunda exposición se refiere a la “Naturaleza, programa y estrategia de la Unidad Popular”. Explica su origen más remoto: el FRAP, nacido en 1957, de la unión de comunistas y socialistas, para encarar juntos las elecciones presidenciales de 1958; prosigue con su evolución, influida por el contexto internacional (Guerra Fría), especialmente latinoamericano (la Revolución Cubana), y la forma como devino en Unidad Popular, al quedar constituida en 1969 en una multipartidaria con la integración de otras entidades izquierdistas, pero subrayando la gravitación en ella de las originarias, con sus diferencias ideológicas.

Los comunistas siempre representaron la interpretación más ortodoxa del marxismo, “la soviética”, mientras que los socialistas adhirieron en forma progresiva a la interpretación emanada de la Revolución Cubana y promovida en América Latina por el guerrillero Ernesto Che Guevara, la cual postulaba, como verdad doctrinaria, la inevitabilidad de la lucha armada para conquistar el poder (guevarismo).

Y, por cierto, analiza la situación de Salvador Allende frente a las posiciones existentes al interior del bloque y, particularmente, del socialismo, cargando además tres derrotas electorales consecutivas (1952, 1958 y 1964). De manera que para ser candidato por cuarta vez, tuvo que conquistar las simpatías de los socialistas, que no lo querían como candidato ni la vertiente de Aniceto Rodríguez (moderada), ni la de Carlos Altamirano (guevarista), y acomodarse incluso a las exigencias de los demás. Finalmente Allende se habría impuesto por descarte. Los socialistas lo hicieron pasar dice Vial por “esta última horca caudina: serás nuestro precandidato ante la Unidad Popular, pero lo serás porque no tenemos otro…” Con todo, era el único político de izquierda capaz de hacer frente a los contendores de 1970 (Alessandri y Tomic).

Sin embargo, la Unidad Popular era ante todo un pacto electoral y de gobierno, firmado por sus integrantes, al cual debería adherir el candidato que acordaran postular. Es decir, el candidato quedaba supeditado al pacto y, para hacer efectiva esa dependencia, se creó un “Comité” donde estaban representados todos los partidos del bloque y sería el encargado de adoptar las decisiones fundamentales, por la unanimidad de sus miembros. Es decir, Allende quedó desde el momento de su candidatura sometido al cogobierno y al vicio legendario del “cuoteo”, pero confiando siempre en “su muñeca para contrarrestar la adversidad”.

A este pacto y lo que representaba, incluido el candidato, no concurrió el MIR, por ser un grupo de fuerte vocación guevarista en tales momentos, partidario intransigente de la vía armada para conquistar el poder, muy contrario a la vía pacífica que enarbolaba Allende.

En seguida, pasa revista a los aspectos esenciales del programa de la Unidad Popular, económicos y políticos, así como a la estrategia implementada para materializarlo, luego de que el Gobierno quedara tempranamente impedido de hacerlo por los cauces constitucionales o legales: no tenía mayoría en el Congreso ni el país y tampoco era posible un acuerdo con la Democracia Cristiana. El plan estratégico contempló operaciones (dos económicas y una política) que debían desarrollarse simultáneamente y en breve plazo, pero fracasó la operación política instaurar la Asamblea del Pueblo y con ello se vinieron al suelo “los fines últimos, crear el socialismo legalmente en Chile”.

La tercera exposición titulada “Los fines y los medios. Una contradicción fatal”, está destinada a explicar el significado de una serie de hechos que fueron ocurriendo entre 1971 y 1972, paralelamente al desenvolvimiento de las operaciones del plan estratégico señalado y que terminaron por alterar definitivamente el cuadro político. Entre los más relevantes, cuenta los siguientes: la unión de la oposición (Democracia Cristiana y Partido Nacional); la propagación y profundización de la violencia política; el guevarismo, que se introdujo en el país a través del MIR, pero en el curso de 1971 era moneda corriente entre algunos partidos de la Unidad Popular (el Mapu-Garretón, la Izquierda Cristiana, que desgajada de la DC se había sumado recientemente, y el Partido Socialista dirigido por Altamirano).

Siguiendo con el recuento de acontecimientos, apunta que, a la propagación de la vía revolucionaria ultraizquierdista contrariando al propio Allende, contribuyó bastante la visita de tres semanas que hizo al país Fidel Castro, lo mismo que la retórica mirista, que afirmaba poseer amas y estar empeñado exitosamente en infiltrar a las Fuerzas Armadas, amén de incitar, junto con los otros grupos guevaristas de la UP, las ocupaciones ilegales, “tomas” de predios, fábricas y comercios. En este sentido, el historiador Vial reitera una afirmación suya que ha ocasionado gran revuelo en el último tiempo, sobre todo entre quienes se jactaban de ser auténticos revolucionarios en aquellos años: “En Chile, la violencia como método y necesidad insoslayable, la introdujo el guevarismo y suscitó la contraviolencia adversaria”.

Mientras sucedían todos estos sucesos, sostiene el autor, Allende oscilaba entre la vía violenta y la vía pacífica. Y su indecisión en este punto dejaba lugar a la duda. De manera que los miembros de las Fuerzas Armadas, en especial sus mandos, nunca tuvieron claro “lo que pensaba el Presidente… y menos aún lo que hacía el gobierno”.

En la cuarta exposición “Itinerario de un fracaso”, analiza el tramo más duro del proceso político en cuestión, cuando se produjeron los peores enfrentamientos y el conflicto se presentó crudamente, sin dejar ninguna puerta abierta para soluciones pacíficas. Así, 1972, habría sido el año del “desastre”.

Porque fue evidente, en su opinión, que la economía y la situación social quedaron fuera de control, según las cifras que cita, dando paso a un descontento que se manifestó desde varios frentes. A los partidos políticos de oposición que habían sido hasta ese momento ineficaces en la lucha contra el Gobierno, se le sumaron los gremios empresariales tradicionales y nuevas entidades que agruparon a los transportistas y comercio detallista, más “toda clase de gente que tenía algo que reclamar”.

Se llegó así al famoso “Paro de Octubre”. Un hito importante, porque significó “técnicamente el fin del programa político, social y económico de la Unidad Popular”. El oficialismo, había perdido la iniciativa y hubo serias repercusiones al interior de la coalición de gobierno, porque se dividieron las “fuerzas populares”: el sector de ultraizquierda era partidario de profundizar el proceso revolucionario, mientras que el institucional, con Allende a la cabeza, decidió apoyarse en las Fuerzas Armadas.

Aquí entra en escena el general Carlos Prats. Vial traza un esbozo de su “misteriosa personalidad” _dice_ y expresa ideas muy interesantes sobre el papel que le correspondió desempeñar en esos críticos momentos. En este sentido formula una serie de hipótesis novedosas que debieran ser analizadas para llegar a comprender en profundidad la importancia de Prats en el proceso.

Las más sugerentes son: cómo en contacto con Allende y varios de sus colaboradores cercanos, le perdió el “temor” (histórico) que profesaba por el marxismo-leninismo; los esfuerzos que realizó y errores que cometió para lograr un acuerdo entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana; cómo asumió un papel claramente político entre 1972 y 1973, luego de cuarenta años de imperturbable y profesional servicio militar y, por último, algunas imprudencias cometidas, al involucrase excesivamente en políticas de gobierno.

Habría olvidado, al respecto, “que un jefe militar siempre debe guardar distancia del núcleo propiamente político del gobierno al cual sirve”. De este modo sostiene, su actuación generó una serie de “contradicciones internas” y tuvo un efecto “catastrófico” en las filas castrenses. “Poco a poco el alto mando se fue distanciando de su comandante… Quedó aislado arriba”.

En el intertanto, la crisis (política, económica y social) alcanzó tal magnitud que el país se hizo ingobernable, entonces Allende realizó tres últimos intentos de solución. A saber, según Vial: “entenderse con la Democracia Cristiana, oficializar la participación militar en una especie de cogobierno, o apelar a un plebiscito, el arma final y desesperada del Mandatario”. Cada uno de estos ensayos son explicados cuidadosamente, con detalles muy sabrosos y todas sus derivadas, señalando la forma como los protagonistas los fueron urdiendo y las razones de su fracaso.

La que más se reitera, son los desacuerdos que existieron al interior de la misma Unidad Popular (el Comité), sobre tales iniciativas, sindicando como particularmente grave, la oposición del sector ultraizquierdista, más concretamente el Partido Socialista. “El guevarismo torpedeaba todo lo que no sirviera para acelerar y profundizar el proceso revolucionario”.

“Y cuando el último ensayo fracasó agrega, la intervención militar se hizo inevitable”.

Este es el tema de la última exposición, llamada “El desenlace”. Formula la siguiente pregunta: “¿Por qué intervinieron las Fuerzas Armadas el 11 de septiembre de 1973, prescindiendo de los civiles y aplicando su propia solución a la crisis?”. Y responde, que se habrían hecho desafectas al Gobierno por cuatro problemas que pasa a analizar. A saber: el desorden público; el aumento del armamento; la existencia de milicias paramilitares muy relacionado con el punto anterior y la “cara violenta” que mostró el marxismo leninismo propugnado por la gama existente de grupos guevaristas.

A estos problemas se le agregaron dos consideraciones definitivas. Definitivas porque impulsaron la decisión final en los altos mando de las Fuerzas Armadas. La primera, que el cuadro caótico creaba una situación de extremo peligro para el país, porque lo hacía objetivamente vulnerable a un ataque proveniente del exterior (de Perú ciertamente y de Argentina, luego). Ataque que a la sazón se presumía muy probable, dado que el centenario de la Guerra del Pacífico se aproximaba. La segunda, provino del hecho que se pensaba muy posible que las Fuerzas Armadas se dividieran si el conflicto y la violencia se incrementaban, como de hecho ocurría, frente a lo cual, la guerra civil se presumió inminente.

El último párrafo dice así: “Casi todas las fuerzas políticas y, en general, casi toda la población, querían la guerra civil, o al menos la aceptaban, resignadamente, como una tragedia inevitable, porque cada bando pensaba hallarse en juego valores que la merecían y justificaban, no habiendo en apariencia otra salida. El general Pinochet torció el destino de la historia y de su propia biografía al aceptar el reto y hacer el gesto que impidió la división de las fuerzas uniformadas y consiguientemente la guerra civil. Desde ese instante, Allende era hombre muerto, pues no podía aceptar rendirse. Y así ocurrió aquel 11 de septiembre”.

Estas conferencias en verdad reafirman una interpretación expuesta en otras ocasiones por el autor, sobre la Historia Contemporánea de Chile. O sea, acerca del proceso que afectó al país durante la segunda mitad del siglo XX². El proceso básicamente consistió en una crisis de grandes proporciones, que comprometió a toda la sociedad, cuyos componentes fueron políticos, económicos, sociales y culturales y cada uno de estos aspectos tuvo innumerables derivaciones. Esta crisis “integral”, como dice, patente hacia 1950, se profundizó en los años siguientes, porque ninguno de los gobiernos elegidos hasta 1970 (Ibáñez, Alessandri, Frei) logró aminorarla siquiera.

Al revés, se fueron incorporando nuevos elementos de tensión y desajuste. Uno de los fenómenos determinantes en este sentido es que para entonces existía un campo de partidos políticos agrupado en tres tercios, como era característico desde los años treinta, pero ahora polarizado en extremo, marcado por el signo de las ideologías y la intransigencia.

Este sería el telón de fondo: “Nadie tenía fuerza electoral, fuerza parlamentaria, ni fuerza social como para imponer su propio programa. Pero al mismo tiempo, nadie, ni la Democracia Cristiana (el centro), ni la Unidad Popular (la izquierda), ni el Partido Nacional (la derecha), estaba dispuesto a transigir para generar esa mayoría”. De este modo, Allende, en la etapa postrera de la crisis, se encontró sin instrumentos para hacer lo que había prometido. No tenía instrumentos legales, ni mayoría parlamentaria para adquirirlos.

Me parece una interpretación coherente, clara y bien desarrollada, que plantea ideas maduradas durante largo tiempo. Alguien podría señalar que el texto tiene escasas referencias bibliográficas. Es cierto, son conferencias transcritas, pero de la simple lectura se concluye que consultó información de primera mano.

A lo largo de las exposiciones, cita documentos de variada índole, publicaciones y sus propias vivencias. Es frecuente encontrar en el texto expresiones como estas: “Me contaba una persona muy íntimamente ligada a él (está hablando de Allende), que sobrevive…” o “Me contaba una delegación de viñateros que fue a visitarlo…” o “Yo conocí mucho a los mandos medios de la Unidad Popular…” o, un caso más elocuente, “…Poco después del golpe, cuando llegué a mi oficina de Qué Pasa, prácticamente en medio del humo, encontré el comunicado del MIR encima de mi escritorio. Fue mandado por correo a toda la prensa y había llegado probablemente el 10 en la tarde…”.

Por otra parte, he podido revisar el archivo de Gonzalo Vial sobre la Unidad Popular. Está constituido por un conjunto de cartas, de diferentes personas que cuentan episodios vividos; por entrevistas realizadas a una gama de personalidades; por documentos que circularon en la época: declaraciones de partidos, incluso de circulación muy restringida (mimeografiados); boletines de prensa extranjera; panfletos de todo tipo, fichas de prensa, memoranda; etc.

En fin, pienso que es quizás una de las personas que mejor conoce el período. No solo porque fue testigo, sino porque ha recopilado y consultado una cantidad gigantesca de fuentes de información, que por cierto incluyen libros de todos los géneros. Además se trata un historiador de un tonelaje cultural superior, de especiales capacidades intelectuales y dotado de un genuino y muy acendrado interés por la historia.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas C.

Un aporte de nuestro Director Rúl Godoy C.

La tradición patria nos enseña que en septiembre, junto con la alegría de la llegada de la primavera, es el momento de la unión de un pueblo en un nuevo aniversario de la independencia nacional y las glorias de nuestro ejército, al que se suma todo Chile en uno de los eventos de mayor significación nacional, como lo es la parada militar.

Un aporte de nuestro Director Francisco Alomar.

Terminada la etapa inicial del trabajo de comisiones, cabría esperar que este órgano se aboque a tratar aquellos temas fundamentales propios de la tarea constitucional, en un ambiente de consenso, respeto y seriedad, para así responder a las expectativas que la sociedad tiene puestas en su trabajo.

Fuente: Convención bajo escrutinio. El Mercurio, Editorial, 09/09/2021.   Un aporte del Director de la Revista ,UNOFAR, Antonio Varas C.

Entrevista a Carlos Peña y su dura citica a los constituyentes por Marcelo Soto ExAnte, 05/09/2021 — Sacar a las FFAA y reformar Carabineros: Como podrían cambiar las fuerzas de orden en una nueva Carta Magna por Cristóbal Fuentes. (La Tercera)

Las opiniones en esta columna son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

Carlos Peña es rector de la Universidad Diego Portales y un columnista sumamente leído, respetado y –era que no- resistido.

Autor prolífico, sus libros más recientes son “Ideas periódicas, Introducción a la sociedad de hoy” (Ed. El Mercurio); “Pensar el malestar” (Taurus) y “El desafío constitucional” (Taurus).

En esta entrevista, habla sobre los primeros dos meses de la Convención Constituyente, en la que observa señales de desmesura y desvarío. También critica el discurso identitario y advierte sobre el germen del autoritarismo.

¿Cómo ves hasta ahora el debate que se ha dado entre los constituyentes? ¿Te ha sorprendido o decepcionado?

Lo que más me ha llamado la atención de estas primeras semanas de la Convención, ha sido el énfasis que muchos de sus miembros han puesto en lo que pudiéramos llamar la política de la identidad. Como todos seguramente recuerdan, uno de los momentos celebratorios de la convención consistió en poner una multitud de banderas a la entrada del Congreso, en una muestra flagrante de la manera en que una buena porción de sus miembros se conciben a sí mismos: como minorías invisibilizadas o maltratadas o históricamente excluidas que, por fin, logran comparecer en el espacio público.

¿Qué tan relevante es esa cualidad?

Es difícil exagerar la importancia de este hecho. La idea que la sociedad chilena es la suma de identidades diversas, con demandas también diversas, con territorios particulares es lo más llamativo de lo que hasta ahora ha ocurrido en la Convención: el tránsito de una política ciudadana en la que todos reconocen el mismo origen, a una política de la identidad donde cada grupo reclama uno distinto.

Ese rasgo identitario es el que explica que muchos grupos que están allí representados hayan adoptado una actitud más expresiva de lo que son o creen ser, que una disposición al diálogo.

En tu columna del 3 de septiembre en El Mercurio adviertes el peligro que subyace en cierta forma de razonamiento de la convención. ¿Crees que hay allí un germen de autoritarismo?

Bueno, la creencia que hay bienes que deben ser perseguidos a ultranza a costa de otros bienes, descuidando el hecho que las sociedades abiertas suponen el esfuerzo por compatibilizar o conciliar bienes que a veces parecen opuestos y hasta rivales entre sí, es casi siempre un germen autoritario.

Pretender que el deber del estado de impartir educación pública desaloje el derecho de las familias a transmitir a las nuevas generaciones sus creencias o su propio discernimiento del bien, conduce, desde luego, a una forma de autoritarismo.

Es sorprendente que una convención que, como acabamos de ver, reivindica las identidades culturales y solicita se preserven, se niegue, sin embargo, a que los diversos grupos puedan transmitir sus valores mediante el sistema escolar. Esto último una sociedad abierta debe permitirlo, resguardando, por supuesto, contenidos comunes mínimos.

A propósito de la libertad de enseñanza, comparas el razonamiento de los convencionales con el discurso economicista que ellos mismos critican. ¿Qué expresa esa contradicción?

Bueno, esa contradicción indica falta de reflexión. Creer que en el diseño de las instituciones políticas hay que razonar estableciendo escalas de prioridades -donde una prioridad debe desalojar a la otra- es un severo error.

Eso es propio de las políticas públicas; pero no es propio de una política democrática que debe discernir o deliberar cómo maximizar muchos bienes al mismo tiempo. Esto que parece abstracto, es lo que hacen las cortes constitucionales en todo el mundo cuando razonan.

El desafío que enfrenta la racionalidad política es cómo perseguir varios bienes a la vez: la propiedad privada con la solidaridad; la libertad personal con la seguridad y el orden; el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos con el deber del estado de proveer educación pública, etcétera. No se trata de optar por uno de esos bienes, el desafío es compatibilizarlos todos.

El apoyo a la Convención, según las encuestas, ha ido bajando drásticamente. ¿Qué señales preocupantes observas?

Es probable que lo que decía denantes esté influyendo en esa baja. Ha habido hasta ahora en la convención una primacía de las identidades y una política más expresiva que reflexiva. Se suma a ello la idea de los propios convencionistas acerca de su labor -que consistiría en refundar Chile, como algunos gustan decir- que los hace aparecer como desmedidos, con una idea desmesurada acerca de lo que son y los deberes que poseen.

Carmen Gloria Valladares, del Tricel, criticó que los convencionales hayan subido los montos para asignaciones, porque era una idea que iba en contra de la austeridad del servicio público. Pasaron de $1,5 millón a $4 millones. ¿Te parece que es un signo revelador o se ha hecho una polémica de nada?

No, eso quizá sea injusto. La Convención necesita recursos para ampliar el diálogo y contar con buenas asesorías. Solo hay que cuidar que exista una rigurosa rendición de cuentas de esos recursos. Para la labor que ejecutan, el monto que han solicitado -que no es remuneración, sino gastos para los apoyos que requieren- sigue siendo razonable.

En términos simbólicos y como señal política, ¿qué te dice el auge y caída desastrosa de la Lista del Pueblo?

La Lista del Pueblo es, en algún sentido, análoga a lo que ocurrió durante el movimiento del 18 de octubre del 2019 y especialmente en los primeros días: una suma o agregado de demandas de diversa índole, sin orgánica, sin programa, expuesto a liderazgos puramente audaces.

La idea que basta el entusiasmo y la ejecución de actos expresivos -la tía Pikachú, el dinosaurio, las identidades múltiples- para constituir al pueblo o ampliar la participación democrática simplemente es falsa.

Gabriel Salazar dijo que la convención se enfrenta a un callejón sin salida. ¿Piensas que la asamblea constituyente puede fracasar? ¿Por qué?

Creo que esa opinión de Gabriel Salazar debe ser examinada desde el punto de vista más general que asoma en su trabajo intelectual. Al parecer él piensa -así lo expone una y otra vez- que en la historia subyace un sujeto -el pueblo- que está llamado a ejercer la soberanía.

Esa es una tesis normativa propia de la democracia; pero el problema que yo veo es que él la plantea como una tesis historiográfica: la historia sería, entre otras cosas, el esfuerzo del pueblo, ese sujeto colectivo, por tomar las riendas de su propio destino.

Por debajo del acontecer que llamamos historia, habría un hilo -el pueblo intentando liberarse- que la unifica. Desde ese punto de vista, si lo entiendo bien, la Convención constitucional no estaría a la altura de la trayectoria histórica que ese sujeto -el pueblo, un verdadero sujeto trascendental- estaría llamado a tener.

El pueblo así concebido estaría fuera de la Convención, obviamente, y de ahí entonces que Gabriel Salazar plantea que si no se abre a lo que está fuera entrará en un callejón sin salida.

¿Qué piensas de ese punto de vista?

A mí me parece que hipostasiar al pueblo a ese extremo viendo la historia política como el esfuerzo de ese sujeto colectivo por tomar las riendas del acontecer, es demasiado general y es más bien una discutible tesis de filosofía de la historia.

Pero son los historiadores los que debieran decir si esa forma de concebir la historia es correcta o fecunda. A mí me parece que al margen del espléndido trabajo de G. Salazar, ese punto de vista general que él sostiene es erróneo.

¿Cómo evalúas el liderazgo de la presidenta, Elisa Loncón?

A mí me parece que la presidenta Loncón concibe su posición institucional de manera identitaria -poniendo siempre por delante las demandas de su pueblo- más que como una posición imparcial y equilibrada que es lo que se requiere para conducir la deliberación constitucional.

Pienso, como lo he dicho otras veces, que ello la lleva a dar por zanjada una discusión, como la relativa a los derechos colectivos de los pueblos originarios, que no se ha llevado adelante.

Creo, como ella, que los pueblos originarios tienen derecho al reconocimiento; pero pienso que para que eso esté dotado de legitimidad requiere una deliberación colectiva que está pendiente y su deber no es suponer que ya se resolvió, sino impulsarla.

Ella se ha enfrentado a la prensa y otros convencionales también. De hecho Ascanio Cavallo dijo a Ex-Ante que había maltrato hacia los periodistas. ¿Estás de acuerdo?

Y sí, tal como Ascanio Cavallo lo ha dicho, hay una cierta alergia a la prensa en algunos integrantes de la Convención cuya fuente debe ser, sin duda, la idea que la prensa está manipulada o que sirve intereses oscuros, ese tipo de prejuicios que se extienden en las redes y que, desgraciadamente, de pronto, se han transformado sin más en argumentos o en razones.

ENTREVISTA A CARLOS PEÑA Y SU DURA CRÍTICA A LOS CONSTITUYENTES: DESMESURA, FALTA DE REFLEXIÓN Y AUTORITARISMO

Marcelo Soto

ExAnte, 05/09/2021

Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas C.

 Sacar a las FF.AA. y reformar Carabineros: Cómo  podrían cambiar las fuerzas de orden en una nueva Carta Magna. Cristóbal Fuente. La tercera, 03/09/2021

Cristóbal Fuentes

La Tercera, 03/09/2021

A comienzos de esta semana, un grupo de constituyentes defendió la idea de “reemplazar a Carabineros”.

Si bien aclararon que solo se trataba de una propuesta, es posible que, bajo una nueva Constitución, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad sí experimenten cambios determinados por la Convención. Mantenerlas como están, eliminar el capítulo especial dedicado a ellas y garantizar su subordinación al poder civil son algunas de las propuestas.

Desde antes de que la Convención Constitucional comenzara a sesionar, las reformas a Carabineros de Chile, e incluso su reemplazo, eran ideas que se escuchaban con frecuencia en los debates políticos.

Y aunque aún no se entra en la etapa de discusión constitucional, la discusión sobre el futuro de la institución se tomó la Convención esta semana debido a la iniciativa ingresada por el convencional Manuel Woldarsky para “reemplazar a Carabineros” por un “servicio público que ejerza la función policial bajo respeto irrestricto a los Derechos Humanos”.

Aunque los convencionales que apoyaron la idea aclararon que solo se trata de una propuesta y no de una imposición, lo cierto es que no solo el futuro de esa institución es incierto. Tanto Carabineros como la Fuerza Aérea, la Armada, el Ejército y la PDI podrían experimentar cambios si así lo determina una nueva Constitución.

Actualmente, la Carta Magna incluye cinco artículos referidos a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y de Orden y Seguridad en el capítulo XI del texto.

El primero de ellos, establece qué instituciones las componen, de qué ministerio depende cada una y para qué existen. Además, se especifica que las FF. AA. y Carabineros, como cuerpos armados, son obedientes y no deliberantes.

El artículo 104, por su parte, especifica que los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, como también el general director de Carabineros, son designados por el presidente, duran cuatro años, no pueden ser renombrados y son inamovibles de su cargo.

Además, en el capítulo XII, sobre el Consejo de Seguridad Nacional, se plantea que esa institución es la encargada de asesorar a el o la presidenta en materias de seguridad nacional y de ejercer las funciones encomendadas por el texto constitucional.

El analista político Guillermo Holzmann explica que la presencia de las FF. AA en una Constitución responde a que son instituciones fundamentales para la seguridad nacional. “Esa seguridad del Estado está asociada al desarrollo del Estado. Para la sociedad, la seguridad es una condición, que la debe brindar el Estado”, dice.

Sin embargo, para la académica de la Universidad de Santiago y experta en seguridad Lucía Dammert, es claro que la actual Constitución responde al período en que fue escrita: “Obviamente no es un período democrático. En ese marco, deja muchas salvaguardas para los niveles de autonomía institucional”.

¿Las Fuerzas Armadas tienen lugar en la Constitución? Conscientes del rol que tienen las policías, Dammert, junto a otros 14 expertos que conforman un grupo de estudios policiales, se han reunido con distintos convencionales y les han hecho entrega de una guía de “cinco puntos para un nuevo estatuto constitucional de la policía”. Uno de ellos plantea la idea de que las FF.AA y de Orden y Seguridad no debieran ser parte de un capítulo autónomo de la Carta Magna. En su lugar, deberían ser una regla que forme parte del capítulo dedicado a la organización del gobierno.

La politóloga y académica de la Universidad de Chile, Mireya Dávila, explica que, al tener un capítulo especial “se les mantiene como poder de seguridad con el rango de un poder del Estado como lo es el Congreso, el Ejecutivo y el Banco Central, dándole una autonomía relativa impropia en una democracia”. Para Dávila, esa lógica “corresponde al diseño institucional de la dictadura civil militar’’ pues, en una democracia plena “las FF.AA. deben ser un servicio público regulado por leyes comunes”.

Holzmann, por otro lado, preferiría que las FF. AA. se mantengan en un capítulo especial dentro de la Carta Magna: “No me parece que sea coherente o razonable o de sentido común que las FF. AA., de Orden y Seguridad estén en el capítulo de gobierno. El gobierno tiene que ver con la gestión, con la manera en que se ejerce la capacidad, atribuciones y cualidades que debe tener la estructura gubernamental”, comentó.

Según se constata en análisis de AthenaLab, un centro de estudios dedicado a la defensa nacional y las relaciones internacionales, la dedicación de un capítulo especial de las FF. AA. no es una particularidad de la Carta Magna chilena.

De hecho, aproximadamente la mitad de los 41 países incluidos en un estudio publicado en marzo de este año lo hacen, incluyendo a estados consolidados de democracias representativas, como Alemania, Austria, Finlandia, Portugal y Suiza.

Aunque el exministro de Defensa y del Interior, Jorge Burgos (DC), también reconoce que preferiría que se les destine un capítulo especial en la Constitución, asegura que esa es una discusión secundaria. Lo relevante para él es que estén: “A mí me parece que eso es bien importante que quede en la Constitución (…). Yo no reenviaría a una ley, aunque fuera especial, el tema de las FF.AA. Creo que sería un retroceso institucional para Chile”.

Cambios y puntos pendientes. Más allá de en qué lugar de la Constitución deberían ubicarse, existen aspectos incluidos en la actual Carta Magna en relación a las FF. AA. y de Orden y Seguridad que han hecho que los expertos en la materia se planteen cómo podrían funcionar bajo una nueva Constitución. Un punto relevante para Dammert sería garantizar la subordinación de las fuerzas al poder civil. “Si tú le quitas el rango constitucional, por ejemplo, se podría legislar en la necesidad de aumentar la transparencia de la información policial”, dice.

Frente a la idea de garantizar la subordinación al poder civil, el exministro de Defensa, Mario Desbordes, considera que actualmente eso se cumple: “Si el poder civil, el jefe de Estado y los ministros hacen su trabajo, la policía está subordinada a ellos, eso no está en discusión”.

Con él, está de acuerdo el también exministro Burgos: “Más allá de lo que haya ocurrido en la práctica, que hayan tenido grados de autonomía importantes y no positivos, eso no se debe a que en la Constitución surja su carácter autónomo. Es una cuestión más bien de la ley y de la práctica”.

Desbordes agrega que es fundamental mantener en la Carta Magna que las FF. AA. son obedientes, apolíticas y no deliberantes. “Uno ve el abuso que se hace de esas instituciones en Venezuela, en Cuba (…) Mantener estos criterios generales a nivel constitucional me parece que es saludable”, afirma.

En esta misma línea, Richard Kouyoumdjian, vicepresidente de AthenaLab, sostiene que el riesgo de tener FF. AA. absolutamente obedientes al Ejecutivo es que “si el Presidente las quiere utilizar para mantenerse en el poder, vamos a terminar mal. Las FF. AA., al igual que en el caso de Estados Unidos, se deberían deber a la Constitución, porque hoy en día tienen un juramento que no es constitucional”, explica.

Un aspecto de la actual Constitución que para Kouyoumdjian resulta problemático es que se le dé un rol “un poco más grande de lo que a mí me gustaría en los períodos de excepción constitucional”. El experto advierte: “A veces eso hace que los políticos, porque las FF. AA. obedecen a los políticos, puedan terminar, en periodos de emergencia, en estados de sitio”.

En este sentido, Dávila considera que, en lo referido a los estados de excepción, “se deberían especificar los roles castrenses, establecer el mando civil sobre las FF. AA. y sustituir militares por civiles como jefes de la defensa nacional en las zonas declaradas en estado de excepción (…)”.

El debate que protagoniza Carabineros. Sobre las eventuales reformas a Carabineros, el exministro Burgos sostiene que, una vez que se discuta la Constitución propiamente tal, es posible que, por ejemplo, se proponga establecer que las policías sean civiles. “Eso está dentro de las posibilidades que lo proponga. En eso (los convencionales) tienen competencia, no hay duda de que la tienen, más allá que sea bueno o malo. Si la propuesta de Constitución va a decir en ese capítulo que las policías están para cumplir el orden jurídico, la seguridad, pero estas serán policías de carácter civil, no militar, eso lo pueden proponer, (…) y la gente puede aprobarlo en el plebiscito de salida”, agrega.

Dávila explica que “las sugerencias que han hecho en las comisiones provisorias de la Convención Constitucional apuntan a la necesidad de reformar la policía para adaptarla a un Estado democrático”. Agrega: “En la discusión plenaria se deberá decidir cómo la nueva constitución establece una policía no militarizada inserta en un Estado democrático de derecho bajo un efectivo control civil”.

Por otra parte, Desbordes plantea que determinar específicamente las reformas a Carabineros es un tema que le compete al Congreso y no a la Convención: “La Convención Constitucional tiene otro rol, no puede meterse en el detalle de la reforma a Carabineros (…), no es el rol que le asignamos a la Constituyente cuando firmamos el acuerdo del 15 de noviembre. Tienen todo el derecho a opinar, por supuesto, pero no les corresponde entrar en el detalle del proceso de modernización”.

Aunque Dammert ve con buenos ojos que se haya tocado el tema policial, advierte es importante evitar la polarización a favor y en contra de la policía o la institución: “El objetivo principal, como en muchos países en que las policías y el sector seguridad tienen que reformarse, es asegurarnos de tener una policía democrática que respete los DD. HH. y además sea eficiente en la lucha contra el crimen”.

Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional

Un aporte del Director de la Revista, Antonio Varas C.

Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

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Las pandemias, las hambrunas y las guerras siempre han venido de la mano a lo largo de la historia. No creo que ahora vaya a ser distinto. Además, necesitan una matanza: hay que hacer que disminuya la población mundial… La sostenibilidad del planeta exige un holocausto de seres humanos. Así es la Pachamama y así los hijos de ….. que la adoran a ella y al Nuevo Orden Mundial

Querella criminal contra el Ministro de Justicia. Comunicado de prensa del Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de la Defensa Nacional y del abogado Maximiliano Murath Mansilla —-La mentira de Rojas por Alejandra Jiusán

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales de la Defensa Nacional.

Querella criminal contra el Ministro de Justicia y todo aquel que resulte responsable, por en el grave daño a la salud de una cincuentena de personas y el evitable fallecimiento al día de hoy, de otras cinco personas.

EL Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de la Defensa Nacional y la Cruzada por la Reconciliación Nacional, Justicia y Derechos Humanos han presentado una querella criminal contra el Ministro de Justicia Sr. Hernán Larraín Fernández y todo aquel que resulte responsable, por su responsabilidad en el grave daño a la salud de una cincuentena de personas y el evitable fallecimiento al día de hoy, de otras cinco personas.

Su actuar deshumanizado y negligente en el contexto de los efectos devastadores de la pandemia del Covid-19, en su relación con los adultos mayores privados de libertad que cumplen condena  en su mayoría en las cárceles Punta de Peuco y Colina 1, por casos calificados de derechos humanos, así lo amerita.

Es gravísimo, que después de haberlos marginado de la aplicación de una medida de salud pública como la Ley Nº 21.228 sobre indulto conmutativo con motivo del Covid-19, que tenía como elemento central la condición fisiológica de las personas, decidiendo proteger a algunas y dejar a su suerte a las otras, no haya dispuesto medidas efectivas para proteger a los excluidos en caso de brote de epidemia, a sabiendas del peligro que ello representaba para centenares de adultos mayores y enfermos crónicos privados de libertad.

Tampoco lo hizo, luego de la trágica experiencia tras el brote que en el mes de julio de 2020, se produjo en Colina 1, permitiendo con ello un segundo brote de epidemia, esta vez en Punta Peuco, en agosto de 2021, también con resultados fatales y que se encuentra en pleno desarrollo.

Con este hecho, continúa la vulneración de extensa normativa internacional que protege los derechos humanos de nuestros camaradas, en cuanto personas, en cuanto adultos mayores y, también y lamentablemente, en cuanto privados de libertad, a quienes se las han negado de manera progresiva, sistemática y permanente -y actualmente de forma burda- las garantías básicas de un debido proceso, de una debida ejecución penal y hoy, de una vida y salud adecuadas a la etapa de la vida y circunstancias en que se encuentran.

Las resoluciones injustas y gravosas  de esta autoridad y su ministerio y su inactividad frente una serie de situaciones de la misma entidad, demuestran de forma prístina un negligente e inexcusable actuar. La vida de nuestros camaradas, las impredecibles secuelas que sufrirán muchos de ellos y el dolor y daño a sus familias no pueden quedar impunes.

Aspiramos que la justicia opere con celeridad, transparencia e imparcialidad, y sancione este reiterado actuar injusto, insensible y arbitrario Santiago.

06 de septiembre de 2021.

COMUNICADO DE PRENSA

 Hoy, a 6 de Septiembre del año 2021, en mi calidad de abogado y representante de algunas familias militares, he decidido patrocinar la querella criminal deducida por Don Rodolfo Codina Díaz, Oficial de la Armada en retiro, en representación del cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de la Defensa y Don Luis Jara Espinoza, Oficial del Ejercito en retiro, en representación de la Cruzada para la Reconciliación Nacional, en contra del Ministro de justicia y Derechos Humanos Sr. Hernán Larraín Fernández, en calidad de autor por el delito de prevaricación administrativa en grado de consumado, en calidad de autor por el delito de cuasidelito de homicidio en grado de consumado y en relación a todos los demás delitos que aparezcan frutos de esta investigación y en contra de todos quienes resulten responsables.

Esta querella, tiene por fundamento la nula intervención del ministro en el Penal Punta Peuco, donde se ha desarrollado un grave problema sanitario por el Covid 19, obviando su posición de garante y responsable de las cárceles chilenas, practicando una discriminación arbitraria e ilegal al no aplicar medidas de salud pública en el penal. Tengo certeza de que el Poder Judicial sancionara conforme a Derecho y en virtud de su independencia debidamente a él o los responsables por tan manifiesta negligencia.

MAXIMILIANO MURATH MANSILLA

Abogado

DDHH: ¿JUSTICIA O VENGANZA?

Entrevista al abogado Murath por José Antonio Kast

www.youtube.com/watch

LA MENTIRA DE ROJAS

Alejandra Jiusán

El Mercurio, Cartas al Director, 06/09/2021

Señor Director:

Respecto de la situación del constituyente Rodrigo Rojas es importante realizar algunas observaciones.

Nadie tiene la obligación de compartir su estado de salud, menos si considera que puede ser algo perjudicial para sí mismo por posibles discriminaciones que pudiese enfrentar.

Sin embargo, la situación de Rojas es particular, porque fue él quien decidió compartir que padecía cáncer y utilizarlo como estandarte. Ahora ya sabemos que no es real.

A nadie le debería importar la enfermedad que tiene. Cada uno decide cómo lidiar con algo tan personal y delicado. Pero Rojas decidió mentir y utilizar esa mentira para beneficio propio.

Esta situación es preocupante por dos razones: por un lado sus seguidores, entre ellos incluido el alcalde Sharp, salen en defensa de Rojas cuando este se ve acorralado en la mentira, como si declarar lo ya revelado fuera un acto de valentía, cuando, en realidad, mentir es faltar a la verdad. Por otro lado, resulta peligrosa su situación en vista del momento que estamos viviendo políticamente hablando.

Momento en que la legitimidad y el apoyo hacia el trabajo de la Convención se ven cada vez más desprestigiados.

El que él no entendiera que mentir está mal es preocupante. Pero que Rojas no entendiera que esta mentira no solo lo golpea a él, sino que al proyecto que estamos tratando de construir como país, es aún más alarmante.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas C.