General Baquedano. General invicto.
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Columna de Opinión
PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO EN EL PROCESO CONSTITUCIONAL
PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO EN EL PROCESO CONSTITUCIONAL
Ignacio Sánchez D., Rector, Pontificia Universidad Católica de Chile
El Mercurio, Columnistas, 31/12/2022
En el marco de la reforma que se discute actualmente en el Senado para la realización de un nuevo proceso constituyente, se hace una referencia explícita a la participación ciudadana (art. 153, inciso 3), lo que abre nuevamente caminos de diálogo ciudadano, respecto de los cuales, con la redacción de una iniciativa popular de norma, las universidades tendrán un rol fundamental.
Recogiendo la experiencia de más de dos años de trabajo en terreno desde la iniciativa de escucha activa “Tenemos que Hablar de Chile”, con la experiencia que se ha obtenido hasta la fecha y el trabajo realizado en torno a la previa Convención Constitucional, esperamos responder a la necesidad que existe en la sociedad de estar presentes y ser parte de este nuevo proceso.
El proyecto “Tenemos que Hablar de Chile”, que promueve una cultura de participación y diálogo ciudadano con el objetivo de promover la cohesión y la construcción de una hoja de ruta país, ya ha movilizado la participación de más de doscientas mil personas, provenientes de todos los rincones de nuestro país.
Sus distintos espacios participativos han recogido una enorme cantidad de información que, en el marco de la Convención Constitucional, fueron entregados a través de informes, presentaciones en las audiencias y más de veinte documentos puestos a disposición de la Convención, de todos los poderes del Estado, junto al análisis de la ciudadanía.
Poniendo en valor nuestras diferencias, sabiendo que las personas e instituciones tenemos distintas historias y puntos de vista, hemos impulsado desde el año 2020 múltiples espacios participativos. Hemos buscado comprender esa diversidad de miradas, preocupaciones y anhelos que conviven en nuestro país.
Durante el proceso constitucional profundizamos en este esfuerzo, no con el objetivo de tener una voz institucional común, sino que buscando ofrecer un camino que complementara oportunidades de participación para la ciudadanía.
Hace ya algunas semanas, realizamos una nueva entrega conjunta, tras un gran esfuerzo de escucha, en tiempos de grandes desafíos para nuestro país, que superan las capacidades de cualquier individuo u organización. Se trata del informe “Reflexiones de una ciudadanía constituyente”, realizado desde esta iniciativa, proyecto impulsado por las universidades Católica y de Chile, con la colaboración de otras 27 casas de estudio, cerca de sesenta organizaciones de la sociedad civil y la participación de miles de personas de todas las comunas de Chile.
“…desde las universidades y en alianza con la sociedad, invitamos a potenciar el diálogo. No hay una propuesta de camino fácil, ni respuestas infalibles, sino una gran gama de visiones y opiniones que se nutren y complementan entre sí…”.
Es urgente hacer un análisis de lo que hemos vivido como sociedad, para poder reflexionar sobre el futuro de un proceso político que aún tiene la tarea de encauzar los anhelos de cambio y mejoras que vemos muy presentes en el relato ciudadano.
Con los datos y la información que se han levantado en todo el país buscamos, en parte, responder a nuestro compromiso con todas aquellas personas que participaron y dedicaron su tiempo, con el convencimiento de que lo conversado se haría parte del debate público.
Hoy, este desafío se hace manifiesto con un reglamento que contemplará mecanismos de participación ciudadana una vez instalado el Consejo Constitucional y que será coordinado por las universidades Católica y de Chile, en conjunto con el sistema universitario del país.
Cabe destacar que aún falta la total tramitación de la reforma constitucional en el Congreso —esperamos durante el mes de enero— y la definición del reglamento respectivo, el que probablemente entregará mayores detalles de los mecanismos de participación y sus plazos.
Sin embargo, hasta la fecha, los mecanismos de participación comenzarían cuando empiece a sesionar el Consejo Constitucional, es decir, durante junio del próximo año.
Estamos en un momento en el cual, desde las universidades y en alianza con la sociedad, invitamos a potenciar el diálogo. No hay una propuesta de camino fácil ni respuestas infalibles, sino una gran gama de visiones y opiniones que se nutren y complementan entre sí.
Desde nuestras instituciones de educación superior trabajaremos para abrir nuevas reflexiones y así aportar, desde lo vivido, a los desafíos futuros. Es la contribución de las universidades al país en momentos cruciales para su desarrollo.
Es un desafío que nos compromete y alegra.
Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
Columna de Opinión
LA DEMOCRACIA EN LA TORRE DE BABEL
LA DEMOCRACIA EN LA TORRE DE BABEL
Lucía Santa Cruz
El Mercurio, Columnistas, 30/12/2022
Cuando dos realidades muy distintas, o incluso contradictorias, son descritas con el mismo nombre, entramos al preludio de una Torre de Babel y es muy difícil entendernos entre nosotros. Eso sucede con el término “democracia”.
Es tal el poder moral de la idea democrática que no hay régimen político existente que renuncie a ser clasificado como tal, incluido el de la ex Alemania Oriental y el de la China Popular.
Los comunistas, por ejemplo, que en su doctrina postulan la “dictadura” del proletariado y cuya historia está ligada a los regímenes más totalitarios de que se tenga memoria, consideran que Cuba, Venezuela o Corea del Norte son mejores “democracias” que la nuestra.
Los convencionales afirmaban que la refundación que ellos imaginaban nos llevaba a una “verdadera” democracia, concepto que fue reforzado por el propio Presidente de la República, pues, a su juicio, dicha propuesta representaba la “profundización” de la democracia.
Por el contrario, para una gran mayoría la razón principal para rechazarlo fue la convicción de que destruía las bases de la democracia tal como la hemos conocido en nuestra historia y en la de los países occidentales.
Ello, porque eliminaba la idea de un Estado Nación unitario, la separación de poderes, varios derechos y libertades individuales inviolables, ciertas restricciones al poder arbitrario de los gobiernos, un sistema judicial autónomo y la igualdad ante la ley.
“Es tal el poder moral de la idea democrática que no hay régimen político existente que renuncie a ser clasificado como tal”.
Desde sus inicios, la democracia evolucionó en dos vertientes. Por una parte, las llamadas democracias totalitarias que se caracterizan por la primacía de los derechos colectivos por sobre los de cada persona individual; un régimen donde la soberanía no reside en la nación, sino en colectivos específicos como el género, la clase, la etnia, la raza o la condición sexual; y los gobiernos son concebidos, antes que nada, como los proveedores de toda suerte de bienes sociales, más que como los guardianes de la libertad y, por el mero hecho de ser electos, se cree que actuarían siempre para el bien del conjunto y, en consecuencia, no necesitarían límite alguno.
Un elemento de esta gran confusión ha surgido a propósito de la reforma constitucional para permitir un nuevo proceso constitucional. Muchísimas voces se han alzado para denunciar que el Congreso —aunque legítimo representante de la soberanía popular y depositario de la potestad constituyente— habría violado la democracia al permitir que el futuro Consejo quede integrado por una minoría de “expertos” nombrados por ellos, además de por una mayoría elegida en votación popular.
La implicancia de esto es que solo las constituciones escritas enteramente por miembros electos podrían garantizar un régimen democrático. Pues bien, de aplicarse este principio, quedarían fuera de esta clasificación la mayoría de las constituciones existentes y solo serían democráticamente válidas aquellas que han emanado de asambleas constituyentes en Latinoamérica.
El elemento más obvio de una democracia es que se trata del gobierno de las mayorías. Sin embargo, una democracia electoral no garantiza necesariamente una verdadera democracia y estamos plagados de ejemplos de gobiernos elegidos, pero tiránicos, desde Hitler en adelante.
Una verdadera democracia debe asegurar la igualdad ante la ley, las libertades públicas, los derechos individuales y de las minorías, la alternancia en el poder, mantener esferas de la vida personal al margen de los dictados de la soberanía popular y operar en un clima de deliberación racional respetuoso de la tolerancia.
Así, la prueba de la calidad democrática del futuro Consejo no depende tanto de cuántos de sus miembros son elegidos por el voto popular, sino de que efectivamente nos entregue un texto que cumpla con los requisitos mínimos necesarios para ser clasificado como tal.
Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
Columna de Opinión
EL RESCATE DE LO PÚBLICO
EL RESCATE DE LO PÚBLICO
El Mostrador, Opinión, 22/12/2022
Con el inicio del Gobierno del Presidente Gabriel Boric se anunció el Plan de Recuperación de Espacios Públicos, que en lo concreto busca erradicar el comercio no autorizado en calles y lugares como el Metro, en la Región Metropolitana.
Además de contemplar el aumento de la dotación policial, se implementó un sistema de turnos y se sumaron nuevos carros para llevar a cabo la tarea, en la que municipios y policías trabajan a la par.
Al día de hoy son varios los lugares que, como se ha podido ver a través de la prensa, han sido intervenidos o en los que se han desarrollado operativos para “limpiar” y recuperar los espacios públicos.
Es así como se han retirado carritos de comida al paso y se han visto escenas crudas como las de Barrio Meiggs, hace algunos meses, donde comerciantes desafiaron con armas a la policía.
El Metro, en tanto, también se ha intervenido, con la misma efectividad transitoria de los operativos, gracias a los cuales se han decomisado 4.764 especies, se han realizado más de 6.690 controles preventivos y se ha logrado la detención de 39 personas involucradas en delitos, según consigna La Tercera.
El subsecretario Manuel Monsalve en su momento señaló que “vamos a focalizar un esfuerzo conjunto para brindar tranquilidad y seguridad para los que hacen uso de este medio tan importante”.
Hay otro tipo de recuperación de espacios públicos que se está haciendo: un trabajo de joyería de rescate de la ciudad. Se trata de la limpieza de fachadas, que –sobre todo post estallido– se encontraban deterioradas.
Es el caso, por ejemplo, del plan que están llevando a cabo las municipalidades de Santiago y Providencia, que se materializó en el acuerdo firmado entre ambas alcaldesas, Irací Hassler y Evelyn Matthei, respectivamente, junto al subsecretario de la Subdere, Nicolás Cataldo.
Muchos critican al centro de Santiago e indican que estamos en un colapso mayor. A veces resulta difícil ver la luz al final del túnel, pero los centros urbanos son dinámicos.
Históricamente han tenido altos y bajos. Esto es cíclico y solo con un trabajo que reúna fuerzas de todo tipo, tanto públicas como privadas, podremos dar vuelta esta compleja página y revalorizar nuestro centro urbano.
En línea con lo anterior, desde el ámbito privado, un trabajo importante de revalorización y cuidado por el entorno urbano es el que efectuó la Universidad Alberto Hurtado.
En tres meses logró renovar el aspecto de toda la manzana patrimonial en la que está inserta: Almirante Barroso, Alameda, Cienfuegos y Erasmo Escala.
Una iniciativa que vale la pena destacar porque, sin contar con financiamiento público, logró dar una nueva cara al sector del Metro Los Héroes, contribuyendo desde su vereda al mejoramiento del espacio público, en un notorio aporte al bien común.
Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
Columna de Opinión
“JARDÍN DE LA RESISTENCIA”
“JARDÍN DE LA RESISTENCIA”
El Mercurio, Editorial, 26/12/2022
Controversia se ha generado por la decisión de Metro de Santiago de reabrir el acceso principal de la estación Baquedano. Y aunque es una demanda sentida por la mayoría de los usuarios, ha provocado la indignación de las organizaciones simpatizantes del llamado “Jardín de la resistencia”, ubicado en la plaza hundida.
La denominación apunta a los murales y manifestaciones que están plasmados en la que era la entrada principal de esa estación, y que cerró tras el estallido de 2019.
Los grupos que se instalaron en la zona no quieren que se reabra el acceso, ya que señalan que terminaría con su “intervención”. Pese a que han sido invitados por la empresa y por la delegación presidencial a ser parte de las conversaciones, la mayoría se han abstenido de ir: a estos supuestos movimientos populares, poco les importan los problemas que el cierre de esa entrada causa a los miles de trabajadores que cada día deben utilizar dicha estación.
Es común que en el mundo se debata sobre la conservación de ciertos espacios o edificaciones que rememoren algún hecho históricamente significativo. Así, por ejemplo, pese al trauma que significó el muro de Berlín, parte de él se ha conservado.
Incluso, los campos de concentración europeos que avergüenzan al mundo también han sido objeto de resguardo patrimonial, en homenaje a las víctimas y como testimonio de la opresión totalitaria.
La pregunta que ahora cabe es si el caos y la violencia del 18 de octubre y los días posteriores ameritan una conmemoración.
No puede olvidarse que en los meses finales de 2019 una parte del mundo intelectual, académico y cultural empatizó y hasta exaltó la destrucción de nuestras ciudades, como supuesto preludio de un nuevo tiempo.
Emblema de aquello fue la declaración de rechazo del GAM cuando un grupo de ciudadanos optó por borrar los grafitis que circundaban el centro cultural, plagados de frases instigadoras de la violencia.
La barbarie no debe ser objeto de exaltación ni homenaje; sí un motivo de reflexión
Esa pulsión “octubrista” —como se la ha denominado— ha venido afortunadamente desapareciendo y hoy es claro que una amplia mayoría ciudadana la rechaza.
No es posible, en efecto, olvidar que se quemaron iglesias, museos, edificios históricos y emprendimientos, y que aquello fue el inicio de una degradación urbana cuyas consecuencias se siguen sufriendo.
La barbarie no debe ser objeto de exaltación y el llamado “Jardín de la resistencia” no hace más que traer los peores recuerdos de un momento oscuro.
Debe ser valorado el paso de Metro por dejar atrás el lunar que implica un verdadero basural en la entrada de una de las estaciones más importantes de la red.
Y frente a la petición de algunas colectividades de poner una placa conmemorativa, no debe ser necesariamente desechada, en la medida en que sus términos, lejos de cualquier afán celebratorio, permitan recordar que hubo un día en el que la delincuencia y la violencia intentaron alterar el tránsito democrático del país.
Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
Columna de Opinión
COMENTARIOS TÉCNICOS AL NUEVO PROYECTO DE REFORMA POR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN
COMENTARIOS TÉCNICOS AL NUEVO PROYECTO DE REFORMA POR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN
Jaime Arancibia M., Soledad Bertelsen R., José Ignacio Martínez E. y Marcela Peredo R., Profesores de Derecho Constitucional e investigadores de POLIS, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes
El Mercurio, Columnistas, 26/12/2022
La moción parlamentaria de reforma constitucional para dar inicio a un nuevo proceso constituyente, ingresada la semana pasada en el Senado, presenta errores técnicos que es preciso advertir, a fin de que sean corregidos.
Deseamos contribuir a ese objetivo considerando, sobre todo, que la elaboración de la norma fundamental y bicentenaria de la República exige rigor metodológico debido a sus efectos en el resto del ordenamiento jurídico y al respeto que merece.
Nuestras observaciones al proyecto son básicamente tres: a) mantiene normas obsoletas; b) incorpora normas transitorias en un capítulo de la Constitución relativo a normas de vigencia permanente; y c) incurre en omisiones y errores de orden, ortografía, redacción y nominación que afectan su comprensión o elegancia.
En primer lugar, el proyecto mantiene vigentes, como si correspondieran a disposiciones permanentes, todos los preceptos relativos al proceso constitucional terminado en el plebiscito de septiembre, ahora obsoletos. La propuesta no sustituye, sino agrega varios artículos más a un texto constitucional que se ha caracterizado desde el siglo XIX por su sobriedad y precisión.
La mantención de artículos caducos en una Carta vigente carece de sentido y desmerece su prestigio jurídico.
Segundo, dado que el procedimiento propuesto no es permanente, sino único y contingente, plagado de fechas específicas, no se comprende por qué está regulado en las disposiciones permanentes y no en las transitorias. Con este paso, Chile pasaría a ser un caso anormal de regulación constitucional de lo transitorio como permanente.
“…el proyecto mantiene vigentes, como si correspondieran a disposiciones permanentes, todos los preceptos relativos al proceso constitucional terminado en el plebiscito de septiembre, ahora obsoletos…”.
Proponemos, por tanto, que todas las disposiciones relativas a este proceso sean transitorias, sobre todo porque no existen diferencias de quorum que justifiquen una opción diferente.
En tercer lugar, el proyecto omitió mencionar el efecto jurídico en caso de desacuerdo definitivo entre el Consejo y la Comisión experta, o de votación “en contra” de la propuesta en el plebiscito de salida.
Omitió también la exigencia del “Acuerdo por Chile” de que los expertos tengan una “indiscutible trayectoria profesional”, lo que afecta sustancialmente los requisitos para acceder al cargo (más de un millón de personas serían elegibles aproximadamente) y desconoce su aporte esencial al proceso: la legitimidad de la auctoritas o sabiduría constitucional.
Tampoco existe un plazo para que la Comisión Experta emita su informe acerca del texto aprobado por el Consejo Constitucional. Pero, además, el proyecto tampoco señala qué sucede si no se aprueba el texto general por los tres quintos de los miembros del Consejo Constitucional en ejercicio.
A lo anterior se suma la denominación incorrecta de la Cámara Baja, que excluye a las “diputadas”, la dictación de un “Auto-acordado” en vez de un reglamento por parte del Comité Técnico de Admisibilidad, la mención extensa e innecesaria de normas legales aplicables, el uso de nomenclatura extra-jurídica (“fundador” de partido político), y la inclusión de normas en artículos o títulos que tratan temas diferentes (v.gr. escaños para pueblos originarios en el art. 144, apoyo financiero en el título sobre comité de admisibilidad), y el centralismo en las instancias de coordinación de participación ciudadana.
Llama la atención también que se convoque al Congreso Pleno a un acto público en que se jurará la nueva Constitución antes de su publicación.
Como se ve, se trata de defectos técnicos importantes del proyecto de reforma constitucional, que deberían ser corregidos en su tramitación.
Un aporte del Director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
Las opiniones en esta sección son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional
Columna de Opinión
Selección de cartas al Director enviadas por Adolfo Paúl Latorre a diversos medios de prensa sobre política, derecho y temas varios
Selección de cartas al Director enviadas por Adolfo Paúl Latorre a diversos medios de prensa sobre política, derecho y temas varios
Conmemoración
El 31 de agosto fue publicado en el Diario Oficial el decreto supremo que creó la “Comisión Asesora Presidencial Interministerial para la Coordinación de la Conmemoración de los cincuenta años del Golpe de Estado en Chile”. Fuentes del Ejecutivo han dicho que el presidente Boric está determinado a hacer de la conmemoración un momento “de diálogo y unidad”. Esperemos que así sea: un momento que promueva la reflexión y no la división.
Si bien no es posible ni conveniente olvidar el pasado, debemos privilegiar el futuro. Cincuenta años es un tiempo más que suficiente para comprender lo realmente ocurrido y para desterrar odios derivados de una tragedia en la que hubo culpas compartidas. Ha llegado la hora de pedir y de otorgar perdón.
Deberíamos aprender la lección que nos diera el almirante Jorge Montt Álvarez quien, como presidente de la República y con gran prudencia política, dictó cuatro leyes de amnistía al término de la dramática y sangrienta Guerra Civil de 1891; una vía de reconciliación política con la que dicha guerra fue clausurada jurídicamente.
Finalmente cabría destacar que la reconciliación nacional pasa por un honesto análisis e interpretación de lo sucedido en Chile desde el año 1970 en adelante.
Publicada el 8 de diciembre de 2022 en El Mercurio de Antofagasta y de Calama, y en El Pingüino de Punta Arenas. También, el 8 de diciembre, en El Mercurio de Valparaíso bajo el título “Momento para reflexionar”.
Constitución. ¿Reemplazo o enmienda?
Las fuerzas políticas que están tratando de alcanzar un acuerdo para poner en marcha un nuevo proceso constituyente están obnubiladas por su afán constituyente y no atienden las razones que demuestran la innecesariedad de reemplazar la Carta Magna vigente. El afán por alcanzar tal acuerdo y de conciliar posiciones muy opuestas podría terminar en un “parto de los montes” o en un engendro de mono con loro.
¿Cuál es la necesidad de reemplazar la Constitución vigente en lugar de enmendar o corregir lo que tuviese de malo, aparte del desiderátum de cambiarle el nombre o de satisfacer oscuros o espurios intereses de algunos actores políticos? Un eventual nuevo proceso constituyente solo contribuiría a desangrar las escuálidas arcas fiscales, a mantener la incertidumbre y a desalentar la inversión y el crecimiento.
Cambiar la Constitución Política no resolverá los problemas que afectan a los chilenos puesto que la solución de ellos no depende de la Carta Fundamental, sino que de la existencia de gobernantes virtuosos, eficientes y realizadores y de buenas políticas públicas.
Publicada el 9 de diciembre de 2022 en El Líbero, El Mercurio de Antofagasta, El Diario de Atacama, El Austral de Temuco y El Austral de Osorno; y el 10 de diciembre de 2022 en Crónica de Chillán y en El Pingüino de Punta Arenas. También, el 10 de diciembre, en El Llanquihue de Puerto Montt bajo el título “Negociación constituyente”. Publicada el 13 de diciembre de 2022 en El Mercurio de Valparaíso, de Antofagasta y de Calama bajo el título “Proceso innecesario” haciendo referencia a una carta de Francisco Bartolucci Johnston publicada en El Mercurio de Valparaíso el 8 de diciembre de 2022 bajo el título “Afán constituyente”.
Empresa del Estado
El viernes 9 de diciembre (día laboral) a las 11:15 horas fui a dejar una carta a la oficina de Correos de Chile de Reñaca y ¡oh sorpresa! estaba cerrada.
¡Exijo una explicación!
Publicada en La Estrella de Valparaíso el 10 de diciembre de 2022.
Juego de conveniencias
Compartiendo plenamente lo manifestado por Sergio Muñoz Riveros en su columna de ayer cabría comentar que la obnubilación de los negociadores que sustentan posiciones sumamente antagónicas acerca de la forma de poner en marcha un innecesario e incierto nuevo proceso constituyente y su afán de llegar a un acuerdo aunque sea a troche y moche, presenta el riesgo de que el acuerdo que se logre sea un engendro de mono con loro.
Los acuerdos que se busquen deberían ser alcanzados por las instituciones políticas establecidas de nuestro sistema de democracia representativa y no por fórmulas asambleístas.
Enviada a El Mercurio de Santiago el 10 de diciembre de 2022.
Fracaso de la mesa
“Es preferible un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo” declaró el presidente Boric. Espero que a fin de alcanzar tal acuerdo imperfecto —y de evitar el fracaso de la mesa de negociaciones para el nuevo proceso constituyente— no se llegue a un acuerdo a troche y moche, pues con ello se correría el riesgo de dar a luz a un engendro con carácter asambleísta.
Publicada en El Mercurio de Valparaíso, de Antofagasta y de Calama el 12 de diciembre de 2022 bajo el título “Negociaciones”. Fracaso de la política
La renuncia del Congreso Nacional a ejercer su potestad constituyente es el fracaso de la política.
Publicada en El Llanquihue de Puerto Montt el 13 de diciembre de 2022 y en El Pingüino de Punta Arenas el 18 de diciembre de 2022. También en La Segunda el 12 de diciembre y en El Diario de Atacama el 13 de diciembre bajo el título “Fracaso”. Asimismo, el 18 de diciembre de 2022 en El Diario de Atacama y en El Mercurio de Valparaíso, de Antofagasta y de Calama bajo el título “Potestad constituyente”.
“Un nuevo militar”
En relación con lo expuesto por Miguel A. Vergara Villalobos en su carta de ayer cabría comentar que las Fuerzas Armadas existen en virtud de finalidades políticas que deben ser satisfechas. Incluso la guerra, como bien lo ha señalado Clausewitz, “es un acto político”.
La apreciación, tantas veces repetida, de que “la guerra es la continuación de la política por otros medios” está alejada de la realidad. La guerra es una opción política más, ya que con ella se persiguen finalidades exclusivamente políticas. El hecho de que el enfrentamiento armado se resuelva por medio de procedimientos técnicos militares no desvirtúa su naturaleza política.
Enviada a El Mercurio de Santiago el 13 de diciembre de 2022.
Iniciativa exclusiva
En virtud de lo establecido en el artículo 65 de la Constitución Política de la República un proyecto de ley de reforma constitucional para realizar un nuevo proceso constituyente es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, porque tiene relación con la administración financiera del Estado ya que ocasionaría muchos gastos, los que podrían haberse evitado si el Congreso Nacional hubiese ejercido su potestad constituyente.
Publicada el 14 de diciembre de 2022 en El Mercurio de Valparaíso, de Antofagasta y de Calama; en El Austral de Osorno y en El Pingüino de Punta Arenas. Asimismo, el 15 de diciembre, en El Diario de Atacama y en El Austral de Temuco; el 16 de diciembre en Crónica de Chillán; y el 21 de diciembre en El Sur de Concepción. También, el 14 de diciembre, en La Tercera bajo el título “Potestad constituyente”; y el 16 de diciembre en El Llanquihue de Puerto Montt bajo el título “Congreso y rol constituyente”.
Constitución Política
La Constitución Política es una norma jurídica especial y suprema que preside la vida jurídica y política de un país; que establece los principios básicos rectores del orden social —que deberían estar basados en la primacía del hombre por sobre el Estado, en la autonomía de las sociedades intermedias, en la promoción del bien común y en una armonía entre el orden y la libertad— y la organización básica de un Estado; que fundamenta y legitima las instituciones políticas; que formaliza las relaciones de poder y que lo limita, reconociendo y asegurando a los ciudadanos una esfera de derechos y libertades fundamentales, estableciendo formas de tutela o de protección a fin de hacerlos efectivos, incluso frente a excesos de los poderes públicos.
La Constitución fija las esferas de competencia y la responsabilidad de las diversas instituciones, órganos y autoridades superiores del Estado, atribuyendo sus funciones, facultades y limitaciones; contempla una separación y equilibrio de poderes y mecanismos o herramientas que permitan controlar el ejercicio del poder por parte de los órganos del Estado y consagra los contrapesos institucionales que permitan asegurar los derechos de las minorías.
Una Constitución es un proyecto de convivencia en una empresa común. Ella debe asegurar el desarrollo nacional en un contexto de respeto a la idiosincrasia e identidad histórico cultural. Los redactores de una Carta Fundamental deben rechazar aquellas proposiciones que constituyan una ruptura con el modo de ser histórico de la nación.
Publicada el 16 de diciembre de 2022 en El Austral de Osorno, en El Diario de Atacama, en El Líder de San Antonio y en El Pingüino de Punta Arenas; el 17 de diciembre, en El Austral de Temuco; el 18 de diciembre en Crónica de Chillán; el 20 de diciembre en El Llanquihue de Puerto Montt; y el 21 de diciembre en Crónica de Chillán. Asimismo, el 16 de diciembre, en El Mercurio de Valparaíso y en el de Calama bajo el título “Principios básicos”.
Derechos humanos
El 10 de diciembre de 1948 fue proclamada la Declaración Universal de Derechos Humanos que contempla, entre otros, la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, el debido proceso y el principio de legalidad (nullum crimen, nulla poena sine praevia lege). Ello trajo a mi mente una situación que la mayoría de los chilenos o desconoce o no les importa ni en lo más mínimo.
Me refiero a la arbitrariedad, ilegalidad, inconstitucionalidad e iniquidad con la que son perseguidos y condenados —mediante sentencias dictadas contra leyes expresas y vigentes— militares y carabineros que, ejerciendo sus funciones y cumpliendo órdenes superiores, debieron enfrentar la violencia revolucionaria y el terrorismo durante las últimas décadas del siglo pasado.
Se me parte el alma ver como personas nonagenarias, que padecen graves enfermedades, que no controlan esfínteres y que ni siquiera saben como se llaman, están prisioneras en diversas cárceles del país. Esta barbarie e inhumanidad se ve agravada por el hecho de que tales personas son inocentes de los delitos que les fueron imputados, están libres de culpa o exentas de responsabilidad criminal. Todas ellas fueron juzgadas según el antiguo sistema de procedimiento penal —no obstante que el 16 de junio de 2005 fue reemplazado por el nuevo sistema procesal penal— con lo que les fue vulnerada gravísimamente la igualdad ante la ley y el debido proceso penal, derechos humanos amparados constitucionalmente y por el derecho internacional de los derechos humanos.
Publicada en El Austral de Osorno el 18 de diciembre de 2022 y El Pingüino de Punta Arenas el 19 de diciembre de 2022. Libertad condicional
Tan inaudita como la libertad condicional otorgada a José Tralcal Coche —uno de los condenados por el homicidio del matrimonio Luchsinger MacKay— han sido las resoluciones de la Corte Suprema que han negado la libertad condicional a militares y carabineros prisioneros por considerar que los recurrentes no cumplían con el requisito de los 2/3 de encierro efectivo.
Según dicha Corte el D.L. 321 de 1925 “en su actual redacción” exige tener cumplidos 2/3 de la pena para poder solicitar la libertad condicional. Al respecto es preciso señalar que dicha “actual redacción” fue establecida por la ley 21.124 del 18 de enero de 2019, que aumentó desde la mitad hasta 2/3 el tiempo mínimo de condena para optar a la libertad condicional. De acuerdo con los principios de irretroactividad de la ley penal más gravosa, pro homine, de favorabilidad y de ultraactividad de la ley penal más beneficiosa, las modificaciones introducidas por dicha ley deben serle aplicadas solo a los condenados por delitos cuyo principio de ejecución haya tenido lugar con posterioridad a la fecha de su entrada en vigor.
Publicada en El Austral de Osorno el 19 de diciembre de 2022.
Política y Fuerzas Armadas
El poder político necesita tener respaldada su autoridad por la fuerza militar. Sin una fuerza armada que custodie a la sociedad contra la agresión —sea ésta externa o interna— el Estado no podría existir. Sin el respaldo de fuerzas provistas de armamento suficientemente contundente como para vencer cualquier resistencia no hay interés defendido ni objetivo alcanzable ni, en suma, política posible.
Las FF.AA. sirven para asegurar la paz en libertad de la nación, protegiendo los irrenunciables intereses nacionales; para apoyar la política exterior e interior del Estado y para garantizar el orden institucional de la República. Ellas constituyen el último círculo jerarquizado de la sociedad política capaz de salvarla de su disolución cuando una crisis política amenaza su sobrevivencia; la instancia final a la que la nación recurre en las situaciones más extremas.
Las FF.AA. existen en virtud de finalidades políticas que deben ser satisfechas. Incluso la guerra, como bien lo ha señalado Clausewitz, es un acto político. La conocida frase “la guerra es la continuación de la política por otros medios” está alejada de la realidad, pues la guerra es una entre varias opciones políticas.
Hay una serie de aspectos que implican a las FF.AA. en la política, que ponen de manifiesto que están inmersas en ella. Si apreciamos bien la realidad de las cosas, podremos darnos cuenta que los militares siempre cumplen una función política, solo varía la forma en que esta se manifiesta.
La naturaleza y la finalidad de la institución militar es de índole política, especialmente si entendemos que “política es aquella actividad libre que tiende a la organización y defensa de un orden basado en el bien común” (Luis Sánchez Agesta).
Publicada el 21 de diciembre de 2022 en El Diario de Atacama y en El Mercurio de Antofagasta.
Constitución provisoria
El Partido Comunista firmó el Acuerdo por Chile porque una nueva Carta Magna le es funcional para enterrar la “Constitución de Pinochet” y para avanzar en su desiderátum revolucionario que, como lo señala en su Manifiesto del año 1848: “Los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones. Abiertamente declaran que sus objetivos solo pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo el orden social existente. Tiemblen, si quieren, las clases gobernantes, ante la perspectiva de una revolución comunista ”.
Según las declaraciones del exconvencional Marcos Barraza y del alcalde Daniel Jadue es posible concluir que la Constitución que resulte del nuevo proceso constituyente en curso será provisoria: será la base para la próxima, pero con el pueblo movilizado; en otras palabras, hasta el próximo “estallido” que permitirá imponer una Asamblea Constituyente.
Al respecto Jadue afirmó: “Lo que salga de este proceso será la base para la siguiente. Hay que seguir trabajando para llegar a una Constitución que sea verdaderamente democrática. Eso se hace con fuerza en la calle. Seguiremos trabajando por una Asamblea Constituyente donde los bordes los ponga el pueblo. Lenin lo decía: ‘en tiempos de derrota hay que saber replegarse’. Hay que saber esperar las condiciones y hay que saber esperar que el pueblo se vuelva a manifestar”.
Publicada el 22 de diciembre de 2022 en El Austral de Osorno y en El Pingüino de Punta Arenas.
Libertad condicional
En relación con el tema de la libertad condicional cabría comentar que la Corte Suprema le ha negado la libertad condicional a militares y carabineros por considerar que los recurrentes no cumplían con el requisito de los 2/3 de encierro efectivo.
Según dicha Corte el D.L. 321 de 1925 “en su actual redacción” exige tener cumplidos 2/3 de la pena para poder solicitar la libertad condicional. Al respecto es preciso señalar que dicha “actual redacción” fue establecida por la ley 21.124 del 18 de enero de 2019, que aumentó desde la mitad hasta 2/3 el tiempo mínimo de condena para optar a la libertad condicional. De acuerdo con los principios de irretroactividad de la ley penal más gravosa, pro homine, de favorabilidad y de ultraactividad de la ley penal más beneficiosa, las modificaciones introducidas por dicha ley deben serle aplicadas solo a los condenados por delitos cuyo principio de ejecución haya tenido lugar con posterioridad a la fecha de su entrada en vigor.
Enviada a El Mercurio de Santiago el 22 de diciembre de 2022.
Paridad de género
Javier Marías —escritor español recientemente fallecido— aseveró que “el mundo está cada vez más imbécil”, afirmación que calza perfectamente con lo establecido en el Acuerdo por Chile: “El Consejo Constitucional se integrará bajo el principio de paridad de entrada y de salida”.
Considerando que la inteligencia y las capacidades de las personas son independientes del sexo, la paridad de entrada en la definición de candidaturas es absurda y lo es, más aún, la paridad de salida; pues con ello no se respeta la igualdad ante la ley y la voluntad ciudadana al “meter la mano en la urna” y torcer los resultados, con lo que algunos candidatos resultan elegidos gracias a su género y no a su mérito o talento.
Se ha llegado al extremo de pretender imponer esta paridad forzada no solo en los órganos de representación popular, sino que en la composición del Poder Judicial y en otros ámbitos de la actividad social, incluso en directorios de sociedades anónimas y en la adjudicación de becas de doctorado.
Enviada a La Tercera el 22 de diciembre de 2022.
ADOLFO PAÚL LATORRE Abogado – Magíster en ciencia política
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