LA TRAMA DETRÁS DEL DESPIDO DE LA SEREMI METROPOLITANA DE DESARROLLO SOCIAL Y LOS COLETAZOS A JACKSON
Rocío Latorre y Isabel Caro
La Tercera PM, 05/12/2022
La solicitud de renuncia, el pasado 30 de noviembre, por parte del ministro Giorgio Jackson (Mideso) a la ahora exseremi de Desarrollo Social Metropolitana y militante PPD, Patricia Hidalgo, sigue generando ruido en La Moneda.
La exfuncionaria del gobierno del Presidente Gabriel Boric acusó que las razones que informó formalmente el ministerio para pedirle su salida el miércoles pasado no eran tales y que, en realidad, la decisión respondía a represalias en su contra por cuestiones políticas.
Todo se tensionó entre Hidalgo y el gobierno -según se conoció en unos chats de WhatsApp en que intercambiaba mensajes con la subsecretaria Francisca Perales y la delegada presidencial, Constanza Martínez- cuando la militante PPD acusó a la primera de haberle impedido excusarse de la votación de una planta de tratamiento de aguas servidas en Quilicura.
En ese intercambio de mensajes, Hidalgo aseguró que asistiría y votaría como el gobierno le instruyó, pese a que no estaba de acuerdo con esa posición. La subsecretaria Perales le respondió que la instrucción de que asistieran sin posibilidad de excusarse provino de Interior.
En conversación con la delegada, en tanto, Hidalgo le manifestó que su jefatura la instruyó a asistir y votar a favor, mientras que la seremi de Agricultura, Nathalie Joignant, no se habría presentado. Esa última votación -señalan allegados a la exseremi- solo agudizó un conflicto que se arrastraba de votaciones anteriores, principalmente respecto del proyecto Fundamenta de Plaza Egaña y del Mall Vivo de Ñuñoa.
“Hoy el ministro me pidió la renuncia por falta de confianza política, eso en lo formal, en lo real es porque tuve diferencias con la subsecretaria Perales y la delegada presidencial Constanza Martínez por un proyecto de planta de tratamiento de aguas servidas en la comuna de Quilicura, y que me obligaron ellas a aprobar por ‘instrucciones del Ministerio del Interior’. Les envío pruebas de ello para que todos sepan mi verdad, me voy agradecida de mi partido por la confianza de la Presidenta hacia mi persona y con la conciencia tranquila de que a pesar de no compartir ese nefasto proyecto se instalara en una comuna tan vulnerada fui una autoridad disciplinada y vote a favor, en contra de mis convicciones”, escribió Hidalgo en un chat del PPD el miércoles, poco después de que el ministro Jackson solicitara su renuncia.
La salida de Patricia Hidalgo (PPD) de la seremía de la Región Metropolitana de Mideso- quien acusó al gobierno de presiones para votar de determinada manera ciertos proyectos- sigue generando revuelo en La Moneda. Hidalgo -a quien el ministerio responsabilizó de no haber hecho las denuncias pertinentes en un caso de presunta violación en una residencia dependiente de la cartera- anunció acciones legales contra Giorgio Jackson.
Acusaciones cruzadas entre Jackson e Hidalgo. Pero la versión de la militante PPD es desmentida por el gobierno. Sobre Quilicura, en el Ejecutivo dicen que no hubo instrucción expresa de que Hidalgo votara de una manera particular sobre el proyecto. De hecho, señalan que ya había votado en contra de la posición del gobierno en varias oportunidades.
Lo que sí reconocen es que se le pidió no faltar a la votación. Evidentemente, admiten las mismas fuentes, el subtexto era que su presencia era relevante para que respaldara al Ejecutivo.
En La Moneda aseguran que -tal como constató Mideso en un comunicado el fin de semana- las alertas de Jackson se levantaron cuando se enteró que Hidalgo no había denunciado un caso de presunta violación en un centro de atención a personas en situación de calle ubicado en la Región Metropolitana.
Fue el martes de la semana pasada, que en antecedentes de la situación, instruyó un sumario -a través de la subsecretaría- e hizo una denuncia a la fiscalía por ese caso.
Así, en el gobierno afirman que el despido de la exfuncionaria se dio -en lo formal- por pérdida de confianza y así se lo dijo el ministro Jackson cuando la recibió en su oficina esa mañana. También le dijo que había una serie de situaciones -de las que él como ministro- había tomado conocimiento en que ella había “transgredido la cadena de mando”.
Un ejemplo de ello, explican las mismas fuentes, se dio cuando la otrora seremi metropolitana pidió permiso para asistir a un encuentro -a realizarse en Colombia- en que distintos países compartirían experiencias sobre sistemas nacionales de cuidado. Ante la petición, se le habría dicho expresamente que iría la subsecretaria Francisca Perales y otra representante del Ministerio de Desarrollo Social, por lo que no era requerida su participación.
“Fue un bochorno porque al llegar a Bogotá ellas se enteraron de que había ido igual y se presentó como representante del gobierno”, dice una fuente que conoció el episodio.
En el entorno de la exseremi confirman la veracidad de estos hechos. Sin embargo, afirman que Hidalgo recibió la invitación en mayo de este año directamente desde uno de los organizadores. Y al no obtener la venia para asistir en comisión de servicio, la exseremi hizo solicitud de permiso de vacaciones y viajó a Colombia.
Pero no fue solo eso. Quienes conocieron del tenor de lo planteado por Jackson, el ministro le advirtió que la principal razón en su despido radicaba en que no levantó las alertas sobre el presunto caso de violación.
– ¿Está enterada la presidenta de mi partido?, le preguntó Hidalgo a Jackson ese día miércoles en su oficina.
El secretario de Estado respondió -según quienes conocieron del intercambio- que era una decisión que él había sometido a consideración del comité político y que tenía tanto el respaldo de esa instancia -incluyendo a la ministra del Interior, Carolina Tohá- como de Natalia Piergentili.
Hidalgo -en diálogo con La Tercera PM- afirmó una versión distinta respecto del supuesto caso de violación. Aseguró que fue notificada por una de las trabajadoras de la seremía, quien le dijo que “se estaba activando la red a nivel ministerial”, pues la residencia donde habrían ocurrido los hechos dependía directamente del ministerio.
La exautoridad aseguró tomar conocimiento de los antecedentes cuando ya había denuncia respecto al caso, dado que los antecedentes habrían sido reportados al “nivel central”.
La otrora seremi agregó que iniciará acciones legales contra el ministro Giorgio Jackson, “por el tema reputacional” que implica la acción negligente que se le ha imputado.
En el PPD no hay una única postura respecto de la tensión entre ambos personeros. La tienda -como cada lunes- tiene contemplada una reunión de mesa nacional durante la tarde y uno de los puntos en tabla a discutir es la salida de Hidalgo del gobierno.
Algunos advierten que no hay forma de “defender” a la exautoridad regional si sale del gobierno “tirando el mantel”, otros apuntan a que ella tiene cómo demostrar que no tenía responsabilidad administrativa en los hechos que se le imputan y evalúan una posible declaración sobre el tema.
Otros personeros del partido apuntan a que Jackson no debería haber sido el interlocutor para solicitar su despido, sino que su jefatura directa, la subsecretaria Perales.
Como sea, y al término de las reuniones por acuerdo constitucional, la jefa de la colectividad, Natalia Piergentili señaló que “aquí hay un problema, estamos recabando los antecedentes que es lo que me corresponde a mí como presidenta de un partido, de modo de poder, tanto para la militancia como para la opinión pública, una posición absolutamente fundada (…). Que este tipo de cosas sean utilizadas para acusaciones constitucionales -refiriéndose a Jackson- me parece que no es estar entendiendo las prioridades del país”.
Los funcionarios de Mideso, al cierre de esta edición, emitieron un comunicado público respaldando la decisión del ministro y acusando malos tratos y contrataciones de operadores políticos por parte de Hidalgo. “Cabe mencionar, que la obsesión de la exautoridad por contratar personal que integrara su gabinete fue más que lamentable, dado que dispuso para lograr ese cometido de cupos que se habían liberado por renuncias de profesionales que desempeñaban su función en el área social. Lo anterior, en la práctica significó una sobrecarga de trabajo para los funcionarios y las funcionarias que se desempeñan en los programas sociales: siendo quienes ‘pagaron’ el mayor costo de las decisiones de la señora Hidalgo en pro de su beneficio político”, sostienen.
En la derecha los primeros en deslizar la idea de una posible acusación constitucional fueron los diputados del Partido Republicano, quienes anoche afirmaron que se encontraban “estudiando” y reuniendo los antecedentes para un libelo en su contra.
Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
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