Dos noticias recientes vuelven a poner en evidencia los problemas de nuestra legislación sobre monumentos nacionales, una normativa que data de 1970 y que hoy parece superada por la realidad.
En Valparaíso, la empresa que tenía a su cargo las obras del Paseo Barón, un proyecto por $18 mil millones que pretende recuperar para la ciudad su borde costero, ha solicitado la resciliación del contrato. Aunque entre las razones aducidas figura el alza en los insumos de la construcción, también ha jugado un papel decisivo el retraso de las obras producto del hallazgo de restos arqueológicos.
Este ha motivado la intervención del Consejo de Monumentos Nacionales para evaluar dichos hallazgos y su protección, lo que en la práctica ha obligado a sucesivas postergaciones del proyecto: adjudicado en 2020, el plan original contemplaba su entrega en junio de este año; sin embargo, el avance alcanza hoy apenas al 20 % y la fecha de conclusión ahora se estima para 2024.
El problema no es nuevo y lo han sufrido antes desde iniciativas de infraestructura carretera hasta hospitales, retrasados en años por la misma situación, originada en las dificultades de una institucionalidad precaria y con recursos limitados.
| Es lamentable que no se asuma la urgencia de modernizar la actual normativa. |
En Castro, en tanto, la comunidad y distintas autoridades locales han expresado su malestar por la declaración de zona típica del casco histórico de la ciudad.
Según la Seremi de las Culturas, la decisión se adoptó para así frenar un proyecto inmobiliario que habría hecho perder la categoría de sitio de patrimonio de la humanidad para el área en torno a la famosa iglesia del lugar. Los vecinos sin embargo reclaman no haber sido consultados respecto de una medida que, temen, al restringir cualquier intervención, signifique deterioro antes que protección para la zona; citan como ejemplo lo ocurrido en la vecina Chonchi a raíz de una declaratoria similar.
Uno y otro caso son en definitiva ejemplos de cómo la actual normativa, en lugar de promover con eficacia la preservación del patrimonio, termina en muchos casos transformándose en una pesada carga que dificulta el desarrollo de obras necesarias para una comunidad o que obliga a algunos ciudadanos a asumir de modo desproporcionado el costo de esa protección.
Es evidente la necesidad de modernizar la institucionalidad, agilizando procedimientos y estableciendo una adecuada estructura de incentivos.
El proyecto de Ley de Patrimonio, en trámite parlamentario desde 2019, procura, entre otros objetivos, hacerse cargo de ello. Aprobado por la Cámara de Diputados en marzo pasado tras intensa discusión, las actuales autoridades anunciaron sin embargo su intención de retirarlo para presentar una nueva iniciativa.
Esto se concretaría luego de desarrollar un proceso de participación ciudadana que se está diseñando y que recién se llevaría a cabo el próximo año. Es lamentable que una materia como esta se aborde bajo una discutible lógica de hoja en blanco y sin un sentido de urgencia que la repetición de casos como el del Paseo Barón o el de Castro muestra que es ya imprescindible.