En tiempos en que Chile es manejado por el ministro de Hacienda, el propósito de esta columna es llamar la atención sobre los problemas que afectan a las Fuerzas Armadas y las personas que en ellas trabajan producto principalmente de la estrechez fiscal que sufre el país, y, por otro lado, por la forma en que se maneja y distribuye el presupuesto de la nación, lo que termina generando un problema de seguridad nacional, ya que las instituciones de la Defensa necesitan para operar y cumplir con sus obligaciones constitucionales, de recursos y de personas de buena calidad, y en las cantidades suficientes para hacerlo adecuadamente, cosa que parte por tenerlas bien remuneradas, haciendo lo suyo, y solo excepcionalmente, seguridad interior.

Recientemente se supo que efectivos militares fueron detenidos por estar realizando actividades delictuales, algo que es obviamente grave, muy grave. Dentro de lo malo, lo bueno es que fue detectado por el mismo Ejército de Chile, institución que lo reportó al Ministerio Público, quienes a su vez dispuso la detención y procesamiento de los involucrados. ¿Habrá tenido algo que ver las condiciones salariales y laborales del personal de planta del Ejército con el hecho de que integrantes de esa institución se hayan desviado del recto camino? De seguro pronto lo sabremos, pero es muy posible y probable que la respuesta sea afirmativa.

Antes de ahondar en la cosa de la estrechez fiscal, y objeto de reforzar el punto anterior, recordemos que el crimen organizado es una empresa delictual, que opera con lógica de negocios, y que necesita de armas y personas entrenadas en el uso de ellas, algo que pueden encontrar en las Fuerzas Armadas y las policías, por lo que es de esperar que haya más esfuerzos de la organizaciones criminales en obtener armamento y en contratar y atraer uniformados, algo que en alguna medida se les facilita si los sueldos que perciben son bajos, las exigencias laborales altas, y se las pasan desplegados, lejos de sus familias y en estados de excepción constitucional que de excepcionales nada tienen.

Ahora de lo macro a lo micro, el Estado de Chile tiene la obligación constitucional, tal como se indica en su articulo 1, de resguardar la seguridad nacional, algo en donde las Fuerzas Armadas y las policías cumplen con lo principal. La lógica indica que siendo la seguridad nacional algo que la constitución reconoce en el primer artículo, en donde está lo más esencial, entonces corresponde que aquellas instituciones que se preocupan y ocupan de la seguridad nacional tengan los presupuestos y equipamientos necesarios para cumplir esas importantes funciones.

La pregunta que sigue es, ¿cuánto es el OPEX de la Defensa? Si sacamos lo que es previsional, lo que son los presupuestos de la DGAC y la DGTM, el CAPEX y lo que el Estado no le reembolsa por gastos del tipo despliegues a la Macrozona Sur y las fronteras del norte y noreste, estamos hablando de aproximadamente un 1,7% del presupuesto nacional. Bastante bajo considerando que se supone es un tema importante y crítico, y que adicionalmente las Fuerzas Armadas deben cumplir con cinco áreas de misión, cuatro de las cuales no necesariamente son relativas a la defensa de la soberanía, el territorio nacional, y la protección del interés nacional donde sea que esté ubicado. Chile debiera tener un OPEX mínimo de 2,6% y no el 1,7% actual.

A modo de comparación, del presupuesto, Educación se lleva el 19%, Salud el 18%, el Minvu un 6,4%, Obras Públicas un 5,6%, y las policías un 2,4%. Podemos seguir haciendo comparaciones, pero me parece que ya está claro que en defensa se gasta menos de lo que corresponde. Dicho eso, ¿cuáles son las consecuencias de solo gastar un 1,7% del presupuesto en la operación del Ejército, la Armada y la FACH?

  • Horas dedicadas al entrenamiento, a navegar y volar muy cercanas a los mínimos que se requiere para mantener las calificaciones operativas, y más importante aún, las capacidades de combate que se requieren para una adecuada disuasión, por ende, colocando en riesgo la seguridad nacional, que es a lo que deben constitucionalmente las Fuerzas Armadas (articulo 101 de la constitución).
  • Disminución de la actividad académica y preparación profesional tanto en Chile como en el extranjero. Históricamente hemos tenido cuadros profesionales globalmente reconocidos por su alta preparación, cultura y conocimiento. Lo militar principalmente se aprende fuera de Chile, donde están los conflictos, y en lugares como Londres, en Washington, en Tel Aviv y en Paris, entre otros.
  • Afectación de la industria militar nacional por baja actividad y requerimientos, anulando la posibilidad de innovación y desarrollo.
  • Dotaciones subóptimas de las requeridas para operar en forma segura, y desgaste de las dotaciones por estar operando con menos gente de la requerida
  • Sueldos bajos que hacen buscar alternativas laborales fuera de las Fuerzas Armadas.
  • El éxodo de talento que se produce por no estar haciendo lo que es propio de la naturaleza de la profesión militar, ya sea por inactividad o misiones secundarias no militares.

Pasando a casos más específicos, en donde las consecuencias quedan más claras, podemos mencionar:

  • Incapacidad de cubrir la dotación de 7.000 soldados de tropa profesional del Ejército, lo que implica no tener mano de obra calificada y que no puede ser cubierta por conscriptos en material blindado, artillería, comunicaciones, y todos los requerimientos operacionales que generan los estados de excepción, de infraestructura crítica y de resguardo de fronteras, en donde sea necesario personas con un mínimo de entrenamiento.
  • Imposibilidad de ajustar sueldos a los infantes de marina y soldados que están destinados a la Macrozona Sur y las fronteras con Perú y Bolivia, lo que implica, entre otras cosas, que las tasas de retiro en el la Infantería de Marina y algunas unidades militares que están sufriendo el impacto de cubrir esas zonas geográficas estén más altas de lo deseable.
  • Incapacidad de retener talento en un país en que el Estado no ha sido capaz de resolver la crisis de seguridad, lo que genera que la empresa privada busque en las Fuerzas Armadas militares personal para sus propias necesidades en la materia.
  • Sueldos bajos y condiciones laborales muy exigidas son una vulnerabilidad que hacen que los militares sean buscados por organizaciones criminales, que no solo requieren armamento, sino principalmente soldados e infantes de marina entrenados y disciplinados para sus propios cuadros.

Los ajustes al presupuesto informados en enero del 2025 afectan principalmente a las líneas de sueldos y de gastos generales, profundizando más aún los problemas recién mencionados. Hora de entender que los ajustes del gasto fiscal no pueden venir por el lado de defensa, un gasto que solo representa el 1,7% del presupuesto nacional y que no se condice con la criticidad que se supone tiene. En ese sentido y a modo de ejemplo, Milei, cuando asumió en Argentina y comenzó a reducir el gasto fiscal, lo único que no tocó fueron los Ministerios de Seguridad y el de Defensa. Al contrario, les subió el presupuesto objeto readquirieran capacidades pérdidas durante los años. Él tiene, más que nadie, muy claro como buen liberal, los roles que el estado debe realizar y cuales no, y que la seguridad nacional es lo primario y lo único que justifica la existencia del estado.

Una rápida mirada al presupuesto de Chile indica que perdimos el norte, nos transformamos en un estado de bienestar que es incapaz de asignar los recursos para cumplir satisfactoriamente con lo que establece su artículo 1 de la constitución, el resguardo de la seguridad nacional. Tenemos las Fuerzas Armadas con el equipamiento que se necesita, pero nada se saca si no somos capaces de que operen, disparen, se entrenen, naveguen, vuelen en forma segura, y sean capaces de generar una efectiva y creíble disuasión, algo que un mundo convulso como el actual no es aceptable.