Categoría: Seguridad y defensa

                                                                           “CASAS DE PIQUE”: EL MÉTODO PARA DESCUARTIZAR QUE                              PODRÍA HABER LLEGADO A CHILE

Diana Lozano Perafán

El Líbero, 24/11/2023

Al menos ocho casos en los que se ha empleado el modus operandi de descuartizar a las víctimas se han registrado en el país entre abril y noviembre de este año, lo que da un promedio de uno al mes. Aunque las autoridades no se arriesgan a afirmar que la práctica de «picar» personas esté instaurada en el territorio nacional, la ministra del Interior, Carolina Tohá, sí dijo ayer que se trataba de «prácticas extremadamente repugnantes que en Chile no habíamos conocido». En tanto, Claudia Carrasquilla, ex fiscal nacional de crimen organizado en Colombia, señala a El Líbero que estos desmembramientos de personas son comunes en Buenaventura y Medellín, ciudades de donde provenían criminales que fueron detenidos en Chile. En Bogotá hubo el año pasado 23 casos, muchos de los cuales fueron atribuidos a «El Tren de Aragua», banda venezolana que también actúa en el territorio nacional.

Una pierna en el mar, una cabeza en una caja en un basurero, otra colgando de un árbol, un torso con las manos amarradas a la espalda y con las piernas sólo hasta las rodillas en plena avenida Alameda. Macabros han sido los hallazgos de partes humanas que se han registrado en diversas regiones del territorio nacional en los últimos meses. Anteriormente el método de descuartizar se veía en las noticias de otros países o en películas o series, pero no de forma frecuente en los reportes de crímenes nacionales.

Entre abril y noviembre de este año van al menos ocho casos en todo el país -cuatro en la Región Metropolitana-, lo que da un promedio de uno por mes. El último fue en Coquimbo hace poco días.

“Este no era un modus operandi tradicional en Chile, era muy excepcional (…). Es ajeno a nuestra historia criminal. Es importante mirarlo con mucha atención porque ha ocurrido en otras partes del mundo. En Colombia y en Argentina ha ocurrido”, señala a El Líbero Felipe Harboe.

Al ex subsecretario del Interior le llaman la atención las cifras. “Tenemos casi un hallazgo por mes. Esto habla de que estamos en presencia de una situación que, si bien todavía sigue siendo aislada en el contexto de la cantidad de delitos que hay en Chile, resulta preocupante porque, por alguna razón, está aumentando”, indica.

Ministra Tohá: “Prácticas extremadamente repugnantes que en Chile no habíamos conocido”. En el marco de la reunión del Consejo Nacional contra el Crimen Organizado, encuentro que tuvo que adelantarse dada la contingencia en materia de seguridad y que se efectuó ayer, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a los casos en los que se ha empleado el método de descuartizar, así como a otros sucesos en extremo violentos que se han registrado en las últimas semanas.

Tohá habló de “hechos de sangre que además se desarrollan a través de prácticas extremadamente repugnantes que en Chile no habíamos conocido y a los que no nos queremos acostumbrar”.

Unidad Especializada de Crimen Organizado ha “investigado con detención” el modus operandi de descuartizar víctimas. El director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía, Ignacio Castillo, entrevistado ayer en el programa Mirada Líbero, también se refirió a los hallazgos de partes humanas que se han registrado en los últimos meses en el país.

“Más que quedarnos en la casuística, tenemos hoy día ciertos fenómenos delictivos que no teníamos y efectivamente no al nivel que tenemos hoy día”, dijo.

Castillo indicó que el modus operandi de descuartizar es un fenómeno que “preocupa” al Ministerio Público y que han “investigado con detención”. Sin embargo, aseguró que hasta ahora no tienen elementos para afirmar que sea un accionar criminal “que se trajo desde afuera”.

Estos hallazgos inquietan a las autoridades. Aunque nadie se atreve a confirmar que estén en Chile, algunos advierten fuera de micrófono sobre la eventual implementación del método criminal de “picar” personas, lo que en Colombia se realiza en las llamadas “casas de pique” desde hace varios años. Eso sí, en 2022 se registró el primer caso en Bogotá, en hechos que se le atribuyen a la banda criminal venezolana “El Tren de Aragua”, que también tiene sus tentáculos en Chile.

“La Chily”, dueña de las casas de pique en Colombia, fue capturada en Chile. La ex Directora Nacional contra el Crimen Organizado en Colombia, Claudia Carrasquilla, que por años se desempeñó como fiscal especializada en esta materia en Medellín, explica a El Líbero que en Buenaventura (Valle del Cauca) funcionan “casas de pique”, lugares destinados para desmembrar personas.

“Se han encontrado cadáveres que han sido desmembrados en Buenaventura. Esto obedece a un tema cultural. Ellos tienen la creencia de que si a la persona que ellos asesinan no la descuartizan, el alma de esa víctima se va a impregnar en el alma del sicario. Suena muy aterrador, pero es una realidad cultural que hay en esa zona del Pacífico”, señala Carrasquilla, actualmente concejal de Medellín.

La denominada por los medios de su país como “dueña de las casas de pique” de Buenaventura, la colombiana Fanny Gruesso Bonilla, alias “La Chily”, fue capturada precisamente en Santiago en 2014.

“La Chily”, según la prensa colombiana, había pertenecido a las Farc, luego a las Autodefensas Unidas de Colombia y, posteriormente, luego de pasar por varias organizaciones criminales, integró el llamado ‘Clan del Golfo’ o grupo antes denominado ‘Los Urabeños’, por tener su área de injerencia en el Urabá, zona ubicada entre Chocó y Antioquia, en límites con Panamá, dedicada al tráfico de armas y droga.

Un año después de la captura de “La Chily”, fue detenido en Chile Edilberto Oliveros Correa, alias “Mundo Malo”, cabecilla de la principal organización criminal antioqueña, “La Oficina de Envigado” (comuna que limita con Medellín, en la que creció Pablo Escobar), y que en sus inicios sirvió al Cartel de Medellín. El hombre, que también pasó por las Farc y por un grupo de autodefensas, es acusado de haber instalado en Chile los préstamos a altísimos intereses, denominados “paga diario” o “gota a gota”.

Descuartizar víctimas, un método criminal que también se aplica en Medellín. Carrasquilla también se refiere al modus operandi de descuartizar víctimas en Medellín, capital de Antioquia, donde también son comunes los hallazgos de partes humanas, especialmente en el río homónimo, que atraviesa la ciudad.

“En Colombia los descuartizamientos comenzaron cuando hubo presencia de los grupos paramilitares en las diferentes áreas rurales de Colombia. También se han presentado en las estructuras criminales en diferentes ciudades como Medellín, donde se realizan por ajuste de cuentas”, dice y hace la salvedad de que en la capital de Antioquia no funcionan “casas de pique”.

“En Medellín, en las guerras por el control de territorio para el microtráfico, se han presentado algunos desmembramientos. Estos hallazgos se efectúan en los ríos, en zonas despobladas, en vehículos. Ciertas estructuras criminales realizan ese tipo de actividades para generar terror en las otras bandas, pero no es que haya casas de pique”, agrega.

El más reciente caso chileno: “cortes parejos y posiblemente con empleo de sierra manual o eléctrica”. En Chile, el caso más reciente en el que se evidenció la aplicación del método de descuartizar a la víctima, se registró en Coquimbo. Entre el viernes y el domingo de la semana pasada fueron halladas en el mar siete partes humanas: primero una pierna, luego la cabeza y un muslo, después un pie. Así se inició la lista.

Saltan a la vista las declaraciones que al respecto ofreció a los medios el fiscal que lleva el caso, Mauricio Cartes. “Claramente con las pericias mecánicas que se han realizado por parte de la Brigada de Homicidios, los cortes dicen relación con una acción humana, con cortes parejos y posiblemente con el empleo de un elemento tipo sierra manual o sierra eléctrica”, dijo. El supuesto responsable, eso sí, sería chileno.

En Bogotá atribuyeron casos de piques a ‘El Tren de Aragua’, banda que también acciona en Chile. Carrasquilla advierte que además de Buenaventura y Medellín, Bogotá también ha sido escenario de hallazgos de cuerpos desmembrados, crímenes que en esa ciudad han sido atribuidos al “Tren de Aragua”.

“Últimamente ha habido presencia también de desmembramientos no sólo en Medellín, sino también en la ciudad de Bogotá. Esto obedece a los venezolanos que han tomado también parte de la criminalidad y han venido siendo actores en las diferentes ciudades de Colombia”, explica la especialista.

En el segundo semestre del año pasado, medios colombianos informaron del hallazgo, en distintos hechos, de un total de 23 cuerpos desmembrados que fueron dejados en bolsas de basura en diversos puntos de la capital de ese país. Parte de esos crímenes fueron atribuidos a la banda criminal venezolana.

Hay testimonios de que ‘El Tren de Aragua’, en la cárcel de Tocorón, lanzaba partes de sus víctimas a los cerdos. La periodista venezolana Ronna Rísquez, especializada en investigaciones de crimen organizado y autora del libro “El tren de Aragua”, también habló con El Líbero sobre los hallazgos de cadáveres desmembrados en Bogotá, que fueron atribuidos en buena parte a la mencionada organización criminal que nació en la cárcel de Tocorón y que se ha extendido por América Latina.

“El caso de Bogotá fue de alguna manera un poco excepcional, porque el descuartizamiento no es algo que se hubiera visto en Aragua o en otro lugar de Venezuela. Allá se identificó incluso un hotel donde se supone que se torturaba a estas personas y luego eran descuartizadas. Según las autoridades, en algunos de esos crímenes hubo participación del Tren de Aragua”, explica.

Rísquez indica que en su país los casos de descuartizamientos, que en efecto están asociados a enfrentamientos entre bandas, no son muy comunes, aunque se han registrado.

La especialista, sin embargo, hace una advertencia. “Hay un elemento que es importante considerar. A lo mejor este tipo de prácticas no eran tan visibles en Venezuela por factores como las zonas donde estaba ubicado originalmente el Tren de Aragua, en la prisión de Tocorón. Hay muchos testimonios de personas que consulté para el libro, por ejemplo, que decían que había personas que eran asesinadas dentro de la prisión y que las enterraban allí o que sus partes eran lanzadas a los cerdos”, relata.

Rísquez hace una segunda consideración. “En otras zonas donde el grupo opera, como por ejemplo la zona minera, también hay testimonios según los cuales las personas que de alguna manera violan las reglas son llevadas a parajes solitarios -que son extensísimos y hasta inaccesibles- y simplemente son ejecutadas y desaparecidas”, señala.

“Estas cosas son atroces y uno trata de no darles credibilidad, pero uno no sabe si realmente pasaron. Tal vez esta práctica no era visible en el caso venezolano porque tenían otros mecanismos para, por decirlo de alguna manera, desaparecer los cuerpos de sus víctimas”, señala la periodista.

En Venezuela, la información oficial sobre asuntos de criminalidad, entre otros temas de interés público, empezó a ser prácticamente nula pocos años después de la llegada del régimen chavista al poder.

                                                                 ¿ESTADO DE EXCEPCIÓN EN LA REGIÓN METROPOLITANA?

Richard Kouyoumdjian Inglis, Vicepresidente Directorio AthenaLab y director de la Liga Marítima de Chile

El Mostrador, 06/12/2023

Excepto la policía marítima de la Armada, las Fuerzas Armadas tampoco están diseñadas para manejar el crimen organizado, perseguir delincuentes y detener ladrones, asesinos y sicarios. Sí imponen respeto, pero estimo que ello no es suficiente para el problema que experimentamos en las urbes.

Partiendo esta columna quiero dejar claro que entiendo la inseguridad que se vive en muchas comunas de la capital y la desesperación tanto de quienes habitan en ellas como de sus alcaldes y autoridades.

Vivimos en un Chile en que el crimen y la violencia pasaron a ser parte del día a día, con delincuentes que no temen a las policías, fiscales, jueces y al Gobierno Central, que son los responsables últimos de asegurar la efectividad del Estado de derecho.

Ante la desesperación por la falta de efectividad de las acciones del Gobierno y las policías que trabajan para el Ministerio del Interior, más de algún gobernador o alcalde ha solicitado la implementación de un Estado de Emergencia o de Sitio, debido a que ello implica que la comuna, provincia o región respectiva queda bajo el mando de un oficial general de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), el cual por ley reporta directamente al Presidente, ya que actúa como delegado suyo en materias de seguridad pública y administrativas, en lo que es una militarización de facto del país.

No es raro que en una situación de este tipo la opinión pública pida la intervención de las FF. AA., debido a que las instituciones de la Defensa Nacional y las policías encabezan la lista de las instituciones más prestigiadas de Chile y sus mandos son reconocidos como las autoridades con mejor imagen pública.

También ayuda a que se pida la intervención de los institutos armados en las zonas urbanas el hecho de que ya están presentes desde hace más de dos años en la macrozona sur y en las fronteras con Perú y Bolivia, desde que se promulgó el decreto 265 en el 2019, o por la vía de la reforma constitucional que autoriza su uso para protección de infraestructura crítica, definición que incluyó, a petición de la ministra Tohá, las fronteras por las cuales ingresan tanto delincuentes como inmigrantes ilegales.

Con esos ejemplos, gobernadores y alcaldes dicen ¿por qué ellos tienen ese beneficio y nosotros no?

Las Fuerzas Armadas están diseñadas para atender problemas militares y se entrenan para eso. No están preparadas para resolver problemas policiales y es por eso que la Constitución establece claramente que solo deberán ser usadas excepcionalmente en tareas que no les son propias y es por eso que existen los Estados de Excepción Constitucional.

Esto es algo que el actual Gobierno no entiende y ya transformó la excepción en una rutina y, lo peor de todo, lo hace con el beneplácito de ambas Cámaras del Congreso.

Lo hace tanto para atender la insurgencia mapuche en la macrozona sur, a la que llama incorrectamente “violencia rural” y, por ende, se maneja como un problema delictual, y lo hace en las fronteras con Bolivia y Perú, en donde el problema es de inmigración ilegal y de crimen transnacional, fenómenos que claramente no son de carácter militar.

Los tres fenómenos que nos tienen complicados son de naturaleza distinta.

Una cosa es la insurgencia mapuche, que eventualmente se puede atender con soluciones militares, pero que requiere reconocer que no es un problema policial, ya que, si lo es, deberá ser atendido por las policías y el Ministerio Público.

Si lo declaramos por lo que es, las fuerzas militares en un muy corto plazo se pueden hacer cargo del problema, pero ello requiere de voluntad política y aceptar que va a haber bajas a uno y otro lado.

Lo que tenemos en la macrozona sur no es lo mismo con lo que arrancamos hace dos años o lo que se implementó a comienzos del Gobierno de Boric.

Partimos usando muy limitadamente las FF. AA., resguardando caminos y controlando lo que por ellos transitaba, para pasar a un modelo actual que da más libertad al jefe de la Defensa en el uso de los recursos, lo que ha traído (junto con un mejor trabajo de las policías y el Ministerio Público) una realidad más controlada y menos peligrosa.

Dicho eso, de existir la voluntad de usar todos los recursos del Estado en la eliminación o neutralización de los grupos insurgentes, ello se podría hacer sin mayor dificultad, pero –como dije antes– pasa por entender la naturaleza del problema y tener la voluntad política para resolverlo.

En las fronteras del norte y noreste de Chile el fenómeno es distinto. Tenemos tanto inmigrantes ilegales como grupos criminales transfronterizos que se aprovechan de la gran extensión que tienen esas fronteras y lo inhóspito del territorio para ingresar al país.

Claramente ello es un problema, pero es un problema policial, ya que no estamos enfrentando a ejércitos enemigos. El tema no es simple, ya que independientemente de que las Fuerzas Armadas operan apoyando a las policías, su sola presencia indica que estamos militarizando un problema policial y, al igual que en el caso de la macrozona sur, estamos haciendo permanente algo que las normas constitucionales referidas a infraestructura crítica indican que es excepcional.

Los despliegues tanto en la macrozona sur como en las fronteras implican para el Ejército y la Armada esfuerzos para los cuales no están diseñados, debido a que se declaran y atienden como problemas policiales.

Están diseñados para la guerra y no para ser guardias de punto fijo. Su máxima efectividad es cuando actúan para eliminar o destruir un objetivo u organización.

Excepto la policía marítima de la Armada, las Fuerzas Armadas tampoco están diseñadas para manejar el crimen organizado, perseguir delincuentes y detener ladrones, asesinos y sicarios.

Sí imponen respeto, pero estimo que ello no es suficiente para el problema que experimentamos en las urbes chilenas.

El problema criminal de Chile se resuelve rápidamente, entendiendo que los problemas policiales se atienden con soluciones policiales, las que deben ser efectivas, y para que lo sean deben contar con inteligencia, apoyo político y judicial irrestricto.

Si ello no ocurre, la opinión pública va a continuar buscando la intervención de las Fuerzas Armadas, cediendo sus libertades individuales a cambio de seguridad y, más importante aún, buscando un liderazgo político fuerte, eficaz y que no tema ejercer su autoridad.

Los Bukele son una realidad. La gente ya sabe de ellos y, al igual que los romanos antiguos, quieren que un cónsul se haga cargo de solucionar los problemas y, si ello significa dejar suspendida la democracia, lo van a hacer.

En resumen, el general Martínez[1] tiene razón cuando responde al gobernador Orrego en el sentido de que la militarización de Santiago no va a resolver un problema que es de naturaleza policial y no militar.

Evidentemente la presencia militar da tranquilidad, pero el problema solo se resuelve si el Gobierno se pone las pilas, decide ejercer su autoridad, apoya irrestrictamente el accionar de las policías y de la inteligencia del Estado, coordina y acuerda con el Ministerio Público y los tribunales una estrategia efectiva y, por sobre todo, deja atrás todos sus complejos en lo que se refiere al uso de la fuerza para derrotar al crimen organizado y los delincuentes que no nos dejan vivir tranquilos.

Gobernador Orrego: lamentablemente, las respuestas las tiene que pedir a la ministra Tohá y no a los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas de Chile.

[1] Nota: Tal vez el autor debió decir Iturriaga y no Martínez.