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Columna de Opinión, News

CRUZANDO EL RUBICÓN. Diego Pérez de Castro, Periodista

 

                              CRUZANDO EL RUBICÓN

Diego Pérez de Castro, Periodista, Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos en la Universidad Adolfo Ibáñez

El Mostrador, 22/03/2024

Lo acontecido el pasado martes en el Congreso Nacional con el nombramiento de José García Ruminot (RN) como nuevo presidente del Senado, con el apoyo de Demócratas, fue el corolario de “cruzar el Rubicón”.

El Rubicón es un río del nordeste de Italia que desemboca en el mar Adriático y en la época de los romanos marcaba el límite del poder del gobernador de la Galia Cisalpina e Italia y, según la ley romana, ningún gobernador provincial podía atravesarlo al frente de sus tropas.

Hace más de 2070 años, Julio César se detuvo un instante ante el Rubicón inquieto por las dudas… cruzarlo significaba cometer una ilegalidad: convertirse en enemigo de la República e iniciar la guerra civil.

Finalmente dio la orden a sus tropas de cruzar el río, pronunciando en latín la frase “alea iacta est” (“la suerte está echada”).

Lo acontecido el pasado martes en el Congreso Nacional con el nombramiento de José García Ruminot (RN) como nuevo presidente del Senado, con el apoyo de Demócratas, fue el corolario de “cruzar el Rubicón”.

La oportunidad se dio, ante una serie de deficiencias políticas al interior del oficialismo que terminaron por poner al senador por La Araucanía a cargo de la Cámara Alta por el próximo periodo legislativo.

Si bien desde la derecha consideraron –en un principio– respetar el acuerdo político, que indicaba que para este periodo le correspondía la presidencia a un parlamentario de la bancada PPD-Independientes, apareció el factor Demócratas, más precisamente el de la senadora Ximena Rincón.

La eterna pugna entre la exministra del Trabajo de Bachelet y la senadora DC por Atacama, que viene desde hace ya varios años, y cuyo último round concreto fue la quitada de piso del partido de la falange a la candidatura presidencial de Rincón (le cedieron el cupo a Provoste porque básicamente marcaba más en las encuestas), hizo que el pacto se cayera.

“Pan para ayer y hambre para hoy”, ese conflicto generó una serie de movimientos que dejaron al PPD Pedro Araya sin los votos necesarios para liderar el Senado.

De más está decir el nefasto proceso interno de su partido para escoger un representante con anticipación, lo que da cuenta de la poca capacidad organizativa que tiene el oficialismo en ese sentido.

Como en política todo es calculado (nada se hace porque sí), la senadora por el Maule se puso la armadura de Julio César y vio una oportunidad concreta de cruzar el Rubicón y establecer de manera oficial una alianza con Chile Vamos para controlar el Senado, poniendo incluso a Matías Walker como vicepresidente, luego que Luciano Cruz-Coke (Evópoli) le cediera el cupo.

En ese sentido, ya empieza a establecerse de manera oficial un principal frente opositor al Gobierno en el Senado (tienen 27 de los 50 representantes, incluido el exrepublicano Rojo Edwards) y resta ver cómo esto se organizará en la Cámara de Diputados, donde con los apoyos del PDG y algunos independientes podrían marcar aún más diferencia.

Pero por más que Walker, Rincón y compañía digan que quieren ser una “oposición constructiva”, lo cierto es que su acercamiento a Chile Vamos (en conjunto con Amarillos, con quienes irán unidos en las próximas elecciones) da pistas de lo que, en teoría, ya se está haciendo realidad: establecer un conglomerado de centroderecha que enfrente las próximas elecciones presidenciales en 2025.

Este símil a la Concertación –pero del otro lado de la vereda– tiene dos años para ponerse de acuerdo en términos programáticos, sobre todo luego de las elecciones municipales y de gobernadores regionales de este año, con el fin de establecer una alianza que verdaderamente dé certezas a la ciudadanía post Gabriel Boric.

En política, los tiempos son cortos y los acuerdos tampoco abundan, por lo que será interesante observar cómo resulta este nuevo experimento en que a todas luces y, como dijo Julio Cesar al cruzar el Río Rubicón, “la suerte está echada”.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de  Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

News, Seguridad y defensa

“Algunos alcances sobre la Responsabilidad de Proteger”. Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos. ANEPE

                                                              “Algunos alcances sobre la Responsabilidad de Proteger”

                                                                  Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos. ANEPE 

 

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Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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Columna de Opinión, News

MÁS DE LO MISMO, PARA INDIGNACIÓN Y VERGÜENZA. Humberto Julio Reyes

 

                                                            MÁS DE LO MISMO, PARA INDIGNACIÓN Y VERGÜENZA.

Humberto Julio Reyes

Últimamente han circulado en redes sociales y aparecido en cartas al director de algunos medios, diversas opiniones referidas a las duras penas impuestas por los tribunales, a miembros de las Fuerzas Armadas que han debido actuar para restaurar el orden en situaciones de excepción.

El paciente lector dirá que esto no es algo nuevo, ya que, desde que llegó la alegría los tribunales “se están poniendo al día” y que, lo novedoso sería que los medios publiquen dichas cartas, algo habitualmente evitado por “políticamente incorrecto”.

Pero no me refiero a procesos y condenas por delitos que habrían sido cometidos durante el Gobierno Militar, sino que a hechos más recientes y que tienen como origen lo que muchos siguen llamando “el estallido social”.

Hemos sabido de un Capitán, un cabo y ahora ¡un conscripto!

Sí, leyó usted bien, un conscripto que se presentó voluntariamente a cumplir con su servicio militar y que se sumará a otros conscriptos que cumplen penas en prisión por hechos de hace medio siglo.

Estos miembros del Ejército han sido condenados por tribunales ordinarios que parecen asumir que emplear las armas, aunque sea por órdenes superiores y mandato de la autoridad política “responsable”, constituye grave delito per se.

Ellos se suman a muchos miembros de Carabineros que perdieron su carrera tratando de proteger a sus conciudadanos amenazados por un enemigo implacable, como bien dijo el presidente de la época que fue acusado de “declararle la guerra al pueblo”, sustantivo éste tan abusado y tan amplio en su significado que permite amparar crímenes y delitos de organizados violentistas autodenominados “pacíficos manifestantes”.

Pero, ¿qué dice el poder judicial que impone las duras penas?

Nada, no se oye padre. Como dicen, se expresa a través de sus fallos.

Recientemente, el pleno de la Corte Suprema, rechazó en dos líneas un recurso contra un ministro de fuero que, para ahorrarse esfuerzo y con mucha creatividad, condena en bloque a todos quienes sirvieron en alguna unidad con un argumento que, de aceptarse permitiría condenar, “sólo por pertenencia”, a todo aquel que haya estado en las filas de las fuerzas armadas y de orden entre el 11 de septiembre de 1973 y la fecha de entrega al poder civil en 1990. Quien no se retiró o se opuso sería culpable solidario de “los crímenes de la dictadura”.

Eso sucede en un estado de derecho y, como recordó recientemente en forma pública, un afectado por tan flagrante arbitrariedad, joven subalterno en 1973, todos “pasan sin mirar”.

¿Acaso nada puede hacerse para defender a las víctimas de esta desigual guerra que ha declarado el poder judicial, representado en particular por la segunda sala de la Corte Suprema?

Si por milagro un ministro de fuero absuelve a un procesado por no poder acreditar que cometió delito, o es una sala de la Corte de Apelaciones la que rectifica una sentencia que no se atiene a la ley vigente, es la segunda sala la que procede a imponer altas penas, confirmando o subiendo las propuestas y sumando nuevas causales como es la manida “asociación ilícita”, lo que en la práctica implica cadena perpetua para personas de avanzada edad y deteriorada salud que vivirán sus últimos años en abarrotados recintos, aspecto este último fácil de comprobar en cualquier visita.

¡En Colina 1 duermen en los comedores!

Abandonada toda esperanza de justicia en este mundo y para evitar injusta prisión más de alguien en estos años se ha suicidado, ganándose el respeto de sus camaradas y el escarnio de algún desquiciado. Escapa a la venganza y al odio que motiva a quienes no ahorran esfuerzo en su eterna victimización y búsqueda de “reparación”.

Resumo:

Es más de lo mismo, pero lo positivo es que se conozca y se difunda, para vergüenza de quienes son los verdaderos responsables e indignación de quienes estamos hartos de un prolongado abuso judicial que no tiene visos de cesar.

El verdadero responsable, en mi opinión, es aquella autoridad que recurre a las fuerzas armadas y de orden pidiéndoles que impongan o restauren el orden sobrepasado, pero, “con irrestricto respeto a los derechos humanos”, como habría instruido un ministro para salvar su responsabilidad.

¿Puede haber mayor cobardía?

Ejemplos de lo anterior existen en la Historia pero en nada libera de responsabilidad a quien recurre a esa “salvaguarda” y eso, debieran considerarlo los tribunales, en lugar de hacer caer todo el peso de la ley sobre jóvenes ejecutantes que, a diferencia de la presunta víctima, no eligieron estar ahí para defendernos pero, como acertadamente ha señalado el autor de una carta, han debido asumir el riesgo de una función pública como si fueran simples particulares, ya que dicho riesgo se ha “privatizado”.

En medio de tan negativo escenario, una luz de esperanza:

“Fiscal judicial (s) de la Suprema advierte privación de derecho de “integridad física y psíquica” de condenados de DD.HH.”

¿Hará verano esta golondrina?

 

25 de mar. de 24

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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News, Seguridad y defensa

LAS RUF Y EL DESCALABRO DE LAS FF. AA. Julio Leiva y John Griffiths. La Tercera


                                                                          LAS RUF Y EL DESCALABRO DE LAS FF. AA.

Julio Leiva y John Griffiths

La Tercera, 21/03/2024

De acuerdo con la legislación vigente, principalmente el artículo 208 del Código de Justicia Militar, los militares se encuentran —y siempre se han encontrado, por la vigencia del código— afectos a las “causales eximentes de responsabilidad penal, cuando cumplan funciones de guardadores del orden y seguridad públicos”.

Más aún nuestra actual legislación y código penal chileno consagra el derecho a la legitima defensa a todo evento, cuando ocurran algunas de las siguientes circunstancias:

  • Agresión ilegitima;
  • Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla
  • Que se establezca una falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

De allí que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en cumplimiento a misiones de seguridad interna, en los denominados estados de excepción constitucional, deban contar como piso con las atribuciones y respaldo legal anteriormente explicitado.

Ninguna “Regla del Uso de la Fuerza” (RUF), puede degradar o afectar este legítimo y mínimo derecho jurídico. Más aún, cuando las FF. AA. se despliegan por orden presidencial y ratificación del poder legislativo. De esta manera se alinean responsabilidades y atribuciones, protegiendo a la fuerza de sus derechos básicos.

La actual propuesta de RUF, en la que se definen un gran número de condiciones, definiciones, deberes, principios, grados de resistencia y clasificación del agresor o de la agresión, etapas de uso de la fuerza, modelos para subir o bajar su uso y los correspondientes medios para cada modelo, afectan considerablemente el principio sobre el que se establece una RUF.

Dicho principio sanciona conductas y no condiciones, muchas veces difíciles de discernir o identificar, máxime en condiciones de alta complejidad.

A modo de ejemplo, no es relevante la condición de origen, género u otra del que comete la agresión, sino precisamente el hecho y conducta de querer causar daño a quienes están velando por la seguridad y el orden público.

A mayor abundamiento, analizadas en estudio comparado las distintas reglas del uso de la fuerza, tanto en la fuerza pública, como en despliegues de operaciones de paz, ninguna afecta —como base o piso— el derecho a la legítima defensa de los representantes del Estado.

Adicionalmente, las RUF poseen como característica principal ser claras y objetivas, basadas en principios de apreciación general y no pueden contener un conjunto de detalles que al ser aplicadas inhiban el cumplimiento de la misión principal. Vale decir, en situaciones extraordinarias donde autoridades políticas y fuerzas de orden y seguridad están sobrepasadas.

Por otra parte, las RUF cuando operan en estados de excepción constitucional deben estar sujetas a la competencia de tribunales militares, dada la naturaleza de la decisión que requirió su empleo, no debiendo quedar al amparo de tribunales ordinarios de tiempo de paz y normalidad, con fiscales que establecen responsabilidades, obviando el contexto que dispuso su empleo.

Así las cosas, si las Reglas de Uso de la Fuerza que se proponen al país se mantienen, serán completamente inútiles, inhibirán a quién se espera deba aplicarlas y, en caso de su empleo, solo producirán como consecuencia la persecución penal y el encarcelamiento de militares, mientras los delincuentes ampliarán su actividad criminal a límites inimaginables, por las ventajas concedidas.

Apelamos a que, en esta materia, nuestras fuerzas de orden y seguridad, así como las FF. AA., cuenten con los vitales respaldos políticos y jurídicos, para que puedan contribuir a recuperar el estado de derecho y la grave situación de seguridad que afecta a toda la sociedad.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

News, Seguridad y defensa

¿LOS MILITARES AL PAREDÓN?. Vanessa Kaiser. El Líbero

 

                                                                     ¿LOS MILITARES AL PAREDÓN?

Vanessa Kaiser

El Líbero, 18/03/2024

Carabineros logró resistir, pero es fundamental que los miembros de las FF.AA. y la ciudadanía tengan a la vista su experiencia posterior a los tiempos de caos ahora que se quiere a los militares en la calle.

Imagine que en Chile hay varios alcaldes pidiendo al gobierno que los militares salgan de sus cuarteles y pasen tiempo en las calles para colaborar con Carabineros en funciones de orden público.

Imagine también que uno de esos alcaldes twitteaba el 23 de octubre lo siguiente: “Cuesta dormirse viendo tanto video de abusos de poder y violencia de parte de carabineros. Velar por la defensa de DD. HH. debe ser nuestro foco principal hoy. No podemos permitir que se siga normalizando esta situación”.

La situación era ni más ni menos que un golpe de Estado dado por dos titanes: cierto sector político que intentó derrocar al fallecido Presidente Piñera en el Congreso mientras apoyaba la violencia y el crimen organizado.

Este último actuó volando bajo el radar del derecho gracias al estallido social que se desató en paralelo.

La pregunta sobre cuál es el vínculo entre los dos titanes se ha silenciado sistemáticamente. Otro interrogante que se silencia es por qué los comunistas, frenteamplistas y medios de comunicación necesitaban desprestigiar a las fuerzas de Orden y Seguridad Públicas.

Siempre en el mundo imaginario del que hablamos al principio de esta columna, creo que el desprestigio de Carabineros era clave para derrocar al gobierno por la fuerza del caos, puesto que contaban con la negativa de las FF. AA. a inmiscuirse en la medida de que se trataba de un “estallido social”.

El trabajo fue de joyería. Como nunca se habló de un golpe de Estado (y hasta hoy pocos quieren asumir la verdad, aunque muchos tiritaban de miedo en las semanas posteriores al 18-O), las FF. AA. no tenían espacio para la acción.

Sólo quedó una delgada línea verde entre la caída del gobierno, su reemplazo por algún miembro del grupo golpista y la imposición de un proceso constituyente bolivariano muy bien diseñado por ciertos intelectuales de la nueva izquierda que todos conocemos.

Carabineros logró resistir, pero es fundamental que los miembros de las FF. AA. y la ciudadanía tengan a la vista su experiencia posterior a los tiempos de caos ahora que se quiere a los militares en la calle.

No sólo porque tras su sacrificio para salvar la República han sido perseguidos -por ejemplo, el INDH interpuso querellas en contra de más de 3.000 efectivos- y, algunos, ya están tras las rejas sentenciados por jueces y fiscales con claro sesgo ideológico, sino porque quienes ahora piden militares en las calles podrían estar jugando un doble juego que sirva al golpe final del proceso revolucionario iniciado el 18-O.

Para entender a qué me refiero es necesario preguntarse: ¿qué significa la introducción hecha por la ministra Tohá a la ley que se discute sobre las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), estableciendo especificaciones para un uso diferenciado de la fuerza en caso de niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o personas adultas mayores?

¡Ideología! Gritan muchos, como si con eso se libraran de sus efectos prácticos e implicancias políticas. Por ideología se apoyó el golpe de Estado, se retiraron las querellas por Ley de Seguridad Interior, se indultó y dieron pensiones de gracia a criminales, se puso freno a todas las leyes que dificultaban el avance del crimen organizado, se firmó un acuerdo de “seguridad” con una narcodictadura, se ha perseguido a carabineros y militares violando principios fundamentales como la igualdad ante la ley y se trajo en líneas aéreas a miles de haitianos de forma ilegal.

También, “por ideología” se dejan las fronteras abiertas y se autoriza, pocos días antes del comienzo de los incendios en la Quinta Región, a criminales de la Cárcel de Alta Seguridad a hacer videollamadas. Podría seguir ad infinitum desde los asesores cubanos de Manuel Monsalve hasta el intento de desarme de la población civil que ha cumplido con todos los requisitos que exige la ley para tener un arma.

Echarle la culpa de lo que hacen quienes detentan el poder a sus convicciones ideológicas, como si con eso los aliviáramos de la responsabilidad por haber convertido a Chile en la tumba no sólo del neoliberalismo, sino, además, de la seguridad, la educación, la salud y de la moral y las buenas costumbres, no sólo es irresponsable; es poco inteligente.

¿Se imagina que uno fuera a decirle a un cubano preso político, o sumido en la eterna miseria, que Fidel Castro igual era buena persona, lo que pasa es que, en realidad, el problema era su ideología?

Eso es exactamente lo que está sucediendo en Chile y es patético. ¡Justamente de ideología se trata la política! Y si, siguiendo en nuestro mundo imaginario, tenemos un sector político que avanza su proyecto de destrucción del país, aunque fue rechazado y ha hecho alianzas con una narcodictadura y sus secuaces, entonces, ¿cómo podemos entender el llamado a que los militares salgan de su cuartel?

Voy a ser malpensada porque estoy aburrida de la cerrazón, genuflexión y buenismo de quienes debiesen estar denunciando todo lo que sabemos y guardan incómodo silencio. Una imaginación muy nutrida me lleva a creer que quizás no es tan descabellado pensar que el propósito de sacar a los militares de sus cuarteles no tenga nada qué ver con la seguridad de los ciudadanos, sobre todo teniendo a la vista la indicación de la ministra Tohá a las RUF. Y es que no hay que ser muy inteligente o imaginativo para juntar algunas piezas del puzle.

Primero, si salen a la calle no tendrán respaldo político para hacer nada. Segundo, si hacen algo, terminarán presos, basta con tener a la vista el nombramiento del Presidente Boric de 95 jueces octubristas en la Corte de Apelaciones y de 12 en la Corte Suprema.

En consecuencia, si son agredidos por miembros del crimen organizado tendrán dos opciones, o se dejan asesinar o terminan tras las rejas. En otras palabras, sacar a los militares a la calle bajo este gobierno sólo puede significar una cosa: su neutralización definitiva.

Y no sería extraño, dado que, a diferencia de otros lugares del mundo, nuestras FF. AA. no han sido penetradas por esa “ideología” culpable de tantas cosas malas que hacen los niños “puros” y “buenos”, tan faltos de experiencia política.

La verdad, es que tienen el país como sartén por el mango. Solo les falta desarmar definitivamente a la población civil, saber en qué casa hay miembros de las FF. AA. y de Orden, terminar de socavar las relaciones con Israel para pasar a ser miembros de la esfera iraní -cuyos líderes están estrechamente vinculados con Bolivia y Venezuela- y el golpe de gracia: llevar a los militares al paredón que integran jueces y fiscales activistas.

Una vez neutralizados, el camino quedará libre de cualquier obstáculo para cumplir con el sueño de una “vanguardia” tan mal comprendida por el pueblo.

Lo más grave del asunto es que, quienes debiesen oponer resistencia, denunciar y hacer uso de todos los instrumentos legales de que aún disponemos, están convencidos de que el octubrismo fracasó.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

News, RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD

DE “OPERACIÓN MILITAR ESPECIAL” A “GUERRA” EN UCRANIA: EL CAMBIO DE TONO DE RUSIA QUE INQUIETA A OCCIDENTE. Bastián Díaz. La Tercera

 

                                                                   

                                                                      

DE “OPERACIÓN MILITAR ESPECIAL” A “GUERRA” EN UCRANIA: EL CAMBIO DE TONO DE RUSIA QUE INQUIETA A OCCIDENTE

Bastián Díaz

La Tercera, 22/03/2024

El portavoz del Kremlin admitió por primera vez que Rusia está en “estado de guerra” luego de que Occidente “se convirtió en participante del lado de Ucrania”.

Los últimos en rendirse a la evidencia. El Kremlin reconoció este viernes, después de más de dos años de conflicto bélico, que aquello que está ocurriendo en Ucrania es una “guerra”.

Esta cesión lingüística no es gratuita, de todos modos: según Moscú, este cambio frente a lo que antes era su “operación especial en Ucrania” se debe al involucramiento que ha tenido Occidente y el respaldo que ha dado a Kiev.

Así lo afirmó por primera vez el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, casi 25 meses después de que comenzara el conflicto. “Estamos en un estado de guerra. Sí, comenzó como una operación militar especial, pero tan pronto como se formó este grupo allí, cuando el Occidente colectivo se convirtió en participante del lado de Ucrania, para nosotros ya se convirtió en una guerra. Estoy convencido de ello. Y todo el mundo debería entenderlo, por su motivación interna”, afirmó Peskov en una entrevista concedida al periódico Argumenty i Fakty (Argumentos y hechos), publicada el viernes.

La línea del Kremlin hasta ahora había sido que el conflicto comenzado el 24 de febrero de 2022 era una “operación militar especial” y se cuidaba mucho de evitar la palabra guerra.

De hecho, ciudadanos rusos han sido condenados por referirse al conflicto como guerra o por describir el ataque de Moscú a Ucrania como una invasión, en virtud de leyes que fueron aprobadas en marzo de 2022 para reprimir este tipo de expresiones.

Con esto, Peskov habría violado incluso las propias leyes rusas al usar la palabra guerra para referirse al conflicto, pero es cierto que la legislación ha sido mucho menos estricta en estos últimos meses.

El Parlamento ruso aprobó una legislación en marzo de 2022 que impone penas de prisión de hasta 15 años por difundir intencionalmente noticias “falsas” sobre el Ejército ruso.

El Kremlin ha utilizado la ley para reprimir a quienes se desvían de la narrativa del presidente Vladimir Putin sobre la guerra, aun cuando para hablar del conflicto digan “operación militar especial”. Irónicamente, ya en diciembre 2022, al mismo Putin se le escapó la palabra prohibida, cuando por primera vez en público habló de una “guerra en Ucrania”.

Hablando con la prensa, Putin abogaba por el fin de la “guerra”. “Nuestro objetivo no es avivar las llamas de este conflicto militar, al contrario, es poner fin a esta guerra”, afirmó en ese entonces.

De todos modos, Putin todavía se refiere al conflicto como una “operación militar especial”, aunque haya intensificado su retórica nuclear y sus diatribas contra Occidente desde que el presidente francés Emmanuel Macron sugiriera que los miembros de la OTAN podrían enviar tropas terrestres a Ucrania.

El propagandista del Kremlin Vladimir Solovyov, a quienes algunos llaman “la voz de Putin” por sus opiniones estridentes a favor del régimen, también utilizó la palabra “guerra” para describir la situación en Ucrania, en su programa de Rusia-1, “Noche con Vladimir Solovyov”.

Ahora bien, el cambio retórico no es menor y, según los expertos, podría estar íntimamente ligado con un posible llamado para que más rusos vayan al frente. Konstantin Sonin, un economista de la Universidad de Chicago nacido en Rusia, había declarado a Newsweek que un factor que disuadió a Putin de una movilización masiva abierta fue que la narrativa propagandística que se impulsaba era que Moscú no está librando una guerra, sino que está llevando a cabo “operación militar a escala limitada”.

“Esto es lo que le dicen los informes del Ejército y de la policía, y este es el lenguaje que habla a sus subordinados y al público en general” afirmó en ese entonces Sonin. “Anunciar una movilización abierta y amplia sería un alejamiento drástico de esta visión del mundo, casi como estallar de una burbuja informativa”, comentó.

En la misma entrevista en que Peskov habló del nuevo “estado de guerra”, se refirió a las “nuevas regiones” de Rusia, aquellas que se habrían “anexado” de Ucrania luego de los plebiscitos de 2022. Peskov dijo que Rusia debe “liberar” completamente sus “nuevas regiones” para garantizar la seguridad de las personas allí.

La corresponsal de The Economist, Oliver Carroll, escribió en la red social X al respecto del cambio retórico: “Mientras tanto, el portavoz de Putin, Peskov, dice que Rusia ha pasado de una ‘operación militar especial’ al ‘estado de guerra’. Posiblemente sea una señal de que están preparando el terreno para una movilización adicional”.

En tanto, la fundadora de la consultora R. Politik, Tatiana Stanovaya, comentó: “Ahora es oficial: la OMS (Operación Militar Especial) se reconoce como una guerra. Por supuesto, la OMS se convirtió de facto en una guerra hace mucho tiempo, pero se trata de una cierta frontera psicológica, más allá de la cual se pueden hacer a la población y a las elites demandas diferentes a las que se hacían durante la SMO”.

Por su parte, Mark Galeotti, autor de varios libros sobre Putin y Rusia, indicó en X que las palabras de Peskov son una señal poderosa para el público ruso. “Esa ‘movilización interna’ es en realidad la clave: la exigencia del Kremlin de que todos los rusos adopten una mentalidad de tiempos de guerra y se den cuenta de que ahora no hay término medio entre ser un patriota y un traidor (como los define Putin)”, escribió.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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Columna de Opinión, News

“FOLLOW THE MONEY”: FISCALÍA ACTIVA DILIGENCIAS SOBRE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE HERMOSILLA Y EL EXDIRECTOR DE LA PDI. Víctor Rivera y José Carvajal Vega. La Tercera

                                                                       

“FOLLOW THE MONEY”: FISCALÍA ACTIVA

DILIGENCIAS SOBRE LAS OPERACIONES  FINANCIERAS

DE HERMOSILLA Y EL EXDIRECTOR DE LA PDI

Víctor Rivera y José Carvajal Vega

La Tercera PM, 19/03/2024

A través de una solicitud de la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, el Ministerio Público pidió a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que les remitiera información del abogado y Sergio Muñoz, respecto de eventuales operaciones sospechosas, cuentas corrientes, depósitos y cuentas bancarias en el extranjero.

Los 510 mensajes entre Luis Hermosilla y el exdirector de la PDI Sergio Muñoz revelan dos cosas: una estrecha amistad y una relación de conveniencia mutua en términos laborales. El detective obtenía influencia y el abogado información confidencial de causas judiciales.

De eso dan cuenta sus conversaciones, que están siendo pesquisadas desde enero por la Fiscalía, luego de que el 25 de noviembre del 2023 el Ministerio Público lograra extraer desde el teléfono de Hermosilla 777.256 páginas con sus diálogos de WhatsApp.

Solo una parte de estos chats corresponden a Muñoz. El resto es un misterio, por ahora, pero el volumen de lo detectado, quizás, permite entender la inquietante declaración del ministro de Justicia, Luis Cordero, durante el lunes: “Es una investigación cuyos indicios no proyectan muy bien (…) Espero que por el bien de todos sea bastante acotado, porque si no es así las consecuencias pueden ser bien lastimosas en general”.

Hasta el momento, y según la imputación de cargos de la Fiscalía en contra de Muñoz, la investigación está centrada en la comisión del delito de violación de secreto en contra del exjefe policial por haber revelado a Hermosilla información de, al menos, cinco causas: minera Dominga, casino Enjoy, gastos reservados de Héctor Espinosa (su antecesor), el caso Raúl Torrealba y la indagatoria sobre Felipe Guevara.

Sin embargo, entre los investigadores también existe una duda no menor: ¿el traspaso de información fue solo una cuestión de amistad y poder?

Por el momento, en la causa solo se ha logrado reunir antecedentes en esa dirección, aunque ya se activaron diligencias para tener un panorama más completo.

Por lo mismo, el 22 de enero, la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, solicitó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) “remitir al Ministerio Público todos los antecedentes de Reporte de Operaciones Sospechosas, Reportes de Operaciones en Efectivo, Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo, y en general toda operación que obre en su poder respecto” de Luis Hermosilla y Sergio Muñoz.

Además, se solicitó que “asimismo, conforme a vuestras coordinaciones, requerir información si los ciudadanos antes individualizados registran cuentas corrientes, depósitos dinerarios y/o cuentas bancarias en bancos en el extranjero”.

Cuatro días después llegó la respuesta de la UAF, a través de su director, Carlos Toloza, quien pidió más antecedentes de la causa a la Fiscalía para poder dar curso al requerimiento de información.

“Al respecto, cabe hacer presente que los requerimientos de información que se envíen a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) deben indicar de manera explícita la existencia de una investigación vigente por el delito de lavado de activos y/o de un delito precedente, tipificado en la Ley N° 19.913, pues solo en dichos términos este servicio se encuentra legalmente autorizado a dar respuesta a su solicitud”, se lee en el documento.

El abogado de Muñoz, Juan Carlos Manríquez, indicó que su representado “actuó no respondiendo a ningún encargo, ni a un compromiso, ni a un pago, ni a una prebenda ni a un acuerdo ilegal, lo hizo motu proprio”.

La solicitud a Interior 45 días antes del allanamiento. Otro de los requerimientos de información que despachó la Fiscalía fue el del 19 de enero -45 días antes del allanamiento a la casa de Muñoz- al Ministerio del Interior.

La misma fiscal Parra solicitó al gobierno que le enviara “copia de los contratos y resoluciones relacionadas con el Sr. Luis Hermosilla Osorio (…) y remitir un listado de las causas en las que el Sr. Luis Hermosilla Osorio asumió el patrocinio del Ministerio del Interior, indicando las fechas en que este tuvo la calidad de abogado patrocinante o apoderado”.

Si bien no se especificaba en qué causa se estaba pidiendo esa información, sí se consignaba el “RUC” (registro judicial) del caso, el cual es distinto al del denominado ‘caso audio’.

El 23 del mismo mes, la Fiscalía le advertía a Interior, a través de un correo electrónico, que “hago presente que se trata de una investigación reservada. Ruego favor acusar recibo”.

Los pasos de Luis Hermosilla por el Ministerio del Interior. Sin embargo, el 16 de febrero el Ministerio Público volvió a la carga, pues aún no recibía la información. Parra, otra vez, despachó un oficio en que pedía “rendir cuenta a la Fiscal que suscribe respecto del Requerimiento de Información” en un plazo de tres días hábiles.

El 23 de febrero llegó a la Fiscalía la respuesta de la propia ministra del Interior, Carolina Tohá. Allí le detalló y remitió los decretos que daban cuenta de las asesorías de Hermosilla para el gobierno de Sebastián Piñera, entre 2018 y 2022.

“La información que en este acto se proporciona, corresponde a la suscripción de 6 (seis) contratos suscritos con el investigado, que obran en poder del Departamento de Gestión de Personas, a saber: Decreto Exento TRA N° 280/430/2018; Decreto Exento TRA N° 280/352/2020; Decreto Exento TRA N° 280/979/2020: Decreto Exento TRA N° 280/980/2020; Decreto Exento TRA N° 280/975/2021; y Decreto Exento TRA N° 280/412/2022″, dice el oficio.

La audiencia. Cada uno de estos oficios forma parte de la investigación de la Fiscalía, la cual hasta el cierre de esta edición estaba aún en etapa de formalización.

La audiencia de formalización de Muñoz, si bien estaba fijada para las 9:00 de la mañana, se postergó en 30 minutos, momento en que el fiscal Francisco Lanas comenzó a leer uno a uno los dos grupos de hechos que se le imputaban a Muñoz.

Lanas leyó uno a uno los mensajes que Muñoz envió a Hermosilla y los cuales habría -según la tesis de la Fiscalía- revelado información de las causas de la minera Dominga; la del Casino Enjoy; la del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba; la del exintendente y alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, y la de los gastos reservados del exdirector de la PDI Héctor Espinosa.

Treinta minutos después de comenzada la formalización la jueza Francis Fell tomó la palabra y dirigiéndose a Muñoz le preguntó: “¿Entendió los hechos?”.

Ante la pregunta, el otrora director de la policía civil afirmó el micrófono de la mesa de imputados y respondió: “Los entiendo perfectamente”, para la luego bajar su cabeza, tal y como la tuvo gran parte de la audiencia.

Posterior a eso, fue el turno de la fiscal regional Lorena Parra, quien comenzó a argumentar las razones para solicitar la prisión preventiva de Muñoz.

 

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de  Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

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