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                                                                      COMUNIDAD JUDÍA SE RESTA DE ACTO DE LA CANCILLERÍA                                                                               TRAS ACCIONES DE BORIC SOBRE ISRAEL

Alonso Vatel

La Tercera PM, 16/01/2024

A través de una carta enviada al canciller Alberto van Klaveren, la organización transmitió que no participará de la conmemoración a las víctimas del holocausto, que anualmente realiza la cartera. Esto, luego que el gobierno decidiera realizar una presentación ante la Corte Penal Internacional para que se investigue la situación de Palestina en Gaza. “El Presidente de la República no ha tenido una sola palabra de condena para estos acontecimientos que afectan directamente a los chilenos de origen judío”, dice la misiva.

A través de una carta dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, la Comunidad Judía informó durante esta jornada que no asistirá al tradicional acto de conmemoración que organiza la Cancillería contra el holocausto, programado para el próximo 27 de enero.

Esto, como señal de molestia a la actitud que ha adoptado el Ejecutivo en medio del conflicto entre Israel y Palestina. “Esta conmemoración, que es la ocasión para recordar a las víctimas y su dolorosa experiencia, es también la oportunidad de renovar el compromiso de “nunca más”, que, en esta ocasión, suena vacío”, parte diciendo el texto.

En la misiva se explica que, a partir del ataque de Hamas del 7 de octubre, en Chile “hemos sido testigos de actos y dichos que replican los prejuicios y ataques sufridos por los judíos en los años 30″. Al respecto, se dice que “el Presidente de la República no ha tenido una sola palabra de condena para estos acontecimientos que afectan directamente a los chilenos de origen judío”.

También se reprocha que, según ellos, el gobierno no ha condenado con la suficiente fuerza el ataque de Hamas a Israel.

La carta se envía dos días después de que Boric señalara, desde Guatemala, que “la gran mayoría de los países del mundo se ha manifestado a favor de un cese al fuego ya y de una solución política entre Israel y el pueblo palestino, que solo se va a solucionar con dos Estados que sean seguros y con fronteras mutuamente acordadas”.

El Mandatario también declaró que “prácticamente todas las viviendas han sido destruidas y 1,5 millones de personas no tienen dónde dormir y muy poco que comer” y que “Gaza está peor que Berlín en 1945″.

Sobre esto, en la carta enviada hoy, la Comunidad Judía considera que “las últimas declaraciones del Presidente Boric, donde anuncia acciones en contra de Israel y no de Hamas, y compara a Gaza con la Berlín del año 1945, no hacen otra cosa que avalar la pretensión de exterminio de dicho grupo terrorista y banalizar el genocidio de 6 millones de judíos, un millón de gitanos, 250 mil personas discapacitadas y nueve mil homosexuales que fueron asesinados por los nazis y sus colaboradores, así como seguir alimentando un discurso de odio y antisemitismo en nuestro país”.

La molestia de la Comunidad Judía se produce en el contexto en que la semana pasada el embajador chileno en los Países Bajos, Jaime Moscoso, asistió a la primera audiencia convocada en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya con motivo de la demanda presentada por Sudáfrica en contra de Israel por “actos de carácter genocida”.

En ese escenario, la embajadora ante la ONU, Paula Narváez, declaró en ese organismo que “Chile no permanecerá indiferente frente a la actual situación y al dolor del pueblo palestino” y anunció que se presentará la remisión de la situación de Palestina a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), para que “se investiguen los crímenes internacionales que se cometen en los territorios palestinos ocupados”.

Además, ocurre tras varias declaraciones del Presidente, en las cuales ha endurecido el tono en contra de Israel, haciendo guiños a Palestina.

El año pasado la ceremonia de conmemoración se realizó en el Ministerio de Relaciones Exteriores y contó con la presencia de los entonces ministros de RR. EE. y Educación, Antonia Urrejola y Marco Antonio Ávila, respectivamente, además de representantes del cuerpo diplomático y de miembros de la Comunidad Judía.

Ahora, la Comunidad Judía considera que su presencia en la conmemoración que va a realizar el Ejecutivo avalaría su agenda, la que, según ellos, “resulta en la vandalización de sinagogas, amenazas y agresiones a instituciones y personas de nuestra comunidad”.

Las Naciones Unidas instauraron en 2005 el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, el cual se rememora el 27 de enero.

La fecha recuerda la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau por el ejército soviético a finales de la Segunda Guerra Mundial.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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                                                                             QUÉ OCURRIÓ EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA DONDE                                                                                 SE MILITARIZÓ LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Marcos González Diaz

BBC News Mundo, El Mostrador, 13/01/2024

Expertos plantean que la tendencia de militarizar cuando las capacidades policiales se vuelven insuficientes es algo que ya se instaló y es muy difícil que los Estados den marcha atrás.

“Si se meten con la población, se meten con las Fuerzas Armadas”, dijo el ministro ecuatoriano de Defensa, Gian Carlo Loffredo. El funcionario respaldó así el poder otorgado por el gobierno a los miles de militares desplegados desde hace días en el país, donde la gran escalada de violencia llevó a que el presidente, Daniel Noboa, declarara el martes estado de conflicto armado interno y ordenara a las Fuerzas Armadas “neutralizar” a los grupos vinculados con el narcotráfico y crimen organizado.

Este jueves, la Asamblea Nacional respaldó esta intervención de manera unánime.

Aunque precipitado por los acontecimientos, el plan de Ecuador no es nuevo.

Ya en diciembre, su Congreso votó a favor de reformar la Constitución —que encarga a los militares la defensa de la soberanía y la integridad territorial y a los policías el orden público interno— para que las Fuerzas Armadas apoyen también en el combate al crimen y la lucha contra las drogas.

Y en el resto de América Latina, tampoco es nuevo.

La región está plagada de ejemplos, desde México hasta el Cono Sur, de cómo se atribuyeron a los militares —de manera temporal o prácticamente permanente— funciones contra el narcotráfico que en ocasiones contribuyeron a desarrollar operaciones exitosas y, muchas otras, dejaron resultados plagados de claroscuros en la historia reciente.

Para David Saucedo, especialista mexicano en seguridad pública, uno de los motivos por el que los gobiernos latinoamericanos han recurrido con tanta frecuencia a esta vía es por la histórica presión de Estados Unidos, que percibía una extrema debilidad en los sistemas de justicia y seguridad pública de la región.

“Las policías de América Latina, en general, se han caracterizado por una infinita corrupción y debilidad para enfrentar al narcotráfico y no dejar que penetrara en las instituciones”, remarca.

Esto, sumado a que el poderío de los carteles “sobrepasa con mucho las capacidades de cualquier Secretaría de Seguridad Pública o Ministerio de Interior”, llevó a muchos países a confiar en los militares, quienes gozan de una imagen positiva entre buena parte de la ciudadanía y cuentan con un gran armamento y capacidad de despliegue territorial, le dice el experto a BBC Mundo.

México y Colombia. México es uno de los más claros ejemplos de esta tendencia.

La implicación de militares en operaciones antidrogas se remonta a la década de los 70 y 80, cuando comenzó a participar en la erradicación de cultivos ilícitos y lideró golpes importantes como el realizado en 1984 contra el rancho de Rafael Caro Quintero, líder del cartel de Guadalajara, y que concluyó con la quema de miles de toneladas de marihuana.

Las labores castrenses contra el narcotráfico se mantuvieron desde entonces, aunque fue sin duda durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) cuando se registró un parteaguas al poner en marcha la conocida “guerra contra el narco”.

En esta estrategia se involucraron todas las comandancias militares con el objetivo de recuperar territorios en manos del crimen organizado.

Pero las autoridades mexicanas reconocieron solo cuatro años después no haber conseguido su propósito en medio de una violencia creciente, que acabó con el sexenio de Calderón duplicando con 121.000 el número de homicidios del gobierno anterior, según las cifras oficiales.

También en aquel período fue que echó a andar la Iniciativa Mérida, el programa de EE. UU. dirigido a “contrarrestar la violencia alimentada por las drogas” por el que transfirió a México miles de millones de dólares en equipo militar, especialmente durante su primera etapa iniciada en 2008.

“La guerra contra el narco es una experiencia fallida y más bien fue una estrategia política del presidente Calderón para obtener legitimidad para su gobierno. Lamentablemente, a esta política se le dio continuidad en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en el actual de López Obrador”, subraya Saucedo.

Colombia es otro de los países con larga tradición de uso de la fuerza militar contra el narcotráfico.

Catalina Miranda Aguirre, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz de este país, subraya que la Policía Nacional tuvo un rol mucho más importante en esta área en las últimas décadas.

Sin embargo, los militares fueron ganando presencia especialmente tras la aprobación en 2000 del Plan Colombia, por el que EE. UU. fortaleció también con millones de dólares la capacidad de la Fuerza Pública del país.

“(Los militares) empezaron a tener un rol muy importante en términos de seguridad interna en un momento en que la policía no tenía las capacidades suficientes para atender un nivel de criminalidad tan impresionante”, destaca la experta en entrevista con BBC Mundo.

Y agrega: “Se robustecen sus capacidades no solo para combatir el narcotráfico, sino también la insurgencia. En Colombia, insurgencia y narcotráfico están ligados en un momento de la historia, no los puedes separar”

Con los años, les siguieron golpes importantes a cabecillas de las FARC y otros grupos insurgentes como el Ejército Nacional de Liberación Nacional o el Clan del Golfo.

Sin embargo, el ejército también protagonizó escándalos como el de los “falsos positivos”, en el que reportaban ejecuciones extrajudiciales de civiles ajenos al conflicto como bajas en enfrentamientos de supuestos guerrilleros, a fin de aparentar mejores resultados a cambio de retribuciones y reconocimientos.

“La lección aprendida de aquello fue durísima y el aumento de la participación de las Fuerzas Armadas tuvo su efecto e hizo muy complejo manejar esa parte en Colombia. ¿Hasta qué punto es una guerra de insurgencias y hasta qué punto es una guerra contra la droga”, se cuestiona Steven Dudley, codirector y cofundador del portal especializado Insight Crime.

Resultados. La militarización de operaciones contra el tráfico de drogas se ha visto igualmente en Brasil o Venezuela, entre otros. También durante estados de excepción temporales impuestos en Guatemala u Honduras.

El caso más reciente es el de El Salvador, donde el ejército también se desplegó contra las pandillas vinculadas al narcotráfico y el crimen organizado durante los últimos casi dos años en los que se redujo drásticamente la violencia, a la vez que se dispararon las denuncias por violaciones a los derechos humanos.

“El riesgo para Ecuador es que caiga en la tentación de promover el mal llamado ‘modelo Bukele’ basado en un ‘estado de excepción permanente’ con un enfoque en el encarcelamiento masivo, juicios sumarios y la cooptación del sistema de justicia y que, si bien genera “logros iniciales”, dudosamente éstos sean sostenibles en el tiempo”, le dice a BBC Mundo Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

Valorar con cifras estas incursiones militares es complicado, dada la dificultad de atribuirles en exclusiva los resultados obtenidos —y no a otras fuerzas de seguridad con las que trabajan conjuntamente—, así como la imposibilidad de saber qué habría ocurrido de no haberse implicado en estas tareas.

“En países como Brasil, México y Colombia, los despliegues militares para combatir el narcotráfico no siempre han tenido los resultados esperados. Incluso a veces han llevado al aumento de la violencia”, publicó Insight Crime en un artículo de 2019 sobre la decisión entonces del gobierno de Chile de enviar al ejército a su frontera norte para detener el ingreso de drogas.

“Los resultados son positivos y negativos”, dice su codirector Dudley. “Lo positivo es que los militares pueden tomar el control de áreas donde grupos de crimen organizado pueden ejercer un poder muy fuerte, o que pueden capturar miembros de alto nivel en estos grupos”.

Lo negativo, asegura —y en ello coinciden todos los expertos consultados— es que los militares no cuenten con formación específica para este tipo de tareas ni para interactuar con la población civil con la que inevitablemente debe relacionarse.

“Tenemos batallones que están muy cerca de municipios que usualmente están abandonados por el Estado, y donde la posibilidad de que se incurra en violación de derechos humanos es muy grande. Ha pasado en Colombia, en México, en las favelas de Brasil, etc.”, resume la colombiana Miranda Aguirre.

“Ese es el dilema de cómo poner en la balanza la amenaza que una policía no puede atender por sí sola, junto a la protección de los derechos de población civil que está en el fuego cruzado entre la criminalidad organizada y la fuerza más letal de un Estado, como es una fuerza militar. Eso ha sido un enorme problema”, agrega.

Perspectiva de futuro. Jiménez Sandoval, de WOLA, critica que “la militarización de la seguridad ciudadana y las respuestas improvisadas que no parecen cumplir con los criterios básicos de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza no son nunca la estrategia más adecuada para combatir la violencia en ninguna sociedad”, como ya lo muestran, asegura, las experiencias de países como México y Colombia.

Expertos también apuntan a otro efecto no deseado de la militarización de la seguridad como es el hecho de que los propios narcotraficantes también se están militarizando. Así, en los últimos años han incrementado su uso de minas terrestres, drones o aeronaves.

“El narcotráfico tiene la capacidad para armarse incluso más fuerte que el ejército”, alerta Saucedo.

Raúl Benítez Manaut, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE), vincula esta militarización con el debilitamiento del mando civil y la política.

“En un país normal, la democracia va acompañada de policías civiles. Donde hay mucha criminalidad, los militares toman el control y esto debilita la democracia. Y el riesgo es que no tenga reversa, lo cual es muy difícil”, le dice a BBC Mundo.

Lo cierto es que, de cara al futuro, no parece que esta tendencia vaya a disminuir en América Latina a juzgar por las declaraciones de gobiernos como el de Colombia o México, cuyo presidente ha depositado su confianza al máximo en el ejército para desempeñar distintas labores y que además enfrenta la presión de su vecino Estados Unidos para que haga más en su lucha contra las drogas.

“Esta estrategia (de militares frente al narcotráfico) está bastante implementada, por lo que yo esperaría más entrenamiento y más armamento para este tipo de actividades. Esto no va a desaparecer, sino que va a aumentar”, concluye Dudley de Insight Crime.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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