Seguridad y defensa

SE VIENE EL ESTALLIDO

SE VIENE EL ESTALLIDO

Javier Sajuria

La Tercera PM, 24/04/2023

Uno de los aparentes consensos en la opinión pública es que con los eventos de 2019 y el consiguiente proceso constituyente la balanza política se fue a un extremo, el de la izquierda.

Tanto las propuestas del fallido proceso como las consignas del 2019 y 2020 hacían referencia al fin del neoliberalismo, a los derechos de los pueblos originarios, a las luchas del feminismo, entre otras.

Para algunos, la combinación de estas ideas rompía con el límite de lo políticamente aceptable y, finalmente, terminaron rechazándolas. Pero al contrario de lo que prometían los sectores que se denominaban de centro, el fracaso del proceso no ha traído moderación, sino que una vuelta al otro extremo, el de la derecha.

En los 90, el académico italiano Piero Ignazi planteaba la idea de que en el mundo se venía una contrarrevolución silenciosa.

Esta sería una reacción al proceso de la segunda mitad del siglo XX, en el que los ciudadanos comenzaron a gozar de mejores condiciones materiales de vida y, con ello, mover sus intereses hacia valores posmaterialistas como la igualdad de género, las luchas LGBTQ y el cuidado del medio ambiente. Desde entonces, distintos expertos han tratado de trazar la ruta en la que estas reacciones se desencadenan en distintos países.

Si con la elección de Gabriel Boric se esperaba que el péndulo ideológico se mantendría en la izquierda, lo cierto es que no ha sido así en una serie de temas relevantes. El discurso en seguridad, por ejemplo, se mueve al ritmo de lo que proponen los sectores más reaccionarios de la ultraderecha. Lo mismo ha ocurrido con el debate sobre inmigración.

Los eventos electorales ocurridos desde 2016, en especial el Brexit, la elección de Trump y la de Bolsonaro, han sido ocupados como ejemplos de esta reacción conservadora, en la que sectores que han gozado de privilegios y patrones culturales se sienten amenazados ante el creciente énfasis en la protección de minorías.

Si bien es un fenómeno que alimenta el liderazgo y crecimiento de la ultraderecha, su efecto no se limita a ella.

Sectores de izquierda, ansiosos por la transformación de la noción de clases social, tienden a minimizar las luchas de grupos minoritarios en búsqueda de supuestos valores universales (que, coincidentemente, se relacionan con la noción tradicional de clase).

Si con la elección de Gabriel Boric se esperaba que el péndulo ideológico se mantendría en la izquierda, lo cierto es que no ha sido así en una serie de temas relevantes. El discurso en seguridad, por ejemplo, se mueve al ritmo de lo que proponen los sectores más reaccionarios de la ultraderecha.

Lo mismo ha ocurrido con el debate sobre inmigración, en que se habla de la criminalización de la inmigración irregular sin mayor interés en buscar medidas eficaces para controlarla.

Para qué hablar de pensiones, donde hay quienes buscan torpedear una reforma que lleva 12 años atrasada. O del general de Carabineros que decidió censurar a un medio de comunicación, algo más propio de gobiernos como los de Rafael Correa, Jair Bolsonaro o Donald Trump.

El debate constitucional no ha estado exento del mismo espíritu reaccionario; los representantes de la derecha han desplegado todos sus esfuerzos para evitar cambios relevantes y entronizar aún más el sistema político e ideológico de la constitución de 1980.

A diferencia de Ignazi, que anunciaba la eventual llegada de una contrarrevolución, lo cierto es que ya estamos en medio de un contra-estallido. Uno que es poco cariñoso con la evidencia y muy cercano a los prejuicios. Sobre todo, aquellos que se entienden de buena manera con valores conservadores y autoritarios.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Seguridad y defensa

EL “FRENO” QUE ACTIVÓ INTERIOR ANTE LANZAMIENTO DE PLAN CALLE SIN VIOLENCIA EN CONJUNTO CON IRACÍ HASSLER

EL “FRENO” QUE ACTIVÓ INTERIOR ANTE LANZAMIENTO DE PLAN CALLE SIN VIOLENCIA EN CONJUNTO CON IRACÍ HASSLER

Víctor Rivera y Isabel Caro

La Tercera PM, 18/04/2023

Finalmente serán 22 las comunas de la Región Metropolitana que serán parte del denominado plan del gobierno “Calle sin Violencia”, iniciativa que el Ejecutivo anunció el 6 de abril, un día después del crimen del cabo Daniel Palma, efectivo de Carabineros que murió en pleno centro de Santiago, tras recibir dos disparos en Avenida Matta.

Doce días después del anuncio, el Ministerio del Interior ya tiene clara las bajadas de la medida, donde la idea es concentrar más efectivos policiales en zonas que acumulan más del 60% de los homicidios en la vía pública. Sin embargo, el diseño y la puesta en escena del anuncio volvió a tensionar la relación entre la repartición liderada por Carolina Tohá y a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC).

En un inicio para este martes 18 de abril se tenía contemplado hacer el lanzamiento en terreno. Interior daría el comienzo a este refuerzo policial en la emblemática comuna de Santiago, sin embargo, no contemplaron las pretensiones propias de la alcaldesa Hassler.

Según comentaron quienes conocieron estos preparativos, el gobierno se “encontró” -sobre la marcha- con la idea que tenía la alcaldesa -cuestionada estos últimos días por la fallida compra de la Clínica Sierra Bella- de lanzar ese mismo día el “Plan Operativo Santiago Seguro”.

La iniciativa tiene como objetivo contar con un equipo de 40 agentes municipales -denominados “Destacamento Santiago Seguro”– que trabajarán en coordinación con Carabineros para el refuerzo de las labores preventivas y de seguridad en el casco histórico.

Desde el municipio comentan que este trabajo estaba pensado desde el verano, lo cual ya se le había comunicado a La Moneda, por lo tanto, niegan que haya existido un problema de coordinación, pues lo de ellos siempre había estado en agenda.

En el Ejecutivo, en tanto, al enterarse de que Hassler quería hacer este lanzamiento -y que coincidía con Calle sin Violencia- decidieron dar marcha atrás y suspender la actividad. ¿Por qué? Querían evitar dar una señal que pudiera entenderse como una suerte de preferencia hacia Santiago en materia de seguridad.

El ministerio que lidera Carolina Tohá tenía contemplado lanzar la iniciativa en la comuna de Santiago, sin embargo la alcaldesa tenía otros planes: dar a conocer su propio plan de copamiento, lo que hizo recular al gobierno y así evitar reclamos de los otros jefes comunales. Este es un episodio más que se suma a anteriores tensiones entre ambas autoridades.

La decisión de separar ambos anuncios fue de la ministra Tohá, pues, explican, también quería evitar que el resto de los alcaldes pidiera planes de “copamiento” en sus comunas cuando ambos son hitos completamente distintos.

Quien tuvo que establecer el nexo entre Interior y Hassler para volver a coordinar el anuncio fue el subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo (PC). El encargado de visar el financiamiento hacia los municipios fue quien ofició de puente con el municipio para explicar por qué, finalmente, se aplazaba el lanzamiento de la medida en Santiago.

Esta no es la primera vez que ambas autoridades chocan por el tema de seguridad. A principio de marzo, La Tercera PM daba cuenta de los “tira y afloja” entre Interior y Santiago por la violencia en los liceos emblemáticos.

En esa oportunidad el episodio que tensionó las relaciones entre el gobierno y el municipio fue una reunión que se realizó a fines del año pasado cuando en una reunión el subsecretario Manuel Monsalve pidió al entonces director de Educación de Santiago, Rodrigo Roco, “colaborar” con la entrega de información de aquellos estudiantes que estaban protagonizando incidentes. “No somos sheriff”, habría respondido un presente en la cita manifestando su molestia con la solicitud de Interior.

El gobierno igual participó. A pesar de esta “descoordinación”, el gobierno igual fue parte de la actividad convocada por la alcaldesa de Santiago, a través de la presencia de los subsecretarios del Interior, Manuel Monsalve; y de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.

Monsalve, señaló que “el plan Calle sin Violencia se lanzará el día lunes. Los chilenos y chilenas son testigos de la tendencia persistentemente de aumento en los delitos violencia. La tarea que se ha puesto el gobierno es contender este aumento y en una comuna, como podría ser Santiago, Arica o Iquique, se sabe en qué lugares hay mayor presencia de estos ilícitos”.

En esa misma línea añadió que “el plan no es toda la estrategia en materia de seguridad. No hay que colocar en este plan expectativas que no corresponde, lo que sí incorporará es persecución penal y efectivo, por lo mismo, incluye un acuerdo con el Ministerio Público. Cuando se resuelve un delito violento como un homicidio, se desarticula una organización violenta que actuaba en varias comunas, es por eso que es tan importante tener una persecución penal efectiva”.

 

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Seguridad y defensa

CRISIS DE SEGURIDAD Y SUS RESPONSABLES

CRISIS DE SEGURIDAD Y SUS RESPONSABLES

El Mostrador, Editorial, 18/04/2023

Existe en el país una crisis de seguridad y falta de agenda política y técnica para administrarla. Solo hay respuestas en términos coyunturales, sin una agenda de largo plazo para gobernar la Seguridad.

Al actual Gobierno, y también a los anteriores, les ha costado entender que, siendo la inseguridad un problema que proviene de muchas causas, su manejo requiere, sobre todo, de coordinación interinstitucional, y de acciones conjuntas y sincronizadas de todos los órganos del Estado –y no solo control o uso de la fuerza, aunque esta es indispensable–.

La seguridad es una función primaria del Estado y, por lo tanto, parte esencial de su rol estratégico frente a la sociedad. Hoy está comprometido un financiamiento de 1.500 millones de dólares adicionales para apoyar la solución de la crisis, pero si no existe una visión de mediano y largo plazo en la gestión de seguridad, parte de ese dinero muy probablemente se malgastará.

El Parlamento y el Gobierno acaban de converger políticamente en una agenda legislativa miscelánea de seguridad de 31 proyectos de ley, y el Ejecutivo ha anunciado 46 comunas para la acción policial preferente contra el crimen.

Estas iniciativas, que poseen aspectos positivos, corren también el riesgo de transformarse en un híbrido de informalidad jurídica, un “piño” de leyes, y en una criminalización de territorios y exportación de delincuentes a otras comunas no priorizadas.

Y, probablemente, no hará variar sustancialmente la situación actual, pues los delitos son nacionales y su control depende de la eficiencia de la policía.

La eficacia en prevención y en la persecución penal, en general, no deriva solo de un marco legal claro, que por cierto es indispensable, sino además de una capacidad operativa policial y de una investigación penal acuciosa y rápida.

Para esto, se debe mejorar radicalmente la capacitación de las policías y desarrollar una coordinación interinstitucional entre los órganos del Estado con tareas de base para la Seguridad, como el Registro Civil, el sistema carcelario, el Ministerio Público, el conjunto de servicios de inteligencia policiales y militares, y el Poder Judicial.

Ayudaría mucho, también, una acción gubernamental coherente en desarrollo urbano y seguridad vial, así como la existencia de una infraestructura robusta de información y base de datos.

Es preocupante el debate sobre “territorios” en abstracto, como si fueran entidades vacías de habilitación urbana, y que el principal gestor y regulador de políticas en ellos, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, guarde silencio.

Algo parecido a lo que ocurre con el sistema carcelario, dependiente del Ministerio de Justicia, pese a que las cárceles –además de insuficientes y deterioradas– van camino a transformarse en islotes autorregulados por los propios presos, funcionando bajo un régimen de control perimetral, pero plenamente conectados y activos delincuencialmente desde el interior hacia el exterior.

La eficacia en prevención y en la persecución penal no deriva solo de un marco legal claro, que por cierto es indispensable, sino además de una capacidad operativa policial y de una investigación penal acuciosa y rápida. Para esto, se debe mejorar radicalmente la capacitación de las policías y desarrollar una coordinación interinstitucional entre los distintos órganos del Estado con tareas de base para la Seguridad, como el Registro Civil, el sistema carcelario, el Ministerio Público, el conjunto de servicios de inteligencia policiales y militares, y el Poder Judicial. Y ayudaría mucho una acción gubernamental coherente en desarrollo urbano y seguridad vial, así como la existencia de una infraestructura robusta de información y base de datos.

Estos y otros elementos que sería largo enumerar, hacen que la crisis no consista solo en la asimetría de fuerzas entre delincuentes y policías, sino en algo más profundo.

Las reglas de uso de la fuerza policial (RUF), que se intenta regular por estos días en detalle mediante una ley, pueden llegar a ser más una traba que una ayuda para la eficiencia de las policías. Entre otras cosas, por la falta de coordinación interna de los organismos del Estado.

Lo normal es que las RUF estén referidas a una Ley Marco y a su Reglamento para el uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado, en la que se determinan principios de resguardo y categorías de acción. Ahí se desarrollan y articulan los principios y procedimientos para que, luego, las autoridades con competencias de planificación, diseño táctico y disciplina de las diferentes fuerzas, aprueben e impartan, mediante ordenanzas generales, los criterios operativos prácticos.

Siempre controlados estos por un órgano supervisor y sujetos a la auditoría civil del ministerio respectivo.

Poco se ha hablado hasta ahora de impulsar la instalación a corto plazo de un centro de entrenamiento SWAT para las policías, que mejore y redireccione su desempeño operativo.

Y que se generen al menos dos laboratorios nacionales de alta tecnología para apoyar la eficiencia policial y la investigación judicial del Ministerio Público: uno de balística, para formar el banco de datos general sobre armas, su trazabilidad, uso y origen; y otro de ADN, de registro obligatorio para delincuentes condenados. Ambos funcionando en línea y coordinadamente con los servicios de tanatología y de salud pública del Estado.

En materia de cooperación internacional, poco o nada se ha mencionado la posibilidad de solicitar apoyo para formar a corto plazo un centenar o más de oficiales SWAT, como semilla de futuras unidades de este tipo; ni de realizar estudios de funcionamiento urbano y de vialidad estructurante para mejorar los controles georreferenciados en los territorios, con cámaras profesionales y barreras físicas para dar mayor eficacia a los desplazamientos operativos en los distintos barrios de la ciudad.

Parlamentarios y Gobierno insisten en sus discursos sobre la multicausalidad del crimen, lo que es cierto, pero hasta ahora no se está pensando acerca de los requerimientos políticos e institucionales para lograr un gobierno eficiente de la Seguridad.

La Subsecretaría de Prevención del Delito está al debe.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Seguridad y defensa

MONSTRUOS DE AYER Y HOY

MONSTRUOS DE AYER Y HOY

Ascanio Cavallo

La Tercera, Opinión, 15/04/2023

 

Escribe Simon Leys: “Una sociedad civilizada no es necesariamente una sociedad que tiene una proporción menor de individuos criminales y perversos (…), sino aquella que simplemente les brinda menos oportunidades de manifestar y de satisfacer sus inclinaciones”.

Es una definición operativa, que busca anteponerse tanto a las especulaciones sociológicas como teologales. Antes de la cantidad y del mal están, dice, las oportunidades.

La pregunta es útil para enfrentar la afiebrada discusión sobre seguridad que ha copado la agenda pública en los últimos cuatro meses. ¿Cuándo se crearon en Chile las oportunidades para una expansión de la delincuencia como la que se ha vivido? Es evidente que se ha tratado de un proceso largo, con causas múltiples y fuentes numerosas.

Pero, para efectos políticos, no hay un momento de mayor fractura que la revuelta del 18 de octubre de 2019, y no sólo por la comisión flagrante (y celebrada) de delitos de todo tipo, sino por la descalificación radical de la policía, convertida naturalmente en el brazo armado del enemigo.

Una revuelta de contenido político no es lo mismo que el delito, pero no es infrecuente que lo cobije. Cualquiera es bienvenido cuando se trata de acumular fuerzas contra la policía en la calle.

La policía siempre es el enemigo de la revuelta. No es nada raro el despliegue de eslóganes, incluso sangrientos, en su contra. Lo raro es que se le pida que los ignore, que haga como que no existieron. A la policía y a quienes los emplearon. Un golpe de amnesia. Raro.

Tan raro, que una parte del oficialismo sigue agitada con la pulsión del tributo a la revuelta. Hay altos funcionarios que discuten sobre un memorial en la Plaza Italia, un monumento que tendría que ser acusatorio en contra de la policía, el enemigo principal durante las jornadas insurreccionales, los “prototipos seudomíticos de los monstruos”, como los denomina el filósofo italiano Furio Jesi.

¿Cómo conciliar ese impulso con el de pedirle a la policía que vaya al frente en la lucha en contra de una categoría de monstruos recién identificada, que también emplea la violencia contra la policía, aunque por esta vez no es funcional a la revuelta?

Este es exactamente el centro del problema del gobierno. La necesidad del Poder Ejecutivo, de La Moneda, es dotar al Estado de las fuerzas suficientes para proteger a la sociedad de la agresión cotidiana.

Un Estado incapaz de cumplir esa función deja de tener legitimidad para cumplir cualquier otra. Por lo tanto, no es un mero problema estadístico, sino uno que hace a la esencia del gobierno.

La coalición que ganó las presidenciales, Apruebo Dignidad -cuyo propio nombre conserva dos ideas surgidas de la revuelta-, no tiene la misma prioridad ni tampoco cree conveniente reforzar un aparato represivo que está ideológicamente fuera de su esfera.

A muchos de sus dirigentes les parece que acercar el gobierno de Boric a la sola idea de un Estado policial es un paso que compromete existencialmente a la coalición.

Para la vertiente anarquista que tiene presencia en el Frente Amplio, esto está fuera de sus límites; para la vertiente comunista, sólo tendría viabilidad si se tratara de una nueva policía, configurada con otros valores.

Por eso la coalición ya votó en contra del primer proyecto de fortalecimiento de las facultades de Carabineros y nadie debería extrañarse de que vuelva a votar en contra de otros proyectos similares. Tiene a mano el argumento de que estos proyectos han sido promovidos y apoyados con entusiasmo por la oposición y le es un tanto indiferente el hecho de que el oficialismo carezca de fuerza parlamentaria para aprobar a solas los suyos.

Para estos efectos, los intereses de la ministra Carolina Tohá proceden de otra coalición -el Socialismo Democrático-, otro ethos político y otro estilo de llevar el gobierno.

Ahora, el Congreso ha anunciado que empujará la tramitación de 31 proyectos, en todo el arco de la seguridad, antes de que el gobierno terminara de informar (en realidad, apaciguar) a sus diferentes partidos. Es un gesto apuntado a subrayar el oxímoron en que se encuentra la ministra del Interior con las fuerzas de Apruebo Dignidad.

Por supuesto, esta coalición sabe que su posición tiene costos. No hay que ser muy astuto para suponer que la derecha procurará situar a sus candidatos a constituyentes en la vereda de los que son complacientes con el delito.

El clima de opinión pública es particularmente malo después de la sucesión de ataques contra la policía y tendrán suerte si no ocurren más cosas similares en las tres semanas que faltan para esas elecciones. Mucha suerte.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Seguridad y defensa

CORTOCIRCUITO EN LA MONEDA: EL CHOQUE EN EL COMITÉ POLÍTICO POR LA AGENDA DE SEGURIDAD

CORTOCIRCUITO EN LA MONEDA: EL CHOQUE EN EL COMITÉ POLÍTICO POR LA AGENDA DE SEGURIDAD

Isabel CaroCristóbal Fuentes y Rocío Latorre

La Tercera PM, 14/04/2023

Uno de los comités políticos más tensos en lo que va del Mandato del Presidente Gabriel Boric. Así califican en el oficialismo el clima que se tomó ayer la reunión entre los ministros en La Moneda y en que se abordó el -a esas alturas- dilatado acuerdo entre el gobierno y ambas cámaras del Congreso para priorizar 31 proyectos relativos a la agenda de seguridad que mantiene en alerta a todos los sectores políticos.

Todo se enredó en Palacio cuando desde el Senado, en horas de la mañana de este jueves, se convocó a un punto de prensa para anunciar la lista de iniciativas que en la previa habían negociado el líder de esa corporación, Juan Antonio Coloma (UDI), su par de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, y la ministra del Interior, Carolina Tohá.

La convocatoria cayó como un balde de agua fría en el resto del comité político, quienes comenzaron a recibir consultas e inquietudes de los parlamentarios por el inminente anuncio. La molestia se intensificaba debido a los últimos tira y afloja que significó la tramitación de la ley Nain-Retamal cuestionada por el Frente Amplio y el PC.

El problema -explican en el oficialismo- es la autonomía con la que Tohá se ha manejado en el tema. De hecho varios parlamentarios señalaron que la Segpres, liderada hoy por la ministra subrogante Macarena Lobos (mientras Ana Lya Uriarte mantiene licencia médica), no había formado parte de las tratativas, pese a ser su cartera la que debe orientar la discusión legislativa y es la principal representante del gobierno en el Congreso.

La incomodidad llegó al corazón de La Moneda ayer jueves a las 17:00 horas donde se desarrolló el comité político liderado por Tohá y en el que también participaron Lobos, Jeannette Jara (Trabajo), Camila Vallejo (Segegob) y Luis Cordero (Justicia).

Quienes conocieron del tenor de la discusión, aseguran que los ministros cuestionaron que se haya avanzado en un acuerdo sin contemplar aspectos técnicos y políticos relevantes sobre la tramitación de las distintas iniciativas en cuestión.

Presentes en la cita aseguraron que Lobos manifestó abiertamente no haber estado presente en la negociación con los líderes de las mesas del Congreso. En el oficialismo se señala también que a la ministra (s) tampoco le pidieron convocar a las reuniones que ha sostenido Tohá con los representantes del Parlamento y que -aún más- de algunas de ellas se ha enterado a última hora.

A esas alturas en el Parlamento, donde dilataron el anuncio varias horas, insistían con que la ministra Tohá iba a concurrir junto a otros ministros del comité político para anunciar de manera conjunta la lista de proyectos. Sin embargo, eso nunca ocurrió.

Las mismas fuentes señalan que la explicación que dio la ministra Tohá a sus pares del comité político fue que si bien ella había liderado las conversaciones con ambas cámaras, el Senado se había adelantado en el anuncio y que nunca estuvo en su diseño sellar ayer el acuerdo, sobre todo, porque la negociación seguía en curso y porque Interior tenía previsto socializarlo con el comité político y también con los partidos oficialistas, a quienes convocaron a primera hora de esta mañana a La Moneda.

Esto último se hizo justamente luego de que sectores de Apruebo Dignidad le pidieran mayor liderazgo en la definición de la agenda legislativa para contener la crisis de seguridad y mayor coordinación con sus filas.

En la repartición recalcan que el clima político está muy tensionado y que la ministra Tohá buscó contener la presión del Congreso para sellar un pacto sin mantener antes esas conversaciones.

Otras versiones, sin embargo, apuntan a que la secretaria de Estado actuó por su cuenta en esto y terminó abriendo un nuevo flanco con el Legislativo, donde varias bancadas han manifestado su incomodidad por cómo se negoció la lista de proyectos.

La temperatura en La Moneda subió ayer porque el manejo de Tohá en la tramitación Nain-Retamal y tras el asesinato del cabo Daniel Palma ya había incubado incomodidad entre otros frentes. En particular se apunta a las negociaciones que han involucrado recursos del gobierno para los municipios -la lista de las 30 comunas- y que mantiene a los alcaldes en abierta tensión con La Moneda.

Como sea, las tensiones instaladas en el seno del gobierno son tales que se optó porque Tohá y el resto de los ministros se restaran de aparecer en el anuncio con Coloma y Mirosevic a la espera de una conversación formal con los partidos del oficialismo.

Las tratativas que ha liderado la ministra del Interior, Carolina Tohá, en medio de la crisis por seguridad, terminaron por incomodar a sus pares del comité político que el jueves sostuvieron una tensa cita. Los partidos oficialistas, en tanto, dieron un respaldo tibio a la lista de 31 iniciativas consensuadas entre el gobierno y el Legislativo, aunque dejaron el camino despejado para que hoy sellen un pacto. Eso sí, en Palacio siguen afirmando que están en evaluación las iniciativas que se van a viabilizar por parte de La Moneda.

Al ser consultados formalmente por la situación de la agenda de seguridad desde la Segpres indicaron que “el gobierno ha explicitado su decisión de avanzar en una agenda legislativa robusta que dé cuenta de la necesidad de empujar con determinación en la lucha contra la delincuencia. Las conversaciones del Ejecutivo con los presidentes de las cámaras van en esa línea. Existe un acuerdo general sobre el cronograma legislativo pero ese es un proceso que requiere ser participativo y por eso continuamos hoy con reuniones”.

El tibio respaldo oficialista. Esta mañana, a las 8:30 horas, comenzaron a llegar hasta La Moneda los presidentes y dirigentes de los partidos que componen la alianza de gobierno. El encuentro tuvo por objetivo zanjar la postura del Ejecutivo y el oficialismo respecto al anuncio los 31 proyectos, aunque la propia Lobos recalcó a los partidos que estos son titulares y que el fondo de la agenda será materia de diálogo.

Paulina Vodanovic (PS) reveló que en la reunión la ministra Tohá “nos expuso toda una lista de proyectos”. Sin embargo, según admitió, no tiene claro si fueron los 31 proyectos que se acordaron entre la Cámara y el Senado.

“Estamos de acuerdo en que hay que tener una agenda robusta en materia de seguridad, sean 30, 35 o 34. El número no es lo importante, lo relevante es la acción política conjunta de ambos poderes del Estado”, sostuvo la timonel del PS.

En esta línea, el diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social) enfatizó que “vamos a comprometernos como Frente Amplio, como Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, en sacar lo más pronto posible esta agenda”.

Sin embargo, entre los timoneles y representantes de los partidos del oficialismo no hubo respaldo explícito a los proyectos emanados del acuerdo entre las cámaras. Pese a eso -en privado- desde algunos partidos afirman que no tenían margen para quitarle piso al gobierno y sus propuestas en estos momentos.

“Esto es un acuerdo respecto de la priorización de una agenda que es la que va a ser más efectiva para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Trabajaremos para resolver cualquier disenso exista al interior o en la generación de alguno de los proyectos”, afirmó a su salida Natalia Piergentili, presidenta del PPD.

Como sea, entre los asistentes al comité político comentaron cuáles creen que debiesen ser los proyectos prioritarios. Así, Ibáñez dijo que hay “un piso transversal en avanzar en la Defensoría de las Víctimas y en el Ministerio de la Seguridad Pública”, junto con mejorar la fiscalización de las aduanas.

El senador Juan Ignacio Latorre (Revolución Democrática), en tanto, propuso que se debiesen priorizar las Reglas de Uso de la Fuerza, y las “atribuciones con los recursos adecuados para los municipios y gobiernos regionales, también en ámbitos preventivos y en ámbitos de control territorial por parte de los organismos subnacionales”.

“Lo importante es legislar con celeridad, pero bien hecho, no a la rápida, porque son leyes de aplicación permanente y la idea es que después no nos andemos arrepintiendo de las cosas que aprobamos a la rápida en el Congreso Nacional, simplemente por dar una señal política a la galería”, agregó Latorre.

Para limar las asperezas que puedan resultar del acuerdo, entre los partidos de gobierno comentan que se agendó una reunión entre el Ejecutivo, los jefes de bancada y los presidentes de partido del oficialismo.

Pese a que aún hay dudas sobre el lugar, algunos sugieren que podría ocurrir en Cerro Castillo, en Viña del Mar, donde se realizó el último cónclave de la alianza de gobierno, en noviembre del año pasado.

 

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Seguridad y defensa

EL IMPERIO DE LA SEGURIDAD

 

EL IMPERIO DE LA SEGURIDAD

El Mostrador, Editorial, 10/04/2023

La peor amenaza a la gobernabilidad en América Latina, y también en Chile, es el crimen organizado. Y cuando se habla de crimen organizado, no se trata solo de narcotráfico.

Por cierto, el narcotráfico lo es, pero es mucho más que eso: es un foco de delitos y persecución penal compleja. Esto, porque además de implicar bandas violentas, corrupción de las policías, de jueces, asesinatos y barrios liberados, cárceles corrompidas, amén de una pandemia de violencia casi incontrolable, el crimen organizado también es más amplio y sutil.

Implica redes financieras complejas, lavado de activos, uso de sistemas digitales transfronteras, y se infiltra como corrupción en el cuerpo político y social. En su detección es fundamental la investigación financiera, el control de los sistemas de transporte y de comunicaciones digitales. Inteligencia más que fuerza, pues ahí está la información dura también sobre el narcotráfico.

La semana pasada en Chile estuvo marcada por una tensa actividad político-legislativa sobre seguridad policial, y por el tercer asesinato de un carabinero en acto de servicio en menos de un mes. Un antes y un después en la crisis de seguridad que experimenta el país.

A nivel político, decantó una abierta crisis del oficialismo, con acuerdos transversales entre fuerzas opositoras y partidarios del Gobierno, así como una explosión de solidaridad ciudadana con la policía de Carabineros, que estrecha la capacidad de maniobra política oficialista.

La presión social persuadió a las fuerzas del oficialismo y al propio Ejecutivo para concurrir a un acuerdo en el Parlamento sobre modificaciones legales que, si bien no son la solución a los problemas institucionales que agobian al sector seguridad, por lo menos implican un estímulo de confianza en que es posible trabajar juntos y que no es tarde para enmendar.

Pero el país debe abocarse también a una reflexión de más largo plazo que dé certidumbres en la materia. Y ha de imperar la templanza, cualidad esencial que deben exhibir los gestores de política en momentos de crisis, la que induce a actuar con prudencia, moderación y racionalidad, para satisfacer la finalidad del bien público que persigue el Estado, como persona moral que es.

Porque cuando los gobernantes se entregan a la satisfacción de sus intereses individuales, los Estados devienen en fallidos y las instituciones pierden consistencia lógica y legitimidad. Es útil recordarlo, pues el período que se abre pudiera resultar paradigmático para el futuro del país.

El país debe abocarse también a una reflexión de más largo plazo que dé certidumbres en la materia (seguridad). Y ha de imperar la templanza, cualidad esencial que deben exhibir los gestores de política en momentos de crisis, la que induce a actuar con prudencia, moderación y racionalidad, para satisfacer la finalidad del bien público que persigue el Estado, como persona moral que es. Porque cuando los gobernantes se entregan a la satisfacción de sus intereses individuales, los Estados devienen en fallidos y las instituciones pierden consistencia lógica y legitimidad. Es útil recordarlo, pues el período que se abre pudiera resultar paradigmático para el futuro del país.

La valorable disposición de la Hacienda Pública a inyectar importantes recursos financieros para fortalecer el funcionamiento policial y hacer frente a la ola de inseguridad y delincuencia, no debe pasar por alto que a la situación actual no se ha llegado de improviso. Y que no es solo un tema de dotación tecnológica, poder de fuego o cantidad de funcionarios, sino también de diseño y organización, algo que el Alto Mando institucional de Carabineros ha sido renuente a mejorar.

Hace más de diez años que se tiene registro claro sobre el aumento permanente de la violencia y crímenes de sangre en el país, con bandas armadas y sicarios, y nuestra policía de Carabineros sigue actuando prácticamente igual, con los mismos procedimientos de antaño, sin mejorarlos ni adaptarlos.

Por supuesto que esto también es responsabilidad del poder civil –gobiernos sucesivos, de distintos colores políticos–, del cual depende dicha institución.

Un ejemplo: Carabineros aún no tiene entrenamiento táctico SWAT, que es netamente policial (no militar), y que se viene aplicando en casi todo el mundo desde los años 60 del pasado siglo.

Desarrollado primariamente en Los Ángeles (EE. UU.), el enfoque SWAT implica un puente técnico entre la dotación de cercanía y patrullaje, con la operación de alta complejidad que tiene una policía en el Estado moderno. Este enfoque no evita las muertes, riesgo propio de la profesión, pero las disminuye y hace más eficientes a las policías.

Para colmo, en vez de diferenciar las funciones de seguridad policial y militar, el Estado chileno ha insistido el último tiempo en mezclarlas.

Los cambios en los escenarios globales de seguridad, particularmente en lo que se refiere a la acción del crimen organizado, y el amplio desarrollo de delitos complejos en determinados entornos territoriales, o procesos como los migratorios, no pueden enfrentarse eficazmente si no se cuenta con inteligencia estratégica adecuada. Ello afecta la calidad de los medios de fuerza que se selecciona y los diseños de unidades requeridas.

En este mismo momento, aunque suene absurdo, existe una alerta pública respecto a que en los Puertos de Antofagasta, San Antonio y ZEAL de Valparaíso, hay un total de 8 camiones escáner sin operar u obsoletos.

Mientras tanto, la ONU, en un informe anual, ha declarado como puerto rojo por narcotráfico a San Antonio (el cual no tiene ningún escáner operativo).

En el caso de las migraciones, muchos de los delincuentes que las infiltran provienen de países de alta letalidad por acción policial, como Venezuela y Colombia, por lo que se trata de delincuentes avezados en la violencia.

Ello expone tanto a policías sin entrenamiento táctico como a sistemas carcelarios lábiles, basados en el control perimetral de los recintos y no en la segregación y rigurosidad de alta seguridad.

En este contexto, no se entiende si la decisión del Fiscal Nacional de instruir a los fiscales para que soliciten prisión preventiva para extranjeros indocumentados es una medida “para la galería” o, realmente, tiene base técnica y jurídica, y si fue conversada previamente con los ministerios de Justicia y del Interior, así como con el Poder Judicial –surgen muchas más preguntas, por ejemplo: ¿existen lugares de detención adecuados y suficientes? –.

Es verdad que se requieren acciones prontas y concretas (siempre dentro de la legalidad) cuanto antes, pero también se necesita una mirada sistémica, multisectorial, liderada por una autoridad pública responsable, aunque esto lleve algo más de tiempo.

En este escenario, es imprescindible contar con el apoyo de la población civil, pues la policía es parte sustancial en la tutela tradicional de las libertades civiles, como la libertad personal, política, económica y de expresión.

Por lo tanto, las policías no pueden corporativizarse ni en el uso discrecional de sus fondos institucionales ni, menos, en la lesión de espacios fundamentales que están llamadas a defender, como la libertad de prensa e información.

En tal sentido, y no obstante la solidaridad que merece la institución de Carabineros de Chile por las sensibles muertes de miembros de sus filas, este medio no concuerda en absoluto con el exabrupto del general Álex Chaván, que vetó de participar en una conferencia de prensa a una periodista de TV por el mero hecho de haber usado “al aire”, en un evidente lapsus lingüístico, el concepto coloquial “paco” –de lo cual, por lo demás, la profesional se disculpó de inmediato, también “al aire”–.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Seguridad y defensa

LA INTELIGENCIA ESTATAL: UN ASUNTO SERIO

 

LA INTELIGENCIA ESTATAL: UN ASUNTO SERIO

Panorama de Seguridad&Defensa Nº1-2023 ::: “La inteligencia estatal: un asunto serio”

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CIEE ANEPE
Marco de reflexión inicial
No debiese resultar extraño el sentarse a discutir o, al menos, debatir sobre la imperiosa necesidad de contar con estructuras especializadas y personal capacitado en el análisis de información de alto nivel, cuyo propósito sea aportar antecedentes válidos para la toma de decisiones. Si frente a dicho emplazamiento se reconoce que la sociedad global se encuentra transitando por un sinuoso camino que presenta incertidumbres políticas, económicas, sociales y estratégicas, generando un todo que convive en un mundo cada vez menos análogo y más digital, se podría deducir que el postulado es acertado.
En consecuencia, el trabajo se orientará a responder un cuestionamiento sobre qué tan necesario es, para un Estado, contar con estructuras y organismos que se especialicen en el tratamiento de la información, entendido como un proceso analítico, así como contar con equipos operativos de inteligencia y fuerzas especializadas.
Sin duda, que la temática no es nueva y, cada cierto tiempo, surgen cuestionamientos sobre su imperiosa necesidad, así como discutir sobre su real efectividad. ¿Qué tan necesaria es la inteligencia para un Estado?, y ¿Qué utilidad puede otorgarse a la información obtenida?, son algunas de las dudas que se pretende responder.
A fin de sustentar la premisa respecto de los beneficios de contar con estructuras estatales de inteligencia, abordaremos algunos casos que evidencian el virtuosismo provocado por una integración y sincronización de actores políticos y estratégicos para la toma de decisiones.

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional