Las opiniones vertidas en esta columna de opinión, son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de UNOFAR
Hoy hay jueces procesados o acusados de prevaricación en Arica y en Concepción, mientras otros siguen prevaricando a costa de los militares. Otros, dedican a “escribir la historia”, asumiendo un rol que no les compete. Y quienes debieran enfrentarse las caras para determinar que fue lo que causó la crisis del 73, se lavan las manos y se hacen los tontos, dejando a algunos jueces que jueguen a ser historiadores políticos. Lo malo, es que el gobierno que se suponía que iba a poner término a ello, lo sigue promoviendo y aceptando, eludiendo con ello junto a gran parte de los parlamentarios, sus verdaderas responsabilidades.
Bastaría apenas con las antiguas clases de “Educación Cívica”, hoy curiosamente descartadas de los programas educativos, para darse cuenta que la estructura de poderes del estado chileno está mostrando signos de agotamiento, afectada por una progresiva desviación o entrecruzamiento de funciones que conduce hacia la pérdida del equilibrio entre ellos, elemento esencial para la coexistencia del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En este sentido, vemos desde hace tiempo cómo el Ejecutivo traspasa parte de sus obligaciones al Poder Judicial y al Legislativo, dejando que se “judicialicen” los conflictos o derivando temas de su exclusiva responsabilidad a un eterno e ineficaz debate parlamentario. El Poder Legislativo, por su parte, elude cada vez más la responsabilidad que le cabe en el mejoramiento y fortalecimiento de las leyes que regulan la vida de los ciudadanos, postergando innecesariamente su discusión y sustituyéndolas por temas cada vez más alejados del interés de las grandes mayorías.
Sin otra alternativa que recoger el guante ofrecido y afectado también por las vanidades humanas de algunos de sus integrantes, el Poder Judicial se ha ido involucrando cada vez más en temas que no son de su área jurisdiccional, si no propios del mundo político, como ocurre con la responsabilidad asumida de escribir la historia reciente, a partir de los juicios efectuados a los militares. Con la exacerbación de la morbosidad pública generada por un sector interesado, algunos jueces cayeron en los últimos años en la trampa de la fama, gozando de la adulación proveniente de una izquierda que se sirvió abiertamente de sus fallos para obtener beneficios políticos y que hoy los tiene exhumando cadáveres enterrados hace casi medio siglo, en un macabro despropósito, destinado según sus impulsores “a establecer la verdad histórica”. Esta mayor atención comunicacional dada a la labor de los jueces ha generado un especial “empoderamiento” en aquellos que aún actúan dentro del sistema procesal antiguo, donde -junto con llevar a cabo la investigación- son ellos mismos quienes fallan la causa, a diferencia del nuevo sistema procesal penal, donde se separan claramente ambas funciones para garantizar en mejor forma la equidad y los derechos de las personas.
“Arturo Prat (1848 – 1879)” es el lánguido titulo que ostenta la imagen del Capitán Prat en nuestro nuevo billete de diez mil pesos.
“Me voy a preocupar de mejorar las condiciones carcelarias del resto de la población penal, porque ahí tenemos una situación de crisis que se arrastra desde hace demasiadas décadas y que hay que tomárselo en serio”, sostuvo.