News, Seguridad y defensa

RÉPLICA A UNA FUERZA NAVAL CONSISTENTE II

RÉPLICA A UNA FUERZA NAVAL CONSISTENTE II.

Ignacio Mardones Costa Jefe de Desarrollo y Estrategia de AthenaLab

El Mostrador, Opinión, 12/07/2023

Cada país tiene necesidades específicas en cuanto a defensa. Una mirada rápida al mapa nos alertará que la seguridad marítima de Chile no es comparable con la de países más mediterráneos que el nuestro. Es de decir, la geografía importa; los estados que no comprenden su entorno estratégico están condenados a competir en desventaja. Es por esto que, un simple cómputo de potenciales, como propone Eduardo Santos, en sólo un ingrediente de la profundidad del análisis que se debe realizar al momento de decidir la renovación de la fuerza marítima.

Me he tomado unos días para responder la nueva columna de Eduardo Santos publicada en este medio y titulada “Una fuerza naval consistente II”.

En primer lugar, quiero agradecerle por invitarnos a debatir un tema que me parece relevante: el desarrollo integral de una Armada que, por la magnitud de sus recursos e importancia en la seguridad de un país marítimo que depende de su comercio exterior y de la zona económica exclusiva, debiese ser un tema que le preocupe a todos los chilenos.

La seguridad del país, en todas sus dimensiones, y en particular la protección de los intereses nacionales donde sea que estén ubicados, es un deber primario del Estado.

Sin seguridad, no hay libertad, como tampoco estabilidad ni prosperidad.

Es por esto por lo que los proyectos de defensa son tratados tanto en Chile como en el extranjero como planes de Estado, donde no solo se involucra a la institución, en este caso la Armada, sino que son evaluados minuciosamente en el ministerio respectivo, debatido en el Congreso y finalmente aprobado por presidencia.

Este proceso es iterativo, y tarda años, justamente porque busca obtener un producto que, a un precio razonable, sea capaz de brindar la seguridad necesaria al país.

Cada país tiene necesidades específicas en cuanto a defensa. Una mirada rápida al mapa nos alertará que la seguridad marítima de Chile no es comparable con la de países más mediterráneos que el nuestro.

Es de decir, la geografía importa; los estados que no comprenden su entorno estratégico están condenados a competir en desventaja.

Es por esto que, un simple cómputo de potenciales, como propone Santos, en sólo un ingrediente de la profundidad del análisis que se debe realizar al momento de decidir la renovación de la fuerza marítima.

Sólo como ejemplo: él argumenta necesario reducir el tonelaje de las fragatas propuesto por la Universidad Católica. Esto tiene dos aristas, una financiera y otra operacional.

Respecto a la primera, el precio de un buque, más que por su desplazamiento, está dado por el tipo de equipamiento que recibe. No es lo mismo una fragata con sistemas sofisticados de radares para detectar aviones o misiles, a otra que tenga solo radares de primera generación.

Para entenderlo de otra forma, al igual que en la industria automotriz, cada modelo tiene un “desde” y un “hasta”.

En segundo lugar, cualquier marino, independiente de su nacionalidad, le dirá que no es lo mismo navegar en el trópico, que en los mares del sur. (¡Lo famoso del Cabo de Hornos, no va precisamente por lo lindo de sus paisajes, sino por la violencia de sus aguas!).

Para operar un buque en forma efectiva en el sur de nuestro país, el tonelaje importa.

En segundo lugar, el cálculo que Santos propone, aunque interesante, no aparece en ninguno de los estudios especializados en defensa, y se basa en múltiples supuestos.

Por ejemplo, el primero y más importante, es que algún país debe estar dispuesto a vender buques de segunda mano, con alguna capacidad remanente.

Si bien eso fue posible hace quince años, hoy ya no, básicamente porque el entorno de seguridad ha cambiado tanto, que aquellos países a los que tradicionalmente le comprábamos buques, como el Reino Unido y Holanda, hoy están dando de baja sus buques al término de su vida útil.

Concordaremos que en algo tan importante como en la defensa, no es posible depender de que tengamos la suerte de encontrar algo en el mercado.

Es ahí justamente cuando el informe de la Universidad Católica ilumina en cuanto a las posibilidades más costo/efectivas para país.

Respecto a los escenarios estratégicos a los que alude Santos, sería interesante que los mencione, porque desde hace más de una década, la gran mayoría de los think tanks especializados en defensa vienen advirtiendo el deterioro del entorno estratégico mundial y regional.

Los países cada vez se están armando más, otra razón más por la que nadie vende sus buques usados. El Cono Sur tampoco ha estado exento de problemas.

Recordemos, por ejemplo, lo contenido en la Directiva de Política de Defensa Nacional de Argentina, publicada el 2021, donde menciona el control compartido del Estrecho de Magallanes y lo que ellos denominan el “Mar de Hoces”, que provocó una reacción de nuestra Cancillería, aun sin respuesta.

Finalmente, creo que la Armada hace bien en definir cuáles son sus requerimientos para mantener las capacidades de la fuerza actualizadas. Y también lo hace involucrando a entes externos, como universidades de prestigio.

La opinión de esta institución no solo es relevante, sino que necesaria; los escenarios que identifica, su experiencia con las operaciones que realiza, la comprensión del entorno en que opera, a mi juicio, no generan una “lista de supermercado” como nos señala Santos, sino que una opinión profesional y fundada, la que debe ser sopesada por los tomadores de decisiones.

El debate en torno a la necesidad de renovar la flota es vital y debe ser abordado en forma institucional.

La seguridad del país no puede basarse en cálculos escritos sobre servilletas.

Un aporte del Director de la revista Unofar, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

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UNA FUERZA NAVAL CONSISTENTE II

UNA FUERZA NAVAL CONSISTENTE II.

Eduardo Santos Muñoz, Ingeniero Civil

El Mostrador, Opinión, 02/07/2023

Este artículo es una segunda parte, propositiva, de una anterior columna de opinión publicada en este mismo medio el pasado 07 de junio de 2023 y tiene por objeto advertir a los chilenos de los efectos de una política pública de gran interés, pero poco transparente, amparada en supuestos “secretos militares”.

Para conocer de primera fuente los alcances y objetivos pretendidos por nuestra Armada para sus propuestas de renovación de su fuerza naval hemos tenido que recurrir, otra vez, a la Revista Proceedings del Instituto Naval de Estados Unidos, que en su reciente edición de mayo de 2023 incorpora una columna de opinión del actual comandante en Jefe de la Armada de Chile, almirante Juan Andrés de la Maza, quién señala: “Habiendo analizado los desafíos que enfrentamos hoy, que incluyen un creciente número de tareas con presupuestos apretados, podemos concluir que si somos capaces de realizar la misión que nosotros establecimos para nuestra Armada a través de la integración Armada-Guardia Costera (Directemar), suplementada por la cooperación internacional, seremos capaces de afrontar todas las amenazas a la seguridad marítima internacional, ambas antiguas y nuevas…”.

En este marco, recordamos también su entrevista al diario El Mercurio del 21 de mayo de 2023, que nos precisaba la forma en que se cumpliría el desafío anterior: “…quiero dejar andando un plan de desarrollo de los submarinos, que son los más caros de la Armada. La idea es dejarle encaminado a mi sucesor esa renovación y por qué no, quizás también otro (plan) de construcción de unidades de combate. (fragatas)”.

Con el fin de evaluar fundadamente estas propuestas de la Armada y poder confrontarlas con una fuerza naval consistente con nuestros escenarios financieros y estratégicos, hemos recurrido a la metodología genérica de cómputos de potenciales, considerando que ella es una herramienta aproximada que nos permite obtener ordenes de magnitud comparables de las capacidades que se proponen, obtenidas a través de indicadores simples, tales como los desplazamientos de los buques.

Los resultados de esta evaluación se muestran en la tabla adjunta (tabla de capacidades), que considera los siguientes criterios y definiciones:

(1) Desplazamiento nominal (light displacement): Incluye el peso del buque, excluyendo carga, combustible, agua, lastre, bodegas, pasajeros y tripulación, según valores obtenidos de fuentes abiertas.

(2) Desplazamiento equivalente: Para poder comparar las capacidades de los nuevos buques propuestos con las unidades existentes, se ha supuesto que éstas últimas son proporcionales a un desplazamiento equivalente, obtenido de su antigüedad promedio (30 años), modernizaciones, vida útil remanente (15 años) y valor residual (33%); que se traducen en un coeficiente dado por:

(15/45)x67% (vida útil) + 33% (valor residual) = 0,55

(3) Factor de furtividad: Para efectos de comparación con las unidades de superficie, se ha considerado que la furtividad de los submarinos equivale a amplificar su desplazamiento por un factor de equivalencia de 4.

(4) Gasto total actual: Las estimaciones del valor actual de los nuevos buques no consideran los intereses del financiamiento necesario ni los índices de crecimiento del precio de los sistemas de armas, tales como los propuestos en la “ley XVI de Augustine”, efectos que podrían llegar a duplicar el gasto total a valor presente.

A partir de los resultados mostrados en la tabla de capacidades adjunta, podemos concluir que el desarrollo total de las propuestas de la Armada podría significar aproximadamente aumentar en 2,8 veces las capacidades de nuestra fuerza naval actual, que es similar a aquella que en el pasado reciente nos permitió mantener la paz; requiriendo un gasto estimado de MMUS$7.500.- (valor actual) en 20 años, que resulta infinanciable e innecesario para los escenarios más probables del siglo XXI.

Considerando las restrictivas proyecciones económicas para los recursos financieros futuros realmente disponibles, nuestra propuesta alternativa para una fuerza naval consistente considera solo continuar con la fabricación del rompehielos y de los dos buques multipropósito ya contratados, construir dos buques patrulleros de alta mar (OPV) adicionales, reemplazar las actuales barcazas LST por dos unidades similares a las actuales, mantener los actuales submarinos Scorpene, no reemplazar los submarinos SSK 209-1400, debido a su muy alto costo y su incierto aporte efectivo para los escenarios futuros más probables y construir solo cinco fragatas en Asmar, de un desplazamiento menor al propuesto en el estudio encargado por la Armada a la Universidad Católica.

Es de mi mayor interés que la Armada no vuelva a repetir los lamentables errores de apreciación política, estratégica y financiera que hace dos décadas llevaron a la cancelación del Proyecto Tridente, que también pretendía construir ocho fragatas en Asmar.

En este contexto, exhortamos a nuestra Armada a transparentar (20 años atrás recibimos un CD con el proyecto Tridente completo), precisar y justificar los antecedentes que han considerado para fundamentar sus propuestas, con el fin de poder avanzar en la pertinencia de otras alternativas, tales como la fuerza naval consistente presentada, que con un costo estimado de MMUS$3.000.- (valor actual), en 20 años sería posible de financiar con alrededor de un tercio del piso anual (MMUS$500.-) establecido para el Fondo de Capacidades Estratégicas de la Defensa y que permitiría cumplir los objetivos de industrialización de Asmar y desarrollar una renovación efectiva de la fuerza naval para mantener capacidades consistentes, equilibradas, suficientes y necesarias.

Espero que pronto podamos debatir también sobre una política de desarrollo integral para la Armada y no solo de su lista de supermercado.

Un aporte del Director de la revista Unofar, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

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UNA FUERZA NAVAL CONSISTENTE

 

UNA FUERZA NAVAL CONSISTENTE.

Eduardo Santos Muñoz, Ingeniero Civil

El Mostrador, Opinión, 07/06/2023

En nuestro Chile real en que vivimos, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central reiteradamente nos anuncian escenarios económicos de bajo crecimiento y fuertes desequilibrios presupuestarios que requerirían de polémicos aumentos de impuestos para satisfacer las grandes y justas demandas sociales, situaciones que, sin duda, afectarán fuertemente a la Defensa, pues para el dilema económico de mantequilla o cañones, claramente la opción actual es mantequilla.

Algunas décadas atrás se desarrolló una interesante polémica pública que alertaba a los chilenos de las inconsistencias del Proyecto Tridente, que en ese entonces presentaba la Armada para renovar su flota de superficie, a través de la construcción en Chile de ocho fragatas.

Afortunadamente, la fortaleza de los argumentos presentados posibilitó a las autoridades políticas optar fundadamente por fragatas usadas, que hoy nos permiten desplegar un moderno poder naval creíble.

En la actualidad, nuestra Armada ha vuelto a presentar a los chilenos una serie de propuestas para la renovación del poder naval, que llaman la atención por sus alcances y la poca transparencia de sus fundamentos, que deberían ser materia de un nuevo debate público democrático.

Intereses navales. Con el objeto de identificar los objetivos de estas iniciativas, que nos permitan evaluar sus implicancias políticas y económicas y determinar su factibilidad, me permito citar algunas declaraciones de los últimos comandantes en Jefe de la Armada, para lo cual comenzaremos con el almirante Enrique Larrañaga Martin, quien declaró en la revista Proceedings de mayo 2018, del Instituto Naval de Estados Unidos, “…más allá de cualquier consideración, siempre prevalecerá la percepción de nuestras dos marinas (de Chile y de Estados Unidos) de verse como complementarias y socias esenciales en el cumplimiento de objetivos compartidos”, lo que, entre otras actividades, se materializa con nuestra participación en las maniobras Rimpac, gran ejercicio naval multinacional en el océano Pacífico liderado por Estados Unidos y hoy orientado a la contención de China, nuestro principal socio comercial y por lo cual, indudablemente, esta actitud “complementaria” de nuestra Armada resulta inconsistente con la postura internacional de Chile de absoluta neutralidad.

Al año siguiente, su sucesor, el almirante Julio Leiva Molina, reactiva la idea de renovar la flota de superficie dentro de un Plan Nacional Continuo de Construcción Naval, que incluye la fabricación en Chile de fragatas, tal como lo informó el diario El Mercurio del 22 de mayo de 2019, que en su página C1 tituló: “Armada encargó a la UC el estudio para construir Fragatas en Chile”, precisando que se trataría de buques de 5200 toneladas y 132 metros de eslora.

Finalmente, debemos considerar el reciente contrato con Asmar por MMUS$410, para construcción de dos buques anfibios destinados primariamente a la proyección de la Brigada Anfibia Expedicionaria de la Armada, capacidades que complementarían las propuestas del actual comandante en Jefe de la Armada de Chile, almirante Juan Andrés de la Maza, quien en su entrevista al diario El Mercurio del 21 de mayo de 2023, señaló: “…Quiero dejar andando un plan de desarrollo de los submarinos, que son los más caros de la Armada. La idea es dejarle encaminado a mi sucesor esa renovación y, por qué no, quizás también otro (plan) de construcción de unidades de combate (fragatas)”.

De esta serie de propuestas surgen dos preguntas relevantes:

La primera de ellas es cómo se pretende financiar los cerca de MMUS$1.600 (en dólares actuales) necesarios para adquirir dos submarinos, además de los MMUS$ 5.000 (en dólares actuales) requeridos para construir en Asmar ocho fragatas, cifras que no consideran los intereses del financiamiento necesario ni los factores de crecimiento del precio de los sistemas de armas, tales como los propuestos en la “ley XVI de Augustine”, y que podrían llegar a duplicar estos valores para la próxima década, para un total de la astronómica suma de alrededor de MMUS$15.000.

La segunda pregunta es aún más importante, pues nos resulta sorprendente este cambio de prioridades, no necesariamente justificadas por la obsolescencia de los buques, que anticipa el desarrollo de capacidades orientadas principalmente para la proyección de la fuerza, “dejando encaminada” ahora la pronta renovación de submarinos y postergando “quizás también otro (plan)” para la construcción de fragatas; para lo cual, la respuesta podría ser que la Armada de Chile se ha imaginado nuevas misiones para proteger nuestros (¿?) intereses en ultramar; tal vez siguiendo los pasos de Australia, que ha decidido repentinamente priorizar una pantalla de nuevos submarinos de propulsión nuclear.

Esta audacia para presentar sus propuestas es un efecto de la autonomía militar que hemos denunciado reiteradamente y una consecuencia de las señales equívocas enviadas por las autoridades políticas dentro del marco de la Ley Nº 21.174 –Crea el Fondo de Capacidades Estratégicas de la Defensa–, que facilita aprobar injustificadas adquisiciones militares, considerando los cerca de 500 millones de dólares de piso para la autorización anual en compras de sistemas armas (paradójicamente, mayor que el valor que disponía la vilipendiada Ley Reservada del Cobre que reemplazó) y cuyas disposiciones son un privilegio para las Fuerzas Armadas, impresentable en un escenario interno de fuertes demandas sociales y restricción de recursos, y externo, de concordia regional.

Escenarios Estratégicos. En los últimos meses hemos sido objeto de una persuasión diplomática a través de la peregrinación silenciosa por Sudamérica de la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Laura Richardson, recibiendo sus esfuerzos para alinearnos en un supuesto conflicto global entre Estados Unidos y China que, creemos, pretende transformar una competencia económica mundial en una amenaza bélica autocumplida que nos resulta ajena, pero cuyos efectos, 50 años después del golpe militar, podrían volver a afectar nuestra convivencia social.

Para evitar a tiempo este escenario, deberemos desarrollar un amplio debate político-estratégico en el marco de una nueva relación regional, resultado del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile de 1984, que puso fin al diferendo del Canal Beagle. y de las sentencias de la Corte de La Haya por la Delimitación Marítima con Perú de 2014 y sobre la Demanda Marítima Boliviana de 2018, que resolvieron las diferencias relevantes pendientes de los conflictos vecinales del siglo XIX, abriendo la oportunidad de avanzar en una postura de legítima defensa; que permitirá a la nueva Política de Defensa, que espero nuestro Ministerio de Defensa comience a elaborar a la brevedad, a reorientarnos sobre ¿de qué defendernos? y ¿cuánta defensa es suficiente?, para, solo a continuación, estar en condiciones de evaluar las mejores alternativas para el desarrollo de nuestras Fuerzas Armadas.

Armada para el siglo XXI. En nuestro Chile real en que vivimos, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central reiteradamente nos anuncian escenarios económicos de bajo crecimiento y fuertes desequilibrios presupuestarios que requerirían de polémicos aumentos de impuestos para satisfacer las grandes y justas demandas sociales, situaciones que, sin duda, afectarán fuertemente a la Defensa, pues para el dilema económico de mantequilla o cañones, claramente la opción actual es mantequilla.

La paradoja de esta situación es que las autoridades políticas siguen preocupadas solo de la probidad y de proponer nuevas funciones policiales para la defensa, pero nada dicen de una imprescindible Revisión Militar que evite a tiempo la inexorable decadencia de nuestra Defensa.

Sin duda, existe una falta de voluntad política para materializar los dividendos de la paz, a través de una Política Militar que evite tempranamente iniciativas autónomas como las propuestas por la Armada, sintonizando los legítimos requerimientos de capacidades con las amenazas reales, permitiendo así una reducción programada y progresiva del gasto de defensa, sin poner en riesgo nuestra seguridad.

Considerando las atribuciones presidenciales para disponer, organizar y distribuir las fuerzas, se debe evitar el mal ejemplo de las grandes potencias que pretenden resolver militarmente sus conflictos, y desplegar solo capacidades suficientes y necesarias de acuerdo a lo expresado en el Libro de la Defensa Nacional de Chile – 2017, que en su artículo 5.1 señala: “…La Defensa apoya la gestión de la Política Exterior de Chile, la cual busca preservar un orden jurídico internacional sustentado en el derecho, la promoción de la paz, la seguridad y la solución pacífica de las controversias”, lo cual debe traducirse en preservar una zona de paz sudamericana, a través de una fuerza financiable y equilibrada, consistente con las nuevas prioridades de un Estado social y democrático de derecho.

Un aporte del Director de la revista Unofar, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Columna de Opinión, News

DESACUERDOS EN TORNO AL GOLPE

 

DESACUERDOS EN TORNO AL GOLPE

Carlos Peña.

El Mercurio, Columnistas, 09/07/2023

“Frente al Golpe hay que admitir que todos, sean o no víctimas, tienen igual derecho a emitir juicios; aunque deben distinguir entre el juicio fáctico (las causas de lo que ocurrió) y el juicio moral (si debió ocurrir)”.

Las reacciones que suscitaron las declaraciones de Patricio Fernández, sumadas a las declaraciones del diputado Alessandri justificando el Golpe, muestran que hay una discrepancia radical en la forma de enfrentar los hechos de hace medio siglo.

¿Cuál es esa discrepancia?

Es doble. Una de ellas se relaciona con el tipo de juicios que la izquierda y la derecha emiten frente al Golpe, la otra es el papel de las víctimas.

Examinemos cada una en ese orden.

Comencemos con los juicios que la izquierda y la derecha emiten.

Hay quienes, en la izquierda, piensan que la condena moral que merecen el Golpe y las violaciones a los derechos humanos hace inútil atender a las causas que los produjeron. Y en la derecha hay quienes creen que si hay causas que condujeron al Golpe, entonces, como lo acaba de declarar el diputado Alessandri, él está justificado.

Ambos puntos de vista se niegan a aceptar que una cosa es condenar o justificar una acción y otra distinta, explicarla. Y al hacer esto cancelan una de las distinciones más obvias de la cultura y el lenguaje humano.

En efecto, desde muy antiguo se observa que una cosa es preguntarse qué ha ocurrido y otra cosa distinta preguntar si acaso debió ocurrir. Una cosa es constatar los hechos (¿qué causas concurrieron en el Golpe?), otra distinta es valorarlo moral o políticamente (¿fue correcto el Golpe?).

Una cosa son las circunstancias que condujeron al Golpe (su facticidad); otra cosa es que haya debido ocurrir (su moralidad).

Sin distinguir entre lo que es, por una parte, y lo que debe ser, por la otra, ninguna reflexión moral puede emprenderse.

Por eso, si la facticidad tuviera la última palabra (si bastara constatar un hecho o sus causas para aceptarlo), el punto de vista moral no sería posible. Por la inversa, si la moralidad pusiera el punto final (si bastara decir que algo no debió ser para que todo lo demás sobre) es el conocimiento el que estaría de más.

Así entonces, la izquierda debe aceptar que es necesario reflexionar sobre las causas del Golpe (sin perjuicio de condenarlo), y la derecha aceptar que es necesario condenarlo (sin perjuicio de examinar las causas que lo produjeron)

Pues bien, una vez que se acepta esa obvia distinción, resta ahora otra pregunta relativa al lugar de las víctimas; ¿tienen ellas alguna ventaja acerca de la hora de pronunciarse en alguno de esos planos?

Las víctimas, no cabe duda, tienen derecho a la memoria, a la justicia, a la reparación y los sobrevivientes, a hablar por aquellos que ya no pueden hacerlo.

Pero dicho eso, parece obvio que las víctimas no tienen ventaja a la hora de discernir las causas de lo que padecieron o a la hora de emitir juicios morales sobre el proceso histórico en medio del cual ocurrió su tormento.

Sus juicios a ese respecto no son en sí mismos superiores al juicio de ningún otro ciudadano. En una frase, la condición de víctima no concede ninguna ventaja epistémica.

Las víctimas tienen todo el derecho de reclamar memoria, justicia y reparación; pero no deben aspirar al monopolio del juicio moral ni histórico sobre lo que les ocurrió.

Así entonces, frente al Golpe hay que admitir que todos, sean o no víctimas, tienen igual derecho a emitir juicios; aunque deben distinguir entre el juicio fáctico (las causas de lo que ocurrió) y el juicio moral (si debió ocurrir).

Y se pueden discutir las causas del Golpe, pero no su condena.

¿Y por qué —se dirá— si se admite la discrepancia respecto de las causas que condujeron al Golpe, se reclama unanimidad en su condena? ¿Acaso no es posible discrepar en ambos planos, como lo acaba de hacer el diputado Alessandri al sostener que el Golpe estaba justificado?

Lo que ocurre es que en una sociedad democrática es posible discrepar acerca de los hechos o causas de un cierto evento, sin que ello desmedre o deteriore la convivencia; pero lo que no puede ocurrir es que haya discrepancia acerca de las reglas de la comunidad política.

En otras palabras, se puede discrepar acerca de cómo son o cómo fueron estos o aquellos hechos, y acerca de qué circunstancias o acciones contribuyeron a producirlos; pero lo que no puede ocurrir es que los miembros de la sociedad democrática discrepen acerca de cómo deben convivir.

Y es que la convivencia democrática (y no solo ella) requiere ciertos compromisos incondicionales, ciertos imperativos categóricos, principios cuya validez ningún ciudadano, menos un diputado, deberá relativizar.

 

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

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2030 GLOBAL: ABORDANDO UN PLAN B REGIONAL

 

Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos – ANEPE-
2030 GLOBAL: ABORDANDO UN PLAN B REGIONAL

Numerosos estudios y múltiples propuestas han sido divulgados durante el último lustro, cuyo objetivo ha sido visualizar o bien diseñar escenarios que podría enfrentar la Aldea Global al 2030.

La que mayor transversalidad ha alcanzado es aquella conocida como Agenda para el Desarrollo Sostenible (ODS).

Dicha iniciativa es propiciada por la Organización de Naciones Unidas, instancia en que la mayor parte de sus integrantes (Estados signatarios) se han comprometido cumplir.

Si bien dicha Agenda continúa con un curso global, regional y local, la irrupción de ciertos fenómenos sociales, algunos no tan nuevos, ya han despertado más de algún reparo.

En efecto, el principal cuestionamiento radica en que los plazos para llevar a cabo las metas establecidas son cada vez más reducidos provocando incertidumbre en las administraciones de turno.

Analizando datos duros recogidos de diferentes estudios, organizaciones y eruditos en la materia, se puede observar que varios ODS presentan un escuálido nivel de logros y, de mantener dicha tendencia, probablemente al 2030 o antes comenzarán a aparecer recriminaciones, así como exigir responsabilidades donde todos o tal vez nadie se hará cargo.

¿Nos salvamos todos o nos hundimos juntos? Es el eslogan que ya se ha estado instaurando por estos días. ¿Será así? La pandemia del Covid-19 ha sido la última evidencia de que los asuntos internacionales no son tan fáciles de gestionar.

Al situarnos en el ámbito de la seguridad del Estado, y desde la perspectiva de los ODS, daría la impresión que los instrumentos estatales diseñados para su resguardo, protección y defensa de la soberanía no aplican o se encuentran alejados de este compromiso internacional. Algunos de los cuestionamientos que se pueden sostener son: ¿Cuáles serían aquellas amenazas que pondrían en riesgo el logro de los ODS?, o bien: ¿Cuál sería el rol y función de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad en un contexto de desarrollo sostenible?

Ver trabajo completo en:

https://anepe.cl/portfolio/2030-global-abordando-un-plan-b-regional/

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EL OCASO DE VLADIMIR PUTIN EN RUSIA

 

EL OCASO DE VLADIMIR PUTIN EN RUSIA.

Boris Yopo H., Sociólogo y Analista Internacional

El Mostrador, Opinión, 05/07/2023

Putin tendrá que hacer gestos manifiestos para demostrar que tiene el control de toda la estructura de poder, pero ya quedó instalada la imagen de que ese poder fue cuestionado, y que no hubo los castigos de siempre para, en este caso, los insurrectos que se alzaron contra el gobierno. Expertos en Rusia recuerdan otros casos en la historia en que acciones como estas, aunque fracasan en un primer momento, dejan las puertas abiertas para una acción mayor un tiempo después. Sucedió con un intento de golpe contra el zar en 1917 y, pasados unos meses, vino la revolución bolchevique, e igual cosa le sucedió a Gorbachov, siendo sustituido también pocos meses después.

Los sucesos de hace unas semanas en Rusia, en los que el grupo Wagner estuvo a 200 kilómetros de llegar a Moscú, hacen que muchos se pregunten si este es el comienzo del fin de la era de Vladimir Putin en Rusia.

La verdad es que nadie imaginó que una milicia de estas características pudiese desafiar así a alguien como el actual líder ruso, que proyectaba una imagen de controlar absolutamente todo lo que pudiese pasar en ese vasto país.

En 24 horas, el grupo Wagner se hizo del control, sin resistencia alguna, no solo de dos ciudades importantes al sur de Rusia, sino que continuó su marcha hasta estar a unas pocas horas de llegar a Moscú.

En esas dos ciudades, las fuerzas militares del Estado ruso, si bien no se plegaron al motín, tampoco opusieron resistencia e, incluso, altos oficiales se reunieron en forma amistosa con el líder del grupo Wagner.

Al final, como sabemos, esto se estabilizó por ahora, cuando Prigozhin (líder de Wagner) acepta detener la marcha, y replegarse de regreso a una de las ciudades que había tomado. Después acepta la oferta del presidente de Bielorrusia y se refugia en ese vecino país.

La decisión fue un cálculo de sobrevivencia: las fuerzas regulares del ejército, la guardia presidencial (tropas de élite) de Putin y las fuerzas chechenas a su servicio, eran un poder inmensamente superior, y habría sido una masacre de haberse producido un enfrentamiento directo, si las tropas de Wagner seguían su marcha.

Para Putin también era conveniente el acuerdo: Prigozhin y el grupo Wagner tienen cierto respaldo popular en Rusia, y haberlos liquidado en un enfrentamiento habría tenido un costo que, en las actuales circunstancias, prefirió evitar.

No obstante ello, este ha constituido el mayor desafío al poder de Putin al interior de Rusia en todos los años que ha gobernado. Nunca se había visto algo así, de estas magnitudes, y que no pudo ser ocultado por los medios informativos, todos controlados por el Kremlin.

De aquí que algunos sugieran ahora que el destino de Putin ya está decidido, y que será cosa de tiempo nada más para ver un cambio en la cabeza del gobierno ruso.

Esta apreciación puede ser un poco apresurada. Me recuerda el título del libro escrito en 1990 por el periodista Andrés Oppenheimer, que tuvo gran repercusión en esa época, La hora final de Castro. Bueno, el líder cubano falleció en el poder y la gente que trabajó con él sigue dirigiendo los destinos de Cuba hoy.

La verdad es que muchos autócratas y líderes autoritarios del mundo han aprendido a sobrevivir circunstancias difíciles, sin entregar el poder.

Lo vemos hoy en el Medio Oriente, Assad en Siria, Erdogan en Turquía, Lukashenko en Bielorrusia, u Ortega en Nicaragua y Maduro en Venezuela.

Aunque cada caso es distinto, lo cierto es que hoy los liderazgos autoritarios alrededor del mundo cuentan con un arsenal de recursos que, muchas veces, les permiten sortear los desafíos que pueden venir de la oposición o de la sociedad civil.

En el caso de Putin, lo sucedido lo deja claramente debilitado, pero todavía con un margen de acción para sobrevivir a ello.

Toda la nomenclatura de poder ahí es gente que él ha instalado, lo mismo con la plana mayor de las fuerzas armadas, y una guardia presidencial de 200 mil hombres a su disposición. Y controla toda la TV y medios masivos de comunicación.

Lo que se dañó es su aura de control total sobre los destinos del país, y esto no es poco, y claramente el error estratégico de haber invadido Ucrania es algo que crecientemente le va a pesar más, porque ya no son solo voces del exterior las que dicen que esta guerra fue innecesaria, sino que fue el propio líder de Wagner el que lo dijo públicamente hace pocos días, además de criticar una muy mala conducción de las acciones militares rusas en territorio ucraniano.

Ahora Putin tendrá que hacer gestos manifiestos para demostrar que tiene el control de toda la estructura de poder, pero ya quedó instalada la imagen de que ese poder fue cuestionado, y que no hubo los castigos de siempre para, en este caso, los insurrectos que se alzaron contra el gobierno.

Expertos en Rusia recuerdan otros casos en la historia en que acciones como estas, aunque fracasan en un primer momento, dejan las puertas abiertas para una acción mayor un tiempo después. Sucedió con un intento de golpe contra el zar en 1917 y, pasados unos meses, vino la revolución bolchevique, e igual cosa le sucedió a Gorbachov, siendo sustituido también pocos meses después.

¿Sucederá esta vez?

Muy difícil decir ahora, pues –como ya señalamos– estos autócratas han desarrollado recursos para sobrevivir en momentos difíciles, y la democracia no está en su mejor momento en el mundo, más bien está en un momento de retroceso a nivel global.

Por otra parte, si bien el liderazgo chino tiene algunos reparos respecto a Putin, lo consideran un “compañero de ruta” en la confrontación con Occidente y no ven con entusiasmo cualquier cambio que pudiese implicar un fortalecimiento del poder norteamericano en el mundo.

Habrá que estar atentos, entonces, a cómo se mueven los hilos del poder en Rusia en los próximos meses, si empieza a haber fracturas visibles al interior de los grupos que operan en el aparato estatal y, sobre todo, a una posible derrota en Ucrania, que sí podría ser el golpe de gracia para alguien que, hasta ahora, ha demostrado saber navegar en las difíciles aguas del poder en Rusia.

Veremos.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nocional

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CONVENIOS, FUNDACIONES Y SUBSIDIARIEDAD

 

CONVENIOS, FUNDACIONES Y SUBSIDIARIEDAD.

El Mercurio, Editorial, 12/07/2023

Si el Estado invadiera todas las esferas, como lo proponen los críticos, sería aún más fácil quebrantar el buen uso de esos fondos.

Ha resultado sorprendente el ataque que han desplegado contra las iniciativas de la sociedad civil diversos grupos de izquierda, a raíz de los escandalosos traspasos de dinero que obtuvieron fundaciones de ese mismo sector político por parte del Estado.

Luego de que figuras vinculadas a partidos de esa tendencia aparecieran en torcidas maniobras por hacerse de recursos estatales, no han faltado los oportunistas que critican a todas las fundaciones que tengan fines sociales.

En sus críticas no se limitan a aquellas que reciben apoyos de los gobiernos, sino que hacen extensivas sus objeciones a todas las iniciativas de bien común que han hecho, y continúan haciendo, distinguidas personas e instituciones.

La lógica de sus planteamientos no es fácil de seguir, pues no pueden eludir que sus observaciones parten de los casos protagonizados por personas de sus mismas tendencias.

Si ellas se empeñan en conseguir fondos de maneras poco escrupulosas, entonces parecieran decir que no es posible que el Estado le entregue fondos a nadie y debe ser el mismo Estado el que realice todas las tareas.

El absurdo de este planteamiento no escapa al juicio de nadie.

Son muchísimas las funciones que realizan fundaciones y corporaciones que han surgido de la iniciativa privada y que cumplen labores que hoy la sociedad estima indispensables, tanto en el ámbito cultural, como social, educacional, de salud y en muchos otros campos.

Casi siempre se trata de áreas que han sido detectadas por personas talentosas mucho antes de que las autoridades públicas hubieran manifestado la más mínima inquietud por ellas.

Los Bomberos de Chile, por poner un ejemplo, surgieron de la necesidad de combatir incendios en Valparaíso, lo que dio origen a manifestaciones ciudadanas que crearon el primer cuerpo de Bomberos. En su trayectoria han logrado crear una mística de voluntarios que raramente se observa en los organismos estatales.

Lo mismo podría decirse de Coaniquem, que nace para la rehabilitación de los niños quemados y hoy, con cuatro centros, atiende a miles de estos niños con un fervor y entusiasmo desconocidos en muchos de los centros del Estado.

Para intentar darle visos de seriedad a su oportunismo, los críticos de las fundaciones han resuelto objetar la subsidiariedad, como si por ella se hubieran producido los fraudes en los convenios estatales, e intentan decir que la Constitución de Chile la proclama como guía, en contraposición con la solidaridad.

Con ello, solo demuestran la debilidad de sus planteamientos, pues ni la Constitución formula ese planteamiento ni la subsidiariedad tiene relación alguna con las presumibles estafas, además de no ser contradictoria con la solidaridad.

El principio solo procura que la autoridad resuelva los asuntos en la instancia más cercana a los interesados y, por tanto, no le corresponde al Estado dedicarse a aquellas actividades que ya son adecuadamente desarrolladas por particulares.

La ampliación del concepto “subsidiario” proviene de la doctrina social de la Iglesia Católica y ha sido útil para organizar a grandes colectividades, como la Unión Europea, que consagra los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en sus tratados.

La solidaridad no es contraria en forma alguna con el principio, y quienes buscan contraponerlas solo revelan una intención manipulativa de estos conceptos.

Más bien, lo que ilustra lo sucedido con los convenios es la debilidad del Estado para custodiar sus recursos, pues pareciera que funcionarios del mismo partido al que pertenecen los recientes fundadores de ciertas organizaciones sociales se hubieran coludido para traspasarse los dineros.

Si el sector público invadiera todas las esferas, como lo proponen los críticos, sería aún más fácil quebrantar el buen uso de esos fondos. Un Estado que no ha desarrollado reglas suficientemente seguras para resguardar sus riquezas, no puede expandirse sin límite utilizando la solidaridad como mera excusa.

Sus deficiencias quedarían a la vista en la mala asignación y utilización de sus inmensos recursos, en especial si fueran las mismas personas que causaron la situación actual quienes actuaran a nombre de los poderes públicos.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

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