SON LAS LEYES, NO LAS REGLAS.
Humberto Julio Reyes
Un segundo y reciente grave incidente en que se roba armamento desde un recinto militar custodiado, como debe ser, por una guardia armada, me motivó a superar mi habitual reticencia a comentar temas referidos a nuestras fuerzas armadas.
Más allá de la información que ha trascendido a la opinión pública, lo afortunadamente inusual del incidente, ha llevado a que se formulen todo tipo de críticas a la aparente ausencia de reacción de dicha guardia y se especule al respecto.
En mi caso, esperaré el resultado de las investigaciones que se llevan a cabo antes de emitir juicio alguno, pero, como más de alguien ha formulado una pregunta que podría ser legítima, en relación con los protocolos que debiera seguir una guardia militar o si acaso las reglas de uso de la fuerza (RUF), término de moda, garantizan una reacción adecuada en casos como éste, quise compartir con usted, estimado lector, algunas reflexiones y conclusiones muy personales.
Entrando en materia, fue una opinión que ha circulado en las redes sociales, donde se recordaban las modificaciones introducidas en el Código de Justicia Militar, que dejaron en manos de la justicia civil todo incidente en que pudiera existir la participación de civiles, lo que fatalmente conduce a que quien haga uso de arma, sin importar si lo hizo acatando órdenes de autoridad legítima y cumpliendo debidamente los protocolos (ver caso Jordán Llempi), sea procesado y deba defenderse como simple particular, arriesgando eventualmente la pérdida de su profesión y la prisión efectiva, como a algunos ya les ha ocurrido.
¡Vaya con el disuasivo a cumplir con el deber!
Como esto pudiera parecer absurdo, kafkiano diría un siútico, es útil recordar que dichas modificaciones, al igual que la reforma procesal penal, fueron aprobadas en un ambiente favorable a evitar la repetición de cualquier forma de abuso a los derechos humanos, laudable propósito, pero, como todo aquello que se discute “en caliente” en nuestro Parlamento, se pierde el necesario equilibrio entre quienes no respetan el orden establecido y los que deben asegurarlo, en beneficio de los primeros.
Ejemplos parecidos sobran, especialmente de malas reformas, como lo fue terminar con el binominal al que se le atribuía ser la fuente de todos los males de nuestra democracia.
Pero, volvamos al inicio de esta columna.
Casi coincidiendo con esta mala noticia hoy nos enteramos que la comisión respectiva del Senado, aprobó las largamente debatidas reglas de uso de la fuerza, y aunque se reconoce que están pendientes dos temas no resueltos, a saber “las eximentes de responsabilidad penal y la competencia de la Justicia Militar”, las ocho reglas ya aprobadas permiten apreciar que están redactadas para garantizar la inmunidad de quien atente contra el orden y no de quien lo resguarde. Quien tenga la intención de delinquir puede tener una relativa tranquilidad ya que será muy improbable que alguien use las armas para evitarlo.
Eso me lleva a recordar que el empleo de las fuerzas armadas, en situaciones de orden interior, debe ser el último recurso a emplear por el gobierno, cuando las policías son superadas en sus capacidades, luego, ¿qué sentido tiene someterlas a tales restricciones como para tornarlas inefectivas?
Ni qué decir si ello termina aplicándose incluso para la defensa de sus propias instalaciones.
Serían unos espantapájaros, como lo indicó un senador miembro de la comisión y lo ha mencionado repetidamente en sus escritos el abogado Adolfo Paúl.
Resumiendo, se podrá seguir discutiendo cómo contar con reglas adecuadas, pero el problema está en las leyes vigentes, en particular el Código de Justicia Militar.
Por ello y recordando la manida frase “es la economía…”, pensé titular esta columna “es la ley…”, pero ello podría haber parecido ofensivo.
5 de mar. de 25
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