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                                                                                           OTRO MILITAR DESERTOR QUE VIVE EN CHILE PIDE                                                                                            PROTECCIÓN POLICIAL Y FISCALÍA IDENTIFICA DOS                                                                                             AUTOS MÁS UTILIZADOS EN SECUESTRO DE                                                                                                          TENIENTE  (R) VENEZOLANO

Víctor Rivera

La Tercera PM, 23/02/2024

Los investigadores detectaron dos patentes más asociadas al ilícito, cuyos vehículos tampoco cuentan con encargos por robo. En paralelo, Carabineros recibió una denuncia de otro exuniformado del país caribeño, quien en Talca dijo conocer a la víctima y tener “miedo” de que le ocurra algo similar. Se le dispuso una medida de protección de rondas periódicas en su domicilio.

A 48 horas del secuestro del teniente coronel (R) Ronald Ojeda, ni las policías ni las Fuerzas Armadas (FF. AA.), fiscales, y menos las autoridades de gobierno, saben cuáles fueron las motivaciones de la desaparición del exmilitar disidente del régimen de Nicolás Maduro.

La perplejidad, por ahora, es total, tanto así, que en las distintas reuniones que ha sostenido el gobierno con el equipo investigador del caso -el fiscal Héctor Barros y el jefe de la PDI, Sergio Muñoz-, tanto la ministra del Interior, Carolina Tohá, como el subsecretario, Manuel Monsalve, solicitan antecedentes para responder su principal inquietud: “¿Qué fue lo que pasó acá?”.

Los antecedentes del caso, por ahora, apuntan a tres hipótesis: una operación de extracción de la inteligencia venezolana; un autosecuestro; o bien, un urdido plan de venganza del crimen organizado.

En esa búsqueda para despejar cada una de estas líneas investigativas es que los investigadores detectaron la utilización de dos autos más para concretar el secuestro de Ojeda.

En la revisión de las cámaras de seguridad, tanto de las autopistas como las de tránsito en las calles cercanas a la zona norte de la capital, se identificaron dos patentes asociadas al secuestro. Los vehículos, si bien no han sido encontrados, de acuerdo a la revisión que hicieron los policías, no cuentan con encargo con robo vigente.

Lo mismo ocurrió con el único auto encontrado hasta ahora, en la Costanera Norte, y que resultó tener una patente clonada.

Otro de los peritajes relevantes en la indagatoria será lo que resulte del análisis del teléfono celular de la víctima, el cual ya está siendo periciado por los investigadores. Hasta ahora, sin embargo, no han dado con mensajes que den cuenta de amenazas o hechos que apunten a que haya tenido algún tipo de rencilla con alguna banda delictual.

En esa misma línea, quienes han conocido los testimonios de sus familiares, Ojeda no habría advertido a sus cercanos que se sentía amenazado o vigilado. Sin embargo, acá los peritos hacen una advertencia, pues la manera y el horario en que se ejecutó el secuestro, dio cuenta de una preparación previa y actuaron sabiendo que la víctima estaba en su domicilio, y totalmente desprevenido.

“Temo por mi vida”. Paralelamente a las investigaciones de la Fiscalía, sumaron otra denuncia asociada indirectamente al caso.

El mismo miércoles en la tarde, tras conocerse y estallar el caso del teniente (R) Ojeda, un exuniformado venezolano, también desertor del régimen de Maduro, llegó hasta la Cuarta Comisaría de Carabineros, en Talca.

“Temo por mi vida”, les dijo a los carabineros presentes en el lugar y aseguró -de acuerdo a su denuncia- conocer al teniente (R) Ojeda y estar en la misma condición de él, es decir, refugiado.

Por lo mismo, pidió a Carabineros protección policial, sin embargo, al policía derivó la solicitud a la Fiscalía, quienes accedieron a lo solicitado.

En base a esa resolución del Ministerio Público, la policía uniformada dispuso una medida de protección de rondas periódicas en torno al exmilitar venezolano, las cuales comenzaron a ejecutarse a partir de la jornada del jueves 22 de febrero.

Gobierno reconoce que el paradero de la víctima es “por ahora desconocido”. En el Ejecutivo están al tanto de la medida de protección dispuesta al militar (R) en Talca, dado que su preocupación en torno al caso es alta, más cuando las horas avanzan y se desconoce la motivación del secuestro, como también el paradero de Ojeda.

Por ahora, el gobierno concretó el ingreso de la querella anunciada el jueves por el subsecretario Monsalve. En el escrito de 11 páginas dio cuenta, brevemente, de cómo ocurrieron los hechos.

En el relato consignado en la acción judicial ingresada en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, señalan que “la víctima fue llevada atada de pies y manos, advirtiéndose que los hechores portaban lo que parecen ser armas de fuego y vestimentas similares a las utilizadas por funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile”.

Además, en el texto presentado por Interior se señala que a la víctima se la llevaron “por la fuerza en el vehículo en que se trasladaban, hacia un paradero por ahora desconocido”.

Entre las diligencias que el gobierno pidió a la Fiscalía están que se oficie a la Brigada de Investigaciones Especiales con el objeto de que confeccione un peritaje planímetro, que determine los lugares donde se verificaron los hechos y que realice un reconocimiento fotométrico de las cámaras de seguridad que podrían haber registrado el secuestro.

El caso sigue abriendo de más interrogantes, tanto a investigadores, policías y las autoridades de gobierno, donde conocer la trama tras el secuestro sigue sin ser resuelto.

Un aporte del Director de la Revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

                                                         Imposición del Orden y la Seguridad
                                                         Por una vez digamos la verdad.1 (2)

La “seguridad ciudadana” es el producto de las acciones y previsiones del Estado para proteger a los ciudadanos y asegurar su calidad de vida.
La percepción de inseguridad en 2023 Chile alcanzó el 90,6%, la más alta en 10 años y muestra un incremento del 23% respecto a 2022 fue 70,6%
Por su parte, el índice de percepción ciudadana sobre la situación de la seguridad pública señala que el miedo de la población chilena a ser atacado alcanzó su máximo registro histórico llegando al 30,5%.
Durante 2012 el 24%; de los hogares chilenos fue víctima de algún delito como robo con violencia o intimidación, robo por sorpresa, robo de vehículos y hurtos; 2013 el 21%; durante el año 2019 fue 23,6%; en 2021 fue de 21%.
Es decir, en términos reales, la criminalidad ha variado relativamente poco.
Sin embargo, hay consenso general que hoy día Chile sufre una aguda crisis de seguridad.
La Declaración de Derechos del Hombre (1789) señala que “La libertad consiste en poder hacer todo lo que no sea perjudicial al otro. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otro límite que aquellos que aseguren a los otros miembros de la sociedad el disfrute de estos mismos derechos; estos límites sólo pueden estar determinados por la ley”. El concepto de “orden público” establece garantía y límite a la libertad.
Este concepto evolucionó hacia el de “seguridad ciudadana” mucho más amplio, que incorpora los valores del Estado Social y Democrático; llevando al concepto más allá de forzar a los ciudadanos a la “obediencia a la norma” sino a garantizar la “calidad de vida” de los mismos. Este cambio es crítico ya permite percibir con claridad que frente a las demandas de seguridad, la democracia aparece asociada a sentimientos de peligro, miedo y urgencia.
Se trata, entonces, de dejar de lado el paradigma del orden, para ubicarnos en el de la seguridad urbana, entendiendo seguridad de las personas y no seguridad del Estado. Si la inseguridad y el miedo han aumento considerablemente y la criminalidad ha variado relativamente poco es porque debe haber otros factores concomitantes que no estamos valorando.

En efecto, la primera amenaza existencial a los chilenos vino del alzamiento pre- revolucionario de octubre 2019 que puso en duda la continuidad democrática de Chile y su condición de Nación. Luego surgió la inmigración ilegal, que cambió por completo a barrios y pueblos e introdujo un elemento de tensión social integral; después y conexo con lo señalado apareció la práctica de delitos atroces, desconocidos para los chilenos y detalladamente difundidos por la televisión: el descuartizamiento de las víctimas, los secuestros extorsivos, el sicariato profesional, las “encerronas” y “portonazos”, el pandillerismo como forma de vida, la guerra entre bandas delictuales, el abandono de las víctimas en lugar públicos y concurridos, la depreciación intensa del respeto a la ley, la higiene y las conductas ciudadanas civilizadas.
Si sumamos la seguidilla de eventos electorales constitucionales; la crisis económica; la expresión y práctica de un partido político de extrema izquierda y de varios grupos anarquistas validando el empleo de la violencia con fines políticos anti democráticos, podemos apreciar que mirado en forma realista y amplia, el temor y la incertidumbre de la ciudadanía decente de Chile respecto a su seguridad actual y futura, en su casa y fuera de ella, en su transporte público o privado en los barrios comerciales y residenciales y prácticamente en todo su hábitat es completamente naturales y fundados. A lo señalado se suma la evidente incompetencia y deshonestidad de muchos órganos de gobierno, legislativos y judiciales.
Volviendo al tema que nos interesa, si los que buscamos es la “seguridad ciudadana” y no “la seguridad del estado”, es en el funcionamiento de éste el lugar en donde debemos buscar la causa y no solo hacerlo en las Policías, las que, por cierto, están sujetas a crítica como todos los demás órganos del estado de Chile.
Parece evidente que la refundación de Carabineros de Chile será un aporte menor y de baja prioridad para el bienestar y seguridad de los ciudadanos.
En este marco, la necesidad social de seguridad de personas y bienes justifica, per se, la existencia de la policía. De esta manera, los ciudadanos son los primeros interesados en colaborar con la actuación policial, de tal suerte que se evite el recurso a la fuerza. Para concluir, podríamos decir que el modelo de policía comunitaria tiene su última justificación en el mantenimiento de la seguridad de las personas.
Chile y Carabineros de Chile en particular han dado pasos firmes hacia la conformación una policía “comunitaria”, “educadora” y “correctiva” que le ha hecho ganar la estima de la ciudadanía y le ha permitido avanzar un largo trecho para adaptarse al Chile del siglo XXI con tanto éxito como lo ha hecho hasta hoy.
En una próxima oportunidad, veremos el concepto de Plan Cuadrante y la necesidad de otra organización policial integrada a Carabineros pero operada directamente por el Ministerios del Interior (o de Seguridad Pública), para manejar temas complicados, con fuerte carga política, que conflictúan con la existencia de una policía “comunitaria” realmente eficaz; me refiero al control de disturbios, multitudes agresivas y descontroladas, de grupos políticos violentos y de terroristas, delitos de ocurrencia ocasional pero de alta peligrosidad e intensamente potenciadoras de la inseguridad ciudadana.

Fernando Thauby García
Melosilla 20 de febrero de 2024

Un aporte de nuestro Past Presidente, Humberto Julio Reyes

Este paper forma parte de un conjunto de varios documentos que, bajo un mismo título seguido de un número correlativo conforma una propuesta estratégica de seguridad ciudadana.