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                                         UNA COSA ES UNA COSA Y OTRA COSA ES OTRA

Álvaro Flores M., Juez del Trabajo. Director de ANMM Chile

El Mostrador, Opinión, 27/03/2024

Tenemos un sistema en el que ni las malas reglas legales pueden cumplirse sin el complemento de operadores en las sombras que despliegan una batalla en el magma, bajo las placas tectónicas de normas legales, autos acordados que son letra muerta y ritos corporativos que certifican su realización.

No debiera extrañar que el abogado Luis Hermosilla sea un agente poderoso del lobby y que en total opacidad opere tras cada nombramiento de jueces y ministros. Tales intervenciones son habituales y se realizan a la sombra de los procedimientos legales y a espaldas de la ciudadanía. Prácticas que se han refinado desde el origen de la República.

En la trastienda de las normas legales y constitucionales de nombramientos se han desarrollado verdaderas leyes no escritas, costumbres naturalizadas que operan como condiciones que deben cumplirse para lograr éxito en la designación que finalmente hace el Presidente de la República.

Por cierto, la fase judicial, aquella que desemboca en la incorporación del candidato o candidata en terna o quina, no queda ajena a estas mismas patologías antidemocráticas, operando principalmente camarillas e influencias endogámicas en el marco de un modelo de carrera por ascensos, no menos atentatoria de la independencia.

Una de esas prácticas, develada crudamente en sus detalles en estos días, abarca desde el conocimiento directo de los mensajes del abogado Hermosilla hasta el reconocimiento hecho por propios jueces que lo contactaron. Es así que el aspirante a un cargo judicial, una vez incorporado en terna o quina –cuando no antes, incluso–, debe echar mano a todas las influencias de que disponga de manera directa o indirecta –principal, pero no únicamente– en el mundo político.

Ser conocido del subsecretario o del ministro de Justicia de turno, de un congresista, ser pariente o amigo de uno u otro (¡el Santo Grial de las influencias!), haber tenido pasado político vinculado a alguna tienda (recuérdese que en la Corte Suprema existen 5 cupos para abogados “externos” a la carrera), ser gregario de credos o cofradías, conocer al amigo de…, ¡en fin!

Estas son algunas de las múltiples posibilidades que conforman la ecuación del éxito, en el marco de una cruzada de jueces y juezas enfrentados en la trastienda de todo proceso de nombramiento.

Todo, indigno a la vista de cualquier estándar deseable para una magistratura independiente, propia de un régimen realmente democrático.

Por eso, después de la segunda posguerra, la mayoría de los arreglos democráticos más avanzados –casi todos los cuales presentaban un modelo de designación más o menos similar al chileno actual– concordaron en una solución distinta, que no es panacea ni está exenta de problemas, pero supera con creces este estado de cosas.

Cuando desde la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile (ANMM) propusimos con decisión el cambio del régimen de nombramientos, apuntamos, entre otros aspectos, a superar estas costumbres corrompidas, mediante la creación de un Concejo plural, con reglas conocidas y transparentes, excluyendo a los propios jueces de la intervención en los procedimientos de nombramientos y dejando al Ejecutivo solo con alguna representación en el mismo órgano.

La idea no era nada de novedosa y recogía prácticas comparadas ya asentadas con éxito, especialmente en Europa. Tributaba de la propuesta del Consejo Nacional de la Justicia hecha en 1990 por la dupla Aylwin-Cumplido, que finalmente recibió un portazo a dúo de la Corte Suprema y la oposición de aquel entonces.

En 2015, ANMM presentó una propuesta acabada a la expresidenta Bachelet (documento “Bases para una reforma Constitucional del Poder Judicial basada en los acuerdos de ANMM”) y, en algunos aspectos esenciales, la reforma en este capítulo fue recogida en las dos propuestas constitucionales fallidas.

Y así estamos. No obstante las advertencias, así seguimos.

Practicando un calculado asombro en casos como el de los audios, cuando, en rigor, nadie de los ámbitos político, académico, o dentro de todo el espectro de la profesión legal, incluso cualquier ciudadano medianamente bien informado ignora, o está en posición de ignorar el funcionamiento degradado del régimen de nombramientos.

Claro, no es lo mismo saber cómo ocurre, suponer cómo ocurre, fantasear cómo se despliegan las redes de influencias, que encontrarse con el crudo detalle de la operación clandestina de toma y daca, salido a la luz por chiripa.

Al fin y al cabo, “una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”, dice un personaje de la filmografía mordaz de Luis Estrada (La Dictadura perfecta, El Infierno, La ley de Herodes), que devela hasta los últimos rincones de la corrupción institucional en México.

Tenemos un sistema en el que ni las malas reglas legales pueden cumplirse sin el complemento determinante de la acción de operadores en las sombras que despliegan una batalla en el magma, bajo las placas tectónicas de normas legales, autos acordados que son letra muerta y ritos corporativos que certifican su realización.

Hay demasiadas razones para poner fin a este estado de cosas. Es urgente rediseñar de raíz el régimen legal-constitucional de nombramientos.

                              CRUZANDO EL RUBICÓN

Diego Pérez de Castro, Periodista, Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos en la Universidad Adolfo Ibáñez

El Mostrador, 22/03/2024

Lo acontecido el pasado martes en el Congreso Nacional con el nombramiento de José García Ruminot (RN) como nuevo presidente del Senado, con el apoyo de Demócratas, fue el corolario de “cruzar el Rubicón”.

El Rubicón es un río del nordeste de Italia que desemboca en el mar Adriático y en la época de los romanos marcaba el límite del poder del gobernador de la Galia Cisalpina e Italia y, según la ley romana, ningún gobernador provincial podía atravesarlo al frente de sus tropas.

Hace más de 2070 años, Julio César se detuvo un instante ante el Rubicón inquieto por las dudas… cruzarlo significaba cometer una ilegalidad: convertirse en enemigo de la República e iniciar la guerra civil.

Finalmente dio la orden a sus tropas de cruzar el río, pronunciando en latín la frase “alea iacta est” (“la suerte está echada”).

Lo acontecido el pasado martes en el Congreso Nacional con el nombramiento de José García Ruminot (RN) como nuevo presidente del Senado, con el apoyo de Demócratas, fue el corolario de “cruzar el Rubicón”.

La oportunidad se dio, ante una serie de deficiencias políticas al interior del oficialismo que terminaron por poner al senador por La Araucanía a cargo de la Cámara Alta por el próximo periodo legislativo.

Si bien desde la derecha consideraron –en un principio– respetar el acuerdo político, que indicaba que para este periodo le correspondía la presidencia a un parlamentario de la bancada PPD-Independientes, apareció el factor Demócratas, más precisamente el de la senadora Ximena Rincón.

La eterna pugna entre la exministra del Trabajo de Bachelet y la senadora DC por Atacama, que viene desde hace ya varios años, y cuyo último round concreto fue la quitada de piso del partido de la falange a la candidatura presidencial de Rincón (le cedieron el cupo a Provoste porque básicamente marcaba más en las encuestas), hizo que el pacto se cayera.

“Pan para ayer y hambre para hoy”, ese conflicto generó una serie de movimientos que dejaron al PPD Pedro Araya sin los votos necesarios para liderar el Senado.

De más está decir el nefasto proceso interno de su partido para escoger un representante con anticipación, lo que da cuenta de la poca capacidad organizativa que tiene el oficialismo en ese sentido.

Como en política todo es calculado (nada se hace porque sí), la senadora por el Maule se puso la armadura de Julio César y vio una oportunidad concreta de cruzar el Rubicón y establecer de manera oficial una alianza con Chile Vamos para controlar el Senado, poniendo incluso a Matías Walker como vicepresidente, luego que Luciano Cruz-Coke (Evópoli) le cediera el cupo.

En ese sentido, ya empieza a establecerse de manera oficial un principal frente opositor al Gobierno en el Senado (tienen 27 de los 50 representantes, incluido el exrepublicano Rojo Edwards) y resta ver cómo esto se organizará en la Cámara de Diputados, donde con los apoyos del PDG y algunos independientes podrían marcar aún más diferencia.

Pero por más que Walker, Rincón y compañía digan que quieren ser una “oposición constructiva”, lo cierto es que su acercamiento a Chile Vamos (en conjunto con Amarillos, con quienes irán unidos en las próximas elecciones) da pistas de lo que, en teoría, ya se está haciendo realidad: establecer un conglomerado de centroderecha que enfrente las próximas elecciones presidenciales en 2025.

Este símil a la Concertación –pero del otro lado de la vereda– tiene dos años para ponerse de acuerdo en términos programáticos, sobre todo luego de las elecciones municipales y de gobernadores regionales de este año, con el fin de establecer una alianza que verdaderamente dé certezas a la ciudadanía post Gabriel Boric.

En política, los tiempos son cortos y los acuerdos tampoco abundan, por lo que será interesante observar cómo resulta este nuevo experimento en que a todas luces y, como dijo Julio Cesar al cruzar el Río Rubicón, “la suerte está echada”.

                                                            MÁS DE LO MISMO, PARA INDIGNACIÓN Y VERGÜENZA.

Humberto Julio Reyes

Últimamente han circulado en redes sociales y aparecido en cartas al director de algunos medios, diversas opiniones referidas a las duras penas impuestas por los tribunales, a miembros de las Fuerzas Armadas que han debido actuar para restaurar el orden en situaciones de excepción.

El paciente lector dirá que esto no es algo nuevo, ya que, desde que llegó la alegría los tribunales “se están poniendo al día” y que, lo novedoso sería que los medios publiquen dichas cartas, algo habitualmente evitado por “políticamente incorrecto”.

Pero no me refiero a procesos y condenas por delitos que habrían sido cometidos durante el Gobierno Militar, sino que a hechos más recientes y que tienen como origen lo que muchos siguen llamando “el estallido social”.

Hemos sabido de un Capitán, un cabo y ahora ¡un conscripto!

Sí, leyó usted bien, un conscripto que se presentó voluntariamente a cumplir con su servicio militar y que se sumará a otros conscriptos que cumplen penas en prisión por hechos de hace medio siglo.

Estos miembros del Ejército han sido condenados por tribunales ordinarios que parecen asumir que emplear las armas, aunque sea por órdenes superiores y mandato de la autoridad política “responsable”, constituye grave delito per se.

Ellos se suman a muchos miembros de Carabineros que perdieron su carrera tratando de proteger a sus conciudadanos amenazados por un enemigo implacable, como bien dijo el presidente de la época que fue acusado de “declararle la guerra al pueblo”, sustantivo éste tan abusado y tan amplio en su significado que permite amparar crímenes y delitos de organizados violentistas autodenominados “pacíficos manifestantes”.

Pero, ¿qué dice el poder judicial que impone las duras penas?

Nada, no se oye padre. Como dicen, se expresa a través de sus fallos.

Recientemente, el pleno de la Corte Suprema, rechazó en dos líneas un recurso contra un ministro de fuero que, para ahorrarse esfuerzo y con mucha creatividad, condena en bloque a todos quienes sirvieron en alguna unidad con un argumento que, de aceptarse permitiría condenar, “sólo por pertenencia”, a todo aquel que haya estado en las filas de las fuerzas armadas y de orden entre el 11 de septiembre de 1973 y la fecha de entrega al poder civil en 1990. Quien no se retiró o se opuso sería culpable solidario de “los crímenes de la dictadura”.

Eso sucede en un estado de derecho y, como recordó recientemente en forma pública, un afectado por tan flagrante arbitrariedad, joven subalterno en 1973, todos “pasan sin mirar”.

¿Acaso nada puede hacerse para defender a las víctimas de esta desigual guerra que ha declarado el poder judicial, representado en particular por la segunda sala de la Corte Suprema?

Si por milagro un ministro de fuero absuelve a un procesado por no poder acreditar que cometió delito, o es una sala de la Corte de Apelaciones la que rectifica una sentencia que no se atiene a la ley vigente, es la segunda sala la que procede a imponer altas penas, confirmando o subiendo las propuestas y sumando nuevas causales como es la manida “asociación ilícita”, lo que en la práctica implica cadena perpetua para personas de avanzada edad y deteriorada salud que vivirán sus últimos años en abarrotados recintos, aspecto este último fácil de comprobar en cualquier visita.

¡En Colina 1 duermen en los comedores!

Abandonada toda esperanza de justicia en este mundo y para evitar injusta prisión más de alguien en estos años se ha suicidado, ganándose el respeto de sus camaradas y el escarnio de algún desquiciado. Escapa a la venganza y al odio que motiva a quienes no ahorran esfuerzo en su eterna victimización y búsqueda de “reparación”.

Resumo:

Es más de lo mismo, pero lo positivo es que se conozca y se difunda, para vergüenza de quienes son los verdaderos responsables e indignación de quienes estamos hartos de un prolongado abuso judicial que no tiene visos de cesar.

El verdadero responsable, en mi opinión, es aquella autoridad que recurre a las fuerzas armadas y de orden pidiéndoles que impongan o restauren el orden sobrepasado, pero, “con irrestricto respeto a los derechos humanos”, como habría instruido un ministro para salvar su responsabilidad.

¿Puede haber mayor cobardía?

Ejemplos de lo anterior existen en la Historia pero en nada libera de responsabilidad a quien recurre a esa “salvaguarda” y eso, debieran considerarlo los tribunales, en lugar de hacer caer todo el peso de la ley sobre jóvenes ejecutantes que, a diferencia de la presunta víctima, no eligieron estar ahí para defendernos pero, como acertadamente ha señalado el autor de una carta, han debido asumir el riesgo de una función pública como si fueran simples particulares, ya que dicho riesgo se ha “privatizado”.

En medio de tan negativo escenario, una luz de esperanza:

“Fiscal judicial (s) de la Suprema advierte privación de derecho de “integridad física y psíquica” de condenados de DD.HH.”

¿Hará verano esta golondrina?

25 de mar. de 24