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Un gobierno de …..

 

UN GOBIERNO DE ……

Cristián Valenzuela

La Tercera, 02/08/2023

Los chilenos no son tontos y estos intentos de lavado de imagen no sirven de mucho para aminorar la responsabilidad que le cabe al Partido Socialista en esta grave crisis.

“Es un gobierno de mierda, pero es nuestro gobierno”, dijo Osvaldo Andrade. “Me da vergüenza enorme estar apoyando al gobierno”, dijo el senador Juan Luis Castro. “Son una red de sinvergüenzas, que ya perdieron el pudor”, remató el senador Fidel Espinoza.

¿Cuál es el común denominador? Son todos importantes dirigentes del Partido Socialista que, en el contexto de la grave crisis de corrupción que afecta a este gobierno, buscan desmarcarse de “lo malo” de esta administración e intentan separar aguas respecto de su adherencia política y programática al gobierno encabezado por el Presidente Boric.

¿Se puede ser oposición y gobierno a la vez? ¿Puede el Partido Socialista tener cargos en ministerios, subsecretarías, jefaturas de servicio y lavarse las manos respecto de una crisis de corrupción extendida a lo largo de todo el aparato estatal? ¿Pueden situarse, como lo haría Giorgio Jackson, desde una altura moral distinta al interior de una organización corrupta? Creo que no.

Los chilenos no son tontos y estos intentos de lavado de imagen no sirven de mucho para aminorar la responsabilidad que le cabe al Partido Socialista en esta grave crisis.

Si bien en primera vuelta no apoyaron al candidato Boric, en segunda vuelta concurrieron con sus votos y con su apoyo a elegir a este gobierno.

Fue el Presidente Boric el que invitó formalmente al entonces senador Elizalde a formar parte del gobierno y fue la comisión política del PS la que acordó su ingreso estelar.

Partieron con tres ministros y, luego de sucesivos cambios y ajustes, hoy hegemonizan los cargos en el gabinete y en la estructura de gobierno.

De poco sirve llorar y quejarse, si ellos tienen en sus manos la solución política a la desastrosa gestión de este gobierno.

No solo podrían demandarle al Presidente, en el comité político de los lunes, una gestión más activa para combatir la corrupción. También podrían exigir la salida del niño símbolo de la corrupción, Giorgio Jackson, que sigue protegido en el Ministerio de Desarrollo Social.

¿Cómo hacerlo? Por lo pronto, haciendo valer su peso en el gabinete y en el gobierno, condicionando su permanencia en el mismo si no se toman medidas radicales.

Lo propio podrían hacer en el Congreso, donde sus votos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado son decisivos para apoyar las iniciativas de gobierno.

El punto de fondo es que no bastan las declaraciones altisonantes ni las exhibiciones públicas de vergüenza y decepción, si ellas no van acompañadas de acciones concretas para canalizar ese malestar y esa indignación.

Decía Cicerón: “De todos los hechos culpables ninguno es tan grande como el de aquellos que, cuando más nos están engañando, tratan de aparentar bondad”.

Precisamente lo que intenta hacer el Partido Socialista que, de tanta indignación moral sin acciones concretas, está mucho más cerca de ser cómplice que denunciante de la corrupción.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional

 

 

 

 

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MIS VERDADES, DIFERENTE A COMO LA CUENTAN OTROS

 

MIS VERDADES, DIFERENTE A COMO LA CUENTAN OTROS

GDB Fernando Hormazábal Diaz

Vanos fueron los esfuerzos de conquistarnos con prebendas especiales, como la entrega de víveres a precios oficiales a ciertos institutos o la entrega de 12 cupos para adquirir automóviles a precios oficiales en el Estanco Automotriz, que en las distribuidoras era tres o cuatro veces superior, si es que existían.

La situación del país no daba para más. Los jóvenes que fueron criados por nosotros con gran sacrificio y que hoy se las dan de progresistas nunca se lo imaginarán, a menos que vuelva a suceder lo mismo, y al parecer para allá vamos.

Todo lo anterior llevó a un grado de ofuscación y de frustración general en el país.

Para juzgar con objetividad el gobierno de Allende es necesario haberlo vivido, al igual que el Gobierno Militar –parodiando al autor de una carta dirigida a una alta autoridad que circula por las redes: “Ud. no estuvo en la cancha, ni siquiera en la banca de los suplentes, la historia fue suscrita a sangre y fuego por los verdaderos patriotas de ese entonces”

A mi generación les correspondió ambas crisis y no cabe la menor duda que la segunda fue absolutamente necesaria a pesar de los yerros. Lo dijeron Frei Montalva y Aylwin en su oportunidad, aunque ahora se niegue, de lo que felizmente hay constancia escrita.

“Los militares han salvado a Chile y a todos nosotros, y no podemos decir que estemos a salvo aun” … Esta cosa se arregla con fusiles”

La polarización era extrema, tal como se está gestando actualmente, dirigido y financiado por el Gobierno en una campaña infame bajo la conmemoración de los 50 años.

Las fuerzas armadas solo se manifestaron después que se pronunciara abiertamente la Cámara de Diputados, la Contraloría General de la República, Corte Suprema y el Colegio de Abogados; toda la ciudadanía lo pedía agritos; eran hostigadas, se les insultaba en la calle y se les lanzaba trigo en sus presentaciones.

Patria y Libertad se infiltró en el Regimiento Blindado y convenció a jóvenes oficiales subalternos que se sublevaran; y no había pasado un mes cuando miembros de este mismo grupo asesinaron al Edecán Naval de Allende, el Capitán de Navío Arturo Araya.

El general Prat, hasta entonces un oficial de excelencia que había logrado los mayores éxitos en su carrera y con gran ascendiente en la institución, como Comandante en Jefe en una reunión con alumnos y profesores de ambas academias superiores, expresó que había que democratizar el ejército permitiendo el ingreso de los comunistas al Servicio Militar Obligatorio.

Su paso como ministro del Interior evidentemente había dejado sus huellas lo que nos causó una gran decepción. Más tarde, vino el incidente en que disparó su pistola a una automovilista que le sacó la lengua, demostrando que hasta él había perdido la cordura; posteriormente, la manifestación de las esposas de oficiales, incluyendo la de varios generales frente a su domicilio que culminó con la intervención de carabineros con bombas lacrimógenas y guanaco incluido marcó su fin en la institución.

Todo lo anterior sucedía mientras el Carlos Altamirano, líder del PS capitaneaba una sublevación en la Armada, que incluía el apresamiento o asesinato de jefes y oficiales que se opusieran. La gestión del 11 de septiembre solo se adelantó oportunamente a lo que pretendía el gobierno y las huestes fanáticas de Allende en las próximas Fiestas Patria.

─ Toribio, vamos al área chica. Me interesa conocer tu experiencia personal como alumno de la Academia de Guerra.

─ Bueno, nosotros no estábamos exentos de los problemas que afectaban a todos los chilenos y lo vivíamos en forma más dura aún dada las exigencias académicas, en especial el último año.

Pese a lo anterior, la situación era motivo de conversación obligada en los ratos libres. Y si bien es cierto, que muchos creíamos que la solución era una intervención armada, a decir verdad no pensábamos ─por lo menos yo─- iniciar un cambio tan radical.

La firme, no teníamos confianza en algunos mandos para llevarla a cabo.

Además del desafortunado hecho del general Prat, hubo señales para desinformarnos con respecto a lo que pasaba en el sur por parte del Director de Inteligencia; a lo que se sumó el mismo levantamiento del regimiento Blindado, tratando de minimizar los hechos.

Otro suceso verbal, en que me involucré y que casi me cuesta la salida de dicho instituto me hizo dudar de una eventual participación del Ejército. A tal extremo había llegado el peligro de una acción concertada de los cordones industriales liderada por los grupos subversivos, el GAP, quienes no trepidaban en hacer ostentación de sus armas de guerra, y de los cubanos cuya presencia ya se había hecho notar, se suspendieron las clases en el III año de la Academia de Guerra con el objeto de efectuar una Apreciación de la Situación y presentar los cursos de acción necesarios ante una eventual incursión armada.

El 10 de septiembre nos encontrábamos en pleno desarrollo de un juego de guerra ─que es como el examen de grado para los alumnos que cursan el último año─ y fue suspendido a raíz de una intervención pública de Carlos Altamirano incitando a la rebelión en la Armada.

Recibimos las tenidas de combate, regresamos a nuestros domicilios permaneciendo acuartelados en grado 1; y a las 07:00 hrs de la mañana del día siguiente nos pasaría a buscar un autobús.

El día 11 fuimos conducidos hasta el edificio del Ejército ─actualmente funciona el MINDEF─; en aquel entonces era sede además de la Comandancia de la Guarnición de Santiago y del Cuartel General de la II.D.E.

Nos reunieron en una amplia sala y a las 08:00 hrs aprox., escuchamos por la radio el primer bando de la Junta Militar señalando las razones por las cuales las fuerzas armadas habían decidido asumir el poder.

Grande fue nuestra sorpresa al reconocer la voz de quien leía el citado bando en la persona de uno de nuestros profesores más queridos de la Academia de Guerra, el teniente coronel Roberto Guillard.

El secreto había sido guardado perfectamente, incluso por parte de dos de nuestros compañeros de curso que habrían participado en su preparación.

La segunda sorpresa fue cuando se nos dieron a conocer los planes y la distribución de las fuerzas en Santiago, lo que hizo mirarnos entre nosotros. Era la reproducción fidedigna del trabajo hecho hacía un par de meses. Nadie sabe para quién trabaja.

─ Toribio, como fue tu primer día y los sucesivos.

─ ¡Chanta la moto! querido amigo. Basta por hoy… no cansemos a nuestros pacientes lectores que aún nos leen. Porque anda mucho texto circulando.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional

 

 

 

 

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COLETAZOS DE UN “NO”: DEFENSA ORDENA A LAS FF.AA. NO ASISTIR AL SENADO A EXPONER SOBRE REGLAS DEL USO DE LA FUERZA

COLETAZOS DE UN “NO”: DEFENSA ORDENA A LAS FF.AA. NO ASISTIR AL SENADO A EXPONER SOBRE REGLAS DEL USO DE LA FUERZA.

Víctor Rivera

La Tercera, 02/08/2023

Los comandantes en jefe y auditores del Ejército, la FACH y la Armada estaban citados a la Comisión de Defensa Nacional para su sesión del martes 1 de agosto, sin embargo, la tarde previa fueron advertidos de que no debían viajar a Valparaíso por instrucciones del Ejecutivo y, posteriormente, por los parlamentarios. La ministra del Interior, Carolina Tohá, en tanto, advirtió: “El uso de la fuerza no es algo que las propias instituciones puedan definir y decidir”.

Era algo que se manejaba en estricta reserva -por el carácter secreto de la instancia- en la Comisión Unida de Defensa y Seguridad de la Cámara de Diputados, donde se discute el proyecto que define las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) que fue ingresado por el gobierno en abril de este año. Eso hasta el lunes.

Fueron cinco días, desde el miércoles 26 de julio, que la exposición de los representantes de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), los auditores de la FACH, el general Francisco Costa; de la Armada, el contraalmirante Francisco Figueroa, y el general del Ejército Eduardo Rosso, no se conoció, hasta que La Tercera PM reveló lo sucedido, principalmente el “no” de estas instituciones al grueso del proyecto del Ejecutivo con el cual busca regular su uso de la fuerza.

Su negativa, según expusieron en la instancia, tiene que ver con lo amplio del proyecto, donde no se diferencia su rol con el de Carabineros y la PDI, como tampoco se sabe con claridad la posición jurídica en que quedan los uniformados en caso de usar sus armas, las cuales, reconocieron, están destinadas a otro tipo de labores, ajenos al orden público.

En el gobierno, más específicamente en el Ministerio de Defensa, sabían de esta postura, pues han venido conversando y trabajando en eventuales indicaciones al proyecto que ha sido llevado principalmente por la ministra del Interior, Carolina Tohá.

El que se supiera públicamente su postura complicó a todos. Al Ejecutivo, a los parlamentarios y también a las FF. AA., pues exponía a los uniformados al “debate político y legislativo”.

Además, les quedaba una concurrencia más al Congreso, ahora, para exponer su posición en la Comisión de Defensa Nacional del Senado, donde se tramita otro proyecto sobre las RUF, pero impulsado por los senadores Manuel José Ossandón (RN), Yasna Provoste (DC), Pedro Araya (Ind), Felipe Kast (Evópoli) y Kenneth Pugh (RN).

Los generales auditores -quienes analizan todo lo que tiene que ver con lo jurídico en sus respectivas instituciones- fueron citados hace ya varias semanas y debían concurrir con sus comandantes en jefe.

El del Ejército, Javier Iturriaga; el de la Armada, Juan Andrés de la Maza, y el “número uno” de la Fuerza Aérea, Hugo Rodríguez.

Todo se mantuvo así hasta la tarde del martes, cuando cada uno fue notificado de que había un cambio de planes. “Nos dijeron que no teníamos que ir y esperar una nueva citación”, confidencia uno de los tres uniformados. Un segundo consultado coincide con esa versión.

Consultados en el Ministerio de Defensa señalaron que se les pidió a los generales que no debían asistir para, primero, afinar las indicaciones que se trabajarían con el gobierno. Además, explican que no se les quiere “contaminar” con la exposición política que puedan generar sus observaciones al proyecto del Ejecutivo.

El recordatorio de Tohá. Sólo llegaron el martes 1 de agosto a la comisión la ministra del Interior, Carolina Tohá, y la titular de Defensa, Maya Fernández.

Las secretarias de gobierno expusieron, también a los senadores la necesidad de mantener fuera a las FF. AA. en esta instancia legislativa, y solicitar su concurrencia para después. El presidente de la instancia, Kenneth Pugh, estuvo de acuerdo.

Antes de entrar al debate de fondo del proyecto del Senado, y exponer la necesidad de buscar un punto en común entre las mociones de los parlamentarios y la del gobierno, la ministra Tohá lanzó una advertencia que también escucharon en el Ejército, la FACH y la Armada.

“Queremos dejar en claro que no por el hecho de que haya observaciones de las Fuerzas Armadas, el proyecto debe recogerlos. Estos son proyectos que rige el uso de la fuerza por parte de las FF. AA. y Carabineros, que no es algo que las propias instituciones puedan definir y decidir ese estándar”, dijo en la comisión.

La ministra -quien encabeza esta iniciativa legislativa incluida en el “fast track”-insistió en el punto. “Por el tema de que se trata es que hay queser muy prudente en considerar esas opiniones y también otras. Estamos regulando lo que hacen las Fuerzas Armadas, estamos poniéndoles límites a las FF. AA. y Carabineros. Las fuerzas de orden y seguridad son órganos regulados por la legislación que estamos discutiendo”, dijo.

La ministra Fernández, por su parte, explicó que se está trabajando con las FF. AA. en avanzar en las indicaciones que requiere el proyecto del gobierno, y que su posición es algo que ya se sabía.

Durante las próximas semanas, el gobierno definirá las mejoras a la iniciativa, donde se considerará la opinión de los uniformados, pero no como algo vinculante ni decidor.

La última palabra, dicen en el gobierno, la tendrá el Ejecutivo.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel.

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

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CÁMARA BAJA REALIZARÁ INVESTIGACIÓN POR POSIBLE FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN DE COMISIÓN DECRETADA COMO SECRETA.

 

CÁMARA BAJA REALIZARÁ INVESTIGACIÓN POR POSIBLE FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN DE COMISIÓN DECRETADA COMO SECRETA.

Beatriz Mellado

EMOL, 31/07/2023

Se trata de la postura de las Fuerzas Armadas respecto a las normas del uso de la fuerza que se está tramitando en la comisión de Seguridad y Constitución de la Cámara de Diputados.

El secretario General de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, informó que se iniciará una investigación para esclarecer si es que efectivamente se filtró información secreta a un medio de comunicación en el marco de la discusión de las normas del uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

La iniciativa legal que está impulsado el Gobierno se está tramitando en la comisión de Seguridad y Constitución, en ese contexto el jueves pasado se determinó un momento secreto donde se retiraron los celulares y se desconectaron los computadores.

Este lunes La Tercera informó que algunos participantes de la instancia relataron que algunos auditores de las Fuerzas Armadas presentaron críticas y reparos a la iniciativa, información que habría sido de carácter secreto.

Ante esta posible filtración, el secretario general de la corporación señaló que el presidente de la comisión de Constitución, Raúl Leiva (PS) solicitó investigar si lo que publicó el medio guarda relación con lo que se conversó en secreto la semana pasada.

En esa línea, sostuvo que si es así, vamos a hacer una denuncia por violación de secreto conforme al artículo 427 del Código Penal y se hará la denuncia a Fiscalía.

Preocupación que también fue manifestada por el diputado Marcos Ilabaca (PS) quien aseguró que el medio relevó “casi todo el contenido de la comisión secreta”.

Asimismo, dijo que “solicitamos que se pasaran todo los antecedentes al comité de ética y que sea informado al Ministerio Público”.

 

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel.

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

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EL “NO” DE LAS FF.AA. A LAS REGLAS DEL USO DE LA FUERZA DEL GOBIERNO

 

EL “NO” DE LAS FF.AA. A LAS REGLAS DEL USO DE LA FUERZA DEL GOBIERNO

Víctor Rivera

La Tercera, 31/07/2023

En la comisión secreta de Constitución y Seguridad Ciudadana del pasado miércoles, los auditores de la Armada, la FACh y el Ejército hicieron sus reparos a la iniciativa del Ejecutivo que busca regular los protocolos de acción de policías y militares al momento de disparar. Por lo mismo, ahora será Defensa la que trabaje en las indicaciones con las entidades castrenses.

“A partir de ahora, se declara el secreto de esta sesión”, dijo el presidente de la comisión unida entre Constitución y Seguridad, el diputado Raúl Leiva (PS), el miércoles 26 de julio antes de comenzar la audiencia para conocer la posición de los representantes de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) sobre el proyecto del gobierno que crea normas generales sobre el uso de la fuerza para militares y policías.

Se retiraron celulares, se desconectaron computadores y se dio inicio a la cita en que la Armada, la Fuerza Aérea (FACh) y el Ejército fijaron una posición común: no están conformes del todo con el proyecto del Ejecutivo, ingresado en abril al Congreso.

A grandes rasgos, esta iniciativa legal busca normar el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, como también de las Fuerzas Armadas cuando, excepcionalmente, acuden a tareas de resguardo del orden público.

Por lo mismo se fijaron cinco principios antes de actuar: legalidad, necesidad, proporcionalidad, responsabilidad y racionalidad.

“Constituye uso racional de la fuerza el ejercicio adecuado de ésta, apreciando la realidad de las circunstancias al momento de los hechos, conforme al lugar y contexto de los mismos, y teniendo en cuenta todos los principios anteriores. El examen de racionalidad no requiere igualdad de los medios empleados”, dice la iniciativa.

Algunos de los participantes de la sesión relataron que los auditores de la FACh, el general, Francisco Costa; de la Armada, el contralmirante de la Armada, Francisco Figueroa, y el general del Ejército, Eduardo Rosso, expusieron que su definición y preparación es distinta a la de Carabineros.

Que su rol es otro y que, por lo mismo, sus integrantes no están enseñados para mantener el orden público.

Quien fue más explícito fue el general Rosso del Ejército. El también abogado reiteró que existe preocupación sobre la responsabilidad penal de los funcionarios, que eso debería estar mejor consignado en el texto impulsado por el gobierno.

En esa misma línea expuso a los parlamentarios que a pesar de los cursos de entrenamiento que se pueda hacer con el personal, eso no garantiza que funcione del todo y, por lo mismo, de aprobarse las capacitaciones deberían ser distintas y más específicas.

Los auditores de las FF. AA. argumentaron, además, que sus instituciones contaban con armas de guerra, de otro tipo, distinto a los medios que maneja Carabineros, los cuales están enfocados únicamente para mantener el orden público. Ellos -explicaron- no cuentan con ese tipo de insumos.

Indicaciones se trabajarán con Defensa. Entre los parlamentarios hubo sorpresa. No esperaban -en su mayoría- una posición tan crítica de las FF.AA., lo cual igualmente fue valorado por algunos diputados, dado que ayuda a mejorar uno de los proyectos de ley que el gobierno mantiene en su “fast track” legislativo.

Sin embargo, la postura de los uniformados no sorprendió al gobierno. Era una opinión que manejaban, especialmente en Defensa, donde se han establecido canales de diálogo para mejorar el proyecto.

Por lo mismo, se seguirá afinando una propuesta que pueda satisfacer tanto a las pretensiones del gobierno como -en parte- a las FF. AA., las cuales serán plasmadas en una serie de indicaciones al proyecto que saldrá desde el Ministerio de Defensa.

El diputado RN, Andrés Longton, señaló que “no me puedo referir a la comisión propiamente tal, porque fue declarada secreta. Ahora, respecto del proyecto, sí creo que se redacta desde la desconfianza a las Fuerzas Armadas y a las policías, lo que contrasta con el espíritu que deben tener las RUF, que es fijar el uso legítimo de la fuerza de estas instituciones. Ese no debe ser una iniciativa ambigua que genera inhibición entre los funcionarios, por lo que esperamos que el gobierno pueda entender eso y corregirlo”.

Por su parte, el diputado de Amarillos, Andrés Jouannet, cree que “la discusión de fondo es la racionalidad y la proporcionalidad, y por eso también ingresé indicaciones para fijar la racionalidad en las reglas del uso de la fuerza. Eso es fundamental”.

Otra de las “inquietudes” expuestas por los uniformados en la comisión fue que había otro proyecto en trámite que busca regular las RUF que está en el Senado.

El asesor legislativo de los senadores de RN, Ronald von der Weth, manifestó que “el proyecto sobre reglas de uso de la fuerza que ingresó el gobierno por la Cámara de Diputados resulta ser solo filosofía que no responde al problema de fondo, que es mejorar las condiciones de seguridad de los ciudadanos y los funcionarios. Mientras que en la Comisión de Defensa del Senado hay un proyecto ingresado por los senadores Manuel José Ossandón, Pedro Araya y otros, que efectivamente da certeza jurídica y protege a los funcionarios y a los ciudadanos con reglas simples y claras, el gobierno debe mirar las consideraciones de esa moción parlamentaria al momento de indicar el proyecto de la Cámara si quiere que su proyecto tenga apoyo transversal”.

En las entidades castrenses esperan que se defina cuál será el proyecto que finalmente llegue a puerto y logre dejar conformes a quienes llevarán a la práctica las Reglas de Uso de la Fuerza.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel.

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

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Radiografía a las 18 fundaciones que están bajo la lupa de Justicia

Radiografía a las 18 fundaciones que están bajo la lupa de Justicia

Son 18 las ONG que el ministerio liderado por Luis Cordero está investigando. Entre las organizaciones que están bajo “fiscalización vigente” se cuenta a Democracia Viva, ProCultura, Urbanismo Social, Arquiduc, Enlace Urbano, Fibra, entre otras. De acreditarse una irregularidad en su constitución, arriesgan su total disolución.
Cinco días después de que estallara el caso de Democracia Viva, el Ministerio de Justicia tomó la decisión de revisar en detalle a la ONG representada legalmente por Daniel Andrade, la expareja de la diputada Catalina Pérez (RD).
Fue el 22 de junio que se inició una investigación respecto de la personalidad jurídica de la fundación que se adjudicó más de $ 426 millones para ejecutar obras de reparación en campamentos en Antofagasta, luego de firmar un convenio con la Seremi de Vivienda la región, encabezada entonces por el titular del servicio y amigo de Andrade y Pérez, el también entonces RD Carlos Contreras.
“La libertad, la modalidad de transferencia generan incentivos inadecuados. Eso es abuso de personalidad jurídica”, dijo el domingo en Mesa Centralel ministro de Justicia, Luis Cordero, quien anunció que no sólo Democracia Viva estaba siendo investigada, sino que también otras 17 fundaciones. El objetivo es revisar si prestan los servicios que declararon realizar al momento de constituirse como organizaciones sin fines de lucro.
“A propósito de abuso de personalidad jurídica, estar utilizando la personalidad jurídica que le dio el Estado, aún en un sistema flexible, es parte de lo que está estudiando el Ministerio de Justicia en, al menos, 18 casos”, dijo Cordero. Es este ministerio el encargado de fiscalizar a este tipo de organizaciones y a quienes, incluso, puede quitar su personalidad jurídica.
La Tercera accedió al listado de las fundaciones que están bajo la lupa donde destacan Democracia Viva, ProCultura, Urbanismo Social, y otras que ya están siendo indagadas por el Ministerio Público en cada una de las nueve causas que se tramitan en sede penal.
Con Democracia Viva a la cabeza
La primera ONG que forma parte del listado de las indagadas por la cartera que dirige el ministro Cordero es Democracia Viva, fundación que dio inicio a los cuestionamientos en el denominado caso “líos de platas”. Todo partió en junio pasado luego de que un medio regional diera a conocer los millonarios convenios que firmó por trato directo el seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y la organización liderada por su entonces compañero de militancia, Daniel Andrade.
La denuncia contra aquella fundación se fundamentaba en que Democracia Viva recibió tres convenios que sumaban $ 426 millones para realizar mejoras en campamentos de Antofagasta. Contreras, además de ser militante RD, también había sido previamente jefe de gabinete de Pérez. El caso marcó el inicio de una polémica que, hasta ahora, no tiene fin.
“No hay consideraciones adicionales”: Democracia Viva tiene 30 días para restituir dineros
De ahí en más se sumaron más fiscalizaciones. Por ejemplo, a la Asociación Campamento de Ideas, la cual desde el 2021 ha recibido transferencias directas por parte del Estado por más de $ 1.601 millones.
El presidente y socio fundador es Ernesto Espinoza Illanes, que fue cuestionado por la adhesión a la campaña del actual gobierno, lo que quedó registrado en sus redes sociales.

 

Cinco días después de que estallara el caso de Democracia Viva, el Ministerio de Justicia tomó la decisión de revisar en detalle a la ONG representada legalmente por Daniel Andrade, la expareja de la diputada Catalina Pérez (RD).
Fue el 22 de junio que se inició una investigación respecto de la personalidad jurídica de la fundación que se adjudicó más de $ 426 millones para ejecutar obras de reparación en campamentos en Antofagasta, luego de firmar un convenio con la Seremi de Vivienda la región, encabezada entonces por el titular del servicio y amigo de Andrade y Pérez, el también entonces RD Carlos Contreras.
Gobierno endurece tono contra fundaciones: Cordero admite “corrupción” e investiga “abusos” de 18 entidades
“La libertad, la modalidad de transferencia generan incentivos inadecuados. Eso es abuso de personalidad jurídica”, dijo el domingo en Mesa Centralel ministro de Justicia, Luis Cordero, quien anunció que no sólo Democracia Viva estaba siendo investigada, sino que también otras 17 fundaciones. El objetivo es revisar si prestan los servicios que declararon realizar al momento de constituirse como organizaciones sin fines de lucro.
“A propósito de abuso de personalidad jurídica, estar utilizando la personalidad jurídica que le dio el Estado, aún en un sistema flexible, es parte de lo que está estudiando el Ministerio de Justicia en, al menos, 18 casos”, dijo Cordero. Es este ministerio el encargado de fiscalizar a este tipo de organizaciones y a quienes, incluso, puede quitar su personalidad jurídica.
La Tercera accedió al listado de las fundaciones que están bajo la lupa donde destacan Democracia Viva, ProCultura, Urbanismo Social, y otras que ya están siendo indagadas por el Ministerio Público en cada una de las nueve causas que se tramitan en sede penal.
Radiografía a las 18 fundaciones que están bajo la lupa de Justicia. En la imagen, el ministro de Justicia, Luis Cordero.
Con Democracia Viva a la cabeza

La primera ONG que forma parte del listado de las indagadas por la cartera que dirige el ministro Cordero es Democracia Viva, fundación que dio inicio a los cuestionamientos en el denominado caso “líos de platas”. Todo partió en junio pasado luego de que un medio regional diera a conocer los millonarios convenios que firmó por trato directo el seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y la organización liderada por su entonces compañero de militancia, Daniel Andrade.

La denuncia contra aquella fundación se fundamentaba en que Democracia Viva recibió tres convenios que sumaban $ 426 millones para realizar mejoras en campamentos de Antofagasta. Contreras, además de ser militante RD, también había sido previamente jefe de gabinete de Pérez. El caso marcó el inicio de una polémica que, hasta ahora, no tiene fin.

“No hay consideraciones adicionales”: Democracia Viva tiene 30 días para restituir dineros

De ahí en más se sumaron más fiscalizaciones. Por ejemplo, a la Asociación Campamento de Ideas, la cual desde el 2021 ha recibido transferencias directas por parte del Estado por más de $ 1.601 millones.

El presidente y socio fundador es Ernesto Espinoza Illanes, que fue cuestionado por la adhesión a la campaña del actual gobierno, lo que quedó registrado en sus redes sociales.

La Fundación Cultural Tomarte es otra de las organizaciones cuestionadas en el marco del caso lío de platas. Esto luego de que concretara una serie de convenios con la seremi del Minvu en el marco del programa de Asentamientos Precarios, por lo cual recibió $ 456 millones.

Cifra similar obtuvo la Fundación de Educación, Arte y Cultura Movimiento Fibra, que recibió $ 430 millones el 2022 de parte del Serviu de Antofagasta.

La organización es dirigida por su socia fundadora, Mery Ortiz Donoso, quien -según se denunció- tiene lazos con el gobierno y apoyó la candidatura del actual Presidente.

Ver reportaje completo en:

https://www.latercera.com/nacional/noticia/radiografia-a-las-18-fundaciones-que-estan-bajo-la-lupa-de-justicia/E4ON2RTBOVF4LNZTUL7BIETZXE/

Un aporte de nuestro Socio y ex Director  Raúl Godoy Casas Cordero

Las opiniones en esta columna, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional

 

 

 

 

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La Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional, expresa sus sentidas condolencias a la Fuerza Aérea de Chile

 

La Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional, expresa sus sentidas condolencias a la Fuerza Aérea de Chile

Con profundo pesar, la Unión expresa sus condolencias a la Fuerza Aérea de Chile y a los familiares de los cinco efectivos que perdieron la vida en acto del servicio en la Región de Los Lagos.  Ellos cumplieron con su juramento de “hasta rendir la vida si fuera necesario”

Nuestro homenaje a quienes ya se encuentran volando al más allá:

Capitán de Bandada (A) Matías González Cofré, piloto.

-Teniente (A) Sebastián Escanilla Montorfano, piloto.

Sargento 1° Cristian Santibáñez Muñoz, tripulante aéreo.

Cabo 1° Hugo Verdugo Cofré, tripulante aéreo.

Cabo 1° Leonardo Vásquez Castro, comando PARASAR.

Como Unión de Oficiales de la Defensa Nacional, también  les reiteramos nuestras más sentidas condolencias a sus Familias, Camaradas de la Unión y a la Fuerza Aérea de Chile.

Que Dios los tenga en su Santo Reino.

Revivamos en las alas
de la vida, compañeros,
ese vuelo sin escalas
todo azul de inmensidad
y esperemos siempre alegres,
siempre unidos, siempre hermanos,
la fantástica batida
de los cóndores lejanos
que vendrán desde lo alto
a llevarnos Más Allá

Ver video: https://youtu.be/OWQ7YpSldZY