Columna de Opinión, News

¿QUÉ SIGNIFICA SER “VERDADEROS CHILENOS”. Fabián Bustamante Olguín, Doctor en Sociología

 

                                                                           ¿QUÉ SIGNIFICA SER “VERDADEROS CHILENOS”?

Fabián Bustamante Olguín, Doctor en Sociología, académico Departamento de Teología Universidad Católica del Norte, Coquimbo.

El Mostrador, Opinión, 03/01/2024

La preservación del entorno natural de Chile y la conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad se tornan cruciales para el bienestar del país. Un genuino chileno no comprometería el ecosistema en aras del lucro, comprendiendo la necesidad de salvaguardar los recursos naturales.

A raíz de las declaraciones formuladas en noviembre del año pasado por la expresidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, respecto de los “verdaderos chilenos”, haciendo referencia a un periódico del norte de Chile (La Bandera Tricolor) datado en 1833, surge la interrogante sobre qué implica ser genuinamente chileno.

Este análisis no es carente de complejidad, ya que la concepción de patria parece abordarse de manera tangencial en los discursos políticos, sin recibir la consideración que su esencia requiere.

En un contexto político marcado por la descalificación y la polarización entre las élites políticas, así como por la desconfianza de la ciudadanía hacia sus representantes, se vuelve imperativo contar con elementos cohesionadores que propicien la unidad nacional en torno a valores compartidos.

Es evidente que los “verdaderos chilenos” no se reducen simplemente a aquellos que respaldan posturas antiizquierdistas, favorecen a las clases altas, defienden la liberalización del mercado y poseen conocimiento acerca de la historia y la cultura de Chile, además de manifestar amor y respeto por la bandera y los símbolos nacionales.

Es pertinente ampliar y resaltar otros aspectos que enriquezcan esta noción de autenticidad chilena.

En este sentido, sostengo en esta columna la importancia de considerar el respeto por la diversidad como un criterio fundamental. Un “verdadero chileno” debería apreciar y respetar las diversas perspectivas y contribuciones de todos los ciudadanos, desde Arica hasta Magallanes, de la cordillera al mar (pues Santiago no constituye la totalidad de Chile).

Asimismo, destaco la participación cívica como elemento esencial. La involucración activa en la vida política, expresada a través del voto en elecciones, la información sobre asuntos públicos y la participación en debates constructivos, contribuyen al desarrollo y la salud democrática, erigiéndose como una característica distintiva de quienes pueden considerarse “verdaderos chilenos”.

La preservación del entorno natural de Chile y la conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad se tornan cruciales para el bienestar del país.

Un genuino chileno no comprometería el ecosistema en aras del lucro, comprendiendo la necesidad de salvaguardar los recursos naturales.

En paralelo, destaco la relevancia de la educación y el desarrollo personal. La búsqueda del conocimiento y el crecimiento personal no solo beneficia al individuo, sino que también contribuye al progreso del país. Es esencial que los estudiantes en las universidades comprendan que su desarrollo personal repercute directamente en el crecimiento de la nación, trascendiendo la mera búsqueda de ganancias económicas.

La solidaridad y la ayuda mutua son aspectos que contribuyen al bienestar de la sociedad chilena. La preocupación por el prójimo y la participación en acciones beneficiosas para la comunidad definen a aquellos que pueden considerarse auténticos chilenos.

Además, la defensa y promoción de valores democráticos, el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión y la igualdad constituyen pilares fundamentales para el bienestar de Chile.

El cumplimiento de las responsabilidades cívicas y legales emerge como un imperativo crucial para el eficiente desenvolvimiento de las instituciones y, primordialmente, para salvaguardar la armonía y estabilidad de la nación.

Lamentablemente, en esta esfera, se percibe una falta de correspondencia con las expectativas depositadas en políticos y empresarios.

En última instancia, la reverencia hacia los símbolos patrios, tales como la bandera y el himno nacional, se erige como una manifestación concreta de afecto hacia la patria.

La propuesta efímera de un convencional, en determinado momento, de modificar el nombre de la composición nacional constituyó un error significativo, desacreditando así un movimiento que aspiraba a transformar la nación a lo largo de varios años.

Los símbolos nacionales, por ende, ostentan un carácter tangible de amor por el país, una lección que la izquierda radical debería internalizar, considerando que términos como patria, bandera o himno no connotan necesariamente un correlato con el “fascismo” (término de amplia ambigüedad semántica), a pesar de que algunos aún no hayan captado esta premisa.

En conclusión, los “verdaderos chilenos” no se cierran a críticas constructivas ni ignoran los desafíos que enfrenta Chile, sino que se comprometen activamente en la construcción de un futuro mejor para todos los ciudadanos.

No deberíamos esperar a que un extranjero resalte las virtudes del corazón de Chile.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional (Unión)

News, Seguridad y defensa

LAS ZONAS GRISES DEL CONTROL DE ARMAS EN CHILE . Silvia Peña Pinilla, Periodista

 

                                                                        LAS ZONAS GRISES DEL CONTROL DE ARMAS                                                                            EN CHILE

Silvia Peña Pinilla, Periodista

El Mostrador, País, 08/01/2024

Hoy la atención mediática está en el crimen organizado, los homicidios, las drogas. Pero de las balas que arrebatan vidas, cruzan plazas, atraviesan paredes, se sabe poco. ¿De dónde vienen, cuántas armas hay, quién las carga? Un solo dato: de las incautadas, más del 80% está inscrito por civiles.

En las últimas semanas las balaceras se han tomado varias comunas y, con ellas, la vida de personas, incluyendo niñas, niños y adolescentes. Aumento de la delincuencia, ajustes de cuentas, nuevos delitos, crimen organizado, aparecen como las causas.

Petición de más carabineros, vigilancia privada, Estado de Excepción, son las reacciones de algunos políticos, principalmente alcaldes –quienes, de paso, ven una oportunidad electoral con miras a las próximas elecciones municipales–. Sin embargo, poco y nada se habla y analiza sobre lo que es el común denominador de todos los delitos mencionados: las armas de fuego.

Todas las investigaciones relacionan el aumento de la tasa de homicidios con el incremento del uso de armas de fuego.

Según el Estudio Mundial sobre el Tráfico de Armas de Fuego 2020, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, “más del 50 % de los homicidios que se producen cada año en el mundo se llevan a cabo con un arma de fuego. El 40 % de ellos tiene lugar en América Latina, que tan solo posee el 8 % de la población del planeta”.

En Chile los datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito señalan que, entre el 2019 y 2020, los delitos con armas de fuego aumentaron en un 87 %. A su vez, entre el 2021 y 2022, los homicidios muestran un alza de 27 %.

Pero al ratificar las fuentes, resulta que el registro de armas es una estadística del OS9 de Carabineros y las cifras de homicidios dan como fuente a la Policía de Investigaciones (PDI). Por su parte, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) muestra un peak de homicidios para 2022 de 934 y, para 2023, de 699, una disminución aproximada del 25 % respecto del año anterior. No cuadra.

Esta ensalada de datos es uno de los problemas de base del universo de las armas existentes en Chile. Falta información tanto de la cantidad de las mismas que hay “dando vueltas” como de su origen, propiedad, tipo, ubicación…

Y de las que están identificadas e inscritas, muchas tienen paradero desconocido, evidencian graves errores de inscripción, como estar registradas a nombre de fallecidos o menores de edad o con direcciones inexistentes.

A esto se suma que no existe un registro unificado del material incautado, de los procedimientos, de las investigaciones… Cada institución maneja sus números, sus métodos. Y en algunas hay que acudir a la Ley de Transparencia para, con suerte, obtener algunas respuestas.

Si ya sabemos que hay más homicidios que antes y que se usan cada vez más armas de fuego, la pregunta es: ¿con qué armas se asesina en Chile?

Responde el profesor de Criminología de la Universidad de Chile, Patricio Rosas Ortiz, quien además es doctor e investigador en Política Criminal y Análisis Delictual, y fiscal de Control de Armas en el Ministerio Público.

“La ausencia de información es, realmente, una triste evidencia de la falta de insumos mínimos institucionales para poder hacerse cargo del problema de las armas de fuego. Pero, a partir del universo muestral estadístico, se puede decir que las armas que más se utilizan para matar en Chile son armas inscritas por civiles que se desvían hacia la delincuencia”.

De acuerdo con la PDI, estas armas llegan a manos delictuales a través de testaferros, robos a armerías o particulares, desvío de armas y municiones –realizado por algunas personas que mantienen calidad de deportista, en caza o coleccionistas–. También hay armas hechizas, modificación de armas de fogueo, internación desde el extranjero.

“Del total de armas incautadas en la Fiscalía Metropolitana Sur en 2018, el 84 % estaba inscrito. Es relevante mencionar que la laxitud de control de armerías, y municiones, así como la falta de marcación de municiones fiscales, son un factor criminógeno favorable a la corrupción y al tráfico de las mismas”, agrega Rosas.

Cifras y promesas

“Un país que tiene menos armas en las manos equivocadas es un país más seguro, por eso hoy vamos a destruir 25 mil armas y otros accesorios. De estas, 8 mil fueron decomisadas por policías y tribunales de justicia”, señaló el Presidente Boric, el pasado 12 de diciembre.

Ese día se realizó la destrucción de 25.015 armas y otros accesorios metálicos que fueron recolectados durante 2022, “la más numerosa desde el año 1990”. Hito al que también asistieron la ministra del Interior, Carolina Tohá, y la ministra de Defensa, Maya Fernández.

El desglose de la cifra dice que, del total, 9.384 corresponden a piezas incautadas: 6.997 armas y 2.387 accesorios; 11.998 pertenecían a armas entregadas voluntariamente por civiles y 3.663 a armas fiscales dadas de baja (por desuso o deterioro), 2.517 de Carabineros y 1.116 de la PDI.

O sea, del total, un 32 % de ellas fue sacado de las manos de delincuentes (histórico de los últimos 5 años elaborado por la DGMN).

Lo que no señalan las estadísticas es la antigüedad de las armas, como tampoco si efectivamente estaban en función o deterioradas. Porque, al comparar estas estadísticas con el registro del Sistema de Apoyo a los Fiscales (SAF), base de datos del Ministerio Público sobre la incautación de armas, para 2022 (las quemadas) serían 5.278, pero cada institución tiene datos propios.

Según el Ministerio Público, el total de incautaciones en el país entre 2018 y 2023 suma 31.286 armas. Y al 19 de diciembre de 2023 se habían incautado 5.499 (3.267 de fogueo, 1.869 de fuego, 125 hechizas).

Si en Chile no existe información detallada y sistematizada sobre las armas en general, menos la hay sobre el mercado de armas de fuego ilegales y/o usadas en la comisión de delitos.

“La incautación de armas en procedimientos policiales nos entrega algunas luces del origen de las armas utilizadas para delinquir. Por ejemplo, entre 2020 y mayo del 2022, la PDI ha incautado más de 1.500 armas de fuego que, dadas sus características, todas deberían estar inscritas. Sin embargo, la misma PDI indica que en el 26 % de las armas incautadas, no fue posible identificar si estaban inscritas o no, ya que tenían el número de serie borrado. Por otro lado, el 43 % de las armas incautadas no están inscritas y, más alarmante aún, el 30 % sí lo están”, describe el documento de fundamentación del Plan Menos Armas Más Seguridad del Gobierno.

Y reafirma el hecho de que “existen armas legalmente inscritas que se están utilizando para delinquir y, además, hay evidencia del contrabando de estas cuando se encuentran armas con número de serie que no están registradas en la DGMN”.

Según datos del Ministerio del Interior, del total de armas inscritas, un 8 % de estas se ha declarado de la siguiente forma: extraviada, hurtada o robada. Es decir, existen al menos 61 mil armas sin paradero conocido.

De acuerdo con la estimación realizada por la organización internacional Small Arms Survey, en nuestro país existirían 1.456.818 armas sin registro circulando. Esta cifra es un estimado de expertos y no está construida sobre datos disponibles.

Las armas de Chile. La Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) es la autoridad central de coordinación de control de armas y explosivos en el país. Según esta institución, existen 767.752 armas inscritas activas al 30 de noviembre de 2023, pertenecientes a personas naturales. El 35 % corresponde a escopetas, el 30 % a revólveres, 24,7 % a pistolas.

Casi la mitad (322.152) son de la Región Metropolitana. Le siguen las regiones de Valparaíso (90.546); Biobío (57.689) y Maule (57.503). Y el 7 % de sus propietarios está compuesto por mujeres.

Pero existe un patrón paralelo y fantasma de aproximadamente otras 750.000 armas que no están inscritas, donde se encuentran las hechizas y modificadas, con números de serie borrados, internadas ilegalmente.

La auditoría realizada a la DGMN por la Contraloría General de la República (CGR) en 2018 (con informe en 2021), encontró anomalías como: que de la totalidad de inscripciones de armas vigentes, 1.083 estaban registradas a nombre de menores de edad (requisito exigido en la ley es ser mayor de edad, con la excepción de menores inscritos como deportistas de tiro); ni la DGMN ni Carabineros verifican la autenticidad de la documentación presentada por personas naturales y jurídicas ante las autoridades fiscalizadoras; faltaba comprobación de domicilios; se dio cuenta de la inexistencia de revisiones al libro de entregas voluntarias de armas; ausencia de trazabilidad de las armas en el proceso de inutilización para la destrucción; se constató también la existencia de 72 casos en que, habiendo un RUN válido, la fecha de inscripción era previa a la fecha de nacimiento registrada; 132.921 personas fallecidas figuran con un total de 182.898 inscripciones vigentes; hay 316 inscripciones de armas autorizadas por la DGMN cuyos certificados de aptitud física y psíquica fueron extendidos por personas sin título de médico inscrito en la Superintendencia de Salud; la DGMN mantiene 10.677 armas agrupadas bajo la denominación “RUT cero”, por no contar con antecedentes que permitan la identificación del tenedor.

De aquellas, 9.088 inscripciones se encuentran vigentes; 3.755 civiles cuentan con más de 2 armas de defensa personal inscritas a su nombre, las que están en diferentes estados: vigentes, robadas, extraviadas y hurtadas (la ley señala que se permiten hasta 2 armas por civil), entre otras faltas graves.

Después de este informe, se instruyeron sumarios: la CGR inició un procedimiento disciplinario en la DGMN y en Carabineros de Chile. El Mostrador consultó por el cumplimiento de las sanciones en la Contraloría, sin obtener respuestas.

Cómo avanzamos. La Ley 17.798 (Control de Armas) fue creada en 1972 por el entonces Presidente Salvador Allende, respondiendo a una realidad muy diferente a la actual. Esta se modificó parcialmente en enero de 2022, después de 15 años de tramitación en el Congreso, y “nació anticuada”, a juicio de los especialistas.

El Presidente Gabriel Boric se comprometió –desde el programa de gobierno de su campaña– a impulsar un nuevo sistema de control de armas y municiones.

Y en la Cuenta Pública del 1 de junio de 2022 lo reiteró: “La violencia armada no será tolerada en nuestro país. Y por eso nuestro Programa Menos Armas, Más Seguridad propone la limitación radical de su acceso legal”, dijo, junto con solicitar al Congreso “todo el apoyo para aprobar una ley que nos permita avanzar hacia la prohibición total de tenencia de armas y que al mismo tiempo fortalezca la institucionalidad”.

El Mostrador pidió el avance del señalado Plan a la Subsecretaría del Interior y hasta el cierre de esta nota no había respuesta.

Entre los objetivos del programa está disminuir el tráfico ilegal transnacional de armas, partes, piezas y municiones; aumentar la fiscalización de armas inscritas a un 10 % del total de estas, a través de una matriz de riesgo –en la actualidad se fiscaliza un 5 %–; reducir la cantidad de armas extraviadas y/o hurtadas. Estos y otros aspectos deberían estar ejecutados antes del 2026 por el demorado Ministerio de Seguridad.

Patricio Rosas explica que hay que partir solucionando la impureza de los datos. “Luego, desde una nueva institucionalidad, las armas deberían ser abordadas en tres aspectos: controlar la producción y la importación legal de armas (poner ojo en Aduanas), poner un cuño del banco de prueba para tener trazabilidad y saber dónde está y quién la tiene.

Pero no solamente hay que estar supervisando el ingreso, la importación y distribución de armas, también la acreditación en la inscripción de los propietarios. Hay que poner mucho ojo en el control de requisitos para obtener una licencia. Y una vez que el arma está en manos de un propietario, hay que hacer una fiscalización eficaz.

Hay que cerrar la llave en las inscripciones y aumentar las fiscalizaciones. Con eso tendríamos un alto porcentaje de solución”, recalca.

Añade que se debe trabajar una matriz de riesgo fina. Realizar un mínimo de análisis sobre el patrimonio de los civiles que inscriben. “Si llega alguien de 18 años como coleccionista, con varias armas de un millón de pesos… es raro. Hay que fiscalizar y fiscalizar”.

Hace un paralelo con el registro de vehículos motorizados y los bienes raíces. “Al igual que con los vehículos y las propiedades, las armas de fuego son parte de los sistemas de registro estatal. Todos inscribimos las casas y los autos. Sobre estos últimos, rendimos exámenes para renovar la licencia. Se los mostramos al Estado una vez al año –en las plantas de revisión técnica– para demostrar que están funcionando bien, pagamos un permiso, tenemos un seguro obligatorio por responsabilidad civil. Y si lo roban, lo denunciamos. Eso mismo podría darse con las armas”, señala Rosas.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Ver cuaderno completo en el siguiente link: https://www.publicacionesanepe.cl/index.php/cdt/article/view/1056

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Columna de Opinión, News

DERECHO GERIÁTRICO Y JUSTICIA EN MATERIA DE DDHH: ¿UNA DIALÉCTICA SIN SOLUCIÓN?. Carla Fernández Montero, abogada Derecho Penitenciario

 

                                                   DERECHO GERIÁTRICO Y JUSTICIA EN MATERIA DE DDHH:                                                       ¿UNA DIALÉCTICA SIN SOLUCIÓN?

Carla Fernández Montero, abogada Derecho Penitenciario

Diario Constitucional, Cartas al Director, 05/01/2024

Que a propósito de la publicación del día 3 de enero de 2024 del medio radial Cooperativa.cl, en la cual refiriéndose al reciente fallo de alzada de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó el cumplimiento domiciliario de mi defendido Raúl Iturriaga Neumann, donde -bajo el título “Quería arresto domiciliario”– se refiere a él como un “delincuente” y como un “violador de DD. HH. con 200 condenas acumuladas”, inmerecedor de la gracia del Estado, pese a su edad (85 años) y grave condición de salud, que lo tiene actualmente con un riesgo cierto de muerte, resulta pertinente traer a colación algunas reflexiones dogmáticas entorno al derecho geriátrico y la necesidad de abordar este fenómeno de la prisión y vejez, especialmente, en materia de condenas por causas de DD. HH., donde, según datos entregados recientemente por Gendarmería de Chile, el 96 % de los reclusos de sexo masculino de la “tercera edad” de la Región Metropolitana, están cumpliendo condena por este tipo de delitos, siendo todos ellos personas de más de sesenta años, la mayoría septuagenarios y octogenarios, e incluso varios de ellos, nonagenarios, algunos de los cuales ni siquiera son autovalentes y requieren la atención 24/7 de otros internos.

Que la vejez, dice la doctrina especializada, se caracteriza por constituir una etapa de la vida en la que natural y paulatinamente se detonan una serie de procesos degenerativos y carencias vinculadas al desarrollo físico y psicológico del individuo (MARCHIORI, 2012).

Se considera a la vejez como un “proceso” vinculado a la idea de “deterioro”, referido específicamente a diversas condicionantes que inciden negativamente sobre las capacidades de desempeño autónomo del individuo y el cual avanza paulatinamente hacia condiciones que le impiden valerse por sí mismo (ABAUNZA, 2014, KEMELMAJER, 2006).

Que existe una serie de efectos físicos y psicológicos derivados de la vejez, como, por ejemplo, una disminución en las capacidades funcionales del cuerpo, asociadas a una menor fortaleza de su estructura ósea (con incidencia en reumatismos o artritis), dental, en el tono muscular y en la energía o fuerza, así como el desgaste que presenta la estructura y funcionamiento de órganos vitales -como el aparato digestivo o respiratorio- con incidencias que también afectan a la capacidad funcional de los sentidos -con particular énfasis en la audición y la visión-.

Ahora bien, todos estos deterioros detonan una mayor en el padecimiento de enfermedades crónicas (que presentan necesidades de atención médica diversas y más frecuentes), una merma en la capacidad de recuperación física y en la necesidad de recurrir a permanencia a numerosos suplementos farmacológicos o medicamentos, todo lo cual incide en rutinas de vida que incrementan los efectos restrictivos que provienen de su condición física.

Por otro lado, en lo referido a su desarrollo psíquico, destacan pérdidas similares en sus capacidades funcionales, asociadas específicamente a limitaciones en la memoria, en la retención de corto y mediano plazo, en la fluidez de su desempeño cognitivo y en la estabilidad emocional, afectando con ello el funcionamiento del sistema nervioso, del sueño (insomnio), la orientación espacio-temporal y el campo de los interese vitales asociados a su capacidad motivacional (ABAUNZA, 2014, KEMELMAJER, 2006, HUENCHUAN, 2009, CRAWLEY, 2005, BRANK, 2007).

Que se podrá advertir, que este conjunto de características les provoca a las personas ancianas una mayor dificultad para adaptarse a situaciones complejas, fortuitas y especialmente nuevas, y hace que sus conocimientos sean obsoletos en corto tiempo, todo lo cual provoca una mayor inestabilidad y desconfianza para enfrentar su desempeño vital, decantando en una sensible merma en las capacidades de dominio y desempeño autónomo, favoreciendo la percepción de que son individuos dependientes y vulnerables, lo cual se afirma con total independencia del padecimiento de patologías que afecten a su salud física o psíquica (KEMELMAJER, 2006, FERNÁNDEZ, 2011, BRANK, 2007).

Que lo relevante de todo este asunto relacionado al concepto de “vejez”, es que este conjunto de consecuencias físicas y psicológicas inherentes a la condición de “adulto mayor”, provoca múltiples impactos en el desarrollo de la vida en prisión, en aspectos materiales simples como la compatibilización entre estos déficits connaturales a su condición de “viejo” (sin considerar las enfermedades de base que la mayoría acarrean y que por sí solas agravan su situación de adaptabilidad al medio carcelario) y la utilización y distribución de espacios y con las rutinas que son propias del régimen de encierro.

Que como acertadamente señala la eximia jurista argentina Aida Kemelmajer, la cárcel incrementa y acelera el proceso degenerativo (de carácter físico y psicológico) que los reos experimentan de forma natural, pues “el aislamiento, la soledad, el no ejercitar las capacidades y la autonomía propia generan más incapacidad”.

Agrega esta profesora trasandina, “la cárcel provoca un “envejecimiento mayor”, pues el encierro carcelario constituye per se un régimen degenerativo. Lo dicho excede el plano propio de la “desocialización” en tanto también provoca incidencia en el plano físico” (KEMELMAJER, 2006).

Que, es un hecho notorio que el sistema carcelario chileno está dotado de una infraestructura “franciscana” en lo que dice relación al cuidado y la atención de la salud de los internos “viejos”, además de encontrarse totalmente colapsado a raíz del hacinamiento que está siendo objeto actualmente, y en la mayoría de los casos, la situación de los internos está en contradicción palmaria con los derechos humanos más elementales.

Que la política y jurisprudencia nacional -pese a la existencia de esta problemática- no ha permitido una liberación geriátrica de estos presos por causas de DD. HH. -ni siquiera de aquellos enfermos graves como Raúl Iturriaga Neumann o de enfermos terminales, como fue el caso reciente de Emilio Robert de la Mahotiere.

¿Qué hacer frente a este escenario? ¿aceptar simplemente el trágico destino de estas personas condenadas por causas de DDHH, aun cuando ello vulnere nuestra Constitución Política y las propias normas internacionales de DD. HH. que protegen a los adultos mayores privados de libertad y que los querellantes suelen traer a colación para justificar su vindicta? o por el contrario, ¿instar una y otra vez, a que la política tome nota de este desastre humanitario que está ocurriendo al interior de nuestras cárceles y decida finalmente alcanzar un acuerdo respetuoso de los DD. HH. de las personas condenadas por este tipo de delitos?

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Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional (Unión)

News, Seguridad y defensa

DIME CON QUIÉN ANDAS Y TE DIRÉ QUIÉN ERES, EL GADFA Y SU DECLARACIÓN DE APOYO A BORIC. Richard Kouyoumdjian

 

                                                                   DIME CON QUIÉN ANDAS Y TE DIRÉ QUIÉN ERES,                                                                       EL GADFA Y SU DECLARACIÓN DE APOYO A BORIC

Richard Kouyoumdjian, Vicepresidente AthenaLab

AthenaLab.

La declaración del GADFA reviste mucha importancia para el debate en Defensa. Las políticas públicas en el ámbito de la Defensa han estado ausentes del espacio público por demasiado tiempo. Cuesta mucho encontrar especialistas en Defensa y cuesta mucho encontrar espacios y foros dedicados a debatir temas trascendentales para el devenir de la República. Los desafíos en Defensa que nos plantea el futuro son inmensos y muy complejos. Urge generar sinergia entre la Política Exterior y la Política de Defensa. Urge definir con claridad el interés nacional y el posicionamiento que queremos alcanzar en el entorno internacional. Necesitamos hablar de nuestra presencia en el espacio, en el ciberespacio, en los mares del mundo, en la Antártica. El GADFA ha hecho todo lo contrario de aquello que creemos urgente y necesario para nuestro futuro. Con una mirada añeja de Guerra Fría y anclada en el pasado, fundamenta su adhesión a uno de los candidatos presidenciales haciendo un análisis del programa del otro candidato, aduciendo que el planteamiento expuesto es la “militarización de Chile”.

No hay dicho popular más apropiado a las circunstancias políticas que vivimos y que ante dos alternativas políticas completamente distintas, nos obliga a decidir con cuál de las dos opciones nos alineamos, no teniendo más la posibilidad de quedarnos en la comodidad que nos daban las candidaturas de la primera vuelta, o en su minuto, de las primarias de los varios sectores que buscaban que uno de los suyos llegara a la primera magistratura.

Digo lo anterior porque, en la tradición chilena, la condición de no deliberantes de las FF. AA., resguardada en sucesivos textos constitucionales, ha sido mayoritariamente aceptada.

Es cierto que aplica solamente a las instituciones de la Defensa Nacional, las que cargan con el peso del monopolio del uso de la fuerza en nuestra sociedad, subordinadas al poder político ejercido por civiles elegidos democráticamente.

No es menor el hecho de que en forma persistente la opinión pública nacional ha conferido los mejores niveles de apoyo y confianza a las instituciones de la defensa así concebidas.

En esta elección presidencial elegir a uno u otro candidato no da lo mismo. En el caso de que uno se incline por la izquierda dura, se debe tener claro que uno de sus socios principales o derechamente su socio principal es el Partido Comunista.

Se trata de un partido que sigue defendiendo su doctrina marxista-leninista, que no respeta las libertades humanas como muchos las entendemos en el mundo occidental y que subyuga a la persona al Estado.

En la doctrina comunista, existe una forma muy particular de tratar el monopolio del uso de la fuerza y que es muy distinta de la tradición chilena. En efecto, la historia está plagada de ejemplos que señalan que donde el Partido Comunista accede al poder totalitario, uno de los objetivos es subordinar el monopolio del uso de la fuerza a la estructura de poder del partido.

Es así como en Cuba y en China, las FF.AA. dependen del secretario general del PC y no del Jefe de Estado.

En efecto, el mundo está plagado de ejemplos poco felices que es conveniente tener en cuenta si es que uno se inclina por esa opción. No se olviden de los ejemplos de Stalin y Lenin en la Unión Soviética, de Mao en China, de los Castro en Cuba, de Chávez y Maduro en Venezuela, de Ortega en Nicaragua, de Pol Pot en Camboya y de la dinastía de los Kim en Corea del Norte, todos regímenes que se mantuvieron o se mantienen en el poder gracias a la subordinación de las Fuerzas Armadas a una ideología representada por el partido único, que es el Partido Comunista.

El eufemismo utilizado en estos casos va variando según la cultura local, pero el eje conductor es el mismo. Ejército de Liberación, FF.AA. Bolivarianas, FF.AA. democráticas, FF.AA. populares, son nombres otorgados por los países totalitarios de izquierda que se amparan en un proceso de “democratización” de las Fuerzas Armadas que se debe entender como lo que realmente es, la subordinación de las instituciones que ostentan el monopolio del uso de la fuerza a la ideología marxista.

En relación con los puntos anteriores, existe un grupo de analistas de Fuerzas Armadas y de Defensa conocidos como GADFA que recientemente en este medio y otros publicaron su pública adhesión a Gabriel Boric porque creen que él va a lograr el sometimiento definitivo de las instituciones de la Defensa a los intereses de ideologías o a partidos políticos extremos que adhieren a esas formas de pensar.

La otra alternativa es anularlas, intervenirlas o bien crear milicias alternativas, con recursos del Estado, para quitar el monopolio del uso de la fuerza a instituciones no deliberantes, dejando la pista libre en el asalto al poder total.

No hay problema alguno en que ciudadanos civiles, en un país libre y democrático, declaren su adhesión a un candidato a la Presidencia inscrito legalmente en elecciones generales.

Lo que sí preocupa es que lo hagan desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas y de la Defensa Nacional, un territorio que las buenas prácticas y la tradición republicana de Chile han tratado de mantener libre de la política partidista.

Lo más peligroso son los argumentos esgrimidos para fundamentar su adhesión, pues son argumentos falaces, parciales o derechamente incorrectos, tratando de sustentar una posición que no tiene otra lógica que la de las ideologías totalitarias.

Si vamos a discutir de las Fuerzas Armadas, y en particular de sus roles y propósitos, hagámoslo desde la vereda del interés nacional, de lo que exige la realidad geopolítica en la cual estamos insertos.

Lo más importante es mantener a las FF. AA. en roles y funciones institucionales, obedientes a la autoridad política civil democráticamente elegida y regulando los alcances del monopolio del uso legítimo de la fuerza en el marco constitucional y del Estado de derecho.

La dinámica de los partidarios de ideologías y de partidos políticos tienen la tendencia a generar lealtades personales con sus líderes y expresar apoyos a una determinada persona para acceda al poder.

Las FF. AA., en cambio, obedientes y no deliberantes, son leales y obedecen a la institucionalidad, es decir, al Presidente de la República, no importa de qué partido político provenga o a qué ideología represente, mientras cumpla con la Constitución y las leyes de la República. Ese es el sentido profundo del rol de las Fuerzas Armadas y de la estabilidad que provee el monopolio del uso de la fuerza en manos no deliberantes y solo preocupadas del interés nacional que afecta a todos los chilenos.

La declaración del GADFA reviste mucha importancia para el debate en Defensa.

Las políticas públicas en el ámbito de la Defensa han estado ausentes del espacio público por demasiado tiempo. Cuesta mucho encontrar especialistas en Defensa y cuesta mucho encontrar espacios y foros dedicados a debatir temas trascendentales para el devenir de la República.

Los desafíos en Defensa que nos plantea el futuro son inmensos y muy complejos. Urge generar sinergia entre la Política Exterior y la Política de Defensa. Urge definir con claridad el interés nacional y el posicionamiento que queremos alcanzar en el entorno internacional.

Necesitamos hablar de nuestra presencia en el espacio, en el ciberespacio, en los mares del mundo, en la Antártica. Urge consolidar visiones integradoras de cómo vamos a orientar las capacidades del país en la mejor forma para velar por nuestros intereses, disuadir nuestras amenazas y producir el bien público seguridad y defensa.

El GADFA ha hecho todo lo contrario de aquello que creemos urgente y necesario para nuestro futuro. Con una mirada añeja de Guerra Fría y anclada en el pasado, fundamenta su adhesión a uno de los candidatos presidenciales haciendo un análisis del programa del otro candidato, aduciendo que el planteamiento expuesto es la “militarización de Chile”, lo cual es incorrecto y cualquier lector puede verificarlo, y constatar que, no dice nada de lo que el GADFA menciona en su última declaración y documentos anteriores.

En resumen, el GADFA puede y tiene la libertad para tener la opinión que quiera, pero, si la van a tener, asuman que son un grupo militante, ideológicamente cercano al marxismo, y que en la fundamentación de sus adhesiones no utiliza rigor académico ni una visión del interés nacional, sino una visión de los hechos que ha sido deformada por la ideología.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional (Unión)

Columna de Opinión, News

¿QUÉ SIGNIFICA EL SÍMBOLO ARROBA “@”?. Eric Alonso Hermida

 

                                                                                            ¿QUÉ SIGNIFICA EL SÍMBOLO ARROBA “@”?

Eric Alonso Hermida Quora

Arroba es el símbolo que se representa con “@” y es indispensable para poder crear direcciones de correo electrónico y sirve como prefijo para localizar usuarios en la red.

Además, se ha popularizado su uso en textos incluyentes buscando referirse a sujetos femeninos y masculinos al mismo tiempo, práctica que la Real Academia Española de la Lengua ha declarado esta práctica como un error gramatical.

La palabra arroba como su símbolo vienen de Arabia (árabe ar), siendo su origen el término “Ar-roub” que significa “cuarta parte”.

La forma de una “a” rodeada de un círculo se debe a que los escribanos que copiaban los libros en latín, encontraron la forma de ahorrar tiempo en su trabajo fusionamos la “a” y la “d” creando la forma latina “ad” que significa “hasta” o “hacia”.

Con el tiempo, las personas fueron aprendiendo la forma correcta de usar “ad” y comenzaron a escribirlo en sus cartas antes del nombre del destinatario, por ejemplo: @Robert, que era lo mismo que decir que esa carta estaba dirigida “hacia Robert”, pero más simplificado, ahorrándose mucho tiempo al momento de escribir.

Para el siglo XVI, la @ pasó a ser una unidad de medida que variaba dependiendo de lo que se estuviera midiendo. Es decir, no eran lo mismo dos @s de aceite que dos @s de vino, siendo la bebida alcohólica la que mayor cantidad presenta en este caso. El precio unitario común del arroba era de 100 duros, la moneda antecesora del euro.

Durante todo el siglo XVI siguió usándose como unidad de medida hasta que a mediados del siglo XIX, España prohibió el uso de la palabra arroba con tal propósito, instaurando el sistema métrico decimal en todas las transacciones comerciales.

Se siguió utilizando cuando se inventaron las máquinas de escribir en 1872 por Christopher Sholes, Carlos Glidden y Samuel W. Soulé, e incluyeron la tecla de @ en su invención. Sin embargo, con el paso del tiempo se usaba la arroba cada vez menos como unidad debido a que resultaba muy difícil establecer la cantidad exacta de producto que representaba y la facilidad con la que se podían dar las estafas.

Otro motivo por el que la @ casi se pierde por completo es porque la gente empezó a dejar de aprender latín; en el siglo XIX se convirtió en un idioma que sólo los miembros de clase social alta podían educarse para hablarlo y estudiar libros religiosos en su idioma original.

Pero para la mitad del siglo XX, las personas se interesaban más en aprender francés, inglés e italiano, solo los sacerdotes y demás miembros de la Iglesia seguían aprendiendo latín para misas especiales y estudiar textos antiguos.

Ray Tomlinson, el hombre que le dio un nuevo propósito a la arroba. Raymond Samuel Tomlinson fue un programador informático e inventor graduado del MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts) lugar donde desarrolló, junto a su equipo de trabajo, el programa SNDMSG que enviaba mensajes entre distintas terminales de una computadora.

En 1971, Raymond adaptó el sistema de la empresa Bolt, Beranek y Newm al programa SNDMSG, permitiéndoles a los usuarios enviarse mensajes entre ellos pero sin usar sus nombres reales. A esto se le conoce como e-mail y la primera dirección de correo electrónico fue la de Raymond: tomlinson@bbn-tenexa y con esa cuenta envió el primer mensaje: “QWERTYIOP” que en realidad no significa nada, pero cumplió su función de probar que la invención de Raymond de verdad funcionaba.

La idea de utilizar la @ para los correos electrónicos fue espontánea. Tomlinson estaba buscando un símbolo que pudiera servir para separar el nombre de quien enviaba el mensaje del lugar desde donde lo enviaba.

Pensó en la coma “,” en los corchetes “[ ]” e incluso el gato, actualmente conocido como hashtag “#”, pero todos ya eran utilizados para fines distintos.

Aunque quedaban varios símbolos más en el teclado, todos eran fácilmente identificables y ya se usaban para acciones muy específicas.

Pero también quedaba la “@” que ya no se utilizaba para nada. Sabiendo que en la antigüedad fue usada como unidad de medida y para indicar direcciones, Raymond decidió retomar este símbolo para ser el separador del e-mail.

Si el correo electrónico fuera un lenguaje, la traducción literal de las direcciones de correo electrónico sería algo así: El correo usuario@servidor.com significaría “usuario en servidor.com”, lo que quiere decir que cualquier email que usuario mande, lo está haciendo desde un servidor en específico. En inglés se lee igual, sólo cambiando la pronunciación de “arroba” por “at”.

De esta manera, Raymond se hizo con la posesión del símbolo de arroba, aunque nunca lo patentó. Según la licencia Creative Common en su Atribución 3.0, se les permite a los usuarios copiar y compartir información sobre arroba siempre y cuando se dé el crédito correspondiente.

Raymond Tomlinson falleció el 5 de marzo de 2016 dejando un gran legado detrás de él, aunque en algún momento confesó que creó la forma de comunicación más importante del mundo de su tiempo por mera diversión.

Uso de la arroba “@”. Como es de esperarse, el principal uso del símbolo @ se remite a la programación y los servidores de red, además de la creación de direcciones de correo electrónico para el registro en plataformas y redes sociales.

Como ya se había mencionado antes, Raymond Tomlinson le dio la función de ser el separador entre el nombre del remitente que envía el correo electrónico y su localización.

Sobre sus antiguos usos, los estudiosos del latín lo aprenden y en Cuba se utiliza como unidad de medidas para comprar caña de azúcar.

El símbolo de arroba es la herramienta predilecta de los usuarios para etiquetar y encontrar a otros en en redes sociales, principalmente en Facebook, Twitter e Instagram.

Mientras que el hashtag “#” es la manera de indexar temas, a través de un vínculo generado por una palabra o frase sin espacios, precedida por este símbolo.

El arroba guía la búsqueda a una persona en específico, si se quiere encontrar a alguien en cualquier red social, sólo es necesario escribir “@Nombre” y aparecerá de inmediato. Si es un nombre muy genérico o no se tiene el nombre de usuario completo, habrá que localizar entre las opciones que despliega el buscador a la persona con la que se busca establecer comunicación.

En el caso de que el usuario que ya forme parte de una lista de contactos, pueden ser “etiquetados” en varias publicaciones en redes sociales para que la misma llegue directamente a ellos.

El símbolo de arroba también se usa en las Matemáticas y la Ingeniería. Se utilizaba en los libros de texto de la mitad del siglo XX como la representación del área y en Ingeniería, se utiliza para describir porqué los datos de una operación son válidos.

También se puede utilizar en su minoría para el diseño gráfico, por ejemplo, el software de diseño asistido por computadora AutoCAD lo usa para denotar coordenadas cartesianas relativas.

De un modo más coloquial, cuando en 2005 surgió Windows Live Messenger los jóvenes comenzaron a utilizar la arroba como si fuera una letra más del abecedario y aunque era parte del juego, hay muchas personas que están convencidas de que se le puede dar un uso al símbolo de arroba en la gramática.

Con el auge de la Igualdad de género, participantes del movimiento feminista fomentan el uso gramatical de la @ como reemplazo de la “a” y de la “o” para referirse a las formas masculina y femenina de las palabras, quedando así: Hij@s, Niñ@s, Ingenier@s, etc.

La justificación que dan para usar el arroba como signo lingüístico es “establecer la igualdad de género en un idioma machista en cuyas palabras prevalece la forma masculina”.

La Real Academia Española de la lengua rechaza completamente el uso de @ en las palabras para incluir ambos géneros, argumentando que aunque haya palabras que terminen con “e” u “o” se están englobando las formas masculina y femenina.

Por ejemplo: Doctores, ingenieros, niños, padres, etc. Sin mencionar que existen también palabras con formas femeninas que igualmente incluyen a hombres y mujeres como lo son: Policía, salvavida, psiquiatra, terapeuta, etc.

Además de la forma “tod@s”, la RAE ha rechazado igualmente el uso de “todes”, “todxs”, “todos y todas”, a pesar de las demandas que reclaman su uso en pro de la igualdad de género.

“@en_resumen…”. El símbolo de arroba es una parte importante de nuestras vidas y ha ido cambiando y evolucionando con el tiempo.

Se usó para facilitarle el trabajo a los escribas que copiaban libros de texto, fue una unidad de medida en el siglo XVI que casi desaparece en el siglo XIX, formó parte de las primeras máquinas de escribir, Raymond Tomlinson lo eligió para cambiar al mundo a la mitad del siglo XX e inclusive actualmente causa polémica porque quieren usarlo en la gramática para englobar las formas masculina y femenina de la lengua española.

El signo arroba estuvo a punto de perderse para siempre hasta que le encontraron un uso inolvidable, así que vale la pena comenzar a apreciar más al signo por el que cualquier texto está disponible para nosotros con sólo registrarnos y que siempre está ahí para nosotros cuando queremos acceder a nuestras redes sociales o algún sistema de correo electrónico.

Finalmente, recuerda también que el símbolo de arroba tiene muchos usos para la programación, las matemáticas y la web, pero hay que evitar usarlo en la gramática.

Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional (Unión)

Columna de Opinión, News

GENERAL CHEYRE: CÓMPLICE DE UN DELITO O VÍCTIMA DE LA JUSTICIA. Gerardo Varela. El Mercurio

 

                                                                    GENERAL CHEYRE: CÓMPLICE DE UN DELITO O                           VÍCTIMA DE LA JUSTICIA

Gerardo Varela

El Mercurio, Columnistas, 06/01/2024

”Tanto la Corte como algunos defensores del fallo usan los engañosos verbos “intervenir” y “participar” para inculparlo, pero olvidan el dolo. El mozo que sirve los cafés o la secretaria que tipea lo que le dictan también “participan” pero no cooperan dolosamente”.

Cincuenta años después, el excomandante en Jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, ha sido condenado a 5 años de prisión por ser “cómplice” en la comisión de un delito. Esta es la historia.

En octubre de 1973, en Chile gobierna una junta militar presidida por el comandante en Jefe del Ejército. Se han suspendido la Constitución y las garantías personales; el Congreso Nacional está disuelto; el Poder Judicial intimidado y el aparato militar del gobierno de la UP está todavía activo y luchando.

Para todos los efectos, el Ejército se considera en guerra y no hay estado de derecho.

En esas circunstancias, portando órdenes del comandante en Jefe del Ejército, llega a La Serena una comitiva militar comandada por el general Sergio Arellano.

Esa comitiva se reúne con el comandante del regimiento de La Serena. En esa reunión examinan los expedientes de varios detenidos y resuelven fusilar a 15 personas.

El entonces teniente Cheyre entra y sale de esa reunión. No opina, no participa ni le piden su opinión. Se limita a hacer lo que se le ordena: llevar y traer expedientes.

Cheyre tiene 25 años de edad. Es hijo de militar y está en el Ejército desde los 15 años. Él ha sido entrenado para obedecer órdenes. Si éstas le parecen inoportunas, innecesarias o inconvenientes, a nadie le interesa y debe cumplirlas.

En el Ejército no se evalúan las órdenes, sólo se ejecutan. Y en estado de guerra no hacerlo es castigado severamente.

Al teniente Cheyre le ordenan traer un archivo y lo hace; le ordenan llevárselo y cumple; le piden un café y lo trae. Y si le ordenan que le eche azúcar sólo pregunta: ¿cuántas cucharadas?

Acordada y ordenada la ejecución de esas 15 personas, la autoridad militar redacta un bando para publicarse en el diario. Cheyre no participa de la decisión de los oficiales superiores, ni de la ejecución, ni de la vigilancia de los fusilamientos. Tampoco redacta el bando.

Una vez firmado, se le ordena llevarlo al diario de La Serena para publicarlo, dando cuenta de que por orden de un Tribunal Militar en Tiempo de Guerra se han condenado y fusilado a 15 personas. Eso es una mentira.

Esa reunión no constituye un Tribunal Militar ni lo acordado es una sentencia. Lo que se acordó en esa reunión fue un asesinato. Pero el teniente Cheyre no lo sabe ni menos puede evitarlo.

Esto lo recoge la sentencia de la sala penal de la Corte Suprema al eliminarlo como autor, señalando: “Sin duda, el sentenciado no aparece tomando parte en la ejecución inmediata en los homicidios, ni se advierte su inducción a otros para que lo ejecuten ni tampoco se evidencia un concierto de su parte con otros sentenciados para facilitar los medios con que se llevó a efecto el delito o lo presenció sin tomar parte inmediata en él. Tal no es la discusión, sino más bien ella se encuentra en la frontera entre la complicidad y el encubrimiento”.

Cheyre hace dos cosas. Primero, entra y sale de la reunión llevando y trayendo papeles según se le ordena.

Y segundo, hace de estafeta, transportando un bando militar que contiene una mentira jurídica para ser publicada en el diario.

¿Esto lo ubica según los jueces en la frontera entre el encubrimiento y la complicidad? ¿En serio?

Encubridor es quien oculta o esconde un delito o al delincuente. Cómplice es quien “coopera dolosamente” en la comisión de un delito.

Cheyre no oculta nada ni a nadie. Tampoco coopera dolosamente con ninguna decisión criminal.

Tanto la Corte como algunos defensores del fallo usan los engañosos verbos “intervenir” y “participar” para inculparlo, pero olvidan el dolo. El mozo que sirve los cafés o la secretaria que tipea lo que le dictan también “participan” pero no cooperan dolosamente.

Por eso mi homenaje al voto disidente que estuvo por absolverlo. Ese juez actuó en un país democrático, protegido por la Constitución y podía disentir sin arriesgar su vida.

En cambio, el teniente Cheyre estaba en medio de una dictadura en estado de guerra, no deliberaba y desobedecer una orden le podía costar su vida.

El fallo ignora la cultura y disciplina militar, el contexto jurídico y político y la propia ley penal.

La verdad es que el general del “Nunca más” fue condenado por un tribunal del país del nunca jamás. Le pido excusas en nombre del derecho, de la justicia y del país.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

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El PC en la subsecretaría de FF.AA. y el manejo de información sensible. Pablo Thauby

 

                                                                           El PC en la subsecretaría de FF.AA. y el manejo de información sensible.

Pablo Thauby. Magíster en Ciencia Política, Academia de Guerra Naval, Chile.

La experiencia histórica ha demostrado que el PC es un partido totalmente incapaz de gobernar por la vía democrática, a menos que lo haga por medio de la violencia.

Hoy por hoy, nos arrea como ovejas al matadero, agravado por un Partido Republicano hostil a sus intereses, y la estupidez y sinvergüezura de sus socios frenteamplistas.  La anomía, la anarquía callejera, o la abierta subversión guerrillera son su único camino posible hacia el poder.

Tras el fallido golpe de estado octubrista de 2019, las circunstancias lo llevaron a un incómodo camino democrático constitucional no deseado por ellos, ya que no creen en él.

Por otro lado, dado que el gobierno dejó al PC fuera de los principales ministerios con los que es factible acceder al poder total, ya que son precisamente los que los Maestros del Arte de la Estrategia, desde muy antiguo, han calificado como los “instrumentos del Poder Nacional”, entregándoselos al socialismo.

Los ministerios e instrumentos del Poder Nacional en cuestión, están dados por:

Frente interno y psicopolítico: Con Tohá, PPD, a la cabeza.

Frente económico: Controlado por Marcel, Socialista.

Frente Diplomático: Liderado por Van Klaveren, PPD.

Sistema de Defensa y Seguridad: Dirigido por Maya Fernández, Socialista.

Lo anterior, sólo le ha permitido al PC adueñarse de las respectivas subsecretarías, donde entraba y dificulta todo intento del gobierno por salirse de los dogmas marxistas del mencionado partido.

En lo que al frente interno se refiere, con la seguidilla de errores no forzados y con los forzosos, el PC ha optado por mantenerse en una posición de presión política sobre el gobierno, y de obtención de recursos financieros provenientes, entre otros, de los desfalcos de Jadue y de las fundaciones de Revol. Democ., dada la disminución de transferencias desde Venezuela, en consideración a las presiones norteamericanas sobre el gobierno de Maduro, a través de la explotación, uso y goce del petróleo venezolano por parte de EE.UU.

En ese contexto, como hemos mencionado en otros blogs, el PC necesita mantener, renovar y aumentar su stock de armamento y munición disponible, si consideramos que de lo internado por Carrizal Bajo, sólo un porcentual de dicho material pudo ser desplazado a la zona central.  Ahora bien, la única vía posible de efectuar lo anterior, es por medio de compras en el mercado negro, lo que evidentemente implica altas sumas de dinero.

En cuanto al sistema de defensa y seguridad se refiere, el PC controla la subsecretaría de FF.AA. Mediante esa posición no tiene injerencia directa en aspectos internos de las Fuerzas, lo que quedó demostrado más allá de toda duda con la intentona de Edelstein por intervenir los planes de estudio, activando todas las alarmas internas de cada Institución de la Defensa.

Sin perjuicio de lo anterior, considerando que la “actividad de Inteligencia y Contrainteligencia” no se encuentra normada, recordemos que la “Ley de Inteligencia” duerme en el Congreso desde Piñera 2, y que la “Comunidad de Servicios de Seguridad” establecida durante el gobierno de las FF.AA. y Carabineros de Chile, fue desbaratado por los gobiernos de la Ex-Concertación dado el resquemor que les producía, debilitando gravemente ese ámbito de obtención de información sensible para la seguridad nacional.  Luego, hoy no existe capacidad de Inteligencia real para anticipar actos subversivos al interior de nuestro país.

Con ese escenario, el PC está en una posición inmejorable para obtener desde la subsecretaría de las FF.AA. inteligencia relativa a las Unidades y Reparticiones de la Defensa desplegadas en el territorio Nacional, en cuanto a su ubicación, tamaño, características, y cantidad de personal que opera en ellas, entre otras cosas.

En base a lo anterior, le resulta muy fácil al PC determinar la capacidad defensiva sobre infraestructura crítica, en caso de activación de Estados de Excepción Constitucional.  En ese contexto, hablamos de instalaciones marítimo portuarias, aeroportuarias, aeródromos, torres de telecomunicaciones, torres de alta tensión, subestaciones eléctricas, carreteras, puentes, viaductos, carreteras, estaciones y puentes ferroviarios y de Metro tren, servicios de distribución de agua potable, etc.

Por lo anteriormente expuesto, es que el PC no se gastará en hacerle un golpe a este gobierno, sino que lo apoyará y esperará, mientras efectúa la necesaria mantención, renovación y aumento de stock de armamento y munición, a que el próximo gobierno asuma el cargo, para iniciar la ofensiva guerrillera en su contra, y evitar, de ese modo, el proceso de recuperación nacional.

 

Un aporte del Pas presidente Humberto Julio Reyes

 

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