Ucrania anuncia una investigación sobre la colisión de dos aviones de combate sobre Yitomir y Rusia confirma que ha identificado el cadáver del líder de los mercenarios Yevgueni Prigozhin
Historia de Europa Press •22 h
La Tercera
El Gobierno ucraniano ha anunciado el comienzo de una investigación de la colisión de dos aviones de combate L-39 del pasado viernes sobre Yitomir, en el centro-oeste del país, que se saldó con la muerte de tres pilotos.
Entre los fallecidos en el siniestro del viernes se encontraba el capitán Andriy Pilschikov, conocido por su pericia en combate y por sus iniciativas para conseguir la entrega a su país de aviones F-16.
“La investigación está en curso y la verdad saldrá a la luz”, ha declarado el presidente del país, Volodimir Zelenski, en su cuenta de X, antes Twitter.
Responsables técnicos ya están trabajando en la investigación sobre “el estado técnico del aparato” y examinando las cajas negras de los aviones en medio de las dudas de los aliados sobre las capacidades de los pilotos ucranianos que están entrenando con vistas al uso de los F-16.
El capitán Pilschikov, así como los otros dos fallecidos, los comandantes Viacheslav Minka y Serhii Prokazin, eran considerados como pilotos muy experimentados con cientos de horas de vuelo a sus espaldas.
Rusia confirma que ha identificado el cadáver del líder de los mercenarios Yevgueni Prigozhin
Historia de Agencia EFE •21 h
El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) que confirmó hoy que se ha identificado el cadáver del que fuera el líder de la compañía de mercenarios Wagner, Yevgueni Prigozhin, y los de los otros nueve fallecidos en el siniestro de su avión, ocurrido el pasado miércoles.
Según el CIR, la identidad de los ocupantes de avión fue confirmada por los análisis comparativos de ADN.
“En la investigación del siniestro de avión en la región de Tver concluyeron los peritajes genético-moleculares. Por sus resultados se ha establecido la identidad de los diez fallecidos, que se corresponden con las declaradas en la lista de pasajeros”, señaló el CIR en un comunicado.
En el Embraer Legacy 600 de Prigozhin, que se estrelló por causas aún desconocidas unos 300 kilómetros al noroeste de Moscú cuando volaba de la capital rusa a San Petersburgo, se encontraba también el principal comandante y cofundador de la compañía de mercenarios, Dmitri Utkin.
Antiguo oficial de la inteligencia militar rusa (GRU), Utkin combatió en Chechenia, Siria y Ucrania, y fue galardonado con el título de Héroe de Rusia y precisamente con su nombre en clave, “Wagner”, fue bautizada la compañía de mercenarios.
Entre los diez ocupantes del avión se encontraba asimismo Valeri Chekálov, responsable de la seguridad personal de Prigozhin y de parte de sus negocios, recientemente sancionado por Estados Unidos.
Algunos medios han señalado la posibilidad de que la aeronave pudo ser abatida, intencionadamente o por error, por misiles de las unidades de defensa antiaérea que protegen una residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, situada junto a la ruta que seguía el avión.
El Kremlin ha rechazado de manera rotunda las acusaciones de la oposición y las declaraciones de políticos occidentales de que Putin podría estar detrás del siniestro del avión de Prigozhin.
“Es una absoluta mentira”, enfatizó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.
Un aporte de nuestro ex director Raúl Godoy Casas Cordero
Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nocional
A LA GENTE LE INTERESA MÁS EL PRESENTE QUE EL 50 ANIVERSARIO DEL GOLPE
Patricio Navia
El Líbero, Opinión, 25/08/2023
La lista de prioridades es demasiado larga como para que la clase política se dedique a jugar a ser malos historiadores y pierda el tiempo caricaturizando las distintas lecturas sobre el quiebre de la democracia en 1973.
Los chilenos están mucho más preocupados de la situación económica, el desempleo, la inseguridad, la falta de oportunidades, y de sus derechos humanos y de consumidores hoy que de las causas del quiebre de la democracia en 1973.
Consecuentemente, el gobierno y el Congreso debieran abocarse a enfrentar esos desafíos y a construir acuerdos para solucionar los evidentes problemas del Chile actual y abandonar el torpe e inútil intento por querer escribir una historia oficial sobre lo que pasó antes.
Más que obsesionarse por debatir aquellas cosas cuya interpretación divide a Chile, las autoridades democráticamente electas deben hacer el trabajo más duro y urgente de construir un mejor futuro para todos.
En eso sí podemos estar todos de acuerdo y no hay espacio para interpretaciones personales o ideológicas.
Huelga decir que en Chile hay evidentes discrepancias sobre las causas del golpe y sobre quiénes deben cargar con la responsabilidad política del quiebre de la democracia en 1973.
Afortunadamente, en el país hay un enorme e incuestionable consenso a favor de la defensa de los derechos humanos. Es un error -o un evidente acto de mala fe- sugerir que aquellos que culpan a Salvador Allende y a la izquierda en general por el quiebre de la democracia sean negacionistas o apologistas de la dictadura.
Así como uno puede criticar a un amigo por conducir ebrio sin justificar que haya sido víctima de una encerrona y un asalto cuando manejaba intoxicado por el alcohol, las críticas que se hacen a la irresponsabilidad y falta de criterio que abundaron en el gobierno de Allende -o en la oposición- no pueden ser tergiversadas como una justificación o relativización del golpe de Estado.
Por cierto, incluso aquellos que, en su momento respaldaron o, con su silencio, dieron su aquiescencia al derrocamiento de Allende, no debieran ser automáticamente acusados de condonar las violaciones a los derechos humamos cometidos por la dictadura o lo prolongado que terminó siendo la dictadura militar.
Muchos de ellos, incluido el ex Presidente Eduardo Frei Montalva, un demócrata de incuestionables credenciales, creyeron que el golpe militar llevaría a elecciones democráticas en un tiempo razonable.
Esa creencia terminó siendo equivocada. Pero muchos también creyeron en noviembre de 2019 que el proceso constituyente que celebraron como un avance de la democracia produciría una Constitución ampliamente respaldada por todos.
La historia probó que su creencia era equivocada. Pero cuando la verbalizaron, parecía una creencia razonable.
En vez de meter todos al mismo saco de negacionismo y apología de la dictadura, corresponde distinguir entre aquellos que vieron en el derrocamiento de Allende una salida a la profunda crisis social, económica y política por la que atravesaba el país, y aquellos que apoyaron el proyecto refundacional de largo plazo que terminó representando la dictadura.
No hay espacio para dobles lecturas. Una amplia e incuestionable mayoría de los chilenos -incluidos los partidos políticos desde el PC hasta el Partido Republicano- condena las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura.
Comparado con la relativización que realizan varios de esos partidos a las violaciones a los derechos humanos cometidos por gobiernos autoritarios hoy en el resto del mundo, hay un evidente e incuestionable consenso en el país en la defensa de los derechos humanos.
De ahí que sea impropio que algunos partidos intenten atribuirse superioridad moral en temas de derechos humanos.
No es verdad que aquellos que, en dictadura, fueron las principales víctimas de las violaciones a los derechos humanos sean ahora los propietarios de la defensa de los derechos humanos. En Chile hoy, esa defensa es un patrimonio del país, no de un sector político.
Precisamente porque no hay discrepancias sobre la necesidad de defender los derechos humanos, el debate sobre las causas del quiebre de la democracia debe estar en los debates históricos, en la arena pública, más que en el debate político, en la legislatura o en la negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
La gente quiere que sus autoridades se dediquen a buscar soluciones para los problemas que enfrenta hoy el país.
No quiere que sus legisladores se las den de historiadores o se dediquen a tratar de producir una historia oficial sobre lo que llevó al quiebre de la democracia en 1973.
La incapacidad del gobierno para dar respuesta a las urgencias de la ciudadanía hoy hace que los problemas empeoren y las carencias se multipliquen. Además de la delincuencia, la inflación y el empleo, los chilenos están preocupados también por la salud, la vivienda, la educación y las pensiones.
La lista de prioridades es demasiado larga como para que la clase política se dedique a jugar a ser malos historiadores y pierda el tiempo caricaturizando las distintas lecturas sobre el quiebre de la democracia en 1973.
Los chilenos están más preocupados de los problemas que los aquejan hoy que de debatir las causas del quiebre de la democracia hace 50 años.
Es hora de que la clase política se ponga en sintonía con esas preocupaciones urgentes.
Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.
LA CRISIS DEL RÉGIMEN PRESIDENCIAL CHILENO.
El Mostrador, 23/08/2023
La tensión instalada en el sistema tiene que ver con un tipo de régimen político que carece ya de una aceptación y legitimidad político-institucional común. El papel ordenador del presidencialismo se encuentra completamente sobrepasado. Para colmo, la dimisión del ahora exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, comunicada por él mismo a la prensa, en una extraña y solitaria vocería en La Moneda –sin intervención del Mandatario ni de la ministra vocera–, minimizó simbólicamente el cambio ministerial y expuso de manera indebida la debilidad que hoy también afecta al Primer Mandatario.
No existe ningún ajuste ministerial que pueda resolver el problema de fondo que tiene el sistema político chileno en la actualidad: la asincronía funcional y doctrinaria de su régimen político.
La tranca está ahí, y el papel ordenador atribuido al presidencialismo se encuentra completamente sobrepasado por una pérdida de autoridad de la Presidencia de la República como institución.
Ello va más allá de la dureza de la oposición parlamentaria –muy en los bordes de sus competencias institucionales–, o de los juicios acompañados de opiniones políticas bruscas o contradictorias del Presidente Gabriel Boric.
La tensión instalada tiene que ver con un régimen político que carece ya de una aceptación político-institucional común en el vértice del sistema político.
Esto se ha visto acentuado por interpretaciones divergentes de los órganos superiores del Estado, como la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional o la Contraloría General de la República, en temas de alto interés nacional.
Y, últimamente, por los elementos intrusivos de carácter legal que experimenta la administración interior del Estado en más de diez regiones, por razones de corrupción que investiga el Ministerio Público.
En esta perspectiva, y para colmo, la dimisión del ahora exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, comunicada por él mismo a la prensa, en una extraña y solitaria vocería en La Moneda –sin intervención del Mandatario ni de la ministra vocera de Gobierno–, minimizó simbólicamente el cambio ministerial y expuso de manera indebida la carencia de autoridad que hoy también afecta al Primer Mandatario.
Así, actualmente, la competición por el poder político no se remite a coyunturas tradicionales de negociación y actos electorales. Por lo demás, ni siquiera están claras las alianzas y coaliciones a izquierda y derecha.
Y la falta de consenso interpretativo y carencias del régimen político se proyectan también a una especulación sobre el poder propio, y a las oportunidades que en diferentes escenarios de cambio o sucesos cívicos se podrían obtener.
La demolición creciente de la autoridad presidencial en el presidencialismo extremo chileno se comenzó a apreciar, ya de manera notoria, desde los primeros gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, haciendo evidente el estrechamiento de la Constitución de 1980.
Y se acrisoló a partir del “estallido social” de 2019, y del actual mandato presidencial, cuando las elites salieron a buscar una nueva Constitución, premura que no consideró la necesidad de un previo e imprescindible “nuevo Pacto Social” sustantivo.
La certidumbre social de tensión económica y desigualdad, de requerimientos de legitimidad institucional y cambio, no tuvieron representantes políticos que se hubieran planteado seriamente una idea institucional y política renovadora para el país.
Por ello, todo eclosionó en múltiples direcciones divergentes y los bandazos electorales posteriores.
Hoy, entre la escasez de estabilizadores políticos, la mala administración del Estado, un magro ejercicio de gobierno del Ejecutivo y de funcionamiento parlamentario, solo queda el sello legal.
Pero la confianza y la credibilidad ciudadanas, que son las que dan la adhesión y la legitimidad, no están en parte alguna ni con nadie en especial. De facto, ante una vertiginosa y compleja situación económica y social, la mayoría de la ciudadanía no está consciente de si vive en un régimen político presidencial, en uno semipresidencial, uno parlamentario o en un estado de asamblea permanente.
Tampoco sabe quién tiene el poder, pues nadie parece hacerse cargo de las carencias inmediatas y de entregar soluciones efectivas.
En esta bruma, algunos actores políticos se aferran a sus roles y competencias, e intentan dialogar para componer mayorías que generen acuerdos de gobernabilidad, y demuestran templanza en el uso del lenguaje y de la fuerza.
Pero otros, por el contrario, actúan con el mero objetivo de sacar ventajas de coyuntura, para obtener un mayor alcance de poder, o para mantener el que tienen o experimentar su menor disminución, convencidos de que todo depende del tipo de alianza que hagan.
Un aporte del Director de la Revista UNOFAR Antonio Varas Clavel
Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional
Rol de las Fuerzas Armadas (1)
Richard Kouyoumdjian Inglis
Analista de Defensa
Uno de los temas que siempre llama la atención de la opinión pública es el rol de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). El monopolio del uso legítimo de la fuerza y de las armas que su rol institucional les otorga, produce algún grado de interés e, incluso, de fascinación. Tampoco se puede desconocer que, varias veces en nuestra historia, el uso del poder de las armas ha sido determinante para el devenir político de la nación, y también existe la creencia de que se puede repetir una acción militar como la del 11 de septiembre de 1973, la cual descarto totalmente. No obstante, es imposible desconocer que las instituciones armadas tienen capacidades que les otorgan influencia y poder.
El 16 de julio de 2023, El Mostrador publicó un editorial titulado “Ética militar republicana”, lo que se agradece, ya que nos permite profundizar en lo que es la ética militar, si es que ella existe separada de la ética general y, de haberla, cómo se entiende su aplicación en el ámbito de conceptos republicanos tales como la democracia representativa, los balances y contrapesos de la organización política de Chile, y las relaciones entre las instituciones militares y los poderes del Estado.
El editorial se construye basado en dos hechos aislados, el documento de reflexiones personales que el general Ricardo Martínez publicó antes del término de su periodo constitucional al mando del Ejército de Chile, en marzo de 2022, y las declaraciones realizadas por el comandante en jefe de la Armada en la isla Dawson, en junio de 2023.
Las reflexiones del general Martínez son personales, aunque las publica siendo comandante en jefe, pero no por ello constituyen un documento oficial del Ejército de Chile. Las publica antes de su retiro del servicio activo y valen lo que son, es decir, la opinión razonada de Ricardo Martínez. Si alguien esperaba que pasara a ser material de estudio de los militares en formación, o de la doctrina institucional, está equivocado. Al ser publicadas como reflexiones personales apuntan a otros propósitos, los cuales –como se indicó anteriormente– son dar a conocer lo que piensa el general Martínez de los últimos 50 años del Ejército de Chile. De seguro, serán usadas como material de estudio por aquellos que les interesa la historia militar de Chile o el rol de los militares en política. Es un documento valiente, ya que expresa opiniones que se sabe no serán del gusto de todos, pero que muestran muy bien lo que el general entiende que ha sido la historia más reciente de su institución, a la que perteneció por más de 40 años antes de pasar a retiro.
Las declaraciones del almirante De La Maza buscan cerrar un capítulo. La novedad está en que quien hace las declaraciones es el comandante en Jefe de la Armada y es en el contexto de los 50 años del 11 de septiembre, pero en si mismas, es decir, en el fondo, no tienen nada de extraordinarias y son bastante obvias. El Ejército, la marina de guerra y la Fuerza Aérea son instituciones no deliberantes, jerarquizadas y obedientes de la Constitución, las leyes y los reglamentos vigentes, y no tienen ninguna intención de repetirse el plato, de estar metidas en la política, ni de dejarse usar para fines políticos por parte de quienes quieran usarlas para acceder o sostenerse en el poder.
El editorial, en su último párrafo, da a entender que las instituciones militares deben tener claro el rol que juegan en la vida política de Chile, siendo ello algo clave en el desarrollo futuro de la República. Es difícil no estar de acuerdo con ello, pero sí discrepo en que esto sea algo que genere tensión al interior de los institutos armados del 2023, los cuales tienen muy claro cuál es su propósito.
La única fuente de tensión se produce cuando las tareas y roles que les asignan los conductores políticos de la Defensa Nacional pasan de ser situaciones de excepción, acotadas, del más alto rango constitucional, a situaciones cotidianas de carácter casi permanente y que las desvían de su quehacer profesional principal. Las Fuerzas Armadas están bien prestigiadas en Chile (ver última encuesta CEP), tienen claro cuál es el rol que cumplen como instituciones permanentes de la República, y ese rol profesional lo cumplen muy bien, ganándose la confianza, el respeto e, incluso, el cariño y admiración de la ciudadanía.
Para no enredarnos en la discusión, no olvidemos que la actual Constitución deja muy claros, en su artículo 101, el propósito y los aspectos fundamentales de las Fuerzas Armadas de Chile:
➢ “Las Fuerzas Armadas dependientes del ministerio encargado de la Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional”.
➢ “Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los ministerios encargados de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública son, además, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas”.
Si las instituciones de la Defensa Nacional y los políticos, especialmente quienes ostentan el Poder Ejecutivo, se remiten a cumplir lo que se indica en los dos párrafos anteriores, no debería haber nunca problemas de ningún tipo. Si los problemas políticos son resueltos por la política en el marco de los balances y contrapesos que establece la Constitución, nadie correrá riesgos de que puedan ser atribuidos a los militares, y este tema no será tema. Otra cosa muy distinta es cuando las FF.AA. son puestas en disyuntivas creadas por situaciones políticas, como fue el caso en los años 1891 y 1973.
Producto de la crisis de inseguridad que vive el país y que afecta a una mayoría de chilenos, hay voces que piden un rol más activo de las instituciones de la Defensa en la solución del problema. En este caso, hay que tener la prudencia y buen criterio de entender la diferencia de problemas de naturaleza política, de vigencia del Estado de derecho o de naturaleza militar. Los primeros se resuelven con las herramientas de poder político que otorgan la Constitución y las leyes; los segundos, dando efectividad al derecho por la imposición de las leyes; y los problemas de naturaleza militar se resuelven quebrando la voluntad de lucha de un adversario.
Dicho todo lo anterior, ¿existe algo que se pueda llamar “ética militar”? Sí, claro que la hay, pero su ámbito de acción es específico a lo que es propiamente militar y a la cultura asociada a esa forma de vida, y no como algunos la interpretan, vinculada solamente a situaciones indeseadas que tienen características delictivas, como son el mal manejo de finanzas, adquisiciones y otras fechorías repudiables. Para los que las cometan, que se les aplique el máximo rigor de la ley, como debiera ser el caso de cualquiera que cometa delitos con platas de los chilenos.
La ética militar de quienes están en servicio activo, en retiro o son parte de la reserva, viene dada por lo que juran cuando hacen su juramento a la bandera.
En ese juramento está la esencia de la ética militar y dice:
➢ “Yo (nombre y grado), juro por Dios y por esta bandera, servir fielmente a mi patria, ya sea en mar, en tierra o en cualquier lugar, hasta rendir la vida si fuese necesario; cumplir con mis deberes y obligaciones militares, conforme a las leyes y reglamentos vigentes; obedecer con prontitud y puntualidad las órdenes de mis superiores; y poner todo mi empeño en ser un (soldado – marino – aviador) valiente, honrado y amante de mi patria”.
La ética militar de soldados, marinos y aviadores está en el texto del juramento, en el orgullo y amor patrio, en la veneración por sus símbolos, su historia y su tradición. Las instituciones de la Defensa no tienen el monopolio del patriotismo, de ninguna manera, pero no se puede vivir la vida militar sin patriotismo.
También está presente la ética en la voluntaria renuncia a una serie de derechos y beneficios que el resto de la ciudadanía tiene y que los uniformados no pueden ejercer o disfrutar. Lo que sí constituye un error es atribuir a la ética militar la vinculación de las instituciones de la Defensa y la conducta a ser observada por ellas, respecto de la conducción política de la República, tema que está muy bien resguardado y claramente establecido en la Constitución que actualmente nos rige, y en las leyes orgánicas y simples que de ella se desprenden, algo que no se debe perder en la nueva Carta Magna y en los cuerpos legales que la acompañen.
Fuente: Edición del sitio Web de Cosur Chile y de su revista digital “Tres Espadas”
Av. Bernardo O’Higgins 1452, piso 3, Santiago. www.cosur.cl y contacto@cosur.cl
Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional
Ver todos los Artículos
Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.
Midamos bien la intensidad del conflicto en la Macro Zona Sur.
Hay algunas voces que plantean que en el sur estamos frente a una supuesta “Guerra Civil de mediana intensidad”, a punto de escalar a “Alta intensidad”.
Si partimos de la base que lo que define la intensidad de un conflicto está dado por el tamaño de la fuerza enemiga y por el material que se utiliza para combatir y el daño que este produce, evidentemente en el sur estamos frente a una situación real de conflicto de baja intensidad, dado por escaramuzas o refriegas, y que en ocasiones escala a mediana intensidad, si agregamos los incendios forestales premeditados en periodo estival.
El argumento para establecer lo anterior, está sustentado respecto al material utilizado por la fuerza guerrillera y su tamaño. Es decir, si consideramos que la fuerza efectiva de combatientes de la insurgencia rural es del orden de 350 hombres, estaríamos hablando del equivalente a una Compañía Reforzada. Dicha unidad de ataque insurgente, opera con escopetas hechizas, escopetas de caza, rifles de caza, unos cuantos fusiles M-16, y unos cuantos fusiles FAL, aportados por la RAM.
En definitiva, con ese material sólo se puede causar un daño muy acotado; luego, la guerrilla está haciendo “uso acotado de la fuerza”; y, por consiguiente, está dentro de un conflicto de “baja intensidad”.
Ahora bien, otro antecedente importantísimo que nos permite establecer que en el sur hay un conflicto de baja intensidad, tiene que ver con el material que internó ilegalmente en 1986 por Carrizal Bajo, que a continuación enunciamos:
a) Fusiles M-16, de fabricación norteamericana, traídos desde Vietnam.
b) Ametralladoras M-60, de fabricación norteamericana, traídos desde Vietnam.
c) Lanzacohetes RPG-7, de origen soviético.
d) Lanzacohetes M-72 LAW, de fabricación norteamericana, traídos desde Vietnam.
e) TNT, de fabricación norteamericana, traídos desde Vietnam.
f) Explosivo plástico, de origen checoslovaco.
g) Granadas de mano, del tipo RGD-5, de origen soviético.
Nota: El material de fabricación norteamericana, corresponde a elementos facilitados por EE.UU. en apoyo al gobierno del sur, en el proceso de “vietnamización” de la guerra.
Ahora bien, si partimos de la base que sólo se han utilizado, como indicábamos anteriormente, escopetas hechizas, escopetas de caza, rifles de caza, unos cuantos fusiles M-16, y unos cuantos fusiles FAL, y no se ha empleado ningún otro dispositivo de alto poder destructivo, es imposible que, según declaran algunas voces, estemos frente a una supuesta “Guerra Civil de mediana intensidad”, a punto de escalar a “Alta intensidad”.
Finalmente, el día en que se comiencen a utilizar en el sur elementos, como los que alcanzaron a ser enviados a la zona central, de los embarques ilegales de Carrizal, recién podríamos subir el nivel de intensidad del conflicto a mediana o alta, NO ANTES!!
Pablo Thauby
Magíster en Ciencia Política, Academia de Guerra Naval, Chile.
Un aporte de nuestro Pas presidente Humberto Julio Reyes
Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
© Copyright Arma | Hosting y diseño redlinks.cl
