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LA GUERRA DE UCRANIA Y LA POLÍTICA DE DEFENSA DE CHILE. Miguel Navarro Meza

 

                                                                                    LA GUERRA DE UCRANIA Y LA POLÍTICA DE DEFENSA                                                                                                                                DE    CHILE

Miguel Navarro Meza, Abogado y cientista político. Académico de la ANEPE y vicepresidente del Instituto Chileno de Derecho Aeronáutico y Espacial.

El Mostrador, Opinión, 03/03/2024

La guerra de Ucrania ha perfilado muchas de las complejidades de las relaciones de seguridad imperantes en el Sistema Internacional contemporáneo, las que de un modo u otro afectan la seguridad externa de Chile

En fecha reciente, el Ministerio de Defensa Nacional ha comunicado el inicio de un proceso de revisión y actualización de la Política de Defensa 2020, actualmente vigente.

Esto es normal y habitual. Las políticas públicas y especialmente las de defensa y exterior, deben evolucionar conforme cambian las premisas que orientan sus contenidos y directrices, idealmente dentro de los límites inherentes a su condición de políticas de estado.

Además, respecto de la Política de Defensa tal proceso se inscribe en las prerrogativas de las autoridades civiles, en la medida que su definición y actualización constituye uno de los elementos que caracteriza una conducción política civil eficaz, propia de un sistema democrático y de subordinación castrense, tal como lo han planteado David Kuehn y Angel Croissant y muchos otros antes que ellos.

En Chile, la Política de Defensa se ha renovado en forma regular, aunque no periódica, a partir del Libro de la Defensa 2002 – el Libro de 1997 estuvo lejos de definir una política propiamente tal, aunque sí genero las necesarias confianzas entre civiles y militares- dentro de un consenso amplio en torno a ciertos elementos fundamentales de la postura estratégica del país, como son los objetivos de la Función de Defensa y especialmente la disuasión, constituyéndose en sus elementos de Estado, los que han mantenido su vigencia hasta hoy.

Con todo, el actual proceso de actualización se desarrolla en una atmósfera completamente distinta de las instancias anteriores: el escenario internacional global es el más violento, complejo e incierto en que se haya definido y ajustado la Política de Defensa del país, escenario cuyo epítome es la Guerra de Ucrania.

Sabido es que toda Política de Defensa se sustenta en factores políticos domésticos e internacionales. Esto, naturalmente, deriva del hecho que se define en el punto medio entre la política interna e internacional del Estado, tal como lo reconoce G. M. Dillon.

Ahora bien, entre los elementos internacionales el entorno de seguridad del país es uno de los más relevantes. En esto hay amplio consenso en la cátedra comparada, desde Douglas Murray y Paul Viotti a Robert Art y Kelly Greenhill.

En este perspectiva, la guerra de Ucrania ha evidenciado a un tiempo, el valor (aunque no la legitimidad) del uso de la fuerza en el sistema internacional, la precariedad de la institucionalidad internacional vigente, cuyo epítome es la paralización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y muy especialmente un cuestionamiento al Derecho Internacional en la regulación de las relaciones entre estados en sus variantes de seguridad.

Naturalmente, estos fenómenos no son nuevos pero el actual conflicto, una vez más, ha perfilado su vigencia y potenciados sus efectos. Además y como ha ocurrido frecuentemente, la existencia de un conflicto armado de magnitud genera condiciones propicias para aventurismos militares en otros escenarios geoestratégicos.

La atención de la comunidad internacional a los efectos de la guerra de Ucrania en la situación en el Estrecho de Formosa y en la Península de Corea se inscribe en esta lógica. Lo mismo es válido para con la crisis del Esequibo aún no completamente terminada y que, además, se manifiesta mucho más cerca del entorno estratégico de Chile.

Pero el conflicto de Ucrania se plantea en un escenario global más amplio de competencia y confrontación entre las grandes potencias en la lógica de los procesos descritos por Kissinger y varios otros. Una suerte de Segunda Guerra Fría, con menos elementos ideológicos pero iguales o mayores contenidos estratégicos y militares que la antigua Confrontación Este-Oeste.

Todo esto tiene, o debería tener, efectos sobre la actualización de la Política de Defensa de Chile. Por lo pronto, prácticamente desde los albores de la República, su política exterior ha estado anclada en el respeto al Derecho Internacional, al valor de los tratados y a la solución pacífica de las controversias lo que incluso estuvo contemplado a nivel constitucional en un periodo del siglo XIX.

Esto es igualmente válido respecto la confianza en la institucionalidad internacional. Chile fue miembro fundador de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, contribuyendo con aportes jurídicos importantes y encomiable lealtad, pese al poco apoyo que encontró en las crisis internacionales de la segunda mitad del siglo XX.

Dicho de otro modo, las realidades de la seguridad internacional socavan las bases mismas que han sustentado la postura internacional y la política exterior del país y que, de un modo u otro, han orientado su Política de Defensa explícita desde 2002 y antes, y de antaño, a su política consuetudinaria desde el siglo XIX.

En consecuencia, resta analizar como las nuevas realidades estratégicas mundiales deberían ser recogidas por la Política de Defensa.

Desde luego, se deberá ponderar la vigencia del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Esto desmiente cualquiera aproximación idealista al tema, máxime en la región sudamericana donde no hay ninguna institucionalidad de seguridad multinacional real, lo que se imbrica con la debilidad de la institucionalidad de seguridad global puesta en evidencia en Ucrania.

Todo esto debe reforzar las miradas realistas hacia la Función de Defensa y afianzar los consensos que se han acuñado desde el 2002 en relación a la postura estratégica del país, especialmente respecto de la disuasión como su pilar fundamental.

Esto debe extenderse al financiamiento de las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas en la medida que fueron esos consensos los que permitieron el reemplazo del Sistema de la Ley del Cobre.

Pero hay algo más. Desde luego, la Política de Defensa debería balancear la proverbial neutralidad del país con las alianzas estratégicas en que está inmerso, especialmente a propósito de sus programas de adquisiciones militares y otros desarrollos tecnológicos asociados a los nuevos dominios de la Defensa.

Esto requerirá sutileza y profundidad y una mirada conjunta con la Cancillería. Es cierto que la tradicional falta de alineación entre las política de defensa y exterior ha sido un eslabón débil del posicionamiento exterior de la República y que tampoco existe una instancia formal de coordinación, una arquitectura genuina de seguridad y defensa nacional, sin embargo hay avenidas de enlace entre los ministerios respectivos que deben ser reforzados en este proceso.

Debe considerase también que, eventualmente, la neutralidad debe defenderse. En esto Chile tiene experiencia desde la Primera Guerra Mundial.

En realidad, la cuestión de fondo en todo esto es la ausencia de una genuina estrategia nacional de seguridad (o de seguridad y defensa) que subsuma todos los instrumentos de poder y de posicionamiento internacional del país, incluyendo especialmente las políticas exterior y de defensa –y crecientemente las de seguridad interior.

Esto ha sido planteado en varias oportunidades, especialmente luego del fracaso de la ENSID de 2012 pero excede los términos de esta columna de opinión al igual que la creación de la arquitectura de seguridad y defensa aludida en el párrafo anterior.

En síntesis, la guerra de Ucrania ha perfilado muchas de las complejidades de las relaciones de seguridad imperantes en el Sistema Internacional contemporáneo, las que de un modo u otro afectan la seguridad externa de Chile.

No son los únicos temas por cierto. La geopolítica del Cono Sur de América, la cuestión antártica y las responsabilidades del país en los pasos marítimos australes se suman a las mencionadas, así como el dominio espacial y la ciberseguridad, entre varias más.

Pero las grandes tendencias de seguridad internacional afectan premisas fundamentales de la Política de Defensa de Chile y el proceso de su actualización en curso debe aquilatarlas. En esto no cabe la distancia geográfica del conflicto, perturba por igual al país.

Así, la guerra de Ucrania tiene efectos concretos en la Política de Defensa de la República.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de  Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

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CÓMO LA VIDA EN UCRANIA HA QUEDADO DESTROZADA POR DOS AÑOS DE GUERRA Charlotte Bruneau/ Reuters

 

                                                                    CÓMO LA VIDA EN UCRANIA HA QUEDADO DESTROZADA POR                                                                                                            DOS AÑOS DE GUERRA

Charlotte Bruneau/ Reuters

La Tercera, 22/02/2024

Más allá de las víctimas producto del conflicto, la guerra ha afectado a casi todos los aspectos de la vida ucraniana. Por ejemplo, Unicef dijo en agosto que sólo alrededor de un tercio de los niños en edad escolar en Ucrania asistía a clases de forma totalmente presencial. Más de 1.300 escuelas han sido destruidas en total en zonas del país controladas por el gobierno, añadió.

Las esposas se han quedado viudas, los padres añoran a sus hijos capturados, las salas de clases están vacías y los agricultores no pueden encontrar mano de obra para trabajar la tierra. Se han formado amistades improbables; los viejos se han desmoronado.

Incluso en la aldea de Lozuvatka, a unos 100 kilómetros de la línea del frente, hay señales por todas partes de una guerra que ya dura dos años y que ha cambiado irrevocablemente la faz de Ucrania.

Alona Onyshchuk y su hija Anhelina, de cinco años, visitaron el cementerio de Lozuvatka en un día de invierno barrido por la nieve. El marido y padre Serhii Aloshkin yace junto a otros 10 soldados en una nueva sección llamada Callejón de los Héroes.

“No esperábamos que fueran tantos”, murmuró Onyshchuk. Su compañero de 38 años, conductor y mecánico antes de la guerra, murió a finales de 2022 mientras luchaba cerca de la ciudad oriental de Bakhmut.

Parcelas de entierro similares han aparecido en todo el país, como testimonio amargo de una guerra demoledora contra Rusia que ahora está entrando en su tercer año, sin un final a la vista.

Los montículos de tierra recién excavada suelen estar marcados con simples cruces de madera, fotografías de los muertos, flores de colores brillantes y banderas ucranianas amarillas y azules.

Los combates en los frentes oriental y meridional de Ucrania están muy lejos de este asentamiento de casas modestas rodeadas de jardines vallados en el centro del país, pero su población de unas 6.800 personas se ha visto profundamente afectada.

La magnitud de las bajas militares ucranianas es un secreto de Estado celosamente guardado. Los funcionarios occidentales estiman que decenas de miles han muerto y decenas de miles más han resultado heridos.

Rusia, en ascenso en la cúspide del segundo aniversario de su invasión del 24 de febrero de 2022, también ha sufrido grandes pérdidas.

Más allá de las víctimas, la guerra afecta a casi todos los aspectos de la vida ucraniana. Onyshchuk dejó su trabajo en una tienda de comestibles cuando quedó embarazada de Anhelina, y encontrar un nuevo trabajo se ha vuelto más difícil por el hecho de que el jardín infantil local ha cerrado.

Las escuelas en Lozuvatka, situada a unos 350 kilómetros al sureste de Kiev, también están cerradas. Sus refugios antiaéreos no son lo suficientemente grandes para albergar a todos los estudiantes en caso de un ataque aéreo.

Aunque los ataques rusos directos con misiles y drones contra la aldea son raros, se encuentra cerca de la importante ciudad productora de acero de Kryvyi Rih, que ha sido atacada con frecuencia, lo que ha activado las sirenas en las zonas circundantes.

En una de las tres escuelas de Lozuvatka, la profesora Svitlana Anisimova se encuentra frente a su computadora en un aula vacía mientras imparte una lección en línea sobre el sistema solar a un grupo de niños de 10 y 11 años.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) dijo en agosto que sólo alrededor de un tercio de los niños en edad escolar en Ucrania asistía a clases de forma totalmente presencial.

Más de 1.300 escuelas han sido destruidas en total en zonas del país controladas por el gobierno, añadió.

Dejar de pensar en la guerra. Anisimova dijo que la educación remota no puede reemplazar la asistencia a clases, y no solo para el aprendizaje académico.

“Por supuesto, veo que esto tiene un gran impacto en los niños, en sus habilidades sociales”, dijo la mujer de 35 años, sentada en un escritorio para niños. “No tienen la oportunidad de comunicarse entre sí”.

Según la directora de la escuela, Iryna Pototska, alrededor de 40 de los 136 estudiantes de la escuela tienen un padre que actualmente está movilizado y sirviendo en el ejército.

En el mismo edificio, Pototska ayuda a las mujeres locales a empacar cajas con comida y bebida, así como redes de camuflaje, para enviarlas al Ejército de Ucrania.

Estas redes de voluntarios han surgido en todo el país, una fuente vital de suministros para los soldados, dado lo sobrecargadas que están las fuerzas armadas.

Yuliia Samotuha, otra maestra de la escuela, coordina el esfuerzo voluntario de la aldea, recibiendo solicitudes de unidades militares, dividiendo el trabajo entre los hogares y entregando productos para empacar en cajas.

“Cuando estás ocupada, a veces dejas de pensar en la guerra”, afirma esta mujer de 34 años, que se encuentra de baja por maternidad.

Conduciendo por caminos helados hacia uno de sus compañeros voluntarios, le dijo que el pueblo había cambiado mucho desde el comienzo de la guerra. Dijo que se había separado de muchos amigos porque algunos estaban menos dispuestos a ayudar en el esfuerzo bélico que otros.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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LULA, GAZA Y EL HOLOCAUSTO El Mercurio, Editorial, 21/02/2024

 

                                                                          LULA, GAZA Y EL HOLOCAUSTO

El Mercurio, Editorial, 21/02/2024

Las palabras de Lula descontextualizan y distorsionan el horror del Holocausto cometido por los nazis.

Las recientes y controvertidas palabras del Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de la cumbre anual de la Unión Africana, realizada en Etiopía, han generado una grave crisis diplomática entre Brasil e Israel.

En la cita afirmó que el conflicto en Gaza “no es una guerra, es un genocidio”, y luego agregó que “lo que está ocurriendo con el pueblo palestino no ha ocurrido en ningún otro momento de la historia. En realidad, ha ocurrido: cuando Hitler decidió matar a los judíos”.

La respuesta por parte del gobierno israelí no se hizo esperar y el Primer Ministro Benjamin Netanyahu calificó los comentarios de Lula como una “trivialización del Holocausto”, agregando que “la comparación entre Israel y el Holocausto de los nazis y Hitler supone cruzar una línea roja”.

El canciller Israel Katz convocó al embajador brasileño en Tel Aviv, Frederico Meyer, al Museo del Holocausto de Jerusalén para que explicara las palabras del mandatario brasileño y luego declaró a Lula persona non grata “hasta que se disculpe y se retracte de sus palabras”. Por su parte, el gobierno brasileño llamó a consultas a Meyer y convocó al embajador israelí en Brasil, Daniel Zonshine.

A más de cuatro meses del sangriento ataque de la organización terrorista Hamas en contra de Israel, que dejó 1.400 fallecidos y 250 secuestrados, la operación militar israelí en Gaza hoy suma casi 30.000 palestinos muertos.

El gobierno del Premier Netanyahu ha sido fuertemente criticado por Naciones Unidas y varios de sus aliados —incluyendo Estados Unidos— por el alcance de su respuesta militar en Gaza y el altísimo costo en vidas civiles, muchas de ellas niños.

Hamas —que nunca aceptó los Acuerdos de Oslo de 1993— sabía que un ataque tan brutal como el que cometió tendría represalias. Y al replegarse a Gaza con los secuestrados israelíes, indirectamente también tomó como rehenes a los propios palestinos.

En el marco de este complejo y desolador conflicto, las palabras del Presidente Lula —que incluso generaron críticas abiertas de miembros de partidos aliados de su gobierno— descontextualizan y distorsionan el horror del Holocausto cometido por los nazis en contra de la población judía de Alemania y en todos los países de Europa que invadieron.

El macabro plan organizado por Hitler y la cúpula gobernante fue una operación avalada por el Estado nacionalsocialista de la época, que usó todos los recursos disponibles para lograr el exterminio de seis millones de judíos, junto con otros grupos, como gitanos, minorías sexuales y opositores al nazismo. Probablemente, uno de los momentos más oscuros del siglo XX.

Es sabido que el Presidente Lula busca revivir el liderazgo internacional del cual Brasil gozó durante sus dos primeros gobiernos, aunque, hasta ahora, con poco éxito.

De hecho, a sus opiniones sobre la situación en Gaza se suman sus dichos sobre la guerra en Ucrania, muy cercanos a la posición de Rusia (de quien es socio en el grupo de los BRICS).

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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RUSIA–UCRANIA: ¿ES UNA GUERRA TRIBUTARIA? JORGE SANZ JOFRÉ, JAVIERA MARTÍNEZ TORO, JAVIER IBÁÑEZ GUZMÁN

 

                                                            RUSIA–UCRANIA: ¿ES UNA GUERRA TRIBUTARIA?

JORGE SANZ JOFRÉ

JAVIERA MARTÍNEZ TORO

JAVIER IBÁÑEZ GUZMÁN

                                                             Revista “Política y Estrategia” N.º 1422023, pp. 13-31 (ANEPE)

El objeto del saber en Estrategia –el decir de su hacer– tiene voluntad de duración, afán de permanencia. Adquiere su categoría de designio en tanto en cuanto se separa de la  condición de mera resolución

RESUMEN

La guerra Rusia–Ucrania comenzó como parte del desarrollo de una  guerra híbrida llevada adelante por Rusia a través de la ocupación de  Crimea y el Donbás en 2014, y que, al no poder conquistar los objetivos  políticos planteados, como la instalación en Ucrania de un gobernante  proruso, rompe el derecho internacional e invade militarmente la soberanía ucraniana.

La reacción de Occidente (EE. UU.–U.E.), no estuvo en la apreciación  rusa y durante un año se ha visto enfrentada a una guerra de resistencia que no puede romper. En el tiempo, la invasión rusa ha sido enfrentada y detenida, Rusia ha sido sancionada por el mundo occidental y paralelamente se aprecia que su principal aliado, China, se ve indirectamente afectado al no poder avanzar con su proyecto de la Ruta de la Seda hacia Europa.

Estados Unidos busca el desgaste de Rusia a través de las sanciones y la resistencia militar ucraniana con equipamiento occidental, la sobreproducción de la industria militar rusa afectada por la falta de materias primas y, probablemente iluminado por un objetivo mayor ubicado en el Indo–Pacífico referido a mantener la condición de primera potencia mundial; por tanto, ¿es la guerra Rusia-Ucrania una guerra tributaria  de un conflicto mayor en el Indo–Pacífico?

Palabras clave:

Guerra proxy; guerra Rusia–Ucrania; Indo-Pacífico; crisis; conflicto.

Ver trabajo completo de investigación en:

https://www.politicayestrategia.cl/index.php/rpye/article/view/1059/727

 

Corresponde a parte del trabajo de Investigación ANEPE: CI 202302, “El poder de las organizaciones detrás de  las  potencias  en  el  Indo-Pacífico”;  investigador  principal  J.  Sanz  J.  coinvestigadores  Javiera  Martínez Toro y Javier Ibáñez Guzmán

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EE.UU., REINO UNIDO Y OTROS PAÍSES SUSPENDEN AYUDA A AGENCIA DE LA ONU POR SUPUESTOS NEXOS CON HAMÁS. Historia de Cooperativa.cl

 

                                                                    EE.UU, REINO UNIDO Y OTROS PAÍSES SUSPENDEN AYUDA A                                                                       AGENCIA DE LA ONU POR SUPUESTOS NEXOS CON HAMÁS

Historia de Cooperativa.cl, 28/01/2024

Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Italia, Australia y Finlandia suspendieron su financiación para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), por la supuesta colusión de varios miembros de la organización con el grupo islamista Hamás.

“Hago un llamado a que más naciones se unan. Los vínculos de UNRWA con Hamás, la provisión de refugio a terroristas y la perpetuación de su gobierno son innegables. Los dirigentes de UNRWA deben ser destituidos e investigados exhaustivamente”, indicó el ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, a través de un comunicado.

Israel asegura que una docena de trabajadores de la UNRWA participó en el ataque que Hamás perpetró el 7 de octubre, que incluyó el lanzamiento de miles de cohetes y la infiltración simultánea de milicianos que masacraron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 250 en poblaciones israelíes cercanas a la Franja de Gaza.

“Llevamos años advirtiendo: la UNRWA perpetúa la cuestión de los refugiados, obstruye la paz y sirve como brazo civil de Hamás en Gaza”, dijo Katz, al subrayar que trabajará personalmente para promover una política que garantice que la UNRWA no sea parte del funcionamiento en la Franja una vez concluida la guerra.

“Trabajaremos para obtener apoyo bipartidista en Estados Unidos, la Unión Europea y otras naciones a nivel mundial para esta política destinada a detener las actividades de la UNRWA en Gaza”, explicó.

La UNRWA anunció ayer el despido inmediato de varios miembros de su personal, y el inicio de una investigación “para establecer la verdad” y “para proteger la capacidad de la agencia de prestar asistencia” en Gaza, donde el 85 % de la población (1,9 millones de palestinos) está desplazada y viviendo una cris.is humanitaria sin precedentes.

  1. UU “Extremadamente Preocupado”. Estados Unidos, el principal socio y proveedor de armas de Israel, se dijo “extremadamente preocupado” por las acusaciones contra la UNRWA y fue el primer país en suspender temporalmente la financiación a la agencia mientras se investiga y se determinan las medidas que Naciones Unidas tomará.

Sin embargo, el país norteamericano reconoció que la agencia ha desempeñado hasta ahora “un papel fundamental” para brindar asistencia a los palestinos, como alimentos y medicinas, y ha “salvado vidas”.

Reacción de la ANP. De su lado, la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna partes reducidas de Cisjordania ocupada, criticó a los países que suspendieron su financiación a la UNRWA antes de que se desarrolle siquiera la investigación.

Además, estima que, aún si se confirma que algunos trabajadores de la UNRWA cooperaron con Hamás, no se debe perjudicar a la organización ni a sus misiones humanitarias, pues la conducta de un grupo de empleados “no refleja la política, las directivas e instrucciones de sus funcionarios, ni la credibilidad del trabajo al servicio de los refugiados palestinos” de la organización.

Con más de 30.000 empleados, la UNRWA es la mayor organización de Gaza al margen del Gobierno de la Franja, controlado de facto por Hamás desde 2007.

La ofensiva israelí ha dejado en el enclave palestino más de 26.257 muertos y 64.797 heridos, mientras los supervivientes enfrentan una crisis humanitaria sin precedentes.

Bajo las lluvias y heladas del invierno, miles de familias con niños y ancianos viven en carpas plásticas a la intemperie, en medio del brote de epidemias y el colapso de los hospitales, además de la persistente escasez de agua potable, alimentos, medicinas y electricidad.

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Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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LA INCAPACIDAD ESTATAL AMENAZA LA DEMOCRACIA EN LA REGIÓN. Jesús Delgado Valery/Latinoamérica21

 

                                                                     LA INCAPACIDAD ESTATAL AMENAZA LA DEMOCRACIA EN LA                                                                                                                          REGIÓN

Jesús Delgado Valery/Latinoamérica21, Director Ejecutivo de Transparencia Electoral

El Mostrador, 21/01/2024

De acuerdo al último relevamiento de Latinobarómetro, sólo el 48 % de las personas apoya la democracia en la región, lo que significa una disminución de 15 puntos porcentuales en los últimos 12 años.

Siguiendo la inercia de los últimos años, el mundo se sigue autocratizando según los principales índices que evalúan el estado de la democracia. 2022 fue el sexto año consecutivo de retroceso democrático de acuerdo al reporte del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA).

En nuestra región, los retrocesos más pronunciados son los de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, mientras que no hay ascensos que celebrar.

Por su parte, según la alianza global de organizaciones de la sociedad civil dedicada a fortalecer la acción ciudadana (CIVICUS), cada vez hay más países que restringen y violan las libertades cívicas y casi un tercio de la población mundial vive en países con espacios cívicos cerrados, pasando de un 26 % en 2018, a un 30 % en 2023.

Finalmente, el último estudio de V-Dem señala que el planeta tiene hoy más autocracias cerradas que democracias liberales y que los avances logrados durante los últimos 35 años han sido anulados y como consecuencia el 72 % de la población mundial vive actualmente bajo regímenes autocráticos.

En Latinoamérica la situación no es distinta. Tenemos tres regímenes autocráticos consolidados (Cuba, Venezuela y Nicaragua) y varios en franca regresión democrática (El Salvador, Guatemala y Bolivia).

A esto se suma una desafección democrática generalizada de sus habitantes.

De acuerdo al último relevamiento de Latinobarómetro, sólo el 48 % de las personas apoya la democracia en la región, lo que significa una disminución de 15 puntos porcentuales en los últimos 12 años.

Por su parte, el porcentaje de encuestados a los que no les importaría tener un gobierno no democrático si éste resolviera los problemas, pasó de un 44 % en 2002 a un 54 % en 2022.

¿Falla la democracia o la capacidad estatal? Distintos académicos, entre ellos Adam Przeworski en “La crisis de la democracia” (2022), han advertido sobre la precisión de las encuestas que miden la aceptación de la democracia.

Esto debido a la gran dificultad metodológica para su realización. Si los académicos no llegan a un acuerdo sobre el tema, mucho menos se puede esperar que la ciudadanía en general alcance un consenso acerca de sus alcances y límites.

Es decir, cuando las personas hablan de democracia, no se refieren a lo mismo. Dependiendo del contexto, se referirán a prosperidad, seguridad, empleo, acceso a la educación y a la salud, elegir libremente a sus representantes o el imperio de la ley.

Esto nos lleva a un segundo problema para medir la percepción de la democracia: su vinculación con la capacidad estatal. Desde un punto de vista procedimental, un régimen democrático es aquel en que se celebran elecciones competitivas, con opciones plurales, libertad de expresión, asociación, manifestación, condiciones que garantizan el principio fundamental de las democracias: que los gobiernos pierdan las elecciones (Przeworski).

Desde esta perspectiva reduccionista, la democracia no tendría por qué garantizar bienestar, equidad, desarrollo económico, empleo o programas sociales, cuestiones que tienen que ver con la capacidad estatal y no con el régimen político.

Por eso, encontramos autocracias o teocracias con altos índices de desarrollo económico y democracias con indicadores económicos y sociales muy pobres.

Es por ello que se debe tomar en cuenta que cuando a los habitantes de América Latina se les consulta su percepción sobre la democracia, probablemente respondan valorando a sus gobiernos.

La amenaza autocrática. Precisamente la baja capacidad estatal de los países de América Latina ha producido una frustración ante las expectativas que se tenían de la democracia luego de la tercera ola democratizadora.

Si bien en su famoso discurso, en el marco de la recuperación democrática argentina, Raúl Alfonsín afirmó que “con la democracia se come, se cura y se educa”, los latinoamericanos saben que aunque vivan bajo regímenes democráticos no tienen garantizada la comida, la salud ni la educación.

De acuerdo a datos de la CEPAL, uno de cada tres latinoamericanos vive bajo la línea de la pobreza y uno de cada 10 en la indigencia.

El malestar no se limita a los países que no han podido salir de la pobreza. Incluso aquellos que han crecido ininterrumpidamente por décadas y han sacado a gran parte de la población de la pobreza como Chile, han atravesado recientemente crisis institucionales producto de las expectativas frustradas de sus habitantes. Este contexto, es caldo de cultivo para experimentos autocráticos donde tras discursos refundacionales y populistas, emergen líderes que pretenden encarnar al pueblo sufrido y lo defienden del establishment, la casta o el término que esté de moda.

Lo curioso de este proceso de desdemocratización o autocratización es que el puntapié inicial se hace bajo las normas democráticas. Son candidatos que conforman una fuerza política, compiten electoralmente y ganan elecciones. En muchos casos son bastante populares y tienen una comunicación directa con los ciudadanos.

El problema surge una vez que se hacen con el poder, ya que interpretan que el apoyo electoral y su mayoría circunstancial se traduce en un cheque en blanco, un cupón válido para refundar el país e invisibilizar a las minorías.

Esta vocación hegemónica se reproduce, según los expertos Ginsburg y Huq, a través de tres prácticas que paulatinamente erosionan la democracia.

En primer lugar, la decadencia incremental de las elecciones competitivas, los derechos liberales de expresión/asociación y el imperio de la ley.

En segundo lugar, los cambios discretos en las reglas y procedimientos informales que configuran las elecciones, los derechos y la rendición de cuentas.

Y por último la pérdida de frenos y contrapesos.

Conforme este proceso avanza, la oposición se va volviendo incapaz de ganar, las instituciones establecidas pierden su capacidad contralora y las manifestaciones van perdiendo fuerza al ser reprimidas.

De esta manera, paradójicamente los gobiernos democráticamente electos pueden desmantelar la institucionalidad que les permitió llegar al poder, a veces sin violaciones constitucionales claras.

Mientras en América Latina las expectativas de crecimiento económico sean pobres y la capacidad estatal no pueda satisfacer las demandas ciudadanas básicas, la democracia como sistema político estará en riesgo y los experimentos autocráticos perdurarán.

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Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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ECUADOR, CRUZANDO LA LÍNEA. Juan Pablo Glasinovic Vernon

 

                                                                                  ECUADOR, CRUZANDO LA LÍNEA

Juan Pablo Glasinovic Vernon, Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), magíster en Ciencia Política mención Relaciones Internacionales, PUC; Master of Arts in Area Studies (South East Asia), University of London.

El Mostrador, 15/01/2024

Tiene que haber una campaña permanente y sin cuartel contra todos los peones de estos grupos enquistados en la institucionalidad y que tratan de capturarla, desde los gobiernos locales hasta las más altas esferas.

Ecuador, además de ser el nombre propio de un país, es el nombre del paralelo cero; es decir, de la línea que divide al planeta en dos, con sus hemisferios norte y sur. En este paralelo, además, el día y la noche tienen la misma duración durante todo el año.

O sea, desde esa perspectiva es el punto medio y equidistante. Tanto así que en muchas carreras universitarias hay una especial celebración en su mitad que suele tener el nombre de “Ecuador” o algún otro que evoque el término medio (“ombligo”, etc).

También el cruce marítimo de esta línea suele dar lugar a celebraciones, por el paso que significa de un hemisferio a otro.

Lamentablemente, el nombre de Ecuador en estos días no evoca ni equilibrio ni celebración. En dicho país se ha cruzado una línea roja, que es aquella en la cual el Estado de Derecho y la propia institucionalidad democrática se ven seriamente amenazados.

Mucho se ha escrito sobre lo sucedido en estos días y, por lo tanto, trataré de evitar los lugares comunes y concentrarme en las causas, sus consecuencias y potenciales lecciones.

En lo que se refiere al origen del problema, es evidente que tiene raíces más profundas y no es un fenómeno de los últimos meses o años.

Geopolíticamente, Ecuador está entre los dos mayores productores de cocaína del mundo, Colombia y Perú. Y como en Colombia hubo una lucha frontal contra el narcotráfico y la desarticulación de los carteles, además de un mayor nivel de vigilancia, era solo una cuestión de tiempo para que se instalaran en Ecuador y aprovecharan que por muchos años este país fue considerado de bajo riesgo en el mapa del crimen organizado.

Por sus dimensiones y por tener uno de los puertos importantes de la costa pacífica sudamericana, Guayaquil, empezaron a procesar y distribuir la droga por ahí.

La circunstancia de ser también una economía dolarizada (Ecuador no emite su propia moneda desde el año 2000), facilitó el ocultamiento, movimiento y lavado del dinero de estos ilícitos.

Como en muchos de nuestros países, antes que la mayoría se diera cuenta, incluyendo a la clase política, ya estaban instaladas y operando poderosas bandas criminales. Por las características reseñadas no solo se desarrollaron grupos locales, sino que también se insertaron carteles de otros países, notoriamente mexicanos y colombianos.

Mientras eso sucedía, el país estaba enfrascado en luchas políticas intestinas, con un creciente desacople entre las expectativas ciudadanas, la institucionalidad y su funcionamiento.

El problema de la delincuencia organizada empezó a visibilizarse durante el Gobierno de Lenín Moreno (2017-21), especialmente con las masacres carcelarias producto de la rivalidad entre bandas. Ahí quedó en completa evidencia su existencia y la lucha sin cuartel por el territorio. Desde entonces han sido recurrentes los episodios de motines, fugas y batallas campales entre grupos en las cárceles ecuatorianas, con centenares de víctimas.

Otra evidencia de la situación fue el aumento de los homicidios. Si en 2015 la tasa era de 6 muertos por cada 100 mil habitantes, en 2023 escaló a 14. Con esto, el año pasado Ecuador pasó a ser el quinto país con la mayor tasa de homicidios del mundo.

Otro hito, que demuestra cómo los criminales fueron copando espacios, fue el asesinato el año pasado del candidato presidencial mejor posicionado y férreo opositor de estos grupos mafiosos, Fernando Villavicencio, cuyas propuestas en esa campaña iban por la seguridad, incluyendo la reforma de la policía y del sistema carcelario. Hasta ahora no está claro quién está detrás de su muerte.

Hace unos días se consumaron las fugas de dos de los más peligrosos jefes de bandas criminales, seguidas de motines con toma de rehenes y atentados en diversas ciudades. Ante esto, el joven y novel presidente Noboa declaró el Estado de Excepción Constitucional de guerra interna, asimilando a las bandas criminales con grupos terroristas.

Esto, junto con la restricción de diversos derechos y libertades, incluyendo el toque de queda, implicó la salida de las Fuerzas Armadas a la calle para asumir la seguridad y combatir a estos grupos.

Desde entonces se ha desatado una seguidilla de acciones y reacciones entre los grupos criminales y las fuerzas de orden y seguridad, con bombazos y tiroteos y las consecuentes víctimas.

Junto con involucrar a las FF. AA., el presidente Noboa ha lanzado una batería de propuestas, tanto para fortalecer la lucha contra el crimen como para cambiar el sistema político y hasta económico. Varias de estas deberán pasar por la Corte Constitucional y podrían tener que ser ratificadas por consulta popular o por el Parlamento en todo caso.

Destacan permitir la extradición de ecuatorianos (lo que ahora la Constitución prohíbe); reformar la ley de extinción de dominio para quedarse con los bienes de los criminales en forma más expedita y fácil; poder aplicar urgencia a cualquier proyecto de ley que surja del Ejecutivo (hasta ahora solo pueden ser calificados así aquellos en materia económica); y consagrar el indulto para militares y policías aun cuando no esté ejecutoriada la sentencia en casos de uso de la fuerza contra sospechosos de delitos.

Todas ellas deberán ser vistas por el Tribunal Constitucional, no existiendo plazos perentorios para ello. También este tribunal tiene que pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto presidencial de guerra interna.

Todos los partidos y las principales instituciones se han unido en torno al presidente para enfrentar el complejo momento. El Gobierno también ha recibido la solidaridad internacional.

¿Qué sigue? Lo primero es el control del territorio y del orden público. El Gobierno debe recuperar los espacios y demostrar que está ganando en ese campo. Sin eso, todo lo demás es ilusorio.

Por lo mismo, los grupos criminales están dando batalla frontal. También tienen claro que si resisten socavarán la legitimidad gubernamental y debilitarán la institucionalidad. Por eso, en esta etapa el Gobierno debe ir con todo contra los criminales, dentro de los límites del Estado de Derecho, y no cejar. Cualquier vacilación o retroceso será un triunfo para la delincuencia.

Esta fase debe ser acompañada por la recuperación del control de las cárceles y la construcción de nuevas instalaciones, en las cuales se asegure la separación y aislamiento de los reclusos según su grado de peligrosidad, con una efectiva desconexión con el exterior.

Eso porque, como se está viendo en casi toda la región, los carteles no solo reclutan a miembros en los presidios, también siguen operando desde allí con total desparpajo.

Lo anterior debe complementarse con focalizarse en los bienes de estas organizaciones, para incautarlos y dejarlos así sin recursos para operar, al mismo tiempo que estos acrecientan las arcas fiscales para potenciar el esfuerzo en materia de seguridad.

Solo confiscando sus bienes se podrán derrotar estas bandas, porque mientras cuenten con ellos seguirán enrolando sicarios, soldados y corrompiendo a políticos y funcionarios.

Finalmente, tiene que haber una campaña permanente y sin cuartel contra todos los peones de estos grupos enquistados en la institucionalidad y que tratan de capturarla, desde los gobiernos locales hasta las más altas esferas. Esto es lo más peligroso y también lo más difícil de desarticular.

Como es evidente, una cosa es tener un diagnóstico y un propósito, y otra es llevarlo a cabo. Lo segundo es lo más complicado, pero ayuda si existe lo primero. Afortunadamente existe un clamor en nuestros países por más seguridad y por luchar contra el crimen.

La institucionalidad está reaccionando, con retraso y parcialmente, pero lo está haciendo.

Lo que hace falta es una coordinación real y efectiva entre los países para enfrentar el problema. Y esto requiere que los Estados se alineen tras este objetivo, con todas sus instituciones.

No hay posibilidades reales de vencer al crimen organizado si no se combate coordinadamente, por cuanto es un fenómeno transnacional. Eso involucra compartir inteligencia, experiencia, capacitar, entrenar, aportar recursos a los más expuestos, etc.

En mi opinión, este es el eslabón más débil de la cadena y en el cual los países debieran poner más énfasis.

Lo que está sucediendo en Ecuador nos deja o replantea varias preguntas, como: ¿es o no conveniente involucrar a las FF. AA. en la lucha criminal? Una vez que se involucran, ¿cuándo deben retirarse? ¿Cómo se combate más efectivamente la infiltración de las instituciones por los criminales? ¿Cómo abordar el régimen carcelario sin cerrar la puerta a la posibilidad de la reinserción? ¿Cuál es el rol del Estado y de la sociedad civil para prevenir la delincuencia?

Finalmente, y volviendo a la contingencia, hay que prepararse para una eventual dispersión de estas bandas en los países de la región, escapando temporal o definitivamente de Ecuador, agregando más complejidad al cuadro de la seguridad hemisférica.

Son tiempos de prueba que solo se pueden sobrellevar con éxito unidos.

¡Vamos, Ecuador, vamos Latinoamérica!

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Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de  Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

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