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La pena de muerte. GDB (R) Fernando Hormazábal Díaz

 

                         LA PENA DE MUERTE

 

¿Una necesidad indesmentible?

Domingo 23 de marzo de 2025

        La falta de seguridad existente en el país por la naturaleza de los crímenes que asolan a la población y con el grado de violencia y alevosía llevados a cabo, tales como: el secuestro, crimen e inhumación del ex teniente venezolano Ojeda; el asesinato del matrimonio González-Callejas en Graneros y del ciudadano francés en Chicureo; además de los numerosos casos de cadáveres desmembrados en el Cerro Chuño, Arica, y varios lugares a lo largo del país; los crímenes conocidos por “el asesino del tambor”; el asesinato de tres carabineros  en Cañete, entre otros, dan cuenta del grado de crueldad a que se ha llegado, lo que ha traído a colación el tema de la pena de muerte. Súmese a lo anterior, el ambiente pre eleccionario que da lugar a variados comentarios tanto en su favor como en contra.

      Esta discusión es de larga data, no solo en Chile sino en el mundo entero. Según Amnistía Internacional la pena de muerte ha sido abolida en 145 estados y 60 aún lo mantienen vigente. Los detractores afirman que hay estudios –sin mencionarlos- que concluyen que dicha pena no ha logrado disminuir la comisión de delitos. Parte de esta disputa además del aspecto legal, es el derecho a la vida y la creencia religiosa, y tanto el Papa Francisco como nuestro Cardenal Chomalí, han afirmado su abolición en el mundo. Se proclama al respecto soluciones más globales, como la prevención, mejores condiciones sociales, como trabajo y educación, etc.; a esta pluma le parece obvio, pero hace más de 70 años que viene escuchando lo mismo, pero no solo seguimos igual sino peor y la situación no da para más. Por su parte, Toribio se pregunta si existe alguna publicaciónque refleje el grado de reinserción social o cambio conductual de delincuentes después de un largo periodo de reclusión -por lo menos en Chile- que amerite la exclusión de dicha pena. El asesino de la adolescente Ámbar y de las otras 4 víctimas no parece formar parte de ello.  ¿Se ha hecho algún seguimiento? ¿Existe algún estudio?

        Es cierta y muy justificada esa sensación colectiva del aumento de la criminalidad. Los hechos que lo sustentan son demasiados y cada día más violentos. Sin duda que el crimen organizado y el narcotráfico hasta hace algunos años desconocidos hoy forman parte de una funesta normalidad, que pese a los esfuerzos de las policías y de las FF.AA. cuando cumplen tareas de orden público no ha sido suficiente. Desgraciadamente, el desconocimiento general de la población sobre las limitaciones que tienen los organismos antes citados con las denominadas Reglas de Uso de la Fuerza -que se pensaba votar hace unos días en el la Cámara, sin la presencia de sus representantes e incluso de la ministra de Defensa- habla por sí solo de como a puertas cerradas el gobierno pretendía convertir en ley restricciones a dicho personal, las que tienden a favorecer y proteger a los delincuentes en desmedro de los agentes del Estado. Con el agravante que ante un eventual delito cometido por un funcionario será juzgado por la justicia ordinaria y no por la justicia militar -modificado durante la democracia- lo que a la postre significa dada la ideologización de jueces y de las Cortes, la prisión y término de la carrera para el afectado, como ha ocurrido hasta la fecha.

    ¿Recuerdan el caso del malabarista con machetes que intentó agredir a un carabinero? ¿Como salieron hasta ministros de Estado en defensa del delincuente? ¿Cuántos funcionarios de carabineros y del FF.AA. están siendo procesados por el uso de sus armas durante los disturbios del 18 octubre cuando se pretendió derrocar a Piñera? ¿Por qué creen Uds. que sucedió el asalto y robo de fusiles a la guardia de un cuerpo de elite de la Armada? ¿Pregunten cuanta munición de fogueo y cuanta de guerra tiene cada cargador?; y ¿Cuándo y Cómo pueden hacer uso de ella? ¿No les extraña que para el reciente apagón general que sufrió gran parte del país, los militares salieran a la calle sin cargadores en sus fusiles, expuestos a cualquier atentado criminal? ¿Por qué razón no se ha logrado terminar con el terrorismo existente en la Macrozona Sur? ¿Por incapacidad de los medios? Definitivamente no, sino por las restricciones impuestas por el poder político a las FF.AA. y de Orden y Seguridad

        La pena de muerte en Chile estaba vigente desde la Colonia, aun cuando solo hay documentos que respaldan a partir del siglo XVIII. De hecho, hay constancia de 5 casos entre 1743 y 1806. La muerte era el castigo para delitos que incluían el abigeato continuo y los asaltos a caminos -que hoy día pasan piola y por lo general los procesos no terminan en nada-. Y aunque parezca tragicómico, todo dependía de la cantidad de ganado mayor o menor que se robase; el robo menor era castigado con 100 azotes y destierro de cuatro años. Obviamente que existían “beneficios procesales” a los miembros de la nobleza. La ejecución -la horca- era precedida por un largo proceso de vergüenza pública, la que incluía una cantidad no menor de azotes que se distribuían en el camino a su destino final. Toribio, se excusa de excluir otros detalles que son espeluznantes.

        Esta norma más humanizada fue incluía en el ordenamiento jurídico en 1875, según Wikipedia, y a la fecha desde 1852 se registran 57 casos por variados delitos: piratería, robos, robos con homicidios, y homicidios. Los últimos fusilamientos fueron bajo el Gobierno Militar: en Calama, en 1982, a dos agentes del Estado, civiles, cuyos detalles conocí muy de cerca, por encontrarme al mando de la unidad de Ingenieros en Chuquicamata; y en Quillota, en 1985, a dos carabineros por 10 homicidios, 4 violaciones y robos. En el ámbito Constitucional esta pena aparece contemplada en las siguientes cartas fundamentales: 1822, Art. 108 y Art. 167; 1823, Art. 272; 1980, Art. 19.1. (…) La pena de muerte sólo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado;2005Ídem., que es lo que actualmente rige. Sin embargo, bajo el gobierno del presidente Lagos (2001) la pena de muerte establecida en el Código Penal fue derogada por ley reemplazándola por el presidio perpetuo calificado; y a mayor abundancia, en el año 2008, durante la administración de Bachelet 1 se ratificó el Protocolo a la Convención Americana sobre los DD.HH. relativos a la abolición de la pena de muerte, con la reserva que podrá aplicarse en tiempo de guerra conforme al Derecho Internacional.

    Quienes abogan por no reincorporar dicha pena, hacen referencia al Art.5,2 de la carta fundamental: El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana (…) Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Lo que ha dado lugar a que muchos consideren inviable su restitución. Sin embargo, a juicio de algunos entendidos nuestra CPE “no reconoce de manera explícita la jerarquía constitucional que tienen los tratados de DD.HH. en el derecho interno (Asesoría Técnica Parlamentaria B.C.N.) y como no se encuentra determinada su jerarquía, ha sido interpretado de distintas formas el artículo antes citado, existiendo de hecho discrepancias entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional.

        No obstante, para este modesto ciudadano de a pie, tiene mayor validez lo que no mencionan los abolicionistas, el art.5.1 de nuestra carta magna: La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas (…). Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. La jerarquía está claramente establecida. Plebiscito y elecciones periódicas. No se diga más

 

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)

Visitar su blog en:

https://fhormazabaldiaz.blogspot.com/2025/03/294-la-pena-de-muerte.html

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Envejecer. Comentario de Sandra Pujol

 

                              Envejecer

Comentario de Sandra Pujol:
Si observamos con cuidado podemos detectar la aparición de una franja social que antes no existía: la gente que hoy tiene entre cincuenta y ochenta años.
A este grupo pertenece una generación que ha echado fuera del idioma la palabra “envejecer”, porque sencillamente no tiene entre sus planes actuales la posibilidad de hacerlo.
Se trata de una verdadera novedad demográfica parecida a la aparición en su momento, de la “adolescencia”, que también fue una franja social nueva que surgió a mediados del S. XX para dar identidad a una masa de niños desbordados, en cuerpos creciditos, que no sabían hasta entonces dónde meterse, ni cómo vestirse.
Este nuevo grupo humano que hoy ronda los cincuenta, sesenta , setenta u ochenta, ha llevado una vida razonablemente satisfactoria.
Son hombres y mujeres independientes que trabajan desde hace mucho tiempo y han logrado cambiar el significado tétrico que tanta literatura latinoamericana le dio durante décadas al concepto del trabajo.
Lejos de las tristes oficinas, muchos de ellos buscaron y encontraron hace mucho la actividad que más le gustaba y se ganan la vida con eso.
Supuestamente debe ser por esto que se sienten plenos; algunos ni sueñan con jubilarse.
Los que ya se han jubilado disfrutan con plenitud de cada uno de sus días sin temores al ocio o a la soledad, crecen desde adentro. Disfrutan el ocio, porque después de años de trabajo, crianza de hijos, carencias, desvelos y sucesos fortuitos bien vale ver el mar con la mente.
Pero algunas cosas ya pueden darse por sabidas, por ejemplo que no son personas detenidas en el tiempo; la gente de ” cincuenta, sesenta, setenta u ochenta””, hombres y mujeres, maneja la computadora como si lo hubiera hecho toda la vida. Se escriben, y se ven, con los hijos que están lejos y hasta se olvidan del viejo teléfono para contactar a sus amigos y les escriben un e-mail o un whatsapp.
Hoy la gente de 50, 60 ,70 u 80, como es su costumbre, está estrenando una edad que todavía NO TIENE NOMBRE, antes los de esa edad eran viejos y hoy ya no lo son, hoy están plenos física e intelectualmente, recuerdan la juventud, pero sin nostalgias, porque la juventud también está llena de caídas y nostalgias y ellos lo saben. La gente de 50, 60 , 70 y 80 de hoy celebra el Sol cada mañana y sonríe para sí misma muy a menudo…hacen planes con su propia vida, no con la de los demás. Quizás por alguna razón secreta que sólo saben y sabrán los del siglo XXI. La juventud se lleva por dentro.
La diferencia entre un niño y un adulto; simplemente es el precio de sus juguetes.

Fuente imagen: revista Vive

 

Un aporte de nuestro Past Presidente GDB. René Norambuena

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Que lloren los Criminales. Cristián Labbé Galilea

 

                                     Que Lloren los Criminales

Cristián Labbé Galilea

El mundo se horrorizó al enterarse que, en la madrugada de un día cualquiera, un matrimonio como muchos había sido asesinado mientras dormía en su casa de Graneros. Eran las 03.30 cuando sonó el 133 de Carabineros para pedir ayuda; estaban siendo atacados con armas de fuego… la comunicación se cortó; la policía intentó identificar el lugar y no pudo, trató de obtener detalles pero no tuvo respuesta… Rodrigo González, agricultor de 61 años, y su señora, Carolina Calleja, que trabajaba en un Colegio de Machalí, habían sido acribillados al interior de su domicilio, en la más absoluta indefensión. ¡Ese es el Chile de hoy!

Ya no sólo es el timado, el robo o “el cuento del tío”, ya no solo es un simple delincuente. Hoy hay violencia, crimen organizado y narco terrorismo en todas partes, ciudades, campos y barrios; el país vive en un estado de total inseguridad, nadie está a salvo de un portonazo, de una encerrona o de una agresión armada en su domicilio. Basta ver las noticias, las cifras son alarmantes. ¡El miedo se ha transformado en… cosa viva!

El crimen y la violencia son la semilla de ese miedo; cuando el miedo se siembra en una sociedad, sus frutos son la desconfianza, la inseguridad y la desesperanza. ¿Cómo va a ser tan difícil que nuestras autoridades lo entiendan?

Una sociedad aterrada pierde bastante más que su seguridad, pierde su capacidad de crear, crecer y soñar con un futuro mejor; además, una sociedad horrorizada sufre una sensación permanente de miedo y conmoción, lo que se traduce en ansiedad colectiva y en pérdida de confianza en sus instituciones políticas, judiciales, de orden y seguridad, todas…

Claramente, a juicio de esta pluma, la situación no da para más, ha llegado la hora de “tomar el toro por las astas”. ¡Basta de discusiones estériles! La pena de muerte, por mucho que algunos la pidan, es inviable por mil razones; las “creativas” estrategias para hacer eficiente el actuar de las policías y fortalecer el trabajo de los municipios, son en buen chileno “paja molida”, no van a dar con la solución requerida ni responderán a la urgencia que se necesita.

La solución no es fácil, pero hay que tomar decisiones. Nuestras autoridades y nuestras instituciones deben convencerse que los delincuentes y los criminales no son “infractores” o “antisociales”, son lisa y llanamente “enemigos”, y como tales hay que tratarlos. Las fuerzas de Orden y Seguridad deben actuar en consecuencia, la ley debe respaldarlos a todo evento y, en el caso de la sociedad civil, la ley debe permitir claramente la tenencia de armas en los domicilios para que, quien viole la seguridad de un hogar, asuma que será… “hombre muerto”.

Por último, para esta pluma es inaceptable que, ante el alevoso asesinato del matrimonio González-Callejas, el Ministro de agricultura haya dicho con todo desparpajo “no sean llorones”.

Ministro, entienda… los que debieran llorar son los criminales

                                                                    

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Cantidad no implica calidad. GDB. Humberto Julio Reyes

 

                                                       CANTIDAD NO IMPLICA CALIDAD

               Humberto Julio Reyes

         Por supuesto, dirá usted estimado y paciente lector.

         Es algo evidente, tratándose de términos que no son sinónimos y que incluso podrían estar inversamente relacionados, por algo el sabio dicho: de lo bueno, poco.

         Sin embargo, la reciente proliferación de candidatos al cargo de Presidente de la República, me ha llevado a expresar, como título de esta columna, algo que es de Perogrullo.

         Que sean muchos, más allá de poner en evidencia el deseo de servirnos desde ese alto cargo, no implica ni menos asegura que posean las competencias para ejercerlo con razonable solvencia.

         ¿Nos enfrentaremos los votantes, en el mes de noviembre, a una papeleta donde aparezcan 60 (¡sesenta!) nombres?

         Probablemente no, ya que más allá de las motivaciones para postular, algunas altruistas y otras no tanto, el choclo se irá desgranando por el camino.

         Primero, por la imposibilidad física, de parte de la mayoría, de obtener los 35.000 apoyos que requiere cualquier hijo de vecino que no representa a un partido político.

         Segundo, porque no todos los partidos inscribirían un candidato y las elecciones primarias debieran reducir el número de los que llegarían a primera vuelta.

         Pero, esa es la parte formal, Vayamos al fondo.

         ¿Es acaso un cargo cualquiera, para el cual no se requiere condición alguna?

         ¿Basta la aspiración de ejercerlo o “habitarlo” para sentirse apto?

         No cabe duda que, parece condición indispensable en un político, el tener una alta opinión de sí mismo, pero hay límites, como el evitar hacer el ridículo desde la partida o no correr el riesgo de ser elegido para algo que supera ampliamente las propias capacidades.

         Pero pareciera que estos numerosos postulantes, aficionados y profesionales de la política, parecieran pensar: si fulano(a) ha sido presidente, ¿por qué no yo?

         ¿No sería posible que los entrevistadores los sometieran a una suerte de cuestionario que incluyera los diez problemas que parecieran más difíciles de solucionar para que los votantes, en casa, advirtieran si han pensado siquiera en cómo solucionarlos?

         No estamos hablando de grandes temas que permiten evadirse de respuestas directas, como seguridad, crecimiento, salud, educación, etc., donde ya hemos escuchado por años generalizaciones como: un país más justo, más inclusivo, más seguro, más más.

         Sugiero una pregunta, para empezar, usted amable lector debe tener otras.

         ¿Cómo solucionaría la megatoma de San Antonio?

         ¿Cuántos de los 60 entusiastas participantes tienen siquiera alguna idea al respecto o esperan que se resuelva sólo por inercia?

         No estará de más recordarles que en este tema están comprometidas diversas instituciones fundamentales en un estado de derecho, como son el derecho de propiedad, el acatamiento de los fallos de los tribunales y la forma de acceder a subsidios para adquirir una vivienda.

         Su atropello ya lo conocimos los más viejos en los años setenta.

20 de mar. de 25

 

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

                                                                    

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Chilenos, alégrense, los Generales y Almirantes (R) están de regreso. Richard Kouyoumdjian Inglis. El Líbero

 

                                                                                CHILENOS, ALÉGRENSE, LOS GENERALES Y ALMIRANTES

                                                                    ESTÁN DE REGRESO

Richard Kouyoumdjian Inglis – El Líbero, 19/03/2025

En lo que ya es una tendencia a nivel de municipalidades y en la empresa privada, los tres principales candidatos de derecha están incorporando a generales de Ejército y de Carabineros en retiro en sus comandos, y de seguro luego aparece más de un almirante.

En el Chile actual sería muy deseable que oficiales generales en retiro no sólo sean rostros y asesores de campaña, sino que ocupen las posiciones de ministro de Defensa Nacional, Seguridad Pública y de asesor de Seguridad Nacional.

No es de extrañar que esto suceda debido a los problemas de seguridad pública que estamos experimentando, cosa que los programas de gobierno capturan en sus contenidos, los que obviamente producto de gravedad e importancia, requieren de expertos en las materias para su correcta implementación y ejecución, algo que se puede encontrar abundantemente en las filas de los oficiales generales y superiores en retiro.

Puede que estas incorporaciones a algunos les llame la atención o les parezcan poco apropiadas, pero los generales y almirantes en retiro tienen libertad de acción en política desde que su retiro es efectivo.

Dejan de ser uniformados y son para todos los efectos civiles desde el minuto que dejan las filas de sus instituciones, no correspondiendo su incorporación a los distintos comandos a una militarización de la política, ya que como dije antes, son civiles que ya no tienen responsabilidades en las instituciones armadas de Chile, y que los buscan por sus capacidades y experiencias, algo que Chile necesita con urgencia.

Evidentemente siempre existe la tentación de querer usarlos más como rostros que por su experiencia y conocimiento. Al contrario de algunas de las autoridades actuales, un general o un almirante transmite seguridad y confianza a la población, pero no son necesariamente de ADN político, lo que en algún minuto puede producir conflicto con los liderazgos de los comandos que integran, ya que no son vendedores de humo o de ilusiones. Son estrategas, son oficiales de estado mayor o su equivalente en Carabineros.

Si ellos ven que se están prometiendo cosas que no son viables sin presupuesto, o que están fuera de lo que es propio del Estado de Derecho, o para lo cual no existen capacidades lo van a decir y no les importa pasar por poco políticos o pesados.

No hay nada más alejado de la ética militar que comprometerse con soluciones que no son viables, que puedan rayar en la ilegalidad, o que puedan colocar a las tropas en riesgos innecesarios.

Hay aspectos de la inseguridad pública que requieren de marcos jurídicos que deben proveerse desde el Congreso Nacional, quedando el resto de las soluciones dependientes de los presupuestos, capacidades militares y policiales disponibles.

Los generales y almirantes en retiro no van a comprometer a sus camaradas de armas que están en servicio con soluciones que puedan implicar que terminen en la cárcel. Son los primeros que van a exigir de buenas y lógicas reglas de uso de la fuerza, como también leyes que los protejan o eximan cuando deban emplear la fuerza por instrucciones de la presidencia o simplemente cuando haya que restablecer el Estado de Derecho cuando este se haya perdido.

También esperaría que los generales y almirantes en retiro sean los primeros en no recomendar estados de excepción eternos como los que se dan en la Macrozona Sur, en donde las Fuerzas Armadas más bien parecen espantapájaros que nunca dejarán de cumplir ese rol, que fuerzas que tienen el objetivo de neutralizar o eliminar la insurgencia, el terrorismo y la delincuencia que azota a las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco.

Lo mismo esperaría en cuanto a su uso en la frontera norte y noreste, en donde no cumplen roles relevantes aparte de recibir a los que quieren entrar ilegalmente al país.

En el Chile actual sería muy deseable que oficiales generales en retiro no sólo sean rostros y asesores de campaña, sino que ocupen las posiciones de ministro de Defensa Nacional, Seguridad Pública y de asesor de Seguridad Nacional, este último puesto no existe, pero sería altamente recomendable que existiera dada la complejidad multisistémica y multitemática que nos afecta.

Si un candidato presidencial de los que ya ha decidido tener oficiales generales en su equipo quiere anotarse unos puntos más, el indicar que generales y almirantes serán ministros o subsecretarios le aseguro que lo va a lograr.

Atrévanse y sean innovadores. La situación es crítica y requiere de profesionales experimentados en la alta dirección. No se van a arrepentir de los resultados que pueden entregar.

Para ir terminando, y esto es para los oficiales generales que se involucren en el tema, asegúrense de formar equipos que incluyan asesores financieros y legales, ya que, si les encargan soluciones a temas de seguridad, tengan a bien ver cómo se financian, y más importante aún, los aspectos legales y jurídicos respectivos.

Los civiles van a confiar en lo que ustedes digan a ojos cerrados, por lo que no pueden y no deben fallar. Por todos es sabido que los sucesivos recortes presupuestarios tienen a las Fuerzas Armadas en los huesos, y que estamos muy cortos en policías y gendarmes.

Por último, señores generales y almirantes, hay quienes en el pasado buscaron protegerse a sí mismo, o bien buscaron proteger la democracia como un bien superior, aunque fuera a costa del Estado de Derecho. No corren ningún riesgo si se guían por lo que juramos a la bandera, si protegen a sus soldados y carabineros, y les dan un uso correcto, que sea efectivo y eficiente, de acuerdo con la Constitución, las leyes y reglamentos vigentes.

Los mejores deseos a los que buscan seguir sirviendo a la patria, pero no olviden que no son políticos, y que, aunque estén en retiro, en el fondo siguen siendo militares y policías, y que serán estos últimos los que les rendirán honores el día que se mueran, en sus funerales militares o policiales.

Chilenos, alégrense, 35 años después, los militares y carabineros, con sus generales y almirantes están de regreso y disponibles para ayudar a Chile y los chilenos.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

                                                                    

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Un grupo que vive a costa de otro. Max Silva Abbott. El Líbero

 

                                                 UN GRUPO QUE VIVE A COSTA DE OTRO

Max Silva Abbott, Doctor en Derecho, Profesor de Filosofía del Derecho Universidad San Sebastián – El Líbero, 18/03/2025

Un tema que comúnmente aparece en el debate público es el tamaño que debe tener el Estado para ser eficiente y poder cubrir las necesidades de sus ciudadanos.

Y como es obvio, las posturas van desde aquellas que consideran que sus dimensiones deben ser mínimas, a fin de que los ciudadanos puedan desarrollar de la manera más libre posible sus actividades sin interferencias de la autoridad, a otras que apuntan a un Estado omnipresente, que cual padre cariñoso, esté pendiente hasta de los más mínimos detalles de sus habitantes.

 

El porcentaje de ciudadanos que viva del Estado no debe ser demasiado alto, pues en caso contrario, al generarse este grupo de interés, hará todo lo posible por mantener su statu quo, sin importar el daño que ello pueda ocasionarle a ese país.

Sin embargo, un aspecto que no ha sido tan debatido es la proporción de la población de un país que debiera integrar los organismos de ese Estado. Y si bien por simple matemática, mientras más crezca el Estado requerirá de una mayor dotación de personas y lo contrario (si es un Estado pequeño, de poca gente), no resulta imposible que, en este último caso, pese a las menores funciones que se le exijan, un Estado tenga un muy nutrido ejército de empleados públicos (y también de asesores a honorarios) para ejercer esas labores.

Ahora bien, lo que quiere recalcarse aquí es que por el bien general de un país y por razones mínimas de protección al sistema democrático, la proporción de ciudadanos encargados de integrar los órganos del Estado no debiera sobrepasar un cierto porcentaje del total.

Y en esta cifra no sólo se incluye a los que trabajan directamente con dicho Estado, sino también a las personas que dependen de ellos, básicamente sus familias.

Evidentemente, el porcentaje ideal da para todas las cifras posibles, y aquí no se tiene la respuesta a esta interrogante. Mas de lo que se quiere llamar la atención, es que sea cual fuere dicha cifra, no debe ser muy alta, pues en caso contrario, ello puede generar un problema muy serio tanto para el bien de los ciudadanos, como para la democracia de ese país, según se ha dicho, básicamente por tres razones.

En primer lugar, porque si todas esas personas y familias dependen para su sustento de la permanencia de esos servicios e instituciones estatales, ello los llevará a justificar su existencia a como dé lugar, sin importar si ellos realmente sirven para el bien del país.

En segundo lugar, porque de no ser realmente necesario, ese grupo acabará siendo mantenido por el resto de la población, gracias a los impuestos que el Estado les exija, transformándose así en una especie de casta que vive a costa del resto de la ciudadanía.

Finalmente, en tercer lugar, porque esta situación puede generar la perpetuación en el poder de quienes han ubicado a esas personas dentro del andamiaje del Estado.

Ello, pues en caso de existir un cambio de gobierno, podrían perder sus trabajos e ingresos. De esta forma, si son muchos, el sistema democrático podría convertirse en una ficción.

Por tanto, además de poder generar un daño a la población por un mal servicio de las instituciones y una situación de privilegio para quienes integran ese Estado ineficiente, el problema en comento puede también pervertir el sistema democrático, pues en el fondo, esta masa de población no es realmente libre al momento de elegir a sus autoridades, quedando atrapada por quienes los pusieron ahí, en un auténtico clientelismo político.

Es por eso que el porcentaje de ciudadanos que viva del Estado no debe ser demasiado alto, pues en caso contrario, al generarse este grupo de interés, hará todo lo posible por mantener su statu quo, sin importar el daño que ello pueda ocasionarle a ese país.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

                                                                    

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Umbral. Adolfo Paúl Latorre. Cartas al Director

                                Umbral

Señor Director:

Para evitar la fragmentación política lo más conveniente no es establecer un umbral, sino que un sistema electoral mayoritario o algo que se le acerque; como lo era el sistema binominal.

Los sistemas mayoritarios propenden a la formación de grandes bloques —que reflejan las principales corrientes de opinión, con la presencia de pocos partidos— y a la moderación en los planteamientos políticos, la estabilidad institucional, la gobernabilidad y el desarrollo económico y social.

                           Atentamente le saluda

                                     Adolfo Paúl Latorre

                                     Abogado

                                    Magíster en ciencia política

Viña del Mar, 18 de marzo de 2025

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