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                                    Punta Peuco e igualdad ante la ley

  Los exmiembros de la FF.AA. y de la Fuerzas de Orden y Seguridad Pública prisioneros en los diversos penales del país deben ser dejados en libertad o, en su defecto, en libertad condicional.

            Lo antedicho debido a que sus sentencias condenatorias adolecen de un vicio de nulidad por inconstitucionalidad porque vulneran las garantías constitucionales de igualdad ante la ley (al habérseles aplicado un sistema procesal penal distinto al de los demás habitantes del territorio nacional) y de un debido proceso (al habérseles aplicado un sistema procesal penal inquisitivo).

            Tal nulidad debería ser declarada, a petición de parte, mediante sendos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 483 del Código Procesal Penal, que permite la coexistencia de dos sistemas procesales penales diferentes (de dos clases distintas de justicia) en virtud del artículo 93 Nº 6 de la Constitución Política de la República.

            Al respecto es preciso hacer presente que el propio Tribunal Constitucional ha declarado que la referida coexistencia solo estaba permitida durante el lapso que tomó la entrada en vigor —en forma gradual en las diversas regiones del país— de la reforma procesal penal (entre el 16.12.2000 y el 16.06.2005) a fin de salvar la inconstitucionalidad que significaba el que en unas regiones se aplicara el sistema antiguo y en otras el nuevo (sentencia Rol T.C. 2991-16-INA, 14 marzo 2017, considerando 4º).

Tal coexistencia fue permitida por el inciso segundo de la actual disposición constitucional octava transitoria. Sin embargo, cuando el nuevo sistema procesal penal entró en pleno vigor en todas las regiones del país —el 16 de junio de 2005— tal disposición perdió su ratio legis (razón de la ley) y quedó tácitamente derogada.

            En los países civilizados del mundo basta acreditar que una sentencia fue dictada vulnerando las normas de un debido proceso para que sea declarada nula.

                                           Atentamente le saluda.

                                           Adolfo Paúl Latorre

   Autor del libro

  La disposición constitucional octava transitoria es inconstitucional.

Viña del Mar, 10 de junio de 2025.

Imagen: Unidad de Currículum y Evaluación
Ministerio de Educación

                                                                             UNA SESGADA APLICACIÓN DE LA IGUALDAD ANTE LA LEY

Humberto Julio Reyes

En Chile, nuestra querida Patria, estamos habituados a escuchar y usar repetidamente, tres conceptos:

Igualdad antes la ley, caiga quien caiga y hasta las últimas consecuencias.

En la práctica ellos son de aplicación bastante relativa, como es en el caso de la reciente medida anunciada en la última cuenta pública del presidente Boric de transformar el penal de Punta Peuco en un penal común, sin importar que las razones y condiciones que llevaron a su creación no hayan cambiado.

Días después, el ministro de justicia contestó en un matinal de televisión diversas preguntas relativas a cómo se procederá para cumplir la voluntad del presidente, dentro del tiempo que le resta en el cargo.

En dichas respuestas apareció el corolario al principio de la igualdad ante la ley: en Chile no hay privilegios.

Eso está muy bien, dirá cualquiera a quien el anuncio no le despierte mayor inquietud o no tenga posición asumida al respecto.

Pero, lo que queda en el olvido, es que quienes cumplen penas en ese recinto están justamente ahí por haber sido procesados y condenados mediante un sistema procesal que ya no rige para el resto de sus compatriotas.

¡Vaya privilegio!

Se cumplen ya 30 años desde que el ejecutivo enviara al Congreso el proyecto de reforma procesal penal que terminaría con el que regía hace un siglo, hoy 130 años, y que no otorgaba garantía alguna al procesado.

Pero, en la letra chica estaba la trampa que se ha mantenido exclusivamente para las causas de derechos humanos, permitiendo burlar la prescripción.

Así, en aras de la igualdad no cabría otra cosa que anunciar que los tribunales deberán proceder a aplicar la reforma procesal penal sin exclusiones.

También para respetar dicha igualdad, gendarmería debería otorgar o proponer, según corresponda, los beneficios intrapenitenciarios de los cuales no disfrutan quienes han sido condenados por delitos comunes en causas de derechos humanos.

¿Sería mucho pedir?

No me parece, aunque sí es mucho esperar de parte de quien, como bien lo insinúa en una notable columna, don Sergio Muñoz Riveros, parece haber buscado una forma adicional de castigar a quienes, con avanzada edad y deteriorada salud, cumplen íntegramente largas condenas impuestas en sentencias de jueces prevaricadores.

Esta carta fue respaldada por don Leonidas Montes bajo el título “Humanidad y consistencia”, que recuerda lo más fundamental en derechos humanos y que está ausente en la decisión presidencial.

No me detengo a analizar las posibles motivaciones que otros columnistas asocian a la contienda electoral, para allegar votos a los candidatos oficialistas y, de paso, “sacar al pizarrón” a los de oposición. Aquí todo vale.

Imposible no recordar, nuevamente, lo expresado por otro lector: el presidente refleja la satisfacción del niño que sabe que ha cometido una maldad.

7 de junio de 2025

                                                         Estoy de acuerdo con cerrar Punta Peuco

Sr. Director:

            Estoy de acuerdo con cerrar el penal de Punta Peuco una vez que sean liberados o dejados en libertad condicional todos los militares que están privados de libertad en ese penal.

            Ello porque: a) los procesos seguidos en su contra adolecen de nulidad por un vicio de inconstitucionalidad, al haberles sido vulneradas las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y del debido proceso; b) todos fueron condenados por sentencias dictadas contra leyes expresas y vigentes, tales como la de amnistía y las normas relativas a la prescripción de la acción penal; c) ninguno de ellos está condenado por un delito de lesa humanidad; todos lo están por delitos comunes, que prescriben; d) prácticamente todos ellos son inocentes y están condenados por un delito imaginario, como lo es el denominado “secuestro permanente”; un delito que no han cometido; una ficción jurídica; una fantasía discurrida por jueces que buscan condenarlos sea como sea.

                          Atentamente le saluda.

                                         Adolfo  Paúl  Latorre

                                     Abogado

Viña del Mar, 4 de junio de 2024.