Categoría: Seguridad y defensa

                                                                                LOS CABALLOS VUELVEN A LA GUERRA DESPUÉS

                                                                                 DEL DESASTRE DE LOS BLINDADOS RUSOS EN UCRANIA

Jesús Díaz – El Confidencial, 07/02/2025

Un vídeo[1] de dos soldados rusos cabalgando hacia el frente por las planicies ucranianas puede parecer una mera anécdota pero, si lo añades a las brutales cifras de las pérdidas de vehículos blindados y los miles de vídeos que muestran a las tropas de Moscú usando furgonetas, coches civiles preparados improvisadamente, y hasta bicicletas robadas, son una manifestación de uno de los grandes problemas de Vladimir Putin: se están quedando sin vehículos tanto por la acción de los drones de Kiev como por la obsolescencia de su equipamiento.

Y sin movilidad efectiva, la posibilidad del colapso de sus líneas —que algunos analistas occidentales habían augurado para este año— se dispara.

Sin contar transportes convencionales, Rusia ha perdido entre 15.000 y 30.000 vehículos blindados en Ucrania, forzando a sus tropas a luchar en furgonetas improvisadas y ahora, a caballo

Los vehículos blindados rusos están siendo destruidos o inutilizados a un ritmo escandaloso, con cifras que la industria rusa, lastrada por las sanciones y años de corrupción, no puede reponer.

Según datos de las Fuerzas Armadas de Ucrania del 6 de febrero de 2025, Rusia ha perdido 9.965 tanques, más de 20.730 vehículos de combate, 36.211 camiones y cisternas, y un total de 3.737 equipos especiales, lo que incluye camiones, remolques y otro tipo de vehículos.

Aunque estas cifras no pueden ser verificadas de forma independiente, sí coinciden con la percepción generalizada sobre el terreno, donde los vídeos de vehículos rusos destruidos o abandonados son constantes.

Ya lo decíamos hace más de un año: “A medida que Ucrania ha destruido miles de tanques, cientos de aeronaves, y decenas de barcos, Rusia ha tenido que desplegar armamento anticuado de los tiempos de la Unión Soviética y se acerca rápidamente a un colapso de su maquinaria militar en 2025”. Ahora parece que la previsión se está haciendo realidad.

Improvisación y movilidad del siglo XIX. Como informa la revista Forbes, esta escasez de vehículos ha obligado a los soldados rusos a utilizar medios de transporte improvisados, como los infames Lada, coches civiles cuyo uso se ha normalizado en el frente según varios analistas independientes que monitorean la guerra a través de fuentes abiertas, como Andrew Perpetua.

Como el resto, este último se ha mostrado sorprendido ante la proliferación de vídeos de ataques a vehículos Lada por parte de drones ucranianos. “Es la hora del asalto”, escribió irónicamente. “Todos al Lada”.

Hay múltiples vídeos de tropa en motocicletas y bicicletas robadas, así como furgonetas y vehículos ‘frankenstein’ que fusionan varios componentes. La falta de vehículos motorizados es tal que algunas unidades han recuperado el uso de caballos como medio de transporte.

Según el corresponsal de guerra ruso Roma Sapozhnikov, “la sensación es que los responsables de rearmar al ejército con vehículos de combate y tanques han ignorado los problemas del frente y de las fuerzas armadas del país en guerra”. Esta falta de previsión ha obligado a los soldados a usar “vehículos civiles que son una completa ‘mierda’ que arde y mata a nuestros soldados”, según declaró una fuente al propio Sapozhnikov.

La realidad es que Rusia no da abasto: construye apenas 200 nuevos vehículos de combate BMP-3, 90 nuevos tanques T-90M y unos pocos cientos de vehículos blindados, incluyendo vehículos de combate con ruedas BTR-82.

Una cifra ridícula comparada con las pérdidas que está sufriendo en Ucrania y que pueden llevar a su Ejército al colapso en 2025.

Recuperando equipos de hace un siglo. Agotadas las nuevas unidades, Rusia ha tenido que recurrir a viejas unidades almacenadas durante la Guerra Fría.

Pero, como explica el analista Jompy, “un vehículo que no se mueve durante tanto tiempo es un vehículo muerto”. Jompy analizó tres parques de vehículos y concluyó que la mayoría de los vehículos restantes no se habían movido en años. “Seguro que has visto lo que les pasa a los coches civiles abandonados durante unos pocos años al aire libre”, sentenció.

La situación se ha ido deteriorando para el ejército ruso a medida que la guerra se alarga. Eso de por sí es grave para Moscú pero es aún peor cuando sabemos que su ejército ruso estaba anticuado desde el principio de la guerra, con camiones y tanques antiguos que se quedaban tirados en cualquier parte.

La realidad ha demostrado que el teórico poder armamentístico soviético se ha quedado en una broma que sólo ha podido ser compensada con cantidades ingentes de soldados, arrojados al combate mal equipados.

La estimación de la cifra de muertos y heridos en las filas rusas sobrepasa ya la marca de los 800.000.

Esta situación se explica, en parte, por la corrupción endémica en el ejército ruso. Como denunció el exministro de Exteriores ruso Andrei Kozyrev, gran parte del presupuesto militar se ha desviado durante años a causas ajenas a la modernización del ejército, lo que ha provocado que, en una guerra como la de Ucrania, quede patente la falta de preparación y equipamiento de las tropas.

[1] Nota: Video no incluido.

Un aporte del Director de la Revista Antonio Varas Clavel

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                                                                         ¿EN QUÉ DEBE MEJORAR EL SISTEMA NACIONAL

                                                                 DE INTELIGENCIA?

Richard Kouyoumdjian, Experto en Defensa y Seguridad Nacional – El Líbero, 05/02/2025

Uno de los temas que tanto expertos, académicos, miembros del gobierno actual e integrantes de los dos gobiernos de Sebastián Piñera mencionan como necesario es tener un robusto y efectivo sistema nacional de inteligencia, que esté de acorde a las necesidades que el Chile actual tiene en la materia tanto producto del escenario global, como producto del problema de seguridad pública que nos afecta.

El consenso general es que el actual sistema no da el ancho y no está cumpliendo con su propósito, algo que no necesariamente tiene su origen en la ley actual.

Claramente toda ley y todo sistema puede mejorar, pero esperar que sólo por la vía de mejorar la ley existente vamos a cambiar notoriamente las capacidades y efectividad del sistema es ser en extremo iluso.

El actual sistema nacional de inteligencia está regulado por la ley 19.974 del 2004, que aparte de establecer la operación del sistema y aspectos administrativos, crea la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), continuadora legal de la Dirección de Seguridad Publica e Informaciones que había sido creada en 1993 con un foco en el orden y seguridad pública, y no en la función de inteligencia del Estado como un todo o con la mirada sistémica que tiene la actual que nos rige.

Claramente toda ley y todo sistema puede mejorar, pero esperar que sólo por la vía de mejorar la ley existente vamos a cambiar notoriamente las capacidades y efectividad del sistema es ser en extremo iluso y cae en la misma categoría de ingenuidades como es la creación del Ministerio de Seguridad, algo que algunos creen por el hecho de existir y tener un ministro a cargo va a acabar con los delincuentes, criminales, terroristas e insurgentes que asolan el Chile actual.

¿Qué aspectos deberían ser mejorados en la ley actual?, la que en opinión de este autor y de algunos reputados expertos no es mala, pero que después de 20 años sí necesita algunos ajustes.

Estamos hablando de los relativos a la dotación de la ANI, que por ley tiene una dotación cercana a los 100, necesitando tener de 7 a 10 veces si es que tomamos como referencia los servicios de inteligencia de países europeos y en particular del español; un presupuesto de a lo menos US$80 millones (10 veces el actual); de una ley que nos permita desarrollar especialistas de carrera en los cuales poder invertir; permitir que la gobernanza y operación del sistema sea más fluida e integrada; que no hayan dudas de que lo relativo a inteligencia es secreto y que su violación está penada con cárcel, y que tenga las capacidades máximas en recolección de data local e internacional de todos tipos y su procesamiento.

Las mejoras que actualmente se discuten en el Congreso tiene un foco principal en la gobernanza y propósito del sistema, pero no necesariamente generan músculo o aumentos de capacidades reales, y en ese sentido, peca de los mismos problemas que tiene la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, en el sentido de que su modificación no resuelve el problema que tenemos de buena y oportuna inteligencia, e incluso, podrían echar a perder lo ya existente.

Entrando en detalles, la ley actual, quizás buena para el 2004, asume y continúa la dirección de seguridad pública e informaciones creada en el gobierno de Aylwin en 1993, basando su capacidad inicial tanto en número como en integrantes de la dirección a la que reemplazaba, pero fallando en ser flexible en cuanto a dotaciones, como también en la creación de especialistas en la materia y la carrera profesional que ellos podrían desarrollar, algo que 20 años después sigue siendo el problema principal a haber.

“Para realizar inteligencia se necesita de gente que sepa, tenga la experiencia y las capacidades requeridas para los tiempos actuales, tiempos de la IA y de realidades que cada vez son más complejas.”

El proyecto de ley que moderniza la inteligencia sí crea una Escuela de Inteligencia, pero falla en lo que se refiere a dotaciones necesitadas y el desarrollo de una carrera profesional, lo que, entre otras cosas, haría más fácil la inversión y entrenamiento en el capital humano de la organización.

Esto que indico es normal en organizaciones como la española, las del Reino Unido y los Estados Unidos de Norteamérica.

Como indiqué anteriormente, el proyecto de ley que se discute en el Congreso desde hace más de 5 años coloca mucho foco en el gobierno corporativo, nuevos roles, y comités, pero no asegura o mejora que la coordinación y flujo de información dentro del sistema se produzca o que, de suceder, sea rápido y oportuno, que es una de las falencias del sistema actual, uno en donde muchas veces el director de la ANI tiene que pedir apoyos para que las cosas funcionen.

Dicho eso, sí incorpora al sistema organizaciones como el Registro Civil, SII, Aduanas, UAF, Gendarmería, Ministerio de Relaciones Exteriores, y de todos aquellos que algo tienen que ver con la materia.

Tampoco la ley que se discute asigna mayores presupuestos a la ANI o su sucesora, la Agencia Nacional de Inteligencia Civil (ANIC), los que son necesarios no sólo para disponer de equipos humanos más grandes y preparados, sino que también para adquirir capacidades tecnológicas superlativas, de IA y de procesamiento de datos, sean de origen humano, como de otros medios como son cámaras, pórticos lectores, de interceptación de comunicaciones, etc…, todas cosas propias de la modernidad que vivimos.

En esta sección sí reconoce la necesidad de un Centro de Fusión de Inteligencia, componente central en la creación de información para la toma de decisiones de las autoridades nacionales.

Para cerrar y para concluir, las capacidades que tengamos en materia de inteligencia van a ser directamente proporcionales a la inversión que hagamos en la materia, a la preparación y capacidades humanas y tecnológicas que tengamos, a la fluidez y oportunidad de la información, a la calidad del gobierno corporativo, en donde la complejidad no ayuda, y en entender que es un sistema el cual para ser efectivo debe ser administrado como tal.

Lo que no puede suceder es dejar las cosas como están o sólo quedarse con una nueva ley de inteligencia que no se hace cargo de lo principal, que son la falta de capacidades del sistema en lo humano y en lo tecnológico, y que, de no haberlas, no será efectivo o robusto, o a la altura de lo que necesitamos para el Chile de hoy y las complejidades del mañana.

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Un aporte del Director de la Revista Antonio Varas Clavel

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                                                                               FISCALÍA FORMALIZA EN AUSENCIA Y PIDE EXTRADICIÓN

                                                                                DE DOS LÍDERES DEL TREN DE ARAGUA IMPLICADOS EN

                                                                                                EL CRIMEN DE RONALD OJEDA

José Carvajal Vega – La Tercera, 28/01/2025

La mañana de este martes en el 11° Juzgado de Garantía de Santiago continuó la formalización y reformalización de los 19 integrantes de la célula del Tren de Aragua en Chile, Los Piratas de Aragua, organización criminal sindicada por el Ministerio Público como la responsable del crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, quien fue secuestrado y asesinado en febrero del año pasado.

Durante esta segunda jornada, la Fiscalía imputó por el homicidio del exmilitar a Rafael Gámez Salas -alias el “Turko”- y a Carlos Gómez Moreno –“Carlos Bobby”-, quienes están detenidos en el extranjero. Para el Ministerio Público, la extradición de ambos sujetos es una pieza clave, ya que podrían colaborar y entregar evidencia directa con el régimen de Nicolás Maduro.

Durante esta segunda jornada, los fiscales del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) Héctor Barros y Alex Cortés, presentaron los antecedentes y formalizaron en ausencia a dos de los líderes de la organización, y altos jerarcas de la banda de origen venezolano, Rafael Gámez Salas -alias el “Turko”– y Carlos Gómez Moreno –“Carlos Bobby”-.

Ambos imputados fueron encausados luego de que fueran detenidos en el extranjero por órdenes vigentes en Chile, tras huir y ser identificados como quienes ordenaron el crimen de Ojeda. Esto, como la misma Fiscalía ha sostenido, previo encargo del régimen de Nicolás Maduro, específicamente del ministro del Interior, Diosdado Cabello.

La formalización en ausencia es un paso clave para que Chile pueda pedir la extradición de Gámez y Gómez, quienes fueron detenidos las últimas semanas en Estados Unidos y Colombia, respectivamente. Ahora, y tras la autorización del tribunal, será la Corte de Apelaciones de Santiago la que -de aprobarla- deberá remitir los antecedentes judiciales para que el Ministerio de Relaciones Exteriores dé curso a la petición ante los mencionados países.

El lunes pasado, cabe hacer presente, sólo se alcanzaron a revisar las incidencias plateadas por las defensas de los imputados, la que logró que tres sujetos sean formalizados el próximo martes 4 de febrero; entre ellos, detenidos que ya están en prisión preventiva por otros delitos.

Los líderes. Durante la audiencia de formalización de este martes -que se realizó bajo reserva-, la Fiscalía imputó a los dos líderes de Los Piratas, una variedad de delitos. Y es que el Ministerio Público apunta a que Gámez y Gómez son quienes ordenaron al resto de la banda la ejecución de una serie de secuestros, homicidios y extorsiones.

Según antecedentes a los que tuvo acceso La Tercera, en total, el Ministerio Público le imputará a los integrantes de la célula del Tren de Aragua en Chile, siete hechos, perpetrados a lo menos desde el 2023.

Así, la Fiscalía calificó a Carlos Bobby como el líder de la organización criminal a nivel latinoamericano y al Turko, como el encargado de la operación en Chile. Según pudo conocer este medio, ambos imputados son quienes impartieron las instrucciones, extorsionaron, fijaron las medidas para los miembros de la banda y eran quienes distribuían las funciones.

En el caso del Turko, además, se le imputa haber sido quien elegía a las víctimas de los secuestros y extorsiones, incluso directamente a los familiares de las víctimas. Gámez, además, era quien encabezaba el grupo de WhatsApp que tenían los integrantes de Los Piratas de Aragua, chat donde se planificó -en parte- el crimen de Ojeda.

Además de Gámez y Gómez, la jornada de este martes la Fiscalía también formalizó en ausencia a Dayonis Orozco, un ciudadano venezolano apodado “Boti”. Este sujeto, además de ser miembro de la banda, también es imputado en la causa por el homicidio del teniente Emmanuel Sánchez y quien fue detenido en Colombia luego de huir de Chile tras el crimen del funcionario policial.

Los formalizados. El miércoles 22 de enero, hace una semana, Fiscalía y PDI irrumpieron en la toma Santa Marta, en Maipú, para detener -en total- a seis personas. Una de ellas correspondía un integrante de Los Piratas de Aragua, quien tiene participación directa en el crimen de Ojeda.

El detenido corresponde a Julio Iglesias, un hombre de nacionalidad colombiana que tendría un grado de participación posterior a la muerte del exmilitar venezolano, específicamente en enterrar su cuerpo en la toma de Maipú, donde finalmente fue encontrado Ojeda el 1 de marzo del 2024.

A Iglesias se le imputó el delito de secuestro con homicidio, al igual que al resto de los integrantes de Los Piratas que participaron del ataque al refugiado migrante venezolano en Chile. La misma calificación jurídica por la que se le comunicaron cargos en su contra a Anthony Barboza, un ciudadano venezolano que actualmente se encuentra privado de libertad en la Cárcel Santiago 1 por otro hecho delictual.

Barboza -que no es imputado en el caso de Ojeda-, a juicio de la Fiscalía, tiene participación en varios delitos de secuestros cometidos por Los Piratas. En concreto, al menos en un hecho, fue el encargado de contactar a una víctima para conseguir información de esta, con tal de poder secuestrarlo posteriormente por el resto de la organización.

El mensaje del Turko. Parte de los antecedentes que ventiló la Fiscalía durante la audiencia de formalización, fueron mensajes enviados por el Turko a la banda que encabezaba. Incluso, según han podido determinar policías y fiscales, fue -junto a Carlos Bobby- quien pidió al resto de los implicados en el crimen que dejaran el país y huyeran.

En una ocasión, según dio a conocer La Tercera este lunes, Gámez reunió a los integrantes de Los Piratas en la toma Santa Marta para mantener una videollamada con ellos.

Un testigo reservado en la causa expuso que el Turko habría regañado a la organización, tras el asesinato de Ojeda, apuntando a que “el trabajo había salido mal, retándonos y señalándonos que el ‘Mudo’, el ‘Jose Carlos’ y el ‘Gordo Ale’ habían hechos las cosas mal, motivo por el que todos los que habían participado en el secuestro del militar debían salir de Chile por instrucción del ‘Bobby’”.

Pero el enojo del líder de Los Piratas en Chile habría durado poco. El 24 de marzo de 2024 -23 días después del hallazgo del cuerpo de Ojeda-, el Turko escribió a través de un estado de WhatsApp un mensaje de agradecimiento a quienes lo acompañaban en el mundo delictual.

“Hoy quiero darle gracias a mis hermanos que han estado desde el minuto 0 conmigo, en las buenas y las malas conmigo”, decía el mensaje, que -según fuentes de La Tercera- será expuesto durante la audiencia de formalización que se desarrolla durante estos días. “De un pan comemos todos y que no nos llamamos nada, que siempre todos en la cama o todos en el piso”, continuaba la publicación.

A eso, El Turko agregó: “Bendiciones, vida y salud para todos ustedes siempre de corazón nunca por enveniencia…Aquí no nos importa quien sea el más velocista si no el que conduzca como debe ser. Feliz día bendiciones para todos” (sic), mensaje que era acompañado de los emojis “🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️” en alusión al nombre de la organización.

Días después, el 30 de marzo, el líder de Los Piratas volvió a usar la misma aplicación de mensajería. Esta vez para publicar una fotografía con seis armas que fue subida a sus historias acompañada del texto “puros piratas no más”.

La investigación también ha podido determinar que luego de que el 21 de septiembre del 2023 se hiciera un allanamiento a la cárcel de Tocorón, Venezuela, donde estaban recluidos los principales líderes del Tren de Aragua, el Turko publicó “tumbaron a castillo más no al rey. Así que el juego sigue”.

Una huida ordenada. Diferentes testigos que han declarado ante la justicia aseguran que, tras cometido el crimen de Ojeda, el propio Gámez y Carlos Bobby ordenaron a los integrantes de Los Piratas que participaron en el crimen de Ojeda que abandonaran el país.

Así lo hizo el encargado de conseguir los vehículos que usaron los secuestradores que llegaron al departamento de Ojeda vestidos como falsos policías. El seguimiento de la PDI y la Fiscalía permitió distinguir que solo tres días después del secuestro el sujeto fue detectado en la frontera de Chile con Perú.

Ese sería el destino predilecto por los integrantes de la organización, pero por una razón muy concreta. Un testigo reservado aseguró a la Fiscalía que dos autores del crimen de Ojeda se fueron “en dirección a Perú, ya que en ese lugar les iban a pagar el dinero por ese trabajo. Luego de eso, me enteré de que se fueron a Venezuela, pero tenían la intención de volver, ya que están pasando hambre en ese país”.

Eso también quedó establecido en la revisión de los mensajes del teléfono de Yolvi González, integrante de Los Piratas e imputado por el homicidio del teniente Emmanuel Sánchez, ocurrido el año pasado. En su teléfono, González tenía conversaciones con el Mudo, a quien le “recomendó” el 26 de febrero huir a Perú. Este último habría ido acompañado de “Jose Carlos”, otro de los imputados en el caso de Ojeda.

En las conversaciones de la banda también existen registros fotográficos de algunos imputados, quienes las enviaron a modo de despedida. También hay un audio que está consignado en los antecedentes de la causa. Yolvi González también tiene una conversación con otro integrante de la banda, de quien se despide: “Bueno que le vaya buen. Que le vaya bien amigos míos que dios los bendiga y lo cuide en su camino, le habrá nuevas puertas y nuevas fronteras y que todo le salga bien el nombre de dios”.

A raíz de estos antecedentes, la Fiscalía durante estos 11 meses alertó a diferentes países, entre ellos Perú, Colombia, México y Estados Unidos. Esa alerta tuvo resultados luego de que el propio Turko y los otros dos integrantes de Los Piratas fueran detenidos en el extranjero, y ahora están esperando ser extraditados a Chile para ser juzgados por el crimen de quien fuera un desertor del régimen de Maduro.

Un aporte del Director de la Revista Antonio Varas Clavel

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                                                                              CAM JUSTIFICA ATAQUE INCENDIARIO EN LOS SAUCES

                                                            COMO “JUSTICIA MAPUCHE”

Emily Avendaño – La Tercera, 27/01/2025

Trabajadores del Fundo Rinconada llegaron el 23 de enero a realizar labores de cosecha forestal, pero se encontraron con un tractor, una máquina enfardadora y una cortadora de pasto quemadas. Se trata del segundo atentado incendiario en el lugar en un lapso de 8 días.

La ORT Pelontraru se adjudicó dos ataques en el Fundo Rinconada con ocho días de diferencia. Tras el segundo atentado, en el que quemaron maquinaria agrícola, dijeron que “colonos hicieron ingreso de manera imprudente a territorio en recuperación territorial. Por lo tanto, corresponde a justicia mapuche para restablecer el control territorial”.

El primero se registró el 15 de enero y, tal como en esa ocasión, la ORT Pelontraru, de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), se adjudicó el hecho a través de una publicación en el medio Werkén Noticias.

“Dejamos en claro a las comunidades en resistencia que estas acciones se ejecutarán toda vez que los usurpadores históricos intenten atropellar a nuestra gente y nuestro territorio bajo control territorial por las comunidades que tienen alianza política y militar con la CAM”, escribieron. En el texto, además, sostienen que le corresponde a la “justicia mapuche” restablecer el control territorial, puesto que “colonos” hicieron ingreso “imprudente a territorio en recuperación”.

Una vez ocurrido el suceso, las diligencias quedaron a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI). El comisario Patricio Ibáñez, de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de Angol, declaró el día del hecho: “Personal de unidad especializada se trasladó hasta la Ruta R-444, donde se unen las comunas de Los Sauces con Lumaco, precisamente al Fundo Rinconada, donde un grupo indeterminado de sujetos accede a las dependencias del terreno, provocando la quema de un tractor y una máquina aserradora. No se reportaron personas lesionadas producto de este hecho”.

El atentado incendiario ocurrió luego de que Llaitul diera una entrevista desde la cárcel que causó preocupación ante la posibilidad de que el cabecilla del grupo terrorista con sus palabras estuviese incitando a la violencia, ya que, cita El Mercurio, Llaitul llamó a “luchar con fuerza” y “con la convicción que hemos visto en nuestros mártires”, y admite que aquello “tiene costos y consecuencias”.

Robo de madera: detenciones y enfrentamientos. El Indicador de Violencia e Impunidad de El Líbero además registra dos casos de robo de madera. Uno ocurrió en La Araucanía y el otro en Los Ríos.

El 21 de enero, en el sector de Futa, comuna de Corral, región de Los Ríos, la PDI capturó a tres sujetos acusados de ingresar habitualmente a predios para robar madera. Según el subprefecto Cristián Muñoz, los delincuentes trasladaban la madera de eucalipto robada a Valdivia para su venta.

Durante el operativo, se incautó una camioneta, una motosierra y madera. Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Valdivia para su formalización.

En la misma región, el 24 de enero, la PDI detuvo a un hombre involucrado en la extracción ilegal de madera en un predio de Forestal Arauco, ubicado en el sector de Cutipay Alto, Valdivia.

Al momento de la intervención policial, los responsables talaban árboles y los transportaban con bueyes hacia un camión. La mayoría del grupo huyó, pero las autoridades lograron la detención del propietario del camión.

La PDI incautó el vehículo, 5 trozas de pino radiata, 30 árboles talados y madera acopiada, con un avalúo total de 7,5 millones de pesos. El hombre quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Valdivia.

En tanto, un operativo policial en Traiguén, Región de La Araucanía, derivó en un enfrentamiento armado entre la PDI y sujetos investigados por tráfico de drogas y robo de madera. El allanamiento provocó la huida de los sujetos en dirección a Galvarino, y en esa comuna hubo un intercambio de disparos.

Condenan a tres comuneros por el homicidio del suboficial Francisco Benavides. El 21 de enero, el Tribunal Oral en lo Penal de Angol dictó sentencia contra los hermanos Matías y Heriberto Ancalaf Prado, junto a Rodrigo Calabrano Ñanco, declarados culpables del asesinato del suboficial de Carabineros Francisco Benavides.

Los hechos ocurrieron el 24 de mayo de 2021 en Collipulli, Región de La Araucanía, cuando el carabinero fue emboscado y baleado mientras realizaba labores de despeje de ruta. Las penas dictadas oscilan entre los 19 y 24 años de prisión efectiva, según los delitos atribuidos a cada acusado.

Heriberto Ancalaf Prado recibió la pena más alta, con 24 años de prisión, por homicidio a un carabinero en servicio, disparos injustificados, desórdenes públicos y tenencia ilegal de armas. Matías Ancalaf Prado y Rodrigo Calabrano Ñanco fueron condenados a 19 años de cárcel cada uno por homicidio, disparos injustificados y porte ilegal de armas.

Según indicó el fiscal regional Héctor Barros, el caso también incluye antecedentes de desórdenes públicos y reiterados actos de violencia en años previos.

El suboficial Benavides, de 42 años, fue emboscado mientras transitaba en su vehículo de servicio por la comunidad Choin-Lofkenche. Los acusados, escondidos entre la vegetación, dispararon en múltiples ocasiones, siendo uno de los proyectiles el que impactó en el pecho del policía, atravesando su chaleco antibalas y provocando su muerte instantánea.

Este crimen estuvo marcado por la tensión en un territorio liderado por Víctor Ancalaf, exvocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y padre de los hermanos condenados.

Los sentenciados aún pueden recurrir de nulidad ante los tribunales, pero la Fiscalía subrayó la contundencia de las pruebas presentadas. “Estas penas reflejan la gravedad de los hechos y el trabajo comprometido para combatir la violencia en la región”, señaló el fiscal Carlos Bustos.

El mismo 21 de enero, la PDI confirmó la captura de Roger Paineo Antimán, de 30 años, acusado de participar en el atentado incendiario al Molino Grollmus, ocurrido el 29 de agosto de 2022 en Contulmo, Región del Biobío. El arresto se produjo en el sector La Granja, Cañete, y eleva a 13 el número de detenidos por este caso, donde los otros 12 implicados ya se encuentran en prisión preventiva.

En la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Cañete, Paineo Antimán fue formalizado por incendio, homicidio calificado en carácter frustrado, porte ilegal de armas y municiones, quedando en prisión preventiva mientras dure la investigación, con un plazo de seis meses.

Según la Fiscalía, alrededor de 30 personas estarían implicadas en este atentado, y la PDI continúa con las investigaciones para identificar y detener al resto de los involucrados.

Un aporte del Director de la Revista Antonio Varas Clavel

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                                                                                 EL FISCAL HÉCTOR BARROS Y EL HOMICIDIO EN CHILE

                                                                                DEL DISIDENTE RONALD OJEDA: “ESTIMAMOS QUE

                                                                            ESTÁ DETRÁS DE ESTE HECHO EL GOBIERNO

                                                                                  VENEZOLANO”

Ana María Sanhueza – ElPaís.es, 20/01/2025

El fiscal chileno Héctor Barros, quien investiga el secuestro y asesinato del refugiado político en Chile Ronald Ojeda, ocurrido en Santiago el 21 de febrero de 2024, ha dicho este lunes a radio ADN que tras 11 meses de pesquisas, en la que ha determinado que en la ejecución material del delito estuvo el Tren de Aragua, que “estimamos que está detrás de este hecho el gobierno venezolano”.

Así, el jefe metropolitano del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público ha dado un paso más allá, luego que en abril del año pasado señalara que por el perfil de Ojeda —un activo disidente contra el régimen de Nicolás Maduro— el único móvil plausible era el político y que “esto se organizó, se solicitó el secuestro y posterior homicidio del señor Ojeda desde Venezuela”.

“Acá lo que hubo fue una contratación del Tren de Aragua para efectos de secuestrar y asesinar a Ronald Ojeda. La preparación que vimos nunca se vio en las actuaciones que hizo el Tren de Aragua [en Chile]. Y lo que yo puedo decir en este momento es que nosotros estimamos que está detrás de este hecho el gobierno venezolano”, ha dicho Barros.

Ronald Ojeda, de 32 años, fue secuestrado de madrugada desde su departamento en el piso 14 en el municipio de Independencia, en el sector norte de la capital de Chile por un grupo de sujetos disfrazados de detectives de la Policía de Investigaciones (PDI).

Diez días después, tras una frenética búsqueda, su cuerpo fue hallado sepultado bajo cemento, con señales de tortura, en un asentamiento irregular en la comuna de Maipú, a unos 23 kilómetros del edificio donde vivía junto a su esposa y a su pequeño hijo.

Por el caso la Fiscalía ha identificado hasta ahora a tres personas de nacionalidad venezolana: un joven de 17 años, detenido en marzo de 2024 y dos hombres adultos que han sido vinculados al Tren de Aragua y que huyeron en Chile apenas se perpetró el crimen: Maickel Villegas Rodríguez, extraditado a Chile desde Costa Rica hace dos meses y Walter Rodríguez Pérez, quien continúa prófugo.

Sobre la víctima, Barros ha señalado en la entrevista que “Ronald Ojeda no es solo es un exteniente del ejército venezolano, sino un activista en contra de ese gobierno y que participó, incluso, en un intento golpista para derrocar al gobierno actual. Y, posteriormente, él se vino a Chile con su familia, pero siguió teniendo mucha actividad de ese ámbito”.

Y recordó que en diciembre de 2023, dos meses antes de su secuestro y homicidio, Ojeda viajó a Venezuela “para efectos de organizar un acto golpista junto a otros exmilitares. La rápida ejecución del crimen, entre 24 y 72 horas después de su secuestro, y su perfil político, nos lleva a la conclusión de que este asesinato tiene un trasfondo político relacionado con su oposición al gobierno de Venezuela”.

Barros dijo, sobre el crimen, que el gobierno de Venezuela “no lo va a salir a reconocer públicamente, sería muy extraño. Cuando nosotros sostenemos esto, no lo hacemos en base a conjetura ni especulaciones, lo hacemos en base a los antecedentes de la investigación. A diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos, en el judicial tenemos que probar las cosas que sostenemos. En ese sentido, hemos sido súper responsables y hemos dicho que atendido el perfil que tenía la víctima, este es un hecho político y no como los [delitos] que comete el Tren de Aragua”.

Y agregó: “Si vamos más allá y vemos cómo se produjeron los hechos, no hay otra conclusión que la que se pueda llegar”.

Una de las particularidades del caso de Ojeda, recordó el fiscal, fue que a diferencia de otros secuestros que en Chile ha cometido la banda transnacional de origen venezolano es que nunca se pidió recompensa.

“Este es un secuestro que no guarda relación con lo que hace el Tren de Aragua, que los hace en la vía pública, toma a las personas y las mete a un auto. Y en el caso de Ronald Ojeda hubo muchas posibilidades de ingresarlo a un vehículo cuando iba o salía de su trabajo. Pero ese hecho no se hizo de esa manera, sino con bastante inteligencia. Si se ven los videos, los sujetos no tienen ninguna duda de dónde está su departamento, y salen del ascensor y se dirigen directamente al piso 14, a su departamento″.

Un aporte del Director de la Revista Antonio Varas Clavel

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                                                                          EL MINISTRO MARCEL Y LA SEGURIDAD PÚBLICA

Richard Kouyoumdjian – El Líbero, 22/01/2025

Entiendo al ministro Marcel cuando tiene que enfrentar temas de presupuesto.

El ministro de Hacienda es el gerente de finanzas del gobierno y por ende el que tiene que ser el malo de la película cuando hay que realizar ajustes de cinturón, algo necesario cuando uno está excedido de peso estatal, la economía no crece, y no hay cómo financiar el gasto por más que prueben distintas fórmulas fantasiosas que dejan contentos a los que no quieren enfrentar la realidad de que el Estado llegó a un tamaño que no se condice con nuestra capacidad económica, como que tampoco cumple sus obligaciones más fundamentales con sus ciudadanos.

Tenemos una crisis de seguridad que muy bien podría implicar duplicar el presupuesto de las policías y de todas aquellas reparticiones públicas que son parte de ese proceso, pero ello se vuelve imposible sin una profunda reingeniería del Estado.

En donde no estoy de acuerdo es en la forma en que se manejó el recientemente anunciado ajuste presupuestario de $544 mil millones, el que, si bien en teoría no toca a Carabineros de Chile, la PDI y Gendarmería en los subtítulos 21 y 22[1] sí afecta a el Ministerio Público, tribunales de justicia, SII, UAF, Aduanas, Fuerzas Armadas y otras reparticiones públicas que son parte del sistema de seguridad pública, como también a las que supuestamente eran intocables por la vía del presupuesto de Interior o de otros subtítulos.

Lo afecta porque la seguridad pública es un sistema, a pesar de que hay varios que les cuesta entenderlo así. Es un sistema interconectado, en donde basta que se afecte una parte del proceso para que este sea inefectivo e ineficiente.

Si afecto al Ministerio Público y su presupuesto, estaré afectando el trabajo que hacen Carabineros de Chile y la PDI. Lo mismo aplica si recorto el presupuesto de los tribunales. En ambas instancias por la vía de los ajustes presupuestarios estoy afectando las capacidades del proceso, ya que les estoy disminuyendo el resultado que son capaces de entregar independiente de lo que ocurra aguas arriba con Carabineros o en lo que se le pide a la PDI realizar.

La persecución de delincuentes y criminales se ve afectada si afecto a cualquiera de los que integran el proceso anti delictual o anticriminal.

También es complejo que la reducción presupuestaria se haya realizado de forma tal que dejó a unos no afectos, y al resto les aplicó un recorte porcentual parejo, desconociendo por esa vía, que hay procesos o actividades que son más críticas que otros, o que el Estado hay cosas que sí o sí debe proveer, como es la seguridad pública y de la defensa nacional, la que al día de hoy tiene entre otras cosas, unidades desplegadas realizado resguardo de fronteras, manteniendo la paz, la seguridad y el orden en la Macrozona Sur, o bien combatiendo incendios, lo que ahora deberá hacer con menos o bien hacer menos si los costos no se pueden modificar.

El problema de fondo está en que el Estado ha engordado mucho, realizando muchas más funciones que las básicas primarias que debe proveer, lo que lo hace desatender temas como la seguridad pública, la defensa nacional, las relaciones exteriores, los servicios de prevención y manejo de desastres, y los servicios de inteligencia y contrainteligencia.

El presupuesto original del 2025 y su ajuste posterior están errados, como también los estuvieron los de los años previos. Tenemos una crisis de seguridad que muy bien podría implicar duplicar el presupuesto de las policías y de todas aquellas reparticiones públicas que son parte de ese proceso, pero ello se vuelve imposible sin una profunda reingeniería del Estado como un todo, algo que Milei hizo en la Argentina, y que prontamente esperamos Trump haga en EE. UU.

Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, José Antonio Kast y Rodolfo Carter todos tienen claro que se debe realizar un ajuste estructural del Estado, tanto para disminuir el gasto y la deuda pública, como para asegurar de que podamos gastar e invertir en donde corresponde, partiendo por la seguridad pública y la defensa nacional, las cuales no están bien atendidas con los presupuestos actuales, no siendo capaces en el primer caso, entregar un país seguro a los chilenos, y en lo segundo, asegurar que nuestras Fuerzas Armadas están equipadas y entrenadas adecuadamente.

Chile arrancó como república independiente con solo tres ministerios, uno dedicado a lo exterior, otro a lo interno, y un tercero a los aspectos propios de la guerra y la marina.

Hoy en día vamos para 25 ministerios, con un modelo socialdemócrata que nos tiene casi quebrados, que no hace nada bien, en donde resaltan los ejemplos de educación y salud, y menos bien las tareas fundamentales relativas a la seguridad y la defensa.

Seguir manejando los presupuestos como lo hacemos es parte del problema que tenemos actualmente. No ayuda a la seguridad pública la forma en que maneja las finanzas el ministro Marcel y la Dipres, en una forma anticuada de ver las cosas, debiendo ser por procesos y sistemas integrados, con estrategias claras, con objetivos, medios y formas de trabajo definidos, lo que ayudaría a mostrar que cuando afecto un elemento del proceso, afecto el resultado del todo en una proporción mucho mayor que lo esperado cuando se mira en forma independiente.

Es poco probable que el ministro Marcel siga las recomendaciones de este columnista, pero me doy por pagado si alguno de los candidatos de derecha o integrantes de sus equipos lo hace, y entiende que no sólo necesitamos un Estado más ligero y eficiente, pero principalmente más efectivo.

La seguridad y defensa de Chile van a necesitar más recursos, los que necesariamente deberán venir de reasignaciones presupuestarias sacando de lo menos crítico y asignándolo a lo fundamental, ya que la única forma de sostener el nivel de gasto actual es crecer por sobre el 5 % anual en forma sostenida, y no el pobre 2 % que Chile entrega actualmente.

Si mantenemos algo cercano al 2 %, necesariamente debemos ajustar y focalizar los gastos e inversiones.

[1] Subtítulo 21: Comprende los gastos por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal.

Subtítulo 22: Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones de una institución.

Un aporte del Director de la Revista Antonio Varas Clavel

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                                                              “LA NO EXTRADICIÓN DE MUÑOZ HOFFMAN”.

Carla Fernández Montero, Abogada, Derecho Penitenciario – Diario Constitucional.cl, Cartas al Director, 19/01/2025

La Excma. Corte Suprema, luego de escuchar el informe de la Fiscalía Judicial, acaba de rechazar la extradición del exfrentista Pablo Muñoz Hoffman, básicamente, por encontrarse prescritas la acción y la pena de los delitos por los cuales se le requiere en nuestro país.

¿Fue acertada la decisión de la Excma. Corte Suprema?

Como primer elemento a considerar, cabe señalar que la institución de la prescripción busca consolidar, más que la justicia, la seguridad y estabilidad en las relaciones jurídicas, bases en que se asienta la convivencia civilizada. En esa orientación, existe amplio consenso doctrinal y jurisprudencial en orden a reconocerla como un principio general del derecho.

La cuestión es que nuestro Derecho y el orden internacional de los derechos humanos, ha delimitado su alcance en el campo penal, por ejemplo, en materia de delitos de “lesa humanidad”, consagrando expresamente la imprescriptibilidad.

Ahora bien, nuestra Corte Suprema sistemáticamente se ha negado a extraditar terroristas pertenecientes al MIR o al FPMR por hechos cometidos durante el Gobierno Militar o incluso en democracia (clásico es el ejemplo del secuestro de Cristián Edwards), apelando precisamente a la aplicación de la prescripción, y aun cuando reconoce el carácter “terrorista” de estas “organizaciones armadas” y la “afectación” que a raíz de sus actos sufrió la “población civil”, ha expresado que los delitos cometidos por sus miembros son simples “delitos comunes”, que no afectan a la humanidad, y que si bien están tipificados en la Ley 18.314 de 1984 (que “Determina Conductas Terrorista y su Penalidad”), en relación con el artículo 141 del Código Penal (que tipifica el secuestro, delito por el cual se requirió a Muñoz Hoffman), no revisten la naturaleza de “lesa humanidad”, descartando su tipicidad en la ley 20.357 (arts. 1 y 2) o en el Estatuto de Roma (art. 7) o en cualquiera norma de ius cogens anterior.

En efecto, y más allá de la discusión sobre si los delitos terroristas (secuestros asesinatos, lesiones, incendios, utilización de artefactos explosivos, etc. llevados a cabo con la finalidad establecida en el artículo 1 de la Ley 18.314) comparten o no la naturaleza de ser “delitos de lesa humanidad” -no obstante que de una interpretación gramatical, lógica y sistemática de los tipos de la Ley 20.357 o del Estatuto de Roma se podría aseverar a lo menos una “compatibilidad típica” respecto de las acciones de miembros del MIR y del FPMR- lo cierto es que el criterio de nuestro máximo tribunal de declarar que las acciones y la penas se encuentran prescritas -evitando que el Estado ejerza su jurisdicción penal- nos parece una regla correcta, no solo por el largo período de tiempo transcurrido desde los hechos y el valor supremo de la paz social, sino además, porque una aplicación estricta del principio de irretroactividad penal, haría imposible declarar esos delitos terroristas como de lesa humanidad, ya que la Ley 18.314 fue promulgada varios años antes del Estatuto de Roma y de la Ley 20.357, que recién el año 2009 incorporó a nuestro orden jurídico este instrumento.

Sin perjuicio de lo anterior, el respeto irrestricto al principio de igualdad en dignidad y derechos y las razones humanitarias que proclama el derecho internacional, así como los principios cardinales del derecho penal que consagra nuestra Carta Política, y la concretización del principio pro reo en la aplicación de una analogía in bonam partem, exige que este criterio jurisprudencial que por años ha beneficiado a los miembros del MIR o del FPMR se aplique también a los militares condenados por causas de DD. HH., a quienes se les sigue juzgando y condenando en base al Estatuto de Roma o las normas de ius cogens, con flagrante infracción a los principios de tipicidad e irretroactividad penal.

Un aporte del Director de la Revista Antonio Varas Clavel

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