News, Seguridad y defensa

COLETAZOS DE UN “NO”: DEFENSA ORDENA A LAS FF.AA. NO ASISTIR AL SENADO A EXPONER SOBRE REGLAS DEL USO DE LA FUERZA

COLETAZOS DE UN “NO”: DEFENSA ORDENA A LAS FF.AA. NO ASISTIR AL SENADO A EXPONER SOBRE REGLAS DEL USO DE LA FUERZA.

Víctor Rivera

La Tercera, 02/08/2023

Los comandantes en jefe y auditores del Ejército, la FACH y la Armada estaban citados a la Comisión de Defensa Nacional para su sesión del martes 1 de agosto, sin embargo, la tarde previa fueron advertidos de que no debían viajar a Valparaíso por instrucciones del Ejecutivo y, posteriormente, por los parlamentarios. La ministra del Interior, Carolina Tohá, en tanto, advirtió: “El uso de la fuerza no es algo que las propias instituciones puedan definir y decidir”.

Era algo que se manejaba en estricta reserva -por el carácter secreto de la instancia- en la Comisión Unida de Defensa y Seguridad de la Cámara de Diputados, donde se discute el proyecto que define las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) que fue ingresado por el gobierno en abril de este año. Eso hasta el lunes.

Fueron cinco días, desde el miércoles 26 de julio, que la exposición de los representantes de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), los auditores de la FACH, el general Francisco Costa; de la Armada, el contraalmirante Francisco Figueroa, y el general del Ejército Eduardo Rosso, no se conoció, hasta que La Tercera PM reveló lo sucedido, principalmente el “no” de estas instituciones al grueso del proyecto del Ejecutivo con el cual busca regular su uso de la fuerza.

Su negativa, según expusieron en la instancia, tiene que ver con lo amplio del proyecto, donde no se diferencia su rol con el de Carabineros y la PDI, como tampoco se sabe con claridad la posición jurídica en que quedan los uniformados en caso de usar sus armas, las cuales, reconocieron, están destinadas a otro tipo de labores, ajenos al orden público.

En el gobierno, más específicamente en el Ministerio de Defensa, sabían de esta postura, pues han venido conversando y trabajando en eventuales indicaciones al proyecto que ha sido llevado principalmente por la ministra del Interior, Carolina Tohá.

El que se supiera públicamente su postura complicó a todos. Al Ejecutivo, a los parlamentarios y también a las FF. AA., pues exponía a los uniformados al “debate político y legislativo”.

Además, les quedaba una concurrencia más al Congreso, ahora, para exponer su posición en la Comisión de Defensa Nacional del Senado, donde se tramita otro proyecto sobre las RUF, pero impulsado por los senadores Manuel José Ossandón (RN), Yasna Provoste (DC), Pedro Araya (Ind), Felipe Kast (Evópoli) y Kenneth Pugh (RN).

Los generales auditores -quienes analizan todo lo que tiene que ver con lo jurídico en sus respectivas instituciones- fueron citados hace ya varias semanas y debían concurrir con sus comandantes en jefe.

El del Ejército, Javier Iturriaga; el de la Armada, Juan Andrés de la Maza, y el “número uno” de la Fuerza Aérea, Hugo Rodríguez.

Todo se mantuvo así hasta la tarde del martes, cuando cada uno fue notificado de que había un cambio de planes. “Nos dijeron que no teníamos que ir y esperar una nueva citación”, confidencia uno de los tres uniformados. Un segundo consultado coincide con esa versión.

Consultados en el Ministerio de Defensa señalaron que se les pidió a los generales que no debían asistir para, primero, afinar las indicaciones que se trabajarían con el gobierno. Además, explican que no se les quiere “contaminar” con la exposición política que puedan generar sus observaciones al proyecto del Ejecutivo.

El recordatorio de Tohá. Sólo llegaron el martes 1 de agosto a la comisión la ministra del Interior, Carolina Tohá, y la titular de Defensa, Maya Fernández.

Las secretarias de gobierno expusieron, también a los senadores la necesidad de mantener fuera a las FF. AA. en esta instancia legislativa, y solicitar su concurrencia para después. El presidente de la instancia, Kenneth Pugh, estuvo de acuerdo.

Antes de entrar al debate de fondo del proyecto del Senado, y exponer la necesidad de buscar un punto en común entre las mociones de los parlamentarios y la del gobierno, la ministra Tohá lanzó una advertencia que también escucharon en el Ejército, la FACH y la Armada.

“Queremos dejar en claro que no por el hecho de que haya observaciones de las Fuerzas Armadas, el proyecto debe recogerlos. Estos son proyectos que rige el uso de la fuerza por parte de las FF. AA. y Carabineros, que no es algo que las propias instituciones puedan definir y decidir ese estándar”, dijo en la comisión.

La ministra -quien encabeza esta iniciativa legislativa incluida en el “fast track”-insistió en el punto. “Por el tema de que se trata es que hay queser muy prudente en considerar esas opiniones y también otras. Estamos regulando lo que hacen las Fuerzas Armadas, estamos poniéndoles límites a las FF. AA. y Carabineros. Las fuerzas de orden y seguridad son órganos regulados por la legislación que estamos discutiendo”, dijo.

La ministra Fernández, por su parte, explicó que se está trabajando con las FF. AA. en avanzar en las indicaciones que requiere el proyecto del gobierno, y que su posición es algo que ya se sabía.

Durante las próximas semanas, el gobierno definirá las mejoras a la iniciativa, donde se considerará la opinión de los uniformados, pero no como algo vinculante ni decidor.

La última palabra, dicen en el gobierno, la tendrá el Ejecutivo.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel.

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

News, Seguridad y defensa

CÁMARA BAJA REALIZARÁ INVESTIGACIÓN POR POSIBLE FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN DE COMISIÓN DECRETADA COMO SECRETA.

 

CÁMARA BAJA REALIZARÁ INVESTIGACIÓN POR POSIBLE FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN DE COMISIÓN DECRETADA COMO SECRETA.

Beatriz Mellado

EMOL, 31/07/2023

Se trata de la postura de las Fuerzas Armadas respecto a las normas del uso de la fuerza que se está tramitando en la comisión de Seguridad y Constitución de la Cámara de Diputados.

El secretario General de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, informó que se iniciará una investigación para esclarecer si es que efectivamente se filtró información secreta a un medio de comunicación en el marco de la discusión de las normas del uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

La iniciativa legal que está impulsado el Gobierno se está tramitando en la comisión de Seguridad y Constitución, en ese contexto el jueves pasado se determinó un momento secreto donde se retiraron los celulares y se desconectaron los computadores.

Este lunes La Tercera informó que algunos participantes de la instancia relataron que algunos auditores de las Fuerzas Armadas presentaron críticas y reparos a la iniciativa, información que habría sido de carácter secreto.

Ante esta posible filtración, el secretario general de la corporación señaló que el presidente de la comisión de Constitución, Raúl Leiva (PS) solicitó investigar si lo que publicó el medio guarda relación con lo que se conversó en secreto la semana pasada.

En esa línea, sostuvo que si es así, vamos a hacer una denuncia por violación de secreto conforme al artículo 427 del Código Penal y se hará la denuncia a Fiscalía.

Preocupación que también fue manifestada por el diputado Marcos Ilabaca (PS) quien aseguró que el medio relevó “casi todo el contenido de la comisión secreta”.

Asimismo, dijo que “solicitamos que se pasaran todo los antecedentes al comité de ética y que sea informado al Ministerio Público”.

 

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel.

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

News, Seguridad y defensa

EL “NO” DE LAS FF.AA. A LAS REGLAS DEL USO DE LA FUERZA DEL GOBIERNO

 

EL “NO” DE LAS FF.AA. A LAS REGLAS DEL USO DE LA FUERZA DEL GOBIERNO

Víctor Rivera

La Tercera, 31/07/2023

En la comisión secreta de Constitución y Seguridad Ciudadana del pasado miércoles, los auditores de la Armada, la FACh y el Ejército hicieron sus reparos a la iniciativa del Ejecutivo que busca regular los protocolos de acción de policías y militares al momento de disparar. Por lo mismo, ahora será Defensa la que trabaje en las indicaciones con las entidades castrenses.

“A partir de ahora, se declara el secreto de esta sesión”, dijo el presidente de la comisión unida entre Constitución y Seguridad, el diputado Raúl Leiva (PS), el miércoles 26 de julio antes de comenzar la audiencia para conocer la posición de los representantes de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) sobre el proyecto del gobierno que crea normas generales sobre el uso de la fuerza para militares y policías.

Se retiraron celulares, se desconectaron computadores y se dio inicio a la cita en que la Armada, la Fuerza Aérea (FACh) y el Ejército fijaron una posición común: no están conformes del todo con el proyecto del Ejecutivo, ingresado en abril al Congreso.

A grandes rasgos, esta iniciativa legal busca normar el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, como también de las Fuerzas Armadas cuando, excepcionalmente, acuden a tareas de resguardo del orden público.

Por lo mismo se fijaron cinco principios antes de actuar: legalidad, necesidad, proporcionalidad, responsabilidad y racionalidad.

“Constituye uso racional de la fuerza el ejercicio adecuado de ésta, apreciando la realidad de las circunstancias al momento de los hechos, conforme al lugar y contexto de los mismos, y teniendo en cuenta todos los principios anteriores. El examen de racionalidad no requiere igualdad de los medios empleados”, dice la iniciativa.

Algunos de los participantes de la sesión relataron que los auditores de la FACh, el general, Francisco Costa; de la Armada, el contralmirante de la Armada, Francisco Figueroa, y el general del Ejército, Eduardo Rosso, expusieron que su definición y preparación es distinta a la de Carabineros.

Que su rol es otro y que, por lo mismo, sus integrantes no están enseñados para mantener el orden público.

Quien fue más explícito fue el general Rosso del Ejército. El también abogado reiteró que existe preocupación sobre la responsabilidad penal de los funcionarios, que eso debería estar mejor consignado en el texto impulsado por el gobierno.

En esa misma línea expuso a los parlamentarios que a pesar de los cursos de entrenamiento que se pueda hacer con el personal, eso no garantiza que funcione del todo y, por lo mismo, de aprobarse las capacitaciones deberían ser distintas y más específicas.

Los auditores de las FF. AA. argumentaron, además, que sus instituciones contaban con armas de guerra, de otro tipo, distinto a los medios que maneja Carabineros, los cuales están enfocados únicamente para mantener el orden público. Ellos -explicaron- no cuentan con ese tipo de insumos.

Indicaciones se trabajarán con Defensa. Entre los parlamentarios hubo sorpresa. No esperaban -en su mayoría- una posición tan crítica de las FF.AA., lo cual igualmente fue valorado por algunos diputados, dado que ayuda a mejorar uno de los proyectos de ley que el gobierno mantiene en su “fast track” legislativo.

Sin embargo, la postura de los uniformados no sorprendió al gobierno. Era una opinión que manejaban, especialmente en Defensa, donde se han establecido canales de diálogo para mejorar el proyecto.

Por lo mismo, se seguirá afinando una propuesta que pueda satisfacer tanto a las pretensiones del gobierno como -en parte- a las FF. AA., las cuales serán plasmadas en una serie de indicaciones al proyecto que saldrá desde el Ministerio de Defensa.

El diputado RN, Andrés Longton, señaló que “no me puedo referir a la comisión propiamente tal, porque fue declarada secreta. Ahora, respecto del proyecto, sí creo que se redacta desde la desconfianza a las Fuerzas Armadas y a las policías, lo que contrasta con el espíritu que deben tener las RUF, que es fijar el uso legítimo de la fuerza de estas instituciones. Ese no debe ser una iniciativa ambigua que genera inhibición entre los funcionarios, por lo que esperamos que el gobierno pueda entender eso y corregirlo”.

Por su parte, el diputado de Amarillos, Andrés Jouannet, cree que “la discusión de fondo es la racionalidad y la proporcionalidad, y por eso también ingresé indicaciones para fijar la racionalidad en las reglas del uso de la fuerza. Eso es fundamental”.

Otra de las “inquietudes” expuestas por los uniformados en la comisión fue que había otro proyecto en trámite que busca regular las RUF que está en el Senado.

El asesor legislativo de los senadores de RN, Ronald von der Weth, manifestó que “el proyecto sobre reglas de uso de la fuerza que ingresó el gobierno por la Cámara de Diputados resulta ser solo filosofía que no responde al problema de fondo, que es mejorar las condiciones de seguridad de los ciudadanos y los funcionarios. Mientras que en la Comisión de Defensa del Senado hay un proyecto ingresado por los senadores Manuel José Ossandón, Pedro Araya y otros, que efectivamente da certeza jurídica y protege a los funcionarios y a los ciudadanos con reglas simples y claras, el gobierno debe mirar las consideraciones de esa moción parlamentaria al momento de indicar el proyecto de la Cámara si quiere que su proyecto tenga apoyo transversal”.

En las entidades castrenses esperan que se defina cuál será el proyecto que finalmente llegue a puerto y logre dejar conformes a quienes llevarán a la práctica las Reglas de Uso de la Fuerza.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel.

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Columna de Opinión, News

Radiografía a las 18 fundaciones que están bajo la lupa de Justicia

Radiografía a las 18 fundaciones que están bajo la lupa de Justicia

Son 18 las ONG que el ministerio liderado por Luis Cordero está investigando. Entre las organizaciones que están bajo “fiscalización vigente” se cuenta a Democracia Viva, ProCultura, Urbanismo Social, Arquiduc, Enlace Urbano, Fibra, entre otras. De acreditarse una irregularidad en su constitución, arriesgan su total disolución.
Cinco días después de que estallara el caso de Democracia Viva, el Ministerio de Justicia tomó la decisión de revisar en detalle a la ONG representada legalmente por Daniel Andrade, la expareja de la diputada Catalina Pérez (RD).
Fue el 22 de junio que se inició una investigación respecto de la personalidad jurídica de la fundación que se adjudicó más de $ 426 millones para ejecutar obras de reparación en campamentos en Antofagasta, luego de firmar un convenio con la Seremi de Vivienda la región, encabezada entonces por el titular del servicio y amigo de Andrade y Pérez, el también entonces RD Carlos Contreras.
“La libertad, la modalidad de transferencia generan incentivos inadecuados. Eso es abuso de personalidad jurídica”, dijo el domingo en Mesa Centralel ministro de Justicia, Luis Cordero, quien anunció que no sólo Democracia Viva estaba siendo investigada, sino que también otras 17 fundaciones. El objetivo es revisar si prestan los servicios que declararon realizar al momento de constituirse como organizaciones sin fines de lucro.
“A propósito de abuso de personalidad jurídica, estar utilizando la personalidad jurídica que le dio el Estado, aún en un sistema flexible, es parte de lo que está estudiando el Ministerio de Justicia en, al menos, 18 casos”, dijo Cordero. Es este ministerio el encargado de fiscalizar a este tipo de organizaciones y a quienes, incluso, puede quitar su personalidad jurídica.
La Tercera accedió al listado de las fundaciones que están bajo la lupa donde destacan Democracia Viva, ProCultura, Urbanismo Social, y otras que ya están siendo indagadas por el Ministerio Público en cada una de las nueve causas que se tramitan en sede penal.
Con Democracia Viva a la cabeza
La primera ONG que forma parte del listado de las indagadas por la cartera que dirige el ministro Cordero es Democracia Viva, fundación que dio inicio a los cuestionamientos en el denominado caso “líos de platas”. Todo partió en junio pasado luego de que un medio regional diera a conocer los millonarios convenios que firmó por trato directo el seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y la organización liderada por su entonces compañero de militancia, Daniel Andrade.
La denuncia contra aquella fundación se fundamentaba en que Democracia Viva recibió tres convenios que sumaban $ 426 millones para realizar mejoras en campamentos de Antofagasta. Contreras, además de ser militante RD, también había sido previamente jefe de gabinete de Pérez. El caso marcó el inicio de una polémica que, hasta ahora, no tiene fin.
“No hay consideraciones adicionales”: Democracia Viva tiene 30 días para restituir dineros
De ahí en más se sumaron más fiscalizaciones. Por ejemplo, a la Asociación Campamento de Ideas, la cual desde el 2021 ha recibido transferencias directas por parte del Estado por más de $ 1.601 millones.
El presidente y socio fundador es Ernesto Espinoza Illanes, que fue cuestionado por la adhesión a la campaña del actual gobierno, lo que quedó registrado en sus redes sociales.

 

Cinco días después de que estallara el caso de Democracia Viva, el Ministerio de Justicia tomó la decisión de revisar en detalle a la ONG representada legalmente por Daniel Andrade, la expareja de la diputada Catalina Pérez (RD).
Fue el 22 de junio que se inició una investigación respecto de la personalidad jurídica de la fundación que se adjudicó más de $ 426 millones para ejecutar obras de reparación en campamentos en Antofagasta, luego de firmar un convenio con la Seremi de Vivienda la región, encabezada entonces por el titular del servicio y amigo de Andrade y Pérez, el también entonces RD Carlos Contreras.
Gobierno endurece tono contra fundaciones: Cordero admite “corrupción” e investiga “abusos” de 18 entidades
“La libertad, la modalidad de transferencia generan incentivos inadecuados. Eso es abuso de personalidad jurídica”, dijo el domingo en Mesa Centralel ministro de Justicia, Luis Cordero, quien anunció que no sólo Democracia Viva estaba siendo investigada, sino que también otras 17 fundaciones. El objetivo es revisar si prestan los servicios que declararon realizar al momento de constituirse como organizaciones sin fines de lucro.
“A propósito de abuso de personalidad jurídica, estar utilizando la personalidad jurídica que le dio el Estado, aún en un sistema flexible, es parte de lo que está estudiando el Ministerio de Justicia en, al menos, 18 casos”, dijo Cordero. Es este ministerio el encargado de fiscalizar a este tipo de organizaciones y a quienes, incluso, puede quitar su personalidad jurídica.
La Tercera accedió al listado de las fundaciones que están bajo la lupa donde destacan Democracia Viva, ProCultura, Urbanismo Social, y otras que ya están siendo indagadas por el Ministerio Público en cada una de las nueve causas que se tramitan en sede penal.
Radiografía a las 18 fundaciones que están bajo la lupa de Justicia. En la imagen, el ministro de Justicia, Luis Cordero.
Con Democracia Viva a la cabeza

La primera ONG que forma parte del listado de las indagadas por la cartera que dirige el ministro Cordero es Democracia Viva, fundación que dio inicio a los cuestionamientos en el denominado caso “líos de platas”. Todo partió en junio pasado luego de que un medio regional diera a conocer los millonarios convenios que firmó por trato directo el seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y la organización liderada por su entonces compañero de militancia, Daniel Andrade.

La denuncia contra aquella fundación se fundamentaba en que Democracia Viva recibió tres convenios que sumaban $ 426 millones para realizar mejoras en campamentos de Antofagasta. Contreras, además de ser militante RD, también había sido previamente jefe de gabinete de Pérez. El caso marcó el inicio de una polémica que, hasta ahora, no tiene fin.

“No hay consideraciones adicionales”: Democracia Viva tiene 30 días para restituir dineros

De ahí en más se sumaron más fiscalizaciones. Por ejemplo, a la Asociación Campamento de Ideas, la cual desde el 2021 ha recibido transferencias directas por parte del Estado por más de $ 1.601 millones.

El presidente y socio fundador es Ernesto Espinoza Illanes, que fue cuestionado por la adhesión a la campaña del actual gobierno, lo que quedó registrado en sus redes sociales.

La Fundación Cultural Tomarte es otra de las organizaciones cuestionadas en el marco del caso lío de platas. Esto luego de que concretara una serie de convenios con la seremi del Minvu en el marco del programa de Asentamientos Precarios, por lo cual recibió $ 456 millones.

Cifra similar obtuvo la Fundación de Educación, Arte y Cultura Movimiento Fibra, que recibió $ 430 millones el 2022 de parte del Serviu de Antofagasta.

La organización es dirigida por su socia fundadora, Mery Ortiz Donoso, quien -según se denunció- tiene lazos con el gobierno y apoyó la candidatura del actual Presidente.

Ver reportaje completo en:

https://www.latercera.com/nacional/noticia/radiografia-a-las-18-fundaciones-que-estan-bajo-la-lupa-de-justicia/E4ON2RTBOVF4LNZTUL7BIETZXE/

Un aporte de nuestro Socio y ex Director  Raúl Godoy Casas Cordero

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional

 

 

 

 

News, U al dia

La Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional, expresa sus sentidas condolencias a la Fuerza Aérea de Chile

 

La Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional, expresa sus sentidas condolencias a la Fuerza Aérea de Chile

Con profundo pesar, la Unión expresa sus condolencias a la Fuerza Aérea de Chile y a los familiares de los cinco efectivos que perdieron la vida en acto del servicio en la Región de Los Lagos.  Ellos cumplieron con su juramento de “hasta rendir la vida si fuera necesario”

Nuestro homenaje a quienes ya se encuentran volando al más allá:

Capitán de Bandada (A) Matías González Cofré, piloto.

-Teniente (A) Sebastián Escanilla Montorfano, piloto.

Sargento 1° Cristian Santibáñez Muñoz, tripulante aéreo.

Cabo 1° Hugo Verdugo Cofré, tripulante aéreo.

Cabo 1° Leonardo Vásquez Castro, comando PARASAR.

Como Unión de Oficiales de la Defensa Nacional, también  les reiteramos nuestras más sentidas condolencias a sus Familias, Camaradas de la Unión y a la Fuerza Aérea de Chile.

Que Dios los tenga en su Santo Reino.

Revivamos en las alas
de la vida, compañeros,
ese vuelo sin escalas
todo azul de inmensidad
y esperemos siempre alegres,
siempre unidos, siempre hermanos,
la fantástica batida
de los cóndores lejanos
que vendrán desde lo alto
a llevarnos Más Allá

Ver video: https://youtu.be/OWQ7YpSldZY

 

Columna de Opinión, News

“ERRORES INVOLUNTARIOS”

 

“ERRORES INVOLUNTARIOS”

Álvaro Pezoa, ingeniero comercial y doctor en Filosofía

La Tercera, Opinión, 31/07/2023

“Errores involuntarios” es el eufemismo nacional de moda, acuñado en el gobierno para referirse a la corrupción o, en el mejor de los casos, a la burda negligencia.

Respuesta que no es de extrañar, porque, es sabido, los vicios suelen venir acompañados unos con otros. Quien roba prontamente se verá obligado a mentir para ocultar su falta, por ejemplo.

Es lógico entonces, aunque al mismo tiempo evidencia una incorrección adicional, que se intente negar la realidad acudiendo a falsedades y expresiones encubridoras.

Desafortunadamente para el oficialismo -y para Chile-, los hechos son elocuentes y reiterados.

Durante el año y escasos meses que lleva la actual administración se ha montado en el Estado una trama impúdica de dolo, amiguismo, tráfico de influencias y desatención a los conflictos de intereses.

La creación de fundaciones ha constituido uno de los medios utilizados para materializar esta desvergüenza. Los personeros involucrados han resultado lejos más hábiles distrayendo recursos públicos para fines particulares, que llevando a cabo el trabajo que -nominalmente- se les ha encomendado.

Podría ser entendible, hasta cierto punto, que la facción más joven de la coalición gobernante mostrara, por inexperiencia, algunas debilidades en el ejercicio de las funciones públicas. Pero, no por falta de capacidad profesional y, menos todavía, por falta de probidad.

Esta última va de la mano con la calidad humana de las personas, y se forja en la niñez, adolescencia y primera juventud.

Está bien que, como ha señalado un ministro, se debería otorgar alguna formación básica a quienes van a ejercer por primera vez cargos en el aparato público, pero tener que “partir desde cero” con personas adultas en materia de ética, no parece pensable, posible ni deseable.

Las faltas de moralidad, hasta ahora descubiertas, dejan entrever la existencia de un tinglado mayor para desfalcar desde dentro las arcas fiscales.

La extensión y celeridad de la red de contactos movilizada ponen de manifiesto un problema de la máxima gravedad: la carencia de talante ético entre los cuadros políticos de la izquierda en el poder o, aún peor, de la sociedad chilena actual.

Cualquiera sea la situación, ninguna de las alternativas mencionadas puede dejar impávida a la nación. En especial, si, como ha acontecido, el rápido desmoronamiento que se está presenciando sigue a un discurso de “impecabilidad” moral cuasi angélica por parte del “lote” político-generacional aludido, qué decir de sus dirigentes hoy al mando del país.

El “doble estándar” abismal existente entre discurso y acción concreta, abre una seria interrogante respecto a la sinceridad de la suerte de “estado de inocencia” que por años el Frente Amplio y sus compañeros de ruta han querido transmitir a la ciudadanía.

Las autoridades de gobierno -y también las demás- deberían hacerse cargo y atacar de raíz este cáncer social.

Atendido el escenario descrito, puede que ya sea tarde. Y, sobre todo, iluso esperar una auténtica reacción.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional

 

 

 

 

HISTORIA MILITAR Y HÉROES OLVIDADOS, News

JURAMENTO DE ARTURO PRAT COMO ABOGADO.

 

JURAMENTO DE ARTURO PRAT COMO ABOGADO.

Mario Barrientos Ossa.

Comparto una reseña del discurso que el Presidente de la Excma. Corte Suprema pronunció unos días atrás, al recibir el juramento de un grupo de nuevos abogados. Recordó que hace hoy exactamente 147 años que el primer oficial de la Armada de Chile en obtener el título de abogado juraba ante los miembros de la Corte Suprema.

Un 31 de julio de 1876, en dependencias del que fuera el Palacio de la Real Audiencia, que en dicho tiempo era sede de la Corte Suprema y que actualmente aloja al Museo Chileno de Arte Precolombino, rendía su examen final y prestaba juramento ante los Ministros de ese tribunal, el marino, Capitán de Corbeta y, en ese momento, Segundo Comandante de la Esmeralda, señor Arturo Prat Chacón. Un momento memorable en la historia de nuestra noble profesión.

Expreso mi reconocimiento al Presidente de la Excma. Corte por traer a la actualidad ese hecho histórico, y lo comparto, porque amerita la mayor difusión.

Un aporte de nuestro Past Presidente Gustavo Basso Cancino

Nota del Editor: La imagen corresponde al homenaje del 21 de mayo  en que se conmemora un nuevo Día del Abogado y se saluda a todos  quienes se han formado en  @derechouchile. Recordamos al egresado Arturo Prat que estudió en nuestra escuela, recibiendo el título de abogado en 1876. 

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

 

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