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COMBATE DE LA CONCEPCIÓN (9-10 DE JULIO DE 1882). Antonio Varas Clavel

 

                                                                                     COMBATE DE LA CONCEPCIÓN (9-10 DE JULIO DE 1882)

TCL Antonio A. Varas Clavel, director secretario

08 de julio de 2024

El desarrollo y los pormenores de esta gloriosa acción, son ampliamente conocidos, siendo recordados y rememorados año tras año no solo en los cuarteles, y es así que todos conocen los detalles del enfrentamiento glorioso.

Es por esa razón que solo intentaré referirme a algunos aspectos puntuales que conforman hechos relacionados con el combate y posteriores.

El día 10 de julio de 1882, cerca de las 5 de la tarde, la división del coronel Estanislao del Canto entró al poblado de Concepción, ciudad ubicada a 187 kilómetros de Lima y en los Andes centrales, a sangre y fuego. En algunos lugares del poblado aún quedaban indios de los montoneros del coronel Gastó, todos ebrios y que con grandes chivateos celebraban su victoria. Ello, sin embargo, aún no daba luces a las fuerzas chilenas de la división del coronel del Canto de lo sucedido.

Citando el testimonio de Víctor Valdivieso, quien era teniente de la Quinta Compañía del Batallón Tacna 2º de Línea, este oficial relata la extrañeza que le causó el hecho de que nadie viniera a recibir a la división que venía llegando al pueblo, para luego expresar su desconcierto cuando penetró en la plaza de dicho poblado:

“La Quinta Compañía del 2º de Línea entró a Concepción, como ya he dicho, en la tarde del día diez y nos extrañó a los que éramos amigos del mocho Carrera Pinto, como lo llamábamos, no nos viniese a recibir conjuntamente con los demás oficiales […]

 Los que creíamos a la compañía que estaba destacada en la Concepción en muy buena situación con respecto a víveres, nos extrañó no viniesen los oficiales a recibirnos para ofrecernos algún alimento, puesto que hacía más de veinticuatro horas no lo tomábamos.

Tan luego como dejé alojada mi compañía me dirigí al cuartel situado en la plaza para saludar a los oficiales, pero ¡cual no sería mi sorpresa al encontrar solo los cadáveres de los valientes que allí habían sucumbido!

El dolor, la rabia, el despecho por no poder vengar a los que habían sido cobardemente asesinados por un número crecidísimamente mayor de enemigos, se apoderó de mí. Desde ese momento me concreté a hacer comentarios con los demás oficiales sobre esta hecatombe”.

Por su parte, el comandante Marcial Pinto Agüero, comandante del Chacabuco, con evidentes muestras de congoja, le ordenó a su ayudante, el capitán Arturo Salcedo que recogiese y juntase todos los cadáveres de los mártires de la 4ª. Compañía y les diera cristiana sepultura.

La tarea de sepultar a los muertos en el interior del cuartel, fue larga y difícil y solo se terminó a horas avanzadas de la noche.

El coronel del Canto luego ordenó que lo que quedaba del que había sido su cuartel y de la iglesia fueran quemados para impedir que los cuerpos de los muertos fueran mancillados posteriormente por los montoneros peruanos.

Igualmente, ordenó a los cirujanos de la división el extraer los corazones de los oficiales y conservarlos a fin de ser llevados a Lima.

El dolor, la rabia, el despecho por no poder vengar a los que habían sido cobardemente asesinados por un número crecidísimamente mayor de enemigos, se apoderó de todos los recién llegados, según atestiguan numeroso integrantes de la columna chilena.

El parte elevado por el comandante del Batallón Chacabuco 6º de Línea, Marcial Pinto Agüero al coronel Estanislao del Canto, respecto de los sucesos de Concepción, expresa la admiración por el comportamiento que tuvieron los militares chilenos que perecieron en ese poblado, el cual en adelante sería un modelo para seguir por todos sus compañeros de armas:

“Excusado me parece, señor coronel, recomendar a la consideración de V. S. la conducta brillante y más que distinguida observada en el hecho de armas de la Concepción el 9 y 10 del presente, por los señores oficiales y tropa que formaban parte de esa guarnición; hechos de armas de esa naturaleza, llevan consigo su recomendación.

 La memoria del capitán Ignacio Carrera Pinto, subtenientes don Julio Montt, don Arturo Pérez Canto y don Luis Cruz M., sacrificados con sus 73 soldados en el puesto del deber, es algo que el que suscribe, como el personal del cuerpo de mi mando, recordaremos siempre con respeto y nos esforzaremos en imitar, en algo siquiera, el camino que con su abnegación y sus vidas nos ha trazado ese puñado de valientes”.

Luego, en el parte oficial que el coronel Estanislao del Canto elevó al Jefe del Estado Mayor General, en el cual informaba acerca de lo sucedido en Concepción, se puede apreciar que, junto con el desconcierto producido por el horrible cuadro que observaron los chilenos en esa población, ya se vislumbraba el hecho de que la acción de guerra que allí había tenido lugar estaba llamada a ser uno de los grandes hitos de la historia militar chilena.

El coronel escribió:

“Mi escasa inteligencia, señor General, divaga para comprender si es mayor el profundo y justo sentimiento que debemos experimentar por la pérdida de tantos buenos, o bien, si lo es la gloria alcanzada por esos héroes a costa del sacrificio de sus vidas. […] 

El mutismo de soldado invade mis facultades y me priva del derecho de poderme explayar más sobre tan grandioso hecho, que habla muy alto en pro de la patria chilena y de los defensores de su honor.”

Repasemos brevemente la historia de los oficiales muertos en el combate y quienes no trepidaron de ofrendar sus vidas por la Patria.

Ignacio Carrera Pinto: Militar nacido en Santiago el 5 de febrero de 1848. Hijo de José Miguel Carrera Fontecilla y Emilia Pinto Benavente, nieto directo del prócer de la independencia, José Miguel Carrera Verdugo. Además, por parte de su madre era sobrino del Presidente Aníbal Pinto Garmendia, quién había terminado su período en el año 1881.

Cuando se inició la guerra del Pacífico, tras la toma de Antofagasta en febrero de 1879, acaso tirado por la sangre heroica que corría por sus venas, Carrera Pinto decidió enrolarse en el ejército para pelear en el conflicto contra Perú y Bolivia.

Se inició en el batallón Esmeralda y fue destinado al Regimiento Chacabuco en donde al mando de una de sus compañías, murió heroicamente el 10 de julio de 1882.

A la fecha, tenía 34 años. Recién había sido ascendido a capitán, pero nunca se enteró. Los documentos con su nombramiento no llegaron a la fecha.

Julio Montt Salamanca: Nació en Valparaíso el 29 de septiembre de 1861 y a la fecha era Subteniente de la 4.ª compañía del Regimiento “Chacabuco”.

Fue hijo de Manuel Montt Goyenechea, cuñado y primo del expresidente de Chile Manuel Montt y de Leonarda Salamanca Menares, naciendo junto a su hermano gemelo César.

Cuando su hermano se enlistó en el regimiento Yungay, Julio le siguió los pasos y se enroló en el regimiento Curicó. Hizo carrera en las batallas de San Juan y Miraflores, ascendiendo al grado de subteniente.

Fue trasladado durante la Campaña de la Sierra a la 4.ª compañía del batallón Chacabuco, y allí se encontraba cuando ocurrió el combate de La Concepción.

Arturo Pérez Canto: Subteniente de la 4ª. Compañía del batallón Chacabuco, nacido en Santiago el 26 de noviembre de 1864.

Fue hijo de Rudecindo Pérez Reyes y de Delfina del Canto Avilés, y tuvo once hermanos, entre los que también destacaron Clodomiro Pérez Canto, médico cirujano en la Guerra del Pacífico y el abogado, diplomático y periodista Julio Pérez Canto.

Cursaba humanidades en el liceo de Hombres de Valparaíso, ahora liceo Eduardo de la Barra, cuando estalló la guerra. Escapado del liceo, se dirigió a Arica, donde se enroló en el ejército.

Participó como ayudante del comandante del regimiento Chacabuco durante la batalla de San Juan, y cuando su superior falleció, se convirtió en ayudante del sargento mayor Julio Quintavalla.

Luis Cruz Martínez: Nació el 5 de agosto de 1866 en Molina, según algunos y en Curicó, según otros.

El acta de su bautismo indica que fue hijo natural de Marta Martínez, el que haría referencia a Martina Martínez Urzúa —casada con el español Gabriel Franco—, a quien consideraba su madre, y padre no identificado. Su bautizo se realizó en la Iglesia Parroquial de Molina el 7 de agosto de 1866 por el párroco Celedonio Gálvez, siendo sus padrinos José Tomás Anrique y Cruz Jerez.

Al estallar la guerra, estudiaba el cuarto año de humanidades en el liceo de Hombres de la ciudad de Curicó, siendo el alumno más aventajado con que contaba ese establecimiento. Vasta memoria, inteligencia despejada, aunque demasiado tierna, y conducta ejemplar, eran las prendas que auguraban al estudiante un porvenir seguro y un sólido estar a su familia.

Se enroló en el regimiento Curicó, ascendiendo en 1880 a sargento 2.º, grado con el que participó en las batallas de San Juan y Chorrillos y de Miraflores.

Al comenzar la guerra, Cruz era tan joven que apenas podía alzar su rifle a la altura del hombro, y era de estatura tan pequeña y endeble que, cuando comenzó a militar como clase en el regimiento Curicó, le dieron sus camaradas humorísticamente el nombre de “el cabo Tachuela”.

En enero de 1882, ya siendo subteniente, fue destinado a la 4.ª compañía del Regimiento Chacabuco, muriendo en La Concepción el 10 de julio de 1882.

De acuerdo a la información entregada por un testigo del combate, este joven oficial al mando de los últimos 4 sobrevivientes cargó a la bayoneta contra sus enemigos, cayendo acribillados por las fuerzas peruanas.

Según el escritor Gonzalo Bulnes, este se refiere a este acto final de gran valor protagonizado por este grupo en su ataque a la bayoneta en los siguientes términos: “…pasó el imberbe mancebo y sus gloriosos cuatro compañeros por el medio de la turba embravecida, dando mandobles con la espada y los rifles y barajando las lanzadas de los enemigos hasta que el oficial cayó derrumbado de un balazo con dos de sus acompañantes, y los dos restantes, los últimos sobrevivientes de la hecatombe, coronaron el día con la resolución de indomable valor…”.

Amigos, existen ciertas efemérides en la historia militar de Chile que han llegado a ser, de una u otra forma, muy emblemáticas, no solo para el mundo castrense y quienes visten uniforme, sino que también para la sociedad chilena en su conjunto.

Las principales efemérides que se cuentan en este grupo, son el triunfo chileno en Yungay (20 de enero de1839), la gesta naval de Iquique (21 de mayo de 1879) y el combate de La Concepción (9 y 10 de julio de 1882.)

En el caso del combate de La Concepción, es interesante escudriñar en los testimonios contemporáneos a esa acción (y en aquellos posteriores que dejaron los que fueron los testigos de entonces) acerca del impacto inicial que causó entre los militares chilenos, el que se replicó posteriormente en toda la sociedad nacional.

Cuando se leen esas fuentes, se percibe claramente una mezcla de estupor, pero también de homenaje a los protagonistas de un martirio que, inmediatamente después de acontecido, ya se visualizaba que pasaría a ser uno de los episodios más recordados de nuestra la historia.

Hasta el día de hoy, esta ceremonia constituye una consigna en la que cada soldado acepta en este juramento un verdadero compromiso, el que constituye nada menos ni nada más, aquel que nos dice que “El Chileno no se rinde” y que así como lo indica la Ordenanza, el militar mantendrá su puesto hasta que sea relevado.

Esto es lo que nos enseñaron a los soldados actuales, los valientes del Chacabuco con su heroico ejemplo de disciplina, valor y lealtad. Enseñanza no solo para los que vestimos el uniforme del soldado, sino que a toda una nación que los recuerda y respeta devotamente.

Mañana, miles de jóvenes oficiales, clases y soldados, así como lo hicimos los aquí presentes, efectuarán su juramento a la bandera en frente de sus superiores, jefes y familiares, jurando que si la Patria algún día lo reclama, emularán a los héroes de la Concepción.

 

 


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El valor estratégico de Taiwán y la estabilidad en Asia para América Latina. Infobae

                                                                          El valor estratégico de Taiwán y la  estabilidad

                                                                en Asia para América  Latina 

 

En el contexto de la amplitud de los vínculos a través del  comercio, la inversión y el apoyo al desarrollo, las  perturbaciones a gran escala que causaría una guerra de gran  envergadura en Asia repercutirían negativamente en  Hispanoamérica  

Porr. Evan Ellis  

11 Jun, 2024 03:45 a.m. EST El valor estratégico de Taiwán y la estabilidad en Asia para América Latina (REUTERS/ARCHIVO)  El 7 de junio de 2024, tuve el privilegio de participar como ponente en  un evento en Miami, Florida, organizado por la Misión Presidencial  de América Latina, que reunió a tres ex presidentes latinoamericanos,  altos funcionarios gubernamentales y diplomáticos latinoamericanos  actuales, y a más de 100 personas de Estados Unidos y de la región. El  evento se centró en la relación estratégica entre América  Latina y Asia, el papel específico de Taiwán y otros socios asiáticos  individuales en dicha relación, así como en cuestiones técnicas como  la transición hacia una energía verde. El siguiente trabajo se basa en  mi intervención en dicho evento y en las interacciones que mantuve  allí con sus distinguidos participantes. 

A nivel popular, la imagen de Asia en América Latina está dominada  por la esperanza de beneficiarse del acceso a los mercados de  la República Popular China (RPC) y asociarse con sus empresas. La  mayoría busca distanciarse de lo que ocurre en la región en nombre de  mantenerse al margen de la “competencia entre grandes potencias”.  Sin embargo, América Latina tiene un enorme interés, aunque en gran  medida no reconocido, en la dinámica económica y política de  Asia. Por la región pasan 3,4 billones de dólares del comercio  mundial, incluido el 70% del comercio marítimo mundial.  

Según el Fondo Monetario Internacional, el comercio de América  Latina con Asia en 2022 ascendió a 819.000 millones de dólares, de  los cuales sólo un poco más de la mitad (488.000 millones)  correspondieron a la República Popular China. La región alberga una  serie de industrias críticas para el funcionamiento de la economía  latinoamericana y mundial, como los chips semiconductores; la  empresa TSMC, con sede en Taiwán, produce el 60% de estos chips a  nivel mundial, y el 90% de los chips más avanzados utilizados en  aplicaciones como la inteligencia artificial.  

Más allá del papel de la República Popular China y sus empresas  estatales en América Latina, las empresas de Taiwán, Japón y Corea,  incluidas Hyundai, Posco, Samsung, SK, LG, Mitsubishi, Toyota y  Mitsui, entre otras, han operado en la región durante más de tres  décadas, empleando a un número significativo de latinoamericanos y,  en general, con un buen historial de responsabilidad social  corporativa.  

En el ámbito del desarrollo, la Agencia Japonesa de Cooperación  Internacional (JICA), la Agencia Coreana de Cooperación para las  Inversiones en el Extranjero (KOICA), el Banco de Desarrollo de  Japón (JDB) y el Fondo de Cooperación para el Desarrollo de las  Inversiones de Taiwán (ICDF) han realizado importantes contribuciones al avance de la región, entre otras cosas ayudando a  proporcionar cualificaciones y oportunidades a los grupos marginados  y a mejorar su situación. 

En el contexto de la amplitud de dichos vínculos a través del  comercio, la inversión y el apoyo al desarrollo, las perturbaciones a  gran escala que causaría una guerra de gran envergadura en Asia  repercutirían negativamente en América Latina no sólo a través de la  economía y el sistema financiero mundiales, sino también  directamente a través de la interrupción de la logística comercial y de  numerosas cadenas de suministro y operaciones empresariales que  conectan América Latina con la región.  

Especialmente teniendo en cuenta lo que está en juego, América  Latina no puede permitirse el lujo de descartar como  “preocupaciones lejanas” los crecientes riesgos de conflicto militar  que genera la postura cada vez más agresiva de la RPC hacia  Taiwán y sus vecinos asiáticos. Dos días después de la toma de  posesión del presidente democráticamente elegido de la República de  China (ROC), Lai Ching-te, el Ejército Popular de Liberación llevó a  cabo un gran ejercicio militar “Espada Conjunta 2024A” en torno a  Taiwán, a modo de ensayo, y de mensaje sobre su invasión de  Taiwán. En los últimos años ha llevado a cabo este tipo de  ejercicios a gran escala con una frecuencia cada vez mayor,  incluso tras la visita a la República Popular China de la presidenta de  la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, en  agosto de 2022, y de nuevo en abril de 2023 como repulsa a un viaje a  Estados Unidos del vicepresidente taiwanés, William Lai. El  “nombramiento” de la RPC del ejercicio actual, y la designación  “2024A” parecen indicar su intención de regularizar tales actos de  intimidación, y tal vez llevar a cabo más de uno por año.  

Estas acciones de la RPC complementan su actividad cada vez más  agresiva en los mares de China Meridional y Oriental, incluido el establecimiento de instalaciones militares a gran escala en arrecifes y  bajos disputados en el mar de China Meridional, su afirmación de  reivindicaciones marítimas prácticamente hasta las costas de sus  vecinos en la región a través de su “línea de 10 rayas”, en violación de  las sentencias de los tribunales internacionales sobre la Convención de  las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), además del  despliegue por parte de la RPC de la “Guardia Costera China” y la  milicia marítima para hostigar a los buques gubernamentales y  comerciales que operan en esas aguas, incluido el ataque a buques de  la Armada filipina que intentan reabastecer su posición en el 2nd  Thomas Shoal con ráfagas de cañones de agua de fuerza  potencialmente letal y estructuralmente dañina, así como la realización  de maniobras peligrosas contra buques y aeronaves estadounidenses y  sus aliados que llevan a cabo operaciones de libertad de navegación  (FONOPS) en la zona.  

América Latina debería tomar nota de estos comportamientos de la  RPC, a pesar de la retórica pacífica y deferente que acompaña el  cortejo de China a su propia región, como prueba de cómo se  comporta la RPC cuando opera desde una posición de fuerza  persiguiendo su interés nacional, y de cómo podría operar a medida  que su posición de fuerza comercial, política y militar continúe  expandiéndose en América Latina.  

El riesgo de una guerra entre la RPC y Occidente no surge  únicamente de la perspectiva de una invasión de Taiwán por parte de  la RPC, sino también de un error de cálculo, que implique un posible  intento de la RPC de bloquear Taiwán, o incidentes en los que sus  acciones provoquen incidentes como el derribo de aviones  occidentales o el hundimiento de sus barcos durante tales maniobras  agresivas.  

Más allá de los trastornos económicos, la guerra con la RPC  involucraría a América Latina, a pesar de su deseo de no tomar posición en nombre de “mantenerse al margen o sacar ventaja de la  competencia entre grandes potencias”. Sería impensable para los  capaces planificadores del Ejército Popular de Liberación (EPL) no  considerar todas las formas en que podría utilizar su creciente posición  comercial y sus relaciones militares en América Latina contra EEUU.  Tal explotación podría incluir el aprovechamiento de la proximidad de  sus puertos comerciales y otras instalaciones para interrumpir las  instalaciones en las costas este y oeste de EEUU, utilizadas para el  despliegue y sostenimiento de fuerzas en el Indopacífico. Esto incluye  tanto instalaciones como Bejucal, Cuba, donde ya tiene presencia  militar, puertos que opera cerca de estas zonas, e islas cercanas a  EEUU como Antigua y Barbuda, donde tiene una presencia  comercial significativa y la influencia política asociada.  

El EPL podría explotar aún más sus conocimientos comerciales y su  presencia en la zona del Canal de Panamá, de forma superficialmente  negable, para cerrar el Canal durante un conflicto. Del mismo modo,  podría utilizar las instalaciones previstas en el sur de Argentina para  poner en peligro la navegación a través del Estrecho de Magallanes y  el Paso de Drake, explotar su acceso a las instalaciones espaciales del  hemisferio occidental para apuntar a satélites estadounidenses y  comunicarse con sus propios activos espaciales utilizados para  observar o atacar a Estados Unidos, además de utilizar los puertos que  controla, como su nuevo puerto de aguas profundas de 15 muelles en  Chancay, Perú, o un futuro complejo logístico que abarcará desde El  Salvador hasta Honduras y Nicaragua en el Golfo de Fonseca, para  repostar y reabastecer a sus buques de guerra con el fin de proyectar  fuerza militar contra EE.UU. desde el Pacífico Oriental.  

En el cálculo de la RPC de si, y cuándo, actuar contra Taiwán, el éxito  en “voltear” a los estados que reconocen a Taiwán, para que  reconozcan a la RPC en su lugar, podría envalentonarla. El gobierno  de Santiago Peña en Paraguay, el estado geográficamente más grande  que reconoce a Taiwán, se ha comprometido a mantener esas relaciones. Sin embargo, en Guatemala, el otro Estado  hispanohablante del hemisferio en reconocer a Taiwán, la posición  diplomática está en peligro, a pesar de las garantías del presidente  Bernardo Arévalo de que mantiene su compromiso con Taiwán. El  riesgo proviene tanto de los izquierdistas del partido de Arévalo,  Semilla, como de los conservadores, resentidos por lo que  consideran una presión excesiva de Estados Unidos contra las  instituciones guatemaltecas para impedir el bloqueo de la elección y la  toma de posesión de Arévalo, que ahora miran hacia la RPC, como  una protección contra futuras acciones legales de Estados Unidos  contra ellos, si vuelven al poder.  

Dentro de América Latina, los cambios de Taiwán a la RPC han  producido empíricamente rápidos avances en la influencia y presencia  de la RPC en el país que cambia. Ese rápido avance se ve facilitado  por la firma de numerosos memorandos de entendimiento y la  negociación de tratados de libre comercio, la apertura de los mercados  locales a empresas con sede en la RPC en sectores que van desde la  construcción a la electricidad, pasando por las telecomunicaciones,  además de acuerdos para formar a personal gubernamental en cómo  relacionarse con China, viajes de un gran número de periodistas a la  RPC auspiciados por el Partido Comunista Chino y, en el caso de  Nicaragua, incluso la formación de personal militar y policial.  

En Centroamérica en particular, es particularmente preocupante el  avance de la RPC en proyectos de infraestructura, actividades de  carácter estratégico en países geográficamente cercanos a EEUU y  expuestos a trabajar con la RPC a través de instituciones débiles. En  Honduras, la capacitación de periodistas y funcionarios  gubernamentales se complementa con la propuesta de trabajo en el  corredor del “canal seco” CA4, que conectará el puerto de San  Lorenzo en el Golfo de Fonseca, a ser mejorado por los chinos, con  instalaciones en el Atlántico, a ser conectadas por los chinos con el  continente a través de puentes mejorados. Estas infraestructuras complementarían proyectos de la RPC como el nuevo aeropuerto de  Punta Huete, en el noroeste de Nicaragua, y un eventual enlace  ferroviario desde Corinto, en la costa del Pacífico, hasta Bluefields, en  el Atlántico, y darían nueva vida al desarrollo chino del puerto de La  Unión, en el lado norte del golfo de Fonseca, creando un grupo de  regímenes dominados por la RPC geográficamente cercanos a EEUU,  operando puertos estratégicos y otras infraestructuras que permitirían  a las fuerzas de la RPC y otros activos desplazarse del Atlántico al  Pacífico en tiempo de guerra. Un vuelco de Taiwán a la RPC por parte  de Guatemala, como se ha señalado anteriormente, complicaría aún  más esta situación.  

Aparte de sus efectos en el aumento de la probabilidad de una guerra  en el Indopacífico, y el avance de la influencia de la RPC en América  Latina, los cambios en el reconocimiento de Taiwán a la RPC han  proporcionado históricamente poco o ningún beneficio a los países  latinoamericanos que hacen el cambio. Empíricamente, cuando se  considera la pérdida de ventas a través de Taiwán, prácticamente todos  los países que han cambiado han perdido más exportaciones de las que  han ganado en los años siguientes al reconocimiento, incluso mientras  las importaciones de productos de la RPC han aumentado,  perjudicando a los productores locales. La figura 1, a continuación,  con datos del Fondo Monetario Internacional, muestra la trayectoria  de las exportaciones a la RPC más Taiwán, desde el año anterior hasta  dos años después del cambio de reconocimiento. En la mayoría de  los casos, el crecimiento del comercio es insignificante. En el caso  de la República Dominicana y El Salvador, las exportaciones netas  disminuyen.  

Figura 1  

Este resultado es especialmente comprensible para los pequeños  Estados de América Central y el Caribe, cuyos principales productos  de exportación son el café y otros productos agrícolas perecederos.  Dichos productores no pueden competir con proveedores de bienes similares más cercanos a China, como Filipinas o Vietnam, cuando los  productores latinoamericanos tienen que enviar sus productos al otro  lado del mundo en aviones o contenedores refrigerados. Para agravar  la desventaja de los productores latinoamericanos a la hora de acceder  al mercado de la RPC, el tamaño de su capacidad de producción  tradicionalmente sólo permite exportar pequeños lotes de  mercancías de atractivo limitado para las necesidades del  mercado de la RPC. Además, las agencias nacionales de promoción  de las exportaciones de los pequeños Estados centroamericanos y  caribeños carecen naturalmente de experiencia en la realización de  negocios en el complejo mercado de la RPC, tan distante cultural y  geográficamente.  

Como complemento a los retos a los que se enfrentan los exportadores  de los países que “cambian” sus relaciones, los proyectos de  infraestructura proporcionados por la República Popular China a los  gobiernos que acaban de reconocer sus derechos suelen aportar pocos  beneficios a la economía local, debido a la insistencia de la República  Popular China en utilizar principalmente trabajadores y equipos  chinos, en lugar de locales, para dichos proyectos, y a los contratos, a  menudo unilaterales, que los chinos firman con socios  latinoamericanos cuyas burocracias carecen de la sofisticación  técnica y la posición negociadora necesarias para negociar un  mejor acuerdo para sí mismos. 

Las dificultades para la nación que cambia las relaciones también  incluyen los frecuentes problemas y efectos medioambientales  colaterales asociados a la ejecución china. Ejemplos de ello son los  trabajos chinos en la autopista de la Ruta 32 en Costa Rica, sumida en  batallas legales y aún sin terminar más de 17 años después de que  Costa Rica cambiara el reconocimiento a la RPC, la refinería de  Recope, cancelada por Costa Rica después de que China National  Petroleum Corporation intentara tres veces utilizar su propia filial para  el estudio técnico que justificaba el gasto costarricense en el proyecto, la biblioteca de El Salvador, cuyo coste anual para operar la  mastodóntica instalación, es casi superior a los 50 millones de dólares  que costó a los chinos construirla, imponiendo una carga a la estresada  situación fiscal salvadoreña, y las dos plantas de tratamiento de aguas,  en las que los chinos intentaron aumentar el precio después de  ofrecer el proyecto inicial, representado públicamente como una  “donación”.  

En contraste con los problemas de los socios latinoamericanos para  obtener los beneficios esperados de la RPC, los Estados que  abandonan Taiwán pierden el valor de su contribución como socio.  Tradicionalmente, éstas han incluido proyectos de desarrollo  concebidos para mejorar la situación del socio local. La cultura de  Taiwán como democracia también es especialmente importante, sobre  todo cuando proporciona ayuda en asuntos delicados como la  formación de fuerzas policiales, periodistas y funcionarios del  gobierno. Permitir que sea la RPC, con su cultura autoritaria, la que  imparta dicha formación, podría dar ejemplos y lecciones a la policía  sobre cómo tratar a los manifestantes civiles, o a los periodistas sobre  cómo relacionarse con el gobierno, lo que sería incoherente con las  normas de las democracias bajo presión en la región.  

Los patrones ilustrados en esta sección sugieren la importancia de  que América Latina preste mayor atención a la dinámica de Asia,  incluyendo el impacto de la agresión de la RPC en la región, y  cómo podría afectar en última instancia a América Latina y el  Caribe. También sugiere que la posición de Taiwán en América  Latina debe ser salvaguardada, tanto por su impacto en la estabilidad  de Asia, como por su beneficio como socio de aquellos que lo  reconocen. América Latina ha tenido una historia compleja en su  relación con Estados Unidos durante la Guerra Fría y antes. No debe  confundir los imperativos del mundo interdependiente de hoy, y las  realidades de la RPC, con esa experiencia. Abdicar de los imperativos  de sus propios intereses materiales y morales bajo el lema de no “involucrarse en la competencia entre grandes potencias” no es una  opción. A América Latina le conviene estar atenta a lo que ocurre  en Asia, a las realidades de la colaboración con la RPC y a la  importancia estratégica de la supervivencia de Taiwán como  Estado democrático autónomo y socio. 

https://www.infobae.com/opinion/2024/06/11/el-valor-estrategico-de-taiwan-y-la-estabilidad-en asia-para-america-latina/

Un aporte del Crl. Julio Soto Silva. Secretario General del Centro de Graduados ACAGUE

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de  Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

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EL CENTRO DE LA HISTORIA: PUTIN, KIM Y LA FIRMA DEL TRATADO DE PYONGYANG. Dr. Luis Pérez Gil

 

                                                                                              EL CENTRO DE LA HISTORIA: PUTIN, KIM

                                                                                                  Y LA FIRMA DEL TRATADO DE PYONGYANG

Dr. Luis Pérez Gil

https://ullderechointernacional.blogspot.com/

DERECHO Y POLÍTICA INTERNACIONAL

Web dedicada a temas de Derecho Internacional, Relaciones Internacionales y Ciencia Política en forma de artículos y comentarios desde la comunidad de la Universidad de La Laguna (Tenerife, España). «Contemplando el centro de la Historia»

Del 18 al 19 de junio de 2024 el presidente Vladimir Putin realizó su segunda visita oficial a Corea del Norte (la anterior fue en julio de 2000, tras su primera toma de posesión después de ganar sus primeras elecciones presidenciales).

Putin viajó acompañado por una importante delegación de ministros y funcionarios del nuevo gobierno ruso (salido también de su toma de posesión para un quinto mandato), entre ellos estaban el nuevo primer viceprimer ministro, Denis Manturov (una destacada «paloma» que goza del favor del Kremlin) y el flamante ministro de Defensa civil (no es el primero en la Rusia de Putin), Andrey Belousov, que fue el primer viceprimer ministro y responsable de Economía en el anterior gobierno ruso (lo que es una señal clara de quiénes han ganado y quienes han perdido, momentáneamente, en la lucha por el poder en el seno del régimen ruso tras la debacle militar de 2022). Las reuniones en Pyongyang entre Putin y Kim Jong-un fueron cordiales, expresivas y más propias de países amigos y aliados que la visita del líder de una gran potencia a un país subordinado.

Estas son cosas que hacen la guerra y la necesidad: tener amigos y aliados, pero también empatizar con los que piensan igual, pero además en el caso norcoreano es de los que arriman el hombro y no ponen excusas cuando se les necesita. Por esos motivos la escenificación fue magnífica, no estridente, y el presidente ruso correspondió a su contraparte como necesitaba (aplicación del principio do ut des).

El mismo día de la llegada de Putin a Pyongyang se anunció la firma de un nuevo Tratado de Asociación Estratégica Integral entre los dos países, que sustituye a los sucesivos acuerdos de 1961, 2000 y 2001. Al día siguiente (19 de junio), durante una comparecencia pública Putin adelantó que el tratado recién firmado recogía una cláusula de asistencia mutua en caso de agresión (mensaje estratégico dirigido a Estados Unidos y Corea del Sur, pero también a Japón).

Asimismo, afirmó que en el documento se establecieron las bases de las relaciones entre los dos países y señaló que es el fundamento para aumentar la cooperación militar entre los dos países (mensaje estratégico dirigido a la OTAN, Corea del Sur y Ucrania). Por su parte, un sonriente Kim declaró que el tratado estaba destinado a proteger y defender los intereses fundamentales de los dos Estados (mensaje dirigido a Estados Unidos y a Corea del Sur). Pero, fue el asesor en política exterior del presidente ruso, Yury Ushakov, quien puso las cosas en su justo término: afirmó que el tratado es una respuesta a los cambios en la situación estratégica mundial (mensaje dirigido exclusivamente a los Estados Unidos) y a la conveniencia de fortalecer las relaciones entre los dos países (mensaje dirigido a Ucrania y Corea del Sur; en este caso, el orden de los factores no altera el producto, porque ambos sufrirán las consecuencias del entendimiento ruso-norcoreano, aunque uno lo hará con más bajas que el otro).

Pero, ¿qué acordaron Putin y Kim en el documento de Pyongyang? Evidentemente el documento fue preparado de antemano y es muy probable que sus términos generales se cerraran durante la larga visita de Kim a Rusia oriental en septiembre pasado, donde además mantuvo un significativo encuentro con Putin en un escenario único, destinado a impresionar, pero también a compartir: el nuevo cosmódromo de Vostochny, en la región del Amur. Para despejar dudas e incógnitas y exhibir el producto (interesaba a ambas partes), el 20 de junio el gobierno norcoreano publicó el contenido del tratado.

El documento consta de veintitrés artículos, es extenso, recoge acuerdos básicos para enfrentar amenazas comunes y establece los fundamentos para una relación a largo plazo, de hecho, el tratado se acuerda con una vigencia indefinida. Hagamos un rápido recorrido. En los artículos 1 y 2 se establecen los principios básicos de las relaciones entre los dos países, que se basan en el respeto mutuo de la soberanía nacional, no agresión, no injerencia en los asuntos internos, igualdad, desarrollo de relaciones amistosas y de cooperación, apoyo al funcionamiento de la estabilidad estratégica y el compromiso de trabajar para crear un orden internacional multipolar. Para hacer efectiva la aplicación de estos principios acuerdan establecer mecanismos de consultas y diálogo permanente sobre los principales temas de interés mutuo. El artículo 3 declara que las partes cooperarán para garantizar que “en caso de que surja una amenaza directa de que se pueda llevar a cabo un acto de agresión armada contra cualquiera de las partes, ambas partes activarán inmediatamente el canal de negociación bilateral con el fin de acordar posibles medidas prácticas.” El artículo 4 establece una cláusula de asistencia militar en caso de ataque contra una de las partes, automática, incondicional y por todos los medios a su alcance: “Si una de las partes se encuentra en estado de guerra debido a un ataque armado de uno o más Estados, la otra parte le proporcionará inmediatamente asistencia militar por todos los medios a su disposición, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y las leyes de la República Popular Democrática de Corea y de la Federación de Rusia.” El artículo 5 prohíbe la celebración de acuerdos con terceros países que infrinjan la soberanía y la seguridad de una de las partes. Tampoco apoyarán a terceros países en tales intentos. El artículo 6 afirma que ambos países se comprometen a mantener una política amante de la paz (según la fórmula empleada en el preámbulo de la Carta de la ONU) destinada a garantizar la seguridad y la estabilidad. El artículo 7 establece el compromiso de consulta en los asuntos internacionales y de cooperación y apoyo mutuo en las organizaciones internacionales. En el artículo 8 las partes acuerdan tomar medidas para fortalecer las capacidades de defensa para garantizar la paz, tanto en los ámbitos regionales como internacional. En los artículos 9 a 15 acuerdan ampliar las relaciones comerciales, aumentar las inversiones y cooperar en materias de ciencia, tecnología, entre otras. El extenso artículo 16 afirma que Rusia y Corea del Norte se oponen (como no podía ser de otra manera) a las sanciones unilaterales (es decir, occidentales), no utilizarán medidas coercitivas unilaterales contra el otro y consideran que tales acciones son contrarias a la Carta de la ONU (porque aquí Rusia cuenta con el derecho de veto, de modo que nada que pretenda tener alcance global se aprobará sin su consentimiento, es la esencia del funcionamiento de orden internacional global y la garantía de la paz entre las grandes potencias). Los artículos 17 y 18 establecen de las bases de la cooperación en la lucha contra el terrorismo internacional, los extremismos, la propaganda y las acciones informativas de terceros (a la que consideran que están sometidos fuertemente ambos países). Los artículo 19 y 20 tratan sobre relaciones culturales mutuas, el estudio de los idiomas respectivos y el fomento de relaciones de amistad entre los dos pueblos (mensaje dirigido al denominado “Occidente colectivo”). El artículo 21 enuncia el compromiso de cooperar de forma permanente para la aplicación de las cláusulas del presente tratado y los artículos 22 y 23 establecen las condiciones de ratificación y entrada en vigor del propio tratado, que se establece por tiempo indefinido, como dijimos ut supra.

Por tanto, llegados a este punto tenemos que tener claro que tanto la visita oficial de Putin a Corea del Norte como la firma del Tratado de Asociación Estratégica Integral (Tratado de Pyongyang) representan un apoyo extraordinario a la legitimidad del (¿renqueante?) régimen norcoreano encabezado por la tercera generación de la familia Kim. También que los principales damnificados por la firma de este tratado son Ucrania (asegura el flujo continuo de municiones y suministros a las fuerzas rusas) y Corea del Sur, que ve como se alejan las posibilidades de lograr cualquier acuerdo con el régimen norcoreano para reducir los riesgos de conflicto o, incluso, que se pudiera poner fin a la división de la península norcoreana. Kim ha tenido la oportunidad (y también , porque no, la sagacidad) de poder comprar la supervivencia de su régimen por unas cuantas décadas más al modesto precio de producir unos millones de municiones que, además, serán empleadas a miles de kilómetros de distancia.

Por su parte, el Kremlin ha buscado también lanzar un mensaje de advertencia a terceros países (los no alineados, dubitativos o que no tienen claro todavía de qué lado cae el poder) en el que pone de manifiesto que los que actúen en favor de los intereses americanos en Ucrania contra los intereses rusos, recibirán un daño proporcional en sus propios intereses (léase entre líneas también “aquellos que actúen en favor de los intereses americanos en cualquier parte del mundo contra los intereses chinos, sufrirán un daño proporcional en sus propios intereses).

Porque la conclusión final de todo esto es que nada de lo acordado en Pyongyang se ha hecho sin la anuencia de la China comunista. Por tanto, estamos contemplado el centro de la Historia.

 

Un aporte del Crl. Julio Soto Silva. Secretario General del Centro de Graduados ACAGUE

Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de  Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional.

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TEMUCUICUI: GRAVE “AUTOEXCLUSIÓN”. El Mercurio, Editorial, 03/07/2024

 

                                     TEMUCUICUI: GRAVE “AUTOEXCLUSIÓN”

El Mercurio, Editorial, 03/07/2024

Se calcula que unas mil personas —alrededor de 200 familias— viven en Temucuicui, en La Araucanía, cifra que no se ha podido corroborar, debido al rechazo por parte de los líderes de esa comunidad al ingreso de los encargados del Censo, hoy en curso en todo el territorio nacional.

El último conteo en terreno fue hace más de 10 años (ya a partir del Censo de 2017 se hizo imposible la entrada de los encuestadores) y solo se tiene información indirecta, provista por medio de otros instrumentos y organismos públicos.

Esta situación es otra arista del peligroso desafío al Estado de Derecho que desde hace años se viene planteando desde esa comunidad. Incluso ha abierto una discusión respecto de la pertinencia del acceso a beneficios sociales por parte de quienes, por otra parte, niegan la autoridad del mismo Estado que los provee.

Más aún cuando, producto de la negativa a ser censados, se desconocen las verdaderas necesidades de una población que exhibe altos índices de pobreza y una parte de la cual es, probablemente, también víctima de quienes han impuesto un ilegítimo control territorial.

Pese a la prolongación del estado de excepción en provincias del sur por más de dos años y a la disminución de los episodios violentos, no ha sido fácil la recuperación de una de las regiones con los mayores índices de vulnerabilidad del país.

Contribuye en esta percepción de desconfianza para inversores y desarrolladores privados la repetición de hechos graves, como lo fue el asesinato hace algunos meses de tres carabineros en misión de servicio, pero también la impunidad que rodea a Temucuicui, donde —según antecedentes policiales— se asienta uno de los grupos más radicalizados, la Resistencia Mapuche Malleco (RMM), el mismo que acaba de reivindicar el sabotaje contra la línea férrea en Ercilla.

La imposibilidad de censar es otro signo de un desafío al Estado de Derecho que se prolonga en el tiempo sin enfrentar consecuencias.

Uno de sus cabecillas —y además vocero de la comunidad—, Jorge Huenchullán, imputado por delitos de narcotráfico, permanece prófugo de la justicia desde 2021, sin que pueda descartarse que se encuentre refugiado en el lugar.

Distintos esfuerzos no han logrado terminar con esta ilegalidad. Elocuente fue el ataque armado que enfrentara la entonces recién asumida ministra del Interior, Izkia Siches, quien tuvo que desistir de entrar al sector en 2022, al ser atacada su comitiva a balazos.

Frustrado también resultó antes un masivo operativo policial antidrogas, que culminó con la muerte de un policía y varios heridos.

Muchas son las expectativas cifradas en el trabajo silencioso de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, cuyo informe final será entregado a fines de año, en el que se esperan proposiciones de solución para resolver la cuestión mapuche y dar un nuevo impulso a una zona largamente afectada por la violencia.

El cambio de un discurso gubernamental que ahondaba en las ideas de plurinacionalidad —el propio Presidente Boric, cuando era diputado, se refirió a Temucuicui como “territorio liberado”—; la acción de la justicia, que ha permitido el desmantelamiento de grupos radicalizados; la continua extensión del estado de excepción, que se ha traducido en un estratégico despliegue militar y policial, y un marco normativo que castiga la usurpación y el robo de madera y refuerza el Estado de Derecho, han contribuido a la reducción de los incidentes violentos, aunque todavía sin lograr una normalización de la seguridad.

Sin embargo, la vulnerabilidad en que viven las comunidades de la macrozona sur no parece factible de ser asistida —y superada— mientras persista una situación de supuesta excepcionalidad, como la que se vive en Temucuicui, cuyos líderes radicales se adjudican de facto una impunidad que desafía la autoridad del Estado sin mayores consecuencias.

La imposibilidad de censar a esa población es una demostración más de un debilitamiento institucional que no logra ser revertido.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

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UCH: ARGUMENTAR O DESALOJAR. José Joaquín Brunner

                                                    UCH: ARGUMENTAR O DESALOJAR

José Joaquín Brunner

El Mercurio, Columnistas, 23/06/2024

La UCH está al centro de un debate de múltiples aristas. En lo más inmediato, el motivo es el campamento instalado en la casa central de la Universidad, donde un pequeño grupo de estudiantes manifiesta su solidaridad con el pueblo palestino y denuncia la catástrofe humanitaria en Gaza. Además, por los mismos motivos y otros de orden local, hay protestas y tomas en varias facultades.

Nada nuevo bajo el sol, dirá usted. Entonces, ¿por qué tanto revuelo en los medios de comunicación y las redes sociales y en diversos círculos de la opinión pública?

En primer lugar, porque el campamento, las tomas y las protestas poseen resonancia mundial; forman parte de una reacción juvenil a nivel global. Hablan de encrucijadas morales, no de meras bagatelas ideológicas.

A su turno, las universidades, a lo largo de los últimos siglos, han sido una sede fundamental para abordar argumentativamente esas encrucijadas y las controversias que ellas producen.

Por fin, en nuestro país, tradicionalmente la UCH ha ocupado un lugar central en dicho espacio.

Segundo, justo por lo dicho anteriormente, se entiende que las universidades deben gozar de una esfera propia de autonomía, donde puedan autodeterminarse, gobernarse a sí mismas y ejercer al máximo las libertades de indagar, enseñar y aprender.

Solo así pueden cumplir el rol que les atribuye el filósofo Karl Jaspers: “La universidad es la sede en la cual la sociedad y el Estado permiten el florecimiento de la más clara conciencia de la época”.

Por lo mismo, su destino es estar en medio del debate público pues, tal como ocurre hoy con la UCH, allí se espera discurran los conflictos a la luz de la razón y el estudio de sus causas y consecuencias.

Tercero, la UCH ha estado particularmente expuesta en estos días. En efecto, diversos grupos en su interior y en su entorno reclaman de ella y sus autoridades que garanticen esa autonomía y las libertades académicas esenciales que estarían siendo interrumpidas y conculcadas por campamentos, tomas y protestas. En concreto, se reclama que desaloje a esos grupos; que los haga salir por la razón o la fuerza.

Particularmente, la prensa y personeros de oposición llaman la atención sobre el hecho de que prestigiosas universidades extranjeras —como la Universidad de Columbia, el London School of Economics o la Universidad Libre de Berlín— recurrieron a las fuerzas policiales para remover a los protestantes.

No mencionan, sin embargo, que frecuentemente esos desalojos, una vez ejecutados, de inmediato provocan unas reacciones perfectamente previsibles.

Las pequeñas minorías activas se transforman, al día siguiente, en movilizaciones masivas de estudiantes y profesores en defensa de la autonomía universitaria y del derecho de protesta de los estudiantes.

Cuarto, la UCH ha contado hasta ahora con una conducción rectoral que le ha permitido navegar entre estos dos peligros. El representado por las fuerzas que no temen desgarrar a la institución empujándola a actuar con mano dura y desalojar a los protestantes, por un lado. Por el otro, el planteado por quienes proponen trasladar la solución del conflicto a la decisión de asambleas triestamentales.

La rectora y su equipo han logrado, hasta ahora, sortear ambos peligros.

”Cabe preguntarse si acaso la gobernanza de la UCH está a la altura de los riesgos y dilemas que enfrenta y que seguramente proliferarán en el futuro. Mirada desde fuera, la Rectoría se aprecia relativamente aislada, sin un eficaz acompañamiento por parte de las demás estructuras de gobierno de la Universidad”.

Quinto, vinculado con lo anterior, cabe preguntarse si acaso la gobernanza de la UCH está a la altura de los riesgos y dilemas que enfrenta y que seguramente proliferarán en el futuro. Mirada desde fuera, la Rectoría se aprecia relativamente aislada, sin un eficaz acompañamiento por parte de las demás estructuras de gobierno de la Universidad.

En la coyuntura actual, ¿cómo se ha manifestado la autoridad del Senado académico, ente triestamental que detenta el poder de normar y proyectar la Universidad? Y su Consejo Universitario, ¿qué medidas generales ha dictado para el adecuado uso de la infraestructura universitaria, punto clave en relación con los campamentos, tomas y otras medidas similares?

En fin, los académicos de mayor jerarquía ¿se han manifestado consistente y públicamente en respaldo de la Rectoría y de la explícita doctrina que esta ha ido estableciendo frente a la crisis en estos días?

Sexto, en efecto, la rectora de la UCH, más allá de ciertas ambigüedades o traspiés, ha proclamado claras orientaciones: condena sin remilgos del “acampe” y de la violencia que implica la ocupación de los espacios universitarios; comprensión y solidaridad con la reacción frente al genocidio en curso en Gaza; reprobación tajante del terrorismo de Hamas y sus crímenes; defensa fundada y apasionada de la libertad académica y del pluralismo propio de las culturas universitarias, exigencia de restitución del orden al interior de la UCH en nombre de los valores de la autonomía y del carácter público de su misión, y una rigurosa defensa de la neutralidad institucional que impide a la Universidad convertirse en una institución militante, salvo en defensa de su propia autonomía y de los derechos de libre indagación, docencia y aprendizaje.

Séptimo, por último, cabe considerar los motivos de ese ánimo de reivindicación corporativa con que la UCH afirma su identidad y significado histórico frente a retos como los actuales. Se expresa como un sentimiento de universidad asediada, rodeada de enemigos y competidores que supuestamente desearían destruirla o desmembrarla. No es algo que pueda extrañar.

A fin de cuentas, hace no más de cincuenta años la UCH fue intervenida, cercenada, aplastada y tratada como un bastión contrario a los intereses de la sociedad y el Estado. Y se convirtió en el insigne ejemplar de una “universidad vigilada”. De este modo los traumas del pasado se confunden con los retos del presente.

Por cierto, no puede cohonestarse ni el campamento instalado dentro de la Casa Central de la UCH ni la violencia que significa esta ocupación. Tampoco las tomas que aquí y allá acompañan a estos disturbios. ¡Nada de eso!

Más bien, uno mi voz a la de aquellos que denuncian esa flagrante ruptura del espíritu académico; subrayan el valor político y cultural de la autonomía universitaria y defienden la libertad académica en favor de profesores y estudiantes contra toda forma de cancelación.

La Rectoría de la UCH, entiendo yo, busca encauzar la protesta por medio del intercambio de argumentos en espacios seguros y con sujeción al orden propio de la universidad; ambos son incompatibles con campamentos y tomas. Habrá que ver si por este camino logra restituir los principios institucionales, sin coartar la expresión del pensamiento crítico de sus comunidades ni admitir la cancelación del mismo por minorías contrarias al pluralismo de las ideas.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional

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LAS ESQUIRLAS DE MALAS DECISIONES. Andrés Montero. El Líbero

                                                                      LAS ESQUIRLAS DE MALAS DECISIONES

Andrés Montero

El Líbero, 02/07/2024

La mala memoria de los chilenos se hace presente al torcer la historia y esconder a los culpables de malas decisiones pasadas, que afectan hoy a los ciudadanos.

Algunos ejemplos de errores manifiestos de los que nadie se hace responsable.

1.- Cambio del sistema binominal. Generó la proliferación de grupúsculos minoritarios que le han hecho mucho daño a Chile. Se legisla lento y mal. Se malgastan recursos y se les paga sueldo a no pocos ignorantes no preparados para formar parte del Parlamento.

2.- Ley indígena. Gran responsable del aumento exponencial de comunidades falsas. El Estado asigna recursos a grupos minoritarios y fomenta privilegios supuestamente originarios. Con el estallido delictual, la bandera mapuche floreció en muchos lugares donde nunca vivieron. Se pretendió dividir a Chile en territorios y se potenció un antihispanismo innecesario.

3.- Estatua del General Manuel Baquedano. La traición a su figura la consuman primero los vándalos que la atacaron y después autoridades de todo nivel, que, con una cobardía inaceptable, hasta hoy no reponen la estatua a su lugar.

El Estado de Chile está en crisis y de continuar la tendencia perversa de más derechos y menos deberes, nuestro país no saldrá de la mediocridad.

4.- Puente sobre el Canal de Chacao. Aunque Eduardo Bitran lo calificará de “capricho faraónico”, nadie tuvo la valentía de priorizar las necesidades de la Isla de Chiloé. Antes de un puente que demorará en ser una realidad, el doble del tiempo planificado y su costo superará por lejos lo presupuestado, se debió haber avanzado con carreteras dentro de la isla. Faltan muelles, hospitales y escuelas de calidad. El puente podía y debía esperar. El carácter del archipiélago se acaba con este puente.

5.- Cierre de Aeropuerto de Los Cerrillos. Nunca debió dejar de operar el otrora principal aeropuerto de Chile. Pudo quedar para vuelos nacionales. Pudo quedar como alternativa y se habría descongestionado el actual. Buenos Aires, Paris, Londres. Nueva York, Sao Paulo y las grandes ciudades tienen más de un aeropuerto. Las autoridades de la época cometieron un error incorregible.

6.- Ley de Reforma Agraria. Destruyó la agricultura, usurpó la propiedad privada de legítimos dueños, sembró odio en el campo chileno y fue el caldo de cultivo para una enemistad entre chilenos que tuvo como consecuencia el golpe militar.

7.- Destrucción sistemática de los ferrocarriles. Chile fue pionero en ferrocarriles en América Latina. Poca visión del futuro de un Chile exportador, subvaloración de externalidades positivas, baja modernización tecnológica, desprecio por el turismo como sector económico y gestión interna capturada por sindicatos.

8.- Destrucción de Valparaíso. Sucesivos gobiernos no han sido capaces de lograr la recuperación del puerto principal. Ni la construcción del nuevo Congreso Nacional en Valparaíso permitió que la decadencia se paralizara. La inseguridad, la basura, el mal olor, el narcotráfico, los grafitis y la destrucción patrimonial son los nuevos “estandartes” del puerto.

9.- Temucuicui. Refleja lugares en donde no hay Estado de derecho. Las autoridades son doblegadas por unos pocos que quieren los beneficios del Estado de Chile, pero impiden el acceso a un enclave ilegal. También hay otros lugares en donde opera la ley de la selva y los narcos son los verdaderos gobernantes. Mientras las autoridades no asuman su rol en plenitud, crece el riesgo real de que se repita en muchos lugares situaciones completamente inaceptables.

10.- Nominaciones de jueces, notarios, embajadores y funcionarios del Estado. Chile sigue siendo un país “bananero” en esta materia. No hay en Chile sistemas objetivos y transparentes para reclutar y nominar a quienes tienen la función de velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes y del eficiente uso de los recursos aprobados en el presupuesto de la Nación.

El Estado de Chile está en crisis y de continuar la tendencia perversa de más derechos y menos deberes, nuestro país no saldrá de la mediocridad.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
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RESPONSABILIDAD DE MANDO Y DEBER DE OBEDIENCIA. Humberto Julio Reyes

 

                                                                       RESPONSABILIDAD DE MANDO Y DEBER DE OBEDIENCIA

 Humberto Julio Reyes

Los conscriptos que servían en las Fuerzas Armadas el 11 de septiembre de 1973 y días posteriores, fueron llamados a cumplir con su Servicio Militar Obligatorio y acuartelados durante el gobierno de la Unidad Popular.

Menos que nadie podían imaginar lo que les tocaría vivir mientras cumplían con ese deber ciudadano.

Eran todos menores de edad, salvo casos excepcionales.

Como parte de su formación militar se les inculcó el deber de obediencia respecto a las órdenes de sus superiores y lo juraron ante Dios y la bandera de la Patria.

Dado que se encontraban en el último nivel de la escala jerárquica, no les correspondía analizar el tipo de órdenes que recibían sino que limitarse a cumplirlas con prontitud y puntualidad.

Como contrapartida, sus superiores directos, muchos también menores de edad, entendían que era su deber indelegable responder por las órdenes impartidas.

Sólo en los niveles superiores de la conducción militar cabe la posibilidad de deliberar, no necesariamente para desobedecer o suspender la ejecución de una orden, sino que también para apreciar y resolver la mejor forma de cumplirla.

Hoy, transcurridos 50 años, esos conscriptos que fueron licenciados sin beneficio alguno, se aproximan a la tercera edad, carecen de pensión y han sido enviados a prisión por tribunales ordinarios que los juzgaron como simples particulares que fueron autores, cómplices o encubridores de delitos comunes.

Ignoramos si, en su momento, sus abogados alegaron como minorantes o eximentes su minoría de edad o el haber cumplido con el deber de obediencia, pero ahí están, cumpliendo penas impuestas sin debido proceso, en un remedo de juicio imparcial donde la condena se les iba a imponer a todo trance.

Puede entenderse que, originalmente, los ministros de fuero se ensañaran con aquellos mandos sobre quienes cabía responsabilidad por acciones u omisiones de sus subordinados, pero, normalizar la prisión de los jóvenes conscriptos de esos años, es un despropósito que no sirve a la justicia.

 

30 de jun. de 24

 

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