Autor: FJDM-C

“INCREMENTARON EL VALOR EN CASI $ 5 MIL MILLONES”: ASOCIACIÓN DE TASADORES CRITICA TRABAJO DE PERITOS CONTRATADOS POR HASSLER EN EL CASO DE EXCLÍNICA SIERRA BELLA

Catalina Batarce y Israel Durán

La Tercera PM, 17/02/2023

La compra de la exclínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago sigue dando que hablar. Pues ahora, conocida la defensa que esgrimió el equipo de la alcaldesa Irací Hassler ante la Contraloría, donde relevaron el rol de los peritos que valorizaron el inmueble, la Asociación de Tasadores de Chile (Asatch) salió a cuestionar la tasación y la fórmula que siguieron los profesionales para completar la labor encomendada.

Como sostuvo en conversación con La Tercera PM el presidente de la entidad, Teodosio Cayo, en medio de la compra se estaría incrementando el valor del suelo sin justificación.

“Al revisar las tasaciones quedan muchas dudas del procedimiento realizado. Primero, porque las tasaciones con que se está justificando esta compra no cumplen ni se ajustan a lo que establece la norma chilena vigente. No cumplen con algo tan básico como es definir adecuadamente el mecanismo de valoración acorde a los principios que sustentan el valor y los enfoques que establece la norma. Por lo tanto, las descripciones del trabajo no son consistentes con los cálculos realizados” manifestó el profesional.

Como explicó, la tasación del inmueble en cuestión parte de la base de que es un terreno para desarrollo inmobiliario, con lo que debería tomarse “el valor como un todo”, según detalló.

Sin embargo, a eso se le sumó construcciones y costos de reposición sin sustento, lo que permitió -como indicó- “incrementar el valor del suelo en casi cinco mil millones de pesos sin justificación”.

“Desconocemos cómo fue el proceso de contratación de estos profesionales, pero si uno hace una tasación de acuerdo a la norma chilena e internacional, estas debiesen tener el sustento adecuado, lo que acá no existe. Si se mira el valor del suelo como un todo, ese debería ser el valor de la clínica, pero que a eso le hayan agregado cinco mil millones por valores de reposición sin justificación no es entendible. Adicionalmente, los referentes que usan para valorar el suelo, están sin homologación ni ajuste. De hecho, yo revisé una de las referencias que se usa y está a seis kilómetros del lugar del inmueble”, complementó Cayo.

Dada la situación, el presidente de Asatch concluye: “Las instituciones que solicitan los informes -en este caso el municipio- no están pidiendo que los mismos se ajusten a la norma; que los profesionales que hacen las tasaciones no consta que cuenten con capacitaciones vigentes; que los profesionales o las empresas a las que prestan servicios no cuentan con la certificación que corresponde; y que estas personas no están al alero de una regulación ética profesional como la que tenemos en Asatch”.

A pesar de que la alcaldesa Irací Hassler ha defendido las labores realizadas por el municipio para la adquisición del inmueble, el presidente de Asatch, Teodosio Cayo, aseguró que debieron haber hecho una revisión más exhaustiva de las labores de los profesionales que contrataron, ya que, a juicio del organismo, no se respetaron las exigencias de la ley. El profesional puso en tela de juicio una de las principales defensas de la alcaldesa, que es la idoneidad de la valoración del cuestionado inmueble.

¿Quiénes tasaron la clínica? Tras el cuestionado monto de adquisición, como quedó de manifiesto en las contestaciones que ha hecho Santiago a Contraloría, hay dos arquitectas y un arquitecto: Mylena Cárcamo Valencia, María José Sepúlveda y Patricio Gajardo Rocha.

Cárcamo se tituló como arquitecta en 2012 en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), actualmente trabaja como tasadora en la empresa privada Tinsa S.A., donde ha realizado aproximadamente 236 tasaciones según su Currículum. Además, ha trabajado en proyectos en las municipalidades de Paine y La Granja.

El 13 de diciembre de 2022 entregó su tasación de Sierra Bella a la municipalidad, indicando que el valor de compra debía ser de 232.842,2 UF.

Por otro lado, María José Sepúlveda hizo entrega de su informe el 14 de diciembre del año pasado, tasando la clínica en 234.248,00 UF. Ella tiene 38 años, se tituló el 2017 en la Universidad de Chile y actualmente elabora informes de tasaciones bancarias para BCI y el Banco de Chile desde la consultora Karvic, y cumple funciones en Colliers, EGIS Alegría y construcción Felipe Durandeau.

Respecto de ella, además, se destaca que cuenta con un diplomado de tasación inmobiliaria de la PUC, y que anteriormente se desempeñó como tasadora en las cortes de Antofagasta, Valparaíso y Valdivia.

A las dos profesionales se suma Patricio Gajardo Rocha, quien tiene 55 años y se tituló de arquitectura en 1995 en la Universidad de Chile, donde se desempeña como coordinador en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Además, trabaja como perito judicial en la Corte de Apelaciones de Santiago y Talca y en el Avance Hospitales Red Maule y Constitución. En esta ocasión, Gajardo valorizó la exclínica en 235.600.00 UF.

Así las cosas, en la respuesta de la alcaldesa Hassler ante Contraloría, se argumenta que los profesionales elegidos para realizar las tasaciones de Sierra Bella cuentan con la experiencia necesaria para hacer una valoración correspondiente del inmueble: “Estos profesionales han acreditado expertiz, tanto en el desarrollo profesional y laboral como en el diseño de estudios de inmuebles, tanto en bancos, cortes superiores de Justicia y órganos de la Administración del Estado y en algunos casos con varias décadas de esta actividad, cumpliendo con ello los requisitos establecidos por el legislador para la realización de la mentada tarea”, se lee en el documento.

Pese a esto, para el presidente de la asociación de tasadores, el trabajo que desarrollaron en esta oportunidad “carece de las formalidades que exigen las normas nacionales e internacionales”.

Más allá de las dudas. Pese a los cuestionamientos, de acuerdo con lo expuesto por la concejala Virginia Palma (PC), los profesionales contratados por el municipio cumplirían con todos los requisitos para desempeñarse. “Poner en duda el profesionalismo de los tasadores con trayectoria, con estudios, personas capacitadas para hacer este tipo de trabajos es gravísimo. Han tenido una exposición pública gratuita y en un tenor que siempre tratan de vincular a algo irregular”, comentó.

“Son personas de alto nivel profesional, que quién podría llegar a cuestionarlos desde el nivel profesional, incluso si vamos más allá, yo he llegado a revisar más antecedentes de otras cosas que han hecho y tienen vínculos bastante importantes con lo social. Creo que es una vergüenza que se esté llegando a tal punto de querer frenar esto que hasta personas terceras involucradas que serían los profesionales tasadores estén cayendo en esta sobreexposición y cuestionamientos que los están inventando para desprestigiar esta compraventa”, agregó.

Por su parte, el concejal Santiago Mekis (RN), expresó: “Acá lo importante es explicar si existe o no un sobreprecio en la compra de la exclínica Sierra Bella, por eso hemos pedido revisiones en el concejo y en la Contraloría. Debieron hacerse tasaciones por alguna entienda bancaria y del Ministerio de Bienes Nacionales, y si se encuentra alguna irregularidades, hay que suspender la compra”.

Desde el municipio, en tanto, insistieron en que “las tasaciones fueron efectuadas por profesionales de vasta y reconocida trayectoria, con total apego a lo que establece la normativa para este tipo de procedimientos, lo que permitió establecer el valor comercial promedio del inmueble para que el municipio pudiera hacer una oferta por la propiedad, por un monto inferior a lo requerido por su dueño”.

“El promedio de las 3 tasaciones solicitadas por el municipio corresponde a UF 234.230.333 y la oferta enviada a la empresa fue de UF 234.124.000, la que se realizó el 26 de diciembre y fue aceptada al día siguiente”, agregaron.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones consideradas en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

¿CUÁNTO VALE EL JUICIO SQM? DOS FISCALES EXCLUSIVAS CON MÁS DE $ 1.200 MILLONES EN SUELDOS Y VIÁTICOS EN 10 AÑOS

José Carvajal Vega

La Tercera PM, 17/02/2023

“Detrás mío hay 10 fiscales con dedicación exclusiva, con altísimos sueldos (…). Son fiscales de Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, donde hay problemas de delincuencia y narcotráfico, son fiscales que han pospuesto esto sin parar”.

La frase es de Marco Enríquez-Ominami -imputado en la causa- durante el frustrado y postergado inicio del juicio oral del caso SQM a comienzos de febrero.

Este lunes comenzó finalmente el juicio que se espera se extienda por los próximos dos años y que ha generado cuestionamientos de las defensas de los imputados por los recursos destinados a este proceso. Esto, porque la fiscalía cuenta con dos fiscales con dedicación exclusiva, lo que generaría en total un gasto superior a los $1.500 millones para el Ministerio Público.

El inicio del juicio por el caso de supuesto financiamiento ilegal de la política estaba fijado para el 1 de febrero. Sin embargo, debido a la falta del auto de apertura (el texto que envía el juzgado de garantía al tribunal con los antecedentes de la causa) hizo que se postergara, una vez más, la recta final del caso que se inició el 2015, como una arista derivada del caso Penta.

Lo anterior derivó en la intervención de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien ofició al tercer Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago para que el juicio iniciara el día 13 de febrero, lo que finalmente ocurrió.

Además de eso ordenó un sumario para determinar las responsabilidades de los jueces de primera instancia por la postergación del juzgamiento de los imputados, entre los que se encuentra el exministro Pablo Longueira, además del excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami.

La fiscalía pide 818 de cárcel y multas para el exmilitante de la UDI, mientras que para el fundador del PRO el Ministerio Público solicita cuatro años de cárcel. Ninguno de ellos arriesga pena efectiva de cárcel.

El largo tiempo de tramitación de esta causa ha generado un fuego cruzado entre los imputados -junto a sus defensas- y el Ministerio Público.

Joanna Heskia, abogada de Longueira, asegura que los recursos que se han destinados para seguir esta causa, de parte de la fiscalía, le parece “un gasto completamente excesivo, no solo desde la perspectiva de la cantidad de fiscales y abogados asistentes involucrados, peritajes, policías y tiempos de jueces y audiencias, sino que por temas de proporcionalidad”. Esto, porque según explica, “las penas requeridas son bajas y, además, respecto a los delitos tributarios, ya existe un precedente de la Corte Suprema de que, así como se dieron, las conductas no son constitutivas de delito. Y a esto sumar la cantidad de abogados del Estado, CDE y SII”.

Tras el fracasado inicio del juicio el 1 de febrero, la fiscal Claudia Perivancich sostuvo que “nosotros no hemos hecho sino lo indispensable para poder avanzar en el procedimiento, a diferencia de lo que han hecho las defensas, controvirtiendo incluso los antecedentes de la acusación, pidiendo que volviéramos a entregarle copias de los antecedentes que ya tenían, pidiendo foliar una carpeta que ya tenían, obstando a que se iniciaran las audiencias de forma remota, en todos aquellos casos”.

La causa por el caso SQM en algún momento llegó a tener 180 personas investigadas por la fiscalía. Desde entonces, algunas han sido sobreseídas y en el transcurso de este tiempo 10 personas han sido condenadas. A la etapa final del caso llegan ocho imputados, entre los que se encuentra MEO y Longueira.

Este lunes, y tras ocho años de investigación, comenzó el juicio oral del caso SQM, en que se persigue el presunto financiamiento irregular de la política y cohecho. Esta etapa se espera que se extienda por dos años, lo que ha generado cuestionamientos desde la defensa de los imputados. Esto, porque en la causa existen dos fiscales con dedicación exclusiva desde hace ocho años y que estarán 100% dedicadas a esta causa por otros dos. Todo aquello tiene un gasto proyectado superior a los mil millones de pesos a lo largo de la década que durará esta indagatoria, en que ninguno de los imputados arriesga pena efectiva de cárcel. Abogados acusan desproporción y gasto innecesario del Estado.

El costo para la fiscalía. Para esta causa, según información solicitada a través de Transparencia a la cual tuvo acceso La Tercera PM, existen dos fiscales con dedicación exclusiva a esta causa. La primera de ellas es la fiscal Carmen Gloria Segura, quien asumió esta labor en abril del 2015.

Por su trabajo y según el grado que mantiene al interior del Ministerio Público, Segura recibe un sueldo mensual de $ 5.994.456. Considerando que el juicio se extendería hasta febrero de 2025, la fiscal dedicaría 118 meses al interior de la fiscalía a realizar esta investigación, lo que equivale a un total de $ 707.345.808, sin considerar los reajustes salariales que habría en este periodo.

En ese mismo rol también está la fiscal Paola Castiglione, quien percibe una renta mensual de $ 4.645.184 por su labor en la fiscalía, la cual desde enero de 2016 es perseguir de manera exclusiva la arista de SQM.

Considerando el tiempo que faltaría, Castiglione pasaría en total 109 meses de trabajo dedicada a este caso, lo que significaría un costo de $ 506.325.056 de parte del Ministerio Público.

En total de sueldos entre ambas fiscales exclusivas, suma $ 1.213.670.864 en los 10 años que duraría el caso.

A juicio del abogado defensor de Patricio Contesse, Samuel Donoso, “esta defensa ha estado disponible para un juicio abreviado que ahorraría mucho dinero al Estado, lo que es razonable, más aún si mi representado tiene la pena cumplida, el castigo ya ha sido más que suficiente para un hombre de 72 años. No obstante, ello la fiscalía ha incurrido en un derroche de recursos del estado brutal (…) El 1 de febrero había cerca de 10 fiscales de Valparaíso en la sala, incluida la fiscal regional, ¿Quién atendía a las víctimas en Valparaíso? ¿O allá no hay delincuencia?”.

Desde la Fiscalía Nacional señalaron a La Tercera PM que el Ministerio Público “trabaja con el mayor sentido de responsabilidad en el uso de los recursos. Los actos de corrupción agreden y amenazan la democracia. La persecución penal en esta materia trasciende al perjuicio fiscal que la comisión de estos delitos puede haber originado”.

El abogado penalista y académico de Derecho de la UDP Mauricio Duce explica que es posible que en casos complejos las causas tomen mucho tiempo, aunque 10 años -a su juicio- da cuenta de cierta deficiencia, aunque en ese periodo de todas maneras debe considerarse la pandemia y consigo la postergación de las audiencias.

De todas maneras, explica que estamos frente a un caso de “alta connotación pública y extremadamente sensible (…) y por tanto todos los sistemas jurídicos, aun cuando en casos de este tipo se arriesguen penas bajas, van a hacer esfuerzos para invertir recursos para esclarecer por el impacto que tienen no sólo para el caso concreto, sino que el caso futuro”.

Sin embargo, sostiene que esto “produce impactos en derechos y garantías de las personas sometidas a la investigación. No es inocuo para ellas tampoco y es otro tema que obviamente hay que cuidar”.

Personal de apoyo. La labor de las fiscales exclusivas del caso también ha contado con la colaboración de otros funcionarios al interior de la fiscalía. Según la información entregada vía transparencia por parte del Ministerio Público, hay tres funcionarios de apoyo.

Estos funcionarios, de los cuales dos fueron contratados a honorarios, suman un sueldo de $ 2.768.102 desde enero del 2015. Considerando todo el tiempo que tardaría este caso, en este apartado costaría $ 334.940.342 hasta febrero de 2025.

Ciro Colombara, abogado de ME-O, sostiene que el juicio mismo le provoca al Estado un perjuicio económico mayor a lo que va a obtener: “el Ministerio Público pretende que se condene a Marco a una pena remitida y a una multa de $ 26 millones, pero resulta que para esto tiene abogados y asistentes dedicados de manera exclusiva a este caso desde hace 8 años, con remuneraciones altas y además viáticos diarios de casi $ 200.000, porque la mayoría son de la Región de Valparaíso”.

El abogado apunta a una responsabilidad de la fiscalía al agrupar 10 casos distintos. “Mientras los acusados, el caso y el juicio oral se han transformado en una tortura y una condena anticipada, para algunos abogados del Ministerio Público se ha transformado en un negocio, aunque sea duro decirlo”, afirma.

A pesar de eso, el defensor sostiene que esto no es responsabilidad del Poder Judicial, “sino que se ha debido única y exclusivamente a algunos profesionales de la fiscalía, a los que les conviene que este caso no termine nunca. Y han arrastrado al Poder Judicial, al CDE y al SII a destinar cuantiosos recursos humanos y económicos a un caso cuyo mayor logro serán penas remitidas”.

Además de las remuneraciones, a las fiscales del caso también le corresponde los viáticos por los viajes que realizan desde la Región de Valparaíso -donde radica la causa- a los tribunales en Santiago.

En el caso de la fiscal Castiglione, según la información entregada por fiscalía, sus viáticos en promedio mensual son de $ 255.812, lo que resultaría -al término de la causa el 2025- un costo de $ 27.883.487 durante los 109 meses que estaría dedicada al caso.

En el caso de la fiscal Segura, los gastos por este concepto tienen un promedio mensual de $ 13.427, lo que calculado a los 121 meses que dedicaría a la causa suman $ 1.584.362 en los 10 años que duraría la causa.

En total, durante la década que se tramitaría la causa, las persecutoras sumarían viáticos -proyectados- por $ 29.467.849.

En total, considerando los sueldos destinados para esta causa, además de los viáticos, y proyectándolos a los años que podría tomar toda la causa, el Ministerio Público tendría un gasto que llega a los $ 1.578.079.055.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones consideradas en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

EL PEOR DE LOS MUNDOS

Vanessa Kaiser, directora de la cátedra Hannah Arendt, Universidad Autónoma de Chile.

El Líbero, 15/02/2023

Cuenta la leyenda griega que la diosa de la sabiduría, la estrategia y la justicia, Atenea, hizo en tiempos remotos la siguiente advertencia: “Ciudadanos, entre la tiranía y la anarquía existe la democracia. Cuidad de ella porque, cuando ésta sucumbe, solo os queda vivir en el caos o la opresión”.

Pareciera entonces que, únicamente, la democracia nos puede proteger de una vida bajo el yugo del más fuerte. Son las instituciones integradas por personas probas, la ley y la fuerza que las acompaña, el único dique a la desgracia generalizada y el dolor que se exacerban bajo el despotismo del tirano que detenta el poder o de la destrucción del Estado que resguarda la paz.

De ahí que el cuidado de la democracia constituye una necesidad de primer orden.

¿Quién podría estar en desacuerdo con la diosa? Hasta antes del 18-O era imposible rebatirle, pero Chile ha mostrado una variante de la democracia que intimida la lógica no solo de los antiguos, sino de cualquiera que afine un poco la mirada y observe el rumbo que los chilenos estamos trazando.

Creo que el único modo de describirlo es con esa frase cliché, título de esta columna: “el peor de los mundos”. ¿Qué mundo puede ser peor al de la tiranía o la anarquía? Uno en el que se castiga al que hace el bien y se premia a quien daña, roba, mata, incendia, destroza.

La imagen de bomberos recibiendo perdigones, mientras los narcoterroristas pululan libres encendiendo cientos de focos nuevos en el sur del país, es el ejemplo más reciente del peor de los mundos.

Los indultos a la Primera Línea (curioso que la prensa hoy no hable de dicho colectivo) es otro ejemplo de la forma de vida que nos ofrece el peor de los mundos.

¡Ni qué decir de carabineros y militares presos por mantener el orden público en el estallido revolucionario, mientras a los manifestantes se les otorgan becas de por vida!

¿Cómo llegamos aquí y qué podemos esperar de la extensión de la malignidad social e institucional?

Sería un bálsamo para el alma poder referir el origen de todos nuestros problemas al estallido revolucionario y al recambio de las élites tradicionales por las octubristas. El problema es que no todo es culpa de este gobierno. De ahí que no baste ni siquiera con enrostrarle sus vínculos con líderes narcoterroristas, ni sea suficiente con recordarle a la “derecha buenista” que el proyecto de constitución rechazado desmantelaba el país y que ese sigue siendo el objetivo del octubrismo.

¿Qué mundo puede ser peor al de la tiranía o la anarquía? Uno en el que se castiga al que hace el bien y se premia a quien daña, roba, mata, incendia, destroza.

Y es que los cimientos del peor de los mundos tienen su origen en los gobiernos de Piñera y de Bachelet. Mientras el primero liberó a 9.500 presos en 2012, la segunda se negó a reconocer públicamente la existencia de informes de la propia cancillería chilena que alertaban del explosivo ingreso de haitianos al país: tampoco se hizo cargo de los cientos de correos electrónicos hallados en el computador de Raúl Reyes, cabecilla de las FARC con el PC chileno.

Estos son solo algunos ejemplos, pero, la verdad, es que ambos jefes de Estado comenzaron, con o sin intención, el desmantelamiento de Chile. Pero no lo hicieron solos. Salvo excepciones, la prensa ha sido cómplice de mantener en la ignorancia a la ciudadanía, junto a parte importante de una élite política que se niega a tomar la responsabilidad que le corresponde.

Si antes trataron de convencernos de que todos queríamos una nueva Constitución porque con ella vendrían la paz y la solución a todos nuestros problemas, ahora nos tratan de persuadir de que los más de mil incendios intencionales reportados son producto del cambio climático. Frente a la desolación, las imágenes de personas quemadas y despojadas de todo, la actitud de los políticos y periodistas que insisten en culpar al clima de los actos terroristas es de una crueldad sin nombre.

¿Seguiremos dando argumentos para no poner freno al narcoterrorismo? ¿No habrá nadie que se haga responsable?

La historia reciente del país prueba que no, baste recordar los incendios de 2017. A partir de ambos episodios de quemas intencionales podemos entender otro de los rasgos de un mundo que es peor que la anarquía y la tiranía. No me refiero a un mal banal, sino radical.

Estamos viviendo en un contexto político-institucional en el que no existen responsabilidades. En su lugar solo hay derechos para el ciudadano, sueldos exorbitantes para parlamentarios, puerta giratoria para delincuentes, fronteras abiertas para inmigrantes y “chipe libre” para el narcoterrorista.

La culpa de todos nuestros problemas es de la desigualdad, del capitalismo, las forestales, la educación y de Pinochet. Planteado en otros términos, como nadie es responsable, nadie hace nada. El problema es que el mal sigue su siembra y mientras a usted lo pueden multar por tomar su celular para comprobar una dirección estando detenido en una luz roja, al que invoque la “causa mapuche” o exija que la “dignidad se haga costumbre”, se le perdona que destruya la vida de millones de ciudadanos honestos.

En suma, peor que la tiranía y la anarquía es el mundo que estamos construyendo en nuestro querido Chile, pues en la anarquía el Estad

o no castiga y en la tiranía es el déspota el responsable de nuestro sufrimiento.

En contraste con la anarquía, en el peor de los mundos, el Estado despliega su puño en contra de los buenos ciudadanos- quienes tienen armas legales, pagan sus impuestos, dan trabajo, defienden el orden público, denuncian la corrupción, dicen la verdad en la esfera pública o cometen algún error que desafía leyes ridículas-, mientras premia a delincuentes, terroristas y políticos corruptos.

En este contexto, es preferible la anarquía o la tiranía pues, como diría Arendt, en este último régimen, al menos, tenemos a alguien a quien apuntar con el dedo y decirle, “usted tiene la culpa”.

En el peor de los mundos todos y nadie tienen la responsabilidad, lo que implica que, como se dice coloquialmente, no existe una luz al final del túnel.

En otras palabras, la destrucción y el caos no acaban derrocando al tirano. Así, los ciudadanos carecen de toda esperanza mientras son víctimas del juez, del delincuente, del terrorista, del gobierno, de los vándalos o, simplemente, de aquel que se plazca en la práctica de la maldad radical como está sucediendo en el sur del país.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones consideradas en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.