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CESANTÍA, TRAGEDIA Y REFLEXIÓN: EL AÑO MÁS DURO DE LOS EXCONVENCIONALES

CESANTÍA, TRAGEDIA Y REFLEXIÓN: EL AÑO MÁS DURO DE LOS EXCONVENCIONALES,

Gianluca Parrini, Amelia Eguiguren y Andrés Gómez

La Tercera, 03/09/2023

El triunfo del Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022 marcó las vidas de varios constituyentes. Algunos vieron truncos deseos de seguir en la política, mientras que a otros el estigma de la Convención, dicen, los persigue. No obstante, varios siguen defendiendo el proceso y el texto. “Creo que los constituyentes nos adelantamos 50 años al Chile que tenemos hoy en día”, sostiene una.

Cuando Bessy Gallardo (38) vio los resultados del plebiscito del 4 de septiembre del 2022, ese que marcó el triunfo del Rechazo, se largó a llorar. Acompañada de su pareja y de sus tres hijos, veía en esas cifras en la televisión cómo dos años completos de trabajo como constituyente, encarnados en una propuesta de nueva Constitución, eran diluidos. La gente le dijo que ese trabajo no los representaba.

La militante comunista dice que una angustia la recorrió. Pero fue por fases.

¿Conoces las etapas del duelo? Yo las viví todas– dice.

Ese primer día dice que solo atinó a desmaquillarse, ponerse el pijama e irse a dormir.

Les dije a mis hijos que me iba a acostar. Y dormí como cuatro días. Es que ya no había nada más que hacer -asegura Gallardo-. ¿Nunca has tenido ese llanto como de que se murió alguien que no vas a volver a ver? Ese de impotencia.

Gallardo mira hacia atrás. Dice que lo que la motivó a postular como constituyente el año 2020 fue terminar con el Estado subsidiario: “Sacaba la cuenta y me di cuenta de que si los tres iban a estudiar, tenía que pagar dos millones de pesos mensuales. ¿Qué familia aguanta eso?”.

Lo que motivó a Alejandra Pérez (45), una dueña de casa y dirigente, no era tan distinto. Luego de un cáncer de mamas por el que perdió sus dos pechos el 2017, decidió postular para visibilizar el problema que es atenderse en la salud pública en Chile. Su torso desnudo con consignas escritas en su pecho fue lo que hizo a la gente empatizar con ella. Logró ser electa.

Pero su tratamiento del cáncer no estaba terminado. A pesar de que ya estaba controlado, tenía que seguir examinándose cada seis meses para descartar cualquier reaparición. Por eso, su doctora le recomendó un estilo de vida tranquilo: evitar el estrés y pasar rabias.

Pero eso, dice, fue lo que más encontró dentro de la Convención.

Fueron meses estresantes. A veces salía a las 10 de la noche de la Convención y me quedaba en unos Zoom hasta las tres de la mañana -cuenta Pérez- Yo antes llevaba una vida relajada, pero me metí en algo sin horarios, donde comíamos la mitad de una empanada, un sándwich, un chocolate y un café. La hora de almuerzo, por lo general, pasábamos en reuniones.

Gallardo también dice que el proceso fue arduo. Mientras era constituyente estudiaba Derecho en los ratos que le quedaban. Por eso, el costo personal fue alto.

Hay horas de trabajo muy arduos. De perderse a la familia. De dejar a mis hijos solos -lamenta-. El costo más alto que he pagado es la maternidad. No fui mamá durante dos años. Crecieron entremedio, y cuando volví, me encontré con tres hombres. Tienen 18, 16 y 14. Entonces, fue complicado retomar la maternidad. Porque ya no son enanos.

El ritmo de trabajo durante ese año, dice Alejandra Pérez, le terminó pasando la cuenta. Un día de enero del 2022, mientras estaba en los jardines del exCongreso, Pérez recibió un correo. Eran los resultados de un examen que se había realizado meses atrás. Le habían encontrado una mancha. El diagnóstico fue demoledor: su cáncer no solo había regresado, sino que se expandió a sus caderas.

Se me vino el mundo encima. Corrí a la oficina de Gaspar Domínguez (médico y vicepresidente de la Convención). Lloré como una cabra chica. Le dije que no me quería morir.

Una vez que Pérez supo los resultados del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, comenzó a sentir otra vez dolores. Al tiempo, reflexionó algo.

Yo lo conversé con mi doctora. Yo creo que el cáncer me volvió por el estrés que viví en la Convención.

Bessy Gallardo recuerda que pasó esos días después de ese domingo 4 durmiendo, incomunicada y sin ver televisión. Lo primero que comió después de días fueron papas fritas y una Coca Cola con azúcar. “Mi esposo me sirvió comida. Necesitaba que mi cerebro volviera a funcionar. Estaba disociada”, recuerda.

Lo que vino después fue una etapa de furia, dice.No entendía algunas cosas de lo que estaba pasando.

Luego empezó la ira. No quería saber nada de Chile. Y después aparece la pena de que Chile es como tu amor tóxico, ¿cachái? Porque dices, ¿cómo la gente es tan pelotuda? Y luego dices, no, es que la gente no sabe. No le hemos enseñado a la gente. Tenemos la culpa de esto. No puedo pretender que alguien que anda en micro y ve noticias por TikTok entienda lo que es un Estado social y democrático de derecho. Es imposible.

El difícil rearme. El hecho de haber sido constituyente es una marca que, dicen miembros de la extinta Convención, es difícil de llevar.

Eso lo cuenta Cristóbal Andrade, un mecánico automotriz de Quilpué, quien ganó popularidad en las marchas del estallido social de octubre del 2019. Ahí se metía dentro de un corpóreo de dinosaurio azul. Eso lo hizo conocido y fue asociado a figuras como Giovanna Grandón, la Tía Pikachu. Salió electo en el distrito seis, de la mano del pacto independiente Lista del Pueblo. Su fama iba de la mano con su disfraz. Lo conocían como “Dino Azulado”.

Andrade dice que luego de su labor como constituyente se proyectaba en política. Pero cuando triunfó el Rechazo en septiembre, no lo llamó nadie. Se tomó un mes de vacaciones y, después de eso, empezó a buscar trabajo en su rubro.

Pero lo que encontró Andrade en esa búsqueda lo desilusionó. Le pasó cuando fue a mostrar su currículo a una automotora en septiembre del 2022, a dos meses del triunfo del Rechazo.

Cuando fui a postular, me dijeron: no das con el perfil de la empresa. Que me conocían, pero aún así no calzaba -dice-. Es que al postular uno se da cuenta de las indirectas que te tiran las empresas. Yo creo que pensaban que yo iba a entrar a la empresa y hacer un sindicato. Como que iba a revolucionar a los trabajadores.

Andrade dice que la situación le pasó en más empresas. Sin fuentes de ingreso nuevas, se gastó sus ahorros -parte de ellos lo que ganó en la Convención- para subsistir ese tiempo.

Pasé siete meses sin trabajo, desde septiembre a marzo de este año. Al final ya estaba desesperado. Prácticamente quería trabajar en lo que saliera.

Andrade le da una explicación a esto: no le dieron trabajo porque era constituyente.

Lo que le pasó a Andrade es algo que otros constituyentes también vivieron en este año: una difícil inserción a la vida laboral. Y si bien algunos volvieron a los trabajos que tenían antes de la Convención -en muchos casos pidieron permisos sin goce de sueldo por un año-, otros vieron cómo las puertas se les cerraban.

Lo mismo le pasó a Bessy Gallardo. Dice que por haber sido convencional hay empresas que la miran distinto.

Para el ejercicio libre de la profesión no he tenido problemas. Pero si quisiera postular a un estudio jurídico, lo primero que van a mirar es que fui convencional. Probablemente digan que soy una persona conflictiva por eso.

Margarita Vargas, convencional del pueblo kawésqar, había trabajado durante años para visibilizar la causa indígena, y creía que finalmente podían plasmar eso en una Constitución a través de la plurinacionalidad. Pero el resultado del plebiscito la golpeó.

Tomó varias decisiones. La primera fue retirarse de la vida pública. La segunda, tomar un curso de motivación y de desarrollo personal en una fundación.

Entramos ahí con otras convencionales. Nos sirvió bastante para empatizar y apoyarnos entre las convencionales que estábamos más débiles emocionalmente.

Lo otro que añade es algo que otros convencionales han dicho que es una gran dificultad: postular a un cargo público.

Yo podría postular al Estado para trabajar como administradora pública. Pero he visto que está tan difícil para los convencionales, que al final no he querido. Aparte, para eso hay que tener amigos.

Andrade dice que él esperaba que lo llamaran para alguna candidatura, pero no pasó.

Es que cuando eres independiente es más difícil. Los que eran de partidos políticos agarraron cargos importantes, porque estaban en partidos del oficialismo. A ellos se les hace más fácil.

Lo que dice Andrade se condice con hechos.

La primera llegada de un convencional al gobierno fue Ricardo Montero (PS). Criticado en la interna de su partido por haber votado por la disolución del Senado, asumió como jefe de gabinete de la ministra del Interior, Carolina Tohá, solo cuatro días después del triunfo del Rechazo. El 16 de agosto pasado ascendió a un nuevo cargo: subsecretario de Defensa.

Otros convencionales han entrado a otras carteras, como Interior, Desarrollo Social, Hacienda, Culturas y hasta una embajada. Así, en total son 12 los exconvencionales que llegaron en algún momento al gobierno.

Sin embargo, no es solo en La Moneda donde aterrizaron exconvencionales. Al municipio de Valparaíso llegaron cuatro exconstituyentes en julio de 2022, a días del fin de la Convención. Entre ellos, Alejandra Pérez.

Esta serie de nombramientos fueron catalogados por la oposición como “premios de consuelo”. Pero entre los constituyentes de derecha también hubo quienes, a la larga, ganaron pasando por la vitrina de la Convención.

Por ejemplo, Martín Arrau, constituyente por el Maule, apenas ganó el Rechazo abandonó la UDI para entrar al equipo de campaña de José Antonio Kast. Pasó en poco tiempo de ser un constituyente desconocido, a ser vicepresidente del Partido Republicano.

Otra ganadora del proceso fue Teresa Marinovic. La licenciada en Filosofía se hizo conocida a nivel nacional por su estilo incisivo y provocador en la Convención. Hoy, Marinovic asume que su paso por ahí le permitió llegar a mucha más gente. Ahora, cuenta, piensa en lanzar una candidatura para un cargo público.

Estoy considerando una campaña senatorial por La Araucanía o la RM. Si es diputación, sería el distrito 10, 15 o 22. Si es municipal -que lo veo improbable, porque es incompatible con mi vida familiar-, sería en Santiago, Providencia o Peñalolén-, dice Marinovic.

Pero la gran ganadora del proceso es indiscutiblemente Elisa Loncon.

Luego de la asunción como la primera presidenta del órgano, el suceso fue noticia en medios de todo el mundo. Figuró en el listado de la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del 2021. También la destacó el Financial Times, como una de las 25 mujeres más influyentes de ese año.

Ese diciembre, el gobierno del País Vasco le concedió el premio René Cassin de Derechos Humanos.

Esto levantó la figura de Loncon a un nivel internacional. Por eso, fue invitada desde instituciones en Francia, Nueva Zelandia y Estados Unidos. Esos viajes pudo realizarlos a pesar de ser académica de la Usach, por un permiso de un año que le concedió esa casa de estudios.

Esto generó cuestionamientos, ya que Loncon se negó a entregar antecedentes de sus actividades como académica a una solicitud de Transparencia, acusando persecución y racismo.

Consultada, Elisa Loncon no quiso participar en este reportaje.

Cobrando cuentas. Además de los costos laborales y económicos, el proceso acarreó costos emocionales entre los miembros del extinto órgano.

La académica Amaya Álvez, según relatan personas que la conocen, cayó en un profundo estado de tristeza. Tanto ella, como la expresidenta María Elisa Quinteros, Patricia Politzer, Cristina Dorador y Bárbara Sepúlveda fueron contactadas para este reportaje, pero prefirieron no ser entrevistadas.

Todas volvieron a sus antiguos trabajos en la academia. De hecho, Dorador fue elegida el año pasado como una de las “30 Mujeres Poderosas” por la revista Forbes Chile.

Gaspar Domínguez, el sucesor de Jaime Bassa en la vicepresidencia de la Convención, volvió a ser médico general en Palena apenas ganó el Rechazo.

Jaime Bassa no respondió los mensajes de este medio. En su cuenta de Twitter se mantiene activo, muy atento al proceso Constitucional. Su tuit fijado es un enlace a una reflexión que publicó en el diario digital El Mostrador el 13 de septiembre del año pasado. En él habla de varios “rechazos” que se juntaron en una misma votación, y defiende el texto presentado.

“Creo que la propuesta de nueva Constitución no fue maximalista ni radical, pero sí trazó un proyecto político ambicioso (…). Y sin perjuicio de que se fracasó en este intento, ahora el pueblo de Chile cuenta con un texto al cual podremos recurrir en el futuro”, escribió el abogado.

El rol de Bassa fue duramente cuestionado, no solo por la oposición, sino que por militantes de partidos que iban por el Apruebo. Le cobran -dicen en reserva exconstituyentes- que se perdió mucho tiempo en las primeras semanas de la Convención que pudo ser utilizado para enriquecer el debate. Semanas que, meses después, hicieron peligrar que se terminara el texto dentro del año que tenía el órgano como plazo legal para esta tarea, que finalmente la cumplió la administración de Gaspar Domínguez.

Lo otro que comentan convencionales que iban por el Apruebo es que Bassa era uno de los constituyentes que tenían una trayectoria académica importante para encarar el proceso. En su caso, por ser doctor en derecho y hacer clases de derecho constitucional en la Universidad de Valparaíso.

Esas mismas credenciales traía Christian Viera, autor de varios libros sobre temas constitucionales, y Fernando Atria, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quien desde el 2013 empujaba la idea de que el país debía tener una nueva Carta Magna.

Viera hoy sigue dedicado a la academia. Dice que el Rechazo fue un golpe duro. “Me afectó anímicamente. Dejé mucha energía, y tuve costos familiares importantes. El texto rechazado habilitaba cambios por la vía legislativa -dice-. Lo vivo con amargura, porque esperaba que el texto se aprobara”.

Por otro lado, no cree que él haya tenido más responsabilidad que el resto de los convencionales.

La Convención era una conversación entre iguales. Al interior yo era uno más. No fui elegido por ser un especialista. Adentro podía ser más o menos respetado, no por mis estudios, sino por la pertinencia del argumento que podría ofrecer.

Atria, en tanto, volvió a hacer clases en Pío Nono. Dice que el proceso no le significó grandes costos personales y que no se arrepiente de su trabajo en la Convención. Eso sí, acusa que él y los convencionales han sufrido una “campaña de desacreditación”.

Hay mucha gente que tenía cuentas por cobrar -advierte Atria-. Y vieron en este momento la posibilidad de cobrarlas

Predicando en el desierto. Cristóbal Andrade, “Dino Azulado”, encontró trabajo en una automotora en Viña del Mar. Quiere postularse como concejal en Quilpué. Eso sí, el traje de dinosaurio, comenta, esta vez no lo usará.

Lo tengo en la casa. Igual lo uso para eventos. En Quilpué bailé con él en el Día de la Niñez. Le escribí a la alcaldesa, le pregunté si podía ir por último a entretener a los niños. Me dijo ningún problema, si la plaza es pública, usted puede ir.

Bessy Gallardo no logró tumbar el Estado subsidiario. Pero no cree que el proceso fue un fracaso.

Cuando perdimos, no me sentí perdedora. Me sentí como la gente que predica en el desierto. Ahí dije: esto no es para mí. Yo tengo mi carrera, y si no, tengo mi familia. Tengo una mamá con plata suficiente para solventar su vida y la de sus nietos. Yo voy a salir adelante igual. ¿Pero y los demás? ¿Qué hace la demás gente? Ayer pagué sueldos, por ejemplo. Y tengo gente que gana 500 mil pesos. Y yo 500 mil pesos me los gasto en cinco minutos pagando cuentas. Y no todas las cuentas. ¿Qué haría yo si ganara 500 lucas? ¿Qué hago? ¿Cómo solvento la vida de mis hijos? Y la gente lo hace, a punta de créditos. Yo creo que esa es mi pena más grande.

Fernando Atria ha reflexionado sobre el proceso. Cree que la gente rechazó la propuesta no por el texto, sino que por la conducta de algunos convencionales. También dice que con el tiempo ha observado el proceso de una forma distinta.

Cuando veo lo crispado y difícil que está el contexto político para llegar a acuerdos, me lleva a notar lo extraordinario que fue que ese grupo de personas, con todas esas desconfianzas recíprocas que teníamos, haya sido capaz de hacer una propuesta al país dentro de un año. Cada quien podrá observar eso como quiera -lanza-. Yo supongo que con el paso del tiempo el ejercicio de la Convención va a ir ganando en su real dimensión.

Gaspar Domínguez defiende el texto. Dice que tanto la propuesta actual de los expertos como la del 2022 son mejores que el texto vigente. Lo otro que dice es que el proceso fracasado terminará siendo visto de otra forma con el tiempo.

Todos los procesos se van reinterpretando a medida que pasa el tiempo. Con el resultado del proceso vigente, de los futuros ciclos políticos, vamos a ir viéndolo de forma diferente. No sé si de una forma mejor o peor. Pero distinta.

Alejandra Pérez afirma que entró en cuidados paliativos. Que los dolores son muy fuertes. Que ya no se quiere enterar de lo que está pasando en el proceso constituyente. Que cambia las noticias cada vez que empiezan a hablar de eso. Pero aunque no logró consagrar la salud pública en la Constitución, no piensa que sea una derrota.

Yo siempre supe que este proceso era difícil. Y lo que veo es que fue una oportunidad para que la gente le tomara realmente el peso a que sí podíamos cambiar los problemas estructurales de nuestra sociedad -dice Pérez-. Yo creo que el texto que hicimos tiene de todo. Creo que los constituyentes nos adelantamos 50 años al Chile que tenemos hoy. Nosotros venimos del futuro. Para mí, la Convención fue el futuro.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

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TEILLIER Y LOS DEDOS EN EL ENCHUFE

   

TEILLIER Y LOS DEDOS EN EL ENCHUFE

Gerardo Varela, Abogado

El Mercurio, Columnistas, 02/09/2023

“El Presidente siente electricidad porque mete los dedos al enchufe cada vez que puede, reivindicando gobiernos fracasados, decretando duelo nacional por un violentista y acusando de cobarde a un anciano militar que prefirió terminar con su vida que perder su libertad”.

Giles Udy es un historiador inglés que investigó durante los noventa los famosos gulags o campos de concentración comunistas en Rusia. Para ello se dirigió a Norilsk, un lugar cientos de kilómetros al norte del círculo ártico.

Es una ciudad minera construida por los comunistas sobre tierra congelada (permafrost) y de las más contaminadas del mundo.

Cuando llegó a los campos, se dio cuenta de que solo quedaban los grandes edificios de concreto, donde existían pequeñas celdas para una persona. Ahí notó un detalle que le pareció extraño hasta que entendió su macabro propósito. Las puertas de las celdas tenían en su interior un recubrimiento metálico en forma de rallador de queso, para que los internos que reclamaran golpeando la puerta se rompieran las manos.

Por esos campos pasaron cerca de 3 millones de personas, incluyendo toda la oficialidad lituana, disidentes políticos, nacionalistas ucranianos, los “kulaks” y los miles de prisioneros de guerra rusos devueltos después de la guerra, de los cuales Stalin desconfiaba.

Esta investigación la plasmó en el libro “Labour and the gulag, the seduction of the british left”.

Esta historia de terror se ha repetido en muchos países donde se impuso alguna vez el comunismo. La China de Mao, la Camboya de Pol Pot, y muchos otros.

Todos esos experimentos macabros han sido seguidos con un silencio cómplice por las izquierdas mundiales. Su compromiso con los DD. HH. y la democracia siempre termina donde empiezan los gobiernos comunistas.

Algunos por idealismo, que creen que ahí se están construyendo sus utopías; otros por avaricia, comprados por los servicios secretos, y otros por simple estulticia, se hicieron y se siguen haciendo los lesos. Son muy pocos los valientes que se han atrevido a condenarlos como corresponde.

Acabo de leer el libro “Notas de Memoria”, de Óscar Guillermo Garretón, que recorre páginas de su vida y nuestra historia. Recomiendo su lectura a los jóvenes que no la vivieron y a los viejos para que no olviden. El prólogo del libro no puede ser más elocuente:

“Sobran dedos de una mano para contar los gobiernos exitosos de la izquierda latinoamericana. Los intentos guerrilleros fracasados bañaron de sangre joven, selvas y ciudades del continente y las únicas tres tratativas triunfantes —Cuba, Nicaragua y Venezuela— son un desastre, de las cuales desde la propia izquierda algunos o muchos buscan tomar distancia”.

La pregunta que surge es si el terror y la miseria que arrastra el comunismo en sus versiones más suaves o más duras son una anécdota indeseada o la consecuencia ineludible de sus ideas.

La historia de las decenas de países que han tratado de aplicarlo muestra que no existe comunismo sin violencia, esclavitud ni pobreza.

Esto explica que nuestro Presidente reivindique al gobierno de Allende y haya decidido homenajear a Guillermo Teillier, un comunista que organizó asesinatos de carabineros, robo de bancos y hasta el secuestro de un niño. Un hombre que tuvo siempre a su partido —como él dijo— “con un pie en la calle y otra en el Congreso” y cuyo compromiso con la democracia y los DD. HH. es equivalente al del comunismo con la verdad.

Es distinto luchar contra una dictadura con la fuerza de los votos para conquistar una democracia que hacerlo con la fuerza de las armas para imponer una tiranía comunista.

Por eso nunca debiéramos olvidar la dedicatoria de Solyenitzin de su libro “Archipiélago Gulag”: “A todos los que no vivieron lo bastante para contar estas cosas. Y que me perdonen si no supe verlo todo, ni recordarlo todo, ni fui capaz de intuirlo todo”.

El Presidente siente electricidad porque mete los dedos al enchufe cada vez que puede, reivindicando gobiernos fracasados, decretando duelo nacional por un violentista y acusando de cobarde a un anciano militar que prefirió terminar con su vida que perder su libertad.

Ahora Teillier puede descansar, ojalá encuentre la paz que no tuvo en su vida y que Dios lo perdone, para que no viva con un pie en el cajón y otro en un gulag.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional

 

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11/09/23: LA CONMEMORACIÓN QUE PUDO SER

 

11/09/23: LA CONMEMORACIÓN QUE PUDO SER.

Martín Browne

La Tercera, 03/09/2023

En el gobierno se preparan para el aniversario de los 50 años del Golpe de Estado con menos expectativas de las iniciales. El camino ha sido más complejo de lo esperado, se han cancelado planes y el proceso ha dejado varios caídos. Ahora el Presidente se esfuerza para poder cerrar un acuerdo que esté a la altura del hito.

El viernes a las 13.00 el expresidente Sebastián Piñera llegó a La Moneda a conversar con el Presidente Gabriel Boric. El motivo de la visita era abordar la conmemoración del Golpe de Estado e intentar llegar, como sea, a un acuerdo sobre el valor de la democracia.

El plan es que los expresidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet -que también se reunirán con Boric en los próximos días-, además de Piñera, sean parte del acto llamado “Por la democracia, hoy y siempre” que se realizará el 11 de septiembre en La Moneda y que puedan firmar el compromiso, al que también se invitó a todos los partidos, aunque han manifestado mayor resistencia.

Ese, dicen en La Moneda, que antes se veía como un mínimo esperable de la conmemoración, se terminó por convertir en el peor de los enredos.

El clima político, ha reconocido Boric a sus cercanos, no es el que esperaba para la conmemoración, y con ello en La Moneda han tenido que bajar las expectativas en torno a un acto que en su diseño original tenía todo para ser exitoso: un Presidente de izquierda, declarado admirador de Salvador Allende -incluso lo mencionó en su discurso al asumir-, y el Partido Socialista y el Partido Comunista, protagonistas de la Unidad Popular, en la primera línea del gobierno con figuras como Maya Fernández, nieta de Allende, y Carolina Tohá, hija del exministro del Interior asesinado en dictadura, José Tohá, en el gabinete.

Pero no fue suficiente. Los intentos por guiar las actividades de la fecha han generado fricciones con los partidos oficialistas y de oposición -que han asegurado que el gobierno ha “polarizado el debate”– y también dejaron a dos ministros y a uno de los hombres más cercanos al Presidente en el camino: Julieta Brodsky (Convergencia Social), Jaime de Aguirre y Patricio Fernández.

Esta semana el mismo Boric se refirió al contexto en el que se enmarcará el hito. “El ambiente está eléctrico, está cargado. No sé si ustedes lo sienten, pero siento que si toco a alguien le daré la electricidad en cualquier momento”, dijo el Presidente en el aniversario de la UTEM, a propósito de la conmemoración.

Un día antes, el mismo Mandatario había tensionado el clima en pleno velatorio del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier. “Murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido. Hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia. Ahí hay diferencias humanas”, aseguró Boric, refiriéndose al suicidio de Hernán Chacón, exbrigadier del Ejército condenado por el homicidio del cantante Víctor Jara.

No fue lo único. El miércoles, en el Día del Detenido Desaparecido, Boric presentó el Plan Nacional de Búsqueda en medio de la polémica que habían generado sus declaraciones. Por ello, la oposición no asistió a la actividad.

Desde que el Mandatario empezó a coordinar acciones para la conmemoración, se han ideado diferentes proyectos y se han evaluado distintos planes -algunos más ambiciosos y masivos que otros-, que finalmente, por la contingencia y el clima político, no vieron la luz.

Así, en la oposición han asegurado que las señales han sido confusas. “Te pega un combo y te invita al cumpleaños”, se suele escuchar. Primero, porque la invitación del Presidente a firmar un acuerdo les llegó por sorpresa: fue por la prensa, desde España, y con un contenido que distaba de lo que se había conversado para enmarcar la conmemoración: que en vez de mirar al pasado y cuestionar el Golpe, se pusiera el foco en el futuro.

“Vamos a invitar a todos los partidos de Chile a firmar una declaración”, dijo Boric el 15 de julio desde Europa. El compromiso, dijo, giraba en torno a dos ejes. El primero, “que convengamos todas las fuerzas políticas, independiente de nuestras posiciones actuales, que los problemas de la democracia se tienen que resolver con más democracia y no con menos. Por lo tanto, un Golpe de Estado es inaceptable”. En segundo lugar, “que nada, ni las diferencias más agudas justifican la violación de los derechos humanos de quien piensa distinto, ni de nadie”.

El Presidente -a veces fruto de sus pasiones-, boicoteó una de las ideas primordiales de la conmemoración, que era la búsqueda de un acuerdo por el cuidado y la defensa de la democracia, firmado por todos los partidos. De ahí en adelante, la situación solo se ha puesto -al decir de Boric- bastante eléctrica entre la clase política.

La primera intención. Habían pasado un par de meses desde que Boric llegó al poder cuando la exministra Brodsky le pidió una reunión al Presidente. Se le habían acercado desde la Fundación Salvador Allende y de otras organizaciones de derechos humanos para ver qué pensaba hacer el gobierno con la conmemoración de los 50 años.

Hasta ahí, no había nada, más allá de lo que se señalaba en el programa de gobierno sobre reparación a víctimas de violaciones a los DD.HH. Pese a las alusiones directas del Presidente en su discurso inicial, y su admiración confesa y reiterada hacia Allende, no había propuestas concretas sobre los 50 años.

Luego de esa conversación se creó una mesa interministerial para ver las acciones. Participaban Justicia, Cancillería, Defensa, Educación y Cultura, entre otros.

Pasó el tiempo y en septiembre de 2022, en medio de la gira a la Cumbre de la ONU en Estados Unidos, el Presidente le planteó a su equipo una idea: que cuando se cumplieran los 50 años quería hacer una cumbre en Chile sobre el valor de la democracia.

La lista de invitados era ambiciosa. Además del presidente de España, Pedro Sánchez, se pensaba en el expresidente de Estados Unidos Barack Obama y el Presidente de Irlanda, Michael Higgins, además de actores de Hollywood y figuras internacionales como Bono, vocalista de U2. El Rechazo recién había dado el batatazo, y el golpe no era del todo aquilatado en La Moneda.

Hoy, a una semana de la conmemoración, ninguno de ellos podrá asistir. El último en justificar su ausencia fue Higgins, quien fue observador en el plebiscito de 1988, pero que tuvo que restarse por motivos de salud.

Quienes sí vendrán serán los presidentes Manuel López Obrador (México), Alberto Fernández (Argentina) y Gustavo Petro (Colombia), además de representantes de Alemania y el primer ministro de Portugal, António Costa. Un elenco distinto al de la idea inicial, que tenía la transversalidad como eje. “Que nadie sintiera que era un acto solo suyo”, repiten en La Moneda.

Los invitados no han sido el único cambio en las expectativas y de foco de la conmemoración. En noviembre de 2022 Patricio Fernández -uno de los hombres más cercanos al Presidente- llegó a La Moneda a hacerse cargo del aniversario, dejando atrás los otros avances. Para entonces, en el Ministerio de las Culturas tenían trabajo adelantado: el diseño que se evaluaba era un logo hecho por Alejandro “Mono” González, artista clave en la estética de la Unidad Popular y el retorno a la democracia. El afiche consistía, según quienes pudieron verlo, en un fondo negro con un impacto de bala. Pero Fernández aconsejaba algo diferente y así se lo manifestó al comité de ministros.

El cambio de estética -que terminó a cargo de la diseñadora Constanza Gaggero- buscaba que el foco no estuviera en la polarización ni en ánimos revanchistas del pasado, sino que en buscar acuerdos para el futuro. Por eso se creó la flor de los 50 años, que fue presentada en abril bajo el lema “democracia es memoria y futuro”.

Apenas arribó Fernández buscó llegar a un acuerdo entre todos los partidos con el énfasis en las palabras democracia y el futuro. Desde la mesa interministerial se convocó a los partidos de oficialismo y de oposición, en diciembre, y se les presentó un relato que en marzo -a través de un oficio- les envió Brodsky a todas las instituciones públicas y policiales. Se llamaba: “Relato Oficial Conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado de 1973″. El nombre generó de inmediato la molestia de los partidos, porque instalaba una versión única de los hechos, lo que motivó distintas recriminaciones desde Presidencia al Ministerio de las Culturas.

También hubo críticas desde la oposición por el tono del documento. “Si las fuerzas que terminaron con la democracia ese 11 de septiembre de 1973 ahora parecen lejanas, diariamente constatamos la irrupción de nuevas corrientes que la acechan. Esta es también, por tanto, una ocasión para reflexionar acerca de los riesgos y amenazas que ella sufre en la actualidad, y renovar nuestro absoluto compromiso democrático”, se leía en el oficio. Y lo que se quería era justo lo contrario: establecer que no hay verdad oficial respecto del pasado, pero sí compromiso común respecto del futuro.

Junto con la bajada del “relato”, la intención era que en enero se presentara el sello oficial -que ya estaba diseñado-. Nuevamente se evaluaron posibilidades ambiciosas, como anunciar la campaña en el Cerro Chena -lugar en el cual se cometieron violaciones a los derechos humanos- y donde se realizará un sitio de memoria. También se evaluó la alternativa de tener actividades todos los meses, con invitados internacionales de peso (ahí se sondeó la alternativa de Bono).

Pero estallaron los indultos presidenciales y se retrasó la presentación. Los ánimos de la oposición se crisparon y la disposición a apoyar las iniciativas del gobierno fue disminuyendo.

En febrero llegaron los incendios y el gobierno no encontraba la fecha idónea para presentar el sello. Fueron varias las actividades que estaban en coordinación con el ministerio que no se dieron en el marco oficial por el retraso del anuncio. Hasta que, antes de eso, llegó el cambio de gabinete, con el ajuste en Culturas como uno de los grandes anuncios. En reemplazo de Brodsky el Presidente llamó a Jaime de Aguirre -uno de los creadores de la campaña del “No”-, lo que fue visto como un gesto claro hacia la conmemoración. Pero tampoco resultó.

El sello recién se presentó el 2 de abril en un evento en el Parque La Castrina, en San Joaquín, en homenaje al rol de las iglesias en la dictadura. “No voy a descansar y voy a dar lo mejor de mí, y nuestro gobierno, nuestros colaboradores, no me cabe ninguna duda que también, para alcanzar ese horizonte. Un Chile donde el futuro sea sinónimo de libertad, de democracia y de respeto, de justicia y dignidad. Un Chile más justo, con memoria y con futuro, donde todos y todas tengamos el derecho de vivir en paz”, dijo el Presidente en su discurso.

De todas formas, después de la presentación del sello la coordinación no mejoró. En las reuniones los partidos insistían en su preocupación por la conmemoración. El 18 de mayo, en una reunión con las directivas oficialistas, el ministro De Aguirre y el subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano -quien también se sumó en marzo-, hablaron de hacer un “monumento al trabajo del cuerpo militar en la construcción de la Carretera Austral, en reemplazo del actual monumento a Pinochet en La Junta”. Pero con el tiempo las gestiones se enredaron, por la resistencia de la comunidad, y el ánimo se empezó a crispar. Hoy reconocen en La Moneda que la posibilidad de retirar el monumento se ve muy difícil.

Otro de los planes que se descartaron de plano fue hacer un acto masivo, con música, el sábado 9 de septiembre, del que pidió hacerse cargo a De Aguirre. Se evaluaron escenarios: en La Moneda pensaron que podrían contar con el Estadio Nacional -pero solo podrá haber actividades en el frontis por los Juegos Panamericanos-, luego se sondeó el Parque O’Higgins y también hacer algo en la Alameda. Pero no resultó.

Entre el riesgo de tener manifestaciones violentas y ante la crisis por el lío de platas entre el Estado y fundaciones, en el gobierno optaron por retroceder.

También en Cultura había un escenario complejo: las polémicas del mismo ministerio, como el rechazo a participar de la Feria de Frankfurt, hicieron que De Aguirre no pudiera avanzar como esperaba y terminaron sentenciando su salida el 16 de agosto. La actriz Carolina Arredondo llegó en su reemplazo.

El asesor. La salida de de Aguirre no fue la única. A fines de junio había renunciado Fernández ante la exigencia del Partido Comunista.

“El reto de Boric no es la vuelta al pasado, sino que patear la pelota hacia el futuro”, dijo el escritor el 4 de junio en una entrevista con LT Domingo. Sus declaraciones generaron molestia en el PC y el reclamo fue planteado por los ministros de Apruebo Dignidad.

“¿Por qué un asesor del Presidente da entrevistas?”, decían. Las quejas fueron transmitidas desde Presidencia al escritor, quien pocos días después volvió a generar polémica al referirse al contexto en que se produjo el Golpe de Estado en una conversación con el sociólogo Manuel Antonio Garretón. Tras eso, los comunistas exigieron la renuncia del escritor y Manuel Guerrero -hijo del profesor asesinado en el caso degollados- asumió como jefe de Contenidos del Segundo Piso para mejorar la comunicación con los partidos y el mundo de los derechos humanos.

Las declaraciones de Fernández no fueron las únicas de las que se quejaron los comunistas sobre el tono de la conmemoración. El mismo 4 de junio, el Presidente, en televisión, recomendó lecturas sobre el Golpe de Estado: “Permítanme hacer una recomendación. Se habla mucho de la Unidad Popular y yo creo que es un período a revisar. Y desde la izquierda tenemos que ser capaces de analizarlo con mucho mayor detalle y no sólo desde una perspectiva mítica”, planteó el Mandatario, quien nombró dos libros: “Las armas de la política”, del español Joan Garcés (1976), y “Salvador Allende”, de Daniel Mansuy (2023), el intelectual de derecha cuyo libro tiene una visión crítica de la Unidad Popular.

La reflexión del Presidente no le gustó al PC y tampoco a partidos del Frente Amplio, que optaron por coordinar sus propias mesas de los 50 años.

El martes, el gobierno difundió el programa de actividades en el que se anunció una agenda legislativa en materia de derechos humanos, que incluiría buscar una solución para levantar el secreto Valech (uno de los compromisos presidenciales de Boric) y también buscar alternativas para la prohibición de la aplicación de beneficios carcelarios en crímenes de lesa humanidad.

Mientras que el 11 de septiembre, Boric espera poder firmar el compromiso, si no es con los partidos, al menos con los expresidentes. Sin Fernández en La Moneda, con cambio de ministro en Cultura y tensión entre el Presidente y la oposición -que el 22 de agosto pidió leer la declaración del Congreso de 1973 cuando se declaró el gobierno de Allende como inconstitucional-, la conmemoración está lejos de ser lo que habían imaginado. Ahora las condiciones son diferentes.

Piñera, al menos, aseguró que está dispuesto a firmar un compromiso “si hacemos una declaración que signifique renovar nuestro total y absoluto compromiso con la democracia, con el respeto a la Constitución y a las leyes, al Estado de Derecho, también con el respeto a los derechos humanos, condenar la violencia”.

Y, tras salir de la reunión con Boric, agregó: “Es fundamental conmemorar para aprender de esos errores. Y se cometieron muchos errores; cometimos muchos errores, antes, durante y después del 11 de septiembre del 73″.

 

 

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

         

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional

 

News, U al dia

Condenas y procesos contra militares. René Norambuena Veliz

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                      Condenas y procesos contra militares.

Una seguidilla de altas condenas a ancianos militares que morirán en las cárceles además de un fallecimiento en su hogar por un General con ochenta y seis año y ahora un nuevo procesamiento muy mediático en contra de un Cdte en Jefe, no por enriquecimiento personal sino por malversación de recursos con una jueza entregando su cargo, es la tónica de estos últimos veinte días.

Insólito que todo se resuelva en veinte días.

Resumen de la seguidilla de condenas.

Caso Soria ,siete ex uniformados con un total de setenta y un año de condena.

Caso Víctor Jara, siete ex uniformados con ciento cincuenta y cinco años de condena.

Caso Fuente Ovejuna, veinte ex militares con un total de ciento diez y siete años de condena.

Sin lugar a dudas todos morirán en la cárcel con excepción de catorce que tienen libertad vigilada.


Un ex Cdte en Jefe por utilizar recursos de acuerdo a la atingencia de la época y no objetada por Contraloría de la época será procesado.


Va a ser curioso ver a muchos de los que están en contra absoluta del pasado del Ejército, muy sonrientes en la parada militar

René Norambuena Veliz

GDB(R)

Presidente de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

 

Columna de Opinión, News

50 AÑOS DEL GOLPE: ¿QUÉ RECORDAR?

 

   

50 AÑOS DEL GOLPE: ¿QUÉ RECORDAR?.

Miguel Saralegui, Profesor del Instituto de Historia de la USS

El Mercurio, Columnistas, 29/08/2023

“…no recordaremos de modo unánime qué y por qué ocurrió en Chile un golpe de Estado. Esta vez podemos estar contentos del desacuerdo de la clase política…”.

El medio siglo transcurrido desde el golpe constituía, en apariencia, una buena oportunidad para que, como sociedad, acordáramos qué y por qué ocurrió el 11 de septiembre de 1973.

Para la misión de orientar la memoria colectiva, el Presidente Boric nombró a Patricio Fernández como asesor. Sin embargo, desde que Fernández renunció, los intentos por generar un relato oficial han quedado, si no disueltos, descoloridos.

Muchos intelectuales se han lamentado de esta falta de acuerdo. Aunque los motivos inmediatos del disenso pueden ser indeseables —la incapacidad del Gobierno de llegar a acuerdos con los grupos que lo respaldan, pues Fernández renunció por las críticas de los comunistas—, podemos estar satisfechos de que el proyecto de generar un relato colectivo se haya frustrado.

Obligar al recuerdo parecería algo necesario, sobre todo de un hecho que marcó, como ningún otro, la historia reciente del país.

Aparte de la importancia de lo ocurrido, nos sentimos inclinados a imponer una memoria colectiva por un aspecto más circunstancial: el carácter insoportablemente desmemoriado de las sociedades contemporáneas.

Se debe generar un relato colectivo no porque estemos encerrados en el recuerdo, obsesión preteritocéntrica por la que Nietzsche censuró a las sociedades europeas de mediados del XIX en la Segunda Intempestiva. Sentimos la necesidad de que el Estado recuerde por lo contrario: vivimos en una sociedad que lo olvida casi todo.

Somos sociedades amnésicas, sociedades que muy rápidamente consagran algo como histórico y definitivo —¿cuántos opinólogos predijimos que la pandemia traería un cambio de “paradigma”? — para olvidar la transición decisiva de modo casi inmediato: ¿cuántos siquiera sienten la necesidad de desdecirse después de comprobar que poco ha cambiado una vez acabada la pandemia?

La despreocupación con la que la sociedad chilena se ha tomado que Patricio Fernández no fuera repuesto confirma esta actitud presentista. Incluso si el deseo de recordar el 11 de septiembre de 1973 —qué, cómo, por qué ocurrió— es correcto, este no tiene nada que hacer contra el presentismo.

Cualquier campaña estatal será tan efímera, pero en su presente infinitamente menos recordada y percibida que la publicidad de la película “Barbie”.

A pesar de la previsibilidad del fracaso, ¿sería positivo que el Estado mantuviera una actitud quijotesca y se empeñara en hacer recordar a la sociedad? ¿Se recuperaría el pasado para el grupo reducido que tuviera acceso a este relato público? Cuando el Estado fuerza un recuerdo, por muy positivo que sea, también anula el pasado, no lo recupera.

La obligación de la memoria se vincula sobre todo con la fuerza que en el presente tiene quien nos propone recuerdos. El pasado está hecho de una realidad muy sutil. Cuando se accede a él a través de la moralidad colectiva —por muy elevada que sea—, en vez de por los meandros, esfuerzos, incertidumbres, más propios de la memoria individual que de la grupal, el pasado se desvanece.

Aunque otras colectividades recordaban más que nosotros, no podían recordar mejor. Las sociedades memoriosas tienen recuerdos de cartón piedra, rígidos, pensados más en su fuerza inspiradora para el presente que en la reconstrucción del pasado: Roma se acordaba de una loba que amamantó a dos huérfanos.

Esta relativa falsificación que toda memoria colectiva impone resulta especialmente ilógica en una sociedad que, como la nuestra, también desde el Estado, ensalza al espíritu crítico como primer criterio pedagógico.

Por afortunado que fuera, el criterio que a Fernández le dio tiempo a proponer —un Estado nunca puede matar ni torturar— se vinculaba más con el presente que con el pasado, con lo que se debe hacer más que con lo que se hizo hace medio siglo.

No recordaremos de modo unánime qué y por qué ocurrió en Chile un golpe de Estado. Esta vez podemos estar contentos del desacuerdo de la clase política. Es verdad: ese recuerdo no nos configurará como chilenos, pero al menos no pagará el precio de ser tergiversado.

Podemos estar satisfechos de que no se vaya a articular un relato sobre lo que ocurrió, que el pasado esté abierto al espíritu crítico y al interés de las pocas personas —pues pocas serán— que se preocupen por saber qué ocurrió durante aquellos días y meses.

Y que en Chile no haya golpes de Estado y se defienda la democracia no va a depender de que se difunda un recuerdo presentista, interesado y cuadriculado, limitado a los eslóganes de la historia, sino de que ahora y mañana estemos en contra de los golpes de Estado

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional

 

Columna de Opinión, News

“NO SE AJUSTA A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA”: CÓMO OPERABA LA TRIANGULACIÓN QUE PERMITIÓ CONTRATAR A FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON DINEROS DE FUNDACIONES

 

   

“NO SE AJUSTA A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA”: CÓMO OPERABA LA TRIANGULACIÓN QUE PERMITIÓ CONTRATAR A FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON DINEROS DE FUNDACIONES.

Víctor Rivera y José Carvajal

La Tercera, 01/09/2023

Una de las irregularidades detectadas por Contraloría en la auditoría a la Seremi de Vivienda y el Serviu de Antofagasta, dice relación con la contratación de 15 personas -al menos dos militantes de RD- que también formaban parte de ONG, como Democracia Viva, ProCultura, Asociación Campamento de Ideas, Corporación Espacio Lúdico, Un Techo para Chile, Movimiento Fibra y Fundación para la Superación de la Pobreza. Además, ya estallado el caso, las oficinas regionales del Ministerio de Vivienda contrataron a dos de estas funcionarias, recién el 1 de agosto.

Si bien fue el jueves 31 de agosto que  evacuó el informe de la auditoría a la Seremi de Vivienda de Antofagasta y el Serviu de esa región, las repercusiones del caso no terminarán ahí.

El lunes será el propio contralor, Jorge Bermúdez, quien expondrá ante la comisión investigadora de la Cámara sobre las irregularidades detectadas, donde mantendrá en la palestra un caso que desde junio no deja de incomodar al gobierno.

Es que el informe de Contraloría identificó nueve irregularidades en la forma de operar entre estos servicios dependientes del Ministerio de Vivienda, donde cinco tienen indicios penales. Por lo mismo, esos hallazgos ya fueron despachados al Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), donde hay uno que no deja de llamar la atención en la Fiscalía y en el ente contralor: la contratación de empleados de las fundaciones, pero que trabajaban en la Seremi de Vivienda y el Serviu.

“Se constató que, en dependencias del Serviu de Antofagasta, específicamente en la Unidad de Asentamientos Precarios de esa repartición, se han desempeñado, al menos, 3 personas que fueron contratadas por entidades que recibieron transferencias para la ejecución del programa en análisis, desarrollando labores internas de dicha repartición pública. Asimismo, se verificó que en dependencias de la Seremi de Vivienda de Antofagasta se desempeñaban, al menos, otras 12 personas”, dice el informe de Contraloría.

Según detalla la investigación del ente contralor, estas personas fueron contratadas por “los organismos receptores de fondos”, las que desarrollaban actividades propias de los organismos públicos indagados, entre ellas, labores en su gabinete, actividades relacionadas con la revisión de las rendiciones efectuadas por las distintas entidades privadas y su contabilización, disponiendo algunas con acceso al sistema contable y otros trabajos institucionales.

“Dichas personas cumplían irregularmente funciones propias de las reparticiones mencionadas, atendido que fueron contratadas por entidades privadas sin fines de lucro y sus remuneraciones-honorarios fueron financiadas con recursos asignados a aquellas por ambas entidades públicas, para la ejecución de iniciativas de inversión, lo cual incide, además, en la legalidad de las mismas, así como en un eventual manejo de información privilegiada por parte de aquellas, las cuales, por lo demás, carecen de responsabilidad administrativa ante eventuales faltas y/o negligencias en su desempeño, por no revestir la calidad de funcionarios públicos. Asimismo, lo señalado da cuenta del uso de recursos para fines distintos al objeto del Programa de Asentamientos Precarios”, se lee el documento de Controlaría.

Esta situación, calificó el organismo fiscalizador, “no se ajusta a los principios de transparencia, responsabilidad, control, eficiencia y eficacia”. Además, se advierte que debió haber una obligación “de la autoridad y jefaturas del servicio, en orden a ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los órganos y de la actuación del personal de su dependencia”.

Quiénes se sentaban en los lados del mesón. Sin embargo, hay otro elemento que llamó la atención de los auditores. El caso de dos personas que trabajaban en el Serviu, pagadas por dos fundaciones, pero que el 1 de agosto fueron contratadas por el organismo público, es decir, una vez estallado el caso, el 16 de junio.

Se trata de Camila Fernanda Prado Barrías, de profesión administradora pública de la Universidad de Antofagasta, de la cual egresó el 2017. Ese mismo año comenzó a trabajar como “asistente de proyectos Innova” en la Corfo. El 2021 comenzó a ser “analista de gestión” en el Serviu de Antofagasta.

En su LinkedIn se define como “con experiencia activa en proyectos. Caracterizada por excelente rendimiento, funcional, integración, y aceptación de usuarios”.

Contraloría sostiene que Prado en el Serviu realizó “labores de gestión, seguimiento y control de los convenios”, esto mientras estaba contratada por la Fundación Campamentos de Ideas. Sin embargo, la institución asegura que fue contratada el 1 de agosto de 2023 en la repartición en la que trabajaba.

Misma situación que Karla Paulina Farías Olivares, quien también prestaba funciones en el Serviu de Antofagasta, pero que estaba contratada por Corporación Espacio Lúdico.

Farías, desde el 2020 trabajaba en el Programa Asentamientos Precarios de la Intendencia, un año después desempeñó las mismas funciones, pero en la ahora Delegación Presidencial Regional de Antofagasta. El 2022 llegó a la fundación en labores de “asistencia técnica”.

En la misma Corporación Espacio Lúdico, figura contratado Adolfo Enrique Carpio Miranda, funcionario del Serviu de Antofagasta. El ingeniero en construcción fue identificado por Contraloría como “apoyo técnico”.

Ya en la Seremi de Vivienda de Antofagasta, aparece contratada por dos fundaciones, Camila Constanza Ortiz San Martín, quien recibió remuneraciones de la Fundación Un Techo Para Chile y Corporación Espacio Lúdico. Lo mismo que Jacqueline Nattaly Véliz Avendaño, quien junto con prestar servicios para la Corporación Espacio Lúdico, también recibía la remuneración de Asociación Campamento de Ideas.

Cynthia Gabriela Cisternas Moncada, por su parte, estaba contratada en la Fundación Democracia Viva, según Contraloría, “para llevar a cabo la función de analista de gestión financiera en dicha fundación. Ella se desempeñaba en dependencias del Seremi Minvu de Antofagasta y desarrollaba labores de revisión de las rendiciones realizadas por esa misma entidad privada”. También prestaba funciones en la Fundación Campamento de Ideas.

Otra de las personas por las cuales Contraloría cuestionó que estuvieran contratadas en las fundaciones mientras trabajaban en la Seremi, es Claudio Andrés Cárdenas Campillay, quien es diseñador gráfico pero que aparece como contratado en la Fundación Movimiento Fibra.

Misma fundación en la que está contratada Nicole Carolina Salinas Rivera, quien es “analista técnica del Programa Habitabilidad” del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) según su LinkedIn. La arquitecta de la Universidad de Antofagasta también ha trabajado anteriormente en oficinas privadas y en la Fundación Para la Superación de la Pobreza, así como también en la Municipalidad de Sierra Gorda.

Los lazos políticos y otra vez RD. En la Fundación ProCultura, figura como contratado el abogado Wilson Ernesto Ahumada Zepeda, sin embargo este se desempeñaba en la seremi de Vivienda de Antofagasta.

También en esa fundación estaba contratada Liliana Ivania González Cortés, quien también es egresada de derecho de la Universidad de Antofagasta y fue candidata a consejera constituyente, es militante de Revolución Democrática y “se ha desempeñado como asesora jurídica de fundaciones en el marco de la colaboración con organismos de Estado y como investigadora académica (en pasantía) en el Primer Tribunal Ambiental”, según detalló en el Match Constituyente de La Tercera.

Paz Nickol Carol Andrea Fuica Contreras, quien recibió su sueldo desde la Fundación Superación de la Pobreza. Según dio a conocer este medio en junio pasado, Fuica es concejala de Revolución Democrática por Antofagasta, pero además fue encargada territorial de la diputada Catalina Pérez, además trabajó como asesora del otrora seremi de Vivienda Carlos Contreras, quien debió renunciar tras el escándalo que protagoniza Democracia Viva.

“Ella prestó servicios a honorarios para nuestro proyecto entre el 17 de octubre de 2022 y el 28 de febrero de 2023. Cumplió con productos y labores en forma durante esos 4 meses y medio. Todos sus productos están entregados, aprobados y rendidos”, comentaron desde la fundación en junio.

En esa fundación, también estaba contratada Ignacia Carolina Yáñez Arancibia, quien el 2021 compitió para ser consejera regional de Antofagasta. En dicha elección participó como independiente pero dentro de la lista del Frente Amplio.

Según su LinkedIn, es diseñadora gráfica y trabajó hasta junio pasado en la Seremi como analista urbano, donde debía “realizar control y seguimiento de las gestiones asociadas al área técnica constructiva, apoyar técnicamente la coordinación Regional de la Secretaría Ministerial de Antofagasta”.

Sin ningún lazo político, Contraloría también detectó que estaba contratado en la Asociación Campamento de Ideas, Diego Exequiel Barrera Venegas. Además de Marcela Paz Oyanedel Barrera, en Un Techo Para Chile.

De aquí en más, en Teatinos N°56 esperan cambios y subsanar las irregularidades detectadas, en 30 días más, pues no sólo se identificaron problemas a nivel regional, sino que a “nivel central” -es decir el Ministerio de Vivienda- también fue duramente cuestionado por no intervenir prácticas que, a juicio de Contraloría, están en el borde de la legalidad.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

         

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional

 

Columna de Opinión, News

Libro del General Martínez.

                 

                                                            Libro del General Martínez.

Señor Director:

Recientemente se lanzó un libro “Un Ejército de todos”, que no es el nombre usado por esta institución, dado que en el distintivo que se usa en la tenida de combate o vestuario de uso diario es: “Ejército de Chile”. Entonces estamos frente a un nombre sugerente o político como título para un libro que sin dudas despierta el interés y consustancialmente invita a leer, más si existe o se presume una intencionalidad clara de generar una visión contrapuesta en un año sensible donde se conmemoran los 50 años del quiebre democrático.

En las instituciones Armadas es sabido que el único que puede hablar a nombre de ellas son los comandantes en Jefe en ejercicio, el General Martínez está retirado.

Es lamentable hacer juicios de valor y comentar que en su acción de mando dedicó tiempo en analizar el pasado por parte de alguien a quien el Estado en su momento le confió la conducción profesional del Ejército y, en ésta tarea su única responsabilidad “era o fue” el desarrollo y capacitación profesional de la institución y alejarla de cualquier atisbo político.

JORGE VILLARROEL CARMONA

Publicado en El Mercurio el 01 de septiembre del 2023

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional