Autor: FJDM-C

Víctor Rivera y Catalina Batarce

La Tercera PM, 25/04/2023

Lo que comenzó en un reclamo en el Concejo Municipal de Santiago, y luego en una denuncia ante Contraloría, hoy tiene a la alcaldesa de la comuna, Irací Hassler (PC), en una situación más que incómoda.

Y es que a partir de esos ruidos internos, en enero de este año, la jefa comunal hizo frente en dos sedes: la administrativa y la judicial. Sin embargo, ahora, podría sumar un nuevo flanco, ya que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) entró de lleno al estudio de la causa.

En lo administrativo el panorama aparece más o menos resuelto: el 13 de abril, Controlaría lapidó las aspiraciones de Santiago y cuestionó la compra de la Clínica Sierra Bella por “precio injustificado”, trabando definitivamente cualquier negociación, la cual involucraba el desembolso fiscal de $8 mil millones por la adquisición del inmueble.

El “golpe” dio de lleno en el municipio, provocando la petición por parte de Hassler de la renuncia del director jurídico y el jefe de SECPLAC. Con eso, la jefa comunal quería, de alguna manera, frenar los ruidos internos.

Sin embargo, es lo judicial lo que complica más en la comuna. Eso se notó el 18 de abril cuando efectivos de la PDI llegaron hasta el edificio municipal para incautar el computador de la alcaldesa.

A las miradas de la Fiscalía y Contraloría, ahora se sumó el CDE. El organismo encargado de cautelar el legítimo uso de los gastos fiscales está al tanto de la investigación y es algo que ya está analizando.

El jueves 20 de abril fue la primera vez que el Comité Penal de la entidad estudió oficialmente el caso. La Fiscalía Centro Norte remitió los antecedentes de la causa para que el CDE viera si ameritaba o no querellarse en la causa que dirige el fiscal Patricio Cooper, lo cual dio pie para el inicio de una coordinación interna para tomar una decisión.

Así, el Comité le encargó a un abogado del CDE que se coordinara con la PDI para seguir recabando antecedentes del caso, adentrarse en el marco legal y qué tipo de facultades tendría el Consejo frente al caso, donde -explican conocedores de estas instancias- podrían querellarse por el delito de Fraude no consumado o negociación incompatible.

El Comité Penal de la entidad ya cuenta con los antecedentes del caso en que indaga el supuesto delito de fraude al Fisco para analizar los datos que emanan desde la carpeta investigativa. El organismo podría invocar un delito frustrado y pidió revisar a un abogado de la institución el rol que habría cumplido en las negociaciones, tanto la alcaldesa Irací Hassler, como todo el concejo municipal.

En la institución explican que el caso en el CDE está, como se dice formalmente, en “estado de vigilancia”, y que recién podría tomarse una decisión en tres o cuatro semanas más.

El rol del Concejo en la mira. Entre los puntos que el CDE busca dilucidar, antes de tomar su decisión está el rol que tuvo el Concejo Municipal al momento de aprobar la compra. Esto -agregan- es importante, pues allí la responsabilidad no solo sería de la alcaldesa Hassler, sino que también de quienes estuvieron por visar el negocio.

Esto porque el propio comprador, la inmobiliaria Valentino, sostiene que Hassler lideró las tratativas. El CDE indaga el rol de la alcaldesa.

Por lo mismo, se están analizando las actas del Concejo del 18 de enero, donde se aprobó la compra del inmueble. Lo que busca ahí el CDE es determinar qué concejales estuvieron por aprobar, quiénes por rechazar y quiénes se abstuvieron.

Es a partir de eso que también podría definirse, eventualmente, a quién iría dirigida la querella, en caso de decantarse por esta opción.

Otro punto que el organismo -que hoy dirige el abogado Raúl Letelier – busca despegar es el rol de los tasadores y si estas fueron o no en base al valor comercial o fiscal, y si al momento de hacer el trámite lo hicieron en “concierto” o acuerdo con el municipio, antes de evacuar una oferta formal.

Toda esa operación y cómo se desarrolló paso a paso es lo que quiere aclarar el CDE, previo a una eventual acción judicial

Los abogados querellantes en la causa están expectantes a lo que pueda resolver el organismo. Sergio Rodríguez Oro, quien representa a los diputados Republicanos que pidieron abrir la investigación, señala que “la labor del CDE es precisamente perseguir los delitos cometidos en el desempeño de sus funciones por los empleados municipales. Por ende, el CDE tiene la obligación por instar que se determine la eventual responsabilidad penal de los funcionarios públicos involucrados en estos hechos”.

En esa misma línea, agrega que “la intervención del CDE, adicionalmente, produce un efecto trascendental desde el punto de vista procesal, ya que la representación de la municipalidad en este asunto queda radicada única y exclusivamente en dicho servicio. Lo anterior resulta lógico, ya que no puedo quedar la persecución del delito en manos del mismo funcionario público que intervino en los hechos criminales”.

Por su parte, el abogado Aldo Duque, también querellante en la investigación, señala que “para nosotros sería muy importante la integración del CDE, pues ratificaría que el interés patrimonial del Fisco está comprometido, en razón de las maniobras desplegadas por quienes a nuestro juicio son autores del delito frustrado de fraude. Consideramos fundamental que se hagan parte, al igual que el SII, ya que son quienes deben analizar toda la arista tributaria, lo que cobra especial relevancia al observar que la sociedad que adquirió el inmueble (Inmobiliaria Sierra Bella) se constituyó con un patrimonio de $100 millones y pagó más de $2 mil millones por el recinto”.

Por ahora, el CDE espera armarse un panorama legal del caso y a partir de eso se tomarán las definiciones. Las etapas estarán marcadas por lo que logre recabar el abogado encargado, luego el informe que se presente al Comité Penal y luego, ya para tomar la decisión institucional de querellarse o no, se votará en el pleno de la institución encargada de resguardar los fondos fiscales.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones consideradas en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

Catalina Batarce

La Tercera PM, 26/04/2023

Flanqueada por reconocidos personeros del Partido Comunista (PC), la mañana del viernes 14 de abril la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, hizo frente al lapidario informe de  que objetaba la polémica compra que pretendía concretar con miras a abrir la primera clínica municipal para la comuna.

Pese a que su alocución se extendió por varios minutos, hubo poco espacio para la autocrítica y, en lo principal, anunció sumarios, la desvinculación de dos de sus colaboradores cercanos y la interposición de querellas contra los tasadores que habían valorizado el recinto escogido: la ex clínica Sierra Bella.

“Hemos decidido emprender acciones legales contra los tasadores, porque nos parece fundamental que puedan responder en los organismos que correspondan”, comunicó esa mañana. Pero aunque las expectativas eran altas y ya han transcurrido 12 días desde ese anuncio, las prometidas acciones legales aún no son ingresadas.

Consultados al respecto, desde la Municipalidad de Santiago insisten en que éstas siguen en etapa de revisión y que serán presentadas en los próximos días. “Están en revisión por parte del equipo técnico”, comentaron a La Tercera PM, precisando que “respecto de los presuntos delitos, es algo que esa misma instancia tiene que resolver”.

En concreto, la entidad encabezada por Hassler pretende esclarecer si en los estudios encargados a Mylena Cárcamo Valencia, María José Sepúlveda y Patricio Gajardo Rocha, hubo o no irregularidades, pues en medio de los análisis que ya ha hecho la Fiscalía Centro Norte y la propia Contraloría, llamó la atención que sus respectivas valoraciones sólo tuvieran una variación del 0,44 %.

La arremetida en contra de los tres profesionales independientes, de todas formas, implica un fuerte giro en la postura del municipio, ya que requeridos por Contraloría una vez que se recibieron las primeras denuncias, habían apuntado precisamente a la experiencia de ellos para justificar el monto al que pretendían comprar el inmueble.

De hecho, en uno de los acápites principales del documento de 22 páginas que enviaron al organismo liderado por Jorge Bermúdez, detallaron cada una de las credenciales de los tasadores contratados.

Desde el municipio aseguran que los respectivos documentos están en etapa de revisión por parte del equipo técnico y que serían ingresados durante los próximos días. Los ediles, de todas maneras, insisten en que la alcaldesa suele hacer “mediáticos anuncios” y no los materializa. Esta jornada pedirán explicaciones en reunión del Concejo Municipal.

Contactados por La Tercera PM, los profesionales han declinado entregar comentarios, aunque en privado han sincerado que confían en las labores que se realizaron.

Las dudas. Dado el tiempo que ha trascurrido desde el anuncio referente a la querella, concejales comenzaron a manifestar sus cuestionamientos, pues como comentan, a estas alturas ya tienen dudas de que esto se materialice.

“La alcaldesa suele hacer anuncios y luego no hay constatación de que ellos se implementen. Parte de la situación que estamos viviendo ahora con Inmobiliaria San Valentino, que anunció juicio civil para el cumplimiento forzado del contrato, tiene que ver con eso. Hace anuncios, pero luego esto mediático no tiene correlación con las vías legales y administrativas con las que tiene que cumplir. Es muy preocupante”, sostuvo la concejala Rosario Carvajal (IND).

Además, agregó la edil, no correspondería que la jefa comunal tercerice su responsabilidad. “San Valentino señala que ella lideró la negociación, por lo que no solamente tuvo todos los antecedentes, sino que personalmente negoció el precio. Ella no puede simplemente responsabilizar a otros, como los tasadores, porque como indicó la inmobiliaria, cuando se convocó al recorrido por el lugar, sólo había una tasación y no estaba el resto de los informes. Creo que ella se apresuró y queda cuestionada, porque acá existe una responsabilidad política, al menos por negligencia”, complementó.

Por su parte, Juan Mena (RN), sostuvo: “La alcaldesa miente y culpa a terceros de su propia mala gestión. Como informó la inmobiliaria, Irací Hassler siempre estuvo al tanto de todo. No ha hecho mea culpa ni autocrítica, soberbiamente terceriza responsabilidades. Uno puede delegar autoridad, pero jamás responsabilidad (…) Y aún no presentan esas acciones legales, y nos gustaría saber por qué”.

Por lo mismo, durante la hora de incidentes del concejo programado para esta jornada, adelantó Mena, harán las consultas correspondientes. “Hay cosas bastante oscuras, como que no entregó su celular y éstas acciones que comprometió”, enfatizó el concejal.

En tanto, el abogado querellante en la causa, Aldo Duque, manifestó que le resulta del todo “sorprendente” que a casi dos semanas del punto de prensa, el municipio no haya ingresado las querellas. “Fue anunciado con mucha publicidad, con la presencia de casi todos los concejales afines a ella, por lo que sorprende, a lo menos, que hasta ahora no haya presentado nada”, dijo.

La primera audiencia en tribunales. Al margen de las acciones anunciadas por Santiago, el dueño de Inmobiliaria San Valentino, Felipe Sánchez, propietaria de la exclínica, solicitó audiencia para conocer los alcances de la investigación que lo involucra, con lo que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago fijó la primera cita en que las partes se verán formalmente las caras.

“Como representante de San Valentino, quiero informar que, en aras de la transparencia y el respeto a mis garantías constitucionales, he solicitado al Séptimo Juzgado de Garantía que se fije una audiencia. El objetivo de dicha audiencia es que el señor fiscal nos informe detalladamente sobre los hechos que están siendo investigados”, comentó Sánchez.

De esta forma, el juez Mario Cayul resolvió fijar fecha para la que será la primera audiencia judicial del denominado caso Sierra Bella para el próximo 29 de mayo, a las 10 de la mañana.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones consideradas en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.