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                                                                        SEGURIDAD: EL OTRO DIAGNÓSTICO

Pilar Lizana, Investigadora Athenalab, experta en Seguridad, Narcotráfico y Defensa.

El Líbero, Columnas, 23/02/2024

La conducción política está fallando y quizás sea el mayor problema que enfrentamos hoy. Sin una guía, sin un sistema y sin información estratégica será muy difícil enfrentar al crimen organizado.

Barras bravas, asaltos violentos en la vía pública y, ahora, el secuestro de un exmilitar venezolano asilado en Chile. Crimen organizado y delincuencia común, todo al mismo tiempo.

El diagnóstico en materia de seguridad lo tenemos bastante claro. Sin embargo, poco hemos reflexionado sobre el otro diagnóstico: el que dice relación con las capacidades del Estado.

El Cosena, el Gabinete Pro-Seguridad y la agenda legislativa son instancias a través de las cuales el gobierno busca contener el avance de la criminalidad. No obstante, falta la pregunta de fondo ¿cuenta Chile con las capacidades necesarias para combatir la nueva cara del delito?

Instituciones que funcionan, tenemos. Las policías y el Ministerio Público desarrollan operaciones en conjunto que han tenido buenos resultado y las Fuerzas Armadas han demostrado estar listas para enfrentar cualquier misión que les encomienden. Entonces, herramientas del Estado hay.

Si es así ¿por qué sigue llegando el crimen organizado y consolidándose la violencia?

Un pilar fundamental en materia de seguridad lo constituye el poder político. Desde ahí nace la conducción de la seguridad, las definiciones de las amenazas y las prioridades. Desde ahí es posible intentar responder a esa pregunta.

Y, justo en esa respuesta estamos fallando. Pareciera que lo que está sobrepasado es la conducción política y no las instituciones.

Se ha comentado sobre la importancia del relato y su coherencia y de las señales que se envíen a los ciudadanos. No hay duda de que es fundamental que lo anterior se estructure de la mejor manera posible, pero más importante es que se comprenda el problema y las múltiples dimensiones que están contenidas en la nueva configuración de panorama de seguridad en Chile.

Para ello, el Estado requiere de un sistema de seguridad nacional. Sí, nacional. Sólo así la seguridad exterior y la seguridad interna se encontrarán contenidas en la misma entidad. Sólo así todas las instituciones podrán contribuir a la tarea de llevar la paz a todos los rincones del país.

Un sistema de seguridad nacional implica contar con un ente coordinador que se ubique en un nivel jerárquico superior a los demás ministerios, que esté integrado por todos los actores y que asesore al Presidente.

Además, debe contar con un sistema de inteligencia donde participen todas las agencias, quienes, lideradas por un organismo, recopile, analice y entregue información estratégica para la toma de decisiones.

Que a su vez cuente con el poder necesario para solicitar información a otras unidades del Estado construyendo flujos de información que nutran permanentemente las decisiones.

La conducción política está fallando en ese otro diagnóstico y quizás sea el mayor problema que enfrentamos hoy. Sin una guía, sin un sistema y sin información estratégica será muy difícil enfrentar al crimen organizado.

Pues ellos sí cuentan con una guía, con un sistema y con información estratégica.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

                                                                       LA TRAVESÍA DE RONALD OJEDA: EL TENIENTE (R) QUE                                                                                           ESTABA EN LA MIRA DE LA FISCALÍA VENEZOLANA

Esteban González y Amelia Eguiguren

La Tercera Domingo, 25/02/2024

Detrás del cinematográfico secuestro del exmilitar, quien vivía en Chile desde agosto de 2018, se esconde una historia de presuntas conspiraciones, operaciones de inteligencia y el escape desde una prisión destinada a los opositores al régimen de Nicolás Maduro. Amigos de Ojeda reconocen que desde mediados de enero estaba en alerta: la supuesta confesión de un excapitán capturado, con quien mantenía fluido contacto, lo había situado como parte de un presunto plan para atacar un regimiento y matar al mandatario venezolano.

“Voy a hablar del caso ‘Brazalete Blanco’”, dijo en una extensa conferencia de prensa el pasado 14 de febrero Tarek William Saab, fiscal general del Ministerio Público de Venezuela. “Esto consistía en la planificación de un ataque contra la 21° Brigada de Infantería del Ejército Bolivariano para hacerse con el parque de armas de este cuerpo, luego de atentar contra la vida del gobernador Freddy Bernal y, posteriormente, iniciar una escalada de actos terroristas hasta el intento de magnicidio contra el Presidente Nicolás Maduro”, expresó Saab en un tono duro y pausado.

“Brazalete Blanco” es el nombre que se le habría dado a la supuesta operación de inteligencia en la que, según las autoridades venezolanas, estaría involucrada la DEA, agencia estadounidense contra las drogas, y la CIA, agencia de inteligencia norteamericana.

El caso, denunciado inicialmente por Venezuela el pasado 22 de enero junto a otras cuatro tramas de presuntas conspiraciones, ha provocado una ola de detenciones de exmilitares y opositores al régimen de Nicolás Maduro. Entre ellos está la abogada y activista Rocío San Miguel, cuya captura gatilló también la expulsión de Caracas de la oficina técnica del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

“No voy a mencionar todos los nombres, pero hay por este caso 19 involucrados, hay además 15 órdenes de detención por ejecutar, porque muchos están prófugos. Pero hay una detención clave, que fue la del exmilitar terrorista Ányelo Heredia”, explicó Saab en su conferencia.

De inmediato, el fiscal general pidió que se reprodujera un video que, agregó, fue clave para desbaratar la supuesta conspiración. Para varios exmilitares de ese país esta sería una pieza clave para entender el cinematográfico secuestro en Chile del exteniente venezolano Ronald Leandro Ojeda Moreno (32), ocurrido a las 3.10 horas del pasado martes desde su departamento en Independencia.

“Emprendí mi salida desde Estados Unidos por toda Centroamérica hasta llegar a Cúcuta (Colombia), donde iba a empezar a reunir el personal y hacer el trabajo de inteligencia para ingresar a Venezuela, evadiendo las alcabalas fronterizas”, dice en el video mirando a la cámara y vestido con un uniforme carcelario celeste el excapitán Ányelo Heredia Gervasio. Heredia fue detenido el 14 de diciembre pasado, cuando, presuntamente, se preparaba para iniciar la operación “Brazalete Blanco”.

En su supuesta confesión, Heredia también delató a quienes lo acompañarían en su plan de sabotaje. “Con las personas que yo iba a ingresar era el primer teniente Ojeda, el sargento Pérez y el sargento Angulo”, se escucha decir al excapitán. En Chile, y tras ver el video, el exteniente Ronald Ojeda supo de inmediato que se había convertido en un objetivo de la justicia venezolana, aseguran hoy sus amigos.

“Quedó muy preocupado, muy afectado en general. El año pasado Ronald tuvo mucho contacto con el capitán Heredia. Sabía que él no se prestaría para algo así, a menos que fuese por amenaza a su familia o tortura”, recuerda hoy desde España el también exteniente Eduardo Figueroa Marchena, quien compartió durante casi todo 2017 prisión con Ronald Ojeda en el penal de Ramo Verde, cerca de Caracas.

“También le preocupaba la situación en Chile luego de esa declaración. Creía que le podía afectar. Le recomendé que estuviera muy atento. Me dijo que lo estaría, que estaba cambiando sus rutinas”, rememora Figueroa sobre la última conversación que tuvo con Ojeda el lunes pasado, dos días antes de su desaparición. Desde noviembre del año pasado Ojeda recibió la calidad de refugiado político en nuestro país.

El secuestro de Ojeda -quien fue sacado a la fuerza desde su casa por cuatro sujetos armados, vestidos con pasamontañas y chalecos antibalas con logos de la PDI- ha llevado al gobierno de Chile a ponerse en “todas las hipótesis detrás del plagio”, entre ellas, un secuestro extorsivo por parte de bandas relacionadas al Tren de Aragua e, incluso, la posibilidad de un autosecuestro para generar impacto político.

Pero el hecho de que a cuatro días del rapto no se haya pedido dinero por su rescate, sumado al activismo antichavista de Ojeda y su supuesta vinculación con la operación “Brazalete Blanco”, han incrementado la teoría de un “secuestro poco común”. Una trama que tiene en vilo a su familia, pero también al gobierno de Chile y al Ministerio Público.

Secuestro en la torre 14. Es la mañana del jueves 22 de febrero y las miradas de los vecinos que salen del condominio ubicado en calle El Molino 1775, en la comuna de Independencia, son una mezcla de miedo y curiosidad ante el cerco de cámaras de televisión en el lugar. “Quienes sean los que hayan hecho esto, supieron hacerlo muy bien”, dice una residente sobre el secuestro de Ronald Ojeda.

Otros vecinos relatan que en el conjunto de dos edificios, de 25 pisos cada uno y de 600 departamentos en total, más de dos tercios de los habitantes son venezolanos, que se autodefinen “de clase media”, varios de los cuales dejaron propiedades y negocios en su tierra al emigrar a Chile.

El lugar está a sólo dos cuadras de un gran recinto de Carabineros que alberga el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV), la 30° Comisaría de Radiopatrullas y la 57° Comisaría Motorizada de la institución.

“Esto es algo muy delicado, la policía está a cargo y la orden es que ninguno de los conserjes puede decir nada de lo que pasó”, advierte brevemente el administrador sobre los hechos que ocurrieron a las 3.10 horas del pasado martes 20 de febrero, en el piso 14 de la torre A.

Horas más tarde, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, había confirmado que un grupo de cuatro desconocidos llegó a bordo de un auto gris marca Nissan, modelo Versa, del año 2020, al conjunto habitacional. En su parabrisas, una luz estroboscópica azul como las que usa la PDI destelló ante las cámaras de seguridad del condominio.

Desde su interior bajaron tres sujetos corpulentos, vestidos con equipamiento táctico, pasamontañas, cascos, banderas chilenas en sus brazos y con un caballete de los que usa la policía para derribar puertas en allanamientos.

“En la noche siempre quedan dos conserjes de turno. A esa hora uno andaba haciendo una ronda por los pasillos y el otro, que estaba solo, creyó de verdad que era la PDI la que había llegado y los dejó pasar”, relata otra vecina.

Rápidamente, los tres hombres tomaron uno de los ascensores de la torre A. Imágenes de las cámaras de seguridad, difundidas horas más tarde, los mostraron al interior conversando y manipulando sus teléfonos celulares, hasta que con total calma se bajaron en el piso 14.

Lo que vino después fue escuchado por varios de los vecinos. Un golpe seco que dejó un orificio en la puerta del departamento de Ojeda y los gritos desesperados de Jetsy, su mujer, y del hijo de ambos, de seis años.

“Se escucharon unos gritos muy fuertes, me despertaron. Pero no salí a mirar ni nada. En el chat de WhatsApp del edificio dijeron que la PDI se había llevado a alguien y los otros vecinos sólo reclamaron que por qué estaban haciendo ruido a esa hora, que eran gente de mal vivir”, comenta una vecina venezolana del piso 13 de la misma torre, quien por temor pide reserva de su identidad.

Las cámaras de seguridad difundidas por diferentes medios el jueves pasado mostraron a Ojeda semidesnudo, maniatado y tomado del cuello por uno de los tres falsos policías. Luego, sin forcejeos aparentes y con pistola en mano, uno de los hombres lo subió al falso auto policial que los esperaba al interior del estacionamiento de visitas.

Posteriormente, a las 3.57 horas, Costanera Norte detectó a través de sus cámaras que en la autopista en dirección al poniente, entre Bulnes y General Velásquez, en la comuna de Renca, un auto había sido abandonado.

Se trataba del mismo vehículo al que 46 minutos antes había sido subido Ronald Ojeda, el que llevaba patentes clonadas desde hace unos seis meses desde otro auto de la misma marca, modelo y color. Según ha trascendido, en las cámaras de la concesionaria no habría quedado registro de los captores subiendo al secuestrado a otro vehículo.

Por horas la versión de una detención policial siguió siendo lo que la comunidad del edificio creyó que había pasado. “Los ánimos no estaban muy buenos. La noche anterior había ocurrido un apagón y todo el mundo reclamaba contra la administración. Por eso, después de los gritos siguieron haciendo sólo reclamos”, señala la misma vecina del piso 13.

Sólo horas más tarde, cerca de las 6 de la madrugada, otro de los residentes escribió “no fue la PDI, fue un secuestro” en el chat. Lo que vino después fue silencio. “Su mujer está en el grupo de WhatsApp y todos entendieron que era mejor no decir nada más”, sostiene la mujer.

A esa hora Carabineros ya había recibido la denuncia hecha por la esposa de Ojeda y descartado que fuera una diligencia real de la PDI. El primer relato de la mujer habría apuntado de inmediato a que los captores tenían acento extranjero y a que el secuestro había sido orquestado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela.

Pero, hasta ahora, eso sigue siendo un absoluto misterio y una de las varias hipótesis del caso.

La contrainteligencia del teniente Ojeda. Nacido el 2 de septiembre de 1991, Ronald Ojeda proviene, según recuerdan sus cercanos, de una familia de pocos recursos. Por ello, no fue extraño que a los 16 años optara por la carrera militar.

De esa manera, el año 2008 ingresó a la Academia Militar de Venezuela. En uno de los varios videos que Ojeda grabó estando en Chile, relató que “yo era un niño por ese tiempo (…) y ese eslogan de la revolución bolivariana para mí era incomprensible”.

Sobre esa misma época el exmilitar secuestrado dijo en el video que “por esos años yo ya no era el joven militar, ya no era el joven estudiante de un instituto de formación de oficiales donde va a garantizar la seguridad a todos los ciudadanos, sino que simplemente un militante de un partido más”.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

                                                                        ¿SECUESTRO O ENTREGA NEGOCIADA? EL PAQUETE CHILENO

Ángel Alberto Bellorin, Coronel Retirado del Ejército Venezolano

Caracas, Venezuela, 22/02/2024

A propósito del presunto secuestro del joven Teniente del ejército venezolano de nombre Ronald Ojeda, ocurrido hace dos días en Chile, no se debe pasar por alto esta noticia que anexo.

Leyendo su contenido se puede mirar el bosque más allá del árbol puesto en escena. Algo huele mal y a quemado en Chile.

Observando las noticias en desarrollo sobre el tema, desde Santiago de Chile, puede determinarse que el vocero oficial sobre la investigación de la “desaparición”, que está generando órdenes de bloqueos fronterizos y alertas de interpol, es un Viceministro de nombre Manuel Monsalve.

Revisando la noticia compartida y videos sobre el tema, se verifica que el señor Monsalve estuvo en Venezuela el 18 de Enero de este mismo año y fue firmante de sendo convenio socialista de “Cooperación policial y criminal” entre Chile y Venezuela.

A pocos días de la firma de tal convenio secreto hasta ahora, no debe descartarse que este hecho sea producto de un acuerdo entre gobiernos y nos estén vendiendo a Venezuela y al mundo un “paquete chileno”.

Por todo lo anterior, es lógico pensar en una entrega controlada y directa del gobierno chileno a su homólogo socialista venezolano.

Esa rapidez en el desarrollo de los acontecimientos y la posibilidad que el oficial ya está en Venezuela, no es casualidad. Muy difícil una operación aislada tipo comando israelí en la extracción de Eichmann en Argentina.

La extradición tiene demasiada formalidad legal y judicial y Maduro necesita urgente más testigos militares que declaren que María Corina es la cabecilla de la operación Brazalete Blanco.

La comandante en jefe del ejército liberal restaurador del siglo XXI.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

                                                                                           OTRO MILITAR DESERTOR QUE VIVE EN CHILE PIDE                                                                                            PROTECCIÓN POLICIAL Y FISCALÍA IDENTIFICA DOS                                                                                             AUTOS MÁS UTILIZADOS EN SECUESTRO DE                                                                                                          TENIENTE  (R) VENEZOLANO

Víctor Rivera

La Tercera PM, 23/02/2024

Los investigadores detectaron dos patentes más asociadas al ilícito, cuyos vehículos tampoco cuentan con encargos por robo. En paralelo, Carabineros recibió una denuncia de otro exuniformado del país caribeño, quien en Talca dijo conocer a la víctima y tener “miedo” de que le ocurra algo similar. Se le dispuso una medida de protección de rondas periódicas en su domicilio.

A 48 horas del secuestro del teniente coronel (R) Ronald Ojeda, ni las policías ni las Fuerzas Armadas (FF. AA.), fiscales, y menos las autoridades de gobierno, saben cuáles fueron las motivaciones de la desaparición del exmilitar disidente del régimen de Nicolás Maduro.

La perplejidad, por ahora, es total, tanto así, que en las distintas reuniones que ha sostenido el gobierno con el equipo investigador del caso -el fiscal Héctor Barros y el jefe de la PDI, Sergio Muñoz-, tanto la ministra del Interior, Carolina Tohá, como el subsecretario, Manuel Monsalve, solicitan antecedentes para responder su principal inquietud: “¿Qué fue lo que pasó acá?”.

Los antecedentes del caso, por ahora, apuntan a tres hipótesis: una operación de extracción de la inteligencia venezolana; un autosecuestro; o bien, un urdido plan de venganza del crimen organizado.

En esa búsqueda para despejar cada una de estas líneas investigativas es que los investigadores detectaron la utilización de dos autos más para concretar el secuestro de Ojeda.

En la revisión de las cámaras de seguridad, tanto de las autopistas como las de tránsito en las calles cercanas a la zona norte de la capital, se identificaron dos patentes asociadas al secuestro. Los vehículos, si bien no han sido encontrados, de acuerdo a la revisión que hicieron los policías, no cuentan con encargo con robo vigente.

Lo mismo ocurrió con el único auto encontrado hasta ahora, en la Costanera Norte, y que resultó tener una patente clonada.

Otro de los peritajes relevantes en la indagatoria será lo que resulte del análisis del teléfono celular de la víctima, el cual ya está siendo periciado por los investigadores. Hasta ahora, sin embargo, no han dado con mensajes que den cuenta de amenazas o hechos que apunten a que haya tenido algún tipo de rencilla con alguna banda delictual.

En esa misma línea, quienes han conocido los testimonios de sus familiares, Ojeda no habría advertido a sus cercanos que se sentía amenazado o vigilado. Sin embargo, acá los peritos hacen una advertencia, pues la manera y el horario en que se ejecutó el secuestro, dio cuenta de una preparación previa y actuaron sabiendo que la víctima estaba en su domicilio, y totalmente desprevenido.

“Temo por mi vida”. Paralelamente a las investigaciones de la Fiscalía, sumaron otra denuncia asociada indirectamente al caso.

El mismo miércoles en la tarde, tras conocerse y estallar el caso del teniente (R) Ojeda, un exuniformado venezolano, también desertor del régimen de Maduro, llegó hasta la Cuarta Comisaría de Carabineros, en Talca.

“Temo por mi vida”, les dijo a los carabineros presentes en el lugar y aseguró -de acuerdo a su denuncia- conocer al teniente (R) Ojeda y estar en la misma condición de él, es decir, refugiado.

Por lo mismo, pidió a Carabineros protección policial, sin embargo, al policía derivó la solicitud a la Fiscalía, quienes accedieron a lo solicitado.

En base a esa resolución del Ministerio Público, la policía uniformada dispuso una medida de protección de rondas periódicas en torno al exmilitar venezolano, las cuales comenzaron a ejecutarse a partir de la jornada del jueves 22 de febrero.

Gobierno reconoce que el paradero de la víctima es “por ahora desconocido”. En el Ejecutivo están al tanto de la medida de protección dispuesta al militar (R) en Talca, dado que su preocupación en torno al caso es alta, más cuando las horas avanzan y se desconoce la motivación del secuestro, como también el paradero de Ojeda.

Por ahora, el gobierno concretó el ingreso de la querella anunciada el jueves por el subsecretario Monsalve. En el escrito de 11 páginas dio cuenta, brevemente, de cómo ocurrieron los hechos.

En el relato consignado en la acción judicial ingresada en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, señalan que “la víctima fue llevada atada de pies y manos, advirtiéndose que los hechores portaban lo que parecen ser armas de fuego y vestimentas similares a las utilizadas por funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile”.

Además, en el texto presentado por Interior se señala que a la víctima se la llevaron “por la fuerza en el vehículo en que se trasladaban, hacia un paradero por ahora desconocido”.

Entre las diligencias que el gobierno pidió a la Fiscalía están que se oficie a la Brigada de Investigaciones Especiales con el objeto de que confeccione un peritaje planímetro, que determine los lugares donde se verificaron los hechos y que realice un reconocimiento fotométrico de las cámaras de seguridad que podrían haber registrado el secuestro.

El caso sigue abriendo de más interrogantes, tanto a investigadores, policías y las autoridades de gobierno, donde conocer la trama tras el secuestro sigue sin ser resuelto.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel