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50 AÑOS DEL GOLPE: ¿QUÉ RECORDAR?

 

   

50 AÑOS DEL GOLPE: ¿QUÉ RECORDAR?.

Miguel Saralegui, Profesor del Instituto de Historia de la USS

El Mercurio, Columnistas, 29/08/2023

“…no recordaremos de modo unánime qué y por qué ocurrió en Chile un golpe de Estado. Esta vez podemos estar contentos del desacuerdo de la clase política…”.

El medio siglo transcurrido desde el golpe constituía, en apariencia, una buena oportunidad para que, como sociedad, acordáramos qué y por qué ocurrió el 11 de septiembre de 1973.

Para la misión de orientar la memoria colectiva, el Presidente Boric nombró a Patricio Fernández como asesor. Sin embargo, desde que Fernández renunció, los intentos por generar un relato oficial han quedado, si no disueltos, descoloridos.

Muchos intelectuales se han lamentado de esta falta de acuerdo. Aunque los motivos inmediatos del disenso pueden ser indeseables —la incapacidad del Gobierno de llegar a acuerdos con los grupos que lo respaldan, pues Fernández renunció por las críticas de los comunistas—, podemos estar satisfechos de que el proyecto de generar un relato colectivo se haya frustrado.

Obligar al recuerdo parecería algo necesario, sobre todo de un hecho que marcó, como ningún otro, la historia reciente del país.

Aparte de la importancia de lo ocurrido, nos sentimos inclinados a imponer una memoria colectiva por un aspecto más circunstancial: el carácter insoportablemente desmemoriado de las sociedades contemporáneas.

Se debe generar un relato colectivo no porque estemos encerrados en el recuerdo, obsesión preteritocéntrica por la que Nietzsche censuró a las sociedades europeas de mediados del XIX en la Segunda Intempestiva. Sentimos la necesidad de que el Estado recuerde por lo contrario: vivimos en una sociedad que lo olvida casi todo.

Somos sociedades amnésicas, sociedades que muy rápidamente consagran algo como histórico y definitivo —¿cuántos opinólogos predijimos que la pandemia traería un cambio de “paradigma”? — para olvidar la transición decisiva de modo casi inmediato: ¿cuántos siquiera sienten la necesidad de desdecirse después de comprobar que poco ha cambiado una vez acabada la pandemia?

La despreocupación con la que la sociedad chilena se ha tomado que Patricio Fernández no fuera repuesto confirma esta actitud presentista. Incluso si el deseo de recordar el 11 de septiembre de 1973 —qué, cómo, por qué ocurrió— es correcto, este no tiene nada que hacer contra el presentismo.

Cualquier campaña estatal será tan efímera, pero en su presente infinitamente menos recordada y percibida que la publicidad de la película “Barbie”.

A pesar de la previsibilidad del fracaso, ¿sería positivo que el Estado mantuviera una actitud quijotesca y se empeñara en hacer recordar a la sociedad? ¿Se recuperaría el pasado para el grupo reducido que tuviera acceso a este relato público? Cuando el Estado fuerza un recuerdo, por muy positivo que sea, también anula el pasado, no lo recupera.

La obligación de la memoria se vincula sobre todo con la fuerza que en el presente tiene quien nos propone recuerdos. El pasado está hecho de una realidad muy sutil. Cuando se accede a él a través de la moralidad colectiva —por muy elevada que sea—, en vez de por los meandros, esfuerzos, incertidumbres, más propios de la memoria individual que de la grupal, el pasado se desvanece.

Aunque otras colectividades recordaban más que nosotros, no podían recordar mejor. Las sociedades memoriosas tienen recuerdos de cartón piedra, rígidos, pensados más en su fuerza inspiradora para el presente que en la reconstrucción del pasado: Roma se acordaba de una loba que amamantó a dos huérfanos.

Esta relativa falsificación que toda memoria colectiva impone resulta especialmente ilógica en una sociedad que, como la nuestra, también desde el Estado, ensalza al espíritu crítico como primer criterio pedagógico.

Por afortunado que fuera, el criterio que a Fernández le dio tiempo a proponer —un Estado nunca puede matar ni torturar— se vinculaba más con el presente que con el pasado, con lo que se debe hacer más que con lo que se hizo hace medio siglo.

No recordaremos de modo unánime qué y por qué ocurrió en Chile un golpe de Estado. Esta vez podemos estar contentos del desacuerdo de la clase política. Es verdad: ese recuerdo no nos configurará como chilenos, pero al menos no pagará el precio de ser tergiversado.

Podemos estar satisfechos de que no se vaya a articular un relato sobre lo que ocurrió, que el pasado esté abierto al espíritu crítico y al interés de las pocas personas —pues pocas serán— que se preocupen por saber qué ocurrió durante aquellos días y meses.

Y que en Chile no haya golpes de Estado y se defienda la democracia no va a depender de que se difunda un recuerdo presentista, interesado y cuadriculado, limitado a los eslóganes de la historia, sino de que ahora y mañana estemos en contra de los golpes de Estado

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional

 

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“NO SE AJUSTA A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA”: CÓMO OPERABA LA TRIANGULACIÓN QUE PERMITIÓ CONTRATAR A FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON DINEROS DE FUNDACIONES

 

   

“NO SE AJUSTA A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA”: CÓMO OPERABA LA TRIANGULACIÓN QUE PERMITIÓ CONTRATAR A FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON DINEROS DE FUNDACIONES.

Víctor Rivera y José Carvajal

La Tercera, 01/09/2023

Una de las irregularidades detectadas por Contraloría en la auditoría a la Seremi de Vivienda y el Serviu de Antofagasta, dice relación con la contratación de 15 personas -al menos dos militantes de RD- que también formaban parte de ONG, como Democracia Viva, ProCultura, Asociación Campamento de Ideas, Corporación Espacio Lúdico, Un Techo para Chile, Movimiento Fibra y Fundación para la Superación de la Pobreza. Además, ya estallado el caso, las oficinas regionales del Ministerio de Vivienda contrataron a dos de estas funcionarias, recién el 1 de agosto.

Si bien fue el jueves 31 de agosto que  evacuó el informe de la auditoría a la Seremi de Vivienda de Antofagasta y el Serviu de esa región, las repercusiones del caso no terminarán ahí.

El lunes será el propio contralor, Jorge Bermúdez, quien expondrá ante la comisión investigadora de la Cámara sobre las irregularidades detectadas, donde mantendrá en la palestra un caso que desde junio no deja de incomodar al gobierno.

Es que el informe de Contraloría identificó nueve irregularidades en la forma de operar entre estos servicios dependientes del Ministerio de Vivienda, donde cinco tienen indicios penales. Por lo mismo, esos hallazgos ya fueron despachados al Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), donde hay uno que no deja de llamar la atención en la Fiscalía y en el ente contralor: la contratación de empleados de las fundaciones, pero que trabajaban en la Seremi de Vivienda y el Serviu.

“Se constató que, en dependencias del Serviu de Antofagasta, específicamente en la Unidad de Asentamientos Precarios de esa repartición, se han desempeñado, al menos, 3 personas que fueron contratadas por entidades que recibieron transferencias para la ejecución del programa en análisis, desarrollando labores internas de dicha repartición pública. Asimismo, se verificó que en dependencias de la Seremi de Vivienda de Antofagasta se desempeñaban, al menos, otras 12 personas”, dice el informe de Contraloría.

Según detalla la investigación del ente contralor, estas personas fueron contratadas por “los organismos receptores de fondos”, las que desarrollaban actividades propias de los organismos públicos indagados, entre ellas, labores en su gabinete, actividades relacionadas con la revisión de las rendiciones efectuadas por las distintas entidades privadas y su contabilización, disponiendo algunas con acceso al sistema contable y otros trabajos institucionales.

“Dichas personas cumplían irregularmente funciones propias de las reparticiones mencionadas, atendido que fueron contratadas por entidades privadas sin fines de lucro y sus remuneraciones-honorarios fueron financiadas con recursos asignados a aquellas por ambas entidades públicas, para la ejecución de iniciativas de inversión, lo cual incide, además, en la legalidad de las mismas, así como en un eventual manejo de información privilegiada por parte de aquellas, las cuales, por lo demás, carecen de responsabilidad administrativa ante eventuales faltas y/o negligencias en su desempeño, por no revestir la calidad de funcionarios públicos. Asimismo, lo señalado da cuenta del uso de recursos para fines distintos al objeto del Programa de Asentamientos Precarios”, se lee el documento de Controlaría.

Esta situación, calificó el organismo fiscalizador, “no se ajusta a los principios de transparencia, responsabilidad, control, eficiencia y eficacia”. Además, se advierte que debió haber una obligación “de la autoridad y jefaturas del servicio, en orden a ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los órganos y de la actuación del personal de su dependencia”.

Quiénes se sentaban en los lados del mesón. Sin embargo, hay otro elemento que llamó la atención de los auditores. El caso de dos personas que trabajaban en el Serviu, pagadas por dos fundaciones, pero que el 1 de agosto fueron contratadas por el organismo público, es decir, una vez estallado el caso, el 16 de junio.

Se trata de Camila Fernanda Prado Barrías, de profesión administradora pública de la Universidad de Antofagasta, de la cual egresó el 2017. Ese mismo año comenzó a trabajar como “asistente de proyectos Innova” en la Corfo. El 2021 comenzó a ser “analista de gestión” en el Serviu de Antofagasta.

En su LinkedIn se define como “con experiencia activa en proyectos. Caracterizada por excelente rendimiento, funcional, integración, y aceptación de usuarios”.

Contraloría sostiene que Prado en el Serviu realizó “labores de gestión, seguimiento y control de los convenios”, esto mientras estaba contratada por la Fundación Campamentos de Ideas. Sin embargo, la institución asegura que fue contratada el 1 de agosto de 2023 en la repartición en la que trabajaba.

Misma situación que Karla Paulina Farías Olivares, quien también prestaba funciones en el Serviu de Antofagasta, pero que estaba contratada por Corporación Espacio Lúdico.

Farías, desde el 2020 trabajaba en el Programa Asentamientos Precarios de la Intendencia, un año después desempeñó las mismas funciones, pero en la ahora Delegación Presidencial Regional de Antofagasta. El 2022 llegó a la fundación en labores de “asistencia técnica”.

En la misma Corporación Espacio Lúdico, figura contratado Adolfo Enrique Carpio Miranda, funcionario del Serviu de Antofagasta. El ingeniero en construcción fue identificado por Contraloría como “apoyo técnico”.

Ya en la Seremi de Vivienda de Antofagasta, aparece contratada por dos fundaciones, Camila Constanza Ortiz San Martín, quien recibió remuneraciones de la Fundación Un Techo Para Chile y Corporación Espacio Lúdico. Lo mismo que Jacqueline Nattaly Véliz Avendaño, quien junto con prestar servicios para la Corporación Espacio Lúdico, también recibía la remuneración de Asociación Campamento de Ideas.

Cynthia Gabriela Cisternas Moncada, por su parte, estaba contratada en la Fundación Democracia Viva, según Contraloría, “para llevar a cabo la función de analista de gestión financiera en dicha fundación. Ella se desempeñaba en dependencias del Seremi Minvu de Antofagasta y desarrollaba labores de revisión de las rendiciones realizadas por esa misma entidad privada”. También prestaba funciones en la Fundación Campamento de Ideas.

Otra de las personas por las cuales Contraloría cuestionó que estuvieran contratadas en las fundaciones mientras trabajaban en la Seremi, es Claudio Andrés Cárdenas Campillay, quien es diseñador gráfico pero que aparece como contratado en la Fundación Movimiento Fibra.

Misma fundación en la que está contratada Nicole Carolina Salinas Rivera, quien es “analista técnica del Programa Habitabilidad” del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) según su LinkedIn. La arquitecta de la Universidad de Antofagasta también ha trabajado anteriormente en oficinas privadas y en la Fundación Para la Superación de la Pobreza, así como también en la Municipalidad de Sierra Gorda.

Los lazos políticos y otra vez RD. En la Fundación ProCultura, figura como contratado el abogado Wilson Ernesto Ahumada Zepeda, sin embargo este se desempeñaba en la seremi de Vivienda de Antofagasta.

También en esa fundación estaba contratada Liliana Ivania González Cortés, quien también es egresada de derecho de la Universidad de Antofagasta y fue candidata a consejera constituyente, es militante de Revolución Democrática y “se ha desempeñado como asesora jurídica de fundaciones en el marco de la colaboración con organismos de Estado y como investigadora académica (en pasantía) en el Primer Tribunal Ambiental”, según detalló en el Match Constituyente de La Tercera.

Paz Nickol Carol Andrea Fuica Contreras, quien recibió su sueldo desde la Fundación Superación de la Pobreza. Según dio a conocer este medio en junio pasado, Fuica es concejala de Revolución Democrática por Antofagasta, pero además fue encargada territorial de la diputada Catalina Pérez, además trabajó como asesora del otrora seremi de Vivienda Carlos Contreras, quien debió renunciar tras el escándalo que protagoniza Democracia Viva.

“Ella prestó servicios a honorarios para nuestro proyecto entre el 17 de octubre de 2022 y el 28 de febrero de 2023. Cumplió con productos y labores en forma durante esos 4 meses y medio. Todos sus productos están entregados, aprobados y rendidos”, comentaron desde la fundación en junio.

En esa fundación, también estaba contratada Ignacia Carolina Yáñez Arancibia, quien el 2021 compitió para ser consejera regional de Antofagasta. En dicha elección participó como independiente pero dentro de la lista del Frente Amplio.

Según su LinkedIn, es diseñadora gráfica y trabajó hasta junio pasado en la Seremi como analista urbano, donde debía “realizar control y seguimiento de las gestiones asociadas al área técnica constructiva, apoyar técnicamente la coordinación Regional de la Secretaría Ministerial de Antofagasta”.

Sin ningún lazo político, Contraloría también detectó que estaba contratado en la Asociación Campamento de Ideas, Diego Exequiel Barrera Venegas. Además de Marcela Paz Oyanedel Barrera, en Un Techo Para Chile.

De aquí en más, en Teatinos N°56 esperan cambios y subsanar las irregularidades detectadas, en 30 días más, pues no sólo se identificaron problemas a nivel regional, sino que a “nivel central” -es decir el Ministerio de Vivienda- también fue duramente cuestionado por no intervenir prácticas que, a juicio de Contraloría, están en el borde de la legalidad.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

         

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional

 

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Libro del General Martínez.

                 

                                                            Libro del General Martínez.

Señor Director:

Recientemente se lanzó un libro “Un Ejército de todos”, que no es el nombre usado por esta institución, dado que en el distintivo que se usa en la tenida de combate o vestuario de uso diario es: “Ejército de Chile”. Entonces estamos frente a un nombre sugerente o político como título para un libro que sin dudas despierta el interés y consustancialmente invita a leer, más si existe o se presume una intencionalidad clara de generar una visión contrapuesta en un año sensible donde se conmemoran los 50 años del quiebre democrático.

En las instituciones Armadas es sabido que el único que puede hablar a nombre de ellas son los comandantes en Jefe en ejercicio, el General Martínez está retirado.

Es lamentable hacer juicios de valor y comentar que en su acción de mando dedicó tiempo en analizar el pasado por parte de alguien a quien el Estado en su momento le confió la conducción profesional del Ejército y, en ésta tarea su única responsabilidad “era o fue” el desarrollo y capacitación profesional de la institución y alejarla de cualquier atisbo político.

JORGE VILLARROEL CARMONA

Publicado en El Mercurio el 01 de septiembre del 2023

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional

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“OTROS MUEREN DE MANERA COBARDE”: CÓMO BORIC CRISPÓ EL AMBIENTE AD-PORTAS DEL 11 Y LAS OTRAS VECES QUE SUS DICHOS HAN GENERADO POLÉMICA

 

“OTROS MUEREN DE MANERA COBARDE”: CÓMO BORIC CRISPÓ EL AMBIENTE AD-PORTAS DEL 11 Y LAS OTRAS VECES QUE SUS DICHOS HAN GENERADO POLÉMICA

Isabel Caro

La Tercera, 30/08/2023

El Mandatario realizó ayer declaraciones que fueron leídas como una crítica directa al exbrigadier Hernán Chacón, quien se suicidó tras ratificarse su condena por el secuestro y homicidio de Víctor Jara. No es primera vez que sus palabras tensionan las relaciones con la oposición.

 

“Murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido. Hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia. Ahí hay diferencias humanas”.

La frase la dijo ayer el Presidente Gabriel Boric tras asumir la guardia de honor del féretro del líder del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien falleció la madrugada de este martes a los 79 años de edad. Sus palabras no dejaron a nadie indiferente.

Horas antes, también había muerto uno de los condenados por el secuestro y homicidio del cantante Víctor Jara, el exbrigadier del Ejército Hernán Chacón Soto, de 86 años. El otrora militar, sin embargo, se quitó la vida antes de ser detenido por la Policía de Investigaciones, cuyos funcionarios habían llegado a buscarlo a su departamento en Las Condes para hacer efectiva la condena que en la previa había ratificado la Corte Suprema en contra suya y de otros cinco exmilitares.

La alusión al suicidio de Chacón por parte de Boric fue evidente y nadie en La Moneda se molestó en aclarar sus dichos ni menos dar contexto respecto de lo que quiso decir.

La frase, dicen en el gobierno, fue lo suficientemente elocuente. Por lo mismo, en la oposición se encendieron de inmediato las alarmas y varios dirigentes del sector salieron a cuestionar duramente al Mandatario por lo que podría considerarse como una nueva salida de libreto.

“Este comentario es una vergüenza. Pida perdón, porque no solo no ayuda en nada a la unidad con que tanto fanfarronean, sino que denota una falta total de conciencia del cargo que ostenta”, dijo el secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, mientras que el timonel UDI, Javier Macaya, cuestionó que “usar la muerte de una persona para hacer apología a la división y ofender a las familias que han sufrido la muerte de algún ser querido a causa del suicidio no es la forma de trabajar por la unidad del país. ¿Busca dar señales a los propios? ¿Qué hay de la investidura del cargo?”.

El exministro da Salud Enrique Paris, por otro lado, señaló en Emol que “con esa frase el Presidente destruye y hace poco creíble su convencimiento de que está preocupado de la salud mental de las personas (…). Cuando un Presidente, que se ha pasado hablando de la salud mental y tiene un amigo siquiatra que ha ganado millones con programas de prevención del suicidio, se burla en el fondo de una persona que se suicida, es muy grave”.

En esa misma línea, el diputado UDI Jorge Alessandri agregó: “El Presidente que, se supone, está preocupado por la salud mental, no puede burlarse o descalificar a una persona que se quita la vida. Las personas que se quitan la vida merecen nuestro respeto, nuestros cuidados antes de que eso ocurra y jamás un juicio de valor, jamás una descalificación. Presidente Boric, nunca pensé que caería tan bajo”.

El senador Manuel José Ossandón (RN), recalcó que “el Presidente llama como estadista a los partidos a La Moneda para construir acuerdos y luego hace declaraciones de guerrilla. Él no está para definir cuándo una muerte es digna o no. Él está para gobernar a todos, respetar a todos, incluido los muertos, y buscar la unidad para Chile”.

En La Moneda hay quienes reconocen que “no fue una buena frase”, mientras que otros apuntan a que el Jefe de Estado pudo haber sido más cuidadoso en las palabras, pero desdramatizan sus declaraciones. Lo que sí admiten es que su intervención crispa aún más los ánimos en el país cuando quedan solo días para el 11 de septiembre, fecha en que se conmemorarán 50 años del Golpe de Estado.

Una situación compleja, sobre todo cuando el propio Presidente recalcó ayer que va a insistir en generar un consenso de todo el arco opositor para que ese día firmen una declaración que selle un compromiso irrestricto con la democracia y el respeto a los derechos humanos.

En el oficialismo, en todo caso, salieron a defender a Boric. “Creo que el Presidente reveló en eso probablemente la impotencia en muchos familiares de las víctimas, que después de muchos años obtienen sentencia y se producen circunstancias como estas, y yo entiendo esas declaraciones en ese contexto. Lo que nosotros estamos teniendo en los últimos años es el cierre de una serie de investigaciones que han demorado bastante tiempo”, dijo esta mañana su ministro de Justicia, Luis Cordero, quien se ha caracterizado por ser el secretario de Estado que sale a blindar al Mandatario cuando realiza declaraciones poco claras o que son cuestionadas.

“Son tan claras y categóricas las palabras del Presidente… Al que le venga el sable que se lo ponga. Hay gente que, estoy pensando en Pinochet, se escudó en una demencia senil para no enfrentar a la Justicia”, dijo, por su parte, el secretario general del PC, Lautaro Carmona.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en tanto, recalcó que “las encuentro ajustadas a la realidad, no por este caso en particular, sino porque ¿cuántos se han escapado de la justicia?”.

Un hecho sintomático del ambiente entre Boric y la derecha se dio justamente este miércoles. Según el Mandatario, La Moneda invitó a todos los presidentes de partidos -incluyendo a la oposición- a la ceremonia de lanzamiento del Plan de Búsqueda que fue anunciado, justamente, en el marco de la conmemoración del Día del Detenido Desaparecido. Al evento, que se realizó en la Plaza de la Constitución esta mañana, no llegó ningún dirigente de la derecha.

Esto, sin embargo, fue desmentido por Macaya. “Yo pongo en conocimiento al Presidente Boric. No sé si es una confusión, entiendo que puede estar mal asesorado, no creo que esté mintiendo. Nosotros no fuimos convocados al acto de la mañana. Y al final del día lo que está ocurriendo con la conmemoración de los 50 años es aprovechar cada oportunidad que se tiene para hacer gestos hacia la oposición emplazándolos en cuestiones que terminan dividiendo el país”, dijo.

Las otras declaraciones. No es primera vez que las intervenciones del Presidente crispan el ambiente. El Mandatario, por ejemplo, también generó incomodidad el 15 de julio pasado, cuando en el marco de su gira or Europa anunció que convocaría a ese acuerdo a todos los partidos de cara a la conmemoración del Golpe de Estado, sin antes haber socializado los márgenes de su propuesta con los dirigentes políticos ni siquiera de su propio sector.

De hecho, el propio oficialismo ha reconocido públicamente que el Presidente se apresuró en ese anuncio y que, pese a todos los esfuerzos, será complejo que la derecha le conceda la firma de un documento de esas características de aquí al 11 de septiembre.

En su paso por París, también a mediados de julio, el Mandatario metió más leña al fuego al señalar que la oposición en Chile tenía ánimos de “desestabilizar” a su gobierno, algo que también levantó cuestionamientos en la derecha en esa oportunidad.

A inicios de agosto, Boric también crispó el ambiente con la derecha. En menos de 48 horas, el Jefe de Estado pidió a la oposición buscar consensos en torno a las reformas que propone en materia de pacto fiscal y pensiones y, luego, los acusó de retroceder en “la valoración irrestricta de la democracia y, por ende, la no justificación de un Golpe de Estado”.

Hace algunas semanas, el Mandatario, además, se enfrascó con la oposición por la ofensiva contra el ahora exministro Giorgio Jackson.

“Las acusaciones constitucionales son parte legítima de las atribuciones que tiene el Parlamento, pero las acusaciones constitucionales tienen que tener sustento jurídico y no ir inventándose sobre la marcha. En este caso, creo que sería más transparente decir que hay ciertos sectores de la política chilena que van a hacer todo lo posible por trabar y evitar que el gobierno saque adelante sus reformas. Y que lo digan públicamente”, dijo cuando el Partido Republicano anunció un libelo en su contra, acción que terminó haciéndolo renunciar en el marco de la crisis por el lío de platas.

Pero eso no fue todo. El viernes 11 de agosto, en el marco de un homenaje que se realizó en el Museo de la Memoria y Derechos Humanos para Rodolfo Seguel, Boric cuestionó a uno de los fundadores de Renovación Nacional, Sergio Onofre Jarpa, lo que desató la molestia de la derecha. En la ocasión, afirmó que “desgraciadamente, gente como Sergio Onofre Jarpa terminaron sus días impunes, pese a todas las tropelías que cometieron”.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

 

 

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional

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Una Historia Sin Fin: La Gestión del riesgo de Desastre a nivel internacional con un enfoque hacia Chile

Una Historia Sin Fin: La Gestión del riesgo de Desastre a nivel internacional con un enfoque hacia Chile.

Autor: Bernardo Castro Salas

Hace unos días, tuvimos la oportunidad de asistir al lanzamiento del libro “Una Historia Sin Fin: La Gestión del Riesgo de Desastre a nivel internacional con un enfoque hacia Chile”, cuyo autor es el Coronel (R) Bernardo Castro Salas.

La larga trayectoria del autor con más de treinta años vinculado a los temas de Gestión del Riesgo de Desastre, le ha permitido plasmar en una obra de la mayor trascendencia internacional, como para nuestro país, su visión oportuna y de actualidad cuando vemos los fenómenos de origen natural especialmente los ocasionados por el factor cambio climático siguen causando estragos y sumados a  ellos, los antropológicos, que lamentablemente dejan al descubierto  la ausencia de medidas preventivas para  mitigar los efectos de estos eventos adversos y aún más preocupante es la falta de una planificación estratégica adecuada y eficiente de gestión para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Hemos visto como los actuales desastres han causado efectos en cascada afectando normalmente a los más vulnerables a nivel global, desde el incremento marcado en el costo de la energía, la disrupción de la cadena de suministros alimenticios y el retraso en la implementación de las políticas de mitigación del cambio climático hasta el aumento de la cibercriminalidad y la espiral inflacionaria, en síntesis, afectando al desarrollo sostenible de los pueblos.

La obra que ha tenido un gran impacto  que obliga a tomar de una vez por toda, la importancia de estos temas relacionados con la Reducción del Riesgo de Desastres, como señala Ricardo Mena Speck, Exjefe Regional para las Américas y el Caribe UNDRR y Director de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) en la presentación del libro, “el trabajo de Bernardo Castro, es una valiosa obra de recopilación histórica sobre la  evolución del concepto de la reducción del Riesgo de Desastres y su gestión, tanto en el ámbito internacional como en la región de las Américas y  el Caribe –en particular en Chile—a lo largo de las últimas cuatro décadas”.

Desde la perspectiva del desarrollo sostenible, la obra presenta con la estrecha relación entre los desastres con modelos de lo que llamamos “desarrollo”, que por error u omisión han contribuido a generar nuevos riesgos y no han priorizado la reducción de los ya existentes, es lo que conocemos como la “construcción social del riesgo”.

También es importante indicar que este libro analiza las relaciones entre la reducción del Riesgo de Desastres, el papel que desempeñan las Fuerzas Armadas Chilenas en estado de normalidad y en estado de excepción constitucional de “catástrofe”, asimismo, la evolución del marco jurídico internacional en estas materias.

El autor, indica que a la fecha las acciones han estado dirigidas a la Gestión de Emergencia o sea a la “respuesta” luego de la ocurrencia de eventos disruptivos,  resaltando con fuerza la necesidad de incorporar los nuevos conceptos y prácticas internacionales para reducir el riesgo de desastre en los procesos de planificación estratégica de RRD con una visión más prospectiva que reactiva que permita una respuesta humanitaria eficaz y eficiente.

Es así que, su obra ha recibido muy buenos comentarios, en especial de la Representante Especial del secretario general de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres Ms. Mami Mizutori.

En una reciente entrevista con Tomás Mosciatti en Bio Bio TV, que vinculamos al final de este artículo, que además de ser profesor en el magíster de GRD en la Academia de Guerra de Ejército, ha sido nombrado Director Académico del Diplomado en Gestión del Riesgo de Desastres de la Facultad de Derecho de  la Universidad Finis Terrae; durante la entrevista,  analizó los avances y vulnerabilidades de Chile en la materia, a la luz del reciente río atmosférico indicando que en el área de la gestión de riesgo de desastres en Chile “puede que hayan muchas preocupaciones, pero ocupaciones pocas”, planteando que debido a la alta vulnerabilidad del país frente a las amenazas, especialmente a las asociadas al cambio climático, la RRD debiera ser “una prioridad nacional”, tarea que el Estado de Chile se compromete a desarrollar acciones desde el año 2005.

Asimismo, el académico y autor de Una historia sin fin: la gestión del riesgo de desastres internacional con un  enfoque hacia Chile (2023), primera publicación de la materia a nivel regional,  expresó que los mapas de riesgo en el país no existen, y los mapas de amenazas son la base para su desarrollo y algunos de ellos o no existen o estan obsoletos, razón por la cual , desde la entrada en vigor de la Ley 21.364 el 07 de agsto de 2021, se incorporan nuevos organismos técnicos responsables de la identificación y monitoreo de nuevas amenazas, entre estos, la CCHEN, DOH,DGA,CONAF Y BOMBEROS.

Y concluye, señalando que Chile no es un país de catástrofes, es un país altamente vulnerable” a todo tipo de amenazas.

Asimismo, el docente señalo un dato importante, que la UNDRR desde el año 2013 viene precisando, cando dice que: “por cada dólar que invierten los Estados en reducción de riesgos de desastres, se ahorran siete dólares en los procesos de recuperación y rehabilitación”. El 27F al Estado de Chile le costó 29 mil millones de dólares, 1/3 del PIB del país. ¿Tenemos que esperar otro evento de mayor amplitud para aprender la lección?”.

Le invitamos a ver la entrevista completa en este enlace.

El 22 de julio el autor firmó un Convenio con la División Bienestar del Ejército donde se fijó el valor del libro en $20.000 más costos de envío.

También pueden ser adquiridos directamente con el autor al correo: bcastrosalas@gmail.com

Los invitamos a ver la entrevista que le hizo Tomás Mosciatti en Radio Biobío en el siguiente link:

https://noticias.uft.cl/biobio-tv-profesor-bernardo-castro-analiza-el-estado-juridico-e-institucional-de-la-gestion-de-riesgo-de-desastres-en-chile/

Nota del Editor:

Parte del CV del autor de este libro que ya se encuentra en su segunda edición debido al éxito de la primera.

El Coronel (R) Bernardo Castro Salas, posee una amplia trayectoria como oficial de Ejército, es oficial de Estado Mayor, licenciados en Ciencias Militares, Magíster en Panificación y Gestión Estratégica, Graduado del Curso de Defensa Continental del Colegio Interamericano de Defensa; es Magíster en Educación de la Universidad de Los Andes; Profesor de Academia en la asignatura de Logística; hasta el año 2013 fue asesor de Gestión de Riesgos de Desastres del MINDEF/ Jefe del Estado Mayor Conjunto; entre el 2013 y 2017 se desempeñó como Jefe de gabinete del Director de la ONEMI y como consultor senior experto en Gestión del Riesgo de Desastres Res.ONU A. 71/644 del año 2016: desde el año 2021 es nombrado Asesor Senior voluntario de la Cruz Roja y Media Luna Roja para la Delegación del Cono Sur.

Actualmente es profesor del Magíster de Gestión de Riesgos de Desastres 2022-2023 en la Academia de Guerra del Ejército, del Diplomado de Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos de la Universidad de Chile y director académico del Diplomado en Gestión del Riesgo de Desastres de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, programa que impartirá online a partir de octubre 2023.

Fernando Duarte M-C

 

 

 

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COMENTARIOS DE LUIS MAIRA TERGIVERSAN LOS HECHOS PREVIOS AL 11

   

COMENTARIOS DE LUIS MAIRA TERGIVERSAN LOS HECHOS PREVIOS AL 11

Ricardo Hormazábal, Exsenador DC. Expresidente PDC

El Mostrador, 31/08/2023

Se puede entender que se tenga una opinión política distinta, pero nobleza y conocimiento obligan, sobre todo en el trato a las personas. Maira pretende desfigurar la estatura moral y política de figuras como Bernardo Leighton, Renán Fuentealba, Mariano Ruiz-Esquide, Claudio Huepe, Andrés Aylwin, entre otros. Si estos camaradas (como yo) apoyaron el acuerdo, no fue por miedo o por formar parte de la conspiración para el golpe: emitimos un juicio político legítimo, que se conectaba con las opiniones que habíamos repetido en diversas oportunidades en la valoración de las acciones del Gobierno de la UP. Además, nuestra conducta frente al golpe fue clara y no puede ser desvirtuada por Maira.

Con motivo de cumplirse 50 años de un Acuerdo que aprobó la Cámara de Diputados el 22 de agosto de 1973, Luis Maira, entonces diputado, sostiene que ese texto señalaba “que el Presidente Salvador Allende había abandonado el orden constitucional, que era el fundamento de su legitimidad” y formula comentarios que tergiversan hechos y que pretenden afectar la consecuencia democrática de algunos destacados líderes de la DC.

Yo también fui testigo de ese debate, ya que era diputado en esa fecha, elegido por primera vez, a los 26 años, en mi condición de presidente nacional de la Juventud Demócrata Cristiana.

Reviso el texto del proyecto analizado y mis conclusiones son diferentes a lo que señala Luis Maira, como lo prueban las opiniones que dimos los tres DC que hablamos en ese debate. El mal uso del acuerdo como luz verde al golpe, u otras, son expresiones sesgadas, no confirmadas por el debate de ese día ni por la conducta de muchos de los que lo apoyamos.

El proyecto señalaba en su considerando quinto “que es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo, que la Constitución establece”.

El considerando sexto afirmaba que “para lograr ese fin, el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás Poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho”.

Los hechos mencionados lesionaban normas constitucionales que el Presidente Allende se había comprometido a respetar, establecidas especialmente en el Estatuto de Garantías Democráticas, en cuya redacción había participado el propio Maira cuando militaba en la DC.

Si bien en el PDC casi nadie hablaba de apoyar a Alessandri, Maira presentó un documento al Consejo Nacional en el que se argumentaba la necesidad de exigir algunas garantías especiales, basado en los siguientes argumentos:

  • La posición del PS y el MAPU, que querían crear las condiciones para un enfrentamiento político con el uso de todos los medios para crear un Estado autoritario.
  • La conducta hegemónica del Partido Comunista en todas las organizaciones que controlaba.
  • Las experiencias históricas de los países socialistas en que implantaban regímenes de fuerza y liquidaban las libertades fundamentales (La experiencia política de la Unidad Popular, Patricio Aylwin, 2023, páginas 95-96).

También es innegable que, en marzo del 71, Salvador Allende, ya como Presidente, declaró a Régis Debray que su firma en dicho Estatuto, convertido en norma constitucional, fue solo un paso táctico para obtener los votos DC.

En su discurso de agosto del 73, Luis Maira, hablando en nombre de la UP, no reconoce nada de estas graves situaciones, aunque no puede negar que hay una tensión entre la forma en que la UP interpreta las normas jurídicas vigentes y la visión distinta de la oposición.

Sostuvo Maira entonces: “Había en consecuencia, entre una parte importante del ordenamiento jurídico y la necesidad de encauzar un proceso de cambios, una importante contradicción que debía ser resuelta”. Ello, señaló, “se torna posible en el contexto de una compatibilización entre el ordenamiento jurídico en sus partes progresivas y la realización real, eficaz y resuelta de las principales transformaciones y reformas revolucionarias contenidas en el programa UP”, para luego  enfatizar que “el gobierno usa la legislación progresista, reforma agraria, cobre y adquiere las acciones de los bancos”.

En mi breve intervención de ese día, en una sesión llena de tensión, gritos e insultos, señalé que nuestra fortaleza radicaba en la razón y no en la fuerza, y sobre todo en el respaldo que el pueblo nos daba.

Expresé que pedíamos “a través del proyecto de acuerdo, que se clarifiquen situaciones pendientes, que tienen al país enfrentado a una situación dramática, extraordinariamente grave”. Hice un llamado a la consecuencia de los sectores de Gobierno, ya que opiniones como la de Maira eran similares a las de Joan Garcés, cercano asesor del Presidente Allende, quien sostenía que “en el caso de Chile estamos viendo el desarrollo del mencionado proceso, como consecuencia de las modificaciones experimentadas por el contenido de ciertas normas jurídicas de importancia crucial. El Poder Ejecutivo las respeta formalmente y el Gobierno constitucional las invoca como legitimación de su actuación. Pero, simultáneamente, les da el contenido que corresponde a la definición de clase de las fuerzas sociales que están detrás del Gobierno. Por su parte, el bloque burgués de oposición les atribuye el contenido que corresponde a su propia definición de clase. ¡La contradicción entre forma y contenido que se está dando ante nuestros ojos entraña un grave peligro para el futuro del Estado de derecho! ¡Eso habíamos dicho nosotros y nos acusaban de sediciosos!”.

Más adelante, argumenté que los cambios en democracia seguirían, ya que “cambios se harán, porque estamos por el proceso de cambios, en contra de la visión que el Gobierno tiene en muchos casos, pero a favor del proceso de cambios”. También pedí “responsable y democráticamente” al Gobierno que fuera coherente con el marxismo que profesaban, con la visión de Marx que enseña que la forma no tiene valor sino como la forma del contenido, “forma y contenido que este Congreso está dispuesto a dar para realizar el cambio legal y revolucionario que Chile quiere”.

Las conclusiones son también claras, pues la Cámara de Diputados acordó:

“PRIMERO. – Representar a S.E., el Presidente de la República y a los señores Ministros del Estado, miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República que entrañan los hechos y circunstancias referidos en los considerandos Nos 5º a 12 precedentes.

“SEGUNDO.- Representarles, asimismo, que en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado y, en el caso de dichos señores Ministros, de la naturaleza de las instituciones a las cuales son altos miembros y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al Ministerio, les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del Derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos. Se ha criticado que enviarlo a los ministros uniformados era meterlos en política. Seamos claros, a esas alturas los uniformados ya deliberaban abiertamente, empujados por todos los sectores. Eso no debe repetirse”.

Se puede entender que se tenga una opinión política distinta, pero nobleza y conocimiento obligan, sobre todo en el trato a las personas.

Maira pretende desfigurar la estatura moral y política de figuras como Bernardo Leighton, Renán Fuentealba, Mariano Ruiz-Esquide, Claudio Huepe, Andrés Aylwin, entre otros. Si estos camaradas (como yo) apoyaron el acuerdo, no fue por miedo o por formar parte de la conspiración para el golpe: emitimos un juicio político legítimo, que se conectaba con las opiniones que habíamos repetido en diversas oportunidades en la valoración de las acciones del Gobierno de la UP. Además, nuestra conducta frente al golpe fue clara y no puede ser desvirtuada por Maira.

Es el propio Luis Maira el que recuerda que, en agosto del 73, vivíamos “en medio de una crisis política terminal que dividía a Chile”. En ese tiempo, los aliados de Maira buscaban soluciones distintas: el enfrentamiento armado o un acuerdo político.

También había diferencias en la oposición y en la DC, y terminamos como la trágica historia nos recuerda. A diferencia de esa época, tenemos el deber de dar salidas pacíficas, que respondan a las urgencias que tiene la mayoría de los chilenos, pero que profundicen la democracia y no la destruyan.

En sus memorias, el general Prats recuerda que él le propuso al Presidente Allende, como solución, que saliera del país por un año. La respuesta fue negativa. La DC propuso la renuncia de todos los parlamentarios y del Presidente, para que fuera el pueblo el que resolviera la crisis. Tampoco fuimos escuchados.

La situación en Chile es muy delicada y los políticos debemos aportar lo que creemos, pero generando puntos de encuentro o estableciendo diferencias con el máximo respeto.

Todos podemos ser objeto de críticas, pero desconocer el valor de las personas que conociste y dijiste respetar, no es el camino. Mirar la historia es esencial para aprender de ella, como lo hicieron, entre otros, Aylwin y Almeyda, Valdés y Lagos, Leighton y Briones, que nos permitieron salir de una cruel dictadura.

Maira tiene la solvencia intelectual y el carácter para ser un aporte positivo. Por ello, espero que no insista en descalificaciones tan injustas como las de su columna.

 

 

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

         

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional