Categoría: Seguridad y defensa

                                                                             Imposición del Orden y la Seguridad
                                                                              Por una vez digamos la verdad. (3)

Fernando Thauby García

El Plan Cuadrante de Carabineros de Chile para la Seguridad Preventiva (PCSP) es un Sistema de vigilancia por sectores (cuadrantes) iniciado el año 2.000, donde se desarrollan acciones preventivas y procedimientos, en un área cuya vigilancia corresponde a una Unidad específica de Carabineros con el propósito de obtener más eficiencia en el accionar policial y acentuar la relación de trabajo directa con los habitantes y organizaciones sociales de cada cuadrante.
Apunta directamente al corazón del problema: aumentar la sensación de seguridad de los ciudadanos.
La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y otras organizaciones de interés público, destinada a asegurar su convivencia y desarrollo pacífico; la erradicación de la violencia; la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y en general evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes. Este es también el primer y vital órgano de obtención de informaciones que alimenta al Organismo de Inteligencia del Ministerio del Interior.
La seguridad ciudadana, es un concepto amplio que incorpora los valores del Estado social y democrático; yendo más allá de forzar a los ciudadanos a la obediencia de la norma, sino que a garantizar la calidad de vida de los mismos.

Ver artículo completo en el siguiente enlace:Orden y Seguridad (3) (2)

Un aporte de nuestro Pas presidente Humberto Julio Reyes

                                                          “UN RÉGIMEN QUE VIOLA DERECHOS HUMANOS”: OPOSICIÓN                                                                            ENDURECE TONO CON MONSALVE POR SUSCRIBIR CONVENIO  CON                                                                                                         VENEZUELA

Alonso Vatel y Pedro Rosas

La Tercera, 27/02/2024

Aunque en su momento la derecha celebró el viaje del subsecretario del Interior a Caracas, ahora cuestionaron el escrito al que adhirió con el gobierno de Nicolás Maduro. En el oficialismo, por otro lado, acusaron aprovechamiento político.

“Ximena Rincón ha logrado que gobierno le proporcione convenio de colaboración policial con Venezuela. Inaceptable la firma de un convenio de este tipo con una dictadura, para, por ejemplo, entregar información biométrica y decidactilar de venezolanos residentes en Chile”. Eso publicó, a las 23.01, en su cuenta de X el secretario general de Demócratas, Carlos Maldonado.

Así, el dirigente planteó sus cuestionamientos a los detalles del texto suscrito -en enero pasado- entre el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y las autoridades de Venezuela, tras el secuestro del teniente (R) opositor de ese país, Ronald Ojeda.

Aunque la oposición celebró el convenio cuando el gobierno lo adhirió, ahora las críticas apuntan principalmente al contenido del escrito respecto a intercambiar “información biométrica y decidactilar, con finalidades investigativas” para “lograr una identificación eficiente y expedita de personas de nacionalidad venezolana en Chile, y chilena en Venezuela, que sean presunta o conocidamente vinculadas con hechos delictivos”.

Así como la “actualización de los listados de prófugos de la justicia compartidos entre las partes, con la consiguiente implementación de alertas fronterizas activas”.

Si bien el origen de los reparos suscitaron a raíz de la publicación de La Razón de Venezuela -férreo opositor al régimen de Nicolás Maduro-, que señaló que este convenio “abrió las puertas” a la inteligencia de Caracas en Chile (lo que fue categóricamente negado por Monsalve), lo cierto es que las críticas ahora apuntan a por qué se firmó un acuerdo con un régimen considerado como una dictadura.

La presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, profundizó en este punto y señaló que “nos parece totalmente grave la colaboración policial suscrita entre el gobierno de Chile y de Venezuela. Creemos en la idea que tenía el Ejecutivo chileno para combatir el crimen organizado, pero -y según ha reconocido el propio Presidente Gabriel Boric- estamos tratando con una dictadura, con un país con una democracia fallida, autoritario según clasificaciones internacionales”.

Y agregó: “Emplazamos al gobierno a responder la pregunta que todos nos hacemos: ¿Es correcto entregar este tipo de información a un régimen que viola constantemente los derechos humanos de sus ciudadanos? Si el gobierno no quiere ser cómplice del régimen de Maduro, tiene que preocuparse de garantizar los derechos de los refugiados y asilados en nuestro país”.

Su par de Amarillos, el diputado Andrés Jouannet-quien integra la comisión de Seguridad de la Cámara Baja- acusó al gobierno de “secretismo” y criticó que se firmen convenios con dictaduras.

El excanciller Roberto Ampuero calificó de “ingenuo” el acuerdo suscrito y apuntó sus dardos a Monsalve, quien fue la cara visible del Ejecutivo en la firma del convenio. “Las policías que son parte de dictaduras, como la venezolana, como la cubana, como la nicaragüense, como la de Corea del Norte, son estrictamente político-ideológicas. Esta separación de que este es un trabajo técnico-policial solamente, a mí me preocupa demasiado viniendo del gobierno de Chile, y me parece que es muy ingenuo”, dijo a El Líbero.

Y agregó: “A mí me sorprendió mucho la teoría del subsecretario Monsalve, al decir que hemos acordado compartir información. Disculpe. Alguien que cree que una dictadura como la venezolana comparte información de inteligencia policial con un gobierno como el de Chile, que obviamente no es de su agrado, es que tiene una película poco clara con respecto a lo que significan las policías internacionales”.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Francisco Chahuán (RN), indicó a este medio que Chile Vamos le va a pedir una reunión a la ministra del Interior sobre el caso. “Espero que Chile esté cumpliendo con la obligación de dar adecuada protección a aquellas personas que se encuentran en calidad de refugiados, como sería el caso del teniente coronel y eso implica dar todas y cada una de las condiciones de seguridad”, precisó.

Desde la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el diputado Diego Schalper (RN) agregó que ofició a Monsalve, a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y al director nacional de la PDI para saber “qué información ha requerido Venezuela en el marco de ese convenio y qué información ha entregado Chile”, para así “terminar con las especulaciones”.

“Cualquier convenio que celebre el país nunca puede estar sobre los tratados internacionales en materia de derechos humanos que resguardan a las personas que tienen asilo en otros países y por lo tanto hay que evaluar y verificar si es que se hubiese entregado información de esa naturaleza, efectivamente estaríamos en una cosa extremadamente grave”, señaló.

En la misma línea se expresó la diputada de esa comisión, Ximena Ossandón (RN), quien dijo que “el subsecretario Monsalve y la Cancillería fueron poco diligentes al promover el acuerdo entre Chile y Venezuela para información e intercambio de prófugos de la justicia. Es sabido, y así lo han respaldado todos los organismos internacionales, que en Venezuela existe prisión política, tortura y serios atropellos a los Derechos Humanos”.

Por su parte, el diputado Stephan Schubert (Ind.-rep.) indicó que es importante que el Ministerio del Interior aclare si se ha compartido información de refugiados o asilados políticos: “Ese punto debe ser explicado por qué se consignó un punto como ese en el documento porque, repito, fue suscrito con una dictadura y que tiene disidentes y, por lo tanto, es un punto sensible”.

Mientras que Rojo Edwards (Ind.- ex Rep.) señaló que “Chile debe denunciar y retirarse de inmediato del acuerdo de cooperación policial con Venezuela. Porque no se firman tratados de cooperación policial con bandas de criminales como lo es la narcodictadura de Maduro” y emplazó a Monsalve a “entregar los detalles de este acuerdo y si hablan de un “eventual” secuestro en suelo chileno, no pueden calificar de sinsentido la petición de información realizada desde la oposición”.

Oficialismo acusa aprovechamiento político. En el oficialismo, en todo caso, salieron a reaccionar rápidamente. Y, en línea con lo dicho por La Moneda, pidieron no sacar provecho políticos.

El excanciller de Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz, precisó que “es absurdo insinuar que el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda se ejecutó con la supuesta aquiescencia de la autoridad chilena” y que “sugerir que el gobierno de Chile consintió o, más aún, participó en la comisión de un crimen a una persona a la cual se le había otorgado refugio, me parece disparatado”.

El diputado y presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, Tomás De Rementeria (PS), por su parte, aseguró que “el convenio es algo que todos buscábamos, todos dijimos que había que establecer relaciones de esa índole con Venezuela para poder combatir el crimen organizado de origen venezolano que se ha instalado en Chile”.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

                                                                       LAS EXPLICACIONES DE MONSALVE SOBRE VENEZUELA QUE                                                                          AGUDIZAN LAS CRÍTICAS EN LA ANTESALA DE CITA CON LA                                                                                                                     OPOSICIÓN

Martín Browne y Nicolás Quiñones

La Tercera PM, 28/02/2024

El subsecretario, este miércoles, generó más interrogantes sobre su viaje a Venezuela luego de decir que el convenio para enfrentar el crimen organizado no está activo.

Este miércoles, a las 17.30, las directivas y los jefes de bancada de la UDI, RN, Evópoli, Demócratas y el Partido Republicano llegarán hasta La Moneda para reunirse con la ministra del Interior, Carolina Tohá; el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve; el ministro de Justicia, Luis Cordero, y la ministra de Defensa, Maya Fernández.

El fondo del encuentro será recibir información sobre el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda y las medidas del gobierno para enfrentar una situación que se ha convertido en el principal flanco del Ejecutivo en la última semana de febrero.

Los partidos que asistirán a la cita enviaron cuatro oficios a los distintos secretarios de Estado para aclarar las acciones nacionales e internacionales del gobierno y también resolver interrogantes que, consideran, no han sido bien explicadas desde La Moneda.

Una de ellas es el convenio que firmó el subsecretario Monsalve en su viaje a Venezuela el pasado 17 de enero para buscar políticas para enfrentar el crimen organizado, luego de postergarlo durante semanas.

El gobierno ha tenido que dar explicaciones, en más de una oportunidad, por ese escrito. Las razones de los cuestionamientos son varias, entre ellas, por haber firmado un documento en materia de seguridad con un régimen que es considerado como una dictadura.

El lunes, Monsalve se vio obligado a desmentir un artículo del medio venezolano La Razón, el que acusaba al gobierno chileno de que el secuestro de Ojeda se dio en el marco del convenio que firmó el subsecretario en Caracas.

“Es una total mentira”, dijo el socialista. Y agregó: “El acuerdo firmado tiene un solo fin, y vuelvo a mi función que es la lucha contra las organizaciones criminales. De todos es conocido que hay organizaciones criminales de origen venezolano en Chile. El convenio tiene un solo fin, además es un convenio de colaboración policial. Por lo tanto, no es un convenio de colaboración política”.

Pero las aclaraciones del subsecretario continuaron, ya que este miércoles aseguró, en una entrevista en Radio Duna, que el convenio no está activo.

“Este convenio dice que las instituciones, porque es un convenio de colaboración policial, y dice que ambos países tienen que nombrar sus contrapartes y que solo opera el convenio una vez que los países nombran sus contrapartes. Para nombrar las contrapartes nosotros teníamos que terminar la tramitación con la Cancillería, para que se firmara una resolución que le da vigencia legal al convenio en Chile. Y Venezuela también tiene que tramitar algo parecido y tiene que firmar un decreto para poder implementar el convenio. Venezuela todavía no firma el decreto, Chile firmó la resolución hace unos días. Por lo tanto, ni Chile ni Venezuela han nombrado las contrapartes”, explicó.

La versión fue inmediatamente cuestionada por la oposición, ya que en el convenio sale explícitamente que tiene vigencia de cinco años. “Se hará efectivo en la fecha de su firma”, dice el escrito, el cual no señala como requisito que para que esté activo se debe designar a las contrapartes.

“Es insólito que hoy el gobierno nos diga que el acuerdo de cooperación policial con Venezuela no está en vigencia, después del show mediático que realizaron para su firma hace solo un mes. Más allá de todas las mentiras que nos han dicho, Chile debe renunciar a continuar con ese acuerdo que implicaría que tendríamos que entregar información a la dictadura de Maduro sobre opositores políticos que ellos denominan criminales”, dijo el senador Rojo Edwards (exrepublicano).

Su par de la UDI Iván Moreira manifestó que “es hora de que el gobierno entregue explicaciones y que sean satisfactorias al respecto de lo que se sabe del secuestro, pero también respecto de los alcances de este acuerdo con la dictadura de Maduro. No era para permitir el envío de venezolanos, hoy se nos dice que es solo un acuerdo policial y que aún no está operativo. El gobierno debe entender la incertidumbre que generan estos secuestros y que hay en la población un miedo tremendo”.

El subsecretario, de hecho, iba a salir a explicar su declaración realizada durante la mañana, luego de una reunión por el próximo “super lunes 4 de marzo”, pero finalmente optó por mantener el silencio hasta la tarde.

De todas formas, en La Moneda reconocen que Monsalve no se expresó de la mejor manera, ya que lo que quería decir, según aclararon, es que si bien el convenio está vigente y activo, aún Venezuela no ha presentado a la contraparte para que pueda empezar a ejecutarse.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, por su parte, salió a respaldar a Monsalve. “Cuando el subsecretario Monsalve preparó ese viaje, la oposición lo celebró. Y todo el mundo tenía perfectamente claro de qué es lo que estábamos hablando. Ahora, vincular ese acuerdo de cooperación policial que es relevante para el país (…) a este delito, me parece que hay un trecho muy grande y creo que no contribuye mucho al foco que todos debiéramos tener, que es aclarar lo más pronto posible este delito”, dijo el abogado.

La titular de la Segegob, Camila Vallejo, por su parte, indicó que “el subsecretario Monsalve ha sido bastante claro en desmentir tajantemente estas acusaciones o especulaciones malintencionadas que se hicieron respecto a este acuerdo que se da en el marco de combatir la inmigración irregular, la delincuencia y el crimen organizado. En segundo lugar, con mayor razón, es que no está vigente porque están en trámite algunos procesos administrativos”.

Previa de la oposición. En la antesala del encuentro, las directivas de Chile Vamos se encontraban coordinando lo que esperaban abordar esta tarde con el Ejecutivo. Dirigentes comentan que lo primero que quieren enfatizar es que consideran “grave” el asunto, por las presuntas vulnerabilidades que podrían quedar en evidencia.

Además, esperan que se aclaren las afirmaciones de Monsalve. Sobre eso se le pedirá mayor detalle al subsecretario.

También esperan requerir información de las acciones conjuntas contempladas para la ejecución del convenio, el rol de las policías y por qué no se consultó previamente al Congreso Nacional.

Asimismo, los partidos de Chile Vamos buscan conocer qué tipo de información ha solicitado Venezuela. Además, se pretende cuestionar que todavía no haya respuestas a algunas interrogantes sobre el caso y también qué tipo de medidas se pueden hacer para asegurar el buen estado de los refugiados políticos en Chile.

Durante este miércoles en radio Agricultura, el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, sostuvo que se pedirá también información “para ver de qué manera hacemos que esta situación tenga puntos de inflexión concretos en los próximos meses”.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

                                                                       EXDIRECTOR DE INTELIGENCIA DEL EJÉRCITO: “EL                                                                                            SECUESTRO DEL TENIENTE (R) OJEDA FUE REALIZADO POR UNA                                                                  UNIDAD ESPECIALIZADA CON ALTOS GRADOS DE PREPARACIÓN”

Víctor Rivera

La Tercera, PM, 27/02/2024

En general (R) Guillermo Paiva -quien también fuera jefe del Estado Mayor Conjunto- advierte que quienes se llevaron al exmilitar ejecutaron un plan “perfecto”. “Desde la hora de ingreso al departamento, sus movimientos, y también el escape, no deja nada al azar”, señala, y advierte que “en Chile no hay un sistema de Inteligencia que funcione de manera conjunta”.

A casi una semana del secuestro del teniente (R) Ronald Ojeda, ni la Fiscalía, ni policías, ni menos en el gobierno saben qué fue lo que pasó con el exmilitar venezolano.

Las hipótesis se mantienen abiertas, y según reconoció la propia ministra del Interior, Carolina Tohá, en T13 Radio, “hay una víctima que está secuestrada que tenemos que dar con ella, tenemos que entender cuál es la dinámica de este secuestro, quién está detrás, por qué se hizo”.

En esa línea, son tres las hipótesis que se barajan en la investigación que lleva adelante el fiscal regional Sur, Héctor Barros: Una operación de la inteligencia venezolana, un autosecuestro o un ajuste de cuentas por parte del crimen organizado.

En todas estas hebras investigativas se están haciendo diligencias, incluida la revisión de las cámaras para detectar a los autores del hecho.

Es que los movimientos de quienes perpetraron el secuestro desde el departamento de Ojeda, en Independencia -se ha podido establecer la participación de cuatro en el edificio-, hacen sospechar a los investigadores que hubo un “trabajo de campo” previo realizado por los delincuentes.

En eso coincide, por ejemplo, el exdirector de Inteligencia del Ejército general (R) Guillermo Paiva.

El exalto oficial dice que ninguna tesis se puede descartar, porque se trata de un caso complejo, aunque advierte de entrada que “esto no fue al azar, ni lo realizó gente inexperta. Esto fue calculado”.

Paiva, en 2013 fue comandante del Regimiento de Inteligencia del Ejército Nº 1 “Soberanía”; en 2015, jefe del Departamento III de “Contrainteligencia”, y en 2017 fue director de Inteligencia.

En 2021, en tanto, fue designado como jefe del Estado Mayor Conjunto. “Si bien no puedo abordar materias que por ley no se pueden revelar, sí puedo hacer un análisis de lo que he podido revisar”, dice a La Tercera.

¿Cuál es la particularidad de este caso, cree usted? Viendo las imágenes se puede detectar que quienes hicieron este trabajo pertenecen a un unidad especializada, porque vestían y se movían de una manera particular. Estaban caracterizados con un tipo de pantalón, portaban arietes para abrir la puerta, botas de determinado color, todo se ve calculado.

El secuestro del teniente (R) Ojeda fue realizado por una unidad especializada con altos grados de preparación.

¿Preparación de qué tipo? Especial, con conocimiento de cómo se ejecutan este tipo de secuestros, que no son como comúnmente se ven. Esto es distinto.

Por ejemplo, el tiempo y espacio en que lo ejecutan: cuando salen del ascensor de inmediato giran con seguridad, no dudan, se nota que hubo una investigación previa. Sabían, además, que la víctima estaría ahí. No fue un golpe fallido.

Se ve que lo sacan con las manos por delante… Sí, pero va amarrado, está inmovilizado. Está completamente reducido, además, con un abrazo por sobre el cuello, además de las amarras. Otro elemento que da cuenta de una preparación es que lo sacan prácticamente desnudo, no permiten que se vista, ni que se ponga nada en los pies. Eso hace, además, que en caso de que quiera escaparse sea más difícil para él.

¿Y el equipamiento que usan? Vi que van con un arma de puño, pero además con chalecos y cascos blindados. El tipo de bota también es especial, no son botas comunes. Son tipo policial o militar.

Lo otro que llama la atención es que usan la cantidad de gente exacta: cuatro. Uno menos, es difícil, uno más, es un exceso. Más de cuatro no se necesitan.

Lo que podría ser un error es el escape en un auto que después no queman, ni eliminan, pero ahí hay otro acierto: según lo que se ha conocido en los medios de prensa, aún no hay grabaciones.

No hay imágenes de cuando dejan el auto, lo que también revela que no lo dejaron botado de manera improvisada. Eso también se pensó. Sin duda esto lo hace una unidad preparada y equipada.

¿Por qué la inteligencia, militar, policial, o de la ANI, no puede prevenir que esto ocurra? Mire, no fue posible tener información antes del estallido social, menos ocurrirá ahora, tomando en cuenta la cantidad de extranjeros que hay en Chile. Es muy difícil que una agencia pueda estar en alerta, a menos que haya existido un aviso previo para practicar algún tipo de vigilancia, pero de lo contrario es muy complejo.

Pareciera que siempre la contingencia apunta a mejorar la inteligencia, pero no mejora, ¿por qué ocurre eso? Si, pero esto sirve de experiencia, porque ahora, creo yo, se deberían estar tomando las prevenciones correspondientes con los militares venezolanos que están en Chile.

Ellos deben ser protegidos por parte del Estado de Chile, deben tener una protección, porque este caso nos da cuenta que hay gente acá que está dispuesta a llevar a cabo una delito de este tipo. Ya pasó una vez, y no sabemos por qué, entonces, no puede volver a ocurrir.

¿Pero por qué el sistema de inteligencia no mejora? Es que en Chile no hay un sistema de inteligencia conjunto. Postestallido social se intentó hacer algo, pero no prosperó. Hay un problema en las confianzas dentro de los servicios de inteligencia. Todos funcionan de manera aislada.

Las FF.AA., por ejemplo, son excelentes en su ámbito, que tiene que ver con la seguridad nacional, pero yo desconozco cómo funciona la inteligencia policial. No podría decir si funcionan bien o mal.

¿Los servicios de inteligencias de las FF.AA. deben colaborar en este caso? Si está comprometida la seguridad nacional, sí, pero si estamos en presencia de una operación planificada del crimen organizado, no. Eso les compete únicamente a las policías.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

                                                                         SLEP LICANCABUR PIDE LA RENUNCIA A JEFE DE                                                                                        SUBDIRECCIÓN IDENTIFICADO COMO “EL PISTOLERO DE LA REINA”

Roberto Gálvez y Catalina Batarce

La Tercera PM, 22/02/2024

Juan Carlos Aramayo se desempeñaba hasta este lunes como jefe de la Subdirección de Planificación y Control de Gestión del Servicio Local de Educación Pública en cuestión, pero un video difundido en redes sociales donde se le ve disparando injustificadamente a una señalética en La Reina, terminó abruptamente su relación laboral.

El viernes de la semana pasada, y mientras paseaba a su perro en la comuna de La Reina, distintos vecinos del sector reportaron -cerca de las 22:20 horas- que un hombre que paseaba a su perro sacó de su bolsillo una pistola y comenzó a disparar a la señalética que había frente a un establecimiento educacional.

El hecho, incluso, fue captado por algunas cámaras de seguridad de la zona, lo que fue difundido en algunos canales de televisión.

Con el correr de las horas se conoció la identidad del sujeto: Juan Carlos Aramayo Baltra, arquitecto, lobista y asesor, y quien hasta este lunes se desempeñaba como jefe de la Subdirección de Planificación y Control de Gestión del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur, uno de los SLEP a los que se les postergó el proceso de traspaso luego de la última discusión presupuestaria y que pasará a administrar el servicio educativo municipal de las comunas de Calama, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Tocopilla y María Elena.

Conocidos los hechos, a Aramayo le pidieron la renuncia y así el proceso de desmunicipalización y uno de los SLEP vuelven a tener un ojo encima y obliga a una respuesta por parte del servicio.

“Ante la información difundida en medios nacionales sobre un presunto acto ilícito involucrando a un funcionario de nuestro SLEP en la comuna de La Reina, Región Metropolitana, actualmente bajo investigación judicial, el Servicio Local de Educación Pública Licancabur ha decidido solicitar la renuncia no voluntaria del cargo correspondiente, efectiva a partir de hoy, lunes 26 de febrero”, señala el comunicado, que agrega que el SLEP “reitera su firme rechazo a cualquier conducta violenta o ilegal por parte de sus funcionarios, en concordancia con sus principios y valores”. Por esa función Aramayo recibió en enero un sueldo de $ 5.841.518 brutos.

Y es que la investigación desarrollada por Carabineros la SIP de la 16ª Comisaría La Reina en conjunto con el Ministerio Público y luego de ejecutada una orden de entrada y registro a raíz del delito de disparos injustificados, según informó la fuerza policial, se logró incautar una serie de armas y municiones, entre las que se cuentan dos pistolas calibre 9mm debidamente inscritas; una pistola calibre 7.65, no inscrita y sin encargo; un fusil calibre 7.62 debidamente inscrito; 144 cartuchos calibre 7.62; seis cartuchos de salva calibre 7.62; 173 cartuchos calibre 9 mm; dos cartuchos calibre 22; cuatro vainas percutadas calibre 7.62M; dos cartuchos de calibre desconocido; y una serie de accesorios, como cargadores o linternas para pistolas.

El Ministerio Público instruyó que las armas incautadas fueran remitidas a Labocar para las pericias de rigor. “Cabe destacar que el propietario del armamento no se encontraba en el domicilio al momento de ejecutar la orden de entrada y registro”, señaló Carabineros. “En esta situación, lamentablemente no se logra la detención de la persona involucrada, no obstante, quien reside en el domicilio pasó detenida por el delito de porte de droga”, explicó a su vez el teniente coronel Juan Reyes.

Todo lo anterior llevó a que la Municipalidad de La Reina presentara una querella por disparos injustificados. “Que el día de hoy 18 de febrero de 2024 siendo las 22:20 horas aproximadamente, mientras Juan Carlos Orión Aramayo Baltra caminaba por la vía pública, por calle María Monvel, comuna de la Reina, procedió a disparar en cinco oportunidades un arma de fuego que portaba, calibre 9 milímetros, sin ningún tipo de justificación para ello, perturbando gravemente la tranquilidad y atemorizando a los vecinos de las casas aledañas, para luego darse a la fuga”, dice el escrito reinino, que agrega que la querella criminal apunta al delito de “disparos injustificados en la vía pública”.

¿Y quién es Aramayo? Entre otras cosas, fue vicerrector de Gestión y Finanzas de la Universidad Arcis, además de asesor de la exsenadora Carolina Goic, según se aprecia en los contratos celebrados entre las partes disponibles en la página del Senado.

La Tercera intentó contactarse con Aramayo para conocer su versión de los hechos, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel