Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
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UNA NOCHE CON LOS CAZADORES DE DRONES |
Javier Espinosa
El Mundo, Primera Edición, 31/05/2023
Rusia lanza 151 misiles y aviones no tripulados en 72 horas; Ucrania contraataca enviando sus drones sobre objetivos de Moscú
El sonido pasó muy cerca del automóvil. Recordaba al ronroneo de una motocicleta. La unidad móvil antiaérea también debió escucharlo porque de inmediato comenzaron a disparar ráfagas de su ametralladora.
Los surcos rojos de las balas trazadoras subían hacia el cielo. Minutos antes, otro dron se había empotrado contra un edificio cercano que ardía de forma virulenta.
Las llamas iluminaban la noche. El coche tuvo que superar los despojos del habitáculo arrancados por la deflagración, regados por el asfalto.
Los tres soldados tenían cruzado su todoterreno en mitad del puente. Con el arma apuntando hacia las alturas. Durante algunos segundos iluminaron la zona con un potente reflector.
Uno de ellos hizo un gesto conminatorio al solitario vehículo para que se marchara. El movimiento enérgico de las manos explicaba la tensión.
La incertidumbre se había generalizado. A pocos metros, cuando los viajeros se dirigían hacia la Plaza de Maidán, en el centro de la capital, un objeto en llamas se cruzó antes de impactar en un parque cercano generando una gran explosión.
Por las avenidas de una urbe casi desierta sólo circulaban coches de policía y los camiones que recogían la basura en medio del clímax bélico. A la altura del metro de Pecherska, grupos de civiles huían a la carrera hacia el subsuelo.
Algunos permanecían en las escaleras de acceso al subterráneo mirando al cielo. La aproximación de otro dron provocó una rápida desbandada acompañada de más tiroteos y estallidos.
Eran las 3:23 de la madrugada. Kiev asistía al enésimo capítulo de una guerra nocturna que recuerda –sin llegar a su intensidad– a los combates aéreos de lo que se denominó la batalla de Inglaterra, inmortalizada en tantas películas. La arremetida de otra oleada de aparatos no tripulados de origen iraní –los ya tristemente célebres Shaheed– dejó al menos un muerto, una docena de heridos y varios incendios. Las autoridades ucranianas indicaron que habían derribado 29 de los 31 drones.
“Hemos vuelto a los días de octubre, cuando cortaron la electricidad. Estaba viendo todo desde la ventana. Pensaba que nos faltan las palomitas: las explosiones, los disparos, las luces en el cielo.. Habíamos decidido que sólo vendríamos al Metro si las explosiones sonaban cerca y accionaban las alarmas de los coches. Y eso pasó, así que aquí estamos”.
Tatiana Glikman, de 36 años, se había guarecido en la entrada de Pecherska junto a su madre. La alarma aérea se decretó en Kiev a las 2:06 de la madrugada. En ese instante comenzó el goteo de vecinos que se dirigían hacia las instalaciones del tren subterráneo.
En las inmediaciones de la estación de Lva Tolstov, se podía asistir a un desfile de sombras calladas que salían de los portales de las viviendas cercanas portando esterillas de plástico, sillas y colchones inflables.
Oksana Omarova y sus dos hijas, Aida y Yariat, no estaban seguras de cuántas veces han tenido que pernoctar en este mismo lugar durante el mes de mayo. Más de una docena, dijo una de ellas.
Las arremetidas de madrugada se han convertido en algo tan recurrente que han decidido mantener siempre en su piso maletas con ropa y enseres personales. “Ayer bromeamos. Antes pensabas en qué ponerte para ir a trabajar y ahora en cómo nos vestiremos para pasar la noche en el Metro”, comentó Aida, de 24 años, entre sonrisas. “Hoy es la cuarta vez en menos de 24 horas que terminamos aquí”, agregó en referencia a la sucesión de asaltos aéreos en Kiev entre el lunes y el martes.
A su lado, una pareja con un pequeño que dormitaba en una silla de bebé intentaba instalarse en una de las esquinas junto a las escaleras mecánicas. “(Los rusos) están intentando debilitarnos psicológicamente”, opinó la muchacha de 32 años, que no quiso identificarse.
Al cabo de media hora ya se habían congregado varias decenas de civiles en el refugio improvisado. En el exterior resonaban las detonaciones.
La intensificación del uso de Shaheed y misiles contra Kiev –el de este martes marca el número 17 sólo en mayo– y la réplica ucraniana contra Moscú y otras ciudades rusas parecen marcar una nueva escalada en la guerra, que ha dejado de estar limitada principalmente al este de Ucrania.
Los rusos han lanzado hasta 151 misiles y drones contra el país en las últimas 72 horas. La intensificación de la ofensiva aérea rusa ha retrotraído psicológicamente la capital a los peores días del inicio del conflicto o las fechas en las que quedó sumida en la oscuridad a finales de 2022.
La aproximación de los Shaheed se puede seguir casi en tiempo real por las redes. Como ya viene siendo habitual, este martes las alarmas comenzaron a activarse a medianoche y fueron desplazándose a través de las regiones ucranianas conforme avanzaban los drones desde el sur, siguiendo el curso del río Dnipro, y desde la linde norteña.
El alcalde, el exboxeador Vitali Klitschko, se ha convertido en narrador que relata casi en vivo los sucesos que sacuden a su metrópoli. A las 2:33 ya estaba alertado sobre las explosiones que se escuchaban en Kiev y pedía “¡ir a los refugios!”, según se leía en sus mensajes en Telegram. A ese texto siguieron otros que indicaban la angustia que se había apoderado de la urbe: “tres coches ardiendo en el distrito de Pecherska”, “una casa en llamas en Darnytsia”, “incendio en un rascacielos en Holosiivskyii”…
Sin embargo, como ocurrió también durante la batalla de Inglaterra, la eficacia de los bombardeos rusos por el momento parece constreñirse al posible efecto en la moral de los ucranianos ya que la amplia mayoría de los drones y cohetes están siendo derribados.
Para Oleksiy Danilov, uno de los asesores de Zelenski, el empecinamiento de Moscú en estas acciones sólo es un reflejo de su “estupidez y obstinación”.
Kiev se ha rodeado de toda una panoplia de todoterrenos equipados con ametralladoras pesadas que vigilan las noches de la capital. El sistema defensivo se complementa con baterías de misiles como los Patriots estadounidenses o los heredados de la Unión Soviética, otros sistemas defensivos donados por Occidente y los grupos de caza-shaheeds que disponen de cohetes portátiles del tipo Stinger o Igla que están desplegados en torno a la urbe, formando un escudo difícil de superar.
El portavoz de la Fuerza Aérea, el coronel Yuriy Ignat explicó en una televisión local que los rusos intentan “agotar” las defensas aéreas ucranianas, algo que no están consiguiendo. “Se fortalecen cada día. Me gustaría tener más medios para conseguir un resultado del cien por cien (de derribos). Probablemente cuando recibamos los aviones F-16 podamos hacerlo mejor”, agregó.
Ignat estimó que en los últimos ataques las defensas aéreas han logrado interceptar cerca de un 90 % de los cohetes y aviones no tripulados.
Emplazados en las inmediaciones de Hostomel, un núcleo urbano sito a 30 kilómetros de Kiev, los uniformados de la Brigada Bureviy disponen de su propias unidades antiaéreas destinadas a la defensa de la capital.
Según informó el ejército local, uno de sus integrantes de 20 años que responde al apodo de Pokemon derribó este lunes un cohete ruso con uno de los citados Igla, un arma portátil que –ironías de la historia– fue una creación de la Unión Soviética.
“Ya había derribado otro el 9 de mayo. Hasta que comenzó la invasión sólo teníamos Igla. Ahora hemos recibido Stingers. Nos entrenamos con simuladores”, relató a este diario Pavlo Feduk, comandante de 21 años de una de estas agrupaciones antiaéreas.
Feduk aclaró que su función es interceptar a los Shaheeds antes de que lleguen a Kiev. Eso fue lo que hicieron el sábado pasado, cuando asegura que destruyeron dos de esos aparatos. “Siempre tenemos un equipo vigilando”, añadió.
A la pelea contra los Shaheeds se han sumado equipos de voluntarios civiles que lo mismo realizan recaudaciones de fondos para comprar equipos capaces de inutilizar esos aparatos que prueban sistemas de potentes focos para localizar a los drones, en otro guiño a la historia que se vivió en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, cuando estos haces de luz fueron un apoyo básico para los servidores de ametralladoras.
Horas antes de que Kiev sufriera el cuarto ataque, un grupo de jóvenes comandado por Valentin Nyzkovoloz medía la intensidad de varios de estos artilugios en un páramo situado a las afueras de la población.
Su iniciativa, la llamada Fundación Hurkit, pretende adquirir decenas de estos reflectores para entregárselos a las unidades móviles antiaéreas. El plan comenzó a ejecutarse en enero y reunió a personajes tan variopintos como el referido Valentin, un ingeniero, con una doctora como Oksana Skapa, de 35 años, o la editora de un medio de comunicación, Anastasia Hulko.
Equipada con una vestimenta muy similar a la que usan los recolectores de miel –en este caso para protegerse de la legión de mosquitos que acudían a la luz–, Oksana observaba desde una camioneta el efecto del haz sobre una réplica a la misma escala de un Shaheed que mantenía agarrado otro voluntario sobre el techo del vehículo.
Valentin se había colocado a 1,7 kilómetros equipado con varios juegos de focos diferentes para activarlos y medir su intensidad. “Ya hemos entregado siete (focos) pero se necesitan muchos más”, comentó Nyzkovoloz antes de accionar los artilugios.
“Los focos son vitales porque si los Shaheeds vuelan muy bajo (que es lo que suelen hacer) no pueden ser detectados por los radares y hay que identificarlos visualmente”, precisó Anastasia.
El primer reflector sólo llegó hasta la réplica con una intensidad tan débil que casi fue imperceptible. “¡No brilla!”, gritó a través del teléfono el expiloto Aleksander, un veterano de 69 años y más de 22.000 horas de vuelo, que también colabora con Hurkit.
El segundo sí surgió con fuerza, iluminando toda la carcasa del aparato. “¡Sí se ve, sí se ve!”, clamó Aleksander con entusiasmo.
La aportación de los grupos de voluntarios a la maquinaria bélica ucraniana fue un elemento determinante desde el inicio de la agresión promovida por Rusia en 2014 y lo siguió siendo tras la invasión del 2022.
“La gente tiene miedo y está agotada, pero seguimos resistiendo”, comentó Oksana antes de concluir la prueba. Era la misma premisa que se escuchaba de madrugada en boca de algunos de los viandantes ocultos en el Metro de Lva Tolstov. Su principal defensa era la resignación. En la calle, a pocos metros, alguien había colocado un enorme cartel con el lema: “Sé valiente, como los ucranianos”.
Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
LA DANZA DE MILLONES DE PESOS QUE HA GASTADO CHILE EN LOS SUCESIVOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN DESDE 2019
Andrés Cárdenas Periodista
El Mostrador, 27/05/2023
Desde 2019 en adelante, las Fuerzas Armadas chilenas han estado entrando y saliendo desde sus cuarteles para encargarse de tareas de seguridad pública debido a los estados de excepción constitucional que, como nunca antes en democracia, se han decretado de manera sucesiva en los últimos cuatro años. Solo en el gobierno del Presidente Boric, el Estado de Excepción ha sido renovado 24 veces, y en el gobierno de Piñera se produjo uno de los más largos de la historia mundial.
Según informó a la subcomisión mixta de presupuestos del Congreso el jefe de la División de Presupuestos del Ministerio de Defensa, Carlos Chong, hasta agosto de 2022, solo la FACh requirió al menos $120 millones para su despliegue; el Ejército, $150 millones; y la Armada, entre 40 a $50 millones, siendo traslado de contingente y alimentación su principal destino.
En total, hasta el octavo mes del año pasado, se requirieron $320 millones cada 15 días ($21 millones diarios), período por el que se piden los decretos de Estado de Excepción. La actualización de la cifra podría ser revelada durante la próxima Cuenta Pública o en la discusión del presupuesto 2024.
El gobierno del Presidente Boric ha mantenido la restricción constitucional desde el 16 de mayo de 2022, habiendo sido prorrogado con amplio respaldo del Congreso 24 veces.
Por lo tanto, bajo la referida ecuación, se habrían desembolsado $7.680 millones durante el año que lleva corriendo el decreto.
No obstante, desde el Ministerio de Defensa señalan a El Mostrador que estos son reservados “recursos especiales” y se deben considerar variaciones, como el costo de instalación que ocurre una vez y el mantenimiento de las tropas, lo que podría hacer que la cifra varíe.
El decreto actual, que ya ha cumplido un año, expiró el 26 de mayo y la reciente extensión aprobada comenzó a regir después de esa fecha durante 15 días, hasta que se discuta una nueva prórroga.
Sin embargo, es importante destacar que la aplicación del Estado de Excepción no es exclusiva del gobierno actual, sino que se origina en el fracaso del diálogo en todos los gobiernos anteriores.
Chile, en Estado de Excepción “intermitente” desde 2019. Desde el inicio de la pandemia, todo Chile estuvo bajo Estado de Excepción Constitucional de Emergencia (EECE) durante un año y medio, siendo uno de los más prolongados a nivel mundial.
Sin embargo, no podemos dejar de mencionar el primero de todos, convocado por el presidente Sebastián Piñera debido a la incapacidad de restaurar el orden público durante el estallido social en 2019.
En octubre de aquel año, la aplicación del decreto causó un gran impacto tanto dentro como fuera de La Moneda. Fue la primera vez que se implementaba desde el retorno a la democracia, excluyendo el Estado de Catástrofe por el terremoto en 2010.
La decisión dejó a varios en la sede del gobierno al borde del colapso. La medida se extendió por nueve días y se declaró en diferentes zonas del país desde el 19 de octubre de 2019 hasta el 28 de octubre del mismo año.
Durante ese período, siguiendo el cálculo previo, se estima que se utilizaron alrededor de $190 millones solo en el despliegue militar.
Es importante mencionar que parte del territorio estuvo bajo esta condición durante menos días, ya que su Estado de Excepción comenzó más tarde.
El gobierno de Piñera levantó el Estado de Excepción y los militares se retiraron, pero cuatro meses después llegó la pandemia de Covid-19 y el decreto se mantuvo en vigor durante 469 días.
Actualmente, no hay un balance concreto sobre el despliegue, pero siguiendo la lógica anterior, se estima que se habrían gastado casi 10 mil millones de pesos ($9.849 millones considerando los $21 millones diarios).
Sin embargo, la historia reciente del decreto no concluye con el fin del uso de mascarillas y la llegada de la vacuna. Después del estallido social y la pandemia, el 12 de octubre de 2021, debido a “reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico”, según informó Presidencia, el entonces presidente Piñera y su ministro del Interior, Rodrigo Delgado, decretaron un Estado de Excepción en el sur por 15 días, lo que implicó un costo adicional de aproximadamente $320 millones.
Desde entonces, la medida se prorrogo en nueve ocasiones, sumando un total de $3.200 millones, según el mismo cálculo.
La última renovación del Estado de Excepción en el sur bajo el gobierno anterior se realizó el 11 de marzo de 2022, justo para el cambio de mando donde asumió el Presidente Gabriel Boric.
Y aunque ese día terminaban los últimos 15 días de la extensión, ya se había enviado y aprobado con 73 votos a favor la nueva solicitud en la Cámara de Diputados. El Presidente Boric optó por mantener esta medida hasta que se cumpliera el plazo, el que terminó el 26 de marzo, marcando el fin de los decretos de Piñera y dejando la zona sin presencia militar por más de 50 días.
Sin embargo, la fallida visita de la entonces ministra del Interior Izkia Siches, marcaría el retorno del Estado de Excepción a la “macrozona”.
La medida no sería decretada nuevamente hasta el 16 de mayo de 2022, fecha en que comienzan los decretos de Boric en la zona de influencia mapuche, los que se han mantenido hasta el día de hoy tras 24 prorrogas aprobadas por el Congreso.
El cálculo hecho en esta nota es una aproximación y está puesto sobre la mesa sin contar el despliegue militar en la frontera norte del país.
Si se consideran los Estados de Excepción desde el estallido social, pasando por la pandemia, hasta el día de hoy, con los números expuestos por la división de presupuestos de la cartera de Defensa, el cómputo total bordearía los $20.919 millones.
Durante la pandemia y el estallido social, se aplicaron varios decretos de Estado de Excepción Constitucional de Emergencia (EECE). El primero, convocado por el presidente Sebastián Piñera en 2019, duró nueve días y generó un gran impacto. Luego, debido a la pandemia de Covid-19, se mantuvo otro durante 469 días. Posteriormente, se decretó nuevamente en el sur del país debido a la violencia relacionada con “actos de carácter terrorista”. En total, sin contar el despliegue militar en el norte, los cálculos estiman que se han utilizado de alrededor de $20.919 millones para efectos de orden público y resguardo de carreteras. Los decretos continúan vigentes hasta la fecha.
Los $21 millones diarios. Richard Kouyoumdjian, vicepresidente del directorio AthenaLab y director de la Liga Marítima de Chile, afirma que mientras el Estado de Chile no reconozca la existencia de una situación de insurgencia, el problema seguirá escalando.
A su juicio, los “remedios” utilizados hasta ahora, como el Estado de Excepción, son paliativos y no solucionan la trama de fondo. Según el exoficial naval, se baja la fiebre pero no se corrige la enfermedad subyacente.
En cambio, propone utilizar “antibióticos” que, aunque puedan tener efectos colaterales, abordan el desafío principal. Eso sí, sostiene que el Estado de Sitio no es la solución.
El experto critica la forma en que se ha abordado el problema, declarándolo como un asunto policial y presentando querellas ante hechos criminales, los que quedan sometidos al Ministerio Público y las policías.
Considera que ampliar las facultades del Estado de Excepción, como lo ha adelantado el Gobierno, no será muy productivo, ya que la instrucción no será neutralizar y eliminar a los que considere movimientos insurgentes.
Kouyoumdjian destaca que los movimientos mapuche en la zona sur no están coordinados entre sí y que no existe una jefatura única, lo que mantiene la situación en ascuas. Además, menciona que los militares están desplegados en varias zonas, pero no tienen la libertad estratégica para actuar eficazmente.
En su opinión, la presencia militar “de punto fijo” ha tenido un impacto “limitado” en la disminución de la violencia.
Su conclusión es categórica: mientras no se reconozca oficialmente la existencia de movimientos insurgentes y se tomen medidas adecuadas, como utilizar a los militares de manera estratégica, el problema persistirá y las soluciones propuestas no serán efectivas.
La diputada Ericka Ñanco (RD) enfatiza que la situación en La Araucanía no es exclusiva del gobierno actual, sino que es un problema de seguridad arrastrado durante mucho tiempo que no se ha abordado adecuadamente en gobiernos anteriores, donde hubo falta de recursos y protección para Carabineros.
Y, aunque reconoce que el gobierno actual ha asignado más recursos a las policías, destaca la necesidad de abordar problemas estructurales, como la falta de presencia del Estado en las comunas más empobrecidas de Chile.
La única parlamentaria del oficialismo en la región sostiene que la discusión sobre la seguridad está ocultando las deficiencias reales en La Araucanía, como la falta de infraestructura básica en postas y escuelas rurales. Resalta que el problema va más allá de la seguridad y requiere una atención integral del Estado para abordar las necesidades más inmediatas de la ciudadanía.
Para la diputada Ñanco, la falta de presencia institucional en la región genera conflictos que invisibilizan el problema de fondo. Afirma que hay una estigmatización de la zona, en comparación con otros lugares donde también ocurren problemas similares.
A su juicio, lo importante son las políticas de Estado que deben trascender a los gobiernos de turno. La legisladora frenteamplista coincide con que el enfoque militarizado de la policía no resuelve el conflicto, como se evidenció en el caso Catrillanca, y que solo genera más violencia y desigualdad.
Además, opina que las Fuerzas Armadas no deberían involucrarse en un conflicto que no les corresponde y que el problema en la región se origina en demandas históricas de restitución territorial y reconocimiento de derechos hacia el pueblo mapuche. Finalmente, reconoce que el gobierno actual ha logrado una mayor presencia estatal en La Araucanía en poco tiempo, pero se enfatiza que los cambios requerirán un enfoque a largo plazo.
El director del magister de Gobierno y Dirección Pública de la Universidad Autónoma, Eric Latorre, sostiene que el Estado debe ser capaz de implementar medidas estratégicas a largo plazo para abordar la situación, pero recurriendo a Estados de Excepción en el corto plazo.
Sin embargo, destaca que suspender los derechos fundamentales implica que las Fuerzas Armadas realicen tareas policiales, lo cual es delicado según la doctrina jurídica. Argumenta que el plazo de 15 días para prorrogar el Estado de Excepción es muy limitado precisamente porque se entiende que su prolongación debe ser discutida detalladamente en cada caso debido a la delicadeza de la situación. Además, considera que el uso de las Fuerzas Armadas como fuerza policial también es complicado y puede dar lugar a casos de violaciones a los Derechos Humanos, ya que no están entrenadas para dicha labor.
El profesor Latorre, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile, propone la implementación de un plan integral de inteligencia que incluya políticas públicas e incluso la intervención del Servicio de Impuestos Internos para rastrear el flujo de dinero y desarticular grupos involucrados en actos terroristas o el robo de madera que no tiene nada que ver con la causa mapuche, ya que considera que el crimen organizado “se adapta” y es muy oportunista.
Además, sostiene que si no se abordan simultáneamente estos tres aspectos (indígena, terrorismo y crimen organizado), uno de ellos se desbordará, y en ese sentido, el Estado de Excepción no es efectivo, y mucho menos el Estado de Sitio.
Estado de Excepción a escala latinoamericana. Honduras y Ecuador se suman a El Salvador en la implementación del Estado de Excepción como medida para combatir problemas como pandillas, narcotráfico y crisis política.
Honduras ha estado bajo un Estado de Excepción “parcial” desde diciembre del año pasado, mientras que Ecuador ha aplicado la medida en tres provincias afectadas por el narcotráfico.
Por su parte, El Salvador vive en Estado de Excepción desde hace más de un año debido a la violencia de las maras salvatruchas. Y aunque el presidente Nayib Bukele cuenta con un alto nivel de aprobación, expertos de la ONU han expresado preocupación por la prolongación de esta medida en el país centroamericano.
Chile no es ajeno a esta poco excepcional realidad, aunque siguen ocurriendo hechos delictivos a pesar de la presencia militar. Por ejemplo, el 10 de abril en Collipulli, desconocidos incendiaron un vehículo en la línea férrea dejando una pancarta pidiendo el traslado de un imputado mapuche a la cárcel de Angol y amenazando a los gendarmes del mismo penal. Posteriormente un tren que se encontraba detenido producto del suceso, fue atacado mediante disparos.
Por otro lado, el 9 de mayo en Victoria, 3 camiones fueron baleados en la Ruta 5, resultando un conductor herido con un impacto en el glúteo y encontrándose además una camioneta municipal incendiada en las inmediaciones, en la cual se habrían movilizado los victimarios.
Según la última solicitud de prórroga emitida desde la Presidencia, se ha observado una disminución considerable de la violencia en la zona gracias a la colaboración entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales.
Durante la primera semana de mayo, se reportó un 35% menos de eventos violentos en las provincias bajo el Estado de Excepción, con una disminución significativa en los ataques incendiarios y los daños a la propiedad. A pesar de estas cifras, la oposición ha pedido la declaración de Estado de Sitio, propuesta que ha sido descartada por el Ejecutivo, aunque se está considerando revisar el decreto de Estado de Excepción “acotado” y modificar la Ley Antiterrorista.
El Estado de Excepción es una herramienta constitucional que permite la limitación de derechos y libertades en situaciones de alteración del orden público o amenaza a la seguridad nacional.
Regulado por la Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, promulgada en 1985 durante la dictadura de Augusto Pinochet y modificada posteriormente en 1990, este mecanismo otorga la capacidad de restringir garantías constitucionales en casos excepcionales.
Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
EL PRIMER MILITAR CONDENADO POR EL ESTALLIDO QUE PODRÍA ACOGERSE A LA LEY NAÍN-RETAMAL
Unidad de Investigación El Líbero,13/05/2023
En un emblemático caso judicial se podría convertir el del cabo primero del Ejército, Pedro Lavín Villalobos, quien es acusado por la fiscal Ximena Chong.
Ello, porque podría ser el primer militar en pedir a la justicia acogerse a la ley Naín-Retamal, que presume legítima defensa para aquellos uniformados que deban hacer uso de sus armas para repeler o impedir una agresión contra sí mismo o contra terceros.
También contempla atenuantes de responsabilidad para los casos en que no se den de manera completa las razones que justifiquen el uso racional de la fuerza.
De hecho, ya cinco carabineros fueron recientemente absueltos por el Tribunal Oral en lo Penal de Talagante al alero de dicha ley. Ellos arriesgaban 18 años de cárcel por disparar a una persona que previamente había tratado de atropellar a los uniformados.
Un nuevo fallo del Tribunal Oral en Lo Penal de Viña del Mar del pasado 8 de mayo aplicó retroactivamente la ley Naín-Retamal.
Ello, pues al haberse derogado la agravante de “estar bajo custodia”, elemento de la esencia del delito de apremios ilegítimos, el tribunal desechó su aplicación a hechos ocurridos cuando la agravante si regía, explica a este diario el abogado del caso, Juan Carlos Manríquez.
El cabo Lavín fue condenado en diciembre pasado a siete años por el Tribunal Oral en Lo Penal de Colina, por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas.
El militar le disparó a la pierna a un manifestante durante el estallido, en momentos que intentaba atacar con una piedra a carabineros que se retiraban en su furgón policial. Ello, al verse sobrepasados por el lanzamiento de objetos contundentes por parte de una muchedumbre.
En enero, la defensa de Pedro Lavín interpuso un recurso de nulidad de la sentencia ante la Corte Suprema alegando diversas causales. El fallo será muy relevante para el resto de los juicios contra uniformados en curso, y también para aquellos que soliciten acogerse a la ley Naín-Retamal.
De hecho, actualmente hay 130 carabineros formalizados, y que podrían verse beneficiados con dicha legislación, según el análisis del abogado penalista Jorge Martínez.
Según su relato en el juicio, los hechos se sucedieron en medio de violentas protestas en la Plaza de Armas de Colina. Allí se congregaron medio millar de personas, que atacaron con diversos elementos tanto a carabineros como a miembros del Ejército.
Lavín estaba desplegado en el lugar junto a otros militares, al alero del estado de excepción constitucional de emergencia, para defender la Gobernación y resguardar el orden público.
El cabo primero Pedro Lavín disparó a la pierna de un manifestante que iba a lanzar un objeto contundente en contra de carabineros. La fiscal Ximena Chong pidió 12 años de cárcel, pero fue condenado a siete años por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas. La defensa pidió la nulidad del juicio ante la Corte Suprema. De acogerse a la nueva legislación de legítima defensa privilegiada, podría tener importantes beneficios.
En momentos en que un piquete de carabineros se vio superado por el ataque de cerca de 50 manifestantes y se subían a su retén móvil para escapar de las agresiones, sucedieron los hechos.
“Se creó un efecto embudo por los carabineros que estaban intentando subir al vehículo policial por la parte posterior del mismo, puesto que el enorme grupo de personas le estaban dando alcance. Uno de ellos llegó a estar a pocos metros de distancia detrás de un carabinero con la mano alzada con la intención de golpearlo. No pude identificar muy bien qué llevaba, por lo que en una fracción de segundo resolví hacer uso de mi arma de servicio”, relató en su momento el militar.
Pedro Lavín aseguró en el juicio que trató de dar cumplimiento a las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF). Ésta establece disparar a un blanco determinado, realizar la menor cantidad de disparos -solo uno en su caso-, y evitar daños colaterales.
También le prestó, junto a otros miembros del Ejército, auxilio a la víctima Carlos Astudillo Ulloa, según establece el protocolo. Astudillo es cientista político y se convertiría dos años después en asesor legislativo de la senadora Fabiola Campillay.
Lavín tiene una impecable hoja de vida en sus casi 20 años como militar, y ha recibido las máximas calificaciones, incluso con distinción. Actualmente está con arresto domiciliario a la espera de lo que dictaminen los tribunales.
El beneficio que podría darle la ley Naín-Retamal al militar Lavín. En caso de que la justicia acoja aplicar retroactivamente dicha legislación, el militar podría ver rebajada considerablemente su pena, según abogados consultados.
El artículo 18 del Código Penal establece que si se promulga una ley que beneficie al condenado, el tribunal debe modificar la pena. Ello, en el entendido que reconozca que fue un acto de legítima defensa de terceros ante una agresión ilegítima. O dictamine que fue una legítima defensa incompleta, en caso de considerarse que faltara algunos de los elementos constitutivos.
En aquellos circunstancias en las que pueda alegarse como causal de justificación la ley Naín-Retamal “se puede dejar sin efecto la pena o rebajarla en uno, dos o tres grados como atenuante calificada”, dice el abogado Martínez.
Si le rebajan un grado la pena quedaría en cinco años y un día. Si le bajan dos grados quedaría con presidio entre tres años y un día y cinco años.
En ese escenario puede solicitar la libertad vigilada intensiva. Es decir, no iría a la cárcel.
Inicialmente el cabo Lavín fue formalizado por el delito de lesiones graves y la investigación era llevada por la fiscal Marcela Adasme. En ese tiempo, el efectivo cumplía con las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima y firma mensual.
Pero a mediados de 2021 el caso lo tomó la fiscal Ximena Chong. En octubre del 2021, Chong lo reformalizó por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas y pidió 12 años de cárcel. Ello lo culpó de haber actuado con alevosía y con la clara intención de causar daño a la víctima.
Lo que fue desmentido tajantemente por el inculpado, alegando que había actuado en defensa del carabinero, y que tuvo solo unos segundos para actuar.
La acusación contra el efectivo se enmarca también dentro de las 2.400 querellas interpuestas por el INDH por apremios ilegítimos contra Carabineros y militares, del total de cerca de 3.000 querellas presentadas.
Alejandra Cruzat, la presidenta de la ONG Nos Importan, que apoya a carabineros y miembros de las FF.AA. por el estallido, asegura que “el cabo Lavín es víctima de una inexplicable persecución judicial contra uniformados que se vieron en la necesidad de hacer uso de la fuerza. Ello, en medio del llamado que les hizo el propio Estado a restablecer el orden público”.
Cruzat cuestiona que se le haya acusado y condenado por el delito de apremios ilegítimos. Siendo que, para ello, “Lavín tendría que haber tenido la intención explícita de causar dolor, humillar, menospreciar, cosificar a la víctima, que ni siquiera estaba bajo su custodia”.
Asimismo, agregó que “tanto en este caso como en otros tantos, se minimizaron las agresiones contra uniformados y se descontextualizaron los hechos”.
Ella recuerda que ese incidente ocurrió el 20 octubre, en un contexto de extrema violencia y ante la presencia de una agresión ilegítima por parte de la víctima.
“Sorprende que se siga restando importancia al lanzamiento de elementos contra carabineros, siendo que el sargento Carlos Retamal, el mismo que dio origen al nombre de la nueva ley, murió producto del lanzamiento de un fierro contra su persona”, afirma Cruzat.
La presidenta de la ONG considera que se tiende a juzgar a los carabineros y militares en frío, ex post, “pero ellos estaban sometidos a muchísima presión, en la mayoría de los casos no contaban con la visibilidad completa y debían tomar decisiones en cuestión de segundos”.
A su juicio, eso fue lo que ocurrió con Pedro Lavín, quien “pudo haber cometido un error en la interpretación de lo que estaba ocurriendo, incluso en la gradualidad de la fuerza que ocupó, pero eso no lo hace culpable del delito de apremios ni menos merecedor de una pena de siete años de cárcel”.
Alejandra Cruzat agrega que este tema es “muy relevante ahora que tenemos miembros de las FF.AA. desplegados en varias zonas de nuestro territorio. Se debe ponderar el hecho de que los militares y marinos no cuentan con la formación, las armas, el equipamiento ni el entrenamiento para contener manifestaciones violentas. Ellos están entrenados para la guerra y ocupan las herramientas que tienen para hacerlo. De modo que es desde esa mirada, y no otra, en que deben ser juzgadas sus acciones también”.
La presidenta de Nos Importan agrega que “es groseramente notoria la desproporción entre las no condenas de aquellos delincuentes que lanzan bombas molotov contra uniformados, o que disparan impunemente contra civiles, a las duras condenas que se les ha dado a algunos carabineros y miembros de las FF. AA”.
Para ella, “la señal que se ha dado es equívoca y es, sin lugar a dudas, una de las principales causas del descontrol de la violencia, la delincuencia y el terrorismo en nuestro país. Esperemos que la Ley Naín-Retamal pueda contribuir el cambio de rumbo que Chile necesita en ese sentido”.
Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
Entrevista de la periodista Nicole Rodriguez al GDD (R) John Griffiths
https://www.youtube.com/watch?v=JUfj5J2xm40
Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
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UN REGIMIENTO COMO SITIO DE MEMORIA: LA DECISIÓN DEL CONSEJO DE MONUMENTOS QUE MOLESTÓ AL EJÉRCITO EN EL MARCO DE LOS GESTOS POR LOS 50 AÑOS DEL GOLPE |
La Tercera, 23/05/2023
El 17 de mayo la instancia aprobó declarar siete lugares que fueron utilizados como centros de torturas para pasar a ser espacios de memoria. Entre estos se encuentra el Regimiento de Copiapó, lo que generó reparos de parte de la institución uniformada. Y es que según transmitieron -entre otras cosas- el lugar está “destinado a la institución para el cumplimiento de sus fines militares y el desarrollo de las funciones propias del Ejército, los cuales se ven intervenidos con la decisión de declararlo sitio de memoria”.
Hasta ahora, el Ejército se había mantenido al margen de toda polémica que tuviera que ver con la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.
Si bien al interior de la institución se reconoce que es una fecha sensible por el rol de las FF. AA. durante el régimen militar, hay altas cúpulas que habían transmitido que se les está dando un rol de “actor político” y ellos quieren mantenerse alejado de cualquier manifestación sobre el tema.
Pero esa tensión y quietud de las aguas terminó la semana pasada cuando el propio comandante en jefe, general Javier Iturriaga, realizó una presentación verbal y por escrito a la ministra de Defensa, Maya Fernández, por una situación que molestó al interior de la entidad castrense.
El hito que alteró los ánimos fue la decisión del Consejo de Monumentos Nacionales adoptada el martes 17 de mayo. En esa sesión se aprobaron una serie de solicitudes levantadas por organizaciones de la sociedad civil para declarar como Monumento Histórico siete lugares utilizados como centro de tortura durante la dictadura, entre ellos, la ex Cárcel de Arica, el Memorial Puente El Ala en Ñuble y el Regimiento N° 23 de Copiapó.
Fue la reconversión de este último recinto lo que generó cierta incomodidad que el Ejército decidió manifestar.
La primera razón, dicen en la institución marcial, tiene que ver con “la forma” en que se enteraron de esta resolución.
El Ejército se “desayunó” con esta iniciativa un día después, el 18 de mayo a través de una publicación del diario La Tercera, donde se daba cuenta de esta decisión.
Es más, en la institución castrense afirman que ese día no se citó al representante del Ministerio de Defensa Nacional, debiendo hacerse por ley.
Según transmitieron al gobierno, no se respetó el principio de coordinación y unidad de las actuaciones de la administración del Estado, debiendo haber intervenido la cartera que dirige la ministra Maya Fernández.
En el Ejército aseguran que “esta manera de actuar ocasiona interferencias graves entre los ministerios de las Culturas y Defensa”, pues se vulnera -a juicio de ellos- la norma que regula la administración del Estado y otras 10 disposiciones que ya se comunicaron al gobierno para que se expongan ante el Consejo de Monumentos Nacionales.
¿Por qué la oposición? Para la entidad de las Fuerzas Armadas, el Regimiento Copiapó se emplaza en un inmueble fiscal destinado a la institución para el cumplimiento de sus fines militares y el desarrollo de las funciones propias del Ejército, los cuales se ven intervenidos con la decisión de declararlo sitio de memoria, pues creen que el que se cambie su condición, y se abra para la visita de público, restringirá sus entrenamientos normales.
Además, agregan, parte del inmueble no prestaría la utilidad para la cual fue destinado, generándose la posibilidad que el Ministerio de Bienes Nacionales pueda solicitar su restitución.
Ello haría incumplir al Ejército con los dictámenes de la Contraloría General de la República de 2016.
En esa misma línea, advierten que existiría una “vulneración” desde el punto de vista de la Seguridad Militar, dado que permitiría el ingreso de “agentes encubiertos” y el reclutamiento de personas para ello.
En este sentido, alertan al interior de la institución, sobre la posibilidad cierta que se puedan espiar o fotografiar toda actividad militar que allí desarrollan.
El tema de las “señales” que organismos de la sociedad civil, y también el gobierno, han pedido al Ejército es algo que los mantiene en un terreno complejo, pues en el mundo militar aseguran que la institución ha realizado actuaciones tendientes a demostrar su compromiso para contribuir a materias de derechos humanos.
Ahí recuerdan el “nunca más” del excomandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre y también su participación en las mesas de diálogo, junto a la Comisión Valech.
En el Ejército señalan que la decisión del Consejo de Monumentos no dejó indiferente al comandante en jefe del Ejército.
Es por eso que el general Iturriaga decidió manifestar su preocupación, con un dejo de molestia por esta decisión y lo hizo a través del canal institucional que corresponde: el Ministerio de Defensa.
Al interior de las Fuerzas Armadas subrayan que esta sería su primera intervención para de cierta forma frenar las solicitudes de “gestos” que la autoridad civil les está pidiendo de cara a la conmemoración de los 50 años del golpe.
La carta de Iturriaga ya fue enviada y ahora esperan en el Ejército, la respuesta de la ministra Fernández, donde esperan una señal del Ejecutivo, pero esta vez en favor de la institución.
Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
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