Categoría: Seguridad y defensa

                                                                       AMIGO DEL TENIENTE (R) VENEZOLANO SECUESTRADO: “EL                                                                         RÉGIMEN DE MADURO LO VINCULABA CON UN INTENTO DE                                                                 GOLPE Y TENÍA UNA ORDEN DE CAPTURA”

Catalina Batarce

La Tercera PM, 23/02/2024

José Rodríguez fue compañero de Ronald Ojeda en la Academia Militar en Venezuela. Él fue quien pudo conversar con la hermana del militar secuestrado la madrugada del miércoles pasado y, como reconoce a La Tercera, no tienen dudas de que el gobierno de su país es el responsable. “Creemos que efectivamente fue capturado por parte del régimen de Venezuela”, dice en entrevista con La Tercera.

Los compañeros del teniente Ronald Ojeda Moreno quedaron consternados con la noticia de su secuestro, registrado la madrugada del miércoles 21 de febrero en la comuna de Independencia.

Aquello, porque si bien los militares venezolanos que dejaron su país “arrancando” del régimen de Nicolás Maduro saben que están en “constante riesgo”, Ojeda Moreno nunca pensó que estando en Chile podría ocurrirle algo.

Así, de hecho, lo relata a La Tercera el también teniente José Rodríguez, quien evidenció que su compañero de estudios había escogido nuestro país porque consideraba que existían las condiciones que le permitían estar seguro a él, a su esposa, a su hijo y a su hermana.

Se conocieron en 2008 cuando ingresaron a la Academia Militar del Ejército Venezolano y en 2017, como asevera, fueron capturados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar y luego torturados. En noviembre del mismo año lograron escapar y emprendieron rumbo a Perú.

Ahí se separaron, aunque siempre se mantuvieron en contacto, hasta que durante la madrugada del miércoles la hermana de Ojeda se comunicó con él para transmitirle que este había sido secuestrado y que, según ella, estaban en evidente peligro.

¿Cuándo fue la última conversación que sostuvo con el teniente Ojeda? Hace tres días. Las comunicaciones que manteníamos últimamente eran por el tema de que habían capturado a un capitán en Venezuela y ese capitán salió a dar declaraciones. Lo obligaron a decir que se estaba preparando un intento de golpe de Estado, por televisión.

A partir de eso fue que se produjeron una serie de detenciones y se emitieron órdenes de captura, como la de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel. Estábamos en constante comunicación los últimos días.

¿Se pensaba que él estaba implicado en ese intento de golpe? Sí, era lo que alegaba el régimen y había una orden de captura en su contra.

¿Consideran que este secuestro está vinculado directamente con esa orden? Sí, si el gobierno de Chile no está involucrado en el tema. Él pudo haber sido sacado de Chile por grupos irregulares afectos al régimen. Sacado quizás en una aeronave de algún diplomático de los gobiernos afectos al régimen de Maduro.

Sospechamos de algún avión que haya salido para Venezuela o hacia Bolivia o Colombia, que son los gobiernos que se prestan para dicho juego.

Pero si estuviera involucrado el gobierno, pues ya no sería secuestro. Ahí vemos los antecedentes de que en enero el subsecretario de Interior (Manuel Monsalve) fue a Venezuela y firmó un acuerdo en materia de seguridad con el gobierno venezolano y allí uno de los puntos que se firmaron es que Venezuela colaboraría entregando las listas de criminales que pudiesen representar un problema de seguridad para Chile.

Entonces, puede ser el caso de que el gobierno de Venezuela emitiera una orden de captura como si el teniente Ojeda Moreno fuera un criminal común, haciéndolo pasar como un sujeto de alta peligrosidad, y no por lo que en realidad estaba siendo buscado. El gobierno de Chile pudo haber caído.

Se ha dicho que él ya estaría en Venezuela. ¿Tiene información al respecto? Pues lo que nos han dicho. Por lo menos a mí, tres fuentes que he consultado me dicen que sí, pero no he podido corroborar a ciencia cierta.

¿Tiene información de que otros exmilitares estén en situación de riesgo? Tengo entendido que dos funcionarios denunciaron estar en situaciones vulnerables, que hace tres días un funcionario denunció que un vehículo estuvo horas fuera de su vivienda y que a otro lo asaltaron.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

                                                                        SEGURIDAD: EL OTRO DIAGNÓSTICO

Pilar Lizana, Investigadora Athenalab, experta en Seguridad, Narcotráfico y Defensa.

El Líbero, Columnas, 23/02/2024

La conducción política está fallando y quizás sea el mayor problema que enfrentamos hoy. Sin una guía, sin un sistema y sin información estratégica será muy difícil enfrentar al crimen organizado.

Barras bravas, asaltos violentos en la vía pública y, ahora, el secuestro de un exmilitar venezolano asilado en Chile. Crimen organizado y delincuencia común, todo al mismo tiempo.

El diagnóstico en materia de seguridad lo tenemos bastante claro. Sin embargo, poco hemos reflexionado sobre el otro diagnóstico: el que dice relación con las capacidades del Estado.

El Cosena, el Gabinete Pro-Seguridad y la agenda legislativa son instancias a través de las cuales el gobierno busca contener el avance de la criminalidad. No obstante, falta la pregunta de fondo ¿cuenta Chile con las capacidades necesarias para combatir la nueva cara del delito?

Instituciones que funcionan, tenemos. Las policías y el Ministerio Público desarrollan operaciones en conjunto que han tenido buenos resultado y las Fuerzas Armadas han demostrado estar listas para enfrentar cualquier misión que les encomienden. Entonces, herramientas del Estado hay.

Si es así ¿por qué sigue llegando el crimen organizado y consolidándose la violencia?

Un pilar fundamental en materia de seguridad lo constituye el poder político. Desde ahí nace la conducción de la seguridad, las definiciones de las amenazas y las prioridades. Desde ahí es posible intentar responder a esa pregunta.

Y, justo en esa respuesta estamos fallando. Pareciera que lo que está sobrepasado es la conducción política y no las instituciones.

Se ha comentado sobre la importancia del relato y su coherencia y de las señales que se envíen a los ciudadanos. No hay duda de que es fundamental que lo anterior se estructure de la mejor manera posible, pero más importante es que se comprenda el problema y las múltiples dimensiones que están contenidas en la nueva configuración de panorama de seguridad en Chile.

Para ello, el Estado requiere de un sistema de seguridad nacional. Sí, nacional. Sólo así la seguridad exterior y la seguridad interna se encontrarán contenidas en la misma entidad. Sólo así todas las instituciones podrán contribuir a la tarea de llevar la paz a todos los rincones del país.

Un sistema de seguridad nacional implica contar con un ente coordinador que se ubique en un nivel jerárquico superior a los demás ministerios, que esté integrado por todos los actores y que asesore al Presidente.

Además, debe contar con un sistema de inteligencia donde participen todas las agencias, quienes, lideradas por un organismo, recopile, analice y entregue información estratégica para la toma de decisiones.

Que a su vez cuente con el poder necesario para solicitar información a otras unidades del Estado construyendo flujos de información que nutran permanentemente las decisiones.

La conducción política está fallando en ese otro diagnóstico y quizás sea el mayor problema que enfrentamos hoy. Sin una guía, sin un sistema y sin información estratégica será muy difícil enfrentar al crimen organizado.

Pues ellos sí cuentan con una guía, con un sistema y con información estratégica.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

                                                                       LA TRAVESÍA DE RONALD OJEDA: EL TENIENTE (R) QUE                                                                                           ESTABA EN LA MIRA DE LA FISCALÍA VENEZOLANA

Esteban González y Amelia Eguiguren

La Tercera Domingo, 25/02/2024

Detrás del cinematográfico secuestro del exmilitar, quien vivía en Chile desde agosto de 2018, se esconde una historia de presuntas conspiraciones, operaciones de inteligencia y el escape desde una prisión destinada a los opositores al régimen de Nicolás Maduro. Amigos de Ojeda reconocen que desde mediados de enero estaba en alerta: la supuesta confesión de un excapitán capturado, con quien mantenía fluido contacto, lo había situado como parte de un presunto plan para atacar un regimiento y matar al mandatario venezolano.

“Voy a hablar del caso ‘Brazalete Blanco’”, dijo en una extensa conferencia de prensa el pasado 14 de febrero Tarek William Saab, fiscal general del Ministerio Público de Venezuela. “Esto consistía en la planificación de un ataque contra la 21° Brigada de Infantería del Ejército Bolivariano para hacerse con el parque de armas de este cuerpo, luego de atentar contra la vida del gobernador Freddy Bernal y, posteriormente, iniciar una escalada de actos terroristas hasta el intento de magnicidio contra el Presidente Nicolás Maduro”, expresó Saab en un tono duro y pausado.

“Brazalete Blanco” es el nombre que se le habría dado a la supuesta operación de inteligencia en la que, según las autoridades venezolanas, estaría involucrada la DEA, agencia estadounidense contra las drogas, y la CIA, agencia de inteligencia norteamericana.

El caso, denunciado inicialmente por Venezuela el pasado 22 de enero junto a otras cuatro tramas de presuntas conspiraciones, ha provocado una ola de detenciones de exmilitares y opositores al régimen de Nicolás Maduro. Entre ellos está la abogada y activista Rocío San Miguel, cuya captura gatilló también la expulsión de Caracas de la oficina técnica del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

“No voy a mencionar todos los nombres, pero hay por este caso 19 involucrados, hay además 15 órdenes de detención por ejecutar, porque muchos están prófugos. Pero hay una detención clave, que fue la del exmilitar terrorista Ányelo Heredia”, explicó Saab en su conferencia.

De inmediato, el fiscal general pidió que se reprodujera un video que, agregó, fue clave para desbaratar la supuesta conspiración. Para varios exmilitares de ese país esta sería una pieza clave para entender el cinematográfico secuestro en Chile del exteniente venezolano Ronald Leandro Ojeda Moreno (32), ocurrido a las 3.10 horas del pasado martes desde su departamento en Independencia.

“Emprendí mi salida desde Estados Unidos por toda Centroamérica hasta llegar a Cúcuta (Colombia), donde iba a empezar a reunir el personal y hacer el trabajo de inteligencia para ingresar a Venezuela, evadiendo las alcabalas fronterizas”, dice en el video mirando a la cámara y vestido con un uniforme carcelario celeste el excapitán Ányelo Heredia Gervasio. Heredia fue detenido el 14 de diciembre pasado, cuando, presuntamente, se preparaba para iniciar la operación “Brazalete Blanco”.

En su supuesta confesión, Heredia también delató a quienes lo acompañarían en su plan de sabotaje. “Con las personas que yo iba a ingresar era el primer teniente Ojeda, el sargento Pérez y el sargento Angulo”, se escucha decir al excapitán. En Chile, y tras ver el video, el exteniente Ronald Ojeda supo de inmediato que se había convertido en un objetivo de la justicia venezolana, aseguran hoy sus amigos.

“Quedó muy preocupado, muy afectado en general. El año pasado Ronald tuvo mucho contacto con el capitán Heredia. Sabía que él no se prestaría para algo así, a menos que fuese por amenaza a su familia o tortura”, recuerda hoy desde España el también exteniente Eduardo Figueroa Marchena, quien compartió durante casi todo 2017 prisión con Ronald Ojeda en el penal de Ramo Verde, cerca de Caracas.

“También le preocupaba la situación en Chile luego de esa declaración. Creía que le podía afectar. Le recomendé que estuviera muy atento. Me dijo que lo estaría, que estaba cambiando sus rutinas”, rememora Figueroa sobre la última conversación que tuvo con Ojeda el lunes pasado, dos días antes de su desaparición. Desde noviembre del año pasado Ojeda recibió la calidad de refugiado político en nuestro país.

El secuestro de Ojeda -quien fue sacado a la fuerza desde su casa por cuatro sujetos armados, vestidos con pasamontañas y chalecos antibalas con logos de la PDI- ha llevado al gobierno de Chile a ponerse en “todas las hipótesis detrás del plagio”, entre ellas, un secuestro extorsivo por parte de bandas relacionadas al Tren de Aragua e, incluso, la posibilidad de un autosecuestro para generar impacto político.

Pero el hecho de que a cuatro días del rapto no se haya pedido dinero por su rescate, sumado al activismo antichavista de Ojeda y su supuesta vinculación con la operación “Brazalete Blanco”, han incrementado la teoría de un “secuestro poco común”. Una trama que tiene en vilo a su familia, pero también al gobierno de Chile y al Ministerio Público.

Secuestro en la torre 14. Es la mañana del jueves 22 de febrero y las miradas de los vecinos que salen del condominio ubicado en calle El Molino 1775, en la comuna de Independencia, son una mezcla de miedo y curiosidad ante el cerco de cámaras de televisión en el lugar. “Quienes sean los que hayan hecho esto, supieron hacerlo muy bien”, dice una residente sobre el secuestro de Ronald Ojeda.

Otros vecinos relatan que en el conjunto de dos edificios, de 25 pisos cada uno y de 600 departamentos en total, más de dos tercios de los habitantes son venezolanos, que se autodefinen “de clase media”, varios de los cuales dejaron propiedades y negocios en su tierra al emigrar a Chile.

El lugar está a sólo dos cuadras de un gran recinto de Carabineros que alberga el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV), la 30° Comisaría de Radiopatrullas y la 57° Comisaría Motorizada de la institución.

“Esto es algo muy delicado, la policía está a cargo y la orden es que ninguno de los conserjes puede decir nada de lo que pasó”, advierte brevemente el administrador sobre los hechos que ocurrieron a las 3.10 horas del pasado martes 20 de febrero, en el piso 14 de la torre A.

Horas más tarde, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, había confirmado que un grupo de cuatro desconocidos llegó a bordo de un auto gris marca Nissan, modelo Versa, del año 2020, al conjunto habitacional. En su parabrisas, una luz estroboscópica azul como las que usa la PDI destelló ante las cámaras de seguridad del condominio.

Desde su interior bajaron tres sujetos corpulentos, vestidos con equipamiento táctico, pasamontañas, cascos, banderas chilenas en sus brazos y con un caballete de los que usa la policía para derribar puertas en allanamientos.

“En la noche siempre quedan dos conserjes de turno. A esa hora uno andaba haciendo una ronda por los pasillos y el otro, que estaba solo, creyó de verdad que era la PDI la que había llegado y los dejó pasar”, relata otra vecina.

Rápidamente, los tres hombres tomaron uno de los ascensores de la torre A. Imágenes de las cámaras de seguridad, difundidas horas más tarde, los mostraron al interior conversando y manipulando sus teléfonos celulares, hasta que con total calma se bajaron en el piso 14.

Lo que vino después fue escuchado por varios de los vecinos. Un golpe seco que dejó un orificio en la puerta del departamento de Ojeda y los gritos desesperados de Jetsy, su mujer, y del hijo de ambos, de seis años.

“Se escucharon unos gritos muy fuertes, me despertaron. Pero no salí a mirar ni nada. En el chat de WhatsApp del edificio dijeron que la PDI se había llevado a alguien y los otros vecinos sólo reclamaron que por qué estaban haciendo ruido a esa hora, que eran gente de mal vivir”, comenta una vecina venezolana del piso 13 de la misma torre, quien por temor pide reserva de su identidad.

Las cámaras de seguridad difundidas por diferentes medios el jueves pasado mostraron a Ojeda semidesnudo, maniatado y tomado del cuello por uno de los tres falsos policías. Luego, sin forcejeos aparentes y con pistola en mano, uno de los hombres lo subió al falso auto policial que los esperaba al interior del estacionamiento de visitas.

Posteriormente, a las 3.57 horas, Costanera Norte detectó a través de sus cámaras que en la autopista en dirección al poniente, entre Bulnes y General Velásquez, en la comuna de Renca, un auto había sido abandonado.

Se trataba del mismo vehículo al que 46 minutos antes había sido subido Ronald Ojeda, el que llevaba patentes clonadas desde hace unos seis meses desde otro auto de la misma marca, modelo y color. Según ha trascendido, en las cámaras de la concesionaria no habría quedado registro de los captores subiendo al secuestrado a otro vehículo.

Por horas la versión de una detención policial siguió siendo lo que la comunidad del edificio creyó que había pasado. “Los ánimos no estaban muy buenos. La noche anterior había ocurrido un apagón y todo el mundo reclamaba contra la administración. Por eso, después de los gritos siguieron haciendo sólo reclamos”, señala la misma vecina del piso 13.

Sólo horas más tarde, cerca de las 6 de la madrugada, otro de los residentes escribió “no fue la PDI, fue un secuestro” en el chat. Lo que vino después fue silencio. “Su mujer está en el grupo de WhatsApp y todos entendieron que era mejor no decir nada más”, sostiene la mujer.

A esa hora Carabineros ya había recibido la denuncia hecha por la esposa de Ojeda y descartado que fuera una diligencia real de la PDI. El primer relato de la mujer habría apuntado de inmediato a que los captores tenían acento extranjero y a que el secuestro había sido orquestado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela.

Pero, hasta ahora, eso sigue siendo un absoluto misterio y una de las varias hipótesis del caso.

La contrainteligencia del teniente Ojeda. Nacido el 2 de septiembre de 1991, Ronald Ojeda proviene, según recuerdan sus cercanos, de una familia de pocos recursos. Por ello, no fue extraño que a los 16 años optara por la carrera militar.

De esa manera, el año 2008 ingresó a la Academia Militar de Venezuela. En uno de los varios videos que Ojeda grabó estando en Chile, relató que “yo era un niño por ese tiempo (…) y ese eslogan de la revolución bolivariana para mí era incomprensible”.

Sobre esa misma época el exmilitar secuestrado dijo en el video que “por esos años yo ya no era el joven militar, ya no era el joven estudiante de un instituto de formación de oficiales donde va a garantizar la seguridad a todos los ciudadanos, sino que simplemente un militante de un partido más”.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

                                                                        ¿SECUESTRO O ENTREGA NEGOCIADA? EL PAQUETE CHILENO

Ángel Alberto Bellorin, Coronel Retirado del Ejército Venezolano

Caracas, Venezuela, 22/02/2024

A propósito del presunto secuestro del joven Teniente del ejército venezolano de nombre Ronald Ojeda, ocurrido hace dos días en Chile, no se debe pasar por alto esta noticia que anexo.

Leyendo su contenido se puede mirar el bosque más allá del árbol puesto en escena. Algo huele mal y a quemado en Chile.

Observando las noticias en desarrollo sobre el tema, desde Santiago de Chile, puede determinarse que el vocero oficial sobre la investigación de la “desaparición”, que está generando órdenes de bloqueos fronterizos y alertas de interpol, es un Viceministro de nombre Manuel Monsalve.

Revisando la noticia compartida y videos sobre el tema, se verifica que el señor Monsalve estuvo en Venezuela el 18 de Enero de este mismo año y fue firmante de sendo convenio socialista de “Cooperación policial y criminal” entre Chile y Venezuela.

A pocos días de la firma de tal convenio secreto hasta ahora, no debe descartarse que este hecho sea producto de un acuerdo entre gobiernos y nos estén vendiendo a Venezuela y al mundo un “paquete chileno”.

Por todo lo anterior, es lógico pensar en una entrega controlada y directa del gobierno chileno a su homólogo socialista venezolano.

Esa rapidez en el desarrollo de los acontecimientos y la posibilidad que el oficial ya está en Venezuela, no es casualidad. Muy difícil una operación aislada tipo comando israelí en la extracción de Eichmann en Argentina.

La extradición tiene demasiada formalidad legal y judicial y Maduro necesita urgente más testigos militares que declaren que María Corina es la cabecilla de la operación Brazalete Blanco.

La comandante en jefe del ejército liberal restaurador del siglo XXI.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

                                                                                           OTRO MILITAR DESERTOR QUE VIVE EN CHILE PIDE                                                                                            PROTECCIÓN POLICIAL Y FISCALÍA IDENTIFICA DOS                                                                                             AUTOS MÁS UTILIZADOS EN SECUESTRO DE                                                                                                          TENIENTE  (R) VENEZOLANO

Víctor Rivera

La Tercera PM, 23/02/2024

Los investigadores detectaron dos patentes más asociadas al ilícito, cuyos vehículos tampoco cuentan con encargos por robo. En paralelo, Carabineros recibió una denuncia de otro exuniformado del país caribeño, quien en Talca dijo conocer a la víctima y tener “miedo” de que le ocurra algo similar. Se le dispuso una medida de protección de rondas periódicas en su domicilio.

A 48 horas del secuestro del teniente coronel (R) Ronald Ojeda, ni las policías ni las Fuerzas Armadas (FF. AA.), fiscales, y menos las autoridades de gobierno, saben cuáles fueron las motivaciones de la desaparición del exmilitar disidente del régimen de Nicolás Maduro.

La perplejidad, por ahora, es total, tanto así, que en las distintas reuniones que ha sostenido el gobierno con el equipo investigador del caso -el fiscal Héctor Barros y el jefe de la PDI, Sergio Muñoz-, tanto la ministra del Interior, Carolina Tohá, como el subsecretario, Manuel Monsalve, solicitan antecedentes para responder su principal inquietud: “¿Qué fue lo que pasó acá?”.

Los antecedentes del caso, por ahora, apuntan a tres hipótesis: una operación de extracción de la inteligencia venezolana; un autosecuestro; o bien, un urdido plan de venganza del crimen organizado.

En esa búsqueda para despejar cada una de estas líneas investigativas es que los investigadores detectaron la utilización de dos autos más para concretar el secuestro de Ojeda.

En la revisión de las cámaras de seguridad, tanto de las autopistas como las de tránsito en las calles cercanas a la zona norte de la capital, se identificaron dos patentes asociadas al secuestro. Los vehículos, si bien no han sido encontrados, de acuerdo a la revisión que hicieron los policías, no cuentan con encargo con robo vigente.

Lo mismo ocurrió con el único auto encontrado hasta ahora, en la Costanera Norte, y que resultó tener una patente clonada.

Otro de los peritajes relevantes en la indagatoria será lo que resulte del análisis del teléfono celular de la víctima, el cual ya está siendo periciado por los investigadores. Hasta ahora, sin embargo, no han dado con mensajes que den cuenta de amenazas o hechos que apunten a que haya tenido algún tipo de rencilla con alguna banda delictual.

En esa misma línea, quienes han conocido los testimonios de sus familiares, Ojeda no habría advertido a sus cercanos que se sentía amenazado o vigilado. Sin embargo, acá los peritos hacen una advertencia, pues la manera y el horario en que se ejecutó el secuestro, dio cuenta de una preparación previa y actuaron sabiendo que la víctima estaba en su domicilio, y totalmente desprevenido.

“Temo por mi vida”. Paralelamente a las investigaciones de la Fiscalía, sumaron otra denuncia asociada indirectamente al caso.

El mismo miércoles en la tarde, tras conocerse y estallar el caso del teniente (R) Ojeda, un exuniformado venezolano, también desertor del régimen de Maduro, llegó hasta la Cuarta Comisaría de Carabineros, en Talca.

“Temo por mi vida”, les dijo a los carabineros presentes en el lugar y aseguró -de acuerdo a su denuncia- conocer al teniente (R) Ojeda y estar en la misma condición de él, es decir, refugiado.

Por lo mismo, pidió a Carabineros protección policial, sin embargo, al policía derivó la solicitud a la Fiscalía, quienes accedieron a lo solicitado.

En base a esa resolución del Ministerio Público, la policía uniformada dispuso una medida de protección de rondas periódicas en torno al exmilitar venezolano, las cuales comenzaron a ejecutarse a partir de la jornada del jueves 22 de febrero.

Gobierno reconoce que el paradero de la víctima es “por ahora desconocido”. En el Ejecutivo están al tanto de la medida de protección dispuesta al militar (R) en Talca, dado que su preocupación en torno al caso es alta, más cuando las horas avanzan y se desconoce la motivación del secuestro, como también el paradero de Ojeda.

Por ahora, el gobierno concretó el ingreso de la querella anunciada el jueves por el subsecretario Monsalve. En el escrito de 11 páginas dio cuenta, brevemente, de cómo ocurrieron los hechos.

En el relato consignado en la acción judicial ingresada en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, señalan que “la víctima fue llevada atada de pies y manos, advirtiéndose que los hechores portaban lo que parecen ser armas de fuego y vestimentas similares a las utilizadas por funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile”.

Además, en el texto presentado por Interior se señala que a la víctima se la llevaron “por la fuerza en el vehículo en que se trasladaban, hacia un paradero por ahora desconocido”.

Entre las diligencias que el gobierno pidió a la Fiscalía están que se oficie a la Brigada de Investigaciones Especiales con el objeto de que confeccione un peritaje planímetro, que determine los lugares donde se verificaron los hechos y que realice un reconocimiento fotométrico de las cámaras de seguridad que podrían haber registrado el secuestro.

El caso sigue abriendo de más interrogantes, tanto a investigadores, policías y las autoridades de gobierno, donde conocer la trama tras el secuestro sigue sin ser resuelto.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

                                                         Imposición del Orden y la Seguridad
                                                         Por una vez digamos la verdad.1 (2)

La “seguridad ciudadana” es el producto de las acciones y previsiones del Estado para proteger a los ciudadanos y asegurar su calidad de vida.
La percepción de inseguridad en 2023 Chile alcanzó el 90,6%, la más alta en 10 años y muestra un incremento del 23% respecto a 2022 fue 70,6%
Por su parte, el índice de percepción ciudadana sobre la situación de la seguridad pública señala que el miedo de la población chilena a ser atacado alcanzó su máximo registro histórico llegando al 30,5%.
Durante 2012 el 24%; de los hogares chilenos fue víctima de algún delito como robo con violencia o intimidación, robo por sorpresa, robo de vehículos y hurtos; 2013 el 21%; durante el año 2019 fue 23,6%; en 2021 fue de 21%.
Es decir, en términos reales, la criminalidad ha variado relativamente poco.
Sin embargo, hay consenso general que hoy día Chile sufre una aguda crisis de seguridad.
La Declaración de Derechos del Hombre (1789) señala que “La libertad consiste en poder hacer todo lo que no sea perjudicial al otro. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otro límite que aquellos que aseguren a los otros miembros de la sociedad el disfrute de estos mismos derechos; estos límites sólo pueden estar determinados por la ley”. El concepto de “orden público” establece garantía y límite a la libertad.
Este concepto evolucionó hacia el de “seguridad ciudadana” mucho más amplio, que incorpora los valores del Estado Social y Democrático; llevando al concepto más allá de forzar a los ciudadanos a la “obediencia a la norma” sino a garantizar la “calidad de vida” de los mismos. Este cambio es crítico ya permite percibir con claridad que frente a las demandas de seguridad, la democracia aparece asociada a sentimientos de peligro, miedo y urgencia.
Se trata, entonces, de dejar de lado el paradigma del orden, para ubicarnos en el de la seguridad urbana, entendiendo seguridad de las personas y no seguridad del Estado. Si la inseguridad y el miedo han aumento considerablemente y la criminalidad ha variado relativamente poco es porque debe haber otros factores concomitantes que no estamos valorando.

En efecto, la primera amenaza existencial a los chilenos vino del alzamiento pre- revolucionario de octubre 2019 que puso en duda la continuidad democrática de Chile y su condición de Nación. Luego surgió la inmigración ilegal, que cambió por completo a barrios y pueblos e introdujo un elemento de tensión social integral; después y conexo con lo señalado apareció la práctica de delitos atroces, desconocidos para los chilenos y detalladamente difundidos por la televisión: el descuartizamiento de las víctimas, los secuestros extorsivos, el sicariato profesional, las “encerronas” y “portonazos”, el pandillerismo como forma de vida, la guerra entre bandas delictuales, el abandono de las víctimas en lugar públicos y concurridos, la depreciación intensa del respeto a la ley, la higiene y las conductas ciudadanas civilizadas.
Si sumamos la seguidilla de eventos electorales constitucionales; la crisis económica; la expresión y práctica de un partido político de extrema izquierda y de varios grupos anarquistas validando el empleo de la violencia con fines políticos anti democráticos, podemos apreciar que mirado en forma realista y amplia, el temor y la incertidumbre de la ciudadanía decente de Chile respecto a su seguridad actual y futura, en su casa y fuera de ella, en su transporte público o privado en los barrios comerciales y residenciales y prácticamente en todo su hábitat es completamente naturales y fundados. A lo señalado se suma la evidente incompetencia y deshonestidad de muchos órganos de gobierno, legislativos y judiciales.
Volviendo al tema que nos interesa, si los que buscamos es la “seguridad ciudadana” y no “la seguridad del estado”, es en el funcionamiento de éste el lugar en donde debemos buscar la causa y no solo hacerlo en las Policías, las que, por cierto, están sujetas a crítica como todos los demás órganos del estado de Chile.
Parece evidente que la refundación de Carabineros de Chile será un aporte menor y de baja prioridad para el bienestar y seguridad de los ciudadanos.
En este marco, la necesidad social de seguridad de personas y bienes justifica, per se, la existencia de la policía. De esta manera, los ciudadanos son los primeros interesados en colaborar con la actuación policial, de tal suerte que se evite el recurso a la fuerza. Para concluir, podríamos decir que el modelo de policía comunitaria tiene su última justificación en el mantenimiento de la seguridad de las personas.
Chile y Carabineros de Chile en particular han dado pasos firmes hacia la conformación una policía “comunitaria”, “educadora” y “correctiva” que le ha hecho ganar la estima de la ciudadanía y le ha permitido avanzar un largo trecho para adaptarse al Chile del siglo XXI con tanto éxito como lo ha hecho hasta hoy.
En una próxima oportunidad, veremos el concepto de Plan Cuadrante y la necesidad de otra organización policial integrada a Carabineros pero operada directamente por el Ministerios del Interior (o de Seguridad Pública), para manejar temas complicados, con fuerte carga política, que conflictúan con la existencia de una policía “comunitaria” realmente eficaz; me refiero al control de disturbios, multitudes agresivas y descontroladas, de grupos políticos violentos y de terroristas, delitos de ocurrencia ocasional pero de alta peligrosidad e intensamente potenciadoras de la inseguridad ciudadana.

Fernando Thauby García
Melosilla 20 de febrero de 2024

Un aporte de nuestro Past Presidente, Humberto Julio Reyes

Este paper forma parte de un conjunto de varios documentos que, bajo un mismo título seguido de un número correlativo conforma una propuesta estratégica de seguridad ciudadana.

                                                                                Imposición del Orden y la Seguridad
                                                                                    Por una vez, digamos verdades

La reciente reunión del Consejo de Seguridad Nacional, cuyo texto fue publicado por el gobierno, fue  fraude. En efecto, la ciudadanía creyó que se trataría de la seguridad que les importa a ellos y así lo dejó creer el gobierno. Pero no, el tema era darle más vueltas al manido tema de la “protección de la infraestructura” de servicios por parte de las FFAA.
Del texto quedó claro que el asunto de fondo era constatar que tanto las FFAA como el Gobierno no querían que, durante la existencia de un Estado de Excepción Constitucional específico, éstas se involucraran en la protección de la ciudadanía que vive en áreas urbanas.
Llevamos años dando vuelta al tema de las FFAA en la seguridad interna. El asunto es simple y claro: El responsable y encargado de proveer a los ciudadanos de un entorno seguro en el cual llevar a cabo su vida y actividades es el Gobierno. Todas las Constituciones habidas y por haber así lo establecen. Es el eje del contrato social mediante el cual los ciudadanos entregan parte de su libertad y su dinero al Estado, a cambio de la protección de su vida y sus bienes. En Chile, la Constitución entrega esta tarea al Presidente de la República y éste lo lleva a cabo mediante un conjunto de instituciones que la misma Constitución establece.
Para enfrentar situaciones extraordinarias, la Constitución considera la existencia de Estados de Excepción Constitucional que a su vez requieren su confirmación por parte del Congreso. Este Estado de Excepción otorga al Presidente la facultad de determinar la forma y oportunidad del empleo de las FFAA en tareas de orden y seguridad.
En breve, la responsabilidad de la conservación del orden y la seguridad es responsabilidad del Presidente en tiempos normales, refrendado por el Congreso en tiempos extraordinarios.
Si el poder político (ejecutivo y congreso) quieren eliminar un Estado de Excepción, o modificarlo, es asunto suyo, en el cual los militares no tienen opinión. Es una elección política.
Desde otra perspectiva, la Constitución excluye a las FFAA de las tareas de resguardo del orden y la seguridad pública, pero reconoce que puede haber situaciones “excepcionales” que serán definidas y juzgadas así por el Poder Político; es decir tiene claro que existen situaciones fuera de la normalidad y que se requiere el empleo de medios y recursos de fuerza excepcionales. En este caso, La misma Constitución establece que esas fuerzas son las FFAA, que tienen características de equipamiento, empleo y objetivos específicos derivados también de la misma Constitución. Son fuerzas de combate para la defensa armada y exterior de la República.
Esto nos permite apreciar que si se vive una situación de tal magnitud que el Gobierno declara un Estado de Excepción que lo autoriza a emplear a las FFAA y que éstas son, sin duda, fuerzas de combate, las consecuencias de su empleo son de su exclusiva responsabilidad, ya que el Congreso lo autorizó a emplear los recursos de fuerzas existentes tal y como son. Si quiere otro tipo de capacidades deberá fundar otras instituciones o modificar profundamente las existentes, renunciando a disponer de fuerzas de combate.
Si no era eso lo que quería, debería levantar el Estado de Excepción.
De la misma manera, deberá asumirá que el empleo de las fuerzas tendrá consigo un determinado nivel de eficacia y un probable nivel de bajas. De esta realidad es de donde surge el poder disuasivo del ejecutivo – a través de sus FFAA- hacia los causantes del caos, que los llevará a desistir de sus empeños violentos o a enfrentar conscientemente los efectos de su elección. Es absurdo enviar una fuerza de combate con prohibición de emplear sus medios de combate. Los oponentes, conocedores de esa situación actuarán aún más violentamente. A contrario sensu, su aparición en la escena, estando conscientes que se empeñarán en combate en cualquier momento es, efectivamente disuasivo y las probabilidades que haya un encuentro mayor, decrecen fuertemente.
La derrota de las FFAA es el primer paso de la derrota del Estado.
Por ahora, creo que está establecido, uno, que para un gobierno tomar decisiones a medias es mucho más peligroso de lo que parece y segundo que no debería declarar Estado de Emergencia en una situación que no es tal y que no válida el empleo de fuerzas militares.
Tratar de modificar sobre la marcha la naturaleza de una fuerza de combate es tentar al destino y correr riesgos imposibles de cuantificar.
¿En qué condiciones las FFAA pueden actuar con eficiencia en la protección del orden y seguridad pública? ¿Quién asume las responsabilidades políticas y operativas? ¿Quién manda que?
En una próxima oportunidad revisaremos estos y otros aspectos críticos de este problema.

Fernando Thauby García
Melosilla, 17 de febrero de 2024

Un aporte de nuestro Past Presidente, Humberto Julio Reyes