Categoría: Columna de Opinión

                                     LA IZQUIERDA COMPADECIDA

Escribe: Hermógenes Pérez de Arce

Se ha suscitado un pintoresco debate entre izquierdistas compadecidos y no compadecidos de los presos políticos militares octogenarios, nonagenarios, con alzheimer y enfermedades terminales que, en número superior a 400, son mantenidos privados de libertad en diferentes penales y en particular en Punta Peuco. Unos izquierdistas sostienen que los violadores de dd. hh. también merecen compasión y otros sostienen que no merecen ninguna.

Lo que ninguno de ambos bandos dice es que ni un solo exmilitar (más algunos civiles, también presos, que colaboraron con ellos) ha sido legalmente condenado. Jurídicamente son todos inocentes. En eso consiste el escándalo de la situación, de la cual son cómplices el gobierno, el piñerismo-mattheísmo, el Colegio de Abogados y los principales medios de comunicación. Estos últimos porque “miran para otro lado”

Ya en 2015 el juez que “inventó” un supuesto delito, el cual, además, confesó no haber probado, declaró en la televisión pública que se había basado en una “ficción jurídica” y textualmente añadió: “No he dicho que ésa fuera la realidad”. Es decir, no sólo confesó apartarse de la ley, sino de la verdad de los hechos.

No hay ningún exmilitar condenado que haya recibido un debido proceso. Por tanto, ninguno puede ser llamado “violador de dd. hh.”

Por suerte los expedientes de estos juicios ilegales son mantenidos en un recinto separado del Archivo Judicial, lo que permitirá a las futuras generaciones de juristas condenar la desvergüenza de la actual, que no ha puesto término al escándalo.

Los exmilitares presos nunca han sido condenados mediante un debido proceso. Es tan fácil probar lo anterior que cualquier individuo (que entienda lo que lee) puede consultar el Código Penal y ver que el artículo 141, sobre el delito de secuestro, que se les imputa, se halla bajo el título III, cuyo párrafo 3 dice: “Crímenes y simples delitos contra la libertad y seguridad, cometidos por particulares”. Por tanto, no puede cometerlo un militar, pues no es un particular. Y por consiguiente no puede ser condenado por ello. Si algún juez lo ha hecho, ha cometido a su turno el delito de prevaricación, previsto y sancionado en el artículo 223 del mismo código. Ese juez debería cumplir hasta cinco años de presidio o reclusión por dictar un fallo “contra ley expresa y vigente”. ¿Cuántos jueces van a caer presos cuando Johannes sea presidente? No sabemos, porque, por ejemplo, Alejandro Solís, “el padre de la criatura”, ya retirado, puede alegar la prescripción.

Nada de lo que sucede podría haber ocurrido en un país regido por el estado de derecho, pero hace veinte años que éste se viene violando.

Es tan precaria la legalidad en Chile que en el extranjero se han dado cuenta. En el ranking internacional que lleva la revista británica The Economist, Chile ya no es una “plena democracia” sino una “democracia defectuosa”, sobre todo después de que en este blog le di diez razones para hacerlo, el 4 de febrero de 2023 (“The Economist’s Stupidity Unit”).

Pero a la izquierda compadecida por lo menos le va a servir como atenuante su actitud, cuando se restablezca el estado de derecho y se pague por la prevaricación de los últimos veinte años.

Un aporte de nuestro director, Luis Cabezón

                                              VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN

  Humberto Julio Reyes

         Durante aproximadamente 35 años hemos escuchado, como un mantra, repetir estos tres conceptos al referirse a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión del extremismo.

         A estos tres conceptos se asocia, comúnmente, una supuesta impunidad desmentida por las anuales cuentas del poder judicial.

         Así, cada vez que el gobierno de turno o el poder legislativo promueven una nueva forma de agravar las circunstancias en que se cumplen las condenas, se recurre a ellos como argumento que no admite discusión.

         De esta forma, recientemente, el presidente ha resuelto transformar el penal de Punta Peuco en uno de naturaleza común, sin importar que las condiciones que existían para ser creado no hayan cambiado, salvo en el número de internos, pasando de los 36 planificados originalmente a más de 130.

         Se ha agregado el argumento de eliminar un privilegio, olvidando que todos han sido juzgados por un procedimiento ya derogado en Chile que ha permitido su fácil condena, a lo que se agrega la negativa a concederles los beneficios intrapenitenciarios de que disfruta toda la población penal.

         Esta vez hubo eso sí diversas reacciones contrarias en los medios de comunicación social, no precisamente de partidarios del gobierno militar ni de organizaciones de ex uniformados, por lo que podrían catalogarse como miradas objetivas o humanitarias.

         Esperé, naturalmente, las que se pronunciarían desde “el mundo de los derechos humanos”, según la jerga periodística.

         Reparé en que, más allá de la comprensible posición irreductible que se resume en el lema “ni perdón ni olvido”, se mencionaban dos razones para no acceder a medidas que apunten al perdón y la reconciliación.

         Ninguna me convence.

         Se vuelve a esgrimir que, para conceder perdón, debiera haber existido colaboración para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos.

         Lo anterior supone que la totalidad de los condenados lo han sido por la ficción jurídica del secuestro permanente, lo que no es efectivo.

         Se agrega el hecho de haberse rechazado, quizás cuando aún era oportuno, toda iniciativa para promover la colaboración eficaz, inhibiendo a quienes, sin ser autores pudieran aportar a la verdad que se buscaría establecer.

         ¿Qué incentivo tendría alguien para colaborar, frente al casi seguro procesamiento como cómplice o encubridor?

         Por lo demás ya se realizó un infructuoso esfuerzo institucional en la llamada “Mesa de Diálogo” y sus detractores siguen asumiendo la existencia de un pacto de silencio.

         Otra razón se refiere a quienes habrían ejercido alguna forma de violencia en contra de mujeres. Faltaría algo fundamental, según los firmantes de otra carta, ya que “sin verdad ni juicio, el perdón no es reconciliación”.

         Así, se supone que todos los condenados lo han sido por esta causa, lo que también no se sostiene al conocer las sentencias.

         Por lo demás, ya hubo un juicio que estableció la verdad “procesal”, así que nada faltaría.

         ¿No sería algo menos subjetivo que, quienes se oponen al perdón y la reconciliación, indicaran qué casos debieran quedar exentos de cualquier medida humanitaria, en lugar de generalizar?

         Convengo, en todo caso, en que la mirada humanitaria no debiera excluir a los que por avanzada edad o estado de salud u otras circunstancias objetivas debidamente calificadas deberían continuar cumpliendo sus penas en forma alternativa, como podrían ser los que ya han cumplido los 20 años que corresponden a cadena perpetua, los menores de edad al haberse cometido los delitos imputados o los de baja graduación jerárquica.

         Finalizo analizando el título de esta columna:

         Si no se ha establecido la verdad mediante pruebas, mal puede haberse ejercido justicia y las reparaciones concedidas en la parte civil de los procesos serían de dudoso sustento legal, aunque tengan el propósito de que las familias de las víctimas reciban de parte del estado una compensación por el daño inferido.

         Pero, para alcanzar la verdad se requiere de jueces probos, aplicar la reforma procesal penal vigente e incentivar la colaboración eficaz, aunque el tiempo transcurrido atente contra el propósito declarado de encontrar los restos de las víctimas desaparecidas.

         Justicia y reparación, aunque tardíamente, debieran llegar por añadidura.

22 de junio de 2025

                     Petición a legisladores

SEÑOR DIRECTOR:

En la discusión sobre el proyecto de ley para que los reclusos mayores de 75 años cumplan la pena en sus domicilios, pido a los legisladores tener presente que la misericordia no anula la justicia, la humaniza. Por lo demás, no se está eliminando la pena sino solo cambiando el lugar de reclusión.

Miguel A. Vergara Villalobos

Diario La Tercera 23 de junio 2025

Un aporte de nuestro director Alfonso Anfossi