Categoría: Columna de Opinión

Los artículos publicados en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

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                                                                                    CUATRO BULOS SOBRE INMIGRACIÓN DESMONTADOS

                                                                            DESDE LA EPIDEMIOLOGÍA[1]

Miriam Navarro Beltrá, Médica epidemióloga, Centro de Salud Pública de Elche, Generalitat Valenciana y Susana Monge Corella, Científica Titular. Grupo de epidemiología y vigilancia de virus respiratorios. Centro Nacional de Epidemiología., Instituto de Salud Carlos III – The Conversation, 04/03/2024

Asegurar la protección de los derechos humanos es hoy más necesario que nunca. En especial, la Asamblea General de las Naciones Unidas está preocupada por proteger plenamente los derechos humanos de todos los migrantes.

Razones para la preocupación no le faltan, dada la proliferación de comentarios xenófobos y racistas. Hasta se ha llegado a acusar a las personas migrantes de traer enfermedades como el tifus.

Ante este tipo de comentarios carentes de rigor contra personas que han dejado atrás su hogar buscando un futuro mejor, no podemos sino posicionarnos como ciudadanos y como científicos. Como ciudadanos, nos mostramos perplejos e indignados. Como científicos, nuestro deber es ofrecer información veraz y libre de partidismos.

Por ello, desde el grupo de Vigilancia Epidemiológica de la Sociedad Española de Epidemiología hemos decidido desmentir, apoyados por estudios y datos rigurosos, cuatro de los bulos más recurrentes sobre la inmigración.

Bulo 1: los inmigrantes nos invaden. El ser humano ha migrado desde la prehistoria. Siempre ha habido personas que dejan sus hogares y sus países buscando mejores oportunidades económicas y vitales, o huyendo de la persecución política y los conflictos, como en el caso de los refugiados.

En un mundo globalizado en el que las poblaciones se mueven, deberíamos aprender a mirar al fenómeno migratorio como algo común y atemporal, y no como un acontecimiento dramático y puntual de nuestra época.

En 2020, el número de migrantes internacionales se cifraba en 281 millones, un incremento importante respecto a los 150 millones estimados en el año 2000.

Aun así, la proporción representada por los migrantes internacionales en la población mundial era solo de un 3,6 % en 2020, habiendo aumentado proporcionalmente menos que la población mundial.

Por otro lado, en los últimos años estamos observando un aumento de los movimientos poblacionales provocados por desastres naturales. Algunos de los efectos de la crisis climática –-cuya causa fundamental son los factores humanos, y no la naturaleza-– aparecen en forma de fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones, sequías o huracanes.

Estos eventos desembocan a su vez en escasez de agua, inseguridad alimentaria, hambrunas, epidemias y conflictos armados, entre otros. Tal es su impacto que, actualmente, podemos afirmar que el cambio climático es un motor más potente para las migraciones que todos los factores económicos y políticos juntos.

No olvidemos que las poblaciones que menos contribuyen al cambio climático son las que más están sufriendo sus consecuencias, lo que alimenta las inequidades y constituye un problema de justicia social global.

Bulo 2: Europa soporta el mayor peso de la inmigración. La gran mayoría de las personas que migran no cruzan fronteras internacionales, sino que permanecen dentro de sus países. La última estimación disponible es del año 2009, cuando se cifró en 740 millones el volumen de migrantes internos, tres veces y media más del número de migrantes internacionales estimados ese año (214 millones).

Las migraciones internas se producen, fundamentalmente, de zonas rurales a zonas urbanas, en gran parte motivadas por los cambios ambientales y en los sistemas de producción, acelerados por la crisis climática ya mencionada.

En 2021, el 56 % de la población mundial vivía en ciudades, siendo la creciente urbanización uno de los grandes retos actuales. A ello hay que añadir los desplazados internos por situaciones de catástrofes, crisis o conflictos que, a finales de 2022, alcanzaron la cifra récord de 71,1 millones, fundamentalmente en África y Oriente Medio.

En cuanto a migraciones internacionales, Europa y Asia están más o menos al mismo nivel como receptores de inmigración. Estos dos continentes acogieron en 2022 alrededor de 87 millones de migrantes internacionales cada uno, pero el incremento más marcado entre 2000 y 2020 se registró en Asia, no en Europa.

Es más, en relación con el tamaño de la población de cada región, las proporciones más altas de migrantes internacionales en 2020 se observaron en Oceanía (22 %) y América del Norte (16 %), seguidas de Europa (12 %).

En enero de 2022, el 5,3 % de la población de los 27 países de la Unión Europea (UE) eran ciudadanos de fuera de la UE, lo que se incrementaría al 12,5 % si tenemos en cuenta los movimientos entre países de la UE.

Por último, no hay que olvidar que Europa es también emisora de migrantes: en 2021, los 2,9 millones de nuevos permisos de residencia en países de la UE contrastaban con los 2,3 millones de emigrantes registrados.

Bulo 3: los migrantes nos traen enfermedades. Nada más lejos de la realidad. Hace ya varias décadas se describió un fenómeno conocido como “efecto del migrante sano”.

Este concepto, empleado en epidemiología y salud pública, se utiliza para describir que la población migrante, independientemente de su origen, tiene un nivel de salud mayor que el de la población autóctona tanto de su país de origen como del país de destino.

Al fin y al cabo, se sabe que no emigra quien quiere sino quien puede, y el trayecto migratorio puede ser muy exigente, tanto física como económicamente.

Se ha observado, sin embargo, que la salud de los migrantes va empeorando conforme aumenta la estancia en el país de destino, debido sobre todo a las condiciones de vida, como hacinamiento, malnutrición, situación irregular que dificulta el contacto con los programas de salud pública y el acceso al sistema sanitario, entre otras.

Estas condiciones impactan negativamente en su salud al aumentar su vulnerabilidad social y su susceptibilidad a enfermedades, tanto infecciosas como crónicas.

Si bien es cierto que algunos grupos de migrantes pueden provenir de zonas de alta prevalencia de enfermedades como el VIH o la tuberculosis, los estudios muestran que más de la mitad de los migrantes que viven con el VIH en España se infectaron aquí.

Por otro lado, las barreras de acceso al sistema sanitario hacen más difícil que los pacientes tengan un adecuado seguimiento médico de sus patologías, sufriendo interrupciones de tratamientos crónicos e incluso denegaciones de los mismos. En España, esto se hizo especialmente patente entre 2012 y 2018, años en que su sistema sanitario perdió la universalidad.

En cuanto a las enfermedades crónicas, un estudio de 2020 reveló que la prevalencia de estas era menor en las personas migrantes en situación irregular en comparación con las que se encontraban en situación regular y con la población autóctona.

Estos resultados, al igual que el concepto del “migrante sano”, refutan las afirmaciones previas de que la carga de enfermedad en los migrantes es superior a la de la población nativa del país de destino.

Por el contrario, muchos migrantes pueden padecer enfermedades desatendidas. Son enfermedades infecciosas clásicamente presentes únicamente en zonas tropicales y asociadas a la pobreza.

En líneas generales, no son transmisibles a la población autóctona de los países de destino, bien porque no se dan las condiciones ambientales adecuadas para que los ciclos de estas enfermedades se completen, bien porque las posibles vías de transmisión están reguladas, como es el caso de las transfusiones sanguíneas y los trasplantes de órganos.

Bulo 4: los migrantes nos roban los recursos. La evidencia científica muestra cómo los migrantes no sólo no utilizan más recursos sanitarios, sino que los usan mucho menos que la población autóctona.

En cuanto a los inmigrantes en situación irregular, los más demonizados sobre el uso de recursos, se ha comprobado que, en condiciones de igualdad de acceso, la utilización de la asistencia sanitaria es mucho menor entre este grupo de migrantes que entre los nacionales españoles, y también inferior a la de los inmigrantes documentados, independientemente del país de origen o de la duración de la estancia en España. Lo mismo ocurre con el consumo de medicamentos.

Igualmente, la situación de irregularidad conlleva la ausencia de derecho a bajas laborales retribuidas u otros derechos sociales que sí tienen las personas trabajadoras en situación regular, con ahorros en impuestos que habitualmente no redundan en el empleado, sino en el empleador.

Por último, se puede afirmar que la migración constituye un factor de alivio de la crisis demográfica y que es beneficiosa para el mercado laboral. De ahí que desde la Oficina Regional Europea de la Organización Internacional de las Migraciones se haga un llamamiento a considerar la migración como una oportunidad, y no como un problema.

El ser humano siempre ha temido a lo desconocido. Conocer y tratar de entender lo extraño es la base para comenzar a aceptar aquello que nos resulta diferente.

Recordar nuestro pasado también es un ejercicio saludable, ya que España ha sido, en muchos momentos de su historia, un país de emigrantes. En nuestras manos está combatir el odio y la falsedad con los datos y la evidencia científica.

[1] Nota: Artículo escrito con el asesoramiento de la Sociedad Española de Epidemiología.

                                 “MANICURE” Y DESAFUERO

El Mercurio, Editorial, 13/01/2025

Hace algunos días, se conoció la decisión del tribunal de garantía de Temuco de dejar en prisión preventiva al desaforado diputado Mauricio Ojeda, investigado por la arista “manicure” del caso Convenios.

El parlamentario independiente, elegido en un cupo del Partido Republicano, enfrenta cargos por los $730 millones transferidos desde el gobierno regional de La Araucanía a dos fundaciones que debían realizar capacitaciones en peluquería, manicure y masoterapia a 200 mujeres en las comunas de Temuco y Padre Las Casas, actividades que nunca se completaron.

Según la fiscalía, el diputado tendría responsabilidad como autor y cooperador en el delito, pues, valiéndose de su posición, habría facilitado el acceso de esas fundaciones a fondos públicos al tiempo que supuestamente se habría beneficiado de ellos.

En este sentido, y aunque habrá que esperar a que la justicia determine su real participación, los hechos investigados son de evidente gravedad. De comprobarse las imputaciones, el parlamentario habría defraudado de modo repudiable la confianza depositada en él por sus electores.

Con todo, aunque el episodio alerta una vez más sobre la responsabilidad de las colectividades al momento de seleccionar candidaturas, cabe reconocer que el Partido Republicano ha marcado distancia —Ojeda renunció a la bancada— y condenado con claridad los hechos.

La celeridad con que ha avanzado la investigación respecto del parlamentario contrasta con otras aristas del mismo caso Convenios, como la que vincula a la también diputada Catalina Pérez.

Si bien fue precisamente esta arista la primera en ser conocida, al estallar en 2023 el escándalo, recién hace tres semanas la fiscalía solicitó su desafuero. En el intertanto, la parlamentaria recibió, sucesivamente, un inicial apoyo de su expartido, Revolución Democrática, para luego ver suspendida durante un año su militancia, volver a las filas del Frente Amplio e incluso ser invitada a una gira presidencial.

Posteriormente, al conocerse nuevos antecedentes, otra vez fue cuestionada y terminó renunciando a su colectividad.

Ciertamente, la corrupción es un fenómeno independiente de banderías ideológicas pero que va minando la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Por lo mismo, es importante la reacción de los distintos sectores cuando las indagatorias involucran a una figura de sus filas, apoyando la investigación y evitando interferir en el actuar de la justicia.

En este sentido, la distancia asumida respecto de Ojeda por su sector político marca una clara diferencia con la actitud con la que, hace menos de un año, el Partido Comunista enfrentó la formalización del exalcalde Jadue, con manifestaciones afuera de los tribunales y hasta la conformación de un insólito comité internacional en su apoyo.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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                            EL NEGOCIADO DEL SIGLO

GDB Fernando Hormazábal Diaz – 09/01/2025

“¿Inocentes palomas o brutas, brutos y brutes ignorantes?

En esta angosta y larga faja de tierra suele ocurrir con bastante frecuencia los llamados “robos del siglo” que en los últimos años llevamos ya tres. Hoy agregamos otro a la categoría de “negociado del siglo”.

El primero fue con la “gordi” que se impuso por la prensa del negociado de su hijo con la madre de sus nietos, con la venia y ayuda del hombre más rico de Chile que le prestó US$5 millones a través de su banco, y así nomás, sin garantías.

Si bien, el monto actual de la casa de Allende, sería como se dice en el vulgo un “moco de pavo”, es tanto o más grave que el anterior, pues involucra directamente a altas autoridades de gobierno y del Congreso: una ministro de estado y una senadora de la república, además del propio mandatario que firmó el decreto respectivo, la ministra de Bienes Nacionales donde nace el ilícito, la vocera de Gobierno que cambia todos los días de opinión, la CGR que no objetó la ilegalidad, lo que es grave dada la personalidad de la Contralora General; y hasta el propio notario que se prestó como Ministro de fe.

Con estos ejemplares que asumen altas responsabilidades ya sea en el gobierno de turno como los que aspiran a un cargo millonario en el Congreso, previamente deberían ser sometidos a una especie de PSU o PAES, porque hasta un alumno de primer año de leyes, salvo Boric, conocen que tanto a los ministros de Estados como a parlamentarios les está vedado celebrar contratos con el Estado, aunque sean representados por terceras personas.

Por eso extraña que el abogado constitucionalista Correa Sutil, afirme que los parlamentarios que apelarán al TC “debieran acreditar que el contrato le era más beneficioso que vender el inmueble en el mercado” caso contrario “que estuvo motivado por el afán de seguir envenenando el ambiente político.”

Toribio se pregunta, ¿este muchacho Correa habrá obtenidos su título igual que la comandante Claudia? Y fue nada menos que Subsecretario de Interior en un pasado y activo columnista en diversos medios.

Si no han leído la CPE los que defienden a brazos partidos que no hubo ilícito, que no actuaron con mala fe, que fueron mal asesorados, que el hecho no se concretó, que el Estado no alcanzó a hacer el gasto, etc., etc., les sugiero que lean o escuchen lo dicho al respecto por Marisol Peña, quien fuera miembro y presidente del Tribunal Constitucional, que además declaró que tanto la ministro Maya Fernández como la senadora Isabel Allende, debían dejar su cargos.

Para despejar dudas, esa modesta pluma les ahorra el trabajo de mirar la Constitución: Art.37 bis.: “Durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo (…)” y el Art 60 inciso segundo: “Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado, o el que actuare como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza (…) La inhabilidad a que se refiere el inciso anterior tendrá lugar sea que el diputado o senador actúe por sí o por interpósita persona, natural o jurídica, o por medio de una sociedad de personas de la que forme parte”.

Es bueno recordar que la expresidenta del Senado fue coronada como la reina de los certificados de “falsos exonerados”, que nos ha significado seguir manteniendo a cientos de miles de individuos con beneficios económicos, de salud y educación, que le han significado al Estado, es decir a nosotros, miles de millones de US$; además de eludir contribuciones por una casa de descanso y con piscina en un terreno agrícola sin la autorización de la Dirección de Obras Municipales.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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                                                                                   UNA COMPRAVENTA QUE DESNUDA A UN GOBIERNO

El Mercurio, Editorial, 12/01/2025

“Acá no hay espacio para las equivocaciones”, sentenció esta semana, rotundo, el Presidente Boric, al inaugurar obras en el Biobío. Una ironía —o un mal chiste, dirían los más críticos—, en momentos en que su gobierno no logra deshacer el inmenso entuerto que generó con la fallida compra de la residencia del expresidente Allende.

Una operación que involucró al menos a tres ministerios y al propio gabinete del mandatario, todos incapaces de advertir la explícita prohibición constitucional que la impedía, y que hoy tiene a los equipos asesores debatiendo cómo deshacer lo obrado.

En el camino, se desató el enojo del PC y, especialmente, del PS. No solo por involucrar un nombre que pertenece al patrimonio simbólico de la izquierda, sino además por poner en entredicho a una ministra de sus filas (la titular de Defensa, nieta del exmandatario) y dejar, casi al término de su carrera política, a la senadora Isabel Allende —otra figura emblemática del socialismo— enfrentada a una solicitud de inhabilitación que deberá resolver el Tribunal Constitucional.

Toda una metáfora de una administración que —cual si se tratara de dirigentes estudiantiles— parece a veces seguir entendiendo la acción de gobierno como un ejercicio retórico, donde la prolijidad en el diseño de las políticas y su correcta ejecución serían cuestión apenas secundaria.

En efecto, si el tema de la fallida adquisición ha marcado este inicio del año, no es por los montos envueltos (significativos, pero muy menores dentro del presupuesto nacional) y ni siquiera por la eventual polémica que la decisión misma pudiere legítimamente generar. Lo verdaderamente relevante es lo que esta situación revela del Gobierno.

Y es que puede resultar a estas alturas una obviedad hablar de las deficiencias que ha mostrado esta administración al gestionar el Estado. Más aún, hasta cierto punto, ello es entendible tratándose de autoridades que han debido modificar radicalmente sus planes y adecuarlos a las prioridades que les han impuesto la ciudadanía y la propia realidad del país: sin ser una justificación, pueden comprenderse las dificultades en hacerse cargo de la seguridad pública o en impulsar el crecimiento por parte de quienes en su programa pasaban casi por alto estas materias.

Pero lo que este caso desnuda es la incapacidad para llevar adecuadamente a cabo iniciativas nacidas en el seno mismo del Gobierno y que este se ha autoimpuesto priorizar. En esas condiciones, se hubiera esperado que la operación tuviera al menos una ejecución técnica impecable, como la tuvieron, por ejemplo, el Centro Cultural La Moneda, en el gobierno de Ricardo Lagos, o el Museo de la Memoria, en la primera administración de Michelle Bachelet.

Lejos de eso, esta fallida compra apenas ha servido para que un ministerio del que tradicionalmente poco se sabe, como es Bienes Nacionales, haya pasado a ocupar los titulares de la prensa por el rol jugado y porque se decidió hacer valer la responsabilidad política en la ministra que lo encabezaba.

No es, por cierto, la primera vez que un asunto en que el Presidente Boric se ha comprometido personalmente termina en una auto inferida crisis.

El ejemplo mayor fue el de los indultos a los “presos de la revuelta”. Como entonces, ahora, otra vez, el mandatario aparece no habiendo ponderado antecedentes legales básicos antes de firmar un decreto; en este caso, el que autorizó la compra.

A la luz de ello, la pregunta surge inevitable: si hay incapacidad para abordar adecuadamente asuntos que comprometen tan íntimamente al gobernante y sus convicciones, ¿qué se puede esperar en el resto de las materias?

Y si una simple compraventa termina en un gran desaguisado jurídico, ¿qué queda para temáticas infinitamente más complejas de gestionar, desde los cambios al financiamiento universitario hasta la reforma al sistema de pensiones?

Responsabilidad opositora. Renovación Nacional se transformó ayer en el primer partido en proclamar a Evelyn Matthei como su candidata presidencial. Con una trayectoria de décadas y una capacidad mostrada en las más diversas responsabilidades públicas, encarna la expectativa de una profunda corrección de la forma en que se ha gestionado el Estado estos últimos años y del rumbo que se ha pretendido imponerle al país.

Su intervención ante los consejeros de RN sintetizó aquello, pero además llamó la atención por su tono realista, comprometido en recuperar el manejo riguroso de los asuntos públicos.

Días antes, el Partido Republicano, a su vez, había proclamado a José Antonio Kast, anticipando que la oposición enfrentará con más de un candidato los comicios de noviembre. Esto ya ha ocurrido antes, pero, en las difíciles circunstancias actuales, impone una especial responsabilidad para quienes buscan ofrecerle una necesaria alternativa al país.

La reciente elección de gobernadores, en que la falta de una adecuada coordinación estratégica impidió a la oposición desplazar al oficialismo en distintas regiones, debiera ser asumida como una dura enseñanza por todo el sector.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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                                                                 UNA NOVELA FUTURISTA ESCRITA EN 2016

Humberto Julio Reyes

Días atrás y mientras pacientemente esperaba mi turno para cortarme el pelo, hojeé una de esas antiguas revistas que, habitualmente, se encuentran en las peluquerías.

Era un número de la revista “Capital” del año 2016 y, por simple curiosidad, me detuve en el capítulo IV de una novela por entregas titulada “Santiago de Chile”, motivado por el nombre de ese capítulo: “Wallmapu”.

Leyendo me sorprendí, ya que describe la existencia en 2036 de una nación mapuche independiente, con capital en Temuco, como consecuencia de un grave acontecimiento sucedido en 2019.

¿Curioso verdad? ¿Les recuerda algo ese año?

Me pregunté cómo pudo su autor, un señor Francisco Ortega, que anteriormente había publicado “Logia”, imaginar con tres años de antelación lo que vendría a remecer nuestra confiada institucionalidad y proyectarla con consecuencias tan catastróficas.

También saqué de inmediato la cuenta que faltaban aún once años para esa fecha fatídica, lo que, en caso de también ser algo premonitorio, era posible que, afortunadamente, me lo perdiera, más no mis descendientes.

Inquieto entonces procuré obtener el texto completo de la novela, pero, aunque consulté la página del autor y otros buscadores de internet, no tuve éxito.

¿Algún paciente lector la habrá leído y sabe cómo obtenerla?

Desde niño me encantaban las lecturas de ciencia ficción y, “2001, Odisea del espacio”, sigue siendo quizás mi favorita, pero Kubrick erró por muchos años, de ahí que este hallazgo por puro azar, me tenga intrigado.

Pienso que gente como el señor Ortega hace falta en nuestra aparentemente inefectiva ANI que, más que recurrir a diversas fuentes abiertas o cerradas, sean personas que hagan uso de imaginación para diseñar posibles escenarios y, en particular, los más probables y peligrosos.

Lo anterior ayudaría quizás a impedir que lo imaginado por el señor Ortega se haga realidad.

¿Sería mucho pedir?

10 de ene. de 25

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