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REPRESIÓN IMPLACABLE. El Mercurio, Editorial, 12/07/2022

Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Un año después de las inéditas manifestaciones reprimidas brutalmente por el régimen cubano, las dramáticas condiciones de vida que ocasionaron la explosión social no han cambiado, pero sí el ánimo de la población, que no se atreve a conmemorar el aniversario con nuevas protestas.

Miguel Díaz-Canel lo dijo con los clásicos eufemismos de un jerarca comunista: “Si hay algo que conmemorar es la victoria del pueblo cubano y de la Revolución, que desmontaron un golpe de Estado vandálico”.

Como es habitual en esa dictadura, se calla que las precarias condiciones de la isla, que causan malestar, descontento y frustración, no son provocadas por “el imperialismo yanqui”, sino por el desastroso manejo económico de 60 años. Se sigue culpando al bloqueo norteamericano, el que, si bien ha contribuido a las dificultades económicas, no es el verdadero causante de las calamitosas condiciones imperantes.

Este aniversario marca una fecha simbólica de un levantamiento espontáneo en contra de la escasez, la inflación y los cortes de energía que hacían miserable el día a día de la población.

Pero también del clamor por más libertad y menos represión, por “Patria y Vida”, el tema de una canción que cambió el grito revolucionario de muerte por vida y que se transformó en el lema de los valientes que salieron a las calles.

Hoy los cubanos tienen más razones para temer expresar su malestar.

Unos 1.400 detenidos, según organismos de DD.HH., y 488 condenas reconocidas por la fiscalía —algunas hasta por 25 años de cárcel— por sedición, desórdenes públicos, ultraje a símbolos patrios y otros delitos, fueron la respuesta rápida de la dictadura comunista.

El endurecimiento de las penas en un nuevo código civil draconiano contribuye a que ahora los cubanos tengan más temor de expresar el malestar en público.

Por estos días, los ciudadanos fueron advertidos de no repetir la hazaña, con métodos muy disuasivos: cientos de agentes de civil y militares se desplegaron por los barrios el fin de semana, al tiempo que a conocidos disidentes se les ordenó quedarse en sus casas. Otros protagonistas del 11-J están en el exilio forzado, pues debieron irse tras ser amenazados por el régimen.

El éxodo ha sido masivo, el mayor en décadas. Unos 140 mil cubanos fueron detenidos al llegar a EE. UU. entre enero y mayo de este año, más que “los marielitos” de 1980, que fueron 125 mil. Otros cientos han viajado a otros países.

Entre tanto, las condiciones sociales en la isla empeoran. Lo reconoció el propio Díaz-Canel ayer. “Cuba saldrá de la situación compleja”, dijo, pero agregó algo que disipa cualquier esperanza de mejoría: “vamos a salir revolucionando, como lo ha hecho la Revolución en un escenario constante de asedio económico, político e ideológico”. En estas lamentables palabras, una vez más, se desconoce el origen del problema. De nada han servido algunas reformas que intentan abrirse al mercado, pero que mantienen cortapisas insalvables para que un pueblo prospere.

Las ONG humanitarias han denunciado una crisis de derechos humanos aguda. Ayer, Human Rights Watch entregó un informe lapidario, en el que se refiere a los casos más dramáticos de la represión, y pide a los gobiernos de América Latina y Europa que hagan escrutinios más serios sobre las violaciones a los derechos humanos en la isla.

Esto, en momentos en que presidentes como los de México y Argentina defienden al régimen comunista, y el gobierno chileno busca “retomar un buen ritmo de relación” con La Habana.

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PROTECCIÓN PATRIMONIAL. El Mercurio, Editorial, 11/07/2022

Dos noticias recientes vuelven a poner en evidencia los problemas de nuestra legislación sobre monumentos nacionales, una normativa que data de 1970 y que hoy parece superada por la realidad.

En Valparaíso, la empresa que tenía a su cargo las obras del Paseo Barón, un proyecto por $18 mil millones que pretende recuperar para la ciudad su borde costero, ha solicitado la resciliación del contrato. Aunque entre las razones aducidas figura el alza en los insumos de la construcción, también ha jugado un papel decisivo el retraso de las obras producto del hallazgo de restos arqueológicos.

Este ha motivado la intervención del Consejo de Monumentos Nacionales para evaluar dichos hallazgos y su protección, lo que en la práctica ha obligado a sucesivas postergaciones del proyecto: adjudicado en 2020, el plan original contemplaba su entrega en junio de este año; sin embargo, el avance alcanza hoy apenas al 20 % y la fecha de conclusión ahora se estima para 2024.

El problema no es nuevo y lo han sufrido antes desde iniciativas de infraestructura carretera hasta hospitales, retrasados en años por la misma situación, originada en las dificultades de una institucionalidad precaria y con recursos limitados.

Es lamentable que no se asuma la urgencia de modernizar la actual normativa.

En Castro, en tanto, la comunidad y distintas autoridades locales han expresado su malestar por la declaración de zona típica del casco histórico de la ciudad.

Según la Seremi de las Culturas, la decisión se adoptó para así frenar un proyecto inmobiliario que habría hecho perder la categoría de sitio de patrimonio de la humanidad para el área en torno a la famosa iglesia del lugar. Los vecinos sin embargo reclaman no haber sido consultados respecto de una medida que, temen, al restringir cualquier intervención, signifique deterioro antes que protección para la zona; citan como ejemplo lo ocurrido en la vecina Chonchi a raíz de una declaratoria similar.

Uno y otro caso son en definitiva ejemplos de cómo la actual normativa, en lugar de promover con eficacia la preservación del patrimonio, termina en muchos casos transformándose en una pesada carga que dificulta el desarrollo de obras necesarias para una comunidad o que obliga a algunos ciudadanos a asumir de modo desproporcionado el costo de esa protección.

Es evidente la necesidad de modernizar la institucionalidad, agilizando procedimientos y estableciendo una adecuada estructura de incentivos.

El proyecto de Ley de Patrimonio, en trámite parlamentario desde 2019, procura, entre otros objetivos, hacerse cargo de ello. Aprobado por la Cámara de Diputados en marzo pasado tras intensa discusión, las actuales autoridades anunciaron sin embargo su intención de retirarlo para presentar una nueva iniciativa.

Esto se concretaría luego de desarrollar un proceso de participación ciudadana que se está diseñando y que recién se llevaría a cabo el próximo año. Es lamentable que una materia como esta se aborde bajo una discutible lógica de hoja en blanco y sin un sentido de urgencia que la repetición de casos como el del Paseo Barón o el de Castro muestra que es ya imprescindible.

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¿PAUTEANDO AL BANCO CENTRAL? SIN DESESPERARSE Sebastián Izquierdo La Tercera, 11/07/2022

¿PAUTEANDO AL BANCO CENTRAL? SIN DESESPERARSE

Sebastián Izquierdo

La Tercera, 11/07/2022

La semana pasada ocurrió lo impensable: el dólar llegó a mil pesos.

Con razón, esta situación se ha convertido en una preocupación para el Presidente Gabriel Boric, quien está viendo con inquietud cómo las consecuencias del alza y el problema inflacionario se están haciendo sentir en el bolsillo de los chilenos, a tan solo dos meses del plebiscito.

La aprobación del gobierno y su opción respecto de dichos comicios se encuentran por el suelo. El pesimismo se ha instalado en La Moneda, y con él, las respuestas desesperadas.

El ministro de Hacienda, tras observar con frustración que su anuncio de venta de 5.000 millones de dólares no hizo nada al tipo de cambio, solicitó por la prensa un “diagnóstico de la situación” a la institución que lideró hasta hace solo 4 meses: el Banco Central (BC).

Dicha intromisión no quedó ahí, pues luego la vocera de gobierno instruyó indebidamente al organismo a “tomar medidas”, lo que fue reforzado por el ministro de Economía tras preguntar públicamente cuál sería la estrategia del BC respecto de la escalada del dólar.

Las alarmas en el mundo de la economía se prendieron rápidamente, llevando a las autoridades a desdecirse: Vallejo se disculpó por el espacio a la mala interpretación, al no haber querido dar a entender que se quería pasar a llevar la autonomía de dicha institución, y Marcel, advirtiendo que “hay ciertos actores y autoridades que no están tan familiarizadas con los temas económicos”, desacreditó a la titular de la Segegob, encendiendo las trincheras de Apruebo Dignidad, principalmente en los dirigentes comunistas que han sido críticos con la orientación de Hacienda.

Con este telón de fondo, la inflación galopante sigue presente. La evidencia es enfática en el valor que tiene el hecho de que los bancos centrales sean autónomos, sobre todo de los gobiernos de turno, para que puedan lograr un buen manejo monetario en favor de la estabilidad macroeconómica y controlar la inflación –“impuesto regresivo” que afecta directamente a los más vulnerables, pues devora sus sueldos y ahorros-.

En vez de pautear el quehacer de un organismo cuya independencia hay que respetar, el Ejecutivo debiese destinar sus esfuerzos respecto de los problemas de fondo que afectan a nuestra economía y, así, fortalecer nuestra debilitada moneda.

Se advirtió que el exceso de gasto fiscal y los retiros producirían inflación, a oídos sordos de muchos del oficialismo. Hoy, se debe trabajar en aquellas ayudas dirigidas a las familias golpeadas por dicho fenómeno, no solo con la preocupación técnica de no generar un exceso de liquidez, sino que con la prudencia que amerita una elección libre de intervencionismo.

Así, y a propósito de la propuesta constitucional, estamos ante un buen ejercicio de evaluación sobre la robustez de la autonomía del BC, que pone en duda la definición de objetivos más diversos en el nuevo texto, pues las tentaciones a más escrutinios indebidos podrían ser recurrentes.

No por nada decimos “zapatero a tus zapatos”: dejemos que el BC haga lo suyo y el gobierno se encargue de lo que le corresponde (sin desesperarse).