¿Qué es una nación? por Ana María Stuven – – Obligación esencial del Estado. Carta al Director por Adolfo paúl Latorre

LAS OPINIONES EN ESTA PÁGINA, SON DE RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE LA UNIÓN

La pregunta no solo es histórica, sino muy contingente. Los derechos fundamentales y las prácticas democráticas, ¿deben inscribirse en el marco de la nación?

El problema de la nación es uno de los ejes en torno al cual giran los debates de la Convención Constitucional. El uso del mapudungun como expresión de la nación mapuche ha agitado sus primeros días de funcionamiento.

De hecho, Elisa Loncón, al asumir su presidencia, anticipó la postura de que Chile debía declararse un Estado “plurinacional”.

Es pertinente, en este contexto, volver a la pregunta que formuló Ernest Renan, intelectual francés, en un discurso pronunciado con este título en 1882 en La Sorbonne, inspirado en la pérdida de Alsacia y Lorena que sufriera su país ante Alemania.

No fue —por cierto— el primero en preguntárselo. La Revolución Francesa y las guerras que le siguieron pusieron sobre la mesa —tal como sucederá en Chile en los debates constitucionales— la relación entre nación y etnias, nación y lenguaje, nación y política.

La pregunta no solo es histórica, sino muy contingente. Los derechos fundamentales y las prácticas democráticas, ¿deben inscribirse en el marco de la nación?

Dos son los modelos que han prevalecido para su conceptualización: la nación política y la nación cultural. El primero surge de la Francia revolucionaria, siendo Emmanuel Sieyès quien mejor lo representa, asociando el concepto de nación al pueblo y a la patria, y rechazando una monarquía considerada ajena y foránea. La nación cultural admite varias interpretaciones, reconociéndose comúnmente que la mayoría de las naciones tiene un compuesto de poblaciones heterogéneas, pero que logran conformar una comunidad definida por condiciones prepolíticas, como el idioma, las costumbres, la historia.

Para gran parte de los teóricos de la nación, la composición racial no sería la más importante entre ellas. Además de comunidad, desde su uso con sentido político en los siglos XVII y XVIII, la nación es un principio de legitimidad política; una comunidad de ciudadanos. Se vincula con el Estado, pero no se confunde con él; tiene una cultura propia, una conciencia colectiva, una historia común, que tiene un significado político.

Puede incluso, como sostuvo Mario Góngora para la historia de Chile, ser formada desde el Estado.

Lo mismo que en el caso francés, una nación soberana, por obra de la Revolución y las guerras. Sería, como sostuvo Renan en su famoso discurso, un plebiscito diario, el cual, en el caso europeo, es fruto de la diversidad cultural.

No son los elementos raciales, religiosos o lingüísticos los que caracterizarían a la nación, sino la voluntad de pertenecer. Lo anterior no niega, sino que afirma la conciencia de un pasado común que cristaliza en su memoria histórica, pero también reconoce que sus tradiciones emanan de una forma de sincretismo; no basta con una cultura común para formar un consenso nacional durable. Es preciso, por el contrario, asumir que su búsqueda puede resultar en un nacionalismo excluyente.

El acuerdo sobre la prohibición de la violencia para zanjar las diferencias es fundamental en un Estado democrático, tanto como el reconocimiento de que esta ha estado en el origen de las fusiones de las poblaciones que lo componen.

Por eso, dice Renan, “el olvido… incluso el error histórico, son un factor esencial de la formación de una nación”.

Desde lo político, la Constitución es la piedra de tope del sistema de instituciones que estructuran la comunidad histórica que se reconoce como nación, y es inseparable de la participación de sus miembros en el conjunto de instituciones sociales, culturales y políticas de una comunidad. Tiene un rol funcional que busca la coherencia de las reglas y los procedimientos, y tiene una significación ética, porque estas corresponden a las convicciones morales de la comunidad.

En ese sentido, la nación implica un principio de solidaridad fundado en la aptitud de identificarse con el otro a través del debate público.

Una solidaridad que rema río arriba, retrospectivamente, hacia las generaciones precedentes y fluye hacia el futuro, solidarizando con las generaciones venideras a través de la acción común de ciudadanos en el presente.

Esa acción solidaria, que percibe sus propias tradiciones como fuente de igualdad entre individuos, grupos y comunidades de origen, de condición y de confesión, abierta a las diferencias internas, requiere una negociación permanente entre lo esencial e indiferente, entre lo público y privado.

En el debate sobre si la nueva Constitución debe establecer un Estado plurinacional, parece relevante repensar el concepto de nación que subyace, para lo cual puede ser necesario relacionar conceptos adyacentes como tradición, memoria, historia, con concepciones éticas inspiradas en la solidaridad, el respeto y la convivencia democrática.

La política debe crear una comunidad política incluyente entre personas plurales y singulares que permita el ejercicio de una ciudadanía moderna. Arrogarse, diría Renan, el derecho a definir los contornos de la nación es una doctrina arbitraria y funesta que justifica toda violencia.

Ana María Stuven

Fuente:El Mercurio, Columnistas, 26/07/2021

Un aporte de nuestro Director Antonio Varas C.

Obligación esencial del Estado

Señor Director:

La ceremonia fúnebre de Pablo Marchant, integrante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), con una “guardia armada” formada por encapuchados portando armas de guerra alrededor del féretro y las incesantes ráfagas de disparos con diverso tipo de armamento, así como la extendida y extrema violencia ejercida contra personas y bienes en la “macrozona sur” llevada a efecto por un ejército irregular compuesto por guerrilleros y terroristas, son una clarísima manifestación de que la CAM y otras organizaciones afines constituyen un enemigo interno que está en guerra contra el Estado de Chile, pero éste no se ha dado por enterado de algo tan evidente.

Los gobernantes del Estado no han cumplido su obligación esencial que es la conservación del orden público y la vigencia del Estado de Derecho, para lo cual —junto con medidas que tiendan a atacar la raíz del denominado “conflicto mapuche”, originado principalmente por la nefasta “ley indígena”— deben aplicar la violencia física legítima del Estado necesaria para restituir el orden exigido por el bien común.

                  Atentamente le saluda.

                                Adolfo Paúl Latorre

Obligación esencial del Estado por Adolfo Paúl Latorre y Horas decisivas (El Mercurio)- La violencia no amaina en la Araucanía por Adolfo Carrasco Lagos CN.

LAS OPINIONES EN ESTA SECCIÓN, SON DE RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE LA UNIÓN

Los gobernantes del Estado no han cumplido su obligación esencial que es la conservación del orden público y la vigencia del Estado de Derecho, para lo cual —junto con medidas que tiendan a atacar la raíz del denominado “conflicto mapuche”, originado principalmente por la nefasta “ley indígena”— deben aplicar la violencia física legítima del Estado necesaria para restituir el orden exigido por el bien común.

Obligación esencial del Estado

Señor Director:

La ceremonia fúnebre de Pablo Marchant, integrante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), con una “guardia armada” formada por encapuchados portando armas de guerra alrededor del féretro y las incesantes ráfagas de disparos con diverso tipo de armamento, así como la extendida y extrema violencia ejercida contra personas y bienes en la “macrozona sur” llevada a efecto por un ejército irregular compuesto por guerrilleros y terroristas, son una clarísima manifestación de que la CAM y otras organizaciones afines constituyen un enemigo interno que está en guerra contra el Estado de Chile, pero éste no se ha dado por enterado de algo tan evidente.

Los gobernantes del Estado no han cumplido su obligación esencial que es la conservación del orden público y la vigencia del Estado de Derecho, para lo cual —junto con medidas que tiendan a atacar la raíz del denominado “conflicto mapuche”, originado principalmente por la nefasta “ley indígena”— deben aplicar la violencia física legítima del Estado necesaria para restituir el orden exigido por el bien común.

                  Atentamente le saluda.

                                                                            Adolfo Paúl Latorre

                                                                                     Abogado

Viña del Mar, 14 de julio de 2021.

HORAS DECISIVAS

Las recientes elecciones primarias han cambiado el escenario electoral. Los triunfos de Gabriel Boric y de Sebastián Sichel, impensados hasta hace pocas semanas, han alterado las proyecciones.

Y si bien quedan interrogantes sobre qué harán los sectores más extremos a ambos lados del espectro, una incógnita de no menos trascendencia es lo que ocurra en la ex-Concertación (hoy Unidad Constituyente).

Desde ya, ha quedado claro el fuerte costo que le significó su ausencia de las primarias legales, cuya cobertura, sumada a la franja de propaganda televisiva, permitió desplegar abundantemente las ideas de cada pacto.

Pero, incluso más allá de la pérdida de presencia mediática, la no participación privó a la centroizquierda de un mecanismo legitimado para resolver una candidatura única que represente a ese sector en la presidencial de noviembre. Peor aún, los resultados de esa primaria le han dejado poco espacio para levantar una propuesta competitiva.

Respecto del mecanismo de elección, recién el viernes se zanjará si la presidenta del Senado, Yasna Provoste, asumirá efectivamente la candidatura DC. Pero, si bien las señales anticipan una respuesta afirmativa, aún permanece sin resolverse la fórmula por la cual Unidad Constituyente determinará una candidatura única.

Hay sectores que plantean que debe primar el pragmatismo y forzar la renuncia de las otras postulaciones de la coalición (el radical Carlos Maldonado y la socialista Paula Narváez), asumiendo su bajo apoyo en las encuestas, mientras otros insisten en la necesidad de realizar “primarias ciudadanas” en un plazo breve.

Cualquiera sea la fórmula, tendrá costos. En la política actual la participación ciudadana en la nominación de candidaturas presidenciales se ha tornado cada vez más esencial; la idea de una definición en virtud de un acuerdo cupular resulta especialmente resistida en tiempos de máximo descrédito de los partidos.

Sin embargo, una primaria “ciudadana” no solo no contaría con los beneficios de las primarias legales (financiamiento, logística y propaganda televisiva), sino que, en parte por eso, difícilmente lograría una convocatoria parecida a la registrada el pasado domingo.

Pero, además, la postulación de Unidad Constituyente enfrentará un problema de posicionamiento, toda vez que la bandera del “socialismo democrático”, concepto largamente repetido en las últimas semanas, pierde fuerza cuando el candidato de la izquierda más dura no es comunista.

Aún más, ha sido la propia centroizquierda la que durante los últimos años —y en particular a partir de octubre de 2019— ha abandonado su propio espacio, mimetizando parte de sus propuestas y discurso con los sectores más radicalizados. Le resultará, entonces, difícil mostrar una diferencia clara con la izquierda radical.

En especial, no es descartable que una parte del electorado socialista se alinee con Boric antes que con la carta de la centroizquierda.

Aun así, con todos esos dilemas, los partidos de Unidad Constituyente debieran acelerar sus definiciones y su propuesta al país, intentando recuperar —aunque sea parcialmente— el tiempo y espacio perdidos, de forma de brindarles a los electores de centro y centroizquierda una alternativa que conecte con los valores democráticos propios de ese sector.

Fuente: Editorial El Mercurio, 22 de julio de 2021

Un aporte de nuetro Director Antonio Varas

La violencia no amaina en la Araucanía

Ya suman centenas los hechos de violencia y actos terroristas que han soportado las regiones de la Araucanía y Bíobío, cuya mayoría de desmanes son generados por la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), organización político-militar liderada por Héctor Llaitul, asesorado por extranjeros, que va dejando en los lugares siniestrados diferentes “mensajes” alusivos a la mal llamada “causa mapuche,” que pretende formar una nación independiente dentro de nuestro territorio nacional mediante la lucha armada, en alianza con el tráfico de drogas que provee los recursos para la adquisición de armamento de guerra superior al usado por carabineros.

Ya han sido asesinados por la CAM el matrimonio Lutsinger-Mackay, fallecidos por incineración, al impedírseles a balazos salir de su casa que era consumida por el fuego; el carabinero Eugenio Nain con un proyectil de fusil de guerra; el sargento 1º de carabineros Francisco Benavides en Collipulli; el camionero Juan Barrios, incinerado mientras dormía en su camión que fue quemado y otros servidores públicos.

Los terroristas también son responsables de incendiar cientos de camiones, maquinarias diversas de uso agrícola y bosques pertenecientes a empresas y particulares, además de cosechas, casas, bodegas y colegios de residentes mapuches no afectos a su causa, a los cuales también les roban sus animales. Además, han atacado cuarteles de carabineros y FFAA e incendiado edificios municipales, iglesias y capillas católicas y evangélicas.

Pero pese a todos estos actos de violencia que asesinan a personas, que atentan contra la soberanía nacional y evitan el progreso de la zona habitada por mapuches, las autoridades no  han tomado hasta esta fecha acciones concretas contra la violencia; sólo atinan a querellarse “contra los que resulten responsables”… pero la mayoría de las veces éstos no son encontrados o los jueces correspondientes determinan que las pruebas presentadas por la fuerza pública no son suficientes para aquello… por lo que los malhechores quedan en libertad.

Recién, en la noche del 4 julio en Cañete, una familia fue baleada estando en su propiedad, y su casa, su automóvil y todo el menaje casero y ropa, quemados totalmente; nada alcanzaron a salvar. Y en la noche siguiente, en Quidico, dispararon contra la casa de un sargento de carabineros de la lV Comisaría, quemándole su automóvil.

Toda la gente asustada; muchos saben quienes son los terroristas, pero nadie quiere hablar de estos hechos; el temor cunde por toda esa zona.

¿Hasta cuándo permitirá el gobierno que la CAM asociada al negocio de la droga siga amedrentando a la población local, sin tomar las medidas indicadas en el artículo Nº 24 de nuestra Constitución Política?.

Adolfo Carrasco Lagos.  Capitán de Navío

Fuente: ASOFAR Bitácora del Socio 10 Jul 2021

Imagen de la fuente: portavoznoticias.cl

Generales en Retiro y dictamen de la Contraloría: “Los hechos a los que se refiere, no constituyen deliberación” y Cuerpo de Almirantes en retiro – Poder Constituyente- Horas decisivas. -El error de la Presidenta

LAS OPINIONES DE ESTA PÁGINA, SON DE RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE LA UNIÓN

Inconducente, asimismo, es su pronunciamiento respecto a que las declaraciones de las Fuerzas Armadas deben ajustarse a la Directiva Comunicacional del Ministerio de Defensa, toda vez que tal materia no ha sido objeto de consulta ni tampoco de incumplimiento, ya que fue dictada con posterioridad a los hechos.

Mediante dictamen CGR N° e123413/2021, de 21 de julio de 2021, el Contralor General de la República ha resuelto que “las Fuerzas Armadas deben abstenerse de realizar declaraciones que afecten su carácter de no deliberantes, debiendo ajustarse a la directiva comunicacional del ministerio de defensa nacional”. El Centro de Generales de Ejército, representando el sentir de los militares en retiro, estima inoficioso el mencionado dictamen toda vez que, como queda de manifiesto en el texto del mismo, el Contralor concluye, que los hechos a los que se refiere, no constituyen deliberación.

Inconducente, asimismo, es su pronunciamiento respecto a que las declaraciones de las Fuerzas Armadas deben ajustarse a la Directiva Comunicacional del Ministerio de Defensa, toda vez que tal materia no ha sido objeto de consulta ni tampoco de incumplimiento, ya que fue dictada con posterioridad a los hechos.

Extraña el análisis doctrinario respecto de la no deliberación militar y la obediencia al poder civil constituido, cuando el propio Ministro de Defensa Nacional ha informado al Contralor, que las declaraciones del Comandante en Jefe del Ejército, fueron previamente conocidas y aprobadas por dicho secretaría de estado.

Por otra parte, resulta paradojal la conclusión del Contralor que refiriéndose a declaraciones del Comandante en Jefe del Ejército publicadas en El Mercurio, señala: “Las expresiones vertidas en esas instancias, sin configurar una infracción al deber de obediencia ni implicar un cuestionamiento a las declaraciones del poder civil al que se encuentra subordinado el Ejército de Chile constituyen apreciaciones subjetivas y calificaciones sobre la contingencia nacional, que no guardan relación directa con las funciones propias de esa rama armada y que, de reiterarse, terminarán afectando el carácter no deliberante de las instituciones de la defensa nacional”.

Si las expresiones vertidas por el Comandante en Jefe del Ejército, no configuran una infracción al deber de obediencia, ni implican un cuestionamiento a las declaraciones del poder civil, ni constituyen deliberación; debe entenderse que se ajustan a derecho, por lo que mal podrían, en caso de reiterarse, terminar afectando el carácter no deliberante de las instituciones de la defensa nacional.

Representamos nuestro desacuerdo, que una entidad llamada a pronunciarse estrictamente en derecho, en materias de su competencia que dicen relación con el desempeño de los funcionarios de la Administración del Estado, exceda abiertamente dicho ámbito y caiga en subjetivismos, llegando incluso a suponer futuras conductas que, siendo similares a las que ha estimado que no constituyen deliberación, puedan a futuro terminar afectando el carácter no deliberante de las instituciones de la defensa nacional.

Finalmente, se aprecia en la argumentación una velada advertencia inhibitoria de la libertad de expresión, opinión y rol que le corresponde al Comandante en Jefe del Ejército, como responsable de una institución que también debe velar por el resguardo de valores patrios y tradiciones del Ejército, aspectos que considera el dictamen, por lo que estimamos que una advertencia de esa naturaleza, no se aviene con el rol del Contralor General de la República.

Enrique Slater Escanilla, general de Brigada en Retiro, Presidente del Centro de Generales de Ejército

Fuente: https://www.infogate.cl/2021/07/24/generales-en-retiro-y-dictamen-de-la-…

Viña del Mar, 24 de julio de 2021.

Poder constituyente

Señor Director:

Se discute si la Convención Constitucional tiene un poder constituyente originario o derivado.

Es clara la intención de quienes postulan lo primero: que la Convención es la expresión máxima de la soberanía popular, que está por sobre los poderes del Estado y que, por lo tanto, puede disolver al Congreso y cesar cargos de otras entidades del Estado.

Lo cierto es que la Convención Constitucional no es un poder constituyente, ni originario ni derivado: es solo un grupo de personas a quienes se les mandató —mediante reglas establecidas en la Carta Fundamental vigente— para redactar y aprobar una propuesta de texto constitucional que será sometido a un plebiscito nacional para que la ciudadanía apruebe o rechace la propuesta.

                              Atentamente le saluda.

                                                                      Adolfo Paúl Latorre

                                                                             Abogado

 HORAS DECISIVAS

Las recientes elecciones primarias han cambiado el escenario electoral. Los triunfos de Gabriel Boric y de Sebastián Sichel, impensados hasta hace pocas semanas, han alterado las proyecciones.

Y si bien quedan interrogantes sobre qué harán los sectores más extremos a ambos lados del espectro, una incógnita de no menos trascendencia es lo que ocurra en la ex-Concertación (hoy Unidad Constituyente).

Desde ya, ha quedado claro el fuerte costo que le significó su ausencia de las primarias legales, cuya cobertura, sumada a la franja de propaganda televisiva, permitió desplegar abundantemente las ideas de cada pacto.

Pero, incluso más allá de la pérdida de presencia mediática, la no participación privó a la centroizquierda de un mecanismo legitimado para resolver una candidatura única que represente a ese sector en la presidencial de noviembre. Peor aún, los resultados de esa primaria le han dejado poco espacio para levantar una propuesta competitiva.

Respecto del mecanismo de elección, recién el viernes se zanjará si la presidenta del Senado, Yasna Provoste, asumirá efectivamente la candidatura DC. Pero, si bien las señales anticipan una respuesta afirmativa, aún permanece sin resolverse la fórmula por la cual Unidad Constituyente determinará una candidatura única.

Hay sectores que plantean que debe primar el pragmatismo y forzar la renuncia de las otras postulaciones de la coalición (el radical Carlos Maldonado y la socialista Paula Narváez), asumiendo su bajo apoyo en las encuestas, mientras otros insisten en la necesidad de realizar “primarias ciudadanas” en un plazo breve.

Cualquiera sea la fórmula, tendrá costos. En la política actual la participación ciudadana en la nominación de candidaturas presidenciales se ha tornado cada vez más esencial; la idea de una definición en virtud de un acuerdo cupular resulta especialmente resistida en tiempos de máximo descrédito de los partidos.

Sin embargo, una primaria “ciudadana” no solo no contaría con los beneficios de las primarias legales (financiamiento, logística y propaganda televisiva), sino que, en parte por eso, difícilmente lograría una convocatoria parecida a la registrada el pasado domingo.

Pero, además, la postulación de Unidad Constituyente enfrentará un problema de posicionamiento, toda vez que la bandera del “socialismo democrático”, concepto largamente repetido en las últimas semanas, pierde fuerza cuando el candidato de la izquierda más dura no es comunista.

Aún más, ha sido la propia centroizquierda la que durante los últimos años —y en particular a partir de octubre de 2019— ha abandonado su propio espacio, mimetizando parte de sus propuestas y discurso con los sectores más radicalizados. Le resultará, entonces, difícil mostrar una diferencia clara con la izquierda radical.

En especial, no es descartable que una parte del electorado socialista se alinee con Boric antes que con la carta de la centroizquierda.

Aun así, con todos esos dilemas, los partidos de Unidad Constituyente debieran acelerar sus definiciones y su propuesta al país, intentando recuperar —aunque sea parcialmente— el tiempo y espacio perdidos, de forma de brindarles a los electores de centro y centroizquierda una alternativa que conecte con los valores democráticos propios de ese sector.

Fuente: Editorial El Mercurio, 22 de julio de 2021

Un aporte de nuestro Director Antonio Varas

Por Carlos Peña. El Mercurio 22 de julio de 2021

Un aporte de nuestro Director Raúl Godoy C.

Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

DEBATE SOBRE DERECHOS HUMANOS (Editorial El Mercurio, 22 de julio de 2021) – PANDEMIA E IMPUNIDAD DEL CRIMEN ORGANIZADO- . Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos.

LAS OPINIONES EN ESTA COLUMNA, SON DE RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE LA UNIÓN

Mientras algunos convencionistas sostienen que las violaciones a los derechos humanos solo son causadas por agentes del Estado, otros miembros afirman, más allá del estatuto particular en que se sancionan esas conductas, que dichas transgresiones también pueden provenir de privados, al vulnerarse seriamente la dignidad de las personas y sus derechos.

Una transversal discusión sobre el concepto de los derechos humanos se ha desarrollado en el seno de la Convención Constitucional, a propósito de la decisión de esa instancia de crear una comisión abocada a esas materias dentro de las comisiones transitorias que funcionarán mientras no se haya aprobado un reglamento.

El debate ha estado marcado por controversias, las que han aludido tanto al ámbito de acción que tendrá ese grupo como a la pertinencia de una instancia que podría exceder las tareas de una Convención llamada a concordar un texto constitucional.

Pero, además, la discusión dio cuenta de notorias y reveladoras diferencias al momento de definir el marco conceptual de las violaciones a los derechos humanos, así como la presencia de terrorismo en el país, específicamente en la zona de La Araucanía, con el fin, según algunos sectores, de proponer al Estado “medidas de reparación integral”.

Si bien pareciera haber un amplio consenso sobre la relevancia de establecer el respeto de los derechos humanos como eje central en la futura Constitución, las referidas diferencias conceptuales parecen ser importantes.

Mientras algunos convencionistas sostienen que las violaciones a los derechos humanos solo son causadas por agentes del Estado, otros miembros afirman, más allá del estatuto particular en que se sancionan esas conductas, que dichas transgresiones también pueden provenir de privados, al vulnerarse seriamente la dignidad de las personas y sus derechos.

Esta noción cobra especial atención cuando se alude a los afectados por la violencia en la macrozona sur, pues surgen opiniones tendientes a establecer distinciones entre diferentes tipos de víctimas, como se desprende de la ausencia de una condena unánime frente a las acciones de violencia, por ejemplo, en las declaraciones emitidas luego de la muerte de un miembro de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) durante un atentado a una faena forestal en Carahue, donde también resultó herido el trabajador Ceferino González.

La visita del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, en su viaje a Temuco, para informarse del estado de salud del trabajador baleado durante el asalto, refuerza aquella visión tendiente a reconocer como víctima a toda persona que ha sido vulnerada en sus derechos fundamentales.

En contraste, los constituyentes de pueblos originarios no han dado hasta ahora señales claras en este ámbito, limitándose a condenar acciones del Estado en esa zona, pero evitando cualquier mención a las víctimas de la violencia ejecutada por grupos armados.

Así, a propósito del referido caso en Carahue, esos convencionistas se apresuraron en calificar de “asesinato” la muerte del integrante de la CAM y omitieron referirse a la situación del trabajador herido.

Por cierto, ese mismo grupo extremista emitió luego un duro comunicado reivindicando atentados, declarando “la guerra directa” a las empresas forestales, y calificando la participación mapuche en la Convención como un acto de sometimiento. Tampoco aquí se vio una expresión clara de rechazo por parte de los aludidos.

La protección universal de los derechos humanos fue consagrada por primera vez en la declaración adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas hace más de 70 años, reconociendo su respeto como un pilar esencial de todo sistema democrático y responsabilizando al Estado en la tarea de otorgar garantías de cumplimiento y de salvaguardar los derechos y las libertades de las personas.

Preocupantes señales de relativización e ideologización han permitido una instrumentalización política del tema y el consiguiente deterioro de la democracia a nivel mundial, reflejada en una pérdida de las libertades y los derechos de aquellos ciudadanos gobernados por autoridades que vulneran dichos derechos universales y que, contradictoriamente, suelen presentarse como sus defensores.

Las definiciones relativas al alcance del respeto a los derechos fundamentales que se discuten con motivo de la instalación de la Convención Constitucional perfilarán las bases del marco legal que debiera regir al país en las próximas décadas.

Esto desafía a sus miembros a discutir con altura de miras temas sustanciales dentro de las atribuciones establecidas para el organismo, sin generar expectativas que no serán posibles de cumplir y considerando los principios de respeto a los derechos y las libertades individuales que han caracterizado la historia republicana del país.

 Editorial El Mercurio, 22 de julio de 2021

Aporte de nuestro Director Antonio Varas C.

 Pandemia e impunidad del Crimen Organizado. Newsletter N° 2 2021-22 de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos

Diferentes medios de comunicación, en la cotianidad de la pandemia, han avanzado en abordar investigaciones relacionadas con el tráfico de drogas  y el crimen organizado y, lamentablemente, los datos no son muy auspiciosos.

En efecto, la astucia de las bandas criminales para soslayar las restricciones en las rutas aéreas para trasladar su “apreciada carga” a los potenciales compradores, no ha dejado de sorprender y, para ello, los ámbitos terrestre y marítimo se han constituido como los de mayor valor. Así, los territorios ubicados en las Costas del Pacífico han sido revalorizados para este propósito.

En Ecuador han aumentado los decomisos de hasta tres toneladas en embarcaciones que tenían otros fines para sus cargas, obligando a incrementar la seguridad de sus puertos. Del mismo modo, se ha observado un aumento de bandas criminales como la organización de origen brasileño “Primeiro Comando da Capital” (PCC), que ha acrecentado sus redes de influencia en la región. Este grupo no solo posee una referencia en el narcotráfico, sino además como una banda criminal que gestiona diferentes tipos de ilícitos.

Pero PCC tiene conexiones más allá de Brasil, estimándose que hay nexos en Perú, en específico con Sendero Luminoso, y con otros grupos en Bolivia, donde una investigación del diario El Deber, de dicho país altiplánico, logró establecer que las nuevas rutas y estaciones de droga se encuentran en comunidades aisladas y protegidas, dificultando su ingreso. En este mismo sentido, Chile no está exento de estos movimientos. Durante el año 2020 se realizó por medio de la Policía de Investigaciones, Aduanas y la Armada, la “Operación Azteca”, que logró desbaratar en el puerto de San Antonio la llegada de tres toneladas y media de marihuana que iba a ser distribuida en las fiestas de fin de año.

Hoy la atención está en lograr desbaratar las bandas que utilizan los medios marítimos por medio de contenedores para lograr transportar las drogas.

Por otra parte, Naciones Unidas ha comenzado a alertar a la comunidad internacional, sobre el incremento del tráfico de drogas utilizando el ámbito marítimo, el que a pesar de las múltiples restricciones por el COVID-19, no se ha detenido. Además, ha enfatizado sobre la amenaza que reviste para la seguridad global, luego de que algunos países hayan comenzado a regularizar el uso de criptomonedas, ya que en la dark web, estas se utilizan como plataforma de transacción de drogas.

En este complejo escenario, se pone a disposición, una serie de análisis relacionados con las nuevas rutas de la droga y su vinculación con el narcotráfico y el crimen organizado, fenómenos que, a pesar de la pandemia, han incrementado su esfera de influencia. De hecho, países como Turquía se han convertido en un punto estratégico para el acceso a Europa, cuyos tentáculos se entrelazan con el Cartel de Sinaloa (México). Si bien, diferentes administraciones han logrado imponer mayores controles para desincentivar el flujo de drogas, de alguna forma los carteles continúan traspasando fronteras y controles terrestres, aéreos y marítimos.

CIEE-ANEPE

Aporte de nuestro director Raúl Godoy C.

ENTRE INTERPELACIONES Y ACUSACIONES por Humberto Julio Reyes 

LAS OPINIONES DE ESTA COLUMNA, SON DE RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE LA UNIÓN

¿Conocerán los firmantes de la interpelación que Chile a esta fecha ocupa el primer lugar en el mundo en porcentaje de su población vacunada, seguido de cerca por Canadá y Reino Unido? ¿O supondrán que no existe relación entre el proceso de vacunación y la mejoría de las diferentes variables?

Terminadas las elecciones primarias de este 18 de julio que concentraron la atención de nuestros parlamentarios ya que por algo tienen un lugar de privilegio en la “liturgia democrática”, en palabras de un antiguo político de tiempo completo, los representantes de la oposición han vuelto a otra de sus ocupaciones predilectas en su apretada agenda: las interpelaciones y las acusaciones.

Las próximas fueron anunciadas antes de las mencionadas elecciones y ayer 20 ya fue interpelado el Ministro de Salud, debemos suponer que por seguir la opinión de las personas más calificadas en lugar de satisfacer las variadas demandas de la oposición.

En este caso particular el buen criterio del Ministro o el azar o la voluntad divina o todas las anteriores lo han favorecido al enfrentar a sus inquisidores respaldado por cifras duras que muestran un innegable progreso en el control de la pandemia.

¿Conocerán los firmantes de la interpelación que Chile a esta fecha ocupa el primer lugar en el mundo en porcentaje de su población vacunada, seguido de cerca por Canadá y Reino Unido? ¿O supondrán que no existe relación entre el proceso de vacunación y la mejoría de las diferentes variables?

Qué frustrante para quienes se aprontaban a hacerle pasar un mal rato pero, vamos que se puede, algo lograron reprocharle, qué duda cabe como diría don Ricardo.

Vi que el diputado de “Revolución Democrática”, curioso nombre, a cargo de la interpelación, no ocultaba su molestia al no obtener respuesta “adecuada” a su cuestionamiento y que finalmente un diputado PS agregó “No dejo de mirar que las cifras de fallecidos no han tenido la baja sustancial que sí han tenido los casos”.

¿Debiera ser así?

Gracias por reconocer la “baja sustancial”, en todo caso.

Todos hemos escuchado alguna vez la expresión “mirarse el ombligo” para quienes parecen ignorar el mundo que los rodea y creo que vale cuando se piden acertadas y efectivas respuestas locales para un fenómeno mundial.

Terminó de esta manera, “abruptamente” en jerga periodística, la cacareada interpelación. Por el momento ya que puedo apostar que quienes practican la cómoda ocupación de profetas del desastre volverán a la carga con renovados bríos.

Y no es que me cuente entre quienes asumen que el peligro ya pasó y que podemos volver tranquilamente a la “normalidad”.

En cuanto a la anunciada acusación al Ministro de Educación por incentivar el regreso a clases a pesar de las admoniciones del Colegio de Profesores, cuyo Presidente ha calificado de “criminal” el retorno voluntario a clases presenciales en la medida que los establecimientos puedan garantizar un grado razonable de seguridad sanitaria, ya fue ingresada por un grupo de diputados de oposición, naturalmente con el respaldo del Colegio de Profesores, pero al efectuarse el sorteo para designar a quienes deberán revisarla, la suerte también ha favorecido a este Ministro ya que de los cinco parlamentarios sorteados, cuatro son de gobierno.

Agréguese a esta circunstancia fortuita la recomendación de la Unesco y de la Unicef que dan respaldo internacional a la “criminal” política impulsada por el Ministro de Educación y que el inefable Colegio no ha descalificado que se sepa.

¿Ven como la esperanza es lo último que se pierde?

Al rechazo del Colegio de Profesores se ha sumado con presteza la flamante alcaldesa de Santiago aduciendo que de los 44 establecimientos que administra su municipio, 19 no estarían en condiciones para recibir a sus estudiantes por diversas razones.

El paciente lector se preguntará: ¿y los 25 restantes tampoco podrían?

En todo caso el Ministro, previa reunión con la alcaldesa, habría comprometido los recursos que fueren necesarios para satisfacer las necesidades planteadas.

Casi se me queda en el tintero una oportuna (?) “acotación” de nuestro flamante Gobernador por Santiago: pide garantías al gobierno para volver a clases.

¿Es un tema de su incumbencia? ¿Y qué tipo de garantías serían necesarias?

No voy a aventurar si ambos ministros saldrán airosos de este trance o si finalmente se impondrá el voto en bloque de la oposición, circunstancia a la cual ya deberíamos estar acostumbrados, pero deseo expresar mi opinión sin ser experto ni en salud ni en educación.

Dado el imperfecto conocimiento que hasta la fecha se tiene de esta pandemia, nadie podría responsablemente garantizar que alguna actividad pueda realizarse a riesgo cero y, a la inversa, si la condición fuera que nadie se contagie sería imposible llevar adelante cualquier política pública.

Debe aceptarse un nivel de riesgo razonable que justamente los expertos deben determinar y que ayude a que se sigan tomando las mejores decisiones que sea posible transformar en acciones efectivas, tanto para mantener las actuales tendencias en los indicadores de salud y por otra parte no seguir afectando negativamente el proceso enseñanza-aprendizaje al mantener cerrados indefinidamente muchos de los establecimientos educacionales.

Humberto Julio Reyes

21.Jul.2021

La euforia y la borrachera. Resultado de las primarias.

(M.Amaro)

Mucha gente de nuestro sector aplaude y celebra el triunfo de Boric en las primarias, como también creen que el fantasma del comunismo se alejó definitivamente. Asimismo, se solazan por el triunfo de Sichel, un “moderado”, según piensan ingenuamente.

La verdad no sé si reír, llorar o enrabiarse por tamaña ignorancia y por tan descomunal candor, que sólo revela una falta de visión y de un bajo nivel de inteligencia grotescos.

Señores salgan de la borrachera/ “voladura” endémica que sufren! Boric es lejos peor que Jadue, pues representa ese espíritu que hemos visto en quienes son mayoría en la Convención Constituyente, el espíritu destructivo de la Lista del Pueblo y otros grupos similares de extrema izquierda.

Boric encabeza a los destructores de la nacionalidad chilena, a los demoledores de la moral, de la familia, de los principios más elementales de convivencia social, a quienes no respetan valores, símbolos patrios, ni héroes, ni historia patria, ni leyes, ni religión ni costumbres, ni siquiera respetan a sus padres y abuelos. Son enemigos de la belleza, del amor y de las cosas nobles, son los deconstructores, aquellos que pretenden refundar todo y, por ende, se creen dioses que están por encima de todo y gozan de todos los vicios y perversiones.

Estos humanoides liderados por Boric representan lo más malo, lo peor que se detalla en 3 libros famosos: “La Naranja Mecánica” de Anthony Burgess, “Un Mundo Feliz” de Aldous Huxley y “1984” de George Orwell. Quienquiera que haya leído, al menos uno de estos libros, sabrá a qué me refiero.

Quien piense que exagero con esto, le diré que tal vez me quedo corto porque Chile es un laboratorio de experimentación de la ONU instalado desde el primer gobierno de Bachelet y reforzado en los gobiernos de Piñera. Y todo ello está contemplado en la agenda 2030 que, entre otras cosas ordena poner en suelo chileno a SEIS MILLONES DE INMIGRANTES, a lo menos. Vean las entrevistas a Silvia Rucks e investiguen qué es el PNUD (Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas).

Bonito nombre ¿verdad?. Pero detrás de ese nombre se fragua la destrucción de la nación Chilena y el reemplazo de su población autóctona por cholos taciturnos y brutos.

Y Sichel?

Bueno, ese personaje es otro anzuelo para que piquen los incautos chilenos. Es otro elemento que proviene de la izquierda y que fue disfrazándose y cambiando de colores para infiltrarse en la “centro derecha” que en realidad es CENTRO IZQUIERDA.

Y este sujeto es también un ferviente admirador y discípulo de la bestia, es decir de la ONU. En consecuencia, hará todo lo posible por seguir sus mandamientos para destruir a Chile y accederá servilmente a los deseos de la grey maligna y demoledora que son la base de su “hermano” Boric.

Dicho lo anterior señores, no será raro en un futuro gobierno de cualquiera de estos títeres, que muchos niños de 12 años promedio dejarán sus hogares para irse a vivir con “tíos” que pueden comprarle todo lo que sus padres no pueden y que, gracias a la ley de “autonomía progresiva” y otros sacramentos que vienen, los padres no podrán impedir, so pena de ser encarcelados. Tengan presente que, ya hace tiempo, en las escuelas y colegios los están preparando y aleccionando para eso y otras cosas más.

¿Y las niñas embarazadas? ahhhh bueno…. eso no es problema!!

Podrán abortar gratuitamente en cualquier parte y si mueren… bueno será efecto colateral implícito en las probabilidades.

En consecuencia, señores, dejen de lado tanto regocijo y jolgorio y pónganse a pensar seriamente en lo expuesto y en su propia responsabilidad. La única vía posible para revertir esto es reemplazar el yo creo por el “yo lucho”, informarse y reflexionar para no caer en las garras de lobos hambrientos con sonrisa de ángel.

 Aporte de nuestro Director: Adolfo Paúl Latorre