LAS ACTAS DEL INDH QUE REVELAN LA ÁSPERA DISCUSIÓN DE LOS CONSEJEROS POR LAS PENSIONES DE GRACIA
El Líbero, 02/02/20242
Apenas se enteraron que en la Ley de Presupuesto de 2021 se les asignaba la responsabilidad de acreditar a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el estallido, los consejeros del INDH levantaron algunas alertas. Según las actas revisadas por El Líbero, algunos advirtieron sobre los «problemas políticos y legales» que podía tener el instituto, así como sobre la posibilidad de que las decisiones del organismo pudieran terminar siendo discrecionales.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha estado bajo la lupa en los últimos días por las polémicas pensiones de gracia otorgadas en el contexto del estallido de 2019.
Y es que los consejeros de este organismos fueron los responsables de acreditar si los postulantes a ese beneficio habían sido víctimas de violaciones de derechos humanos y si las lesiones sufridas les generaban un menoscabo laboral.
Algunos vistos buenos, advirtió la Contraloría, fueron otorgados a pesar de que los certificados médicos que presentaron los postulantes ni siquiera se leían bien o no tenían un diagnóstico claro.
Diputados de la UDI plantearon esta semana la creación de una comisión investigadora, como segunda instancia de fiscalización, ante la que tendrían que comparecer los consejeros para explicar cómo fue que dieron las acreditaciones en esos 19 casos.
También tendrían que asistir funcionarios del Ministerio de Interior, que finalmente eran quienes otorgaba las pensiones a los postulantes cuyos expedientes llegaban desde el INDH con la calidad de víctimas.
El Líbero revisó las actas de las seis sesiones que los consejeros del INDH celebraron en agosto de 2021, desde el momento en el que tuvieron conocimiento de que por ley, y sin consultarles, el Legislativo les había endilgado esa responsabilidad, hasta que el propio instituto aprobó los criterios que implementarían para otorgar las acreditaciones.
Esto es desde la sesión del 4 de agosto -acta 621- a las del 21 de ese mes, fecha en la que además de la sesión ordinaria se celebró una extraordinaria -actas 624 y 625- debido a la necesidad de iniciar con las acreditaciones. Los debates fueron ásperos.
Ya en esas discusiones el propio Sergio Micco (ex DC), entonces presidente del INDH, admitió que iba a existir “discrecionalidad” en el proceso.
No fueron pocas las aseveraciones hechas por distintos consejeros, en las que parecía estar claro que ese organismo no iba a tener fácil la eventual decisión de rechazar la acreditación de víctima de violación de derechos humanos y de menoscabo laboral a algún solicitante que considerara que le correspondía una pensión de gracia.
En la sesión del 16 de agosto de 2021 los consejeros estaban ya en la etapa de aprobación de los criterios que emplearían para otorgar las acreditaciones.
De acuerdo con el acta 623, Micco fue claro en cuanto a la premura que tenían de empezar a hacer las evaluaciones y a la manera en la que finalmente serían realizadas.
“El director señala que ya se encuentran atrasados con este tema, por lo que fijaría los contornos de la tarea, reconociendo que existirá cierto margen de discrecionalidad propia de este procedimiento, pero que sea el Ministerio del Interior que defina el criterio para el menoscabo laboral. Por esta razón deben tomar decisiones con el objeto de acreditar, para efectos de la glosa y que el Ministerio del Interior resuelva”, se señala en la mencionada acta.
La aseveraciones de la consejera Margarita Romero (expresidenta de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi) en esa misma sesión fueron categóricas en cuanto a la posición en la que estaba quedando el INDH a la hora de tener que decidir sobre cada solicitud.
“No cree que el Consejo pueda rechazarla o decir ‘esta persona no’ siendo que viene de un equipo técnico que ya la calificó, esa parte le preocupa muchísimo, no sabe cómo se va a resolver”, se indica en el acta en cuanto a la intervención de Romero.
De acuerdo con el instructivo que finalmente se difundió para dar a conocer el procedimiento de acreditación, las personas debían acudir a las sedes regionales del INDH con los respectivos antecedes para iniciar la solicitud de postulación.
Luego, se emitía una “planilla de registro centralizado” que era recibida por un comité de evaluación y finalmente un equipo del nivel central del INDH elaboraba una carpeta con los antecedentes.
Esa era la documentación que llegaba al Comité Central de Acreditación, integrado por los consejeros.
En esa misma sesión el consejero Cristián Pertuzé (académico, elegido para el INDH con el apoyo de RN) advirtió que otorgar las acreditaciones podría generar problemas políticos y legales al INDH.
“No sólo se puede entrar a un problema de tipo político, sino que también en potenciales problemas legales, ya que, si se acreditara dicha condición de manera fehaciente y la investigación judicial posterior indicara lo contrario, se podría producir un problema de credibilidad institucional que hay que tener presente”, sostuvo incluso antes de que se le diera el visto bueno al primer solicitante.
En la sesión del 9 de agosto de 2021, el consejero Yerko Ljubetic (ex DC, que fue Ministro del Trabajo del Presidente Ricardo Lagos, actual militante de Convergencia Social) fue Ministro del Trabajo durante la presidencia de Ricardo Lagos ya había llamado la atención sobre las implicaciones políticas de esta tarea, así como sobre la posibilidad cierta de que las acreditaciones otorgadas por ese organismo pudieran ser impugnadas.
“Señala que el mandato tiene componentes políticos que no deben ignorar (…) y que la alternativa de la certificación integral se refiere a una tarea ajena a las capacidades del instituto, siendo posible que deban utilizar estándares similares a los que hacen uso otros organismos especializados, lo que también abre el punto de que las decisiones del instituto pueden ser eventualmente recurridas. Por lo que parte de los aspectos que deben preparar es la defensa a las impugnaciones administrativa o judiciales que pudiera haber frente a estas decisiones”, se indica en el acta 622.
El “grado de convicción” al momento de aprobar la acreditación de que un solicitante fue víctima de una violación de derechos humanos en el estallido y que además eso le generó menoscabo laboral fue una de las “alertas” que encendió el consejero Branislav Marelic (elegido como representante de las organizaciones de la sociedad civil) en el debate del 16 de agosto. Advirtió que podía ser “un problema decir que toda denuncia plausible es una violación de derechos humanos”.
El consejero propuso una interpretación en contrario para ilustrar esta problemática. “No podemos decir automáticamente que en todo caso que deducimos querellas está acreditada la violación, ya que son consideraciones diferentes”, se indica en el acta 623.
Al ahondar en ese punto, Marelic prácticamente planteó la imposibilidad de tener la convicción de la calidad de víctimas que pudieran o no tener los postulantes a la pensión de gracia.
“Si se plantea que en una querella deben tener la convicción de que existe una vulneración de derechos humanos se hubieran interpuesto menos querellas, ya que deberíamos nosotros haber investigado la denuncia y formarnos una convicción fuerte de la existencia de violación y no simplemente atender la denuncia y deducir querella. La decisión de deducir querellas fue delegada por el Consejo a Dirección, por lo que malamente existiría un control del Consejo sobre los criterios específicos de interposición”, agregó.
Ya en la sesión del 9 de agosto, Pertuzé había planteado un problema adicional: ¿estaba el INDH obligado a querellarse en los casos de todos los postulantes a la pensión de gracia?
“En su opinión -se indica en la referida acta 622 sobre los dichos del consejero- se abre un frente en aquellos casos en los que no tengan antecedentes, ya que si son proporcionados por la víctima el instituto estaría obligado también a presentar querellas. Se refirió a quienes eventualmente fueran víctimas de violación a los derechos humanos, ya que el instituto no es una fiscalía ni un tribunal de justicia, pudiendo certificar que, teniendo a la vista los antecedentes, se presentó una querella, en caso contrario estarían funcionado como tribunal”.
Desde la primera sesión en la que abordaron el tema de las acreditaciones, los consejeros criticaron que se hubieran enterado a través de los medios de comunicación que por medio de una glosa de la Ley del Presupuesto del 2021 (la número 12 del ítem referido a prestaciones previsionales -jubilaciones, pensiones y montepíos- de los recursos asignados al Tesoro Público), los legisladores habían puesto sobre el INDH tal responsabilidad en materia de pensiones de gracia sin siquiera haberles consultado.
“Con cargo a estos recursos se podrá considerar como beneficiarios a aquellas víctimas de violaciones a los derechos humanos acreditadas por el Instituto de Derechos Humanos que a causa de sus lesiones sufran un menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo desde el 18 de octubre de 2019 en adelante”, se indica en la mencionada glosa.
En la sesión del 9 de agosto de 2021, Micco planteó sus dudas en cuanto al mandato legislativo que les había sido conferido, si efectivamente le correspondía al INDH participar en el proceso de acreditación al no ser ese órgano una comisión de la verdad de acuerdo con los estándares internacionales.
“Si cabe que una institución como el INDH, con su mandato legal y composición, acredite que una persona fue víctima de violación a los derechos humanos (…) y si se debe certificar, además de la condición de víctimas, si ha existido menoscabo laboral”, se indica en el acta 621 en cuanto a los planteamientos del entonces director del instituto.
La entonces consejera Consuelo Contreras (cercana al PS), actual presidenta del INDH, manifestó de plano que el organismo no podía ocuparse de tales tareas. “Aclara que el instituto no es similar a las comisiones Rettig y Valech, ya que las comisiones de verdad tienen estándares fijados por el sistema universal de derechos humanos que el instituto no está en condiciones de cumplir por no contar con los recursos suficientes”, se señala en esa misma acta 621.
Contreras insistió: “Es una tarea que no se les debió haber asignado, ya que no corresponde que la institución nacional de derechos humanos califique víctimas, lo que normalmente hacen comisiones externas y autónomas, con personas de prestigios dentro de la sociedad, asociado a recursos para su funcionamiento”.
En esa misma sesión la consejera Debbie Guerra (académica del Instituto de Estudios Antropológicos) preguntó sobre la posibilidad de rechazar la aceptación de realizar las acreditaciones. “Esta decisión podría tener un impacto en la reputación del instituto”, señaló.
En la sesión del 16 de agosto, el consejero Marelic aseveró que la glosa en cuestión era “una violación a la autonomía del instituto”.
Desde la primer sesión, Ljubetic planteó que en todo caso al INDH pudiera corresponderle certificar si una persona había sido víctima de violaciones de derechos humanos en el estallido, no así pronunciarse sobre la posible afectación de sus capacidades laborales.
En este planteamiento lo apoyaron algunos consejeros con Pertuzé y Guerra.
“Llama la atención sobre la difícil situación en la que se encuentra el instituto, que sería agravada en el evento de que esto genere expectativa a víctimas de violación a los derechos humanos y que estas no se cumplan (…) El INDH no puede quedar expuesto como el responsable de que el beneficio no llegue a las víctimas”, se señala en la referida acta 621 sobre la intervención de Ljubetic.
Otra de las opciones que se plantearon fue la creación de una comisión externa que contara con especialistas con experticia en materia de verificación de violaciones a los derechos humanos. En esto coincidieron Contreras y Pertuzé.
Este último consejeros sugirió “ser realistas” en cuanto a las condiciones que se pudieran tener para la implementación de las acreditaciones, “lo que parece poco probable manteniendo una toma y un paro”, haciendo alusión a la toma de la sede central del INDH que fue llevada a cabo por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios entre agosto de 2021 y marzo de 2022.
A pesar de lo advertido por los propios consejeros en todas estas sesiones, en las del 23 de agosto finalmente aprobaron que el INDH tenía la obligación legal de encargarse de las acreditaciones.
Partiendo de ese punto, aprobaron lo que ya ahora es bien sabido y que tiene en la mira a ese organismo: que debían acreditar si los postulantes habían sido víctimas de violaciones a los derechos humanos en hechos ocurrido del 18 de octubre del 2019 en adelante, a consecuencia de la crisis social, y que además debían “recabar los antecedentes necesarios para que ‘razonablemente o plausiblemente’ se pudiera decir que se produjeron lesiones que llevaron a un menoscabo laboral”.
“El INDH no seguirá esperando -por información por parte del Ministerio de Interior para la entrega de las pensiones de gracia- y cumplirá, en el ámbito de sus atribuciones, capacidades y competencias, con el mandato que la referida ley le asigna avanzado los criterios operativos necesarios para procesar los requerimiento que se le planteen quienes voluntariamente decidan postular a los referidos beneficios, postulación que, en cada caso y en definitiva, deberá resolver el Poder Ejecutivo”, dijo Micco en esas últimas sesiones.
Micco sostuvo que en Chile la violación de derechos humanos no era sistemática y que no había presos políticos. Renunció en julio de 2022, luego de que un grupo de consejeros pidiera su dimisión.
El Líbero consultó a Cristián Pertuzé esta semana luego de la polémica por el informe de la Contraloría que dio cuenta de los 19 casos de otorgamiento de pensiones de gracia que contaban con certificados médicos irregulares.
“En algunos casos, varios consejeros nos abstuvimos o inclusive rechazamos, aunque esas acreditaciones no se rechazaron porque no éramos mayoría, pero sí hubo casos en los que algunos consejeros nos abstuvimos porque no existía la convicción de que existiera la posibilidad de menoscabo laboral», dijo Pertuzé. Sólo él y Contreras, la actual directora, permanecen en el INDH.
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