Columna de Opinión

53 Atentados en seis meses: La escalada de violencia en Los Ríos que el gobierno no consideró al desechar Estado de Excepción

53 ATENTADOS EN SEIS MESES: LA ESCALADA DE VIOLENCIA EN LOS RÍOS QUE EL GOBIERNO NO CONSIDERÓ AL DESECHAR ESTADO DE EXCEPCIÓN

Víctor Rivera. La Tercera PM, 21/07/2022

Fue en 2009 que en la  Región de Los Ríos ocurrió el primer atentado de violencia rural en la zona. Un atentado incendiario que llegó a encender las alarmas respecto de un conflicto del que ya se hablaba con frecuencia en las regiones aledañas del norte de La Araucanía y el Bíobio.

Sin embargo, ya al año siguiente no se registró ningún hecho de este tipo, por lo que se pensó que solo fue un hecho fortuito o de menor importancia. Así lo asumieron las autoridades de la época, pero estaban lejos de haber acertado en su predicción: en 2011, tres atentados rompieron la tranquilidad aparente en las comunas de Panguipulli, San José de La Mariquina y Mafil, las comunas que más concentran este tipo de ilícitos.

Ya en 2012, la cifra aumentó a diez, según el registro que maneja la Fiscalía Regional de Los Ríos; en 2016, se produjeron más de 20 hechos de violencia rural -incluido incendios, usurpaciones, daños y amenazas-, y ya para el 2020, esta tendencia delictual se quedó en la zona.

Si ese año se registraron 28 eventos, en 2021 serían 55 y en lo que va de este 2022, son 53 los ilícitos de este tipo.

Todos estos antecedentes fueron relatados de manera gráfica por el fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, este miércoles al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Testigos del encuentro relatan que el persecutor, incluso, desplegó un mapa dando cuente de cómo este territorio se transformó una extensión de la “zona roja” del conflicto mapuche, motivando a una serie de peticiones de gremios forestales y contratistas madereros para que el estado de excepción también se aplicara en esta región.

Desde el 2009 en adelante comenzaron a registrarse episodios de violencia rural en la región que está al sur de La Araucanía, según los antecedentes que la Fiscalía le entregó este miércoles al Ministerio del Interior. Este tipo de eventos ha ido creciendo desde entonces, especialmente durante los últimos tres años. El subsecretario Manuel Monsalve, expuso que dispondrán de más peritos para el Ministerio Público, pero que, por ahora, desplegar a las FF.AA. en esa región no es prioritario.

El último hecho de esta naturaleza que golpeó a las autoridades de la zona ocurrió el 17 de julio: un grupo de encapuchados realizaron dos ataques incendiarios y siniestraron 21 vehículos en la comuna de Mafil, en contra de una empresa de áridos.

El ataque fue reivindicado, a través de un lienzo firmado, por el Órgano de Resistencia Territorial Williche Kalfulikan, perteneciente a la Coordinadora Arauco Malleco, que lidera Héctor Llaitul.

Esto motivó a que el subsecretario Monsalve se trasladara hasta la zona para sostener una serie de reuniones en Valdivia, junto a jefes policiales, fiscales y gremios locales. En el gobierno no estaban completamente cerrados a la posibilidad de extender el estado de excepción para Los Ríos, incluso, la ministra del Interior, Izkia Siches, dijo ayer que en radio ADN que para el Ejecutivo “es muy importante lo que pasa en Los Ríos. En la medida que (el estado de excepción) se instala en La Araucanía y Biobío, existe un traslado de las acciones de violencia. Esta es una medida que requiere un análisis, no algo baladí que se puede instalar sin mayor reflexión”.

Incluso, tanto Siches, como Monsalve estaban llanos a analizar la idea de decretar la presencia de las Fuerzas Armadas solo para las zonas más afectadas por estos delitos. La ministra reconoció que verían la posibilidad de ver “algún grado de excepción”, en tanto, el subsecretario le reconoció al fiscal Meléndez que esa era una idea que estaba sobre la mesa.

El propio fiscal regional reconoció esta posibilidad: “La decisión es soberana del gobierno. Lo que nos corresponde a nosotros es poner los antecedentes arriba de la mesa para que ellos tomen las decisiones. Lo que sí concordamos en que hay ciertos puntos que es necesario reforzar el control”, dijo.

Además, el persecutor sostuvo que “la situación ha ido en aumento. Es evidente que hay un desplazamiento de este fenómeno a esta región y eso estaba avalado por la cantidad de hechos que han ocurrido el último tiempo. Preocupa que se haya desplazado el fenómeno de la violencia rural, con un aumento de casos a esta región”.

Interior: 94 % de los delitos ocurre en La Araucanía y el Biobío. A pesar de las preocupaciones advertidas por el fiscal y las cifras que mostraron a Interior, la decisión del gobierno finalmente fue la de descartar la idea de ampliar el estado de excepción para Los Ríos, concentrando el despliegue de las FF. AA. solo en La Araucanía y el Biobío. Esta medida se encuentra vigente desde mayo y el gobierno buscará su renovación en el Congreso.

El subsecretario Monsalve explicó que “estamos preocupados por lo que ocurre en la Región de Los Ríos, no lo minimizamos, como tampoco lo minimizan las autoridades de la región. Pero las decisiones de esta envergadura afectan a la región en distintos ámbitos, no solo en los ámbitos de seguridad, sino que también en los ámbitos de desarrollo. Y el problema de la Región de Los Ríos que hoy enfrentamos, por lo menos hay concordancia con la mayoría de las autoridades de la región de que por ahora requiere medidas que mejoren la seguridad, que muestren la voluntad de prevenir, controlar y perseguir estos delitos, pero que hay medidas que se pueden desarrollar para cumplir ese objetivo sin decretar Estado de Excepción”.

La autoridad advirtió que “han ocurrido 179 hechos de violencia desde que entró en vigencia el estado de excepción en la Macrozona Sur, es decir, entre el Biobío y Los Lagos. Si uno toma todo eso, el 94 % de los casos ocurre en las regiones en que funciona el estado de excepción, por lo que la magnitud del problema está radicada donde el gobierno tiene decretada esta medida”.

Sin embargo, el portazo del gobierno no fue total. Una de las cosas que la Fiscalía le solicitó para Los Ríos fue disponer de mayor personal policial para levantar evidencia, por lo tanto, Monsalve dispuso del envío de un equipo de peritos para integrarse al trabajo del Ministerio Público en la zona.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en este sitio, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Columna de Opinión

¿ESTADO PLURINACIONAL?

¿ESTADO PLURINACIONAL?
Mario Barrientos Ossa.

Examinadas las estadísticas oficiales, en Chile viven 2.185.792 personas que reconocen tener raíces o vinculaciones genéticas con los llamados pueblos originario.

Ello representa un 12,8 por ciento de la población total del país, es decir, significa que uno de cada ocho chilenos reconoce tales raíces aborígenes.

De ellos, 1.800.000 se identifican con los mapuches, 156.000 con los aymaras, 88.000 con los diaguitas, y el resto es un número mínimo de personas. Los rapa nui son alrededor de 7.000.-
Los pueblos originarios fueron reconocidos por el Estado de Chile mediante la ley 19.253, publicada el 5 de octubre de 1993, es decir, casi treinta años atrás. Por supuesto, se le han introducido varias modificaciones con el correr del tiempo.

En esa ley se reconocen sus características culturales y se vela por ellas.
Si lo que se desea es elevar ese reconocimiento, hecho por una ley común, al texto constitucional, no se observa reparo alguno.
Pero, si lo que se pretende es reconocer en tales pueblos la existencia de naciones, distintas de la gran Nación Chilena, eso es simplemente un despropósito y no tiene asidero en la realidad nacional.

Las cifras estadísticas antes citadas demuestran lo acertado de lo que dijo José Maza: “Se pretende crear un país imaginario y escribir una constitución para ese país imaginario”.
Los escuálidos porcentajes de ciudadanos y ciudadanas con raíces aborígenes no dan el ancho para este concepto de plurinacionalidad, es fruto de un indigenismo romántico, imaginario, que fracciona falsamente al país, por lo cual personalmente estimo que debe rechazarse.

Un aporte del Pas presidente Gustavo Basso Cancino

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Columna de Opinión

DOSTARLIMAB: ¿SE ESTÁ GANANDO LA BATALLA AL CÁNCER COLORRECTAL?

DOSTARLIMAB: ¿SE ESTÁ GANANDO LA BATALLA AL CÁNCER COLORRECTAL?

Francisco López-Muñoz, Profesor Titular de Farmacología y Vicerrector de Investigación y Ciencia de la Universidad Camilo José Cela, Universidad Camilo José Cela y José Antonio Guerra Guirao, Profesor de Farmacología y Toxicología. Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid., Universidad Complutense de Madrid.

The Conversation, 27/07/2022

La publicación en la revista científica The New England Journal of Medicine de un artículo en el que se constató la remisión completa de todos los casos de cáncer de colon en un grupo de pacientes tratados con un fármaco llamado dostarlimab ha despertado un gran interés público. Pero ¿cómo debemos interpretar estos datos?

En primer lugar, hay que indicar que no es un medicamento nuevo, pues está autorizado desde abril de 2021 para el tratamiento, en monoterapia y en determinadas circunstancias, de pacientes adultas con cáncer de endometrio.

El dostarlimab es un fármaco que pertenece al grupo de los llamados inhibidores de puntos de control inmunitario (ICI). Consiste, técnicamente, en un mAb –anticuerpo monoclonal humanizado del isotipo IgG4– capaz de unirse a unos receptores de las células T de la inmunidad, llamados PD-1, y bloquear la unión a estos de sus ligandos endógenos (PD-L1/2), las sustancias naturales que sintetiza nuestro organismo para unirse a esos receptores.

Es decir, se trata de evitar la unión del ligando al receptor, porque ocasiona una inhibición de la actividad de las células T: frena su proliferación, la producción de citoquinas y la actividad citotóxica, o sea, su capacidad de destruir otras células.

Por tanto, el dostarlimab potencia las respuestas de las células T y aumenta la reacción inmunitaria antitumoral, como se ha constatado en la disminución del crecimiento tumoral en ratones singénicos (con genes idénticos).

¿Qué son los inhibidores de puntos de control inmunitario (ICI)? Los ICI podrían considerarse como un tipo de inmunoterapia pasiva que facilita y mejora la respuesta inmunitaria existente del organismo. En la actualidad, existen dos familias de ICI, con diferente mecanismo y lugar de acción: los anti-CTLA-4 y los anti-PD/PD-L1/2. El dostarlimab pertenece a esta última.

Cuando las células T son estimuladas por un antígeno –una sustancia extraña al organismo–, expresan en su superficie unas moléculas PD (receptores de muerte programada) que evitan una sobreactivación del sistema inmunológico.

Pero cuando sus ligandos (PD-L1/2), expresados habitualmente por células dendríticas o macrófagos, se unen a ellos, se produce una señal de desactivación.

Precisamente, este fenómeno tiene lugar en múltiples tumores que expresan en su superficie grandes cantidades de PD-L1/2, lo que les permite escapar al control del sistema inmunológico y continuar su proliferación. Se puede decir que la evasión de la vigilancia inmunitaria desempeña un papel fundamental en la carcinogénesis, proceso por el cual las células normales se transforman en cancerosas.

Los inhibidores de PD-1 y 2 (nivolumab, pembrolizumab y dostarlimab) o los inhibidores de PD-L1/2 (atezolizumab, avelumab y durvalumab) actúan sobre las células T y bloquean las proteínas de puntos de control. Así es como estimulan la respuesta inmune, al permitir que las células T destruyan las células cancerosas. Este efecto en diferentes tipos de cáncer ha motivado la búsqueda, en los últimos años, de más puntos de control inmunitarios potenciales como objetivo terapéutico.

Manifestaciones del cáncer colorrectal. El cáncer colorrectal (CCR) es el tercer tipo de tumor más prevalente y el segundo en términos de mortalidad en todo el mundo. En España, la incidencia estimada es de 43.398 casos: 28.706 tumores de colon y 14.664 de recto en 2022.

Alrededor del 25 % de los pacientes presentan enfermedad metastásica en el momento del diagnóstico, y un tercio de las personas con enfermedad limitada inicialmente desarrollarán metástasis con posterioridad. Esto explica las altas tasas de mortalidad notificadas para los tumores colorrectales.

El CCR es una enfermedad muy heterogénea. Un subgrupo genético bien descrito son los tumores con deficiencia del sistema de reparación de apareamientos erróneos o alta inestabilidad de microsatélites (dMMR o MSI-H por sus siglas en inglés, respectivamente).

Suponen el 15 % de todos los pacientes con CCR y el 4 % de los enfermos con CCR metastásico.

Existen dos formas de cáncer colorrectal MSI-H. El primero consiste en el tipo hereditario, causado por la deficiencia del sistema MMR debido a una mutación de los genes MMR. Predispone al síndrome de Lynch o cáncer colorrectal hereditario no polipósico, el cáncer de colon hereditario más común.

El segundo es la forma esporádica, que está relacionada con una inactivación epigenética de la misma vía. Es decir, las modificaciones genéticas se desarrollan al azar a lo largo de la vida, y no están asociadas a factores hereditarios.

El síndrome de Lynch aumenta el riesgo de otros tipos de cáncer y tiene implicaciones para los parientes de los afectados. Por ello, estos pacientes necesitan vigilancia continuada, mientras que sus familiares deben ser evaluados preventivamente para la detección de dMMR.

ICI y cáncer colorrectal dMMR. Los ICI han transformado el tratamiento de este subtipo de cáncer, así como de otros tumores sólidos con dMMR, al producir respuestas duraderas que prolongan la supervivencia de los pacientes.

El primer medicamento de este tipo probado en pacientes con CCR dMMR fue el anticuerpo anti-PD-1 pembrolizumab. Confirmó una supervivencia libre de progresión significativamente mayor y con menos efectos adversos que la quimioterapia como tratamiento de primera línea en el CCR metastásico.

Dostarlimab y cáncer colorrectal dMMR. El dostarlimab también está siendo evaluado en ensayos clínicos de fase II en pacientes con CCR dMMR.

Han sido publicados los resultados del ensayo NCT04165772, en el que se administraron 500 mg, cada 3 semanas y durante 6 meses, a personas en estadio II o III.

Los criterios principales de valoración fueron la respuesta clínica completa (ausencia de evidencia del tumor en el examen clínico, endoscópico o por imagen) en 12 meses tras concluir el tratamiento con dostarlimab o la respuesta patológica completa (ausencia de lesión tumoral tras analizar el tejido bajo el microscopio) después de la finalización de dicho tratamiento, con o sin quimiorradioterapia.

Sin embargo, la muestra de este estudio fue muy pequeña: de tan sólo 12 pacientes. En cualquier caso, la remisión fue completa en todas las personas y el tumor fue indetectable mediante examen físico, endoscopia y técnicas de diagnóstico por imagen (PET y resonancia magnética).

La eficacia y la seguridad de dostarlimab se están evaluando en el ensayo clínico GARNET (NCT02715284). Incluye a mujeres con tumores sólidos dMMR avanzados, y uno de los subgrupos está integrado por pacientes con tumores mayoritariamente gastrointestinales.

En el caso de los pacientes con cáncer colorrectal (144), el porcentaje de respuesta objetiva confirmada es del 36,2 % y se notificaron efectos adversos graves relacionados con el tratamiento en el 8,3 %. El más frecuente fue el aumento de la lipasa, una enzima pancreática, aunque solo dos pacientes tuvieron que interrumpir la inmunoterapia debido a dichas reacciones.

Otros ensayos clínicos en curso, como el NCT02817633, el NCT03250832 o el NCT05239546, están analizando también el beneficio de dostarlimab en este contexto.

Seguridad de los ICI y el dostarlimab. Los efectos adversos de los ICI son completamente diferentes a los observados con la quimioterapia. Los más comunes están relacionados con alteraciones de la inmunidad, incluyendo los efectos autoinmunitarios.

De las dos familias de agentes ICI, los síntomas gastrointestinales parecen ser más habituales con los inhibidores CTLA-4, mientras que las manifestaciones pulmonares o tiroideas pueden aparecer más frecuentemente con los inhibidores PD-1. Los problemas hepáticos son menos comunes y se presentan con frecuencias casi similares en ambos tipos de fármacos.

En general, los efectos secundarios más frecuentes para los dos tipos de compuestos son los síntomas cutáneos. Destacan el prurito o el vitíligo, que hay que abordar con un tratamiento específico inicial y continuar con esteroides orales.

Con respecto al dostarlimab, en las 515 pacientes con tumores sólidos avanzados o recurrentes que participaron en el estudio GARNET, incluidas las pacientes con cánceres colorrectales, las reacciones adversas más frecuentes (con una prevalencia superior al 10 %) fueron la anemia (25,6 %), náuseas (25 %), diarrea (22,5 %), vómitos (18,4 %), artralgia o dolor de articulaciones (13,8 %), prurito (11,5 %), erupción cutánea (11,1 %), fiebre (10,5 %) e hipotiroidismo (10,1 %).

Se produjeron reacciones adversas graves en el 8,7 % de las pacientes, la mayoría de ellas relacionadas con el sistema inmunitario. El tratamiento con dostarlimab hubo de ser suspendido de forma permanente debido a los efectos secundarios en 17 pacientes (3,3 % de la muestra).

Conclusión: es precisa más evidencia clínica. Los resultados publicados por The New England Journal of Medicine pueden parecer espectaculares y es evidente que nos encontramos con una nueva forma de abordar el tratamiento de los enfermos con CCR.

Sin embargo, el reducido tamaño de la muestra analizada (12 personas) es una limitación muy importante y se requiere su confirmación en una serie mayor de pacientes.

Lo realmente revolucionario sería que los enfermos con este tipo de cáncer colorrectal se puedan tratar únicamente con inmunoterapia antes de la cirugía.

En los casos en los que la respuesta fuera completa, simplemente tendría que hacerse un seguimiento y si, tras dos o tres años, no hay recidivas (reaparición del tumor tras un periodo más o menos largo de ausencia de enfermedad), podríamos considerar que la enfermedad estaría curada, sin necesidad de cirugía, radioterapia o quimioterapia.

Pero para confirmar esta hipótesis es preciso estudiar la eficacia del dostarlimab en una muestra de pacientes mucho mayor y hacer un seguimiento más largo de los mismos.

Y, sobre todo, comparar los resultados con los tratamientos convencionales: radioterapia, quimioterapia y cirugía. Aunque los resultados del estudio son verdaderamente positivos, el nivel de evidencia necesario aún no se ha alcanzado.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel.

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Columna de Opinión

¿EXISTE LA VERDAD?

 

¿EXISTE LA VERDAD?

Agustín Joel Fernándes Cabal, Investigador predoctoral en Filosofía, Universidade de Santiago de Compostela

The Conversation, 27/07/2022

Desde los inicios del conocimiento filosófico se ha debatido sobre la existencia de la verdad. Ríos de tinta se han escrito para intentar definir y analizar este concepto tan profundo, pero tan común en la sociedad. Todos hablamos de la verdad. Todos pedimos la verdad. La reclamamos, aunque a veces neguemos su existencia.

En estas líneas se intentará dar otra visión de lo que, por ahora, creo que es la verdad.

En el periodismo, la verdad se resume en los hechos: “Ocurrió un accidente en tal esquina, tal día a tal hora y hubo tantos heridos”. Listo. Esa es la verdad periodística, una concepción de la verdad netamente informativa, basada en la regla de “las 5 W”, que estructuran la noticia: “Who, what, when, where, why” (quién, qué, cuándo, dónde, por qué).

Pero no podemos considerar un hecho como la verdad. ¿Qué pasaría si alguien llega y dice: “No fue un accidente? ¿Uno de los conductores iba alcoholizado”? Aquí nos adentramos en el mundo de las interpretaciones.

No hay verdad. En sus Fragmentos Póstumos, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche escribió su más famosa frase: “No hay verdad, sólo interpretaciones”.

Es una frase tan interesante como controvertida y mal interpretada. Se ha utilizado para decretar la muerte de la verdad e indicar que cada uno puede tener su interpretación; es decir, su verdad.

Paradójicamente, la frase de Nietzsche cayó en su propia trampa interpretativa. Cuando afirma que hay interpretaciones no busca relativizar el concepto de verdad, sino que dice que cuando algo sucede cada uno encuentra una interpretación distinta del hecho.

Quien apoya la teoría nietzscheana es el filósofo francés Michel Foucault, pero le agrega su marca registrada: el poder.

Según Foucault, hay múltiples interpretaciones de los hechos, pero el poder se encarga de imponer su interpretación (su verdad) y totalizarla.

Cuando imaginamos el poder, muchas veces pensamos en señores en trajes caros sentados alrededor de una mesa pensando “¿qué podemos instalar ahora?”.

Pero para Foucault el poder sencillamente es la capacidad de instalar una propia interpretación como verdad general. Puede ser un ciudadano desde una red social, un político de cualquier signo e ideología, una empresaria o, incluso, un vecino que comienza un rumor en el barrio y lo instala como una verdad absoluta. Así es como nace, también, el concepto de posverdad.

La verdad es una cebolla. Ahora bien, quisiera proponer una forma más sencilla, pero no menos sofisticada, de entender el concepto mismo de la verdad.

En primer lugar, todas las teorías tienen, en parte, razón.

La verdad como concepto en sí es amplia. La verdad es la suma de todas las interpretaciones, de los hechos, del pasado y del presente. Y uno se preguntará qué tiene que ver el pasado con la verdad del presente.

Bien lo explica una frase del filósofo existencialista Jean-Paul Sartre: “Nosotros no somos terrones de arcilla. Lo importante no es lo que se hace de nosotros, sino lo que hacemos nosotros mismos de lo que han hecho de nosotros”.

No se puede separar el presente del pasado, ya que somos su consecuencia. Sin entender el pasado es imposible comprender el presente.

Para aclararlo mejor, imaginemos el concepto de verdad como una cebolla. La cebolla es una hortaliza conformada por varias capas que recubren un núcleo. Si hacemos el paralelismo, el núcleo sería un hecho concreto: el accidente en la esquina, por ejemplo.

La capa que lo recubre sería la visión de los testigos y los protagonistas de ese accidente. La siguiente capa sería el pasado de los involucrados. Y así, las capas se van superponiendo, alejándose cada vez más del hecho en sí.

Pero, inevitablemente, de alguna u otra forma todas las capas están involucradas en el hecho que estamos analizando. Por ende, la verdad es esa cebolla. La verdad es ese conjunto de interpretaciones y macrovisiones que hacen posible un panorama global y entero de todos los hechos.

La verdad no está a nuestro alcance. Entonces, ¿existe la verdad? La respuesta que puedo dar es que sí. ¿Es posible poseer la verdad? Mi respuesta es un rotundo NO.

A menos que uno sea Dios o un ser omnipresente, omnipotente y omnitemporal, es imposible poseerla o alcanzarla.

Pero creer en la existencia de una verdad es fundamental. En su obra El tema de nuestro tiempo, el filósofo español José Ortega y Gasset desarrolla por qué es importante: “La vida sin verdad no es vivible. De tal modo, pues, la verdad existe, que es algo recíproco con el hombre. Sin hombre no hay verdad, pero, viceversa, sin verdad no hay hombre. Éste puede definirse como el ser que necesita absolutamente de la verdad y, al revés, la verdad es lo único que esencialmente necesita el hombre, su única necesidad incondicional”.

Esto convierte el concepto de la verdad en una utopía. Y ¿qué es una utopía? Eduardo Galeano lo explica de manera excepcional parafraseando a un amigo:

“La utopía está en el horizonte. Camino diez pasos y ella se aleja diez pasos. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel.

Las opiniones en este sitio, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

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$ 500 MILLONES A LA BASURA: LAS GRAVES IRREGULARIDADES POR LAS QUE CONTRALORÍA ORDENÓ UN PROCESO DISCIPLINARIO EN CENABAST

 

$ 500 MILLONES A LA BASURA: LAS GRAVES IRREGULARIDADES POR LAS QUE CONTRALORÍA ORDENÓ UN PROCESO DISCIPLINARIO EN CENABAST Catalina Batarce. La Tercera PM, 28/07/2022

Hace algunos días, Contraloría remitió a la ministra de Salud, María Begoña Yarza, el informe final de un análisis realizado por el Departamento de Auditorías Especiales de la entidad que dirige Jorge Bermúdez, a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), en el marco del cual se alertó que millones de pesos se estaban tirando a la basura.

Es que, revisado el inventario de medicamentos de la central, los fiscalizadores detectaron que al 31 de mayo de 2021 había insumos que habían vencido incluso hace cuatro años atrás, y cuyo monto de adquisición total ascendía a $ 506.570.670.

Considerando que estos debían ser eliminados en atención a la normativa sanitaria vigente, hicieron presente que se estaban perdiendo valiosos recursos, lo que implica una “falta de coordinación en las compras de productos entre Cenabast y los requirentes que solicitaron dichos medicamentos, todo lo cual constituye una falencia en el procedimiento de administración de inventario”.

Por ello, no sólo se les pidió habilitar alarmas de vencimiento en el sistema que les permitan gestionar de mejor manera la distribución de los productos, sino que también se les ordenó remitir un informe pormenorizado de las medidas tomadas con los productos caducados.

Asimismo, los profesionales de Contraloría detectaron que el registro de fármacos presenta casos para los cuales no se dispone la fecha de vencimiento asociada en la base de datos “del maestro de productos”, encontrándose tal campo sin información.

En total serían 28.762 unidades las que no incluyen dicha información, siendo valorizados en $ 1.180.167.963.

Como no están los datos, no hay forma de que se enteren de que alguno de los remedios esté próximo a vencer, por lo que los fiscalizadores insisten en que hay un riesgo alto de que se sigan desperdiciando recursos.

Una auditoría realizada por un departamento especializado del ente fiscalizador detectó la presencia de insumos vencidos incluso desde 2017, así como también un escaso registro de datos que permita prever que no se tenga que volver a eliminar productos por negligencias.

Dada la situación se exigió la inmediata regulación, pero también se ordenó el inicio de un procedimiento disciplinario a fin de que se determinen eventuales responsabilidades administrativas en relación con las situaciones mencionadas.

No hay trazabilidad. Junto con lo anterior, los auditores que indagaron la situación del organismo hicieron notar que, aunque la entidad cuenta con un sistema para preparar los pedidos que luego se envían a hospitales, farmacias y otros recintos, no tiene una opción que contemple el registro de la recepción de los mismos, “lo que impide tener una trazabilidad en el sistema del flujo de distribución de los fármacos e insumos”, comentaron.

“Lo anterior conlleva el riesgo de que, al no quedar almacenada dicha información en el sistema, no se pueda determinar quién la recibió, ni acceder al respaldo de la recepción firmada conforme de todos y cada uno de los productos despachados con sus respectivos lotes de fabricación y vencimiento de los mismos”, se complementa en el escrito.

De igual forma, se informó que, si bien Cenabast aprobó el denominado Plan de Continuidad del Negocio, esto se hizo sin que se contemplaran varios aspectos, como el personal encargado o las condiciones para prevenir contingencias.

“Asimismo, la institución tampoco ha elaborado un Plan de Contingencia que le permita identificar y acordar las responsabilidades para la continuidad de las operaciones criticas; especificar el plan de/escalamiento y las condiciones para su activación, así como, los responsables de ejecutar cada componente del plan”, entre otros, por lo que nuevamente Contraloría les pidió complementar los antecedentes a la brevedad e informar de los avances.

Frente a los duros cuestionamientos, desde Cenabast plantearon a La Tercera PM que están trabajando “en dar suficiente respuesta a las observaciones planteadas, dentro del plazo y en base a los nuevos antecedentes detectados”.

“En paralelo y tal como ha sido anunciado por el Ministerio de Salud, Cenabast está en un proceso de fortalecimiento, que le permita adaptarse a los nuevos desafíos sanitarios que el país enfrenta y enfrentará en el futuro, para lo cual se convocará a un concurso público por el sistema de alta dirección pública para la designación del nuevo director, quien liderará el proceso de transformación de la Central de Abastecimiento”, agregaron.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel.

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La Moneda y la “Tercera vía”: un salvavidas de plomo. Danilo Billiard El Mostrador, Opinón

LA MONEDA Y LA “TERCERA VÍA”: UN SALVAVIDAS DE PLOMO

Danilo Billiard

El Mostrador, Opinión, 21/07/2022

“¿Qué salto a las estrellas será tarde de una esperanza raquítica y cobarde?

¿Qué mundo submarino no será nuestro porque un vigor no vino?”

Silvio Rodríguez, Canción contra la indecisión.

La política es una actividad contingente, en la cual las proyecciones en torno a los escenarios que están abiertos actúan siempre como estrategias de poder que buscan contribuir a la sobredeterminación de una tendencia dentro de la coyuntura.

En ese sentido, debería leerse el anuncio del gobierno sobre la continuidad del proceso constituyente en caso de que se imponga la opción Rechazo en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

Sin embargo, nuevamente La Moneda incurre en un error de cálculo político; si consideramos que la campaña por el Apruebo está recién comenzando y que, efectivamente, tal como en la segunda vuelta presidencial, es posible revertir el resultado de las encuestas.

Lo que deja el anuncio entonces, es la sensación de que el plebiscito ya está perdido, lo cual desnuda un déficit político del gobierno para enfrentarse a la situación actual.

Porque esta “tercera vía” propuesta por La Moneda, si bien es útil para efectos de la guerra de cuñas, su viabilidad política es dudosa, como se lo han hecho saber al presidente Boric desde su propia coalición.

Pues de ganar el Rechazo, dependerá de la oposición aprobar una reforma constitucional en el Congreso para, vía plebiscito y con una hoja en blanco, iniciar un segundo proceso constituyente, considerando además el desgaste que eso significa.

Con esto, se deja la iniciativa política en manos de la oposición y de las negociaciones que puedan realizarse entre los partidos, en una suerte de repetición del acuerdo del 15 de noviembre, pero en condiciones que seguramente se estiman más favorables.

Si es así, es que definitivamente la coalición oficialista parece no comprender las características del escenario abierto después del 18 de octubre de 2019.

Ningún proceso constituyente encabezado por el Congreso o por el poder ejecutivo puede gozar de legitimidad, asumiendo también que el triunfo electoral de Boric en diciembre de 2021 tuvo que ver en gran medida con un voto antiderecha más que con una adhesión popular a su programa de gobierno o a su liderazgo. Sobre esa base, las alternativas de La Moneda no son muchas, pues de ganar el Rechazo, será una derrota política para el gobierno, para la izquierda y para todo el pueblo chileno.

Si bien puede considerarse como inteligente y valorable que el gobierno se coloque en el peor de los escenarios y muestre un compromiso con el carácter democrático del proceso, el anuncio solo contribuye al posicionamiento del liderazgo presidencial, no siendo prenda de garantía para la continuidad del proceso constituyente por vías institucionales.

Siendo así, lo que Boric debería tener claro es que, de ganar el Rechazo, su gobierno se termina políticamente, porque significaría en los hechos el triunfo de la administración por sobre las transformaciones.

Lo que podría, o debería, haber hecho el gobierno ya no importa; sin embargo, resultaba más prudente, si tanto es el peso que los sondeos de opinión pública tienen para La Moneda, esperar un tiempo más para medir el impacto de la campaña del Apruebo y así darle, al menos, la posibilidad de disputar el resultado del plebiscito.

Pero esta actitud del gobierno obedece a una interpretación, por cierto, totalmente discutible del momento que atraviesa el país por parte de un sector de la izquierda que se ha ido acercando cada vez más al mundo de los 30 años, tomando distancia del “estallido social”, en circunstancias que fue esa energía la que ha hecho posible el proceso constituyente y el propio triunfo de Boric en segunda vuelta, favoreciendo así la “democracia gubernamental” y la defensa del orden; derrotero peligroso, si se considera el deterioro de los indicadores sociales durante el último tiempo.

Ningún proceso constituyente encabezado por el Congreso o por el poder ejecutivo puede gozar de legitimidad, asumiendo también que el triunfo electoral de Boric, en diciembre de 2021, tuvo que ver en gran medida con un voto antiderecha más que con una adhesión popular a su programa de gobierno o a su liderazgo.

Sobre esa base, las alternativas de La Moneda no son muchas, pues de ganar el Rechazo, será una derrota política para el gobierno, para la izquierda y para todo el pueblo chileno.

Más que la propuesta del gobierno contribuya -como también se ha dicho- a que se imponga la postura de los sectores moderados, lo que hace en realidad es reforzar una concepción elitaria de la política, que por más radical y transformadora que se pretenda, se hace a distancia del pueblo, o se le incluye solo en términos alusivos a través de los medios de comunicación.

En cambio, una política en la cual el protagonismo reside en el pueblo entiende que la revuelta de octubre no es un hecho del pasado que pueda dialectizarse como poder constituido.

Ese acontecimiento, que interrumpe el continuum histórico del orden, ha reconfigurado el presente político del país, por lo cual de esa potencia depende si el proceso constituyente continúa o si es neutralizado por el “partido neoliberal”.

El gobierno, gane el Apruebo o el Rechazo, debe decidir si sus alianzas serán con el pueblo chileno o con las fuerzas elitarias que apuestan a blindar el statu quo e imponer un nuevo régimen gatopardista.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel.

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Columna de Opinión, RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD, Seguridad y defensa

“PRETENDER QUE VAN A COEXISTIR EN UN TERRITORIO 12 SISTEMAS JURÍDICOS DISTINTOS ES PARTIR CHILE EN PEDACITOS”

“PRETENDER QUE VAN A COEXISTIR EN UN TERRITORIO 12 SISTEMAS JURÍDICOS DISTINTOS ES PARTIR CHILE EN PEDACITOS”

Andrea Chaparro Solís. El Mercurio, Nacional, 23/07/2022

Está la oficina, pero también leer, la música, aprender sobre lo que viene con la digitalización y como impacta en la sociedad y la economía. El abogado Jorge Bofill parece ir con mas calma que antes. Él cree que es así.

La propuesta constitucional la leyó con papel y lápiz en mano. Hizo comparaciones con el texto vigente, revisó algunas leyes. En esta entrevista expone las conclusiones a las que llegó después de ese ejercicio.

“ESTAMOS DANDO UN SALTO AL VACÍO”.

La propuesta constitucional plantea la existencia de sistemas de justicia, ¿Le parece viable?

Hay varias cosas que hay que tener en cuenta para entender ste texto.

El capítulo IX se denomina sistemas de justicia, en plural, y uno es el Sistema Nacional de Justicia, que va a regir la mayoría del país que no pertenece a los pueblos y naciones indígenas.

Tenemos dos cuerpos que ejercen jurisdicción -los tribunales chilenos y las autoridades de los pueblos y naciones indígenas-, pero como el texto reconoce 11 pueblos y naciones indígenas, lo que está diciendo es que vamos a tener 12 sistemas.

Otro artículo establece que los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, en virtud de su derecho de libre determinación, coexisten coordinado en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Estamos dando un salto al vacío.

El texto propuesto nos dice “mire, vamos a tener 12 sistemas jurídicos, cada uno se va a regir por sus propias normas y en cada uno resolverán sus jueces”. Eso es sumamente difícil.

¿Cómo debiese resolverse el tema de la coordinación “en un plano de igualdad” entre ambos sistemas?

La propuesta plantea como premisa que cada uno de los pueblos y naciones indígenas tiene un sistema Jurídico, con sus propias normas. El equivalente del derecho civil, el derecho penal … No dice como deben coordinarse, que pasa cuando hay un conflicto que involucra a personas de mas de uno de estos sistemas, no solo chilenos y de una etnia indígena, entre etnias, por ejemplo. Se supone que la ley debiera resolver algunos de los problemas, pero se habla de 12 sistemas y 11 de ellos que no están inscritos en ninguna parte.

¿Le parece suficiente el rol unificador que se da a la Corte Suprema?

La norma que le da competencia a la Corte Suprema para impugnar las decisiones que se tomen en materia de jurisdicción indígena dice que esto se va a resolver en una sala especializada y que, además, va a contar con una consejería técnica, con expertos en la cultura y el derecho propio de cada uno de estos pueblos. Implícitamente dice que aunque la Corte Suprema vaya a tener una sala especializada, no necesariamente va a saber del derecho indígena que se está discutiendo.

Si la Constitución lo que tiene que hacer es definir los mínimos comunes; no puede estar generando un nivel de incertidumbre tal que cuando se tiene que votar por ella ni siquiera el lecto más estudioso sabe lo que estamos aprobando o rechazando.

No tenemos idea en que va a consistir el sistema jurídico.

¿Cuál cree que debió ser “el mínimo común” en esta materia? ¿Le parecía suficiente el Convenio 169?

El único referente que conocemos para saber lo que se exige, al menos a nivel de tratados internacionales, es el Convenio 169. Se puede decir que la ley chilena indígena es mala, puede ser, pero el Convenio 169 se supone que es un instrumento visado por la ONU y creo que es sensato.

Y dice que como todos conviven en un mismo estado, lo razonable es que tengan un sistema jurídico, pero que este tome en consideración lo distinto que puede haber en cada caso, pero advierte que hay ciertas cosas que podrían constituir costumbre o tradición indígena y ser incompatible con un sistema de derechos humanos básico y, en ese caso, no se pueden llegar a imponer.

Pretender que van a coexistir en un territorio 12 sistemas jurídicos distintos es partir a Chile en pedacitos, sobre todo cuando uno escucha que ellos tienen derecho a territorio propio.

Entonces lo que están diciendo es que Chile va a ser un archipiélago, pero con una dificultad adicional: el archipiélago no es de islas en las cuales cada una tendrá como frontera el mar, sino que van a estar conviviendo en el mismo lugar permanentemente.

Eso es un caos normativo.

De aprobarse el texto, ¿Cómo ve la aplicabilidad de estos sistemas?

No veo posible que esto se haga realidad. Tengo experiencia en trabajo legislativo; tuve la suerte de intervenir en la reforma procesal penal, pero también en muchas otras cosas. Escribir leyes es muy difícil, cada artículo que se escribe tiene un sentido propio, pero también un sentido sistemático.

Con esa experiencia no me puedo imaginar como la ley va a regular como van a funcionar, sobre que criterios va a regular cuando se producen conflictos de competencia, si no sabemos cuales son los sistemas jurídicos indígenas, y no es que yo lo diga, sino el texto que le dice a la Corte Suprema “tiene que tener una sala especializada, pero ojo, también asesores técnicos que sepan de esto”.

Eso en castellano significa que ni siquiera los miembros de la Corte Suprema, de acuerdo con la propuesta constitucional, van a saber sobre estas materias.

Y si eso es así ¿Porqué los miembros de la Cámara de Diputados van a estar calificados para hacer esto que les encomienda la propuesta?

Además, se imponen plazos para esta tarea.

Aquí hay entre excesos ideológicos y mucha ingenuidad para los efectos del diseño que estamos mirando.

“GRAVE RIESGO PARA LA INDEPENDENCIA JUDICIAL”.

Cambia el Poder Judicial a un Sistema Nacional de Justicia, con un nuevo diseño para el nombramiento de jueces y labores no jurisdiccionales, ¿Qué piensa de un Consejo de la Justicia?

Una de las primeras críticas a la propuesta es que le desconoce al Poder Judicial su calidad y eso es muy complicado en un Estado de Derecho, la separación de poderes es una cuestión fundamental.

El judicial se llama así porque es la manera de poder de manifiesto su independencia. Sin ella, no hay Poder Judicial. Que la propuesta nos diga que no es un poder, sino que es un sistema de justicia ya es una señal de para adonde vamos con estas regulaciones.

Tenemos un sistema que le entrega a la Corte Suprema, por un lado, la función jurisdiccional y, por otro, las facultades económicas y disciplinarias del Poder Judicial, concentrándose todo en una mano.

Hay mucha crítica histórica a esto y la única forma de preservar la independencia judicial es que el consejo tenga mayoría de jueces -o designados por los jueces- y eso aquí no está.

Ahora, no nos engañemos, todos sabemos que con ocasión de la discusión de la propuesta se pretendió establecer normas que permitían al Consejo de la Justicia controlar las decisiones de los jueces.

Ya propósito de la integración reflexiona sobre el concepto de plurinacionalidad: “Si el Sistema Nacional de la Justicia es para los chilenos y cada pueblo indígena va a tener su propio sistema de justicia ¿Por qué los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a nombrar dos miembros del Consejo de Justicia si no es para ellos? Este es un exceso”.

¿Ve en Consejo un riesgo de politización?

Estamos sacando facultades de la Corte Suprema, como las disciplinarias, y se las estamos entregando al Consejo, que podrá revisar la actuación de los tribunales, pero no sus resoluciones judiciales.

O sea, le estamos entregando la revisión y la sanción de los jueces a un organismo cuya designación es de origen político en su mayoría, sin que el Poder Judicial pueda defenderse de eso.

Esto es una forma de poner, por lo menos, en grave riesgo la independencia judicial.

Sin embargo, dice, “lo que no creo es que ese argumento sea suficiente para que uno diga ‘vamos a mantener todo esto en manos de la Corte Suprema, porque me imagino una Corte Suprema distinta y aquí la propuesta peca por defecto’”.

CORTE CONSTITUCIONAL FUNCIONARÁ CUANDO “EL SISTEMA POLÍTICO LO QUIERA”.

Sobre la justicia constitucional se ha valorado su mantención.

No se mantiene.

Pero se propone una Corte Constitucional y se le entregan atribuciones.

Llama la atención que si se va a mantener el Tribunal Constitucional (TC) con otro nombre, no se hayan hecho cargo del principal problema de esa magistratura, que es la designación, porque replican el origen político que tantos cuestionamientos ha generado.

Y, además, pasa a ser una corte irrelevante, porque en una corte que va a funcionar a petición de otros tribunales o de otras autoridades. El principal interesado, que es el ciudadano, no tiene acceso.

Creo que esta es otra solución de compromiso, entre aquellos que decían que el TC no podría desaparecer y otros que lo querían eliminar.

Al final del día, va a ser una corte que va a funcionar cuando el sistema político lo quiera.

En la práctica, es casi lo mismo que eliminarlo.

¿Echa de menos el control preventivo entre sus facultades?

Estoy de acuerdo con eliminar la facultad de revisión preventiva de las leyes, creo que ahí en buena medida se juega eso de la tercera cámara.

FISCAL NACIONAL: “UNA ESPECIE DE EMBAJADOR DEL MINISTERIO PÚBLICO”.

Sobre el Ministerio Público ¿Cómo evalúa la definición que se da en la propuesta constitucional?

Creo que, especto del Ministerio Público, que es otra oportunidad perdida. Existe hace poco mas de 20 años y uno hubiera pensado que era el momento de hacer una evaluación seria de su funcionamiento, pero la propuesta de lo único que se encarga es de regular las autoridades superiores de la fiscalía.

Hemos tenido suficientes críticas públicas al sistema como para decir que es lo que había que revisar. Que significa, por ejemplo, la autonomía del Ministerio Público, porque por lo visto, hasta ahora la fiscalía ha entendido, a través de sus autoridades que nadie las puede controlar.

El abogado enumera las distintas atribuciones que el texto entrega al fiscal nacional, como presidir el comité -que fijará las políticas de persecución penal- o representar a la institución ante otros órganos, y concluye que “lo único que hay es una mala solución a una discusión entre los que querían eliminar y los que querían mantener la figura, en que el fiscal nacional pasa a ser completamente irrelevante, una especie de ‘embajador del Ministerio Público”.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

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