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ANALISTA MILITAR MARCELO MASALLERAS: “MORALMENTE NO ES JUSTO PRETENDER QUE LOS MILITARES SOLUCIONEN UN PROBLEMA POLÍTICO” Pablo Sallaberry

 

                                                                      ANALISTA MILITAR MARCELO MASALLERAS: “MORALMENTE NO                                                                           ES JUSTO PRETENDER QUE LOS MILITARES SOLUCIONEN UN                                                                 PROBLEMA POLÍTICO”

  1. Pablo Sallaberry

ExAnte, 13/03/2024

Coronel (r) del Ejército, investigador senior de AthenaLab, especializado en temas de defensa y seguridad, señala que los efectivos militares no son las herramientas más apropiadas que tiene el Estado para enfrentar la crisis de seguridad pública. “¿Por qué frente a un problema de carácter criminal voy a utilizar fuerzas o elementos de carácter militar?”, señala y pide mayor responsabilidad a las autoridades políticas.

– El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, pidió apoyo militar para enfrentar la crisis de seguridad y el gobierno dijo que lo está evaluando ¿Cuáles son los riesgos de que las FF.AA. y efectivos militares participen en tareas de orden público?

– No hay duda de que tenemos un problema de seguridad y es perfectamente entendible lo que les pasa a los alcaldes porque están en contacto directo con los vecinos y los vecinos están asustados, tienen problemas, están amenazados.

Tampoco hay duda de que el Estado tiene que usar todas las herramientas a su alcance para solucionar los problemas.

Pero la primera pregunta que quienes dirigen el Estado tienen que hacerse es ¿cuál es la naturaleza del problema que estoy enfrentando? y en consecuencia, ¿cuáles son las herramientas que debo utilizar?

Porque por lo que parece, el problema que estamos enfrentando es un problema de crimen.

Entonces, ¿por qué frente a un problema de carácter criminal voy a utilizar fuerzas o elementos de carácter militar? ¿Son las fuerzas armadas los instrumentos más adecuados para hacer esto?

– ¿Pero las policías son suficientes?

Pareciera que el problema es que hay pocos policías. Hace rato que venimos escuchando la reforma a la policía, que ha caído en letra muerta.

Pero hay otras cosas que se pueden hacer. Si yo necesito más policías en la calle, entonces modifico la carrera, no doy de baja y alargo la carrera. Libero a Carabineros de funciones administrativas u otras actividades. Busquemos soluciones reales.

– Lo que se ha visto es que las Fuerzas Armadas han hecho un buen trabajo en la macrozona sur, con el estado de excepción que se ha mantenido, y también en el control de fronteras, donde efectivamente el despliegue militar se redujo la migración ilegal. Y por eso se afirma que podrían cumplir una función en materia de seguridad en zonas urbanas ¿Qué opinas al respecto?

– Yo creo que no son la herramienta apropiada y no está el contexto para que se empleen las fuerzas militares. Lo que en ningún caso quiere decir oponerse a que en algún momento se empleen.

En la macrozona sur y en la zona norte, el problema es distinto. Es distinto controlar la migración o un tema más asociado a la insurgencia, que se está llevando en la zona sur. Es muy distinto a lo que está pasando en Santiago, que estamos frente a la acción de bandas criminales.

Ahora, supongamos que empleamos a los militares. Vamos a emplear a los militares con los mismos políticos, con el mismo marco legal, con los mismos integrantes del Ministerio Público, los mismos jueces.

Hoy no hay un desincentivo para que el crimen no se cometa ¿Crees que el resultado va a ser distinto? Yo creo que no.

No se han generado las condiciones para utilizar a las fuerzas armadas.

– ¿Por qué no están las condiciones?

– Primero, no hay un Estado de excepción. No está reglamentada la ley de infraestructura crítica. No tenemos reglas de uso de la fuerza. Entonces, moralmente, no es justo, no es correcto, que yo pretenda que los militares solucionen un problema que es político.

Es moralmente reprochable que yo ponga un militar, un marino, o un aviador, a cargo de alguna función de orden público.

Le entrego un armamento que es del Estado y le digo “cuide esto”. Este funcionario hace uso del armamento, termina una persona herida o fallecida, -lo que sucedió en el año 2019 y meses posteriores- y termina el hombre de baja, juzgado, sentenciado.

– Eso es lo que dijo el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, en la reunión del Cosena. Que se necesitaba claridad legal sobre los deberes y roles que cumplirían los uniformados.

– Lo mínimo es que tengan ese marco legal. Con una ley dictada por el Congreso.

– ¿Como coronel en retiro compartes lo que dijo el comandante en jefe, que los uniformados carecen de entrenamiento, educación y equipamiento para interactuar con la población?

– Eso podría ser parte del problema. La Constitución dice que las Fuerzas Armadas están para la defensa exterior del país. Y las Fuerzas de Orden y Seguridad son las que están para el orden público.

Te entrenas y formas unidades y tienes fusiles de guerra para hacer tu tarea. Se entrenan para la guerra y se entrenan para ganar la guerra. No hay segundos lugares en la guerra.

Una fuerza militar actúa de manera muy distinta a una fuerza policial. En caso de ser atacada, va a tratar, por todos los medios, de imponerse y de neutralizar, y si es necesario destruir a la amenaza.

En el tema de la proporcionalidad se actúa de manera distinta. Hay gente que dice, sí, pero también nos colaboran en las elecciones o en las catástrofes, es cierto, pero para eso se han entrenado y se les ha dotado de personal y medios.

Pero no ha sido, y espero que no llegue a ser una tarea básica de las Fuerzas Armadas el control del orden público.

– ¿Lo que se está apuntando en la discusión es a la custodia de perímetros de ciertas zonas? No es para hacer allanamientos en casas de narcotraficantes, sino custodiar centrales energéticas o quizás terminales de buses.

– Sí, pero en el tema de infraestructura crítica también está la discusión en dónde termina la responsabilidad de quien tenga a cargo la custodia de ese edificio y dónde parte la responsabilidad de la fuerza de seguridad.

Eso tampoco ha sido aclarado. El empleo se ha conversado más asociado a la infraestructura.

Pero si seguimos sin atacar el problema de fondo, ¿qué va a evitar que en un año más, en seis meses más, se les pida a las Fuerzas Armadas que hagan otra cosa, y terminen allanando casas?

– ¿Te llama la atención que sean alcaldes de izquierda los que están pidiendo la salida de los militares a la calle y alcaldes de derecha, como Evelyn Matthei, quienes se oponen?

– Creo que hay un sector que demonizó el uso de la fuerza. Y que se ha dado cuenta que para que una sociedad funcione, el Estado tiene que resguardar el monopolio del uso de la fuerza.

Quiero pensar positivamente que es parte del aprendizaje, pero no hay que dejarse llevar por las emociones. Nuestras autoridades tienen que ser responsables.

Si el alcalde Vodanovic dice “le fui a pedir al Presidente que saque a los militares”, obviamente quienes viven en Maipú lo ven como una alternativa. Bueno, nosotros esperamos de nuestras autoridades que actúen con responsabilidad.

El empleo de las Fuerzas Armadas debe ser una herramienta excepcional. Y así está en la Constitución.

Y es excepcional porque se tienen que dar circunstancias en que las fuerzas policiales o la autoridad política estén sobrepasadas, cuando hay un problema de supervivencia de un régimen democrático.

Si eso no sucede, entonces hay que pensar si es lo más conveniente o no.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Columna de Opinión, News

EL INÉDITO FALLO DE LA CORTE DE APELACIONES QUE OBLIGA A BORIC A TRANSPARENTAR SUS AUDIENCIAS. Juan Pablo Sallaberry

 

                                                                             EL INÉDITO FALLO DE LA CORTE DE APELACIONES QUE                                                                              OBLIGA A BORIC A TRANSPARENTAR SUS AUDIENCIAS

Juan Pablo Sallaberry

ExAnte, 13/03/2024

La Corte de Apelaciones de Santiago respaldó la decisión del Consejo para la Transparencia y ordenó que Presidencia informe las solicitudes de audiencias recibidas, concedidas y denegadas por el Mandatario. También se pide llevar un registro sistematizado de las mismas. En sus alegatos el Consejo de Defensa del Estado, en representación de La Moneda, señaló que el Presidente de la República no es objeto de Ley de Lobby, por lo que no debía entregar dichos antecedentes, pero su postura fue desestimada por el Tribunal.

Qué observar. El viernes 8 de marzo, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de la Presidencia de la República que pretendía dejar sin efecto el dictamen del Consejo para la Transparencia que ordenó informar las audiencias sostenidas por el Presidente Gabriel Boric a partir del 11 de marzo de 2022.

  • De esta forma el Tribunal determinó que las reuniones que conceda el Presidente, tanto a funcionarios como a personas del mundo privado, ya sean a título personal o en representación de un organismo, son información de carácter público.
  • Según señala el dictamen, la información debe ser entregada por La Moneda, ya que “se solicitan las actuaciones o actividades propias de la función pública que realizó el Presidente de la República”.
  • Esto en base a la Ley 20.285 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública y el principio de publicidad de los actos de la administración del Estado.
  • El fallo fue firmado por los magistrados Marisol Rojas, Tomás Gray y la ministra (s) Isabel Margarita Zúñiga.

El proceso. El caso de acceso a la información pública se basa en un requerimiento realizado el 20 de septiembre de 2022 a Presidencia por Gabriela Padilla de la Fundación América Transparente.

  • Pidió que le entregaran un Excel con el detalle de todas las audiencias solicitadas al Presidente Gabriel Boric desde el 11 de marzo de 2022.
  • Se pide informar la fecha, el tema a tratar, y si la solicitud de audiencia fue aceptada, rechazada o postergada. En los casos que fue aceptada, se pide especificar cuando se realizó.
  • También se pide identificar a quiénes solicitaron la audiencia en caso de ser representantes de organismos públicos, aunque el nombre podía ser omitido en caso de ser un particular o representante de una organización privada.
  • El 10 de octubre de 2022, La Moneda se negó a entregar la información solicitada argumentando que no contaban con registros sobre las audiencias del Presidente por lo que no podían entregar los datos.
  • El caso fue elevado al Consejo para la Transparencia, que el 25 de octubre de 2022 -con el voto de minoría de la consejera Natalia González- acogió parcialmente el recurso de amparo.
  • A juicio del Consejo, la información requerida es de interés público y en Presidencia existe un órgano encargado de recibir, organizar y canalizar las solicitudes de audiencia como es el Departamento de Gestión Ciudadana, por lo que los antecedentes están disponibles. En caso contrario, Presidencia debe elaborar un registro sistematizado de audiencias.
  • El Consejo solo señaló que se debía omitir el motivo de las audiencias cuando sean temas que afecten la seguridad o interés del país, así como el nombre de los participantes cuando fueran asuntos de carácter personal o privado.

Los descargos del CDE. Presidencia presentó un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago para no entregar los antecedentes.

  • La Moneda estuvo representada en los alegatos por el CDE, y en específico la abogada y actual consejera Ruth Israel.
  • Según argumentó, no correspondía entregar dicha información ya que la Ley 20.739 que regula el Lobby y obliga a las autoridades a publicar sus audiencias, excluye de esta obligación al Presidente de la República.
  • Además señaló que no existe obligación legal para que el Mandatario lleve un registro de audiencias. “La Presidencia de la República no se encuentra obligada a efectuar un registro de solicitudes de audiencia ni de reuniones en las que participa S.E. el Presidente de la República -ya sean formales o informales-, ni tampoco a ordenar la elaboración y/o confección de un registro ad hoc”, afirmó el CDE.
  • La Corte de Apelaciones desestimó los argumentos del CDE y rebatió en su dictamen que “la circunstancia que el Presidente de la República se encuentre eximido de la Ley de Lobby, no implica necesariamente, que las actividades que realiza en el ejercicio de tales funciones, queden, igualmente, exentas de la regulación de la Ley de Transparencia”.
  • “Sostener lo contrario, importaría que la primera autoridad del país no quedara sujeta a la regla constitucional acerca de la publicidad de sus actos y resoluciones y de los fundamentos y procedimientos empleados, lo que resulta contrario al carácter democrático del estado de derecho”.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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Cantineras, matronas y viudas. Francisco Bartolucci Johnston

                                                                 Cantineras, matronas y viudas
Francisco Bartolucci Johnston
Abogado y profesor universitario
Inspirado e informado por un video que por estos días circula en las redes sociales, y con motivo de celebrarse este mes de marzo del “Día Internacional
de la Mujer” quiero en esta columna rendir mi homenaje a la mujer chilena recordando aquellas que destacaron en la Guerra del Pacífico por su sacrificio y
amor a Chile. Me refiero a las Cantineras, a las Matronas y a las viudas de aquella gesta bélica que es y será orgullo patrio.
Las Cantineras, audaces y guerreras, fueron aquellas mujeres que acompañaron al ejército chileno en campaña para cumplir tareas de asistencia en el Servicio Sanitario del ejército tales como enfermería, cuidar heridos o surtir de agua y proveer de municiones a las tropas en combate. No pocas combatieron fusil en mano a la par con los soldados y algunas cayeron en el campo de batalla.
Entre los nombres que destacan surgen los de Irene Morales que alcanzó el grado de sargento segundo otorgado como reconocimiento a los múltiples servicios prestados durante la guerra; fue ella quien el 14 de febrero de 1879 en la gesta de la toma de Antofagasta subió al techo de la Prefectura para descolgar el escudo boliviano.
Otros nombres de Cantineras que han pasado a la historia son: Filomena Valenzuela, Cantinera del primer batallón del Regimiento Atacama, que cumplió
importantes tareas de enfermería y apoyo emocional a los soldados; Juana López, Cantinera del Regimiento movilizado Valparaíso N°2, quien combatió fusil en mano y entró a Lima con la espada de un oficial enemigo declarando “Viva Chile, sobre esta espada que nunca jamás Chile sea vencido”; María Quiteria Ramírez, Cantinera del 2do. de Línea quién participó activamente en las batallas de Tarapacá y Chorrillos; Belarmina Herrera, cabo segundo del 4to de Línea, que tomó parte en el asalto y toma de Pisagua, en las batallas de Dolores y Tacna, en el asalto y toma del Morro de Arica y en las batallas de Chorrillos y Miraflores; y tantas otras mujeres Cantineras que desde el anonimato apoyaron y alentaron a nuestros soldados en el campo de batalla.
También hubo mujeres heroínas que junto a los soldados murieron en combate defendiendo el pabellón patrio. De sus nombres han quedado guardados en la historia los de Susana Montenegro, Rosa Ramírez y Leonor Solar del Regimiento Segundo de Línea fallecidas durante la batalla de Tarapacá el 27 de noviembre de 1879.
La mujer chilena no sólo participó en las acciones bélicas de la Guerra del Pacífico desde el campo de batalla, las hubo también de la clase dirigente, llamadas Matronas, que lo hicieron desde el país, apoyando y beneficiando a los heridos, viudas, huérfanos y familias desamparadas como causa de la guerra.
Recordemos los nombres de Dolores Vicuña de Morandé fundadora de la “Sociedad del Perpetuo Socorro” para proteger y ayudar a las madres e hijos de las víctimas de la guerra; Juana Ross de Edwards que dio protección a los heridos, viudas y huérfanos de los soldados caídos en batalla y entregó importantes donativos al Gobierno; Isidora Goyenechea que desde su condición de empresaria contribuyó con el Gobierno aportando su flota de barcos y manteniendo en funcionamiento sus minas de carbón de Lota para asegurar el combustible necesario para la flota chilena; Victoria Subercaseux, quien inspiró la formación de la sociedad “La Protectora” en apoyo a los combatientes de la Guerra del Pacífico. Terminada la guerra continuó apoyando a los “Veteranos del 79” y a la “Sociedad de Inválidos”.
Finalmente, no es posible olvidar a las mujeres viudas que durante y después de la guerra debieron solas sacar adelante sus familias, sobrellevando el dolor de la ausencia o pérdida de sus maridos, valientes soldados que se ausentaron para luchar por nuestra patria, tantos de los cuales nunca volvieron.
Con este recuerdo, mi saludo a la mujer chilena en esta efeméride

Edición del sitio Web de Cosur Chile y de su revista digital “Tres Espadas”
Av. Bernardo O’Higgins 1452, piso 3, Santiago. www.cosur.cl y contacto@cosur.cl

 

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Nueva institucionalidad de GRD en Chile: Incendios Forestales de la V Región Lecciones por Aprender. Bernardo Castro Salas

 

                                                                         Nueva institucionalidad de GRD en Chile: Incendios Forestales                                                              de la V Región Lecciones por Aprender

Bernardo Castro Salas

Chile, es uno de los países más sísmicos del planeta y a raíz de los efectos del cambio climático, ahora, quedamos registrados en el segundo lugar de la historia global del siglo XX, por los efectos provocados a raíz de los incendios forestales iniciados el día 02 de febrero de 2024 en la V Región de Valparaíso que ha cobrado hasta ahora un total de 132 víctimas fatales, destruido miles de viviendas, patrimonio de ciudad en más de 8.600 hectáreas, con un alto impacto económico, social, comunicacional.
Los incendios forestales en el país, en esta región del país así como en la zona centro sur, pasan a ser uno de los desastres más recurrentes y, que como ya señalara asociado a los factores climatológicos según su velocidad de propagación considerados de manifestación lenta, esta vez, la velocidad del viento, los niveles máximos de temperaturas y niveles mininos de humedad, se han ido transformando en lo que se ha pasado a denominar una “Tormenta de Fuego” y que en definitiva, superó todas las previsiones existentes para una respuesta eficaz y eficiente; poniendo a la nueva institucionalidad y al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (SINAPRED) ante una verdadera prueba de fuego.

Ver artículo completo en el siguiente enlace:

Nueva institucionalidad de GRD en Chile Incendios Forestales de la V Región Lecciones por Aprender FINAL

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O´Higgins, Beaucheff y Osorno. Antonio Yackcich Furche

                                                               O´Higgins, Beaucheff y Osorno
                      Antonio Yackcich Furche

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A VEINTE AÑOS DE LA CAÍDA DEL PRESIDENTE ARISTIDE EN HAITÍ, EL HECHO QUE LLEVÓ A CHILE A ENVIAR TROPAS. Ramón Jara A.

 

                                                                    A VEINTE AÑOS DE LA CAÍDA DEL PRESIDENTE ARISTIDE EN                                                                                  HAITÍ, EL HECHO QUE LLEVÓ A CHILE A ENVIAR TROPAS

Ramón Jara A.

EMOL, 29/02/2024

Han pasado dos décadas y la situación en el país más pobre de Latinoamérica no mejora, por el contrario, ha empeorado de forma dramática.

Veinte años después de que el 29 de febrero de 2004 el presidente haitiano Jean Bertrand Aristide, que había sido elegido democráticamente, fuera forzado a abandonar el poder por la comunidad internacional con un movimiento popular que se sumó a una rebelión armada, el país está sumido en una crisis sin precedentes.

“El país ha retrocedido mucho” en los últimos 20 años, afirma a EFE el historiador Georges Michel, quien considera: “Todavía tenemos democracia, aunque hayamos dado un paso atrás. La política es mezquindad, trucos sucios y golpes de Estado. Tenemos secuestros y distribución de armas. El próximo Gobierno debe poner las cosas en su sitio”.

Y es que desde el punto de vista social, político, económico y de la seguridad, en este período turbulento Haití se ha visto inmerso en una crisis que ha hecho de él un lugar inhabitable. Miles de familias han tenido que abandonar sus hogares para refugiarse en campamentos, por no hablar de las miles de personas, entre profesionales y universitarios, que han huido en masa del país.

Una inestabilidad política prácticamente endémica. Políticamente, en estos años se ha experimentado una inestabilidad recurrente, marcada por los repetidos retrasos en la celebración de elecciones, la sucesión de transiciones políticas y las incesantes batallas entre los gobernantes y la oposición.

Pero lo peor estaba por llegar con el asesinato, en julio de 2021, del presidente Jovenel Moise en su residencia, lo que agravó aún más una crisis que ya estaba entonces en un punto muy alto.

Durante 13 de los 20 años transcurridos luego del derrocamiento de Aristide, quien tomó el camino del exilio en Sudáfrica, Haití fue gobernado por el régimen de Tèt Kale, con el partido oficial PHTK expulsando del poder a la formación Lavalas, que había dirigido el país durante muchos años bajo las presidencias de René Préval y Jean Bertrand Aristide.

En este tiempo, Haití ha tenido 5 jefes de Estado, no menos de 3 gobiernos de transición y 2 gobiernos provisionales, y solo se han celebrado tres elecciones presidenciales.

Prácticamente todos los presidentes que han salido de las urnas en este periodo han tenido que enfrentarse a intensas protestas antigubernamentales, muchas de las cuales se tornaron violentas y estuvieron marcadas por las muertes, los saqueos y los incendios.

El país también ha conocido una quincena de primeros ministros, algunos de los cuales han durado muy poco en el cargo y otros han sido expulsados a través de protestas.

Además, en el espacio de 20 años el país ha sido o va a ser testigo de dos intervenciones extranjeras, en 2004 y la misión multinacional de apoyo a la seguridad que ahora está en preparación.

Chile fue uno de los países que participó en la misión de la ONU de 2004, luego de que el Presidente Ricardo Lagos acogiera el llamado del Consejo de Seguridad, donde el país era miembro temporal. “Es una misión que entraña responsabilidades para un país pequeño como Chile, pero las asumimos, porque la paz que tenemos entre los chilenos, queremos que exista también en aquellos pueblos de América Latina, que están desgarrados por el enfrentamiento”, indicó en su momento.

La presencia chilena en Haití se extendió durante 13 años, con más de 12.000 efectivos pertenecientes a todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y un gasto de US$ 177 millones.

Continuo baño de sangre. En cuanto a la seguridad, la situación ha degenerado en un baño de sangre, con masacres, ataques armados, violaciones colectivas e individuales, ajustes de cuentas, robos y unos secuestros que van en aumento y que se han convertido en algo cotidiano.

Si en la época de Jean Bertrand Aristide había grupos armados, eran menos de una docena y estaban confinados a zonas concretas como Delmas 2, La Saline, Cité-Soleil y Fortoroun.

Pero hoy hay entre 200 y 300 bandas que tienen como rehén al 80 % de la capital y a innumerables regiones del país. En las dos últimas décadas, las bandas se han vuelto más organizadas y son más arrogantes y poderosas que nunca, incluso están equipadas con tecnología y armas de última generación, en medio del aumento de la corrupción, la impunidad o la falta de independencia de la justicia.

La vida nocturna ha desaparecido por completo en muchas partes del país y poder moverse libremente por Haití es ahora un lujo, dado que las bandas armadas controlan un sinfín de territorios.

La gansterización se ha extendido por todos lados. Las carreteras nacionales están totalmente controladas por esas pandillas, que siembran el terror día y noche, triplicando o incluso cuadruplicando el precio del transporte desde la capital a ciudades de provincia, lo que aumenta aún más una inseguridad alimentaria que, en su fase aguda, ya afecta al 44 % de los haitianos.

En términos económicos, la situación está marcada por una economía en crisis, sin crecimiento y basada únicamente en las transferencias internacionales que mantienen con vida a muchos haitianos.

La moneda local, el gourde, ha sufrido en estos veinte años una importante devaluación (ha perdido más del triple de su valor), lo que ha repercutido en el incremento de la inflación y del costo de la vida en el que, ya de por sí, es el país más pobre de América.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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INCENDIOS Y LA IMPORTANCIA DEL FOMENTO FORESTAL. Julio Torres Cuadros, Ingeniero Forestal

 

                                                       INCENDIOS Y LA IMPORTANCIA DEL FOMENTO FORESTAL

Julio Torres Cuadros, Ingeniero Forestal. Integrante de Futuro Madera, Secretario ejecutivo Colegio de Ingenieros Forestales de Chile

El Mostrador, 09/03/2024

Este segmento perdió más de 100 mil hectáreas de plantaciones y fue abandonado por los planes de reconstrucción del Estado. Las ayudas solo llegan a agricultores, apicultores, vitivinicultores, fruticultores. A todos, menos a quienes plantan árboles para producir madera.

Cada vez que se presenta una temporada de incendios forestales se levantan críticas sobre las plantaciones forestales y la necesidad de regularlas en la interfaz urbano-rural.

Con frecuencia se les atribuye la principal responsabilidad de los siniestros, como en el caso de Valparaíso, en el que una investigación del World Weather Atribution (WWA) concluye que son los monocultivos forestales los que explican la tragedia.

La WWA es un organismo de colaboración científica con base en el Imperial College de Londres dedicado a examinar eventos climáticos extremos en todo el mundo.

Resulta curioso constatar que en sus conclusiones los autores del estudio no consideraron el hecho de que el principal tipo de vegetación quemada fue bosque nativo, con un 45 % de la superficie afectada, mientras que las plantaciones quemadas ascendieron a un 20 %.

Por supuesto, hay quienes afirman que ese 20 % explica toda la tragedia. Los datos, al fin y al cabo, son interpretables y muchas veces deben “ajustarse” a las conclusiones previas.

Este sistemático discurso acusatorio contra las plantaciones genera dos impactos relevantes. En primer lugar, se levantan de manera exprés propuestas regulatorias sobre la vegetación (solo exótica, por supuesto), que apuntan a perseguir a los propietarios de los terrenos afectados, más que a quienes verdaderamente producen los incendios. La eficacia de estas propuestas es altamente discutible, lo que al parecer ignora la alcaldesa de Viña del Mar.

La segunda consecuencia es que se excluye del apoyo del Gobierno a los propietarios que ven sus terrenos con vegetación arrasados por el fuego.

Esto es especialmente crítico hacia los pequeños y medianos propietarios de plantaciones forestales que fueron afectados por los incendios de 2017 y 2023. Entre estos dos episodios, este segmento perdió más de 100 mil hectáreas de plantaciones y fue abandonado por los planes de reconstrucción del Estado.

Las ayudas solo llegan a agricultores, apicultores, vitivinicultores, fruticultores. A todos, menos a quienes plantan árboles para producir madera.

La omisión no es inocua. Los terrenos terminan siendo abandonados por sus dueños, desatándose una regeneración agresiva que puede alcanzar varios miles de plantas por hectáreas, que no es manejada y, por lo tanto, genera riesgos potenciales de más incendios, sumado a la pérdida productiva de quien es víctima y no autor del fuego.

Nada de esto parece conmover a la autoridad.

Es urgente revisar la actual estrategia del Gobierno, focalizada en sacar adelante un proyecto de ley de prevención de la propagación de incendios forestales basada en la aplicación de nuevas regulaciones a los propietarios de bosques plantados, omitiendo otros aspectos esenciales, como la regulación del establecimiento de poblados en medio de una matriz de vegetación preexistente (lo que ocurre en Valparaíso) y la creación de programas de recuperación productiva de bosques quemados de pequeños y medianos propietarios forestales.

Desde el sector de la madera, insistiremos en revisar el proyecto de ley de incendios forestales en su segundo trámite constitucional en el Senado y buscaremos que se incorporen acciones tendientes a prevenir la ocurrencia de incendios y no solo la propagación, además de incorporar mecanismos de recuperación de bosques quemados, enfrentando el actual abandono que vive el segmento de pequeños y medianos propietarios y la pyme forestal.

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Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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