DÉJÀ VU
Pilar Molina – El Líbero, 26 octubre, 2024
Esto es algo que se repite con cada crisis del Gobierno. Versiones sucesivas y contradictorias crean la impresión que esconden la verdad, provocando total escepticismo y desconfianza.
Es lo que ocurrió en el caso de los indultos que concedió Gabriel Boric a presos por delitos cometidos en el estallido del 18 O, justificando que eran “jóvenes que no son delincuentes”. Hasta hoy no está claro si el Presidente, al tomar la decisión, contaba con todos los antecedente e ignoraba que varios tenían prontuario y condenas previas a octubre de 2019.
| La falta de credibilidad de La Moneda convierte en crisis mayores cada nuevo problema que se le presenta. |
Un ministro, la vocera Vallejo, aseguró que no, mientras que el titular de Justicia dijo que sí. Hasta hoy el Mandatario elude precisar su responsabilidad repitiendo cada vez “ya respondí la pregunta”.
Nunca pudimos tampoco datar, entre versiones 1, 2 y 3, cuándo se supo en La Moneda que había irregularidades en convenios firmados por el seremi de Antofagasta con la Fundación Democracia Viva, vinculada a RD y la pareja de la diputada de ese partido Catalina Pérez.
El hecho, revelado por el medio digital Timeline en junio de 2023, destapó una cascada de convenios irregulares a lo largo de todo el país, cuya investigación avanza a paso de tortuga. El Presidente se enredó respecto a cuánto antes que la prensa estallara el caso había tomado conocimiento de lo que ocurría, en medio de contradicciones entre las autoridades de la época.
Se repite la duda ahora, con las versiones sobre la denuncia de una funcionaria contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve. El exdiputado socialista, la cara más visible responsable de la seguridad de Chile, fue denunciado por violación, abuso sexual e infringir la ley de inteligencia, invocándola para asuntos personales.
“Ya he respondido esa pregunta”, repitió tres veces la ministra del Interior, Carolina Tohá. Es que la credibilidad está perforada y no sólo frente a la oposición, sino que también han volado plumas y gallos en el oficialismo.
Cada día hay nuevas versiones y aclaraciones respecto a la anterior o lo que dijo otra autoridad en los más diversos temas:
¿el Ejecutivo recibió la información parcial o completa de la PDI sobre la investigación contra el subsecretario? (Tohá aseveró ambas cosas, sucesivamente, y también se contradijo con la cabeza de la PDI, Eduardo Cerna).
Monsalve, después de admitir la situación con el Presidente la tarde del martes 15, ¿se fue al día siguiente al Bio Bío a informar a su familia (según Tohá) o se usó el miércoles para recabar más información (Boric)?.
¿le transmitió la ministra al Mandatario que la PDI le había informado que Monsalve, abusando de la ley de inteligencia, había pedido a la policía revisar las cámaras del restorán y del hotel donde el exsubsecretario cometió el delito la noche del domingo 22 de septiembre, o el Presidente lo oyó por primera vez de su excolaborador, como lo sostuvo, convirtiéndose en “testigo de oídas”?
Y suma y sigue, las incógnitas se multiplican: ¿era correcto que el imputado usara el avión policial para volver de Concepción a Santiago, como señaló el ministro de Justicia, Luis Cordero, o fue irregular, como afirmó su par Antonia Orellana?
¿no hubo alteración de la prueba con la intervención en las cámaras por orden de Monsalve, como sostuvo Cordero, o presumiblemente la hubo, como consignó la Fiscalía?
El corazón de las contradicciones es que en La Moneda creyeron que podrían postergar la revelación de la denuncia hasta después de las elecciones de este fin de semana, mientras se sobaban las manos con el impacto del caso Audio sobre los resultados electorales en la derecha. Y hoy no pueden explicar por qué callaron cuando el martes 15 el director de la PDI le informó a la titular de Interior que investigaban al funcionario por la denuncia presentada el lunes 14.
En ese momento ella encapsula la información con el Presidente, quien se reúne ese mismo día con el acusado en La Moneda. Y en vez de alejarlo del Gobierno, le permite viajar al sur y cuando regresa el jueves, participa a media mañana en una discusión sobre el presupuesto 2025 de seguridad en el Congreso y tiene agendada una pauta para las 4 de la tarde de ese día con el Presidente y otras altas autoridades en el palacio.
Porque no pensaban revelarlo es que no aplicaron de inmediato la ley Karin, en vigencia desde agosto, con la excusa que no había una denuncia, cuando el Estado no la requiere para actuar frente a una violación. Esa ley establece la protección inmediata de la víctima, pero tampoco se la dieron.
El vespertino La Segunda desordena los planes oficiales al publicar la noticia sobre la investigación y comienza el baile de máscaras que no cesa. El que le agregó más fuego fue el propio Presidente con la locura de la conferencia de prensa de 53 minutos que dio el viernes 18. Pretendió salvarse solo, mostrándose como totalmente transparente, pero, en vez, se hundió solo porque abrió nuevas incógnitas que es probable nunca despeje.
Sólo al darse cuenta de que la credibilidad oficial se hunde más y más, nuevamente auto asignado como vocero, el Presidente buscó encapsular la responsabilidad en su exsubsecretario, al que le permitió antes renunciar en La Moneda y alegando su inocencia.
Y lo más importante, hizo un giro respecto a la víctima. El jueves último, en San Joaquín, a nueve días de haber recibido la denuncia de Monsalve, atinó a decir que “nuestro deber es creerle y yo le creo” (a ella). Pero el viernes anterior había relativizado la gravedad de la acusación por violación, señalando que “si alguien bebe más de la cuenta… es responsabilidad propia” y asegurando, entre otras cosas, que “una denuncia no presume la culpabilidad” o que “acá ni siquiera hay una formalización y no sabemos el contenido de la denuncia”.
El jueves pasado, en cambio, empatizó con la víctima frente a un delito tan grande donde es “inimaginable lo que debe haber pasado para tomar la decisión de denunciar, más aún contra alguien que ostenta más poder”.
Pero no puede explicar hoy por qué no le pidió la renuncia nueve días antes y le permitió a él dejar el gobierno. Y por qué tuvo una gentileza con el imputado (permitirle viajar donde su familia) que no tuvo para proteger a su víctima.
Es más, no requería formarse la convicción del delito para apartar de inmediato del Gobierno “feminista” al subsecretario, por haber establecido una relación abusiva, en el menor de los casos, con una subordinada; por haber bebido en exceso la fatídica noche del 22 de septiembre y haber incumplido su obligación de presentarse al día siguiente lunes, a dar la cuenta al país de los 37 homicidios ocurridos en el largo feriado del 18 de septiembre, balance que le correspondía hacer como ministro del Interior subrogante.
No pueden explicar el Mandatario y Tohá cómo callaron cuando se han ido conociendo nuevos antecedentes, como que Monsalve movilizó a su subordinada a trabajar al edificio de La Moneda, le subió el sueldo después de darle un beso no consentido tras haberla citado en una ocasión anterior a comer; que había usado su poder para invocar la ley de inteligencia con el propósito que la intimidaran policías de la PDI y ordenar intervenir las cámaras antes incluso que la mujer presentara la denuncia.
Y aún nos falta mucho por conocer: todo lo que ocurrió en los 22 días entre la noche del 22 de septiembre y el día 14 de octubre cuando la víctima del “gobierno feminista” presenta la denuncia y esta semana, una querella. Pero la versión oficial de los hechos ya perdió toda credibilidad para poder explicarlos.
Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
