Columna de Opinión

LA IZQUIERDA CHILENA. REDEFINICIONES Y PERSPECTIVAS

LA IZQUIERDA CHILENA. REDEFINICIONES Y PERSPECTIVAS

Alejandro San Francisco, Académico UC y USS. Director de formación del Instituto Res Pública. Director General de “Historia de Chile 1960 – 2010” (USS)

La izquierda chilena vive un momento crucial, tras una década de cambios y luchas por la hegemonía. Históricamente hubo dos grandes fuerzas que, en su momento, reflejaban las posturas revolucionarias: eran el Partido Comunista y el Partido Socialista, agrupadas desde 1956 en el Frente de Acción Popular (FRAP) y en 1969 en la Unidad Popular (UP, que era una coalición más amplia que incorporaba también al MAPU y al Partido Radical, por ejemplo).

Dicho sea de paso, a la fecha del colapso de la democracia todos ellos se definían como marxistas leninistas.

Tras el regreso a la democracia en 1990, la situación había cambiado, producto del aprendizaje político y la renovación socialista –que se había aliado con sus históricos adversarios de la Democracia Cristiana–, así como la radicalización del PC y su opción por la vía armada.

Se podría decir que ahora había una izquierda extraparlamentaria, que integraban los comunistas y otras fuerzas, en tanto dentro de la Concertación primaban los socialistas y el novedoso Partido por la Democracia (PPD).

Tras diez años de gobiernos de líderes DC –Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz Tagle– siguió una “década socialista”, como trata el fascinante libro de Ascanio Cavallo y Rocío Montes, esta vez con administraciones encabezadas por Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.

¿Qué ha ocurrido en estos últimos quince años? Al menos tres cosas.

La primera, ciertamente decisiva, fue la derrota de la Concertación en la elección presidencial de 2009, que cambió el ánimo y la actitud de muchos líderes de ese conglomerado y, en la práctica, marcó el fin de ese histórico y exitoso proyecto.

La segunda, que requiere más estudios, es la movilización estudiantil de 2011, que modificó la forma de hacer política: la calle reemplazó a los salones parlamentarios y los jóvenes dirigentes estudiantiles a los tradicionales líderes concertacionistas.

Finalmente, el cambio en la posición dominante al interior de la izquierda, durante años en manos del Partido Socialista y el Partido Por la Democracia.

En esta última década se produjo un importante renacimiento del Partido Comunista, con una gran presencia social y liderazgos reconocidos, y el nacimiento del Frente Amplio, que superó política y electoralmente a las dos fuerzas históricas de la izquierda, es decir, a socialistas y comunistas. Adicionalmente Gabriel Boric, uno de sus principales líderes, llegó a La Moneda el 11 de marzo de 2022.

Chile vive hoy no solo la ruptura histórica del socialismo democrático, sino también la resurrección de la alianza histórica entre el Partido Socialista y el Partido Comunista, en cuya unidad el presidente Salvador Allende cifraba las esperanzas del éxito de la revolución. Y ocurre precisamente a 50 años del 11 de septiembre de 1973 y ad-portas de la celebración de los 90 años de vida del Partido Socialista de Chile.

Esta es la realidad al comenzar el 2023, y lo que explica la actual situación del país y de las izquierdas. La falta de renovación generacional dañó profundamente a la Concertación, que además sufrió un problema de desgaste intelectual y de falta de fortaleza de carácter, que hirieron no solo su obra de casi un cuarto de siglo, sino también la comprensión histórica de una etapa crucial de la democracia chilena.

En medio de esta realidad, el Frente Amplio y el Partido Comunista formaron una coalición exitosa –al menos para llegar al gobierno– frente a la cual el socialismo democrático siempre ha aparecido como una fuerza subordinada, necesaria pero auxiliar, de segunda categoría frente a quienes controlan realmente la agenda y el programa gubernativo.

En ese contexto debemos entender los flirteos del Partido Socialista con el Frente Amplio y el PC, que comenzaron con la posibilidad fallida de participar en las primarias presidenciales de Apruebo Dignidad, que enfrentaron a Gabriel Boric con Daniel Jadue.

Posteriormente hubo una evidente falta de entusiasmo en las escuálidas primarias de la antigua Concertación y en la campaña presidencial de la candidata elegida.

Finalmente, tras la primera vuelta, en forma rápida el socialismo democrático se sumó a la candidatura Boric y luego al gobierno frenteamplista-comunista, incluso en posiciones importantes de poder. Pero siempre afirmaba la existencia de dos polos dentro de la coalición gobernante, manteniendo su historia y proyecto.

El llamado socialismo democrático implica una afirmación y una negación. En lo primero, hay una definición doctrinaria por la democracia, un Estado más robusto, el orgullo por la labor realizada durante la época de la Concertación y ciertas convicciones básicas sobre el futuro del país. Por otra parte, en contraste existe una evidente señal implícita: también habría un socialismo –o una izquierda– “no democrático”, que coquetea con las dictaduras chavistas y castristas, que sigue validando la violencia como método de acción política y que es de una lógica izquierdista ajena a la Concertación. Es decir, el gobierno de Gabriel Boric tiene dos almas y lógicas diferentes, aunque exista un proyecto coyuntural unitario.

En la práctica, la discusión por la lista única de la izquierda o por las eventuales dos listas ha generado el enfrentamiento intelectual o mediático de sus liderazgos históricos más relevantes –Michelle Bachelet en el primer caso y Ricardo Lagos en el segundo–, además del involucramiento del propio Presidente de la República para lograr integrar a todas las fuerzas de gobierno en la lucha por conquistar la mayoría en el Consejo constituyente.

Todo indica que ni la oferta de cargos ni la presión oficialista ni las tres décadas de unidad socialista-pepedeísta lograrán mantener la tesis de una sola lista y, a un día de la inscripción de las listas, habrá dos fórmulas inéditas: la lista del Frente Amplio/Partido Comunista/Partido Socialista (sin PPD) y otra con el PPD/Democracia Cristiana/Partido Radical (sin socialistas).

La redefinición de las izquierdas es una de las noticias más importantes de la política a comienzos de este 2023. Las alianzas políticas no son meros acuerdos electorales, sino que reflejan algo más profundo.

La unidad socialista-comunista se extendió desde 1956 hasta 1973; la Concertación se extendió casi un cuarto de siglo; el PPD-PS fueron aliados por más de treinta años. De esta manera, Chile vive hoy no solo la ruptura histórica del socialismo democrático –con todo lo que ello pueda significar– sino también la resurrección de la alianza histórica entre el Partido Socialista y el Partido Comunista, en cuya unidad el presidente Salvador Allende cifraba las esperanzas del éxito de la revolución.

Y ocurre precisamente a 50 años del 11 de septiembre de 1973 y ad portas de la celebración de los 90 años de vida del Partido Socialista de Chile.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

 

Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Columna de Opinión

Desastres en Chile, una historia sin fin

Desastres en Chile, una historia sin fin

Señor Director

El Subsecretario del interior le “agradece” a la empresa privada el apoyo a este tipo se desastres lo que obviamente desnuda una visión que hasta ahora no ha sido abordada como corresponde y que la Ley 21364, se supone en los reglamentos que aún no son publicados, deberían considerar ya que ellos , los empresarios son parte del SINAPRED (Sistema Nacional de Prevención de Desastres) y que es SU RESPONSABILIDAD es adoptar medidas de MITIGACIÓN estructurales (obras ) en este caso en beneficio de las comunidades que se “podrían” ver afectadas en sus ZZJJ (Zonas Jurisdiccionales) y de esa manera hacer GR (Gestión del Riesgo) Proactiva

Otro tema es el que dice relación con CONAF (Corporación Nacional Forestal), que por ya más de 10 años descansa el proyecto de ley para que pase de ser una “Corporación de Derecho Privado” a un organismo fiscal o sea del Estado. Eso es una vergüenza legislativa, así como aún no nombrar al nuevo Director del SENAPRED (Servicio nacional de prevención de desastres)

¿Y finalmente Proactividad “cero” recién y en forma reactiva se contratan los servicios de los aviones súper tanque y porque no estaban aquí antes de ayer?

Respuesta no hay Gobernanza para la GRD y seguimos en la GR Reactiva

Vale decir la nueva institucionalidad necesita y requiere de voluntad política y no solo un anuncio.

Las últimas situaciones de desastres pareciera que nos hace volver a antes del 27F, los incendios de Viña otro desastre con la ayuda humanitaria, ahora rumas de ropa en desuso, víveres en malas condiciones, no hubo Evaluación de Daños y Necesidades y el Min Desarrollo Social ausente con las Fichas de Información Básica de Emergencia

El decreto de EEC ((Estado Excepción de Catástrofe) retrasado entre Palacio y la CGR (Contraloría General de la República)

Y qué decir de las 15 muertes ahora en Santa Juana, pérdidas que se pudieron evitar aplicando la norma del “perímetro de seguridad “; se requiere de nuevos liderazgos y desarrollar capacidades para enfrentar los efectos del CC (Cambio climático), nada de eso ha pasado ahora

Y aún no se nombra al director nacional del SENAPRED

O sea, la RRD no es una “Prioridad Nacional” como lo señaló el MAH ( Marco de Acción de Hyogo) el 2005 y el SENAPRED ya hace un mes debió estar en plenas funciones

Las amenazas avanzan a mayor velocidad que la GRD en esta historia sin fin.

Bernardo Castro

Profesor Experto en GRD

Nota del editor: El autor de esta carta, a fines del mes de marzo presentará su libro “Una historia sin fin: La Gestión del Riesgo de Desastres Internacional un enfoque hacia Chile”

Bernardo Castro, es profesor del Magíster de Gestión de Riesgo de Desastre, versión 2022-2023 que se imparte en la Academia de Guerra del Ejército.

 

Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Imagen:https://www.induambiente.com/incendios-forestales-en-zona-centro-sur-ya-han-afectado-un-centenar-de-viviendas-y-8-000-hectareas

Seguridad y defensa

INSTITUCIONALIDAD DEL ESTADO Y FUERZAS ARMADAS

INSTITUCIONALIDAD DEL ESTADO Y FUERZAS ARMADAS

Luis Rothkegel Santiago[1]

Resumen:

Este trabajo elaborado desde la perspectiva contemporánea de la política nacional, se propone recordar algunos pasajes de la historia relativos al comportamiento de las instituciones militares en el entorno de la Institucionalidad del Estado. Se refiere, al rango constitucional y legal en que se desenvuelven las Fuerzas Armadas, haciendo hincapié en los efectos acarreados en las relaciones política-militares y en la sociedad en general, cada vez que el marco reglamentario ha sido objeto de interpretaciones, por ende vulnerado.

Palabras clave: Institucionalidad – Fuerzas Armadas – Constitución.

Ver trabajo completo en PDF:Institucionalidad y FAs[16970]

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Seguridad y defensa

Responsabilidad política e interacción civil militar

Responsabilidad política e interacción civil militar

Las decisiones complejas en materia de defensa tienen la particularidad de combinar, en su etapa de análisis o como proyecto, dos tipos de visiones que en ocasiones pueden no coincidir, en especial, cuando se trata del  empleo de una fuerza militar en tareas de orden interior. De hecho, la sensibilidad y  complejidad de este tipo de tareas hace que normalmente sean consideradas excepcionales y, como tales, dentro de un marco jurídico especial.

Y es que por muy bien intencionado y bien pensado sea  el propósito que se busca alcanzar desde una perspectiva política,  la concepción militar no  puede dejar de tener en cuenta la realidad de los frentes donde se van a emplear las fuerzas. Rupert Smith, general británico, con amplia experiencia en distintos tipos de conflicto, ha enseñado que lo más difícil en el uso de la fuerza es hacerlo en medio de la población. Desde lo militar, no sólo se deben limitar al máximo los efectos colaterales y asegurar el logro del propósito fijado con el mínimo de bajas, sino que también es imperativo evitar deteriorar la capacidad de disuasión de la fuerza militar, sin la cual pierde sentido su empleo.

Por eso, en el ámbito de la defensa, cuando se trata del empleo de la fuerza, es indispensable que en la toma de decisiones se genere una integración de la visión y determinación de propósitos de la autoridad política, con el conocimiento especializado que poseen los institutos armados, lo que no significa poner en duda o alterar la autoridad política.

No es extraño, entonces, que los mandos militares deban expresar sus opiniones y advertir sobre los riesgos que conlleva una determinada misión, más aún cuando se trata de tareas excepcionales. De hecho, en los estudios de relaciones civiles-militares hay casos paradigmáticos que se analizan, precisamente, porque en ellos se evidenciaron fallas en la necesaria interacción entre la autoridad política y los líderes militares con consecuencias no deseadas. Dentro de estos, por ejemplo,  la “Declaración acerca de la Apreciación de Defensa en el Reino Unido”, de 1992, y como experiencia de la operación “Tormenta del Desierto”, en la que se establece como una de las deficiencias, el no haber otorgado peso suficiente a la voz de los militares para el desarrollo de políticas.

Algo similar sucedió en el “Reporte del Grupo de Estudios de Irak, del Congreso de los Estados Unidos, de 2006, donde la recomendación 46 estableció que “El nuevo Secretario de Defensa debe hacer todo lo posible para construir un estado de relaciones civiles militar saludables, creando un entorno en el que los altos mandos militares se sientan libres de ofrecer asesoramiento independiente no sólo al liderazgo civil en el Pentágono, sino también al Presidente y al Consejo de Seguridad Nacional, como se prevé en la legislación Goldwater-Nichols”. Es cierto que son realidades muy particulares, pero denotan la complejidad de este tipo de interacción.

En nuestro país, en los últimos años las instituciones de la defensa han estado sometidas a múltiples exigencias en términos de variedad de misiones y complejidad de los escenarios donde han debido actuar. Su empleo en situaciones de catástrofes y de emergencia en forma prolongada, además de sus misiones permanentes de preparación, en lo concerniente a la defensa nacional y a la participación en operaciones de paz, ha impuesto desarrollar nuevas capacidades en el uso de la fuerza y también en materia organizativa. Son tareas que, además, conllevan una interacción con autoridades locales de distintos niveles y con organismos con culturas y  estilos de trabajo muy diversos.

Asimismo, en el ejercicio de sus actividades, el personal militar de distintos grados ha estado expuesto a un eventual uso de las armas, lo que implica asumir constantemente un nivel de riesgo crítico, en un ambiente altamente complejo y volátil.  Alberts y Hayes, que desde comienzo de siglo han estudiado el desempeño de las fuerzas militares en ambientes complejos, advierten que cuantos más actores y organizaciones participan directa o indirectamente en una tarea y más incierto es el escenario, más difícil es cumplir las misiones, producto de lo cual los riesgos se incrementan y, más delicado, se transforman.

Esto último podría parecer evidente, sin embargo, no siempre es asumido en plenitud en los procesos de toma de decisiones de alto nivel, puesto que exige, como premisa básica, una  conciencia situacional y un conocimiento que se exprese  en la asignación de misiones claramente definidas, con reglas de uso de la fuerza efectivas, que no debiliten la capacidad de disuasión, y, por cierto, con los medios adecuados a los eventuales escenarios.

En este panorama, la responsabilidad política es cada vez mayor, ya que así como se han puesto en ejecución tareas que en principio son excepcionales y temporales, los riesgos también se incrementan y la incertidumbre es inevitable. Por otra parte, no se puede asumir la polivalencia de una fuerza militar como la posibilidad de cumplir con los mismos medios todo tipo de misiones; es sabido que eso atenta contra la especialización y deteriora la eficacia operativa y táctica en las misiones más propias de la defensa, las que sin duda, siguen siendo prioritarias teniendo en cuenta el horizonte político estratégico de nuestro país, en particular, los intereses de distinto orden que convergen en nuestra posición y situación geográfica.

Cuando existe la certeza de que el nivel de las exigencias que recaen en las Fuerzas Armadas y en quienes deben cumplir las misiones se multiplican, y cuando las tareas que son excepcionales comienzan a ser permanentes, la responsabilidad de los líderes políticos y de los mandos militares es mayor; y el dilema no es tanto si estas tareas se deben asumir o no, sino, cómo crear las condiciones para que logren su propósito con el mínimo riesgos y de efectos no deseados,  sin perder su condición de fuerza militar. (Red NP)

Gral. (R) José Miguel Piuzzi Cabrera

Doctor en Sociología, y académico

03 de febrero 2023

Fuente: http://www.nuevopoder.cl/responsabilidad-politica-e-interaccion-civil-militar/

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Seguridad y defensa

CRIMEN ORGANIZADO: RAÍCES PROFUNDAS

CRIMEN ORGANIZADO: RAÍCES PROFUNDAS

El Mercurio, Editorial, 01/02/2023

El incremento de la delincuencia en general y del crimen organizado en particular no es una sensación o percepción, sino una realidad. Así lo demuestran las cifras de los organismos competentes.

En los últimos 9 años ha crecido en forma sostenida el número de homicidios, de 481 en 2013 a 910 en el año 2022; de entre ellos, hoy son también muchos más los que se cometen con armas de fuego. Cada vez más homicidas consiguen escapar de la acción de la justicia (desde un 19 % en 2013 a un 32 % en 2015, según las cifras de la Fiscalía).

En el mismo período, ha bajado a la mitad la tasa de recuperación de los vehículos robados, mientras crece exponencialmente el número de quienes están imputados al mismo tiempo por delitos de drogas y homicidio, lo cual es consistente con el incremento también exponencial de la incautación de marihuana, desde poco más de 20 toneladas en 2015 a más de 50 toneladas en 2021.

Un 36 % de las personas consultadas en un estudio de Fundación Paz Ciudadana se encuentra mediana o altamente expuesto a manifestaciones concretas del crimen organizado (narcofunerales, ajustes de cuentas, secuestros, enfrentamientos entre bandas, cierre de pasajes y otras formas de uso del espacio público por bandas o grupos criminales).

Es imposible exagerar la importancia del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, que acaba de entrar en funcionamiento.

Estas cifras ya no son meras señales de alerta sobre algo que viene, sino, igualmente, expresión de una realidad ya instalada. Las causas profundas de este estado de cosas son relativamente fáciles de identificar, pero culturalmente difíciles de aceptar: la crisis de la institución familiar, la consiguiente pérdida del sentido de autoridad y comunidad, un ostentoso materialismo y, particularmente, la degradación de la educación, entre otras.

El incremento de la demanda por drogas de distinto tipo es una consecuencia de este sustrato cultural —un individualismo bastante primitivo y materialista, pero que se presenta como reivindicación de la autonomía—, y a ella sigue una serie de manifestaciones delictivas que alimentan el crimen organizado.

Sin embargo, la aceptación de las causas mencionadas parece estar aún lejos de producirse. Más lejos todavía se halla la identificación y adopción de las medidas idóneas para hacerles frente, cuya implementación tardará además varias generaciones.

Entre tanto, la comunidad política debe aprender a lidiar con los síntomas y suplir con recursos y creatividad las carencias para conseguir un mínimo de responsabilidad personal y cohesión social.

Esto pasa con toda seguridad por un replanteamiento de la educación preescolar y escolar, en todos los segmentos sociales, donde la educación cívica y la formación en los hábitos de convivencia social deberían ocupar un lugar central.

Para que esto sea posible, sin embargo, es crucial asegurar que la educación preescolar y escolar alcance a la totalidad de los niños y adolescentes del país con una calidad a lo menos mediana. Ello implica entre otras cosas realizar un esfuerzo enorme para recuperar a los que han abandonado el sistema o no se han integrado aún a él, y para permitir el desarrollo de formas variadas de provisión de educación, y de todos los servicios asociados a ella, rechazando toda forma de mesianismo estatal y de panaceas estandarizadas.

Una dimensión clave de esta profunda reforma a la educación es la atención a los niños y adolescentes que están en riesgo de presentar conflictos con la justicia o que ya los han presentado.

Es imposible exagerar la importancia del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, que acaba de entrar en funcionamiento. En las manos de la justicia de familia y de esta institucionalidad se encuentra parte del futuro del país, pues los efectos deletéreos directos e indirectos del contacto temprano con la droga y la delincuencia son incalculables.

Hay muchas medidas indispensables para hacer frente a la proliferación del crimen organizado, desde mejorar la capacidad investigativa de la Fiscalía y las policías hasta el combate contra la informalidad. Pero ninguna se compara con la profunda recuperación educacional que Chile necesita.

Un aporte del director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

Columna de Opinión

BORIC CONTRA SÍ MISMO

 

BORIC CONTRA SÍ MISMO

Carlos Peña

El Mercurio, Columnistas, 29/01/2023

¿Hizo bien el Presidente Boric al referirse a las protestas en Perú, acusando represión de las fuerzas policiales contra los ciudadanos, los mismos a quienes, según dijo, ellas debían proteger?

La mayor parte de quienes han comentado el incidente, comenzando, como era obvio, por la Cancillería peruana, consideraron que no, que esa declaración equivalía a entrometerse en un gobierno ajeno. Y bien mirado parece que es así.

Si Chile se quejó de las declaraciones del embajador Bielsa, ¿cómo Perú no podría quejarse de lo que el Presidente dijo, más grave y terminante, desde luego, que las declaraciones del embajador Bielsa, quien, después de todo, aligeró lo que dijo con algunas gotas de ironía?

Y siendo así, si el discurso redactado era obviamente inaceptable (juzgado bajo los mismos parámetros que se aplicaron al embajador argentino), ¿por qué el Presidente Gabriel Boric, un hombre inteligente que sabía lo que deletreaba, se decidió a leerlo en la Celac?

La explicación se encuentra en la escena originaria.

Lo que ocurre es que el Presidente Boric se constituyó como figura política a partir de la protesta. Su liderazgo; la idea que él tiene de sí mismo; las fantasías de heroísmo que en ocasiones lo han de invadir; los recuerdos que atesora como si fueran un ejemplo; la reminiscencia que como una ensoñación ha de consolarlo en los malos momentos; el apoyo emocional que su memoria debe buscar cuando se siente incomprendido, están todas relacionadas con la protesta callejera que en su caso podría ser llamada la escena originaria, en torno a la cual él se erigió como figura política.

Y al ver lo que ocurre en Lima —miles de personas migrando para protestar en la capital, exponiéndose a la represión policial—, esa escena originaria, alrededor de la cual dibujó su propia identidad política, renace, lo invade y entonces él olvida que es un jefe de Estado.

En otras palabras, al ver lo que ocurre en el Perú (no muy distinto, sea de paso, a lo que ocurrió en Chile el año 2019: modernización material, debilidad institucional y brote de insatisfacción) han de inundar al Presidente las emociones.

”Al ver lo que ocurre en el Perú (no muy distinto, sea de paso, a lo que ocurrió en Chile el año 2019: modernización material, debilidad institucional y brote de insatisfacción) han de inundar al Presidente las emociones. Y eso explica lo que ocurrió en Celac”.

Y entonces su escena originaria retorna. Y puesto a escoger entre las autoridades empeñadas en restablecer el orden como un paso indispensable para que existan instituciones, por un lado, y esos miles de personas que mediante diversos medios, casi siempre violentos, reclaman y se vuelven contra las instituciones, por el otro, la memoria emotiva del Presidente, allí donde habita la escena que constituye su identidad, retorna.

Y entonces, el Presidente se pone, involuntariamente, contra sí mismo.

Porque ocurre que el Presidente es jefe de Estado y como tal, está obligado a reprimir su subjetividad y, en cambio, a respetar reglas y atender a relaciones que, sin duda, en el largo plazo lo excederán. Y en tanto jefe de Estado, él debería comprender mejor que nadie que serlo equivale a disponer del monopolio de la fuerza y en ocasiones (ocasiones de la índole que ha debido enfrentar la Presidenta del Perú, como antes debió hacerlo el presidente Piñera), disponerse a usarlo con los costos que ello supone, ¿o habrá que citar de nuevo a Weber, quien por su parte recuerda a Maquiavelo, con eso de que quien maneja el Estado debe estar dispuesto a condenar su alma?

Pero el Presidente parece que malentendió eso de “habitar la presidencia” (un concepto que debió ser tomado de Gaston Bachelard, aunque se le mal emplea) y quizá creyó que había ocasiones en que —al modo en que se abandona la casa habitación cuando se viaja— él puede sin mayores dificultades retomar de vez en cuando el papel de dirigente estudiantil, aleccionar a la audiencia proclamando meros principios y refugiarse sin más en la escena originaria.

Es como si el Presidente —ya ha ocurrido otra vez— frente a una audiencia externa recuperara su papel de conductor estudiantil preocupado, ante todo, de despertar el entusiasmo o la aprobación de quienes lo escuchan, por la vía sencilla de subrayar conceptos que ponen en paréntesis la realidad.

Y eso es exactamente lo que ha ocurrido en Celac: el Presidente Gabriel Boric subrayó el respeto por los derechos humanos, olvidando del todo que las masas que protestan en Lima intentan imponer su voluntad mediante la violencia y desconocen las instituciones, motivo por el cual el Presidente Gabriel Boric haría bien si formulara para sí mismo la pregunta que Raymond Aron solía aconsejar a quienes criticaban el manejo del Estado: ¿Y qué haría yo en su lugar?

Un aporte del director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

News, U al dia

Asamblea General Ordinaria de Socios correspondiente al año 2023

 NOTA:

La Asamblea General de socios fue postergada para el 04 de mayo del presente año. La información se encuentra en noticias, como la invitación y en Unión al Día

Santiago, febrero de 2023

 

Estimado socio

René Norambuena Véliz, GDB, presidente y el Directorio de la Unión, tienen el agrado de invitarle a la Asamblea General Ordinaria de Socios correspondiente al año 2022 a efectuarse el jueves 23 de marzo de 2023 a las 12:00 horas en los salones del Club de Oficiales de la FACH “Quinchamalí”, ubicado en San José de la Sierra 360, Las Condes.

En dicha asamblea los socios deberán aprobar importantes resoluciones relacionadas con la marcha de la Unión.

A continuación de la Asamblea, se invita a los socios a un coctel y almuerzo de camaradería, a servirse en los salones del Club.

Su presencia en esta reunión será altamente apreciada.

Atte.

GDB René Norambuena Véliz, Presidente de la Unión.

 

Nota: Se agradecerá confirmar la asistencia a la Asamblea y al almuerzo hasta el 20 de marzo a las siguientes direcciones:

Email: uniondn1963@gmail.com

Celular Secretaría: +56979873306