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Seguridad y defensa

INDAGADOS POR HOMICIDIO, INCENDIO Y AGRESIONES A CARABINEROS: QUIÉNES SON LOS COMUNEROS QUE ENFRENTAN CARGOS POR SECUESTRO DE GENDARMES EN ANGOL

 

INDAGADOS POR HOMICIDIO, INCENDIO Y AGRESIONES A CARABINEROS: QUIÉNES SON LOS COMUNEROS QUE ENFRENTAN CARGOS POR SECUESTRO DE GENDARMES EN ANGOL

Catalina Batarce

La Tercera PM, 19/05/2023

A la espera de diligencias clave por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra el equipo de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía que lleva la indagación por el secuestro de tres funcionarios penitenciarios de la cárcel de Angol, ocurrido el domingo 7 de mayo.

Esto, de acuerdo con fuentes del Ministerio Público, dado que con dichos insumos los persecutores pedirán audiencia para formalizar a los involucrados: 17 comuneros mapuche que estaban, en esa fecha, habitando el módulo F y que incluso han iniciado huelga de hambre para oponerse a sanciones.

Como dan cuenta datos de la causa, enfrentarían cargos por los delitos de secuestro, maltrato de obra, lesiones, amenazas y atentado contra la autoridad, que son los ilícitos que, hasta ahora, han pedido indagar los querellantes.

“La Fiscalía de Alta Complejidad está a la espera de los resultados de las diligencias encomendadas a la PDI, las cuales dicen relación con el análisis de las grabaciones de los hechos, además de toma de declaraciones a víctimas y testigos, entre otras pericias. De esta forma, se busca determinar la dinámica de los hechos, la calificación jurídica que corresponda y la participación que cabe a cada uno de los imputados”, comentó a La Tercera Nelly Marabolí, vocera de la Fiscalía Regional de La Araucanía.

Y agregó que cuando se cuente con los referidos informes policiales “se tomará decisiones respecto de la causa y se pedirá, eventualmente, audiencia de formalización de la investigación y también las medidas cautelares que corresponda”. Como los involucrados están actualmente privados de libertad, la vocera explicó que igualmente se podría solicitar que quedasen sujetos a prisión preventiva; esto, ante la posibilidad de que pudiesen quedar libres en otra indagación.

En concreto, se analiza la participación en los hechos de: Fabián Llanca Nahuelpi, Juan Queipul Millanao, Hanthu Llanca Quidel, Máximo Queipul Huenchullan, Joaquín Millanao Queipul y de Freddy Marileo Marileo, quienes fueron identificados como “cabecillas del motín” y que, por lo mismo, fueron trasladados a distintos penales de la zona centro sur del país.

Además, se evalúa el rol que tuvieron los otros 11 internos del citado módulo: Juan Ignacio Cortés Penchulef, Ismael Fritz Ñancul, Simón Huenchullán Millanao, Joaquín Huenchullan Queipul, Sergio Huentecol Melinao, Alejandro Liguen Venegas, Boris Llanca Nahuelpi, Pedro Palacios Cañuta, Jorge Palacios Cañuta, Anthoni Torres Toro y Miguel Torres Toro.

Consultado respecto del curso de la indagación, el abogado que representa a dos de los gendarmes secuestrados, Óscar Ulloa, de Ulloa Oviedo Abogado y Asociados, manifestó a este medio que espera que las diligencias sean agilizadas por parte de los investigaciones y que “ojalá los responsables sean sentenciados a las penas más altas y se apliquen condenas efectivas”.

“Es hora de dar una señal respecto de lo que está ocurriendo en La Araucanía y específicamente en Angol, porque estos internos no pueden hacer lo que quieran, no están sobre la ley. Los gravísimos hechos que se han suscitado en la zona las últimas semanas pueden tener vinculación con lo ocurrido en el penal, pero que en esta ocasión hayan existido consecuencias para los internos mapuche que infringieron la norma, era lo que debía hacerse. Gendarmería hace ya bastante tiempo no aplicaba traslados para mapuche, con estos señores no se estaba haciendo nada”, manifestó.

A su juicio, aquello deriva directamente de asuntos políticos y de una “laxa” interpretación del Convenio 169 de la OIT. “Es cierto que hay ciertos criterios especiales a tener en cuenta con esta parte de la población penal, pero eso no puede implicar que estén por sobre la ley. Y esto viene desde hace varios gobiernos y administraciones de Gendarmería”.

“Aquí claramente los responsables directos del secuestro y lesiones de los funcionarios son los 17 comuneros, pero también hay responsabilidades políticas que se deben hacer valer”, sentenció, haciendo referente a que, por lo menos, deben hacerse sumarios efectivos que puedan dilucidar el rol que cumplieron las autoridades administrativas.

Los seis cabecillas. Seis internos, de acuerdo con el parte denuncia de los hechos elaborado el domingo 7 de mayo, fueron quienes inicialmente habrían incitado los movimientos y bloqueos al interior del módulo.

Se precisa, en ese sentido, que Llanca Quidel fue quien manifestó al jefe de Régimen interno (S) del penal, que no iban a dejar retirarse al personal que se encontraba en el módulo hasta que se apersonara el director regional de Gendarmería.

Él, se agrega en el escrito, fue quien ordenó “a los demás comuneros no dejar huir al personal y que continuaran bloqueando la totalidad de los accesos”.

Ahí, cuando el reloj marcaba las 9:40 de la mañana, continúa el relato, fue cuando Llanca Nahuelpi y Marileo Marileo entraron a escena. Ambos, junto a Llanca Quidel -siempre según se indica en el parte- insistieron en que “los tres funcionarios que se mantenían al interior de la dependencia iban a quedar retenidos”.

La Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía está a la espera de pericias clave que le permitirán pedir audiencia de formalización contra los 17 internos que son indagados por el motín ocurrido el pasado 7 de mayo. Entre otras diligencias se revisan las grabaciones de esa jornada a fin de definir el grado de participación de los involucrados. A juicio del abogado que representa a dos de los gendarmes afectados, se requiere que los comuneros reciban máximas sanciones.

Ellos, se describe, fueron quienes ordenaron al resto de los comuneros actuar. Pidieron que con sus weños (implemento de madera para jugar palín) y elementos contundentes, “se mantuvieran de custodia del personal no permitiéndoles el libre desplazamiento por el patio de dicho modulo”, lo que derivó en la adopción de los procedimientos correspondientes y que a eso de las 10:00 horas, se diera cuenta al fiscal de turno.

  • Hanthu Llanca Quidel: Permanece en prisión preventiva y ha sido formalizado en reiteradas ocasiones por diferentes delitos. Entre ellos, por homicidio frustrado de carabineros, robo con violencia, porte de arma de fuego, tenencia de municiones, receptación de vehículo motorizado y receptación de especies. En 2020 fue sindicado como proveedor de marihuana, en medio de la investigación que incluyó un mega allanamiento en la comunidad de Temucuicui, en Ercilla. Anteriormente, había sido detenido por porte ilegal de armas, y en 2017 y 2019, fue arrestado por participar de una toma de terrenos en Pailahueque.
  • Fabián Llanca Nahuelpi: En febrero fue condenado a cuatro años de cárcel, en calidad de autor del delito consumado de receptación, ilícito perpetrado en mayo de 2020, en la comuna de Ercilla. En la misma instancia, fue condenado como autor del delito de conducción de vehículo motorizado con placas patentes falsificadas. Se le absolvió, eso sí, por los delitos de disparos injustificados y porte ilegal de armas de fuego.
  • Freddy Marileo Marileo: Condenado a 15 años de presidio por asesinar a dos comuneros mapuche que prestaban servicios para empresas forestales y por porte ilegal de arma. Es sindicado por investigadores policiales de la zona como un exintegrante del grupo Weichan Auka Mapu (WAM), el cual en medio de ataques que ha reivindicado ha dejado una serie de lienzos donde exigen su liberación.
  • Juan Queipul Millanao: Fue condenado en 2022 por el homicidio frustrado de un trabajador forestal al cual hirió al dispararle con un fusil de guerra en Ercilla, en junio de 2019. Cometió este ilícito, como expuso en su momento en el Ministerio Público, mientras cumplía una condena -en libertad vigilada- de tres años y un día por delito de incendio y otra de 541 días por el porte ilegal de armas.
  • Máximo Queipul Huenchullan: Es el hijo del lonko de Temucuicui Víctor Queipul, quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por delitos de receptación de vehículo motorizado, receptación de especies y por porte ilegal de armas de fuego y municiones. Anteriormente, cuando sólo tenía 17 años, fue formalizado por delito de incendio.
  • Joaquín Millanao Queipul: Fue formalizado por robo con intimidación y homicidio frustrado de carabineros en servicio. Esto, luego de que intentara concretar, junto a otros dos sujetos, el asalto a tres locales comerciales, entre ellos un local de venta de semillas de marihuana.

Otros 11 investigados. Como dan cuenta elementos de la causa, la totalidad de los internos del módulo estuvieron involucrados. Y aunque sólo los seis antes mencionados fueron trasladados a otras regiones, los otros 11 también son indagados y han sido objeto de sanciones internas en el penal, como la prohibición de recibir visitas.

Dado lo anterior, de hecho, el pasado martes 9 de mayo los internos comunicaron a la unidad que decidieron iniciar una huelga de hambre líquida y varios se han negado a recibir atención médica.

  • Juan Ignacio Cortés Penchulef: Condenado como autor del delito consumado de robo con violencia, en la comuna de Galvarino.
  • Ismael Fritz Ñancul: Es apodado “El Comandante”. En agosto de 2022 fue formalizado por delitos de secuestro, incendio, robo con violencia, disparos injustificados y tenencia ilegal de arma de fuego y municiones
  • Simón Huenchullán Millanao: Condenado por delitos de robo, incendio y receptación cometidos en 2020.
  • Joaquín Huenchullan Queipul: En marzo quedó en prisión preventiva porque habría intentado atropellar a carabineros durante un ataque contra un cuartel en Ercilla.
  • Sergio Huentecol Melinao: Es investigado por un ataque incendiario a un camión en la Ruta 5 Sur y por amenazas contra un empresario forestal y sus trabajadores.
  • Alejandro Liguen Venegas: Apodado como “El Chino”, fue detenido por su presunta participación en el homicidio del inspector de la PDI Luis Morales Balcázar.
  • Boris Llanca Nahuelpi: Fue condenado a tres años y un día como autor del delito de tenencia ilegal de armas de fuego en grado de consumado. Tiene antecedentes, además, por conducción en estado de ebriedad con resultado de daños, lanzamiento de artefacto incendiario y por maltrato de obra a Carabineros.
  • Pedro Palacios Cañuta y Jorge Palacios Cañuta: Ambos fueron condenados a más de ocho años de cárcel por los delitos de robo con violencia e incendio perpetrado el 21 de mayo de 2020, en un camino rural de Victoria. Como se acreditó, en esa oportunidad rompieron con piedras el parabrisas del vehículo y el vidrio del copiloto, hiriendo a uno de los trabajadores que se movilizaba en el móvil embestido. Los obligaron a descender mediante amenazas, sustrajeron del pick up dos tinajas de pintura y dos trajes desechables, provocaron un incendio al interior de la cabina que destruyó la estructura en su totalidad.
  • Anthoni Torres Toro y Miguel Torres Toro: Encausados por incendio con daños, robo con intimidación y microtráfico.

 

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Seguridad y defensa

DRONES, UN ALIADO BÉLICO INESPERADO

 

DRONES, UN ALIADO BÉLICO INESPERADO

Julián Estévez Sanz, Profesor e investigador en Robótica e Inteligencia Artificial, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

The Conversation, 16/05/2023

 

“¿Tienes algún dron? ¡Dáselo a un piloto experimentado! ¿Sabes pilotarlo tú mismo? Entonces, ¡únete a la patrulla conjunta con unidades de la 112ª Brigada de Defensa de Kiev! ¡Kiev es nuestra casa y defenderla es una tarea conjunta!”.

Con estas palabras, el 24 de febrero de 2022, el ministro de Defensa ucraniano llamó a las armas a la población mediante un singular mensaje de Facebook.

Su llamamiento no cayó en saco roto. Desde ese mismo día, a Ucrania comenzaron a llegar miles drones desde multitud de puntos geográficos, tanto de dentro como de fuera de sus fronteras. Donaciones de empresas, de aficionados, de simpatizantes a la cusa… la diferencia era que estos aparatos no constituían per se un arma militar.

Eran drones de aficionado, adquiribles por cualquiera con un clic.

Parafraseando a Delibes en su obra El camino: “Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera, y sin embargo, sucedieron así”. Y las cosas no estarían en el punto de la guerra en el que estamos ahora sin el impacto de estos drones.

Tecnología low-cost al servicio de la guerra. No debería sorprendernos la petición de armamento del gobierno ucraniano. A fin de cuentas, aunque el conflicto entre Ucrania y Rusia lleve acaparando titulares más de un año, la guerra se inició mucho antes, en 2014.

Ya en aquellos primeros meses comenzaron a aparecer estas pequeñas máquinas voladoras. En ausencia de una industria de defensa potente, el país de Zelenski pronto vio que su mayor baza era el aprovechamiento de sus pocos recursos económicos, y sobre todo, el de sus mentes.

Aquella frase del ministro ucraniano Oleksii Réznikov sirvió para que grupos de voluntarios, entre los cuales figuraban ingenieros, soldadores, economistas, torneros y cualquier persona capaz de arrimar un hombro, se organizaran para el despliegue de estructuras de ciberdefensa y el montaje de drones.

Y estos drones, también llamados UAVs, eran construidos, manipulados y arreglados por estos mismos voluntarios. Entre esos grupos de voluntarios, destacan organizaciones como Aerorozvidka, Army SOS y Zgraya.

A falta de que en 2014 Ucrania tuviera un UAV bélico moderno, lo más fácil era emplear y adaptar drones económicos de aficionado. Tecnología low-cost al servicio de la guerra.

Probablemente, nadie se esperase un escenario como el que se ha vivido en los primeros meses del conflicto y el impacto que los drones han tenido sobre él. Las funciones principales que han desempeñado estos robots aéreos son las siguientes:

  • Exploración y reconocimiento del terreno.
  • Ayuda indispensable para la mayor eficacia de la artillería, ya que los drones adelantados y desde el cielo informaban a las tropas de tierra sobre cómo mejorar la puntería de los cañones y aumentar los daños.
  • Lanzamientos de pequeñas granadas y otros explosivos. A menudo, los UAVs son modificados y se les añaden pequeños accesorios realizados con impresoras 3D para lograr, por ejemplo, que la granada que portan caiga verticalmente.
  • Desgaste anímico de las tropas enemigas e imposibilidad de descanso. Con tantos UAVs en los cielos y su zumbido eléctrico característico, si estas máquinas sobrevuelan el campamento enemigo mientras los soldados descansan o duermen, provocan una alarma permanente y una crispación de nervios en las tropas, que lleva a una desmoralización e imposibilidad de descanso. Algunos drones pueden ser solo de observación y reconocimiento, pero otros drones pueden ser el último objeto que oigan.
  • Realización de campañas de marketing y vídeos en redes sociales.

No es de extrañar que el bando ruso optase por enfrentar fuego con fuego y que también comenzase a emplear UAVs entre sus armas.

Un prestigioso grupo de expertos británicos en defensa, RUSI (Royal United Services Institute), publicó en noviembre del pasado año un informe con las conclusiones preliminares del conflicto entre Rusia y Ucrania, abarcando los seis primeros meses de guerra. A lo largo de sus líneas llama la atención la gran presencia de estos UAVs no militares.

No son un arma infalible, se destruyeron el 90 % de ellos (de ambos ejércitos) y se calcula que cada multirrotor realiza una media de tres vuelos.

Un uso fugaz, un consumible, a fin de cuentas. Se han empleado miles y miles.

Algunos días, el ejército ucraniano ha perdido hasta 100 de estos aparatos y ojo que algunos de estos modelos, como el drone DJI Mavic, cuestan más de 1.000€.

Ya avanzó Napoleón que, para hacer una guerra, hacen falta tres cosas: dinero, dinero y dinero.

¿El ocaso de los tanques? De momento, no. Pero no pensemos que los drones anuncian el ocaso de los tanques, ni mucho menos. El ejército ruso también implementó su estrategia de diseño y construcción de drones.

Aunque los vídeos que nos han llegado sobre estos drones caídos o derribados han mostrado que la drónica rusa tenía bastantes carencias y “chapuzas” en su diseño. De hecho, han tenido que recurrir a tecnología de los Pasdarán iraníes, un grupo paramilitar que protege al régimen y su revolución y controlan la industria de drones en el país.

El conflicto no solo se ha nutrido de UAVs civiles, sino también de militares. La diferencia entre ambos es más que evidente, empezando por su coste y terminando por el resto de las capacidades técnicas, como autonomía, capacidad de carga o seguridad de comunicaciones.

La guerra no es una realidad estática. Las estrategias, las armas y los escenarios cambian continuamente.

Prueba, error, prueba, error. Por cada arma aérea que desarrollaba una nación, la otra diseñaba algún sistema defensivo. Entonces, la primera actualizaba el arma para eludir esa defensa. Y así, hasta que los dos bandos firmen la paz.

Sin embargo, entre los UAVs militares más mediáticos no han estado estas nuevas armas, sino los TB2 Bayraktar turcos, que ya cuentan con unos años de antigüedad y fueron adquiridos por el ejército ucraniano. Estas naves cosecharon tal éxito en los primeros meses de la guerra que hasta crearon una canción sobre ellas, que obviamente inmediatamente se viralizó. 

Inteligencia artificial: mucho ruido y pocas nueces. En 2021, cientos de titulares declararon que un dron había asesinado mediante inteligencia artificial, de manera totalmente autónoma, a una víctima por primera vez. La identificó, seleccionó y asesinó fuera de la cadena de mando. Es decir, sin ningún tipo de intervención humana.

Sin embargo, la aclaración inmediata de la empresa fabricante de estos UAVs, alegando que era imposible tal posibilidad, no llegó tan lejos mediáticamente. Según el experto español en tecnología militar, Juan Luis Chulilla, no es nada extraño que los ejércitos exageren y mientan sobre sus capacidades.

Y es que el uso militar de la inteligencia artificial (IA) en los robots tiene otros objetivos más prioritarios. Uno de ellos es dotar a las máquinas, tanto terrestres como aéreas, de la mayor navegación autónoma posible, algo a lo que también se aspira en la robótica civil: detección automática de obstáculos mediante visión artificial o consumo optimizado de la batería, decidiendo el robot por sí mismo según lo que ve, cuándo es momento de exprimir todo su potencial y cuándo no.

Lo más probable es que ninguno de los robots y drones empleados en el conflicto ucraniano haya estado equipado con inteligencia artificial. Además, el nivel de secretismo que existe en ambos bandos no permite realizar demasiadas afirmaciones contundentes.

Siendo la navegación autónoma un objetivo técnico muy complejo, una cosa es realizarlo en ciudades tranquilas y despejadas y otra rodeado de fuego enemigo.

La próxima utopía militar. Actualmente, en la Organización de las Naciones Unidas se está debatiendo la regulación sobre las armas autónomas.

Pero en el terreno legal, ¿qué es exactamente un arma autónoma? ¿Podríamos considerar a un misil antiaéreo de defensa un arma autónoma, que se dispara y dirige hacia el blanco que ha decidido por sí mismo? Este tipo de armas son conocidas como Sense and React to Military Objects (SARMO).

Las principales potencias militares del globo se oponen a la prohibición de las armas autónomas, como es el caso de Estados Unidos o China, y defienden una flexibilización de las normas para poder desarrollar esta tecnología.

La automatización de la guerra parece imparable, y las principales potencias ven en su empleo una ventaja táctica, una salvaguardia para las vidas de sus soldados –lo que ayuda mucho de cara a la opinión pública– y una reducción de costes muy efectiva respecto al equipamiento de un soldado y, más allá, respecto a los costes de manutención de un soldado herido.

Probablemente, la próxima utopía militar consista en emplear robots en enjambre, capaces de desarrollar una inteligencia emergente colectiva. Androides soldados que sean capaces de superar obstáculos, tomar decisiones, razonar o explorar territorio, sin necesidad de una intervención humana directa.

El desarrollo de una inteligencia colectiva emergente que permita que, cuando un grupo de robots tenga que explorar un terreno, y uno de ellos sea derribado, decidan entre ellos el nuevo reparto de las zonas a explorar, siendo un miembro menos. Una toma de decisión que haya sido programada por humanos, sin que puedan predecir cuál va a ser.

Ese desarrollo de inteligencia colectiva será un paso adelante en la IA tan relevante como los diferentes softwares de chat y generación de imágenes que estamos viendo estos días.

El enfrentamiento de la sociedad ante estas tecnologías está perfectamente recogido en el dilema de Collingridge:

«Cuando el cambio es fácil, su necesidad no puede ser anticipada; cuando la necesidad de cambio es aparente, el cambio ya se ha vuelto caro, difícil y laborioso».

 

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Seguridad y defensa

DESMANES EN FECHAS EMBLEMÁTICAS

DESMANES EN FECHAS EMBLEMÁTICAS

El Mercurio, Editorial, 04/05/2023

Los disturbios del Día del Trabajador recién pasado, incluyendo saqueos a locales comerciales y lanzamiento de bombas molotov, ocurridos en paralelo a las celebraciones oficiales, se suman a otros que se repiten en ciertas fechas emblemáticas.

Constituyen una especie de patrón de conducta de quienes se rebelan frente a la institucionalidad. Suceden tanto el 29 de marzo, cuando grupos insurrectos recuerdan el “día del joven combatiente”, como el 18 de octubre, cuando movimientos afines “celebran” la revuelta de 2019, o el 11 de septiembre, en que se realizan desmanes y disturbios por el golpe militar de 1973.

En una democracia, las personas tienen derecho a expresar sus puntos de vista, a formular propuestas acordes con su visión de sociedad, y a emitir sus quejas, las que también pueden hacerse mediante manifestaciones callejeras.

Sin embargo, no tienen derecho a transformarlas en disturbios y desmanes que atenten contra la seguridad de las personas o contra bienes físicos de terceros.

Lamentablemente, es lo que ocurre normalmente en esas fechas, sin que la autoridad haya logrado impedirlo de manera exitosa. Así, a quienes protagonizan esos incidentes les queda la impresión de que se han ganado el “derecho” a continuar realizándolos.

Aceptar que los disturbios y desmanes se entronicen en determinados días del año, normalizando dicha violencia, es algo que el país ya vivió.

A partir del 18 de octubre de 2019, y por diversas razones sobre las que hasta el día de hoy no hay consenso, el incendio de las estaciones del metro de la capital y de otros inmuebles privados y públicos, incluidas iglesias, así como la vandalización y saqueo de locales comerciales en diversos lugares del territorio, todo ello de manera continuada por semanas, no recibió la condena generalizada que se hubiese esperado.

No solo eso: hubo sectores políticos, y también conductores de programas mediáticos, que más bien empatizaron con esos sucesos, y en algunos casos los justificaron moralmente.

El país no puede seguir aceptando que en ciertos días del año el vandalismo logre entronizarse impunemente.

Baste recordar que miembros de la llamada “primera línea”, protagonistas de esos incidentes, fueron recibidos como héroes en el exCongreso por una audiencia que incluía a parte de quienes hoy integran la coalición gobernante.

De modo que la violencia, lejos de ser rechazada, tendió a ser normalizada. Y esa normalización —solo desarticulada parcialmente por la pandemia— actuó como telón de fondo del proceso político que condujo a la elección de la Convención y a la redacción de una fallida propuesta constitucional.

El fracaso de la Convención, marcado por el contundente rechazo que su proyecto recibió el 4 de septiembre pasado, estuvo fuertemente influido por el clima generado al normalizarse la violencia y la anomia asociada a ella.

Por esa razón, los disturbios y desmanes que tienden a repetirse en estas fechas emblemáticas requieren ser controlados, pues siempre existe el peligro de que sus protagonistas los utilicen como excusa para escalarlos ante alguna coyuntura que ellos juzguen oportuna.

Por ello, tanto la autoridad como la población deben tener la convicción, cada una en su ámbito, de que ello no debe ser permitido, y actuar de modo acorde.

Hoy el país está intentando, con mucho esfuerzo, retomar su cauce institucional. Si la ciudadanía así lo decide, este debería quedar consagrado en una nueva Constitución, ratificada en un plebiscito a fines de año, y así se habrán completado, desde octubre de 2019, cuatro traumáticos años de incertidumbre e inmensas pérdidas de valor, sufridas por todos.

De ahí la importancia de impedir la reiteración de los disturbios y desmanes violentos en fechas emblemáticas, o bien, aislar a los pequeños grupos que participan en ellos como elementos no representativos de la población. El camino de progreso al que el país aspira así lo exige.

 

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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Seguridad y defensa

SECUESTROS, TRATA DE PERSONAS Y LAVADO DE ACTIVOS: CONSEJO CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO FIJA HOJA DE RUTA Y DELITOS PRIORITARIOS

SECUESTROS, TRATA DE PERSONAS Y LAVADO DE ACTIVOS: CONSEJO CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO FIJA HOJA DE RUTA Y DELITOS PRIORITARIOS

Catalina Batarce

La Tercera PM, 05/05/2023

“Para adaptarnos a esta criminalidad, apuntamos a generar recursos que actualicen las fórmulas del Estado y a seguir avanzando en las distintas medidas que componen una estrategia común para abordar esta problemática a corto, mediano y largo plazo”.

Esa, de acuerdo con la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, es una de las máximas que guía el trabajo del Consejo Regional contra el Crimen Organizado, instancia que busca dotar a la región de un plan focalizado para la desarticulación de bandas delictuales, y que reúne a las policías, el Ministerio Público, autoridades de gobierno y a funcionarios de Aduanas, SII, Registro Civil y de la DGAC.

Y es que en el marco de la nueva política nacional que ha definido la administración del Presidente Gabriel Boric, según recalca la autoridad regional, es de suma urgencia atacar las mencionadas estructuras.

Por lo mismo, como pudo conocer La Tercera PM, en la reunión del consejo celebrada la jornada del jueves 4 de mayo, fijaron hoja de ruta y definieron ocho delitos vinculados a esta problemática como prioritarios: Narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos, trata de personas, robo violento de vehículos (encerronas), asociación ilícita, delitos contra la propiedad y secuestro.

“Para enfrentar al crimen organizado y dar tranquilidad y seguridad a las personas es fundamental trabajar de forma conjunta y coordinada. Ese es el lineamiento que ha estado en el centro del Consejo contra el Crimen Organizado, cuyos resultados se materializarán en un plan regional que busca implementar nuevas herramientas, tecnología y propuestas para sofisticar la investigación de delitos priorizados”, comentó al respecto Martínez.

En el mismo sentido, el prefecto inspector Paulo Contreras, jefe nacional de Crimen Organizado de la PDI, aseguró a este medio: “En el desafío de aumentar las capacidades del sistema para enfrentar el fenómeno resulta prioritario mejorar la coordinación, porque neutralizar esta problemática conlleva la necesidad de que todos los actores participen bastante sincronizados”.

“Por lo mismo, éstos compromisos robustecen y reafirman la experiencia que nosotros tenemos instalados desde 1964, por lo que claramente nos entusiasma que exista un mandato nacional que nos haga converger en el mismo objetivo mediante el intercambio de experiencias. Acá tiene que haber una relación horizontal entre las instituciones para el traspaso eficaz de la información”, complementó.

Autoridades de gobierno, policías y representantes del Ministerio Público de la Región Metropolitana establecieron priorizar ocho delitos vinculados a la criminalidad organizada que opera en la zona para así avanzar en su desarticulación. Entre las medidas definidas: mayor control en el aeropuerto, adquisición de software que acelere el análisis patrimonial de blancos investigativos y prohibición de venta de ciertas armas a fogueo que con frecuencia serían adaptadas.

Las medidas. Definidos los mencionados delitos, además, los integrantes del consejo abordaron las primeras medidas a implementar y, como ha recalcado el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la estrategia a seguir en ese sentido es desarticular estas bandas debilitando su poder financiero y su patrimonio.

En primer punto, con miras al narcotráfico, se definió levantar perfiles de riesgo con el fin de focalizar operativos conjuntos con la PDI en el Aeropuerto Internacional, en áreas de salida y tránsito de pasajeros, y en los terminales de buses de la capital.

Esto, como explicaron desde la citada instancia, “busca aumentar la eficiencia en la fiscalización de este lugar estratégico”. Asimismo, aumentarán las capacitaciones de personal de Aduanas, para así disminuir brechas desde la perspectiva investigativa.

Para atender el aumento de las armas de fuego, además de realizar controles más efectivos en puntos de ingreso al país, se gestionará una modificación normativa que prohíba la venta de algunos modelos o partes de armas de fogueo que están siendo adaptadas y usadas para cometer crímenes.

Se está trabajando, además, en un protocolo de pericia y trazabilidad de armas de fuego decomisadas, sus partes y municiones.

Se comprometió, además, la adquisición de un único software especializado que acelere el análisis patrimonial en coordinación con unidades especiales de levantamiento de datos con las que cuentan las Fiscalías Regionales.

Esto, a fin de combatir los delitos de lavado de activos y evitar que quienes cometen ilícitos puedan “blanquear” el dinero que obtienen.

Con miras a contener el alza que ha mostrado la trata de personas o “tráfico” de migrantes, las autoridades definieron aumentar la contratación de facilitadores interculturales que colaboren en las investigaciones.

Se establecerá, igualmente, un protocolo y un equipo especializado de atención de víctimas, “con el objetivo de fortalecer la adherencia al proceso y evitar el decaimiento de posición acusatoria por pérdida de prueba”, explicaron desde el consejo.

Aunque encerronas y portonazos han ido a la baja los últimos meses, se estableció aumentar fiscalizaciones y aumentar los requisitos para la importación de elementos que permitan elaborar placas patentes falsas, GPS, inhibidores de señal, máquina de marcado de series de motor y chasis de vehículos, máquinas para la confección de llaves artesanales.

Establecieron, además, la realización de capacitaciones por parte de Fiscalía a PDI, Carabineros y Gendarmería para facilitar la investigación de bandas a nivel regional.

Para ello, se diseñará un instructivo que contendrá criterios para la identificación de antecedentes, para no sólo detener al autor material de un crimen, sino también a la estructura jerárquica de la banda.

En materia de secuestros, que también han marcado un alza importante respecto de años anteriores, se comprometió la compra “de tecnología, software y comando necesarios para la investigación de estos delitos”.

Consultada sobre las primeras acciones, Martínez fue enfática en que “para adaptarnos a esta criminalidad, apuntamos a generar recursos que actualicen las fórmulas del Estado y a seguir avanzando en las distintas medidas que componen una estrategia común para abordar esta problemática a corto, mediano y largo plazo”.

 

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Seguridad y defensa

NUEVA ESCALADA EN LA MACROZONA SUR

 

NUEVA ESCALADA EN LA MACROZONA SUR

El Mercurio, Editorial, 04/05/2023

Una serie de atentados de graves consecuencias ha vuelto a golpear a la zona sur. Destrucción de maquinarias, incendio de casas patronales, una capilla y camiones se cuentan entre las pérdidas de las últimas semanas, hechos a los que se suman los disparos a un bus escolar con más de 20 estudiantes en su interior que transitaba por un camino rural de Cañete.

Estas situaciones han conmocionado a la opinión pública y dan cuenta de una escalada de violencia que el acotado estado de excepción que impera en la región no parece lograr prevenir.

Los datos contenidos en el último estudio mensual sobre los actos de violencia que afectan a la macrozona sur, realizado por la Multigremial de La Araucanía, demuestran que el número de atentados se ha mantenido relativamente constante en los últimos tres años.

Si bien el informe señala una disminución de las acciones violentas en marzo respecto de igual período en los dos años previos, se observa un mayor impacto en cuanto al número de personas afectadas y de bienes destruidos, situando a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) como principal responsable de la mayoría de los atentados adjudicados, entre los otros grupos que operan en la zona.

La multiplicación de ataques incendiarios y acciones intimidatorias con uso de armas de fuego parece indicar una coordinación entre los grupos radicalizados, que buscan mayor visibilidad, escalando y extendiendo sus acciones a otras regiones —como Los Lagos—, y afectando a diferentes rubros, ya no solo al forestal, sino también a la producción salmonera, agrícola y a la construcción.

También son blanco de ataques los centros educacionales, de salud y de culto, lo que perjudica directamente a la población local y denota la total desvinculación de estos grupos con las comunidades.

Pese al estado de excepción, los grupos radicalizados continúan manteniendo a numerosas comunidades bajo el temor.

La transversal condena de las autoridades a estos hechos no parece suficiente frente a una embestida radical. Como fundamentos de esta, a la demanda por la liberación de presos mapuches se ha sumado la protesta por la recientemente aprobada ley Naín-Retamal.

Para la Multigremial, es necesario avanzar con decisión en una ampliación del estado de excepción, pues los niveles de violencia que afectan a la zona comprueban su ineficacia ante grupos que operan en sectores donde no hay vigilancia ni presencia de fuerzas militares ni policiales.

Los últimos atentados así lo evidencian. En este contexto, especial alarma causó el ataque a una faena forestal en Maquehue, por su cercanía a la ciudad de Temuco, en una demostración de fuerza del grupo Weichan Auka Mapu, lo que revela que la violencia ya no solo se da en la ruralidad, sino que se acerca a las zonas urbanas.

Todo indica que, sin una real voluntad política y una coordinación entre los diferentes poderes del Estado, no será posible avanzar hacia la erradicación de la violencia en la zona sur.

La experiencia comparada y los frustrados esfuerzos anteriores indican que se debe progresar particularmente en el diseño de un sistema de inteligencia del Estado a la altura de los graves desafíos que allí se enfrentan.

No menos relevante es el resguardo de las víctimas y la protección de los testigos, donde cabe una responsabilidad importante al Poder Judicial. Y aunque ciertamente el problema no se resolverá con la mera dictación de leyes, sí resulta crucial, al menos, la reforma de la normativa referida al delito de usurpación.

La multiplicación de acciones violentas de máxima gravedad debe ser no solo denunciada, sino también repudiada, para evitar que una suerte de “acostumbramiento” le reste relevancia y quite el sentido de urgencia que su atención y solución ameritan.

La respuesta a la demanda ciudadana por seguridad debe contemplar la desarticulación de los grupos radicales cuyo actuar mantiene bajo el temor a numerosas comunidades que sufren los efectos de la violencia.

Solo así será posible atender a la resolución de los problemas de una zona que comprende un porcentaje importante de población indígena vulnerable que requiere de políticas públicas eficientes para alcanzar mejores condiciones de vida.

 

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Seguridad y defensa

MINISTRA FERNÁNDEZ RESPALDA A MILITARES ANTE RECLAMO PERUANO Y PIDE ESPERAR INVESTIGACIÓN

  MINISTRA FERNÁNDEZ RESPALDA A MILITARES ANTE RECLAMO PERUANO Y PIDE ESPERAR INVESTIGACIÓN

Mesa de noticias de El Mostrador, 25/04/2023

 

La ministra de Defensa, Maya Fernández rompió el silencio y respaldó a los efectivos de las Fuerzas Armadas que están desplegados en la frontera, ante el reclamo peruano de que se encuentran apoyando el ingreso de migrantes irregulares a Perú.

“Lo primero que quiero decir es hacer un tremendo reconocimiento al despliegue que han tenido las patrullas militares en la frontera”, dijo la secretaria de Estado.

“Desde que tenemos el Decreto 78, ha habido un resguardo de nuestra frontera, nuestra soberanía y creo que es importante reconocer ese trabajo que se está llevando adelante y que ha sido tan valorado por la ciudadanía”, resaltó.

Sobre la denuncia contra los militares, la autoridad señaló que se ha realizado una coordinación interministerial junto con Relaciones Exteriores, destacando una investigación para aclarar lo sucedido.

“Hay que ir a una investigación. Y en esto tenemos que ser serios. Y creo que antes de salir a hablar o apresurarnos, queremos saber cómo ocurrieron los hechos. Es lo que hemos conversado, además con el canciller estamos en la misma línea y en eso estamos”, valoró.

“Lo primero que quiero decir es hacer un tremendo reconocimiento al despliegue que han tenido las patrullas militares en la frontera”, dijo la ministra de Defensa, Maya Fernández, ante el reclamo peruano de que se encuentran apoyando el ingreso de migrantes irregulares a Perú. Sobre la denuncia contra los militares, la autoridad señaló que se ha realizado una coordinación interministerial junto con Relaciones Exteriores, destacando una investigación para aclarar lo sucedido.

Evita entrar en polémica por dichos de Monsalve. La ministra Fernández también se refirió a los dichos del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien descartó en un primero minuto que se tratara de efectivos chilenos. Al respecto, evitó entrar en polémica.

“El subsecretario Monsalve en realidad planteó todo el esfuerzo que están llevando delante las Fuerzas Armadas en la frontera. Él ha sido testigo también en la visita de terreno de todo el despliegue”, afirmó.

“Es un tema bien complejo porque es humanitario, en el sentido de que estamos hablando de personas y hay que tener mucho cuidado. Pero claramente y lo hemos conversado también con el subsecretario, en esto se requiere una investigación y aclarar todos los hechos”, insistió.

“Prefiero valorar lo que se está haciendo en la frontera y esperar lo que diga la investigación”, cerró.

 

 

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Seguridad y defensa

“ES UNA MALA DECISIÓN Y TARDÍA”: LAS CRÍTICAS QUE GENERA EL PLAN “CALLES SIN VIOLENCIA” QUE EXCLUYÓ A PAC, QUE SUFRE CON FUNERAL NARCO

 

“ES UNA MALA DECISIÓN Y TARDÍA”: LAS CRÍTICAS QUE GENERA EL PLAN “CALLES SIN VIOLENCIA” QUE EXCLUYÓ A PAC, QUE SUFRE CON FUNERAL NARCO

Gabriela Mondaca, José Carvajal Vega y Catalina Batarce

La Tercera PM, 24/04/2023

A las 11.00 horas de este lunes empezó el responso fúnebre de un reconocido delincuente del sector Lo Valledor Sur en Pedro Aguirre Cerda.

Sólo horas antes, el gobierno anunció el inicio del plan “Calles sin Violencia”, iniciativa que no incluye a dicha comuna, que durante las últimas semanas ha sido escenario de una serie de hechos a raíz de la muerte de Moisés Gallardo (32), lanza internacional más conocido como “El Mota”. De hecho, la exclusión de esta y otras comunas del plan anunciado por el gobierno generó controversia entre varias las autoridades comunales.

Las primeras críticas tras el anuncio del plan llegaron por parte del mismo alcalde de Pedro Aguirre Cerda,  Nosotros no entendemos por qué no hemos sido incluidos, hemos sido claros, hemos llegado con información concreta a La Moneda, le entregué una carta al Presidente para que pudiéramos armar un plan antibalacera…”.

Y no solo eso. El edil confirmó que desde la semana pasada ha intentado concretar reuniones con los subsecretarios del Interior, Manuel Monsalve; de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, para conocer las razones de tal decisión y cuáles serían las alternativas que el gobierno propondría para garantizar otros programas proseguridad en las comunas excluidas.

Sin embargo, éstas se han visto truncadas por la “contingencia nacional” que se ha visto marcada por otros hechos delictuales, como una balacera en Atacama y el hallazgo de un cuerpo en Maipú la semana pasada.

Pese a que fuentes conocedoras del tema sostienen que la no realización de las reuniones respondería a un factor político y personal entre el alcalde y el subsecretario Monsalve, esto fue descartado por Astudillo a La Tercera PM. “Este no es un tema personal (…), acá lo importante es la comunidad de Pedro Aguirre Cerda que queda totalmente excluida por malas decisiones que se están tomando, pero yo no creo que esto sea una diferencia o disputa entre el subsecretario y yo. Al contrario, esta es una mala decisión, tardía, nosotros ya deberíamos haber tenido un plan para poder intervenir los sectores más complejos, no solamente en nuestra comuna, sino que en todas las comunas de Chile. Fue un error haberlo acotado a algunas comunas”, expresó.

El juicio de los alcaldes. Pese a que algunos alcaldes tuvieron opiniones y proyecciones positivas sobre el inicio del plan, otros jefes comunales de la Región Metropolitana -principalmente de las que no fueron incluidas en la iniciativa- mostraron sus reparos y pidieron que se evalúen algunos aspectos del plan y se aclare cómo será la redistribución de carabineros.

“No se ha hablado de nueva dotación, sino que es la redistribución de carabineros. Este plan para las 42 comunas va a requerir por lo menos 600 carabineros, y ¿de dónde salen todos esos medios, esos carabineros? De las comunas puntualmente que hoy día ya tenemos una escasez”, comentó René de la Vega (Ind.), alcalde de Conchalí, una de las comunas que ha quedado fuera del proyecto de seguridad.

Para el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (Ind. Chile Vamos), el plan responde a un factor “más político” que de seguridad en sí. “El gobierno hace el lanzamiento de este plan a días de una elección, donde incluye un alto porcentaje de municipios del oficialismo. Nos hubiese gustado ver esa misma capacidad de organización en el diseño y planificación de este plan”.

En esa dirección, Alessandri sostiene que hasta la fecha tampoco se conocen mayores detalles de la iniciativa de seguridad: “El gobierno incurre en errores al hablar de comunas y no de sectores. Cada comuna enfrenta distintos tipos de delitos violentos, esto es importante para la destinación de recursos. Hasta ahora no sabemos cómo se van a destinar esos recursos, en base a qué necesidades específicas de seguridad”.

Dicho planteamiento ya había sido destacado por la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Carolina Leitao (DC), quien en conversación con La Tercera el pasado 17 de abril, sostuvo que a ellos, como ediles, tampoco se les había detallado cómo y cuándo comenzaría a regir el plan de seguridad.

Por otro lado, la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, dijo estar “sorprendida” por no haber sido incluida en las comunas priorizadas. “Creemos que esta estrategia está bien, la apoyamos, pero creo que no tiene que ser a dedo, no puede ser a través de un indicador, si hay cinco, por ejemplo”.

El narco funeral que paralizó una comuna. La crítica del alcalde Astudillo se da luego que desde el 27 de marzo en la zona sur de la comuna ha ocurrido una serie de desórdenes públicos en el contexto del funeral de Moisés Gallardo Cornejo, quien murió a fines de marzo en Roma, Italia, país en el que residía desde hace siete años.

El alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, y otros ediles apuntan a una mala distribución de las zonas involucradas y a la falta de recursos policiales para llevarlo a cabo.

Según informó el diario Las Últimas Noticias, el sujeto estaba con arresto domiciliario en esa ciudad, lo que lo habría llevado a quitarse la vida.

El sujeto de 32 años contaba en Chile con un amplio prontuario policial. Según el coronel Gonzalo Urbina, de la Prefectura Santiago Rinconada, tenía 23 causas, entre las que se encontraban los delitos de robo con violencia e intimidación, receptación y tráfico de drogas.

Desde que fue conocida su muerte, el sector Lo Valledor Sur ha sido escenario de múltiples desórdenes, entre lo que se encuentran disparos, fuegos artificiales y alta música, hechos que se intensificaron desde el viernes, tras el arribo del féretro al país.

Este lunes comenzó el funeral del sujeto, lo que generó un amplio operativo policial en la comuna. Estos hechos llevaron a la Municipalidad a suspender por tercera vez en tres semanas las clases de los colegios en la comuna, y además, a suspender las atenciones médicas en los centros de salud comunal.

Respecto a esto, el alcalde sostiene que “hoy tuvimos que tomar medidas extremas para poder garantizar la seguridad y la integridad física de nuestra comunidad en general, tuvimos que suspender clases, en escuelas, en jardines infantiles, turnos éticos en nuestros consultorios. Deberían ser esos elementos que hagan tomar en cuenta la inclusión de nuestra comuna, pero no reaccionar a críticas ni lo que uno pueda estar diciendo, son hechos reales que están ocurriendo, acá hay una gran afectación de nuestra comunidad”.

“Nosotros estamos viviendo un verdadero toque de queda de facto impuesto por estas bandas del crimen organizado, que lo que han hecho es sembrar terror en nuestra comuna”, asevera Astudillo.

Algo que también ocurrió semanas antes de la muerte de Gallardo, luego de que un joven de 18 años se quitara la vida tras lo que habría sido -presuntamente- el término de una relación amorosa. Aquello generó enfrentamientos armados entre ambas familias, por lo cual también tuvieron que suspenderse las clases.

“Un plan quirúrgico y estratégico”. Durante el lanzamiento del plan “Calles sin Violencia”, el cual incluye a 22 comunas de la Región Metropolitana, el gobierno entregó mayores detalles respecto a la metodología que se siguió para elegir a las 46 comunas a nivel nacional que estarían afectas al plan de tres ejes sobre más patrullaje policial, focalización de infracciones e incivilidades y sobre la persecución penal más afectiva.

Para elegir a las comunas, primero se consideraron las capitales regionales y el índice de frecuencia de ocurrencia de homicidios según el Observatorio de Homicidio de la Subsecretaría de Prevención del Delito. De esta manera, se eligió a las comunas que registran el 65% de estos hechos.

Respecto a la RM, la delegada presidencial Constanza Martínez, asegura que la iniciativa del gobierno “es un plan quirúrgico y estratégico que contempla cuatro líneas de acción”. Ante las críticas de las autoridades comunales, “en el caso de la RM este aspecto se desarrollará a nivel regional y no hará distinciones entre fronteras comunales”.

Martínez concluye que la decisión de las zonas selecciones fue “en base a criterios objetivos otorgados por el Observatorio de Homicidios y abarcará cerca del 64% de la población de la RM (8.310.984 personas) y es que frente a una criminalidad cada vez más organizada requerimos un Estado organizado, sofisticar y mejorar su forma de reacción es un objetivo que solo podremos lograr trabajando de forma colaborativa entre el gobierno central, las policías, la fiscalía y los municipios”.

 

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

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