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CÓMO SE PROYECTA LA EXTENSIÓN DE LA CARRERA MILITAR

CÓMO SE PROYECTA LA EXTENSIÓN DE LA CARRERA MILITAR
Publicado en La Tercera

Cinco años. Ese es el lapso, según ya ha comunicado el gobierno, en que se extenderá la carrera militar en Chile para las tres ramas de las FF.AA.

Esta modificación es una de las más profundas que afectará al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y apunta a la optimización del uso de los recursos, humanos y económicos, para su formación, ejercicio profesional y pago de pensiones.

La iniciativa, sin embargo, está llena de detalles. Uno de ellos es que aquella extensión no será igual para oficiales y el cuadro permanente (suboficiales). Y, además, se buscaría potenciar los últimos grados del escalafón de ambas líneas.

El propio presidente Sebastián Piñera planteó, a fines de octubre, que “estamos trabajando un proyecto de ley que va a extender la carrera militar en cinco años (…) Analizamos la experiencia de otros países y creemos que al tener cinco años más, vamos a lograr dos cosas: que un oficial no se retire cuando está en la flor de su vida, y que eso signifique un alivio fiscal importante”.

Además, el ministro de Defensa, Alberto Espina, subrayó hace una semana, en entrevista con La Tercera, que esta iniciativa “también incluye el respaldo al ascenso por mérito y no solo antigüedad”.

Carreras paralelas. La carrera militar se divide en las áreas de oficiales y de suboficiales. El concepto central de la modificación que se prepara apunta a dos ejes: alargar la “vida útil” de los efectivos más experimentados, es decir, que, en los últimos años de su formación, cuando están más capacitados, no deban dejar la institución; y a redestinar parte de los recursos que actualmente se gastan en pensiones del personal en retiro hacia los uniformados activos.

El universo actual de las tres ramas bordea los 90 mil efectivos, de los cuales la llamada “dotación de planta”, aquella sujeta a la carrera militar, supera los 50 mil uniformados.

En el proyecto se ampliaría el escalafón de suboficiales en cinco años (de 35 a 40) y el de oficiales en dos o tres (probablemente de 38 a 41). Ambas áreas quedarían casi a la par y estaría en estudio la aplicación gradual del cambio.

¿Cuál es el proceso formativo de este cuadro? El límite legal máximo de permanencia para los oficiales es de 38 años, mientras que el de suboficiales llega a 35. Sin embargo, en ambos casos la carrera está partiendo cada vez más tarde.

Según cifras de Defensa, la edad promedio de comienzo en 1982 era de 20 años. Esta entrada temprana, entre otros factores, estaba determinada porque en ese entonces no era obligatorio terminar la enseñanza media para ingresar a las escuelas matrices, por lo que varios miembros de las FF.AA. iniciaban su carrera incluso a los 15 años. Hoy, en cambio, es obligatorio el cuarto medio. Esto hizo que la edad promedio actual de inicio de la carrera militar sea de 24 años.

Seis principios. La lógica del sistema militar vigente se funda en seis principios, los cuales lo convierten en un ejercicio profesional con características únicas.

Por una parte, está el juramento de dar la vida, si es necesario, en el cumplimiento de sus funciones; el de desempeñar tareas en situaciones críticas a nivel país; tener capacidad a reacción a corto plazo; la especificidad del personal, que es irreemplazable, ya que nadie más en todo Chile hace ese trabajo; el de movilidad territorial permanente; y la disponibilidad horaria completa.

Debido a estas premisas, tanto la carrera como el sistema previsional funcionan como un incentivo para que no existan retiros prematuros hacia otros empleos, producto de la inversión que hace el Estado en la formación.

“Lo primero es definir qué Fuerza Armada es la que Chile necesita. Y para saber eso se requiere tener claros los objetivos del país de aquí al 2050. Y en eso tiene mucho que ver la tecnología, el tipo de riesgo y las amenazas”, plantea el analista de Defensa Guillermo Holzmann.

Según un análisis desarrollado este año en la cartera, la inversión que se hace en cada oficial y suboficial, durante su vida activa y retiro, ha cambiado considerablemente desde 1966. Para explicar las proporciones de esa inversión, estos análisis de gobierno utilizaron el ejemplo hipotético (y promedio) de un coronel con 30 años de servicio. A mediados de los años 60, de todo lo que el Estado invertía en este oficial durante su vida, un 78% se destinaba a sus remuneraciones mientras estaba activo y el 22% a la pensión tras el retiro. Actualmente, para el mismo caso hipotético, el país invierte cerca del 54% de los recursos en la remuneración y el 46% en el ítem de su pensión.

Así, uno de los objetivos de alargar la carrera militar justamente tiene que ver con que se destinen mayores recursos cuando el personal está activo. Y, de hecho, hacerlo en los últimos grados del escalafón, cuando más conocimientos y experiencia se ha alcanzado.

Andrés Allamand, exministro de Defensa, sostuvo que “la extensión de la carrera militar busca aprovechar por más tiempo al personal de las FF.AA. Algunos deben abandonar las instituciones cuando han adquirido altas capacidades y el país se ve privado de aprovecharlas. Además, de esta forma se acorta el tiempo en que se pagan pensiones”.

El subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, ha señalado que “en la carrera, al ser hoy piramidal, se retira obligadamente mucha gente muy capaz. Creemos que hay que avanzar en aumentar esos espacios y retener a gente valiosa”.

Un general (R) de Ejército, quien pidió reserva de su identidad, dijo que “yo pasé a retiro cerca de los 58 años, cuando podía trabajar. Hay que aprovechar mejor el elemento entrenado durante años”.

Pensiones. La carrera del mundo uniformado ha sido un tema presente para la actual administración de gobierno. En abril, por ejemplo, en un discurso institucional, el general director de Carabineros, Hermes Soto, dio a conocer su propuesta de extender la carrera policial en servicio activo de 30 a 35 años, junto con ascender al personal en la escala de sueldos.

Para el caso de los militares, uno de los puntos que se viene discutiendo desde hace años es el pago de pensiones y el personal recontratado.

Un reportaje de La Tercera de julio del año pasado, a partir de cifras obtenidas por Transparencia, dio cuenta de que más de 1.050 funcionarios en retiro de las FF.AA. cumplían funciones remuneradas en las mismas tres ramas, con sueldos promedio de $ 940 mil.

El diputado Jorge Brito (RD), presidente de la Comisión Investigadora de Irregularidades en las FF.AA., opinó que “Chile gasta muchos recursos en formar altos oficiales que salen a retiro a muy temprana edad. Y después, algunos son recontratados por la misma institución, recibiendo su pensión y otro sueldo. Es importante extender la carrera militar y acercarla a la vida laboral de todos los chilenos”.

El senador PPD Felipe Harboe destacó que “el alargamiento de la carrera es un buen paso, porque va a permitir aprovechar el capital humano con buena formación”.

Pero agregó que “eso no debe afectar los ingresos de las personas que están cumpliendo funciones ni generar un estancamiento en el desarrollo de su carrera. Quedarse más tiempo en el mismo grado significa una demora en ascender y con ello un perjuicio”.

De allí la idea de que la extensión de la carrera sea no proporcional en cada grado del escalafón, sino enfocada en los últimos. Guillermo Holzmann también planteó otras dudas. “Si bien esto podría representar un alivio para las arcas fiscales, el debate es bastante más complejo. Va a ser un tema de discusión enorme, porque no todos entraron a las FF.AA. pensando en que su carrera se podía alargar”.

Añadió que “hay buenos militares, pero se tiene que generar incentivos, y lograr eso sin que alguien esté amarrado 40 años en una institución es complejo. Era válido en el siglo XX, pero hoy no”

Cinco años. Ese es el lapso, según ya ha comunicado el gobierno, en que se extenderá la carrera militar en Chile para las tres ramas de las FF.AA.

Esta modificación es una de las más profundas que afectará al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y apunta a la optimización del uso de los recursos, humanos y económicos, para su formación, ejercicio profesional y pago de pensiones.

La iniciativa, sin embargo, está llena de detalles. Uno de ellos es que aquella extensión no será igual para oficiales y el cuadro permanente (suboficiales). Y, además, se buscaría potenciar los últimos grados del escalafón de ambas líneas.

El propio presidente Sebastián Piñera planteó, a fines de octubre, que “estamos trabajando un proyecto de ley que va a extender la carrera militar en cinco años (…) Analizamos la experiencia de otros países y creemos que al tener cinco años más, vamos a lograr dos cosas: que un oficial no se retire cuando está en la flor de su vida, y que eso signifique un alivio fiscal importante”.

Además, el ministro de Defensa, Alberto Espina, subrayó hace una semana, en entrevista con La Tercera, que esta iniciativa “también incluye el respaldo al ascenso por mérito y no solo antigüedad”.

Carreras paralelas. La carrera militar se divide en las áreas de oficiales y de suboficiales. El concepto central de la modificación que se prepara apunta a dos ejes: alargar la “vida útil” de los efectivos más experimentados, es decir, que, en los últimos años de su formación, cuando están más capacitados, no deban dejar la institución; y a redestinar parte de los recursos que actualmente se gastan en pensiones del personal en retiro hacia los uniformados activos.

El universo actual de las tres ramas bordea los 90 mil efectivos, de los cuales la llamada “dotación de planta”, aquella sujeta a la carrera militar, supera los 50 mil uniformados.

En el proyecto se ampliaría el escalafón de suboficiales en cinco años (de 35 a 40) y el de oficiales en dos o tres (probablemente de 38 a 41). Ambas áreas quedarían casi a la par y estaría en estudio la aplicación gradual del cambio.

¿Cuál es el proceso formativo de este cuadro? El límite legal máximo de permanencia para los oficiales es de 38 años, mientras que el de suboficiales llega a 35. Sin embargo, en ambos casos la carrera está partiendo cada vez más tarde.

Según cifras de Defensa, la edad promedio de comienzo en 1982 era de 20 años. Esta entrada temprana, entre otros factores, estaba determinada porque en ese entonces no era obligatorio terminar la enseñanza media para ingresar a las escuelas matrices, por lo que varios miembros de las FF.AA. iniciaban su carrera incluso a los 15 años. Hoy, en cambio, es obligatorio el cuarto medio. Esto hizo que la edad promedio actual de inicio de la carrera militar sea de 24 años.

Seis principios. La lógica del sistema militar vigente se funda en seis principios, los cuales lo convierten en un ejercicio profesional con características únicas.

Por una parte, está el juramento de dar la vida, si es necesario, en el cumplimiento de sus funciones; el de desempeñar tareas en situaciones críticas a nivel país; tener capacidad a reacción a corto plazo; la especificidad del personal, que es irreemplazable, ya que nadie más en todo Chile hace ese trabajo; el de movilidad territorial permanente; y la disponibilidad horaria completa.

Debido a estas premisas, tanto la carrera como el sistema previsional funcionan como un incentivo para que no existan retiros prematuros hacia otros empleos, producto de la inversión que hace el Estado en la formación.

“Lo primero es definir qué Fuerza Armada es la que Chile necesita. Y para saber eso se requiere tener claros los objetivos del país de aquí al 2050. Y en eso tiene mucho que ver la tecnología, el tipo de riesgo y las amenazas”, plantea el analista de Defensa Guillermo Holzmann.

Según un análisis desarrollado este año en la cartera, la inversión que se hace en cada oficial y suboficial, durante su vida activa y retiro, ha cambiado considerablemente desde 1966. Para explicar las proporciones de esa inversión, estos análisis de gobierno utilizaron el ejemplo hipotético (y promedio) de un coronel con 30 años de servicio. A mediados de los años 60, de todo lo que el Estado invertía en este oficial durante su vida, un 78% se destinaba a sus remuneraciones mientras estaba activo y el 22% a la pensión tras el retiro. Actualmente, para el mismo caso hipotético, el país invierte cerca del 54% de los recursos en la remuneración y el 46% en el ítem de su pensión.

Así, uno de los objetivos de alargar la carrera militar justamente tiene que ver con que se destinen mayores recursos cuando el personal está activo. Y, de hecho, hacerlo en los últimos grados del escalafón, cuando más conocimientos y experiencia se ha alcanzado.

Andrés Allamand, exministro de Defensa, sostuvo que “la extensión de la carrera militar busca aprovechar por más tiempo al personal de las FF.AA. Algunos deben abandonar las instituciones cuando han adquirido altas capacidades y el país se ve privado de aprovecharlas. Además, de esta forma se acorta el tiempo en que se pagan pensiones”.

El subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, ha señalado que “en la carrera, al ser hoy piramidal, se retira obligadamente mucha gente muy capaz. Creemos que hay que avanzar en aumentar esos espacios y retener a gente valiosa”.

Un general (R) de Ejército, quien pidió reserva de su identidad, dijo que “yo pasé a retiro cerca de los 58 años, cuando podía trabajar. Hay que aprovechar mejor el elemento entrenado durante años”.

Pensiones. La carrera del mundo uniformado ha sido un tema presente para la actual administración de gobierno. En abril, por ejemplo, en un discurso institucional, el general director de Carabineros, Hermes Soto, dio a conocer su propuesta de extender la carrera policial en servicio activo de 30 a 35 años, junto con ascender al personal en la escala de sueldos.

Para el caso de los militares, uno de los puntos que se viene discutiendo desde hace años es el pago de pensiones y el personal recontratado.

Un reportaje de La Tercera de julio del año pasado, a partir de cifras obtenidas por Transparencia, dio cuenta de que más de 1.050 funcionarios en retiro de las FF.AA. cumplían funciones remuneradas en las mismas tres ramas, con sueldos promedio de $ 940 mil.

El diputado Jorge Brito (RD), presidente de la Comisión Investigadora de Irregularidades en las FF.AA., opinó que “Chile gasta muchos recursos en formar altos oficiales que salen a retiro a muy temprana edad. Y después, algunos son recontratados por la misma institución, recibiendo su pensión y otro sueldo. Es importante extender la carrera militar y acercarla a la vida laboral de todos los chilenos”.

El senador PPD Felipe Harboe destacó que “el alargamiento de la carrera es un buen paso, porque va a permitir aprovechar el capital humano con buena formación”.

Pero agregó que “eso no debe afectar los ingresos de las personas que están cumpliendo funciones ni generar un estancamiento en el desarrollo de su carrera. Quedarse más tiempo en el mismo grado significa una demora en ascender y con ello un perjuicio”.

De allí la idea de que la extensión de la carrera sea no proporcional en cada grado del escalafón, sino enfocada en los últimos. Guillermo Holzmann también planteó otras dudas. “Si bien esto podría representar un alivio para las arcas fiscales, el debate es bastante más complejo. Va a ser un tema de discusión enorme, porque no todos entraron a las FF.AA. pensando en que su carrera se podía alargar”.

Añadió que “hay buenos militares, pero se tiene que generar incentivos, y lograr eso sin que alguien esté amarrado 40 años en una institución es complejo. Era válido en el siglo XX, pero hoy no”

Cinco años. Ese es el lapso, según ya ha comunicado el gobierno, en que se extenderá la carrera militar en Chile para las tres ramas de las FF.AA.

Esta modificación es una de las más profundas que afectará al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y apunta a la optimización del uso de los recursos, humanos y económicos, para su formación, ejercicio profesional y pago de pensiones.

La iniciativa, sin embargo, está llena de detalles. Uno de ellos es que aquella extensión no será igual para oficiales y el cuadro permanente (suboficiales). Y, además, se buscaría potenciar los últimos grados del escalafón de ambas líneas.

El propio presidente Sebastián Piñera planteó, a fines de octubre, que “estamos trabajando un proyecto de ley que va a extender la carrera militar en cinco años (…) Analizamos la experiencia de otros países y creemos que al tener cinco años más, vamos a lograr dos cosas: que un oficial no se retire cuando está en la flor de su vida, y que eso signifique un alivio fiscal importante”.

Además, el ministro de Defensa, Alberto Espina, subrayó hace una semana, en entrevista con La Tercera, que esta iniciativa “también incluye el respaldo al ascenso por mérito y no solo antigüedad”.

Carreras paralelas. La carrera militar se divide en las áreas de oficiales y de suboficiales. El concepto central de la modificación que se prepara apunta a dos ejes: alargar la “vida útil” de los efectivos más experimentados, es decir, que, en los últimos años de su formación, cuando están más capacitados, no deban dejar la institución; y a redestinar parte de los recursos que actualmente se gastan en pensiones del personal en retiro hacia los uniformados activos.

El universo actual de las tres ramas bordea los 90 mil efectivos, de los cuales la llamada “dotación de planta”, aquella sujeta a la carrera militar, supera los 50 mil uniformados.

En el proyecto se ampliaría el escalafón de suboficiales en cinco años (de 35 a 40) y el de oficiales en dos o tres (probablemente de 38 a 41). Ambas áreas quedarían casi a la par y estaría en estudio la aplicación gradual del cambio.

¿Cuál es el proceso formativo de este cuadro? El límite legal máximo de permanencia para los oficiales es de 38 años, mientras que el de suboficiales llega a 35. Sin embargo, en ambos casos la carrera está partiendo cada vez más tarde.

Según cifras de Defensa, la edad promedio de comienzo en 1982 era de 20 años. Esta entrada temprana, entre otros factores, estaba determinada porque en ese entonces no era obligatorio terminar la enseñanza media para ingresar a las escuelas matrices, por lo que varios miembros de las FF.AA. iniciaban su carrera incluso a los 15 años. Hoy, en cambio, es obligatorio el cuarto medio. Esto hizo que la edad promedio actual de inicio de la carrera militar sea de 24 años.

Seis principios. La lógica del sistema militar vigente se funda en seis principios, los cuales lo convierten en un ejercicio profesional con características únicas.

Por una parte, está el juramento de dar la vida, si es necesario, en el cumplimiento de sus funciones; el de desempeñar tareas en situaciones críticas a nivel país; tener capacidad a reacción a corto plazo; la especificidad del personal, que es irreemplazable, ya que nadie más en todo Chile hace ese trabajo; el de movilidad territorial permanente; y la disponibilidad horaria completa.

Debido a estas premisas, tanto la carrera como el sistema previsional funcionan como un incentivo para que no existan retiros prematuros hacia otros empleos, producto de la inversión que hace el Estado en la formación.

“Lo primero es definir qué Fuerza Armada es la que Chile necesita. Y para saber eso se requiere tener claros los objetivos del país de aquí al 2050. Y en eso tiene mucho que ver la tecnología, el tipo de riesgo y las amenazas”, plantea el analista de Defensa Guillermo Holzmann.

Según un análisis desarrollado este año en la cartera, la inversión que se hace en cada oficial y suboficial, durante su vida activa y retiro, ha cambiado considerablemente desde 1966. Para explicar las proporciones de esa inversión, estos análisis de gobierno utilizaron el ejemplo hipotético (y promedio) de un coronel con 30 años de servicio. A mediados de los años 60, de todo lo que el Estado invertía en este oficial durante su vida, un 78% se destinaba a sus remuneraciones mientras estaba activo y el 22% a la pensión tras el retiro. Actualmente, para el mismo caso hipotético, el país invierte cerca del 54% de los recursos en la remuneración y el 46% en el ítem de su pensión.

Así, uno de los objetivos de alargar la carrera militar justamente tiene que ver con que se destinen mayores recursos cuando el personal está activo. Y, de hecho, hacerlo en los últimos grados del escalafón, cuando más conocimientos y experiencia se ha alcanzado.

Andrés Allamand, exministro de Defensa, sostuvo que “la extensión de la carrera militar busca aprovechar por más tiempo al personal de las FF.AA. Algunos deben abandonar las instituciones cuando han adquirido altas capacidades y el país se ve privado de aprovecharlas. Además, de esta forma se acorta el tiempo en que se pagan pensiones”.

El subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, ha señalado que “en la carrera, al ser hoy piramidal, se retira obligadamente mucha gente muy capaz. Creemos que hay que avanzar en aumentar esos espacios y retener a gente valiosa”.

Un general (R) de Ejército, quien pidió reserva de su identidad, dijo que “yo pasé a retiro cerca de los 58 años, cuando podía trabajar. Hay que aprovechar mejor el elemento entrenado durante años”.

Pensiones. La carrera del mundo uniformado ha sido un tema presente para la actual administración de gobierno. En abril, por ejemplo, en un discurso institucional, el general director de Carabineros, Hermes Soto, dio a conocer su propuesta de extender la carrera policial en servicio activo de 30 a 35 años, junto con ascender al personal en la escala de sueldos.

Para el caso de los militares, uno de los puntos que se viene discutiendo desde hace años es el pago de pensiones y el personal recontratado.

Un reportaje de La Tercera de julio del año pasado, a partir de cifras obtenidas por Transparencia, dio cuenta de que más de 1.050 funcionarios en retiro de las FF.AA. cumplían funciones remuneradas en las mismas tres ramas, con sueldos promedio de $ 940 mil.

El diputado Jorge Brito (RD), presidente de la Comisión Investigadora de Irregularidades en las FF.AA., opinó que “Chile gasta muchos recursos en formar altos oficiales que salen a retiro a muy temprana edad. Y después, algunos son recontratados por la misma institución, recibiendo su pensión y otro sueldo. Es importante extender la carrera militar y acercarla a la vida laboral de todos los chilenos”.

El senador PPD Felipe Harboe destacó que “el alargamiento de la carrera es un buen paso, porque va a permitir aprovechar el capital humano con buena formación”.

Pero agregó que “eso no debe afectar los ingresos de las personas que están cumpliendo funciones ni generar un estancamiento en el desarrollo de su carrera. Quedarse más tiempo en el mismo grado significa una demora en ascender y con ello un perjuicio”.

De allí la idea de que la extensión de la carrera sea no proporcional en cada grado del escalafón, sino enfocada en los últimos. Guillermo Holzmann también planteó otras dudas. “Si bien esto podría representar un alivio para las arcas fiscales, el debate es bastante más complejo. Va a ser un tema de discusión enorme, porque no todos entraron a las FF.AA. pensando en que su carrera se podía alargar”.

Añadió que “hay buenos militares, pero se tiene que generar incentivos, y lograr eso sin que alguien esté amarrado 40 años en una institución es complejo. Era válido en el siglo XX, pero hoy no”

Cinco años. Ese es el lapso, según ya ha comunicado el gobierno, en que se extenderá la carrera militar en Chile para las tres ramas de las FF.AA.

Esta modificación es una de las más profundas que afectará al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y apunta a la optimización del uso de los recursos, humanos y económicos, para su formación, ejercicio profesional y pago de pensiones.

La iniciativa, sin embargo, está llena de detalles. Uno de ellos es que aquella extensión no será igual para oficiales y el cuadro permanente (suboficiales). Y, además, se buscaría potenciar los últimos grados del escalafón de ambas líneas.

El propio presidente Sebastián Piñera planteó, a fines de octubre, que “estamos trabajando un proyecto de ley que va a extender la carrera militar en cinco años (…) Analizamos la experiencia de otros países y creemos que al tener cinco años más, vamos a lograr dos cosas: que un oficial no se retire cuando está en la flor de su vida, y que eso signifique un alivio fiscal importante”.

Además, el ministro de Defensa, Alberto Espina, subrayó hace una semana, en entrevista con La Tercera, que esta iniciativa “también incluye el respaldo al ascenso por mérito y no solo antigüedad”.

Carreras paralelas. La carrera militar se divide en las áreas de oficiales y de suboficiales. El concepto central de la modificación que se prepara apunta a dos ejes: alargar la “vida útil” de los efectivos más experimentados, es decir, que, en los últimos años de su formación, cuando están más capacitados, no deban dejar la institución; y a redestinar parte de los recursos que actualmente se gastan en pensiones del personal en retiro hacia los uniformados activos.

El universo actual de las tres ramas bordea los 90 mil efectivos, de los cuales la llamada “dotación de planta”, aquella sujeta a la carrera militar, supera los 50 mil uniformados.

En el proyecto se ampliaría el escalafón de suboficiales en cinco años (de 35 a 40) y el de oficiales en dos o tres (probablemente de 38 a 41). Ambas áreas quedarían casi a la par y estaría en estudio la aplicación gradual del cambio.

¿Cuál es el proceso formativo de este cuadro? El límite legal máximo de permanencia para los oficiales es de 38 años, mientras que el de suboficiales llega a 35. Sin embargo, en ambos casos la carrera está partiendo cada vez más tarde.

Según cifras de Defensa, la edad promedio de comienzo en 1982 era de 20 años. Esta entrada temprana, entre otros factores, estaba determinada porque en ese entonces no era obligatorio terminar la enseñanza media para ingresar a las escuelas matrices, por lo que varios miembros de las FF.AA. iniciaban su carrera incluso a los 15 años. Hoy, en cambio, es obligatorio el cuarto medio. Esto hizo que la edad promedio actual de inicio de la carrera militar sea de 24 años.

Seis principios. La lógica del sistema militar vigente se funda en seis principios, los cuales lo convierten en un ejercicio profesional con características únicas.

Por una parte, está el juramento de dar la vida, si es necesario, en el cumplimiento de sus funciones; el de desempeñar tareas en situaciones críticas a nivel país; tener capacidad a reacción a corto plazo; la especificidad del personal, que es irreemplazable, ya que nadie más en todo Chile hace ese trabajo; el de movilidad territorial permanente; y la disponibilidad horaria completa.

Debido a estas premisas, tanto la carrera como el sistema previsional funcionan como un incentivo para que no existan retiros prematuros hacia otros empleos, producto de la inversión que hace el Estado en la formación.

“Lo primero es definir qué Fuerza Armada es la que Chile necesita. Y para saber eso se requiere tener claros los objetivos del país de aquí al 2050. Y en eso tiene mucho que ver la tecnología, el tipo de riesgo y las amenazas”, plantea el analista de Defensa Guillermo Holzmann.

Según un análisis desarrollado este año en la cartera, la inversión que se hace en cada oficial y suboficial, durante su vida activa y retiro, ha cambiado considerablemente desde 1966. Para explicar las proporciones de esa inversión, estos análisis de gobierno utilizaron el ejemplo hipotético (y promedio) de un coronel con 30 años de servicio. A mediados de los años 60, de todo lo que el Estado invertía en este oficial durante su vida, un 78% se destinaba a sus remuneraciones mientras estaba activo y el 22% a la pensión tras el retiro. Actualmente, para el mismo caso hipotético, el país invierte cerca del 54% de los recursos en la remuneración y el 46% en el ítem de su pensión.

Así, uno de los objetivos de alargar la carrera militar justamente tiene que ver con que se destinen mayores recursos cuando el personal está activo. Y, de hecho, hacerlo en los últimos grados del escalafón, cuando más conocimientos y experiencia se ha alcanzado.

Andrés Allamand, exministro de Defensa, sostuvo que “la extensión de la carrera militar busca aprovechar por más tiempo al personal de las FF.AA. Algunos deben abandonar las instituciones cuando han adquirido altas capacidades y el país se ve privado de aprovecharlas. Además, de esta forma se acorta el tiempo en que se pagan pensiones”.

El subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, ha señalado que “en la carrera, al ser hoy piramidal, se retira obligadamente mucha gente muy capaz. Creemos que hay que avanzar en aumentar esos espacios y retener a gente valiosa”.

Un general (R) de Ejército, quien pidió reserva de su identidad, dijo que “yo pasé a retiro cerca de los 58 años, cuando podía trabajar. Hay que aprovechar mejor el elemento entrenado durante años”.

Pensiones. La carrera del mundo uniformado ha sido un tema presente para la actual administración de gobierno. En abril, por ejemplo, en un discurso institucional, el general director de Carabineros, Hermes Soto, dio a conocer su propuesta de extender la carrera policial en servicio activo de 30 a 35 años, junto con ascender al personal en la escala de sueldos.

Para el caso de los militares, uno de los puntos que se viene discutiendo desde hace años es el pago de pensiones y el personal recontratado.

Un reportaje de La Tercera de julio del año pasado, a partir de cifras obtenidas por Transparencia, dio cuenta de que más de 1.050 funcionarios en retiro de las FF.AA. cumplían funciones remuneradas en las mismas tres ramas, con sueldos promedio de $ 940 mil.

El diputado Jorge Brito (RD), presidente de la Comisión Investigadora de Irregularidades en las FF.AA., opinó que “Chile gasta muchos recursos en formar altos oficiales que salen a retiro a muy temprana edad. Y después, algunos son recontratados por la misma institución, recibiendo su pensión y otro sueldo. Es importante extender la carrera militar y acercarla a la vida laboral de todos los chilenos”.

El senador PPD Felipe Harboe destacó que “el alargamiento de la carrera es un buen paso, porque va a permitir aprovechar el capital humano con buena formación”.

Pero agregó que “eso no debe afectar los ingresos de las personas que están cumpliendo funciones ni generar un estancamiento en el desarrollo de su carrera. Quedarse más tiempo en el mismo grado significa una demora en ascender y con ello un perjuicio”.

De allí la idea de que la extensión de la carrera sea no proporcional en cada grado del escalafón, sino enfocada en los últimos. Guillermo Holzmann también planteó otras dudas. “Si bien esto podría representar un alivio para las arcas fiscales, el debate es bastante más complejo. Va a ser un tema de discusión enorme, porque no todos entraron a las FF.AA. pensando en que su carrera se podía alargar”.

Añadió que “hay buenos militares, pero se tiene que generar incentivos, y lograr eso sin que alguien esté amarrado 40 años en una institución es complejo. Era válido en el siglo XX, pero hoy no”

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“Reunión con Fiscal Nacional Jorge Abbott nos abre una luz de esperanza para todos nuestros militares y policías procesados y prisioneros en Punta Peuco

Afirma Presidente de la Multigremial de Militares (R)Alejo Riquelme Solis: “Reunión con Fiscal Nacional Jorge Abbott nos abre una luz de esperanza para todos nuestros militares y policías procesados y prisioneros en Punta Peuco”

LAS OPINIONES CONTENIDAS EN ESTA COLUMNA DE OPINIÓN SON DE RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE UNOFAR

Dirigentes gremiales extendieron invitación a la autoridad nacional para que visite Punta Peuco y constate el estado de salud física y mental de los internos, a objeto que se pronuncie en Derecho sobre una eventual vulneración a los derechos fundamentales de quienes están en el recinto penitenciario.

  

Como esperanzadora calificó el Presidente de la Multigremial de Militares y Policías (R), Alejo Riquelme Solis, la recepción por parte del Fiscal Nacional, Jorge Abbott Charme, de la propuesta que le formulasen al Ministerio Público para que sea esta instancia quien asuma -bajo el nuevo sistema procesal- la investigación penal de los procesos judiciales por presuntas violaciones de los DD.HH. que actualmente pesan sobre los militares y policías a través del sistema penal antiguo.

“Queremos agradecer la disposición del Fiscal Abbott frente al tema, así como también valorar la atención que colocó ante cada uno de los planteamientos que realizamos respecto del por qué los casos deben ser abordados bajo el actual sistema penal vigente en el país. Esta sería la primera iniciativa formal de las organizaciones militares y policíacas en retiro, que constituyen la Multigremial, así como los representantes de procesados y condenados por causas de Derechos Humanos ante el Ministerio Público, después de casi 18 años de vigencia del nuevo sistema procesal penal”, comentó Alejo Riquelme Solis.

Dijo que este requerimiento a la autoridad nacional responde a que frente a tanta arbitrariedad e inconstitucionalidad que pesa en las causas de Derechos Humanos que afectan a militares y policías en retiro se vuelve necesario respetar el Principio de Igualdad ante la Ley y de no discriminar de forma injusta en contra de los ex servidores del Estado.

En la reunión, a la que asistió también el vicepresidente de la Multigremial de Militares y Policías(R), Pedro Veas Diabuno, así como el comisario de la PDI, Daniel Calderón Araya, y el abogado asesor de algunos prisioneros políticos de Punta Peuco, Raúl Meza, se expuso al Fiscal Nacional la creación del Observatorio de DD.HH. de la Multigremial, cuyos objetivos son efectuar un consolidado sobre cada uno de los juicios realizados contra militares y policías, de manera que quede registrado para la historia acerca de las ilegalidades e iniquidades cometidas contra quienes – por expresa disposición del Estado de Chile – debieron combatir la violencia extremista, totalitaria dirigida y financiada desde el exterior.

Finalmente, Alejo Riquelme señaló que se extendió una invitación al Fiscal Abbott, que se materializará por escrito, para que visite con la Unidad de DD.HH. del Ministerio Público, a los internos con enfermedades crónicas y terminales que cumplen condena en el penal de Punta Peuco, y para que se constate el estado de salud física y mental de los internos y emita, si lo tiene a bien, un informe en Derecho sobre una eventual vulneración de sus Derechos fundamentales.

Valparaíso, 30 de abril del 2018

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FORO DE BUENOS AIRES POR LA JUSTICIA, LA CONCORDIA Y LA LIBERTAD

FORO DE BUENOS AIRES POR LA JUSTICIA, LA CONCORDIA Y LA LIBERTAD

Asociación de Abogados por la justicia y la Concordia 19 y 20 de agosto de 2014

A lo largo de la historia, la patria amenazada ha llamado a sus hijos para que la defiendan; especialmente a quienes poseen las armas que el Estado ha puesto en sus manos, precisamente, con ese propósito.

EXPOSICIONES DEL ABOGADO ADOLFO PAÚL LATORRE

PRESENTACIÓN

Agradezco la invitación de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia para participar en este Foro y a todos ustedes vuestra cordialidad y vuestra presencia en este acto.

           A continuación expondré algunos comentarios sobre los procesos judiciales seguidos en contra de los militares en nuestros países y me referiré al tema que me corresponderá exponer en este Foro: la Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas. Se trata de un tema apasionante y, a la vez, muy ignorado e incomprendido.

Todos nosotros nos hemos formulado preguntas tales como las siguientes:  ¿Qué son las Fuerzas Armadas?  ¿Para qué sirven?  ¿Cuál es su razón de ser?  ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus funciones o misiones?  ¿Cuál es la relación entre política y Fuerzas Armadas?  ¿Son realmente necesarias las Fuerzas Armadas?

No pretenderé, durante mi intervención de mañana, dar una cabal respuesta a todas estas preguntas; pero, al menos, trataré de dar algunas luces.

Al respecto pienso que, en primer lugar, debemos reconocer, como una realidad, el hecho de que en muchos sectores de nuestras sociedades hay personas que desconocen la función militar y que miran con indiferencia, con menosprecio, e incluso con franca aversión y hostilidad a las Fuerzas Armadas; que creen que ellas no tienen razón de ser, que solo sirven para los desfiles, que son la antinomia de la democracia, que distraen recursos que podrían ser destinados al gasto social y que lo mejor que se podría hacer con ellas sería eliminarlas.

            Este despego hacia las Fuerzas Armadas no es nada nuevo. El poeta Marcial escribía en el siglo I de nuestra era: “A Dios y al soldado todos los hombres adoran en tiempos de guerra, y solo entonces. Pero cuando la guerra termina, y todo vuelve a su cauce, Dios es olvidado y el soldado vituperado”.

Un repaso esquemático de la función militar permite establecer que la finalidad última de las Fuerzas Armadas es de índole política, que su razón de ser está en la resolución favorable del enfrentamiento armado, y que su justificación estriba en la seguridad de la sociedad a la que sirve.

            Los Estados no solo tienen el derecho, sino que el deber de proteger su seguridad con una defensa legítima.

Los ejércitos encarnan el exponente máximo de la voluntad de defensa de una comunidad política y del deseo de mantener su unidad, libertad e independencia.

            El profesionalismo militar entraña una firmeza en unas creencias y en unos ineludibles deberes, que se llevan hasta los límites más extremos de la abnegación y el sacrificio. Tal profesionalismo no acepta la interpretación mercenaria que de las Fuerzas Armadas algunos pretenden imponer. No se gana nada con tener gran cantidad de soldados, por muy bien armados y equipados que estén, si no están infundidos de una mística, animados por el sentimiento de amor a la patria y convencidos de la justicia de la causa por la que luchan y por la cual exponen su propia vida.

A este respecto Ortega ha señalado: “Lo importante es que el pueblo advierta que el grado de perfección de su ejército mide con pasmosa exactitud los quilates de la moralidad y vitalidad nacionales. Medítese un poco sobre la cantidad de fervores, de altísimas virtudes, de genialidad, de vital energía que es preciso acumular para poner en pie un buen ejército. ¿Cómo negarse a ver en ello una de las creaciones más maravillosas de la espiritualidad humana? La fuerza de las armas no es fuerza bruta, sino fuerza espiritual. Esta es la verdad palmaria, aunque los intereses de uno u otro propagandista les impidan reconocerlo”.

A lo largo de la historia, la patria amenazada ha llamado a sus hijos para que la defiendan; especialmente a quienes poseen las armas que el Estado ha puesto en sus manos, precisamente, con ese propósito.

En nuestra época, ese llamado no solo ha sido motivado por razones de agresiones externas, sino que también cuando la supervivencia de la patria ha sido puesta en gravísimo peligro por enemigos internos, como ha sido, por ejemplo, en los casos de Chile y de Argentina, que son los que más conozco.

En el caso de Chile, los militares fueron llamados en 1973 por el clamor de una amplia mayoría ciudadana; por organizaciones sociales, gremiales, religiosas y profesionales; así como por la Cámara de Diputados, para que ejercieran el legítimo derecho de rebelión ante un gobierno despótico y tiránico que había caído en la ilegitimidad de ejercicio; que había sumido a la nación en la violencia, el caos y la anarquía; que había destruido su economía y que pretendía instaurar una dictadura totalitaria marxista al estilo cubano.

En el caso de Argentina, en circunstancias que las bandas guerrilleras y el terrorismo con sus verdaderos baños de sangre amenazaban no solo la diaria convivencia, sino que la subsistencia misma de la nación, y ante una situación caótica que desbordaba a las instituciones policiales, en 1975 el gobierno ordenó a las Fuerzas Armadas: “ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”.

Lo que ocurrió después es bien sabido: una vez solucionado el problema y restaurado el orden, los terroristas a cobrar y los militares a prisión.

Al respecto citaré lo expresado por el ministro de la Corte Suprema de Chile, Rafael Retamal, a Patricio Aylwin, cuando éste le hizo saber su preocupación por las acciones de las Fuerzas Armadas que afectaban la libertad y los derechos de las personas: “Mire, Patricio: los extremistas nos iban a matar a todos. Ante esta realidad, dejemos que los militares hagan la parte sucia, después llegará la hora del derecho”.

Pero, claro, después los heroicos hombres de derecho vinieron al rescate, cuando ya estaban seguros de que no los iban a matar a todos: condenaron públicamente a los militares que estaban peleando, los enjuiciaron y los metieron a la cárcel.

Lamentablemente en dichos países, al cabo de algunos años, personas de los mismos sectores políticos que promovían o amparaban la violencia armada llegaron al gobierno y al Congreso, pletóricos de odio y de deseos de venganza contra quienes les impidieron consumar sus proyectos totalitarios.

Por lo anterior los gobernantes a cargo del poder ejecutivo, con la complicidad de los poderes legislativo y judicial, han procedido a una persecución brutal contra los militares, con una iniquidad y una sevicia atroz.

Así fue como, por arte de magia, los guerrilleros y terroristas pasaron a convertirse en “víctimas inocentes” y los militares en el chivo expiatorio de todos los pecados cometidos en una época trágica y turbulenta.

Ellos pasaron a cargar con todas las culpas de los políticos civiles que exacerbaban el odio y la lucha de clases, que predicaban y practicaban la violencia como un medio legítimo para alcanzar el poder e instaurar un régimen totalitario marxista-leninista, y que son los grandes responsables del quiebre del orden institucional y de la consiguiente intervención de los militares y de sus secuelas.

Es por eso que los militares deben ser sacrificados. A ellos se les debe condenar, sea como sea. A ellos hay que aplicarles el lema “ni perdón ni olvido” y el “derecho penal del enemigo”.

A los militares hay que condenarlos a toda costa, sin importar si son inocentes, si están legalmente exentos de responsabilidad criminal o si su culpabilidad está atenuada o es inexistente.

Hay que condenarlos, sin importar lo que diga la ley y aunque no existan pruebas suficientes para ello.

Hay que condenarlos, sin importar que ellos tuvieron que exponer sus vidas en su ingrata tarea de reprimir a la guerrilla y al terrorismo, lo que era necesario para dar tranquilidad a la población y para poder reconstruir un país que —en el caso de Chile— estaba destruido hasta sus cimientos.

Y hay que condenarlos, sin importar si para ello es preciso vulnerar principios esenciales del derecho penal.

Y tampoco importa si para condenarlos hay que atropellar garantías o derechos que no solo están amparados constitucionalmente, sino que además en diversos tratados internacionales vigentes.

Nada de lo anterior importa. Todo principio, toda norma jurídica, toda legalidad, toda garantía constitucional, toda verdad, toda justicia, toda decencia y todo buen sentido pueden ser atropellados si ello es necesario para satisfacer los ánimos de odio y de venganza.

Para los militares no existe ni Estado de Derecho ni presunción de inocencia ni principios humanitarios ni convenios internacionales ni ley alguna que los favorezca, pero que sí les son aplicadas a los guerrilleros y terroristas.

Lamentablemente, tamaña corrupción no conmueve a nadie. Sobre esto nadie habla. La sociedad guarda silencio, en general por ignorancia. Y la dirigencia política también guarda silencio, pero este silencio es doloso.

Las aberraciones jurídicas cometidas por los jueces son incalificables, pues las arbitrariedades superan todo límite. Los tribunales que juzgan a los militares se asemejan más a un circo romano que a verdaderos tribunales.

Los militares que están privados de libertad son “presos políticos”, porque lo están no en virtud de la aplicación de las leyes, sino que por simulacros de juicios que las atropellan y cuyas sentencias condenatorias se encuentran descalificadas como actos judiciales válidos. Como dijo Platón: la peor forma de injusticia es la justicia simulada.

A mi juicio, los militares privados de libertad son personas que están secuestradas por el Estado.

Quienes deberían estar presos son los jueces que han cometido el delito de prevaricación y que han traicionado su deber de juzgar objetivamente; de hacer justicia aplicando la ley.

Estamos asistiendo a una crisis desastrosa del Poder Judicial, pues cuando se siembra a tal extremo la necedad y la mentira se recoge por fuerza la demencia. Cuando la justicia no es igual para todos, cuando una sociedad llega a este nivel, cae en la descomposición y regresa a la barbarie. Nuestras naciones deben estar muy enfermas para que las aberraciones que constatamos día a día puedan producirse.

Parafraseando a un importante poeta chileno me atrevería a decir: La justicia que se aplica en Chile y en Argentina a los militares haría reír, si no hiciera llorar. Una justicia que lleva en un platillo de la balanza la verdad y la ley y, en la otra, el odio, la venganza y el desprecio por la ley. La balanza inclinada del lado de este último platillo. Dura e inflexible para los militares, blanda y sonriente con los guerrilleros y terroristas.

Condenar a cientos de militares ancianos a morir enfermos, humillados y martirizados en una cárcel, sin una asistencia médica oportuna y lejos de sus familias, no constituye un camino que contribuya al bien común de nuestras sociedades ni ayudará a obtener la paz y la reconciliación entre compatriotas.

¡Ya es hora de decir basta al abuso y a la odiosa persecución contra los militares!

            Urge poner fin a procesos con claras connotaciones políticas, ya sea mediante indultos o amnistías, extinguiendo toda acción vengativa en contra de los militares, para clausurar un pasado violento y cargado de odios y de discordia, promover la unión nacional y afianzar la paz interior.

            Finalizaré esta presentación compartiendo con ustedes algunas reflexiones sobre la patria y las FF.AA.

En nuestros tiempos en se cuestionan valores tales como el honor, el valor, la lealtad, la autoridad, la patria, la obediencia, la disciplina, la abnegación y el sacrificio; y se tiende a hacer prevalecer el materialismo y el hedonismo; diversos sectores interesados se empeñan en presentar a las FF.AA. como instituciones perversas, y a sus miembros como encarnación de la violencia, del odio y del abuso.

En tiempos en que se niega la validez, la necesidad y la razón de ser de las FF.AA., y en que se promueve una amplia variedad de aseveraciones sin fundamento, de falacias, distorsiones y falsedades acerca de ellas, es preciso ilustrar a nuestras comunidades nacionales acerca de la nobleza de la función militar y de la vital importancia que las FF.AA. tienen para garantizar la paz, la libertad y la seguridad de la nación.

Con ello se contribuiría al entendimiento de este desconocido e incomprendido sector de nuestras sociedades y, de ese modo, se propendería a la cohesión y a la unidad nacionales; unidad de la que dependen, en gran medida, la pujanza y la vitalidad de las naciones.

La patria es el valor fundamental de quienes profesan la carrera de las armas; valor cuestionado a veces, hoy como en el pasado, pero que mueve a los hombres desde la antigüedad. Y es un valor tan grande, que lleva a los hombres a dar su vida por él; y si algo se valora más que a la propia vida, es porque se considera superior a ella. Y lo superior a ese ser limitado que es el hombre resulta, para él, en algún modo, incomprensible y misterioso.

Confusos prejuicios impiden a algunos acercarse intelectualmente a la esencia de la patria, que comprende bienes diversos: físicos, como el territorio; humanos, como los hombres que son sus hijos; históricos, culturales y morales.

Pero la existencia de bienes, implica la de un sujeto que les asigna un valor. Por ello es posible afirmar que la patria es un producto del amor. La patria es lo que se ama; es el sentimiento de un lazo común en el presente y en el pasado, que junta en una unidad corazones y conciencias; es la comunidad moral e histórica de la que nos reconocemos parte; es la conciencia y el sentimiento de la nación.

La patria es en gran parte la obra de todos los que la sienten; es como el ser amado, que, para serlo, necesita que alguien lo ame. Pero la patria no es algo abstracto: es la tierra en que nacimos y nos formamos, son sus hombres, sus valores, todo aquello que supone su defensa. Por ello es la patria un valor supremo, que trasciende al hombre y que es, evidentemente, algo más elevado que la política partidista.

La patria designa a la heredad completa del hombre; ella no solo está formada por los ciudadanos que en un momento dado habitan en su territorio, sino por la memoria y el recuerdo de cuantos antepasados, a través de la historia, escribieron en ella páginas brillantes y nos han legado su nombre y sus hazañas. Y está formada, también, por la esperanza en quienes han de sucedernos y continuarán el relato interminable de nuevos esfuerzos, de nuevos sacrificios. Por eso, al defender la patria defendemos nuestro mañana, no nuestro ayer.

 Los militares son los guardianes de la patria. Guardianes frente al exterior, sin duda, y en el interior también tienen misiones que cumplir; pero su principal guardia debe estar encaminada a que no se desvirtúe la noción de patria; aquel nexo espiritual que da vida a la nación y que constituye el alma nacional.

Al respecto, debemos recordar aquel pasaje del Evangelio que dice: “No tengan miedo de los que les puedan matar el cuerpo; sólo teman a quien les pueda matar el alma”.

Es por ello que el mayor peligro actual es el cambio cultural, que va penetrando, corrompiendo y cambiando la sociedad, ya sea consciente o inadvertidamente.

Y esto es así, porque si el cambio cultural consigue que se olviden aquellos valores esenciales de nuestras tradiciones, aquellos valores que han ido formando a nuestras naciones; si consigue que la moral de la sociedad tome rumbos distintos de aquellos que hemos recibido; si llega a cambiar nuestra forma de ser y nuestro modo de reaccionar; en vez de un ciudadano amante de su patria, nos encontraremos con un individuo sin voluntad y sin coraje, dispuesto a la resignación y a la entrega.

Podría ocurrir, entonces, que las Fuerzas Armadas no pudieran cumplir con su misión al no existir una patria a la cual defender. Y de nada sirven las instituciones armadas si no hay patria.

 

LA DEFENSA NACIONAL.  NECESIDAD Y MISIÓN DE LAS FF.AA.

FUNCIÓN POLÍTICA DE LAS FF.AA.

            A continuación expondré algunas ideas en torno a la Defensa Nacional y a las Fuerzas Armadas: su razón de ser, su necesidad, sus misiones y su función política.

 

  1. LA DEFENSA NACIONAL

 

I.1. Seguridad y defensa

            En primer lugar, repasemos algunos conceptos básicos:

            —¿Cuál es la noción de defensa?:  Evitar un daño.

—¿Cuál es, por ende, su rasgo característico?:  La sospecha de ese daño.

—¿Cuál es el objetivo de la defensa?:  Resguardar.

            Tenemos, entonces, que la finalidad de la defensa o de los medios de defensa es la de precaverse contra una amenaza, un daño, riesgo o peligro.

En otras palabras, la defensa tiene por finalidad garantizar la seguridad.

I.2. El  concepto  de  seguridad nacional

            Llevada esta seguridad al plano nacional, podemos decir que la seguridad nacional es un concepto que expresa la condición o capacidad de un Estado para prevenir, enfrentar y superar los riesgos, amenazas o peligros —externos o internos— que atenten contra su existencia, estabilidad o desarrollo.

I.3. La  idea  de  Defensa  Nacional

            Si aplicamos los conceptos anteriores al nivel nacional, tenemos que la Defensa Nacional está constituida por las medidas destinadas a conseguir seguridad nacional.

 

            La Defensa Nacional es, por consiguiente, el conjunto armónico de medios para lograr el objetivo fundamental y permanente de Seguridad Nacional.

La organización de la defensa es un problema permanente y básico de toda organización política; es una función esencial del Estado, que precede a cualquier otra función o fin.

I.4. Defensa  nacional  y  fuerzas  armadas

            Podría afirmarse que nadie quiere la guerra, pero la historia nos dice que por desgracia ninguna nación está libre de verse envuelta en ella.

            Si nos fijamos bien en la realidad de las cosas y queremos ahondar hasta su esencia, ningún ejército del mundo ha existido, ni existe, ni existirá si no es para alcanzar un fin y ese fin es evitar la guerra mediante la disuasión, y si la disuasión no funciona, alcanzar la victoria y tras esa victoria asentar la paz.

            Cada ser social internacionalmente diferenciado tiene sus intereses, sus egoísmos, sus ansias de dominio o, al menos, sus ansias de supervivencia, que dan lugar a conflictos internacionales de cuya existencia nadie puede dudar.

            Lo ideal es que todos los conflictos internacionales se resuelvan por el camino de la negociación. Pero, y aquí reside la suprema razón social de la existencia de los Ejércitos, ninguna nación ha ido nunca a una mesa de negociaciones si no ha sido previamente disuadida de que le conviene prescindir del camino de la fuerza. Esta es, pues, la función radical de todo Ejército: disuadir a la nación en conflicto con la propia, del empleo de la fuerza y facilitar la vía de la negociación.

            Pero nunca nadie ha negociado nada con una nación inerme; ese caso no se ha dado aún en la historia. Una nación inerme, una nación sin fuerza militar propia, o prestada, o respaldada por otra, no es sujeto de negociación: es solamente sujeto de sometimiento.

  1. NECESIDAD DE LAS FF.AA.

 

II.1. Política  y  fuerza  militar

La necesidad de los ejércitos es tan antigua como la Humanidad. Desde las raíces de la Prehistoria se han constituido comunidades humanas que han luchado entre sí. Por eso desde el principio han existido ejércitos, conflictos, vencedores y vencidos. ¡Qué bien entendió las lecciones de la historia Miguel de Cervantes!: Con las armas se defienden las repúblicas, se conservan los reinos, se guardan las ciudades, se aseguran los caminos, se despejan los mares de corsarios.

Sin una fuerza armada que custodie a la sociedad contra la agresión, sea ésta externa o interna, el Estado no podría existir. Sin el respaldo de la fuerza no hay interés defendido ni objetivo alcanzable ni, en suma, política posible.

II.2. Las  Fuerzas  Armadas

            La pregunta crucial, que todos nosotros muchas veces nos hemos formulado, es la siguiente: ¿Para qué sirven las Fuerzas Armadas de una nación?

La respuesta, sencilla, clara y contundente no puede ser más que una: ellas sirven para garantizar la paz en libertad de la nación, protegiendo los irrenunciables intereses nacionales. Su justificación descansa, pues, en la paz y la seguridad de la sociedad a la que sirven y de la cual forman parte.

Y, ¿Cuáles son las características esenciales de las Fuerzas Armadas? Podríamos decir que son dos: la disciplina y la posesión de armas. Sin aquella estaríamos ante una horda, y sin éstas, solo tendríamos una especie de orden monástica.

            Conforme, pero ¿qué son las Fuerzas Armadas?, ¿cuál es la función específica de ellas en una sociedad?  Estas preguntas son también esenciales.

Al respecto nos podríamos preguntar: ¿Qué lugar ocupan, en la realidad social, las Fuerzas Armadas?

            Como ha expresado Julián Marías, cuando se habla de Fuerzas Armadas lo primario no son las armas ni siquiera las fuerzas. Esto es paradójico. Lo primario es la organización, es el orden, es la cadena jerárquica, es, en definitiva, la autoridad; pero la autoridad como poder moral, es decir, a última hora, como poder espiritual.

            La fuerza militar no es fuerza bruta sino espiritual. Lo único que puede mover racionalmente al enfrentamiento armado y a soportar debidamente los sacrificios que impone es la ilusión de un ideal por el que valga la pena luchar, y éste solo puede provenir del espíritu. Si ese ideal no existe o se pretende crear de manera artificial, la ilusión no se produce y el móvil desaparece reduciéndose así los ejércitos a fuerza bruta, incapaces de cumplir satisfactoriamente las misiones para las que fueron creados.

            Vivimos en una época de crisis, una crisis dentro de la sociedad. Estamos en un mundo definido por una crisis general de legitimidad de la autoridad. Pues bien, en épocas de crisis social y especialmente de crisis de la legitimidad, las Fuerzas Armadas frecuentemente son el resto de la legitimidad: por lo que tienen de organización jerárquica, por lo que tienen precisamente de autoridad, suelen ser lo que queda, el resto de la legitimidad en crisis.

Esto es lo más valioso que tienen, y lo más necesario para una sociedad.

Diríamos así que en este sentido, en estas circunstancias, las Fuerzas Armadas representan el rescoldo de una legitimidad más amplia que ha estado comprometida, o que está apagada; el rescoldo para volver a encenderla. A veces se  puede, sobre las cenizas, sobre el rescoldo de un fuego que ha ardido, volver a encenderlo y pueden brotar nuevamente las llamas. Esta es la función capital que tendría ese precioso, inestimable rescoldo de la legitimidad.

Las Fuerzas Armadas son, ante todo, fuerzas organizadas y disciplinadas, ordenadas al servicio de la comunidad: la fuerza como servidora del bien común. Ellas existen para apoyar la política exterior e interior de los Estados; no tienen más ideología y norma que el servicio a la patria, y como meta una misión de convivencia pacífica internacional y de paz interna.

            Las Fuerzas Armadas constituyen la reserva moral de la nación y la instancia final a la que ésta recurre cuando una crisis política amenaza su sobrevivencia; ellas constituyen el último círculo jerarquizado de la sociedad, capaz de salvar de su disolución a una comunidad política.

            Por ello también se ha dicho que el destino de la humanidad depende a veces, en última instancia, de un pelotón de soldados.

            Es por todas estas razones que se ha definido a las Fuerzas Armadas como una institución especializada para resguardar y asegurar, en última instancia, los valores sagrados de una sociedad.

III. MISIÓN DE LAS FF.AA.

III.1. Las  misiones  de  las  Fuerzas  Armadas

Las Fuerzas Armadas tienen como misión la defensa del Estado mediante las armas. Sin embargo, en la práctica, ellas han cumplido esta misión de forma o por procedimientos muy diversos y no se han limitado solo a este cumplimiento, sino que, con frecuencia, han desempeñado otras muchas funciones de orden político y social.

En principio, hay tres posiciones básicas en relación con las misiones que, en esquemas políticos diferentes, se atribuyen o encomiendan a las Fuerzas Armadas:

  1. Son el brazo castrense de un partido político que ocupa el poder.
  2. Son un cuerpo estrictamente profesional y técnico, cuya única misión consiste en prepararse para la guerra y hacer la guerra.
  3. Son la salvaguarda, en paz y en guerra, de los valores permanentes de la nación.

La primera misión —brazo castrense de un partido— debe ser rechazada de plano. Podríamos aceptar la segunda —profesional y técnica—, siempre que ella esté enmarcada en la otra elevada misión de ser la salvaguarda de lo permanente de la nacionalidad.

Las FF.AA. tienen el deber moral ineludible de que la nación subsista, de que no se disuelva; que podamos entregar a nuestros hijos la tierra que heredamos de nuestros padres; y que nuestro patrimonio histórico, cultural y espiritual no se tergiverse, no se manipule y no se mancille. Las Fuerzas Armadas deben defender no solo el territorio —la plataforma física del Estado—, sino también la esencia de los valores de la patria.

            En los tiempos actuales, las Fuerzas Armadas se ven enfrentadas ya no tan solo a enemigos externos, sino que también a irregulares y solapados enemigos internos, que tratan de confundirnos, escondiéndose tras ideologías que aparentan pluralidad y respeto por los demás.

            Si a las Fuerzas Armadas les corresponde la defensa de la nación, no pueden olvidar que hoy la guerra con la que tienen que enfrentarse no es solo la convencional, sino también la revolucionaria; una guerra irregular que actúa a través de la guerrilla y del terrorismo o por medio del cambio cultural.

 

III.2. Las  fuerzas  armadas  garantizan  el  orden  institucional  de  la  República

 

Las Fuerzas Armadas son, por otra parte, las garantes en última instancia del orden institucional de la República.

Este aserto es solo la expresión de un hecho de la realidad. Los gobernantes de un Estado normalmente apelan a su institución militar durante los estados de excepción constitucional, ante emergencias públicas que afecten significativamente la seguridad nacional.

Las Fuerzas Armadas son y han sido siempre la reserva moral básica de la nacionalidad, a la cual ésta recurre en las crisis más extremas.

            Solo tales instituciones tienen la capacidad material, técnica y administrativa —sumadas a su  natural disciplina y cohesión interna— para controlar una situación de caos o de grave anarquización, restablecer la autoridad y el orden, y, en ocasiones, para hacerse cargo del gobierno del Estado.

A las Fuerzas Armadas, como símbolo y expresión que ellas son de la nacionalidad, no les corresponde intervenir ni pronunciarse en las luchas de la política contingente. Pero, cuando desbordando el campo de las pugnas ideológicas y partidistas se amenazan los fundamentos mismos de la patria, ésta encuentra y reclama en los institutos armados su última salvaguardia.

En situaciones límite, la supervivencia del Estado se encuentra abiertamente en la esfera militar. En tales casos, las Fuerzas Armadas no tienen otra opción legítima que la de intervenir y actuar. La intervención militar —aun cuando es un recurso extremo— es, en ocasiones, un inexcusable deber.

            Cuando surgen graves dificultades no es ni el Parlamento, ni los jueces, ni la Constitución escrita quien salva al país. En esos momentos, el ejército cobra vigorosa importancia y utilidad, y no existen razones para no utilizar su provechosa colaboración. Es conocida la frase de Simón Bolívar, en el sentido de que en los momentos de peligro “jamás un Congreso ha salvado a una República”.

 

 

  1. FUNCIÓN POLÍTICA DE LAS FF.AA.

            La historia nos demuestra que la participación militar en la política —en sus más diversas manifestaciones— ha sido tan persistente, y en ocasiones tan profunda, que cabe hablar de una función propiamente dicha y no de un papel meramente circunstancial.

Si entendemos, con Sánchez Agesta, que “política es aquella actividad que tiende a la organización y defensa de un orden basado en el bien común”, forzosamente habremos de afirmar que el ejército es una institución política; que la finalidad de la institución militar es de índole política.

Las Fuerzas Armadas no son ajenas a lo político en su más fundamental acepción. Por otra parte, hay una serie de aspectos que implican al ejército en la política.

Si apreciamos bien la realidad de las cosas, podremos darnos cuenta de que los militares siempre cumplen una función política; sólo varía la forma en que ésta se manifiesta.

            En efecto, si tratamos de ver cuál es la realidad de la función militar, nos daremos cuenta de que ella existe en virtud de unas finalidades netamente políticas que deben ser satisfechas. Incluso la guerra misma es un acto político. La apreciación, tantas veces repetida, de que la guerra es la continuación de la política por otros medios, nos parece bastante alejada de la realidad y causante de no pocos equívocos. La guerra es en sí misma una opción política más, ya que con ella se persiguen finalidades exclusivamente políticas. El hecho de que el enfrentamiento armado se resuelva de forma fundamental por medio de procedimientos técnicos militares no desvirtúa su naturaleza política y por eso la función militar es de ejercicio técnico-profesional y de finalidad política.

            La función política de las Fuerzas Armadas es manifiesta por la intervención. Ésta posee normalmente un carácter reactivo y denota una crisis de una organización política o, al menos, una insuficiencia de ella para solucionar problemas fundamentales. Políticamente es muy improbable que las Fuerzas Armadas intervengan en situaciones de orden, en que el poder constituido es eficaz e idóneo y responde a los principios usualmente admitidos en su ejercicio o en momentos de plena cohesión social.

            El ejército es la salvaguarda de lo permanente. La naturaleza de su misión está más allá de las opciones políticas concretas y temporales. Las Fuerzas Armadas están por encima de la política partidista; ellas están directa y entrañablemente unidas al pueblo y a sus instituciones fundamentales, y son depositarias de su confianza y seguridad.

            Sin embargo, no es raro que los militares, que son como la última reserva de la nación, tengan que hacerse cargo de un país en ruinas, que ningún civil aceptaría gobernar. En estos casos sería erróneo acusar a los militares de destruir un gobierno constitucional, cuando no han hecho otra cosa que darle sepultura.

            Al respecto cabría citar al senador chileno Francisco Bulnes quien, refiriéndose a una conversación sostenida con quien a la sazón era Presidente del Senado, señaló: “Frei y yo consideramos el 20 de agosto de 1973, en una larga conversación, que Chile no tenía otra solución que la militar. El análisis que hicimos en esa ocasión nos llevó a la conclusión de que aún en el caso de que Allende renunciara, el substituto no podría gobernar a la nación dado el estado caótico imperante”.

            En ciertas ocasiones son los propios gobernantes u otros actores políticos quienes conscientemente, a fin de imponer sus ideologías totalitarias, buscan la destrucción de la democracia; o que, por su ineptitud, crean las condiciones que hacen imposible su subsistencia y que, en casos de graves crisis provocadas por ellos mismos, llaman a las FF.AA. para que actúen como árbitros o para que asuman el poder y hagan el trabajo sucio.

            Los miembros de las Fuerzas Armadas no buscan ni desean ejecutar tal trabajo, pero saben que cuando está en peligro la subsistencia misma del Estado, cuando están en riesgo intereses vitales de la patria, están obligadas a hacerlo en cumplimiento de sus misiones de garantizar el orden institucional, resguardar la seguridad nacional y defender la patria.

            Las Fuerzas Armadas saben que en tales casos su obligación moral es intervenir y actuar. Y saben también que después que hayan salvado a la nación, después que hayan impuesto el orden y arreglado los problemas que aquejaban a una sociedad enferma —con los costos que tal cirugía trae consigo—, los responsables del caos aparecerán, descaradamente, como los “restablecedores de la democracia”; sin reconocer responsabilidad alguna en los hechos que condujeron al país a tal situación, negando los éxitos del gobierno que tuvo que asumir para superar esa emergencia, atribuyéndose sus logros, contradiciendo las declaraciones que habían hecho cuando el país iba rumbo al despeñadero y criticando a los militares por los abusos y excesos cometidos.

            Qué bien describíó esta situación hace casi dos siglos Alfred de Vigny —en su obra Servidumbre y grandeza militares—: “cuando el soldado se ve obligado a tomar parte activa en las disensiones entre civiles pasa a ser un pobre héroe, víctima y verdugo, cabeza de turco sacrificado por su pueblo, que se burla de él. Su existencia es comparable a la del gladiador y cuando muere no hay por qué preocuparse. Es cosa convenida que los muertos de uniforme no tienen padre, ni madre, ni mujer, ni novia que se muera llorándolos. Es una sangre anónima. Y, cosa frecuente, los dos partidos que estaban separados se unen para execrarlos con su odio y con su maldición”.

¡Qué enorme verdad encierra este lúcido pensamiento! ¡Qué notable paralelo con nuestras situaciones actuales!

REFLEXIONES FINALES

            Concluiré mi exposición con algunas reflexiones finales.

            A fin de evitar la intervención de los militares en política, se han introducido en los ordenamientos jurídicos de nuestros países una serie de reformas con las que se pretende “profundizar la democracia”, lo que encierra el peligro de transformarse en un totalitarismo.

            Lo que se pretende con las reformas es lograr una completa neutralización de las Fuerzas Armadas y que éstas no tengan participación política alguna; mediante diversos procedimientos, que van desde buscar una división interna, pasando por una disminución de personal y de recursos, y una minimización de sus funciones, hasta el despojo de sus valores tradicionales.

            Menoscabando y humillando a las Fuerzas Armadas, piensan algunos, se aseguraría que ellas nunca más intervendrán en política ni “atentarán contra la democracia”.

            De lo que se trata, en definitiva, es de destruirle a los militares su capacidad moral para intervenir y asumir el poder político en caso de que se den situaciones que pongan en riesgo intereses vitales de la patria y no haya otro recurso para salvar a la nación.

            Lo que se persigue es lograr que los militares sean funcionarios moralmente neutros, cuyo único oficio consista en el manejo técnicamente eficiente del arma que se ponga en sus manos. Se habla de profesionalizarlos, de devolverles su sentido profesional, o que deben reinsertarse en sus tareas profesionales, cuando en realidad lo que se busca es hacer desaparecer en los militares la convicción interior sobre la finalidad de su profesión y, así, reducirlos a la condición de instrumentos ciegos en manos de quien tenga el poder.

            Las Fuerzas Armadas, de ese modo, se transformarían de órgano del Estado a instrumento del gobierno. Así, ellas dejarían de ser lo que tienen que ser.

            Por otra parte, hay que considerar que para ciertos sectores de izquierda, las Fuerzas Armadas encarnan principios y valores que hacen imposible el tránsito hacia el socialismo. Ellos reconocen en los hombres de armas el freno que les ha impedido consumar sus proyectos totalitarios. Por eso consideran perentorio castigar el poder, la influencia, el prestigio y la capacidad de reacción de los institutos armados.

Por lo anterior, uno de los objetivos del Foro de Sao Paulo es la “persecución mediática y judicial de quienes combatieron en la guerra contra la subversión durante la década de los 60/70”, la “desvalorización de los símbolos patrios” y la “destrucción moral y física de las Fuerzas Armadas y de seguridad”.

Como bien ha dicho el general Heriberto Auel, el estado de guerra revolucionaria se mantiene, porque la actitud hostil del enemigo no ha cesado. Una manifestación de esta guerra es la brutal persecución político-judicial contra los militares que combatieron la subversión armada.

Las Fuerzas Armadas, por la naturaleza de sus funciones, tienen una permanente y significativa participación en la vida nacional, fundamental para que la sociedad pueda desarrollar sus actividades con estabilidad y tranquilidad. Al no contar con la presencia fuerte y vitalizadora de las Fuerzas Armadas nuestras naciones caerían en la indefensión. Ellas constituyen, por tal razón, una institución que debemos cuidar.

Las Fuerzas Armadas son fundamentales para una nación altiva, que tiene la firme voluntad de defender su libertad y su soberanía, que es respetuosa de su historia, de su cultura y de sus tradiciones, y que desea proyectarse hacia un futuro mejor.

                                                                                         Adolfo Paúl Latorre

Viña del Mar, Chile, 23 de agosto de 2014

Las opiniones vertidas en esta columna de opinión, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de UNOFAR