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LOS MEJORES. Josefina Araos, Investigadora IES

                                                                    LOS MEJORES

Josefina Araos, Investigadora IES

Uno de los peores errores de este gobierno fue pensar que con ellos todo sería más fácil.

En su momento, el cientista político Juan Pablo Luna lo formuló como una ilusión: la idea de que bastaba el recambio de elites para que parte importante de nuestra crisis política se resolviera, como por arte de magia.

Pero la ilusión no era abstracta, pues no se trataba de la apuesta por un recambio cualquiera, sino de uno particular: que llegaran ellos al poder. Que, porque eran ellos, las cosas irían mejor.

No por azar al poco andar, el entonces flamante ministro Giorgio Jackson apeló a la distinta escala de valores que encarnaba su entorno, pero también a la expectativa de aprobación de una nueva Constitución que venía –porque todo tenía que coincidir– a hacer posible las profundas transformaciones que ellos estaban llamados a hacer. Se pensaban destinados a grandes cosas.

Fue esa ilusión enceguecedora la que los llevó, en la primera semana de gobierno, a entrar en Temucuicui como si los esperaran con los brazos abiertos.

No fue una idea peregrina de una ministra sin experiencia, sino una decisión fundada en un ethos compartido: no eran el Estado de Chile, antes denunciado como cómplice de distintas opresiones, sino ellos, que ahora lo limpiaban de sus prácticas espurias.

Al recibir un poder que los antecedía, no alcanzaban a darse cuenta de que tendrían que cargar con toda su herencia. Ya no eran más ellos, sino el rostro de la despreciada oficialidad.

Pero el error de juicio los conducía a ser temerarios, incautos.

A pensar que sus decisiones solo serían evaluadas por sus nobles intenciones, y no por el lugar desde donde eran ejercidas, o por las consecuencias que traían consigo.

Es que también se creían inmunes a las bajezas y miserias propias de quienes ejercen el poder. Su ilusión es la de verse como mejores que el resto y entonces la dura vara exigida a otros no se aplica con la misma rigurosidad sobre ellos mismos. Su temeridad era también autocomplacencia.

Por más aprendizaje que haya habido, el gobierno no ha escapado a esta ilusión.

El Presidente habló en su momento de haber tomado conciencia de habitar un cargo con una historia que lo antecedía y que, llena de deudas, era también una de avances y mejoras.

Contrario al ethos frenteamplista, el Presidente era capaz al fin de pensarse como heredero de una empresa iniciada por otros.

Pero esa conciencia no parece haber arraigado. Basta ver lo ocurrido con el lío de platas en el marco del caso Convenios: la corrupción era también una amenaza latente para los mejores, pues es una tentación constitutiva del ejercicio del poder.

No te liberas de ella por ser mejor, sino por el cuidado con que actúas sabiéndote tan vulnerable como cualquiera. La limitada condición humana es una cuestión compartida.

Pero de nuevo, la ilusión temeraria y autocomplaciente arriesga también volverse abusiva. Si los que llegan al poder son buenos, no importa poner todo a su servicio; es por una buena causa. Los medios pueden transarse en función de la empresa correcta. Y lo que era malo y nocivo en otros, en ellos se vuelve inocuo.

El giro acusado en las declaraciones del Presidente esta semana a propósito de los vínculos sanguíneos entre Miguel Crispi y Verónica Serrano ilustran la persistencia de la ilusión: allí, en ese contexto, él no juzga lazos familiares, sino desempeño, meritocracia, cumplimiento de la ley.

Como candidato, prometió una política “sin pitutos” donde daban lo mismo las competencias de los involucrados si es que tenían alguna relación filial. Todo vínculo era amenaza de nepotismo y debía ser erradicado. Pero de nuevo, el riesgo residía en los demás, no en ellos.

Se pensaban destinados a grandes cosas, pero la ilusión de ser los mejores los ha destinado en cambio a estar dando permanentes explicaciones por sus sucesivas renuncias e inconsistencias.

Y es que la ilusión la habían transmitido al resto, y al revelarse la farsa, el enojo es inevitable.

Tal vez en lo que queda haya que aspirar a menos: no a ser los mejores ni a dirigir grandes cosas, sino a disponerse humildemente a cuidar una cotidianidad que, aparentemente insignificante, resguarda todo lo que tiene valor.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

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DESPUÉS DEL 17-D. El Mercurio, Editorial, 16/12/2023

                                                                             DESPUÉS DEL 17-D

El Mercurio, Editorial, 16/12/2023

”Cualquiera sea el resultado del plebiscito de mañana, se hace urgente recoger las lecciones de lo ocurrido”.

El país se enfrenta este domingo a una importante decisión plebiscitaria. Ella cierra una etapa que ya ha durado más de cuatro años y, simultáneamente, abre una nueva. Obviamente, el carácter de esta dependerá del resultado del plebiscito.

A pesar de ello, hay elementos que, independientemente de ese resultado, permanecerán, y es pertinente examinarlos para extraer las lecciones que el proceso ha dejado y reencauzar al país en la dirección correcta.

Por de pronto, después del plebiscito debiera darse por cerrada la discusión constitucional. Ello resulta evidente si es aprobado el nuevo texto.

Los partidarios del En contra han sido, en cambio, más ambiguos a este respecto, al declarar que “hoy” no existiría espacio para un nuevo proceso, dejando abierta la interrogante sobre el alcance de ese “hoy”.

Esta duda se acrecienta si se considera que el cambio constitucional ha sido una bandera permanente de los grupos de izquierda radical. Con todo, el hastío ciudadano bien podría ser el más eficaz freno a nuevos intentos.

El pronóstico de casi todas las encuestas hace muy difícil pensar que el resultado de mañana arroje una mayoría abrumadora para alguna opción. Eso significaría que el propósito acordado en el Congreso en 2019 y refrendado plebiscitariamente por la ciudadanía, de dotar al país de una Constitución que convoque a grandes sectores ciudadanos, no se habría logrado de modo pleno

Más aún, el punto de partida de todo —la revuelta del 18 de octubre de ese año—, que concitó el apoyo de múltiples fuerzas políticas, que entusiasmó a algunas de ellas a intentar interrumpir el período presidencial y cuyos protagonistas más violentos fueron objeto de homenajes en el ex-Congreso, hoy parece más un punto oscuro que uno luminoso de nuestra historia.

Esto, no porque no hubiese razones para criticar a la sociedad que se había construido, sino porque los métodos utilizados son hoy rechazados por la mayoría de la población, la que, además, se ha dado cuenta de que denostar los mejores 30 años de nuestra historia contemporánea fue un inmenso error.

Asimismo, cualquiera sea el resultado, se hace urgente recoger las lecciones de lo ocurrido: primero, que las críticas inmisericordes a los logros del pasado y las ofertas de futuros utópicos sin apego a la realidad no son una buena receta para el progreso, y, segundo, que las divisiones ideológicas irreductibles, sin una búsqueda pragmática de acuerdos, paralizan las decisiones, impiden resolver los problemas, estancan la economía y terminan agobiando a la población, alejándola peligrosamente de la política.

Por el contrario, la búsqueda de acuerdos renueva las confianzas, disipa las suspicacias y devuelve el prestigio a esa actividad, en la medida en que ellos apunten no a insistir en agendas ideológicas, sino a resolver los problemas que efectivamente hoy agobian a los chilenos.

Reimpulsar con fuerza el crecimiento y abordar con decisión las graves crisis que se viven en educación, salud y seguridad pública puede, en este sentido, ser la base para explorar nuevos entendimientos.

 

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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EL PRIMER FAIL DE PATRICIA BULLRICH EN EL GABINETE DE MILEI: EL PAPELÓN POR EL DECRETO DE ALBERTO FERNÁNDEZ Bastián Díaz La Tercera, 15/12/2023

 

                                                                         EL PRIMER FAIL DE PATRICIA BULLRICH EN EL                                                                           GABINETE DE MILEI: EL PAPELÓN POR EL                                                                DECRETO DE ALBERTO FERNÁNDEZ

Bastián Díaz

La Tercera, 15/12/2023

La nueva ministra de Seguridad del presidente argentino había anunciado por redes sociales la derogación de un polémico decreto firmado por el exmandatario, durante su último día de gobierno. Al final, Bullrich ni siquiera tenía la potestad para hacerlo.

Fue en un tono festivo que Patricia Bullrich, la nueva ministra de Seguridad de Argentina, anunció la derogación del decreto firmado por el saliente presidente Alberto Fernández, que terminaba garantizándole “custodia de por vida en cualquier parte del mundo”.

El problema: la derogación no tuvo lugar, y Bullrich tuvo que borrar su tuit.

“Se derogó el decreto de custodia presidencial. ¡Se terminan los privilegios de la clase política! Vamos a una Argentina austera. Basta de gastos inútiles y privilegios para pocos que pagamos todos”, había escrito la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio.

Junto con el tuit, la ministra había adjuntado un “proyecto de decreto” que planteaba los motivos para derogar el decreto 735/23 de Fernández.

El decreto original, que hizo polémica por firmarse en el último día de gobierno del expresidente, “determinaba la obligatoriedad del Estado argentino de brindarle custodia tanto a él como a sus familiares directos, aun viviendo en el exterior”.

El texto de Bullrich, en tanto, aseguraba que no podía mantenerse esa custodia, ya que “implicaba la reestructuración de cuestiones operativas y presupuestarias que resultan contrarias al uso eficiente de los recursos y el erario público”.

El tuit de Bullrich, junto con el proyecto de decreto, habían sido reportados también por la cuenta del Ministerio de Seguridad, pero ambos mensajes fueron borrados este jueves. El anuncio de la ministra ya había, para ese momento, obtenido alcance nacional, después de que los medios más importantes de Argentina se hicieran eco de la medida.

El error de Bullrich fue que, aún anunciado el decreto, este todavía no se había publicado en el Boletín Oficial. De hecho, hasta ahora mismo, sigue vigente el texto de Fernández que le garantiza custodia.

Consultado por este error, el vocero presidencial Manuel Adorni prefirió no responder, diciendo que no hablaría hasta tener “precisiones”.

Antes del decreto de Alberto Fernández, la custodia de los expresidentes era función de la Policía Federal, limitándose así al territorio argentino. Sin embargo, lo que hizo el expresidente fue traspasar estas responsabilidades a la Casa Militar, estableciendo que cuiden a exmandatarios y familiares directos aún cuando vivan en el extranjero.

Esto, sobre todo porque durante meses se rumoreó que Fernández quería mudarse a España.

Cuando les consultaron a funcionarios del gobierno anterior por la utilidad de este cambio, se respondió que la idea era sacarlo de la “órbita del Ministerio de Seguridad”. Esto, sabiendo que Patricia Bullrich estaría en esa cartera.

En un extenso hilo en X, el expresidente defendió su decreto y negó que la medida de Bullrich pudiera derogar su texto. “La ministra de Seguridad difundió un tuit en el que informaba la derogación de un decreto firmado por mí y aclarando que iba a poner el fin al gasto que representa que un expresidente cuente con custodia cuando se desplaza al exterior. Para mi sorpresa, el tuit ha sido borrado de la cuenta”, empezó Fernández.

En la misma red social, Fernández aseguró que quiso evitar que el Ministerio de Seguridad se encargara de la custodia de los expresidentes, ya que “algunos de sus dirigentes más cercanos están sospechados de haber ejercido una persecución política en el pasado”.

Ahí, recordó también que de momento ya tiene una demanda abierta con Patricia Bullrich en Justicia. Del mismo modo, aseguró que no está buscando un trato especial con este decreto: “No he reclamado ningún trato especial con la custodia. La misma me fue dada directamente por lo que emana de las normas vigentes que, repito, llevan muchos años. Precisamente por esas normas es que el expresidente Mauricio Macri contó en muchas ocasiones con el servicio de custodia (a mi juicio con razón) viajando a los más variados lugares del mundo”.

En el día de ayer, la Ministra de Seguridad difundió un tweet en el que informaba la derogación de un decreto firmado por mí y aclarando que iba a poner el fin al gasto que representa que un expresidente cuente con custodia cuando se desplaza al exterior. pic.twitter.com/88KFoCItmk

— Alberto Fernández (@alferdez) December 14, 2023

Fernández aseguró que la custodia a los expresidentes y sus familias “tiene sentido”: “Una sociedad que es convocada permanentemente al odio hacia el contrario, pone en riesgo la integridad de todas esas personas. Debo recordar que mi hijo mayor ha recibido amenazas de muerte. Hace muy poco tiempo el expresidente Mauricio Macri hizo público que una de sus hijas había sido amenazada”.

Según el diario Página/12, Fernández habló con el actual presidente Javier Milei antes de firmar la reforma del decreto de 2004. La modificación consiste en una sola cosa: La custodia de los expresidentes estaba a cargo de la División Custodias de la Policía Federal y, por lo tanto, del Ministerio de Seguridad que es el que tiene en su órbita a esa fuerza.

La custodia pasaría a depender de la Casa Militar que está en la esfera de la Secretaría General de la Presidencia, ahora ocupada por Karina Milei, la hermana del mandatario.

No hubo modificación alguna respecto de custodias en el exterior, señala el periódico. La prueba es que Macri viajó por la FIFA, viajó a jugar al bridge, y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, firmó los viáticos correspondientes para que la custodia se cumpliera.

Este dato fue confirmado por el exministro a Página/12. “Lo asombroso -que fue marcado por el expresidente en su hilo de tuits- es que sólo tenía la firma de Bullrich y no la de Milei, como requiere cualquier decreto”, destacó el diario transandino.

En el mismo hilo, Fernández contradijo los rumores que decían que quería mudarse a vivir a España: “Aclaro que no está en mi ánimo radicarme fuera de Argentina ni tener residencia en otro país. Con motivo de ese viaje busco lograr tranquilidad junto a mi familia después de cuatro años muy difíciles, recuperar afectos y llevar adelante algunas actividades académicas en España”. De todos modos, la idea que había dado vueltas desde el entorno de Fernández era que iría al exterior “a dar clases” e incluso, en varias entrevistas al final de su mandato, había insistido en eso.

 

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

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LOS PELIGROS DE LA COP28: DEL FRACASO TOTAL A LA IRRELEVANCIA Emilia Aparicio, periodista El Mostrador

 

                                                                     LOS PELIGROS DE LA COP28: DEL FRACASO                                    TOTAL A LA IRRELEVANCIA

Emilia Aparicio, periodista El Mostrador

El Mostrador, 12/12/2023

El esperado borrador del Texto de Balance Global de la COP28 no menciona la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Las reacciones negativas no tardaron en llegar, pues no hay un llamado a la acción directa para abandonar el uso de los principales emisores de dióxido de carbono del planeta.

En la recta final de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) en Emiratos Árabes Unidos (EAU), la cumbre presidida por Al-Jaber lanzó el esperado borrador del Texto de Balance Global, no obstante, las reacciones negativas no tardaron en llegar, pues no hay un llamado a la acción directa para abandonar el uso de los principales emisores de dióxido de carbono del planeta.

El texto no menciona la eliminación gradual de los combustibles fósiles, sino que señala que las naciones deberían “reducir tanto el consumo como la producción de combustibles fósiles de manera justa, ordenada y equitativa con el fin de alcanzar emisiones netas cero, para, antes o alrededor de 2050, de acuerdo con la ciencia”.

La COP28 en EAU ha sido cuestionada desde que se nombró a Al-Jaber –CEO de la compañía estatal de petróleo de Abu Dhabi (ADNOC)– como presidente del evento.

Días antes del inicio de la COP, una investigación periodística del Centre for Climate Reporting y la BBC reveló que aprovechó reuniones en el marco de la conferencia para promover negocios petroleros.

Además, el medio británico The Guardian dio a conocer declaraciones de Al-Jaber en donde indicó que “no hay ninguna ciencia que indique que la eliminación progresiva de los combustibles fósiles es lo que permitirá alcanzar los 1,5 °C”.

A estos antecedentes se suma que el evento realizado en la ciudad de Dubái superó el récord de lobistas de empresas petroleras. Según la alianza de grupos activistas “Fuera los Grandes Contaminantes” (KBPO), hay 2 mil 456 personas directamente vinculadas a intereses del sector de combustibles fósiles, lo que representa cuatro veces más, aproximadamente, que en la última COP, en Egipto.

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó este lunes que el éxito de la COP28 pasa por lograr un acuerdo sobre el fin de los combustibles fósiles.

“La COP cubre muchos aspectos (…) pero un aspecto central, en mi opinión, del éxito será que llegue a un consenso sobre la necesidad de eliminar los combustibles fósiles en línea con el límite de 1,5 grados. Eso no significa que todos los países deban hacerlo al mismo tiempo”, sostuvo Guterres.

As we approach the finish line of #COP28, my main message is clear:

We need an ambitious outcome that demonstrates decisive #ClimateAction and a credible plan to keep the 1.5°C warming limit alive and to protect those on the frontlines of the climate crisis.

— António Guterres (@antonioguterres) December 11, 2023

En la misma línea, Teresa Ribera, ministra de Medio Ambiente de España y codirectora de la delegación de la Unión Europea, expresó en medios internacionales que “creemos que hay elementos en el texto que son totalmente inaceptables. Queremos que 1.5 °C sea el espacio seguro. Vamos a luchar por 1.5 °C. El texto actual hace algunas referencias a la ciencia, algunas referencias a 1.5 °C, pero no es coherente con abordar la cuestión energética. Necesitamos entrar en discusiones más profundas con muchos otros socios, y, por supuesto, con el presidente (de la COP28)”.

La coordinadora de Campañas en Greenpeace en Chile, Estefanía González, explica que “en esta Cumbre de Cambio Climático toda la atención está puesta sobre lo que se acuerda en el Global Stocktake, que es este balance mundial respecto de cómo vamos en la implementación del Acuerdo de París. Y la recomendación de la ciencia es que debiésemos limitar el aumento de la temperatura del planeta a los 1,5 grados.

Sin embargo, la política actual de los países nos está llevando sin freno a un aumento de más de 3 grados. Esto demuestra que las naciones no están haciendo lo suficiente y no estamos llegando a cumplir con las bases de reducción de emisiones que nos puedan ayudar a tener un planeta más seguro, no solamente para la biodiversidad y para la protección de la naturaleza, sino que para nosotros mismos”.

Economías que dependen de los combustibles fósiles. El destacado climatólogo, experto en cambio climático y líder del grupo de investigación Antártica de la USACH, Raúl Cordero, señala que este año se esperaba una “declaración política de esta cumbre con un compromiso de eliminación gradual, pero al fin y al cabo en limitación del uso de combustibles fósiles, y era muy optimista pensar que eso iba a pasar, porque está cumbre la está organizando un país exportador de combustible fósiles, cuya economía depende de la exportación de combustibles fósiles, es como pedirle a Chile que haga una declaración comprometiéndose a la desaparición del cobre, es muy difícil”.

Una opinión similar comparte Jonathan Barton, investigador asociado del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) de la Universidad Católica y la Universidad de Concepción.

“Por supuesto que en todos los países en que su economía y sus exportaciones dependen del petróleo no van a querer ningún texto definitivo o claro, y yo creo que no solamente los países del Medio Oriente de la OPEP, sino México, Venezuela o Nigeria. Son muchos países en el mundo que dependen de la producción y exportación de energías fósiles. Por eso no es una sorpresa que hayan querido suavizar el texto y yo creo que lo OPEP estaba exigiendo fuertemente un lenguaje sumamente débil”, sostiene Barton

“Este borrador no incluye nada exigente. Ese lenguaje que utiliza que puede ser ‘vamos a reducir la producción y el consumo al 2050’, eso para un acuerdo no significa nada”, recalca.

En esa línea, Cordero advierte que “no es que no se esté avanzando en la transición energética y en el abandono de los combustibles fósiles. Por ejemplo, hace una década no había energía solar en Chile y hoy casi el 20 % de la electricidad que consumimos es solar. Y no solo eso, fíjate en los buses eléctricos que circulan en Santiago, eso hace una década era cero y eso que ves en Chile pasa en todo el mundo. Lo que sucede es que el avance que hay, que no es pequeño, no es suficiente para lograr mantener el calentamiento a 1,5 grados o a 2 grados”.

Y añade: “Lo más probable es que rebasemos esos límites en las próximas dos décadas y los peligros los estamos viendo cada día, es decir, temperaturas altas o la temperatura global hace que se dispare la frecuencia con la que se registran eventos extremos, y eso incluye sequías como la que ha golpeado durante 14 años a la zona central en Chile, los incendios forestales, las olas de calor, así que desgraciadamente un mundo cada vez más cálido nos dispone a un alza exponencial en la frecuencia de intensidad de estos eventos extremos, así que es harto peligroso”.

Urgencia climática. El texto menciona compromisos para “triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética para 2023”. En esa línea, las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono se mencionan como una forma de “fortalecer los esfuerzos hacia la sustitución de los combustibles fósiles sin restricciones en los sistemas energéticos”.

En tal sentido, la directora de Políticas Públicas e Incidencia de Fundación Ecosur y autora del libro “Punto de inflexión. Crisis climática y ecológica”, Pamela Poo, sostiene que “no solo es un recambio tecnológico el que se requiere, necesitamos que los países se planteen una lógica de menor consumo, incluso decrecimiento para los países del norte, ya que las energías limpias también tienen límites, debido a la cantidad de minerales que utilizan e intervenciones en los ecosistemas, el cambio de uso de suelo que presionan, los residuos que dejan, etc., lo que implica agravar la crisis ecológica.

Por ende, se deben disminuir también los consumos y no ampliar la frontera extractiva de los materiales que requieren. Si bien es necesario el recambio tecnológico, este no se está haciendo del todo bien”, subraya.

Además, indica que “si se triplica el uso gradual de energías renovables sin la eliminación de los fósiles, lamentablemente será nefasto para la crisis climática y ecológica, ya que solo se habrá hecho el negocio de la mitigación para los mismos de siempre y las consecuencias más graves serán para los 3 mil millones de personas que están en un estado de grave vulnerabilidad ante la crisis climática y ecológica”.

Por otro lado, Barton, aunque señala que el texto presentado no es exigente, también es crítico con los acuerdos realizados en otras COP, como el Acuerdo de París.

“Yo creo que debemos tal vez ser muy realistas. ¿Qué esperamos que vayan a hacer los países que producen y exportan energías fósiles? ¿Vamos a eliminar sus economías en el corto plazo? No solamente debe existir la idea de una transición energética global, también pensar qué vamos a hacer con estos países, y no ha habido ninguna propuesta de cómo vamos a cerrar economías y generar las alternativas. En ese sentido, estos mismos países deben estar invirtiendo todas sus ganancias de energía fósil en energía renovable o en otros sectores”, afirma.

“Es cierto que Dubái y otros lugares están dirigiendo sus economías hacia el turismo, pero ninguna actividad en este momento compensa las ganancias asociadas con las energías fósiles, por eso estamos atrapados. Con esa mentalidad, la única forma de presionar más a estos países es no consumir sus productos. Si queremos eliminar las drogas en el mundo, hay que eliminar el consumo y eliminar el consumo va a eliminar la producción”, añade el académico.

Por último, desde Greenpeace afirman que “el último borrador de acuerdo avanza en sentido contrario y lo que se presentó es un verdadero desastre.

No solamente no se hace cargo del nivel de crisis que nosotros tenemos en el momento y en lo cual se necesita una acción muy decidida de los distintos países, sino que además incorpora un abanico de opciones para acelerar la transición energética que los países podrían incluso no cumplir.

La verdad es que esto de cumplir o no es absolutamente incoherente y un verdadero insulto para quienes están viviendo los impactos de la crisis climática. Estamos hablando de países que están al borde de la desaparición, de sequías extremas –por las que nuestro país ha sido muy afectado–, del aumento de eventos meteorológicos extremos, de riesgos tan importantes como son los incendios forestales, que los vimos hace un tiempo en el Amazonas, y también a nivel local”.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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UN PROBLEMA MAL DEFINIDO. Humberto Julio Reyes

                                              UN PROBLEMA MAL DEFINIDO

                                                                                     Humberto Julio Reyes

A escasos días de que concurramos, nuevamente, a las urnas para pronunciarnos frente a dos opciones mutuamente excluyentes lo que implica enfrentar un dilema, pareciera que ya hemos escuchado todos los argumentos, sea para apoyar o rechazar dichas opciones.

Habiendo ya expresado reiteradamente mi punto de vista, quisiera volver al origen del problema que se pretendió resolver con un nuevo texto constitucional.

Lo hago debido a que, con ligeros matices, a estas alturas pareciera existir un consenso generalizado en que los problemas de pensiones, salud y educación no se resuelven con una constitución, sea la vigente, tantas veces reformada, como una nueva que sí podría ayudar a solucionarlos.

Estos tres problemas están trabados por razones ideológicas que han impedido llegar a acuerdos y ello podría mantenerse a partir del 18 de diciembre, sin importar lo que votemos.

Vuelvo al origen, el llamado en jerga periodística “estallido social”, era naturalmente una expresión de un profundo malestar, inicialmente por treinta pesos y posteriormente por treinta años.

¿Alguien recuerda que los manifestantes, violentos o pacíficos, exigieran una nueva constitución?

Si el problema se hubiera definido como una presión social a la que era preciso disminuir a niveles controlables es posible que acordar un proceso constitucional hubiese sido una solución razonable, pero en términos de un paliativo o solución intermedia, mientras se avanzaba rápidamente en los temas prioritarios que no tenían por qué esperar a que se contara con un nuevo texto.

En el tema de las bajas pensiones el problema no son las AFP, ellas administran eficientemente las cotizaciones, pero si sus tasas son bajas, como lo ha recordado la OCDE, o la edad para jubilarse es temprana o existen lagunas por diversas causas, eso es lo que habría que resolver.

Respecto a la salud el problema tampoco sería la existencia de las Isapres, sino un sistema público que no ha mejorado en eficiencia, pese a recibir año tras año ingentes aumentos en su presupuesto.

De la educación más vale no hablar toda vez que su más reciente reforma y las políticas aplicadas por sus autoridades no guardan relación con la pretendida calidad y gratuidad que se ha nos han prometido.

Imaginemos por un momento todos en un sistema de reparto, administrado por el Estado; todos en el sistema público de salud y desaparecida la educación privada.

¿Estaríamos mejor o sólo iguales en mediocridad, al estilo “República Democrática Alemana”?

Hoy en día, ya transcurridos cuatro años, otros serían los problemas prioritarios: seguridad, corrupción y estancamiento de la economía, por mencionar los que pueden parecer más relevantes.

Nadie puede sentirse seguro, por poco que posea puede sufrir alguna forma de violencia delictual; la corrupción permite que los recursos, siempre escasos, se dilapiden en lugar de aportar a las soluciones; finalmente la economía, en el mejor de los casos, no crece.

Pero, un somero análisis de los tres ejemplos citados permite advertir que respecto a ellos también existen visiones ideológicas que dificultan definirlos correctamente, en ausencia de lo cual es improbable formular soluciones efectivas.

El nuevo texto que se plebiscitará no es ni pretendió ser la solución mágica a estos problemas, ni a los mencionados al inicio, pero incorpora o mantiene disposiciones que una vez legisladas sí ayudarán a solucionarlos.

La buena solución para cada uno de ellos sólo podrá plantearse cuando se llegue a una correcta definición del problema específico.

Difícil pero elemental. No repitamos la mala experiencia.

15 de dic. de 23

 

 

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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News, Seguridad y defensa

COMENTARIO ACERCA DE POSICIÓN DE GADFA SOBRE PROPUESTA CONSTITUCIONAL EN DEFENSA NACIONAL John Griffiths y Marcelo Masalleras

                                                                       COMENTARIO ACERCA DE POSICIÓN DE GADFA                                                                         SOBRE PROPUESTA CONSTITUCIONAL EN                                    DEFENSA NACIONAL

John Griffiths y Marcelo Masalleras, Jefe de investigación e investigador de AthenaLab.

El Mostrador, Opinión, 07/12/2023

Existe una animadversión, sesgo y prejuicio, al concepto de “seguridad nacional”, siendo que dicha noción es aceptada y oficializada en el ámbito de las relaciones internacionales, los estudios de seguridad y estratégicos a nivel global.

Con fecha 03 de diciembre, en una publicación de este medio, el Grupo de Análisis de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas (GADFA) llama a rechazar la propuesta constitucional que será sometida a votación el 17 de diciembre, por no cumplir “los estándares democráticos básicos”, con algunas observaciones a lo establecido en ella respecto de la defensa nacional y las FF. AA.

El motivo de esta respuesta no es revertir la intención de voto, sino que abordar las objeciones realizadas por este grupo de especialistas.

Primero, existe una animadversión, sesgo y prejuicio, al concepto de “seguridad nacional”, siendo que dicha noción es aceptada y oficializada en el ámbito de las relaciones internacionales, los estudios de seguridad y estratégicos a nivel global.

Como fundamento de lo anterior, bien vale la pena establecer que, dentro de los países de la OCDE, existe arquitectura de seguridad nacional (en estos términos) en el 71,05 % de los países integrantes.

Ahora, si examinamos los Estados de la OTAN, el porcentaje en donde se encuentra dicha arquitectura de seguridad nacional, sube a un 80 %.

Si aún a pesar de lo anterior existen dudas del estudio de la seguridad nacional –como concepto–, podemos citar la revisión de la oferta educativa de las 30 mejores universidades del mundo, de acuerdo con el ranking elaborado por CONICYT-Chile, para el año 2019, y en ellas encontramos que en un 76,7 % ofrecen programas en donde se estudia la seguridad nacional, sin ambigüedades ni eufemismos.

Es decir, el concepto existe, se estudia, y es parte del cuerpo teórico de una disciplina como las relaciones internacionales, siendo clave hoy para entender los desafíos del Estado frente a los riesgos, amenazas y oportunidades que debe enfrentar en esta transición de orden internacional en que nos encontramos.

Segundo, indica que los roles propuestos llevan a militarizar el Estado, incorporando normas constitucionales, como la protección de la infraestructura crítica o el resguardo de zonas fronterizas.

Nuevamente, es necesario revisar la tendencia a nivel global en este aspecto, ya que evidentemente nos encontramos en un cambio de paradigma a nivel global en materia de seguridad y bien sabemos que los paradigmas al entrar en crisis ya no explican necesariamente los fenómenos actuales.

La protección de infraestructura crítica es una misión que cada vez más requiere la colaboración de las capacidades de las Fuerzas Armadas, cuando dicha infraestructura sea vital para la seguridad de la población.

No en vano, la Unión Europea, el 2008; Alemania, el año 2009; Australia, el 2010, y Estados Unidos, el mismo año, entre otros países, han definido la noción de infraestructura crítica y han diseñado estrategias para su protección en la que integran a todos los actores para su protección, sin excluir las capacidades de las Fuerzas Armadas, por cierto.

Ahora, en relación con el resguardo de zonas fronterizas, habrá que coincidir en que el control militar de frontera es función básica del Ejército, es el lugar donde se entrenan, se aclimatan, planifican la defensa de la soberanía nacional.

Distinto es que estos desarrollen funciones policiales permanentes. Pero el solo hecho que estén en frontera no cabe duda de que beneficia la seguridad de nuestro país.

Nada se ha escuchado hasta ahora del mismo grupo de analistas cuestionando el rol permanente de la Policía Marítima, dependiente de la Armada de Chile, la cual cumple funciones similares. Por cierto que lo anterior requiere de un proceso de integración y coordinación de los actores estatales en frontera, todos actuando bajo sus misiones constitucionales o legales.

Restarse al beneficio que aportan las Fuerzas Armadas en el control fronterizo, terrestre, marítimo y aéreo, no ayudará a contar con un país más seguro.

La policía fronteriza será un actor más que deberá ser integrado y coordinado en un esquema de seguridad de frontera más amplio.

Un tercer elemento referido es el capítulo especial, el capítulo VI, del proyecto constitucional que incluye a las FF. AA.

En este punto es importante destacar que el tema de fondo no es el capítulo, sino que sus misiones, y si están en la Constitución como capítulo no es por su autonomía ni porque están en el mismo nivel de los poderes del Estado, sino porque son esenciales para la seguridad del Estado y lo han acompañado desde su formación como república.

Si el fin del Estado es el bien común y este se expresa en términos de seguridad, desarrollo y bienestar para la población, qué problema existe en detallar sus misiones constitucionales en un capítulo, más aún cuando hoy el principal problema del país es su seguridad, como factor decisivo para el bienestar del ciudadano.

Cuarto, se señala que se limita la jefatura suprema del Presidente de la República, solo al caso de guerra, que se restringe su atribución de nombrar a los comandantes en Jefe de los cinco oficiales de mayor antigüedad, y que solo puede llamarlos a retiro por decreto fundado, todo lo que reforzaría la autonomía corporativa de sus mandos.

Al respecto, no existe tal autonomía corporativa, aunque se repita majaderamente. En nuestro entramado legal, las Fuerzas Armadas están sometidas al poder político de turno, que ejerce cada gobierno a potestad. La jefatura es suprema en caso de guerra, porque es el Presidente quien ejerce directamente la conducción de las operaciones militares, pero en tiempo de paz no está dedicado a conducirlas, sino que delega su función en el ministro de Defensa Nacional.

A mayor abundamiento, puede llamar cuando lo desee a retiro a los comandantes en Jefe, mediante decreto fundado, del que solo toma conocimiento el Congreso Nacional.

Lo anterior, no limita sus facultades presidenciales, sino que las confirma.

El Presidente de la República nombra al futuro comandante en Jefe dentro de las cinco primeras antigüedades, por ser una norma que otorga estabilidad, en una función tan delicada como la defensa y la seguridad nacional.

Se asegura que quien ejerza dicho cargo posea no solo las competencias, sino que la experiencia adecuada y esperada para ello.

Si no le acomoda, lo puede llamar a retiro cuando le parezca. La norma apunta a la rendición de cuentas de los actos presidenciales, pero no a limitar la autoridad presidencial.

Con todo, se estima que el contenido de la proposición no afecta el rol profesional de las Fuerzas Armadas, que hoy claramente –dados los desafíos del contexto internacional– está colaborando en un espectro mayor de sus funciones, tal como ocurre en la mayoría de las democracias europeas y países desarrollados.

Lo relevante no es dejarlas al margen, sino que establecer las atribuciones legales específicas, que deben cumplir en colaboración con las instituciones del Estado en un proceso interagencial, o interinstitucional, conducido políticamente, del que no sería sensato restarlas.

Por lo demás, en el actual desempeño operacional regido por la actual Constitución ya lo están haciendo y no hay mayores cuestionamientos a las decisiones del actual Gobierno en emplearlas en el norte y sur de Chile.

Donde sí estamos de acuerdo con GADFA, es en que dichas funciones no deben ser desarrolladas ni utilizadas más allá del límite en que vean afectadas su misión principal, siendo esto solo un empleo excepcional, tal como está definido en el proyecto constitucional.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
Columna de Opinión, News

RESOLUCIONES CORTE DE RANCAGUA Y DE VALPARAÍSO: Diario Constitucional

                                                                   RESOLUCIONES CORTE DE RANCAGUA Y DE VALPARAÍSO

                             PENA DE PRISIÓN DEBER SER SUSTITUIDA POR RECLUSIÓN                                   DOMICILIARIA TOTAL SI EL CONDENADO PADECE CÁNCER                                      TERMINAL POR AFECTAR SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD FÍSICA Y                               PSÍQUICA, RESUELVE CORTE DE RANCAGUA.

Diario Constitucional, Noticias, 12/12/2023

Si bien la ley procesal no contempla de forma expresa la posibilidad de sustitución de la pena privativa de libertad de la manera que solicita el recurrente, existen reglas y principios de entidad superior, que deben ser consideradas el presente caso.

En base a esas consideraciones, la Corte acogió el recurso de amparo en contra del Juzgado de Garantía de Rancagua y, en consecuencia, sustituye la pena efectiva de quince años de presido mayor en su grado medio dictada en su contra con fecha 13 de octubre de 2015 por el TOP de Rancagua, por la de reclusión total domiciliaria, debiendo el tribunal recurrido determinar el domicilio donde la pena será cumplida por el condenado, la forma en que su cumplimiento será controlado y el saldo que resta por cumplir.

El recurrente alegó que, a pesar de que el recluso actualmente cumple una pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio se encuentra sometido a un tratamiento paliativo y está postrado con ocasión del cáncer que padece, respecto del cual tiene un pronóstico fatal, el Tribunal decidió no sustituir la pena privativa de libertad por el saldo que le queda, lo que vulnera su libertad personal y seguridad individual, más aún si de acuerdo a tratados internacionales se reconoce el derecho a toda persona a la prevención y tratamiento de la enfermedad.

De hecho, ni Gendarmería ni el Ministerio Público se opusieron a la solicitud, puesto que está en peligro su integridad física y psíquica, infringiendo, por tanto, la Ley N°20.584, referido a los derechos de los pacientes en estado terminal.

El recurrido informó que, “(…) el penado recibe tratamiento para su estado de salud en el recinto penal y no habría una vulneración a sus derechos fundamentales. El penado goza de los mismos estándares de atención sanitaria que están disponibles en la comunidad exterior, pues se atiende en el Hospital Regional de O’Higgins y en el Instituto Nacional del Cáncer, además del hospital penitenciario, recibe sus medicamentos, y aun encontrándose postrado, recibe los cuidados necesarios para su condición”.

Agrega que, “(…) encontrarse padeciendo una enfermedad posiblemente terminal no es fundamento suficiente para dejar de cumplir la pena que se le impuso. Asimismo, no hay norma legal que habilite al juez a sustituir la pena de reclusión por una diversa no regulada en la ley, cuestión diferente es la facultad presidencial de indultar al penado, pero dicha prerrogativa corresponde a la Primera Autoridad de la República y no al tribunal”.

Por su parte, Gendarmería informó que solicitó el indulto presidencial del amparado.

La Corte de Rancagua acogió el recurso de amparo. El fallo señala que, “(…) la situación de salud del recluso hace más gravoso el cumplimiento de la pena efectiva que le fue impuesta, pues afecta su dignidad y pone en riesgo su integridad física y salud, perturbando con ello su seguridad individual, requisito de procedencia de la acción de amparo contemplada en el artículo 21 de la Constitución”.

Enseguida, advierte que, “(…) si bien la ley procesal no contempla de forma expresa la posibilidad de sustitución de la pena privativa de libertad de la manera que solicita el recurrente, existen reglas y principios de entidad superior, que deben ser consideradas el presente caso”.

A saber: “(…) las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos; el derecho a la protección de la salud; es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigente”.

Además, “(…) cita en la especie, como también hace la defensa, la Ley 20.584, referido a los derechos de los pacientes en estado terminal, cuyo artículo 16 señala que las personas que se encuentren en este estado tendrán derecho a vivir con dignidad hasta el momento de la muerte. En consecuencia, tienen derecho a los cuidados paliativos que les permitan hacer más soportables los efectos de la enfermedad, a la compañía de sus familiares y personas a cuyo cuidado estén y a recibir, cuando lo requieran, asistencia espiritual”.

Agrega el fallo, que “(…) en el contexto de salud de carácter ominoso que presenta la enfermedad del amparado y los tratamientos asociados que requiere, conlleva a que el cumplimiento de su condena en el recinto carcelario en que se encuentra, derive en un mayor riesgo para su salud, lo cual permite adoptar las medidas necesarias a que faculta excepcionalmente la normativa antes citada, para determinar un régimen de cumplimiento de su pena menos estricto, considerando motivos de índole humanitario y de respeto a la dignidad esencial del ser humano”.

CUMPLIMIENTO DE CONDENA DE RECLUSA QUE PADECE CÁNCER GÁSTRICO TERMINAL EN LA CÁRCEL AFECTA SU DIGNIDAD Y PONE EN RIESGO SU SALUD E INTEGRIDAD FÍSICA, RESUELVE CORTE DE VALPARAÍSO.

Diario Constitucional, Noticias, 11/08/2023

La Constitución en la letra d) del numeral 7° del artículo 19, permite expresamente el cumplimiento de una pena en el domicilio del condenado, norma que puede ser aplicada al caso de autos, aun cuando no exista ley que regule expresamente la materia.

La Corte de Valparaíso acogió el recurso de amparo interpuesto en contra del Juzgado de Garantía de San Antonio que desestimó la solicitud de sustituir la pena efectiva de cinco años y un día por la reclusión domiciliaria a una condenada por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, que padece un cáncer gástrico terminal.

El recurrente alegó que la resolución impugnada afecta la dignidad, integridad y salud de la amparada, por cuanto la pena efectiva en el Complejo Penitenciario resulta desproporcionada en consideración a la enfermedad que padece, por lo que no sólo se vulneran garantías constitucionales, sino que además contraviene las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes y la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

El recurrido informó que “(…) no concedió la sustitución solicitada por la defensa, toda vez que la sustitución de una pena efectiva por motivos de salud o edad no está autorizada, de manera que de acogerse la solicitud habría actuado contra derecho”.

Por su parte, el Hospital Dr. Eduardo Pereira, la Dirección Regional de Gendarmería y el Complejo Penitenciario de Valparaíso informaron que “(…) la amparada padece de un cáncer gástrico terminal y que se encuentra recibiendo cuidados paliativos y de alivio del dolor”.

La Corte de Valparaíso acogió la acción constitucional de amparo. Razona que, “(…) la Constitución en la letra d) del numeral 7° del artículo 19, permite expresamente el cumplimiento de una pena en el domicilio del condenado, norma que puede ser aplicada al caso de autos, aun cuando no exista ley que regule expresamente la materia, ya que los preceptos de la Constitución obligan a toda persona, institución o grupo, según el inciso 2° del artículo 6°”.

Prosigue el fallo, señalando que “(…) de los informes evacuados por el Hospital Dr. Eduardo Pereira y el Complejo Penitenciario de Valparaíso se advierte que la sentenciada padece de un cáncer gástrico avanzado terminal, fuera de alcance quirúrgico, con metástasis en páncreas y que se encuentra recibiendo cuidados paliativos y de alivio del dolor, con morfina cada seis horas y cambio de catéter cada siete días”.

En ese sentido, refiere que “(…) la situación de salud de la amparada, hace más gravoso el cumplimiento de la pena efectiva que le fue impuesta, pues afecta su dignidad y pone en riesgo su integridad física y salud, perturbando con ello su seguridad individual, requisito de procedencia de la acción de amparo contemplada en el artículo 21 de la Constitución”.

En base a esas consideraciones, la Corte acogió el recurso de amparo en contra del Juzgado de Garantía de San Antonio, por lo que sustituyó la pena efectiva por la reclusión domiciliaria, debiendo el tribunal recurrido determinar el domicilio en dónde la pena será cumplida, la forma en que su cumplimiento será controlado y el saldo que resta por cumplir.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional