Autor: FJDM-C

Difícil misión para las Fuerzas Armadas la de desempeñarse en estados de excepción jurídicamente “novedosos y artificiosamente diseñados” por las autoridades para salvar la propia responsabilidad que obviamente les cabe  al “decidir” emplearlas como efectivo recurso, para restablecer el orden público y preservar el Estado de Derecho y la integridad de la República.

Cuando la violencia es llevada al extremo para amenazar integralmente a la Nación, la autoridad política tiene el deber constitucional de emplear los medios que la ley le otorga para impedirlo. Este deber; se evidencia hoy  eludido por los sucesivos gobiernos, que, ante la necesidad de hacer prevalecer sus intereses y de los grupos políticos y facciones a las que se deben, lo soslayan mediante la dictación de disposiciones que evidentemente apuntan a dicho objetivo, agregando restricciones de tal envergadura a las instituciones armadas que constituyen un impedimento para cumplir la misión que la ciudadanía públicamente les encomienda en la Carta Fundamental.

Al no existir una decidida  voluntad política,  para que las Fuerzas Armadas operen en un estado de excepción constitucional en la forma que jurídicamente se ha  concebido,  imponiéndoles restricciones ajenas a esa regulación y  complejas de satisfacer, se debilita y pone en tela de juicio su accionar,  que ante la opinión pública aparece como ineficiente.

La anterior Administración debió enfrentar gravísimas acciones de violencia que pusieron en crisis el orden institucional del país hasta sus cimientos, por cuya razón impuso el estado de excepción, el más benévolo previsto en la Constitución,  y seguidamente, un Decreto Supremo sobre el empleo de la Fuerza – Reglas de Uso de la Fuerza – en términos tan restrictivos, artificiosos, y del todo desvinculados con la realidad, que privó de eficacia a la fuerza legítima de forma tal, que la violencia nunca se pudo neutralizar y se prolonga hasta el día de hoy. En vez de la decisión oportuna y fundada en el derecho, la anterior administración y su sucesora, se limitan apresentar un sinnúmero de querellas inconducentes desde todo punto de vista, considerando la inoperancia de los entes persecutores y el criterio garantista del sistema de persecución criminal que condescendiente con los autores de delitos y extremadamente riguroso, al nivel de generarse una arbitraria discriminación, para con los representantes de la ley.

La nueva Administración debuta con las mejores intenciones de diálogo y el firme y declarado propósito de no recurrir a los estados de excepción bajo ninguna circunstancia, lo que no debiera causar extrañeza considerando que algunos  de sus integrantes han propiciado la violencia como medio legítimo para acceder al poder y cambiar el estado de cosas imperante.

Con ese predicamento la violencia escaló rápidamente, llegando a ser víctima de ella la propia Ministra del Interior, en un hecho sin precedentes desde el asesinato del Ministro del interior del gobierno de don Eduardo  Frei Montalba, don Edmundo Pérez Zújovic, víctima a manos de “jóvenes idealistas”  que propugnaban la violencia como vía de acceso al poder.

Prontamente el Gobierno ve que el descontento y el miedo cunden en el país ante la violencia desencadenada, especialmente en la Macro Zona Sur, cede a la presión de la ciudadanía y decreta un novedoso, inédito e incomprensible Estado de Excepción Constitucional de  Emergencia “Acotado”, o sea, aplicado solo a las principales rutas del país, y en modo alguno a los territorios circundantes que es donde se concentran y provienen los ataques que se buscaría evitar, encomendando a las Fuerzas Armadas el resguardo de estas vías sin posibilidad de proceder en zonas circundantes.

¿Cuál es la situación de los militares en este escenario? ¿Cómo, cuándo y dónde pueden actuar? ¿Qué entiende la autoridad gubernamental por “actuación” para estos efectos? ¿Qué responsabilidades deben asumir con ocasión de su empleo? ¿Qué trato les dispensarán los Tribunales de Justicia y el Ministerio Público? ¿Existe un mando centralizado que dependa directamente del Presidente de la República?

Parte de la ciudadanía, especialmente en La Araucanía y Biobío, han proferido críticas por la forma acotada impuesta al actuar de los militares, ignorándose cualquier respuesta a las interrogantes, que seguramente resultarán incómoda para la autoridad y necesariamente reñidas con el objetivo primordial de obtener el control territorial y el restablecimiento del orden públicopor las Fuerzas Armadas toda vez que estas deben emplearse en un escenario esencialmente bélico, pero subordinado a un propósito esencialmente político, que consistiría en actuar sin causar daño, debiendo ser únicamente preventiva y disuasiva, pero jamás represiva y menos ofensiva. Lo contrario, a juicio de la misma autoridad, sería una extralimitación, que direcciona  la responsabilidad final en el militar, que a su vez, será objeto de persecución penal, privación de libertad y eventual condena, sin considerar el escarnio público a través de los medios de comunicación.

De esta manera se desvirtúa absolutamente la finalidad constitucional de las Fuerzas Armadas, ya que la iniciativa y libertad de acción que garantizaría el éxito de su empleo se ve cercenada por la decisión política  de no perseguir a las responsables de la violencia hasta el lugar mismo en que se organizan y despliegan.

Dos hechos de reciente data ilustran la situación descrita.

Dos Infantes de Marina fueron  formalizados y privados de libertad por varios días, por el delito de homicidio de un ciudadano, ello, por actuar en defensa propia y de terceros en medio de fuertes ataques armados en una zona rural del país. Los atacantes, por cierto, no han sido habidos y no se aprecia diligencia efectiva por el Ministerio Público tendiente a aprenderlos. El Ministerio Público, de forma incomprensible, ha separado la investigación del ataque sufrido por los infantes de marina, de aquella destinada a establecer la responsabilidad de estos últimos, avocándose fundamentalmente,  a perseguir a los agentes del Estado, mientras que las diligencias  tendientes a establecer las  circunstancias en que estos fueron agredidos, son casi inexistentes.

Lo descrito es una constante que inhibe el accionar de la fuerza ante el trato discriminatorio que le brinda el sistema procesal y judicial al empleo militar, el cual impone que deba regirse por las normas y principios que son propios de esta profesión para el consecuente logro de sus objetivos.

En otro episodio, una empresa forestal efectúa por medio de un dron el seguimiento de un grupo armado de delincuentes que se desplazan por diversos caminos secundarios, lo que supuestamente comunican de modo reiterado a la Fuerza Militar con jurisdicción en la zona, no desarrollándose de parte de aquella , al parecer, acción oportuna de persecución. Ahora, tal omisión es públicamente reprochada por la autoridad política, en este caso el Subsecretario del Interior, por la propia empresa forestal y por la ciudadanía en general. ¿Alguien se preguntó si el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia Acotado, permite a los militares emplearse en rutas secundarias, acudir a buscar y perseguir a los delincuentes hasta sus escondites, en territorio ajeno a su jurisdicción “acotada” y eventualmente enfrentarse a ellos con la posibilidad de víctimas? En dicha eventualidad, no cabe duda que se haría recaer en ellos toda la responsabilidad, haciéndose efectiva, con especial celo por parte de los organismos competentes, contrastando, una vez más, con la impunidad que, por acción, omisión o incompetencia, se brinda a los delincuentes.

Como puede apreciarse, tras la aparente misión impuesta por la Autoridad a las Fuerzas Armadas, se oculta un intrincado laberinto de consideraciones del todo ajenas al propósito establecido. Urge una prudente toma de decisión de la autoridad política y mejorar la legislación en respaldo a las atribuciones y mando centralizado que las Fuerzas Armadas requieren, para un  integral y coordinado cumplimiento de las misiones asignadas.

El problema finalmente es mayoritariamente político. Ningún gobierno, ha podido superar esa barrera: faltan autoridad y normas legales  adecuadas para la situación que se vive en la MZS, pues esta última no es suficiente para enfrentar la criminalidad  que allí existe (incendios, usurpaciones, control territorial, bloqueo de caminos, robo de madera,  narcotráfico, etc.), tanto desde el punto de vista de las penas asignadas, como desde el punto de vista de las herramientas para la persecución penal.

La legislación, tampoco aporta sustento suficiente al empleo decidido  de la fuerza  que poseen las Fuerzas Armadas que operan en la zona en Estado de Excepción Constitucional de Emergencia. Este último estado, no basta para el empleo de la fuerza militar, pues los jueces que se rigen por leyesy, no por reglas de uso de la fuerza ni decretos de inferior jerarquía, se enfrentan a una cuestión procesal difícil a la hora de interpretar instituciones jurídicas como la flagrancia y la legítima defensa.

La tragedia de la Macro Zona Sur, requiere un esfuerzo mancomunado de los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El empleo de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, constituye una parte de la solución.

Fuente:  Infogate. Ver en :www.infogate.cl/2022/06/24/estado-de-excepcion-de-emergencia-acotado/

La ingeniosa estrategia ucraniana que podría ganar la guerra (1) por Myck Ryan Líder militar y estratega—- Diagnóstico equivocado y propuesta obsoleta por Fernando Thauby García Capitán de Navío IM—¿Aprobar para rechazar? (1) Cristián Warnken

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión

Presentamos tres artículos de sumo interés, relacionado con los temas propios de la actualidad nacional y mundial, que se encuentra esta semana en portada de cosur.cl les invitamos a leerlos. Ello también se encuentran almacenados junto a muchos más en el sitio Web de Cosur y que divulgan cada mes en el Canal de YouTube Derrotero Digital

La ingeniosa estrategia ucraniana que podría ganar  la guerra (1) 

Myck Ryan. Líder militar y estratega 

A lo largo de su campaña en Ucrania, el ejército ruso se ha visto obligado  continuamente a reevaluar sus objetivos estratégicos. El plan “A” consistía en  apoderarse de Kiev, Járkov y otros puntos clave, capturar a los líderes  gubernamentales y forzar un acuerdo político de Ucrania. El desempeño en el  campo de batalla de los ucranianos y el liderazgo estratégico del presidente  Zelensky rápidamente revelaron la locura de este plan.

El plan “B” para los rusos consideró ataques de múltiples ejes en el Sur, Este,  Noreste, Norte y en los cielos sobre Ucrania, distribuidos en un calendario más  extenso. Esta estrategia también fracasó. Luego cambiaron a un enfoque en el  Donbas y la creación de un “puente terrestre” desde Rusia a Crimea. Desde que  comenzó la invasión en febrero, los rusos han degradado constantemente sus  objetivos políticos en Ucrania y la estrategia para alcanzarlos.

Esto no es inusual en la guerra. Mientras que los objetivos políticos determinan  cómo se lleva a cabo la guerra y qué batallas se libran, las batallas también  modifican los objetivos políticos. Como escribió recientemente el estratega  estadounidense Eliot Cohen, “mantener un sentido de dirección en la guerra es  una lucha constante para los líderes políticos y militares en la cima, por lo que  los oficiales de Estado Mayor (y los periodistas o comentaristas) están  condenados a la frustración”.

Los ucranianos no han sufrido un nivel similar de cambio de objetivos. Quizás,  como defensores, sus objetivos son simples: preservar su soberanía, su gente y  su tierra. Pero, más recientemente, la noción de victoria sobre Rusia se ha  incorporado en el discurso estratégico.

El ejército ucraniano, tranquilizado por la firmeza de sus lideres políticos, ha  demostrado tener consistencia a lo largo de la guerra.

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Los ucranianos lo han logrado mediante la adopción de una estrategia militar  simple: la corrosión. En Australia, describimos la capacidad de luchar como  “poder combativo”. Se compone de componentes físicos, morales e  intelectuales. El enfoque ucraniano ha vaciado la capacidad física, moral e  intelectual de Rusia para luchar y ganar en Ucrania, tanto en el campo de batalla  como en el entorno de información global.

Esta estrategia de corrosión ve a Ucrania atacando a los rusos donde son débiles,  al mismo tiempo que usa parte de su poder de combate para retrasar las fuerzas  de combate rusas. El historiador y teórico militar británico, Basil Liddell Hart,  describió esto como la aproximación indirecta. En su libro clásico, “Estrategia”,  escribe cómo “rara vez se han logrado resultados efectivos en la guerra a menos  que el enfoque haya sido tan indirecto como para asegurar que los oponentes  no estén preparados para enfrentarlo. Esta aproximación indirecta ha sido por  lo general física y siempre psicológica”.

Los ucranianos se han tomado muy en serio este consejo. Han atacado los  sistemas de apoyo físico más débiles de un ejército en el campo: redes de  comunicaciones, rutas de suministro logístico, áreas de retaguardia, artillería y  a generales en sus puestos de mando. En la Batalla por Kiev, los ucranianos  pudieron luchar contra los rusos hasta detenerlos porque lograron penetrar las  áreas de retaguardia rusas y destruir partes de su apoyo logístico. Corroyeron  la expedición realizada en el norte de Rusia desde dentro y, finalmente, forzaron  su humillante expulsión de Ucrania.

En el Este, los ucranianos han vuelto a adoptar esta estrategia de corrosión.  Están atacando la logística rusa, aunque los rusos se han movido con más  cautela. Los ucranianos también han atacado capacidades críticas como las de  ingeniería militar, drones de vigilancia, depósitos de combustible y a los altos  mandos rusos. Una vez más, los ucranianos han corroído desde dentro la  capacidad física de combate de los rusos.

Quizás lo más importante es que estos actos en el mundo físico están  impactando en los componentes morales e intelectuales de la voluntad de lucha rusa. La moral de los combatientes se está corroyendo debido a sus derrotas en  el campo de batalla, los desafíos de suministro y las retiradas frente a la presión  ucraniana en Kiev y Járkov. El empleo ucraniano de las redes sociales,  mostrando las deficiencias rusas, ha magnificado esta corrosión moral. El  colapso de la moral ha resultado en una disminución de la disciplina en el campo  de batalla, con deserciones rusas en el campo de batalla y crímenes de guerra.

La mala moral y la disciplina, si no se abordan, pueden volverse endémicas en  un ejército. Los ucranianos han diluido lentamente la capacidad de lucha de  Rusia. Otro revés importante en el campo de batalla podría resultar en un  colapso total de la resolución rusa de seguir luchando.

Los ucranianos también han impuesto una forma de corrosión intelectual a los  rusos. Bajo la presión de lograr algún tipo de victoria debido a reveses  anteriores, los invasores están asumiendo mayores riesgos tácticos y operativos  con sus operaciones militares. El desastroso asalto que implicó el cruce del río  Severskyi Donets, donde al menos una brigada rusa vio destruida su capacidad  de combate, es indicativo de un ejército que se está volviendo menos capaz de  evaluar los riesgos de decisiones operativas o tácticas significativas.

La consistencia ucraniana en la implementación de su estrategia ahora ve al  ejército ruso acercándose a su punto más alto en Ucrania. Y al corroer a los  rusos física, moral e intelectualmente desde adentro, los ucranianos han  desarrollado el arte militar. Las operaciones terrestres y aéreas convencionales  han absorbido las fuerzas de operaciones especiales y las operaciones de  información en un todo nuevo y unificado. Lo que antes entendíamos como  operaciones separadas convencionales, no convencionales o de información  ahora son componentes de un todo integrado e indivisible.

Así es como se ve la guerra del siglo XXI. Los ucranianos han demostrado ser  maestros en ello. Hay mucho que todos los países medianos con recursos  limitados (incluida Australia) pueden aprender de ellos.

1 Publicación de Myck Ryan en The Sydney Morning Herald el 17 de junio de 2022

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Diagnóstico equivocado y propuesta obsoleta 

Fernando Thauby García 

Capitán de Navío IM 

Mladen Yopo, posible futuro director de la ANEPE, publicó una columna en el  diario “El Mostrador, bajo el título de “Zona de Paz: un imperativo estratégico  de las políticas exterior y de defensa de Chile” 

A partir de su apreciación del cambio ocurrido en latino américa de fines de  los ?80 y principios de los 91 (1) infiere que -hace 30 años- habría habido un  “cambio de las percepciones de amenaza y que la voluntad política de la nueva  dirigencia democrática hizo prevalecer la búsqueda de solución pacífica a la  mayor parte de las disputas fronterizas pendientes, así como el impulso  creciente del fomento de la cooperación política, económica y militar”. “Este  cambio sumado a la posible elección de Lula en Brasil -en medio año más- y la  existencia de un escenario internacional complejo e incierto, habrían vuelto a  poner en las prioridades de las agendas de la política exterior y de defensa, el  concepto de Zona de Paz”. 

A estos tres datos, Yopo agrega que el programa electoral de Boric, propone  contribuir a la consolidación de la Zona de Paz regional mediante la promoción  de la reconstrucción del regionalismo multilateral para la cooperación en materia  de seguridad y defensa”. 

Según Yopo, estos cuatro elementos “potenciarían la “idea-fuerza (de la Zona  de Paz sudamericana) desarrollada en el contexto de la Guerra Fría”, respecto a  la cual lamenta que “sin embargo, y más allá de las esperanzas iniciales puestas  en un mundo sin guerra … no se cristalizaron la paz y la seguridad anhelada, al  seguir sucediéndose una serie de nuevas guerras, invasiones, conflictos  territoriales, genocidios, actos terroristas y una serie de expresiones belicistas  más, verificando otra vez que la ausencia de guerra no es la paz en la lógica  compleja del conflicto”. 

Yopo aprecia también y esta vez acertadamente me parece, “que la actual  geopolítica internacional no es más auspiciosa que la del siglo XX para la  consagración de la paz en el mundo y la región, que describe en tonos sombríos: 

“La actual geopolítica internacional no es más auspiciosa que la del siglo XX para  la consagración de la paz en el mundo y la región, en particular; con la invasión  de Ucrania y sus efectos; con la disputa hegemónica chino-estadounidense que  ha trascendido hacia la confrontación paradigmática/cultural global; el auge de  la conflictividad internacional entre potencias con capacidad nuclear; han  renovando la necesidad de reponer y actualizar el proyecto de Zona de Paz  sudamericano.” 

A partir del diagnóstico indicado Yopo, sorprendentemente, identifica la  oportunidad para Latinoamérica. Esta oportunidad derivaría de la reducción de  la probabilidad del uso de la fuerza para resolver disputas entre los países para  aproximarse a un alto nivel de confianza entre las partes y la predisposición /  concretización de la cooperación en defensa. 

“En la paz positiva, los Estados no se preparan para un conflicto armado con los  países vecinos, ni esperan que otros estados de la zona lo hagan, a partir de la  densidad de las relaciones”, “reconfigurando la percepción de amenaza … hacia  la identificación de amenazas o empleos extrarregionales de las capacidades  nacionales, específicamente de las FF.AA”. 

De alguna manera Yopo parece suponer que las capacidades militares  latinoamericanas combinadas, en desuso por parte de los países por no tener  conflictos entre ellos, podrían conformar una capacidad regional para influir en  la evolución del nuevo orden mundial. 

Concluye su argumentación señalando que “la eliminación de la guerra como  una alternativa para la solución de controversias dentro de la región, es una  situación que claramente reporta un beneficio para todos sus miembros”. Pero  no parece considerar los riesgos de una incursión regional autónoma fuera de la  región y olvida las amenazas derivadas del traslado de estas disputas  internacionales a la región con la presencia militar directa y/o indirecta de  Estados Unidos, Rusia, Irán, Turquía y China … que ¡el mismo identifica! 

Yopo continúa estableciendo que “La llegada de gobiernos de izquierda y  “superados y/o en retiro los gobiernos de derecha y de sus presidentes empresarios se ha empezado a reponer la vocación latinoamericana del  progresismo y de un realismo fundado en que el nuevo equilibrio de poder  internacional se decidirá entre los poderes regionales; es decir, uno anclado, a  países-continentes y zonas/espacios que sean capaces de generar una “región– Estado” (caso de la Unión Europea) que favorezcan los diálogos regionales en la  perspectiva de crear una cooperación reforzada”

Concluye con la sentencia de Boric: “O nos salvamos juntos o nos hundimos por  separado”. 

Valorando que el análisis se remonte hasta eventos tan antiguos como el fin de  la guerra fría, pareciera que los hechos que configuran la realidad actual que el  mismo describe, más otros como la reanudación de la tensión EEUU – Rusia bajo  nuevos parámetros geopolíticos, el desplazamiento de India hacia las  proximidades de EEUU; el creciente protagonismo Europeo bajo el liderazgo de  Alemania; la aceleración de la revolución tecnológica/industrial/ comercial  mundial; la activación de Indo Pacífico con su brazo comercial – el TTPS-, y  específicamente en nuestro entorno, la creación de una nueva realidad política  y estratégica entre Chile y varios actores del Pacífico -Australia, Nueva Zelanda,  India, Japón, Gran Bretaña y Francia señalan que el mundo de la Guerra Fría  parece haber sido superado ampliamente pero no simplificado ni estabilizado,  sino reemplazado por otro mucho mas complejo y variable. 

Yopo asegura que “La llegada de gobiernos de izquierda y “superados y/o en  retiro los gobiernos de derecha y de sus presidentes- empresarios que  incentivaron los clivajes ideológicos y las divisiones a partir de sus visiones  transaccionales de corto plazo, se ha empezado a reponer la vocación  latinoamericana del progresismo”. 

Esta aseveración se apoya en juicios de valor por lo menos discutibles, y respecto  a la vocación progresista latinoamericana, que podría ser real, se combina con  una también vocación regional por la inestabilidad política, la crisis económica  recurrente y la falta de seriedad y constancia en sus tratos económicos y  diplomáticos. 

Este nuevo marco ideológico y vocacional se manifiesta en una cambiante  diversidad política, intensa y frecuente en Latinoamérica: liberales / estatistas;  prósperos / arruinados; estables / volátiles; con sus fichas puestas en EEUU /  China; democráticos / dictatoriales. 

La inestabilidad mental y política regional hacen muy improbable que  Latinoamérica pueda estructurar una dinámica que permita siquiera acercarse a  la conformación de una poder que incida en el nuevo equilibrio de poder  internacional que se decidirá entre los poderes regionales “que sean capaces de  generar una “región-Estado” que favorezcan los diálogos regionales en la  perspectiva de crear una cooperación reforzada”, apenas, y si es que algunos,  logren avanzar en la paz y progreso de sus propios países.

Apostar nuestra seguridad, prosperidad, estabilidad y destino a un conjunto de  grupos políticos regionales que repetidamente han fracasado no solo en  conformar poder regional, sino que también en el manejo de la paz y progreso  de sus propios países, parece ser una apuesta perdedora. 

Menos aún en medio de un realineamiento profundo en el ordenamiento  geopolítico y comercial mundial en que los diferentes actores se están moviendo  con gran dinamismo y fluidez, ingresar -o siquiera intentarlo- incorporado en un  grupo heterogéneo, inestable, volátil y con niveles de desarrollo muy bajo la  media, hacen que intentar una aventura así, sea hacerlo en condiciones de  fracaso seguro. 

Lo que no funcionó en el mundo congelado de la Guerra Fría menos lo hará en  el líquido mundo actual. 

La creación de una Zona de Paz con socios tan poco pacíficos, inestables y  volátiles suena bien, pero no funciona. Nunca lo hizo. Para finalizar, una breve  lectura de la prensa y una ojeada al mapamundi muestra que nuestro mundo es  “hacia el Pacífico” y sus actores. 

Nuestra escasa capacidad política y estratégica encuentra su espacio natural y  más rentable en este nuevo escenario.

 1 Democratización descontando a Cuba, Venezuela, Nicaragua y la cuasi democracia de  Néstor Kirchner.

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¿Aprobar para rechazar? (1) 

Cristián Warnken Lihn 

Profesor 

Unos “aprueban para reformar”, otros “rechazan para reformar”. Y se dice que  los primeros aprueban así para no rechazar (aunque, en el fondo de su  conciencia, rechazan). Por lo tanto, los que en verdad estarían rechazando hoy  son mayoría, tan contundente como el 78% del Apruebo del plebiscito de  entrada. Pero ese Rechazo transversal quedará invisibilizado en el resultado,  porque los “rechacistas” encubiertos prefieren disfrazarse de “apruebistas”.  Apruebistas con bien poco entusiasmo, apruebistas resignados. 

El país en el fondo, en su mayoría, ya parece haber asumido que esta no es una  buena Constitución (la que se nos está presentando), pero, para muchos, cruzar  el Rubicán y votar Rechazo supera toda posibilidad de su resistencia psíquica, y  han encontrado una solución que puede sonar “cantinflesca”: la de aprobar  ahora para empezar a reformar inmediatamente después de haber aprobado.  

Cantinflesca y riesgosa. Entre las cosas que quieren reformar está el sistema  político, el “motor” de cualquier Constitución. Comprar el auto sabiendo que el  motor está malo. ¿Es razonable eso? La palabra “apruebo” empieza asía  convertirse en una palabra vacía, una “flatus vocis” a la que se aferran todos los  que sienten que estar cerca de la derecha es como estar cerca de la peste o la  lepra, y que decir “rechazo” sería “infestarse”. ¿Vale la pena distanciarse lo más  posible de la demonizada derecha, aun a costa de aprobar una mala Constitución  del país? 

La presión de la “tribu” es asfixiante, pues nuestra libertad (que es lo más  sagrado que tenemos como individuos) puede quedar atrapada dentro de  1a/cárcel de gruesos barrotes de las lealtades mal entendidas. Muchas veces el  destino de los países y las comunidades se juega más en el territorio de lo  irracional que en el de la razón. ¿Por la razón o la fuerza? No: por la razón o la  tribu. El que ose cruzar la línea de la duda y votar lo mismo que el “enemigo” va  a ser motejado de “oveja negra”, de traidor, de hereje. La tribu no perdona. En  estos lares, en política, somos mucho más primitivos de lo que declaramos ser.  

¡Pobres los libres de espíritu que no siguen a su manada! Para ellos la funa, el  ostracismo, la cesantía permanente. No hay embajadas, subsecretarías ni  seremías para ellos. Por eso, en este plebiscito, muchos, muchísimos, votarán  “para callado”. En el plebiscito de entrada les tocó a los disidentes de la derecha  pasar por este trance al osar declarar públicamente su “apruebo”. Ahora les toca  el turno, en este plebiscito, a los disidentes de la centroizquierda que voten  rechazo. Ellos corren el peligro de ser enviados a la hoguera. Porque el proceso  constituyente ha sido investido de un aura de sacralidad y su texto final parece  más el Corán de los pueblos que un texto constitucional. 

Qué claustrofóbicas son las opciones binarias: si hubiese habido una tercera  opción en la papeleta, otro sería el escenario y no existiría esta tensión dramática  que nos llevará nuevamente a la eterna y en cierto sentido artificial división de  la que no podemos salir desde hace décadas. Estamos atrapados, somos  prisioneros del eterno retorno de lo mismo. Los lobos con los lobos, las ovejas  con las ovejas, aunque todos sabemos que hay ovejas que en el fondo son lobos  y lobos que son ovejas. Pero hay muchos que no quieren (porque no les  conviene) que se rompa este guion.  

¿Cuándo los montescos y los capuletos podrán abrazarse sin problemas, cuándo  se acabará el país binario que nos arrastra como peso muerto al pasado y nos  impide avanzar hacia el futuro, cuándo las fronteras de las tribus se harán más  porosas, para que nuestros hijos y nietos rompan con la posta nefasta que ahora  hace decir a muchos: “apruebo para esconder mi rechazo”, para que nadie vaya  a pensar que me convertí en “otro”? ¿Puede ser sana tanta cobardía y poca  honestidad, vale la pena seguir escondidos en el closet, como niños asustados  que no quieren decir de verdad lo que piensan?

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Columna de opinión publicada en El Mercurio de Santiago el 16 de junio de 2022 

Página Editorial del sitio Web Cosur Chile y de su revista digital “Tres Espadas”  Av. Bernardo O’Higgins 1452, piso 3, Santiago. www.cosur.cl y contacto@cosur.cl @cosur.cl 

UNA EXPOSICIÓN REVELADORA. El Mercurio, Editorial, 18/06/2022

Las opiniones en esta columna son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión

No debieran ignorar las autoridades edilicias que los grupos que se denominaron “primera línea” fueron protagonistas de algunas de las más graves acciones de destrucción ocurridas en las ciudades del país en esos días, incluida su comuna.

Polémica ha causado la exposición “Memoria gráfica de Chile MMXIX”, que reúne la visión de 31 artistas sobre el estallido de octubre de 2019 y que se exhibe en el recién restaurado Palacio Vergara, perteneciente a la Municipalidad de Viña del Mar.

La muestra incluye esculturas, fotografías, litografías y óleos que exaltan y dan un carácter heroico a las manifestaciones del período, incluidas las acciones de violencia. El nombre de una de las obras, la escultura “Homenaje a la Primera Línea”, sintetiza el tono dominante.

No se puede pedir objetividad a las manifestaciones artísticas, y forma parte de la libertad de expresión de cada creador plasmar su visión de los acontecimientos sociales. Sin embargo, es inquietante que sea el Municipio de Viña del Mar el que ponga sus instalaciones al servicio de una exposición como esta y convoque a asistir.

No debieran ignorar las autoridades edilicias que los grupos que se denominaron “primera línea” fueron protagonistas de algunas de las más graves acciones de destrucción ocurridas en las ciudades del país en esos días, incluida su comuna.

No es casualidad que hoy las encuestas muestren un profundo rechazo a propuestas como la del indulto a los imputados por esos actos. Y es que ellos tuvieron víctimas concretas: carabineros heridos, pequeños comerciantes que vieron saqueados sus negocios, trabajadores que producto de esto perdieron sus empleos, comunidades cuyas iglesias fueron quemadas y vecinos que aún hoy sufren la degradación de sus barrios.

Es curioso que autoridades de una tendencia política que suele acusar “violencia” en dichos y acciones que estima ofensivos por parte de otros, no repare en lo violento que ha de ser para esas víctimas ver homenajeados en un recinto público a sus victimarios.

Imposible es no recordar también que ese mismo municipio rehusó hace unos meses prestar sus instalaciones para actividades del festival Puerto de Ideas, simplemente —según denunciaron los organizadores— porque este contaba entre sus auspiciadores a la embajada de Israel.

Y si ello habla de los particulares estándares de las autoridades viñamarinas, la exposición misma viene a confirmar el sesgo que ha predominado en todo un sector del mundo cultural frente a la violencia de octubre de 2019, romantizada por artistas e intelectuales que, al suponerla funcional a sus posiciones políticas, la invistieron de heroicidad.

Sin mínima empatía por la obra de creadores que los antecedieron, guardaron silencio o incluso aplaudieron la destrucción del patrimonio cultural de nuestras ciudades.

Con su actitud, sumados a sectores políticos que hoy integran el Gobierno, contribuyeron a validar la violencia y a deslegitimar el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado para enfrentarla, banalizando de paso el concepto de derechos humanos, con el consiguiente retroceso en los consensos que el país había construido a partir de dolorosas experiencias.

Los efectos se viven hasta hoy, con una situación de desborde en la seguridad pública y un clima de polarización e inestabilidad.

Es en parte la “obra” de todos ellos.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas C.

PROPUESTA DE SISTEMA POLÍTICO GENERA CONTRADICTORIAS INTERPRETACIONES A Chechilnitzky y N. Cabello, Crónica Constitucional EMOL, 18/06/2022

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión.

Estado de excepción. Otro cambio que podría afectar el quehacer del Ejecutivo es la eliminación de uno de los cuatros estados de excepción constitucional que existen hasta ahora: el de emergencia, que rige actualmente en la macrozona sur.

Se incorporan nuevas atribuciones al Presidente como “conducir la seguridad pública” y aumenta su potestad reglamentaria, pero termina con la iniciativa exclusiva. Para que la Cámara de las Regiones pueda conocer todos los proyectos, necesitará el voto de la mayoría de sus integrantes.

En 387 artículos —112 menos que el primer borrador— dejó la comisión de Armonización la propuesta constitucional que debe ser votada por el pleno. Entre los cambios se cuentan algunos de redacción y reordenamiento de incisos y artículos, entre ellos, que el capítulo sobre el Poder Legislativo quedó antes que el del Ejecutivo, contrario a lo que ocurre en la Carta vigente.

Aunque pareciera ser algo menor, integrantes de la comisión afirman que se trata de una decisión política.

Cuando comenzó el proceso, una parte de los convencionales, entre ellos el Frente Amplio, anunciaban que intentarían consagrar un sistema parlamentario. Sin embargo, esto no prosperó y se derivó en un presidencialismo que algunos llaman “atenuado” y otros “modificado”.

Entre los principales cambios está un poder de veto menor al eliminar la iniciativa exclusiva el Presidente, que se reemplazó por las leyes de concurrencia presidencial necesaria. Es decir, los parlamentarios pueden ingresar proyectos de ley sobre estas materias, pero requieren del patrocinio del Presidente para promulgarlas, lo que podría mantener en permanente conflicto a Parlamento y Ejecutivo, según señaló Soledad Bertelsen, académica e investigadora de Polis, Observatorio Constitucional de la U. de los Andes, este martes, en el seminario “Alcances de los principales cambios de la propuesta de nueva Constitución”, organizado por esa casa de estudios.

Asimismo, algunas materias que eran iniciativa exclusiva del Presidente no están entre los temas que abordarán leyes de concurrencia presidencial. Según Bertelsen, es el caso de la creación de nuevos servicios públicos o empleos rentados, o aquellas que los supriman y determinen sus funciones; la fijación de remuneración mínima; las relativas a negociación colectiva y las que traten sobre seguridad social.

También se modificó la potestad reglamentaria autónoma del Presidente. La propuesta de la Convención dice que es potestad del Mandatario “dictar aquellos reglamentos, decretos e instrucciones que considere necesarios para la ejecución de las leyes” y “en todas aquellas materias que no estén reservadas exclusivamente a la ley”. Sobre el punto, en la Constitución vigente existe un numeral que establece que es materia de ley “toda otra norma de carácter general y obligatoria que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico”.

Bertelsen explica a “El Mercurio” que en la actual Constitución la norma acota la potestad reglamentaria autónoma y que con la redacción propuesta por la Convención se amplía. Pero a juicio de José Antonio Viera-Gallo, investigador asociado del Centro de Políticas Públicas UC, “quien podría controlar eso sería el Contralor y los tribunales”.

Añade que “en la cultura política chilena, esa potestad reglamentaria autónoma casi no se usa y cuando se ha intentado usar, en cuatro o cinco ocasiones, en algunos de esos casos se ha echado abajo por el TC”.

Estado de excepción. Otro cambio que podría afectar el quehacer del Ejecutivo es la eliminación de uno de los cuatros estados de excepción constitucional que existen hasta ahora: el de emergencia, que rige actualmente en la macrozona sur.

Este hoy se puede aplicar “en caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la nación”, según la Carta vigente. Los que sí quedaron en la propuesta de la Convención son el estado de asamblea (“en caso de conflicto armado internacional”), el de sitio (“en caso de conflicto armado interno”) y de catástrofe (“en caso de calamidad pública”).

¿Cuál podrían invocar los gobiernos en situaciones como la de la macrozona sur? Pamela Figueroa, académica de la Usach y miembro de la Red de Politólogas, afirma que “es una cuestión de evaluación gubernamental y eso tiene que definirlo el gobierno: cuál es la dimensión del problema que ellos evalúan y cuál es la herramienta que les parece más pertinente”.

Para Bertelsen “uno podría discutir si el estado de sitio cabe, pero categorizar algo como conflicto armado tiene un componente fuerte de definición política”, considerando que no se ha utilizado en democracia.

La otra opción es el de catástrofe, pero este “siempre se ha interpretado como una catástrofe natural”, según Bertelsen.

En materia de Fuerzas Armadas y seguridad pública, también hay un cambio: el borrador propone que son atribuciones del Presidente el “ejercer permanentemente la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas” y “conducir la seguridad pública”, lo que en la Carta Magna actual no existe.

Además, deberá “designar y remover al jefe del Estado Mayor Conjunto, a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas” y “designar y remover a los integrantes del alto mando policial”. Actualmente, la Constitución establece que dicha designación debe ser entre “los cinco oficiales generales de mayor antigüedad”.

Viera-Gallo, explica que “era la fórmula que había para que el Presidente no abusara y no pudiera descabezar a una de las ramas. Ahora, los que han descabezado ramas en la historia política de Chile han sido solo militares. Ningún Presidente quiere entrar en un conflicto tan abierto con una rama”.

Armonización, por su parte, introdujo otro cambio, respecto de las acusaciones constitucionales: el primer borrador decía que, una vez aprobada por el Congreso de Diputadas y Diputados las autoridades quedarían suspendidas de sus funciones. Pero ahora se añadió que ni Presidente ni gobernadores se deberán inhabilitar.

El Parlamento. Respecto del Parlamento, finalmente la Convención decidió tener dos cámaras, lo que algunos han llamado “bicameralismo asimétrico”, aunque otros sostienen que es un “unicameralismo atenuado”. Esto porque se reemplazó al Senado por la Cámara de las Regiones, pero esta última —a diferencia del Senado, que tiene atribuciones sobre todas las leyes—, solo podrá conocer las leyes de acuerdo regional, es decir, las que reformen la Constitución o que irroguen gasto del Estado, entre otras.

En contraposición, todos los proyectos de ley deberán ser revisados por el Congreso de Diputadas y Diputados. Eso, para Bertelsen, podría causar que “muchos conflictos de competencia (entre ambas cámaras) lleguen a la Corte Constitucional (…). La Corte Constitucional podría convertirse en un tribunal de resolución de conflictos de competencia”.

En principio, enumeró la académica, la Cámara de las Regiones no se podría pronunciar sobre leyes que implementen derechos sociales distintos a salud, educación y vivienda; acerca de libertad de expresión, datos personales, seguridad social, propiedad; las que tengan que ver con delitos, materias civiles y comerciales.

Pero Viera-Gallo sostiene que “el sistema legislativo sigue igual”. Esto, porque el borrador establece que “en la sesión siguiente a su despacho por el Congreso de Diputadas y Diputados y con el voto favorable de la mayoría, la Cámara de las Regiones podrá requerir conocer de un proyecto de ley que no sea de acuerdo regional”.

Un punto que convencionales habían afirmado que intentarían resolver en la comisión de Armonización, pero finalmente no lo hicieron, fue que el Congreso de Diputadas y Diputados pudiese insistir en un proyecto de ley en el que no se llegara a acuerdo con la Cámara de las Regiones. Esto había sido rechazado por el pleno, pero algunos colectivos de izquierda intentaron reponerlo, aunque no contó con el apoyo de los colectivos del Apruebo ni Socialista.

Viera-Gallo lo resume así: “Queda igual que hoy. Para que el informe de la mixta sea ley, tiene que ser aprobado en ambas Cámaras. Si no, no hay ley en esa materia”.

INTERVENCIÓN DE LAS FF.AA. EN LA ARAUCANÍA: ¿A QUÉ VAN? por Francisco Orrego. El Mostrador, 16/06/2022

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión

El Estado, a través del Poder Ejecutivo, los manda a cumplir un mandato y luego, el mismo Estado, a través del Poder Judicial, los acusa inmisericordemente, por cumplir con su deber. Así las cosas, esto no va a resultar.

Las complejidades que deja la intervención de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en el control del orden público están a la vista. No olvidemos que las tareas de seguridad pública están reservadas a las policías y que la participación de las FF. AA. en tales funciones ha sido extraordinaria.

Solo ante la ineficacia de las fuerzas policiales en el control de la violencia en La Araucanía, las FF. AA. han sido llamadas a cumplir un rol totalmente ajeno a su mandato y sin tener las herramientas legales adecuadas para ello. Ello evidentemente las expone innecesariamente a toda clase de riesgos.

Veamos un ejemplo reciente.

Resulta sorprendente que el Estado de Chile, a través de su Ejecutivo, solicite prorrogar el Estado de Excepción Constitucional en la zona de La Araucanía, con el propósito de evitar delitos terroristas contra las personas que allí habitan o circulan y, por otro lado, la Corte de Apelaciones de Concepción revoca la decisión del Juez de Garantía de Cañete, decretando arresto preventivo domiciliario total, por representar un peligro para la sociedad, a dos miembros de la Armada de Chile, quienes, en noviembre pasado, durante Estado de Excepción Constitucional de Emergencia decretado para proteger a la población de terroristas, concurrieron a apoyar a carabineros que se encontraban bajo ataque con armas de fuego.

Los infantes de marina fueron recibidos con disparos de armas largas, lo que queda en evidencia por los impactos de balas recibidos en los carros Mowag, razón por la cual, haciendo uso de su legítimo derecho a la defensa, se vieron obligados a utilizar su armamento y dieron muerte a un comunero que ese encontraba en el lugar del ataque.

¿Quién lo entiende?

El Estado, a través del Poder Ejecutivo, los manda a cumplir un mandato y luego, el mismo Estado, a través del Poder Judicial, los acusa inmisericordemente, por cumplir con su deber. Así las cosas, esto no va a resultar.

El Ejecutivo solo quiere dar señales comunicacionales —o pirotécnicas— de estar abordando el conflicto. Pero ello no es suficiente para garantizar una paz exitosa en la zona. Cuesta entenderlo.

Mientras el Estado de Chile no entienda que estamos frente a un conflicto armado interno de baja intensidad, con participación de fuerzas con armamento, entrenadas y logísticamente preparadas, lo que a todas luces requiere aplicación de normas especiales, como el Derecho Internacional Humanitario y la participación de la Justicia Militar (que no se manda sola y depende de la Corte Marcial, integrada en mayoría por ministros civiles y esta, dependiente de la Corte Suprema), la presencia de las FF. AA. en la Macrozona Sur solo servirá para que sigan acusándolas de violar los DD. HH., mientras los terroristas seguirán destruyendo, incendiando y asesinando a civiles.

Ahora será con mayor impunidad y violencia, ya que habrán neutralizado a las FF. AA., al igual como ya lo hicieron con las policías. Basta ver lo ocurrido el viernes pasado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, con el brutal asesinato del cabo 2° David Florido, quien se inhibió de usar su arma por temor a represalias judiciales.

Si las FF.AA. no pueden hacer nada distinto de lo que pueden hacer las policías, ¿A qué van a La Araucanía?