Categoría: Seguridad y defensa

                                                              “LA NO EXTRADICIÓN DE MUÑOZ HOFFMAN”.

Carla Fernández Montero, Abogada, Derecho Penitenciario – Diario Constitucional.cl, Cartas al Director, 19/01/2025

La Excma. Corte Suprema, luego de escuchar el informe de la Fiscalía Judicial, acaba de rechazar la extradición del exfrentista Pablo Muñoz Hoffman, básicamente, por encontrarse prescritas la acción y la pena de los delitos por los cuales se le requiere en nuestro país.

¿Fue acertada la decisión de la Excma. Corte Suprema?

Como primer elemento a considerar, cabe señalar que la institución de la prescripción busca consolidar, más que la justicia, la seguridad y estabilidad en las relaciones jurídicas, bases en que se asienta la convivencia civilizada. En esa orientación, existe amplio consenso doctrinal y jurisprudencial en orden a reconocerla como un principio general del derecho.

La cuestión es que nuestro Derecho y el orden internacional de los derechos humanos, ha delimitado su alcance en el campo penal, por ejemplo, en materia de delitos de “lesa humanidad”, consagrando expresamente la imprescriptibilidad.

Ahora bien, nuestra Corte Suprema sistemáticamente se ha negado a extraditar terroristas pertenecientes al MIR o al FPMR por hechos cometidos durante el Gobierno Militar o incluso en democracia (clásico es el ejemplo del secuestro de Cristián Edwards), apelando precisamente a la aplicación de la prescripción, y aun cuando reconoce el carácter “terrorista” de estas “organizaciones armadas” y la “afectación” que a raíz de sus actos sufrió la “población civil”, ha expresado que los delitos cometidos por sus miembros son simples “delitos comunes”, que no afectan a la humanidad, y que si bien están tipificados en la Ley 18.314 de 1984 (que “Determina Conductas Terrorista y su Penalidad”), en relación con el artículo 141 del Código Penal (que tipifica el secuestro, delito por el cual se requirió a Muñoz Hoffman), no revisten la naturaleza de “lesa humanidad”, descartando su tipicidad en la ley 20.357 (arts. 1 y 2) o en el Estatuto de Roma (art. 7) o en cualquiera norma de ius cogens anterior.

En efecto, y más allá de la discusión sobre si los delitos terroristas (secuestros asesinatos, lesiones, incendios, utilización de artefactos explosivos, etc. llevados a cabo con la finalidad establecida en el artículo 1 de la Ley 18.314) comparten o no la naturaleza de ser “delitos de lesa humanidad” -no obstante que de una interpretación gramatical, lógica y sistemática de los tipos de la Ley 20.357 o del Estatuto de Roma se podría aseverar a lo menos una “compatibilidad típica” respecto de las acciones de miembros del MIR y del FPMR- lo cierto es que el criterio de nuestro máximo tribunal de declarar que las acciones y la penas se encuentran prescritas -evitando que el Estado ejerza su jurisdicción penal- nos parece una regla correcta, no solo por el largo período de tiempo transcurrido desde los hechos y el valor supremo de la paz social, sino además, porque una aplicación estricta del principio de irretroactividad penal, haría imposible declarar esos delitos terroristas como de lesa humanidad, ya que la Ley 18.314 fue promulgada varios años antes del Estatuto de Roma y de la Ley 20.357, que recién el año 2009 incorporó a nuestro orden jurídico este instrumento.

Sin perjuicio de lo anterior, el respeto irrestricto al principio de igualdad en dignidad y derechos y las razones humanitarias que proclama el derecho internacional, así como los principios cardinales del derecho penal que consagra nuestra Carta Política, y la concretización del principio pro reo en la aplicación de una analogía in bonam partem, exige que este criterio jurisprudencial que por años ha beneficiado a los miembros del MIR o del FPMR se aplique también a los militares condenados por causas de DD. HH., a quienes se les sigue juzgando y condenando en base al Estatuto de Roma o las normas de ius cogens, con flagrante infracción a los principios de tipicidad e irretroactividad penal.

Un aporte del Director de la Revista Antonio Varas Clavel

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                                                                 Cuentas chicas, riesgos grandes

Christian Bolívar Romero

General de División (R)

Columna de Opinión

Nuestra sección de OPINIÓN es un espacio abierto, por lo que el contenido vertido en esta columna es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial de BioBioChile

Martes 19 noviembre de 2024 | 10:44

Es preciso reforzar la idea que la conducción de la Defensa es una responsabilidad política y que las decisiones que en este ámbito se tomen exceden por mucho los alcances de un gobierno en particular.

Se sigue discutiendo en el Congreso la Ley de Presupuestos para el 2025 y, como todos los años, genera tensión a nivel político por la constatación —una vez más— del “principio de escasez”, aquel que indica que dado que las necesidades de las personas son ilimitadas, los recursos se vuelven escasos.

De ahí la importancia que adquiere esta discusión para establecer en qué se invertirán los recursos de la nación atendiendo a la realidad y prioridades existentes. Sin embargo, hay circunstancias en las que esas prioridades no están o, al menos, no se ven tan claras.

Defensa nacional

El pasado 28 de octubre, en sesión de la comisión mixta, el Comandante en Jefe del Ejército, General Javier Iturriaga planteó su preocupación para cumplir con tareas adicionales ante la falta de financiamiento para el 2025, específicamente, en lo referido a la contratación de soldados de tropa profesional (SLTP) y la cuota asignada para acuartelamiento de soldados conscriptos (SLC).

Estas afirmaciones eminentemente técnicas escalaron hacia el ámbito político, generando una serie de reacciones y un debate que deja entrever no solo una mayor sensibilidad en la sociedad por estos temas, sino también que subyacen problemas bastante más profundos que el presupuesto de un año en particular.

Por cierto, sería ingenuo pensar que lo planteado por el CJE no se ha informado previamente en las instancias institucionales de Defensa. Lo propio hizo su antecesor, General Ricardo Martínez, tal como lo describiera en una columna reciente y, seguramente, lo hicieron todos los comandantes en jefe.

Esto demuestra que estamos ante una situación que se arrastra por décadas, producto de la aplicación de un presupuesto de continuidad y, por otra parte, de los cambios efectuados a la “Ley Reservada del Cobre” por una fórmula que no se está cumpliendo en los términos acordados y que ha obligado, en este caso al Ejército, a ajustar sus gastos para cumplir con las múltiples tareas que se le asignan en cada una de las cinco áreas de misión definidas por el Ministerio de Defensa.

Veamos algunos elementos que han surgido en los últimos días. Para ello, abordaremos el factor personal, material, operacional y, por último, geoestratégico.

1. El factor personal

Independiente del financiamiento, es un hecho que existen brechas para completar las dotaciones de la actual estructura del Ejército y —remarco— lo de la actual estructura, por cuanto los Estados se dotan de un instrumento militar acorde a sus riesgos y amenazas, asumiendo que, aunque se pretenda disminuir el gasto en Defensa mediante la reducción de sus capacidades, las amenazas permanecen y el riesgo se incrementa.

Si bien el avance tecnológico ha permitido la incorporación de sistemas sofisticados al campo de batalla, reemplazando algunas funciones por ingenios autónomos capaces de combatir sin la presencia ni acción humana, aún estamos lejos de abandonar la premisa de “boots on the ground”, acuñada por el general estadounidense Volney F. Warner en 1980, que nos lleva a asumir que la guerra seguirá siendo un fenómeno humano.

Ello implica contar con una dotación permanente, idealmente profesional, que debe ser sometida a procesos educativos y de entrenamiento continuos que los habiliten individual y colectivamente para cumplir las tareas que —de acuerdo al tipo de unidad que integran— les corresponda cumplir.

En el caso nacional, ello se materializa a través de una “carrera militar”, cuyo diseño obedece a las condiciones existentes al momento de legislar, ciertamente muy distintas a las actuales. Recordemos que la última actualización del “Estatuto del personal de las Fuerzas Armadas” fue en 1997, reemplazando al publicado en 1968.

Este es un elemento fundamental a tener presente en la discusión, por cuanto es a través de este documento que se regula la vinculación jurídica entre el Estado y el personal de las Fuerzas Armadas. Por tanto, es aquí donde se deben equilibrar las necesidades de la Defensa, las particularidades de cada institución y las motivaciones o incentivos que tienen hoy los jóvenes, para dotar a las instituciones del personal suficiente e idóneo para las tareas que deben cumplir.

Este no es un problema local ni nuevo. La mayor parte de los países enfrentan desafíos similares, agudizados en las últimas décadas, y que se explican entre otros factores por intereses profesionales distintos, el dejar a la familia y amigos, la aversión al estilo de vida militar y la eventual interferencia con la educación universitaria o técnica.

Al respecto, se debe buscar —idealmente con creatividad— un diseño que se ajuste a nuestra realidad y que debería definir entre otras cosas si debemos seguir contando con un Servicio Militar “obligatorio”.

2. El factor material

Para nadie son desconocidas las capacidades de las fuerzas armadas en Chile que le han permitido posicionarse a la vanguardia en nuestra región. Sin embargo, una cosa es haber alcanzado esa condición y otra muy distinta es mantenerla.

La carencia de una industria militar nacional robusta —exceptuando lo realizado por Asmar en conjunto con la Armada de Chile— genera dependencia de proveedores extranjeros tales como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, España, Francia, Italia, Países Bajos, Turquía, Suecia, Suiza, Austria, Israel y Australia, causando diversas complejidades para quienes tienen la responsabilidad de administrar este material.

Es sabido también que en materia de Defensa, los tiempos son particulares. Los proyectos son de larga duración y no siempre se cuenta con los recursos, ya sea para aprovechar una oportunidad de mercado o bien para reemplazar un sistema cuya obsolescencia tecnológica, financiera o táctica obliga a su reemplazo.

Por otra parte, es preciso indicar que la tecnología resulta desequilibrante en el campo de batalla, imprimiéndole un dinamismo que obliga a los Estados a realizar un mayor esfuerzo para no quedarse atrás. La velocidad con que se producen los avances tecnológicos se ha incrementado en forma exponencial. Si bien nuestro país no puede pretender estar en la vanguardia tecnológica, debe procurar una actualización que asegure la eficiencia operacional.

En este sentido, incentivar una mayor producción nacional a través de alianzas estratégicas podría resultar atractivo desde el punto de vista del uso de los recursos como también abriendo oportunidades para la investigación, desarrollo e innovación en áreas como ciberseguridad, tecnología aeroespacial, tecnologías duales (uso militar y civil) y el desarrollo de capacidades antárticas.

3. El factor operacional

El área de misión Defensa representa el rol fundamental de las fuerzas armadas. No obstante existen otras tareas en las cuales se requiere su participación y que cada vez son más recurrentes.

El problema se presenta cuando estas tareas pasan de excepcionales a permanentes. Es muy distinto desplegar una fuerza por 90 días que hacerlo por dos o tres años, como es el caso de la Macro Zona Sur, o en la Zona Norte donde las unidades más costosas del Ejército en cuanto a personal, material y entrenamiento se encuentran cumpliendo tareas de “protección de infraestructura crítica”.

El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea han hecho esfuerzos significativos para cumplir estas funciones. Sin embargo, ninguna organización puede enfrentar un desafío de esa naturaleza sin que afecten con ello la tarea esencial al verse obligados a generar cambios o ajustes en sus procesos.

Es fundamental pensar en una solución distinta, que ordene las tareas que se asignan en función de los roles propios de cada organización. En este sentido, incrementar las capacidades de las policías en forma gradual, especialmente a Carabineros, aparece como una solución lógica.

4. Factor geoestratégico

Hace algunas décadas, la Organización de Estados Americanos (OEA) declaraba como nuevas amenazas, también conocidas como amenazas no convencionales, al terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el tráfico de drogas, la corrupción, la trata de personas y los ataques a la seguridad cibernética, por nombrar algunas. Hoy esas “nuevas amenazas” las tenemos presentes prácticamente en toda la región.

Ello implica que las capacidades de los Estados debieron haberse adaptado para enfrentar estos flagelos en forma adecuada. Sin embargo, la evidencia muestra que esa adaptación no ha sido suficiente y hoy vemos que los efectos están llegando directamente a una parte importante de la población.

El desafío entonces es identificar cómo respondemos a este escenario cuya evolución va más rápida que la capacidad para tomar decisiones.

En lo militar, se debe pensar en las capacidades para enfrentar conflictos híbridos bajo los criterios de la guerra multidominio. Algo que, si bien está plasmado en la Política de Defensa vigente (2020), queda mucho camino por recorrer.

Un segundo elemento dice relación con la importancia geoestratégica del continente antártico y el estrecho de Magallanes. Hoy es evidente el interés de las principales potencias —Estados Unidos y China— por marcar presencia en esta zona, lo cual podría transformarse en una fuente de conflicto y para lo que debemos estar preparados, asegurando los intereses que como nación hemos declarado históricamente.

Para ello, es condición sine qua non contar con una estrategia de seguridad y defensa que oriente los pasos a seguir para alcanzar las condiciones que serán requeridas al menos en los próximos 30 o 40 años, desprendiéndose así de la coyuntura política.

La seguridad y la defensa implican gasto

La polémica suscitada a la luz de la discusión del Presupuesto 2025 tiene una mirada positiva.
Primero, la discusión en el ámbito de la seguridad y la defensa es absolutamente necesaria y debe incentivar a nuestras autoridades a replantearnos la defensa que necesitamos.

La seguridad y la defensa implican gasto. En un país como Chile, esos gastos deben ponderarse a la luz de las múltiples necesidades y sin perder de vista que toda sociedad aspira a alcanzar una condición de estabilidad y bienestar colectivo. Sin embargo, dado su carácter intangible, la asignación de recursos en esta área es poco atractiva para cualquier gobierno.

Es preciso reforzar la idea que la conducción de la Defensa es una responsabilidad política y que las decisiones que en este ámbito se tomen exceden por mucho los alcances de un gobierno en particular. Es por ello que la discusión debe ser abordada con visión de Estado, algo tan escaso como los recursos.

– Christian Bolívar

https://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/columnas-bbcl/2024/11/19/defensa-nacional-cuentas-chicas-riesgos-grandes.shtml

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                                                                        FUERZAS ARMADAS, ALISTAMIENTO Y PRESUPUESTO

Marcelo Masalleras – AthenaLab, 14/11/2024

Desde hace un tiempo, se ha discutido a través de distintos medios de prensa sobre el financiamiento de las fuerzas armadas. Primero fue por la decisión del gobierno de no prever recursos para el fondo de contingencia estratégico y ahora por la situación respecto de los recursos para mantener la planta de soldados de tropa profesional y de soldados conscriptos en el Ejército.

Por cierto, que como en toda discusión, surgen quienes bogan por una mayor asignación presupuestaria, mientras otros justifican los montos actuales e, incluso, otros grupos profesan su disminución.

Sea como sea, este es un tema sensible, pues involucra a una parte del Estado, aquella que tiene la mayor responsabilidad en la defensa de la soberanía y, actualmente, participa al mismo tiempo en tareas de orden interno: las fuerzas armadas (FF. AA.).

En este sentido, cabe preguntarse si los recursos asignados anualmente, ya sea a través de la ley de presupuesto o de otras fuentes de financiamiento como la correspondiente al desarrollo y mantenimiento de capacidades estratégicas, es suficiente.

En las siguientes líneas, se intentará —de manera muy resumida— un ejercicio de análisis básico al respecto. De antemano, se aclara que esto no incorporará antecedentes sobre los motivos que el Estado ha tenido para decidir mayores o menores aportes a las fuerzas armadas.

Para comenzar, se debe afirmar que el tipo, tamaño, características, despliegue y otros aspectos de las fuerzas armadas, es una decisión única y exclusivamente política. No son los militares quienes establecen qué se necesita, sino que es el estamento político quienes lo hacen.

Para lo anterior, se deben identificar las tareas que se les exigirá a estas instituciones, ya sean aquellas definidas en la constitución y las leyes, como también otras misiones que demande el Estado.

No hay duda de que las instituciones de la defensa entregan su asesoría y evaluación técnica proponiendo ideas de solución, pero al final, la decisión es política, la que se traduce en políticas públicas de este ámbito.

A partir de esta definición—en la que participa el ministerio de Defensa y sus subsecretarías—, el Estado Mayor Conjunto, y seguidamente el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, deben desarrollar las fuerzas y unidades necesarias para satisfacer el requerimiento político.

En otras palabras, sobre la identificación de una necesidad (política), las instituciones militares establecen la respuesta técnica militar. Dicha respuesta se transforma en un conjunto de requerimientos que permiten desarrollar las capacidades estratégicas, operacionales y tácticas, indispensables para cumplir lo establecido.

Estas capacidades finalmente demandarán, entre otros: personal, sistemas de armas, vehículos, aeronaves, material de guerra, equipos técnicos, comunicaciones, munición, apoyo logístico, infraestructura, etc., así como una adecuada doctrina, procedimientos, educación y entrenamiento en distintos niveles. Todo lo anterior, exige recursos para adquirir, desarrollar, mantener e incluso eliminar distintos componentes.

De aquí surge la pregunta si los recursos que el Estado le asigna anualmente a la defensa —particularmente a las fuerzas armadas— son suficientes para cumplir con lo que el mismo Estado les demanda y de lo que es el responsable final.

La respuesta —si bien en extremo compleja y difícil de solucionar—, parecería ser que es: No, al menos, en lo más evidente y fácil de observar.

Sin la intención de alargar más de lo necesario este comentario, se puede afirmar que el Estado de Chile mantiene, en términos generales, un presupuesto de defensa de continuidad, vale decir, sin cambios muy significativos de un año a otro (incluso con años en los que ha sido negativo).

De hecho, según la información que entrega el Banco Mundial (basado en antecedentes del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo – SIPRI), el porcentaje de gasto en defensa disminuyó desde un 2,7 % en el año 2000 a un 1,8 % en 2022 (último año con registro).

Segundo, también se puede afirmar que, dentro del presupuesto anual entregado a las fuerzas armadas, desde el año 2000 al 2024, los recursos destinados a “Personal” pasaron de representar un 76,6 % a casi un 90 % del total de presupuesto.

Lo anterior tiene un impacto en el alistamiento de las fuerzas pues, al aumentar la carga destinada a financiar gastos en personal, inmediatamente se disminuye el monto para otras iniciativas.

Tercero, quizás lo más preocupante, al mismo tiempo que el presupuesto es de continuidad y el gasto en personal aumentó, todo indica que el espectro de misiones demandadas a las fuerzas armadas, así como el número, extensión y duración de las tareas dispuestas por el mismo Estado, sólo han aumentado con los años.

En otras palabras, con igual o menor presupuesto, se les está demandando a las instituciones de la defensa, mucho más.

A modo de ejemplo, se puede afirmar que, en términos de despliegue por catástrofes naturales, las fuerzas armadas y en particular el Ejército, se les ha exigido que cumplan funciones de apoyo en (sólo se mencionan las que se estima han sido las de mayor relevancia):

Además de lo anterior, debemos agregar otros eventos catastróficos como erupciones volcánicas, inundaciones o sismos menores. De este modo, no solo se ha ampliado el tipo de misiones (variedad), sino que además estas han sido más recurrentes, en más lugares físicos (extensión territorial) y por períodos de tiempo mucho más largos. Sólo la emergencia relacionada con el COVID se extendió por más de 18 meses. En el caso de las fuerzas desplegadas en la macrozona sur, esta tarea comenzó el 12 de octubre de 2021 y se ha extendido hasta ahora (salvo un corto período de tiempo entre marzo y mayo de 2022), vale decir, por más de tres años.

En un ejercicio simple para evaluar el impacto en la fuerza militar el tema de los despliegues por estados de excepción constitucional (basados mayormente en presunciones y cifras sólo apreciadas sin acceso a información de detalle), podríamos considerar que en la MZS, los medios del Ejército podrían alcanzar a unos 1.000 a 1.200 efectivos, a los que se deben sumar otros 700-800 que se encuentran trabajando permanentemente en la MZN. El problema no termina ahí, pues para tener un total de 2.000 efectivos en terreno simultánea y permanentemente, dicha institución debería disponer del triple de personal, vale decir, no menos de 6.000. Lo anterior, pues hay 1/3 de soldados desplegados, 1/3 que está en preparación de despliegue y otro tercio en post-despliegue. Sólo para completar el panorama, se debe indicar que de acuerdo a los antecedentes proporcionados por la Dirección General de Movilización Nacional este año, el total de soldados conscriptos acuartelados ha disminuido en los últimos años, desde más de 11.000 ciudadanos en 2016, hasta un mínimo de 3.000 en 2022.

En otro orden de cosas, las FFAA colaboran directamente durante actos eleccionarios, desplegando casi la totalidad de su personal para cubrir locales de votación y otras instalaciones necesarias.

A modo de resumen, además de que ha incrementado progresivamente el número de locales de votación por proteger, lo que se traduce en mayor cantidad de efectivos por desplegar, se puede identificar que si se analiza desde el año 2000 al 2024 (en bloques de 5 años) la cantidad de actos eleccionarios que obligan el empleo de las FF. AA. aumentó significativamente.

Si bien la coyuntura política desde el 2020 exigió esfuerzos adicionales, el solo hecho de contar con elecciones primarias para distintos cargos, así como segunda vuelta presidencial y de gobernadores regionales, ha aumentado el número de veces que debimos concurrir a las urnas y, en consecuencia, que las FF. AA. se desplegaran.

Nuevamente se aprecia que la necesidad de desplegar fuerzas ha aumentado en el último tiempo por variadas razones, pero, al final, se ha obligado a las FF. AA. a distraer sus esfuerzos de las tareas principales que les asigna la constitución de la República en la ejecución de funciones distintas y secundarias.

Entonces, no es descabellado ni hay que ser muy agudo para pensar que ninguna organización puede hacer más —o bastante más en este caso— con los mismos recursos. La eficiencia tiene un límite. Es cierto que el Estado entrega recursos adicionales para financiar algunas actividades especiales como son los actos eleccionarios, pero también es cierto que estos no consideran la totalidad del gasto como pueden ser el desgaste del material, el tiempo de preparación y despliegue, entre otros.

Todo lo anterior, es sin entrar a analizar el impacto que tienen estas actividades sobre las tareas fundamentales de las FF. AA., es decir, prepararse para desarrollar operaciones militares de alta intensidad. El mayor uso de sistemas como vehículos, comunicaciones y aeronaves, significan mayor desgaste y, por ende, se acorta la visa útil de los mismos, requiriéndose su reemplazo de manera anticipada, lo que aumenta la demanda de fondos.

Asimismo, el mantenimiento del material, así como el entrenamiento de unidades y tripulaciones requiere tiempo y permanencia, cosas de las que se les ha privado a las FF. AA., en pos de tareas que son secundarias a su esencia.

Tampoco se está incorporando la variable de obsolescencia del equipamiento o la mayor demanda en capacitación y entrenamiento que significa la incorporación de equipos más sofisticados y de mayor complejidad de operar y mantener.

Por último, otro aspecto importante a tener en cuenta, en este caso no relacionado con la asignación de recursos, pero si con la cantidad y extensión de las misiones actuales de las FF. AA., es el impacto en el personal.

En promedio, se estima que cada militar de la zona norte o sur del país, participaría entre 4 a 5 despliegues al año, cuya duración supera los 45 días cada uno, lo que significa que no queda tiempo para otras cosas (sumar predespliegue y postdespliegue), mucho menos para entrenamiento o apoyar ante catástrofes como incendios o inundaciones. De descansar, ni hablar.

Al final del día, alguien debe cumplir las tareas, ese es el personal militar. Por lo tanto, se evidencia un mayor desgaste, lo que podría acarrear mayor número de retiros, licencias médicas, problemas sociales y matrimoniales, desmotivación por falta de desarrollo profesional y, en definitiva, dificultades de retener talento. Esto último es de la mayor gravedad, pues la reposición de especialidades críticas no es factible o demora mucho tiempo y más recursos.

Al concluir, es posible afirmar que las FF. AA. actualmente cumplen funciones en un espectro mayor a lo que se les demandaba hace 20 años, dichas tareas son más recurrentes, en una extensión geográfica mayor y por períodos de tiempo superiores. Esto está generando gran estrés en la fuerza militar.

Del mismo modo, al revisar el presupuesto nacional asignado a defensa, claramente su característica es de continuidad y el gasto en personal ha aumentado progresivamente, dejando menos espacio para otras actividades de las instituciones. Al conjugar estas cosas, se puede establecer que las FF. AA. no cuentan con los recursos necesarios para cumplir adecuadamente las funciones que demanda el Estado.

El Estado, especialmente el poder Ejecutivo y el Legislativo, deben revisar esta situación en profundidad, al mismo tiempo que estudien la necesidad de renovación o desarrollo de capacidades estratégicas.

¿Es suficiente lo que tenemos para todo lo que queremos como país? ¿Contamos con la estructura necesaria para enfrentar los desafíos de seguridad nacional en un mundo cada vez más conflictivo y en una región en peligro por la criminalidad transnacional? ¿Estamos evaluado las repercusiones del envejecimiento progresivo de la población sobre la seguridad y la defensa nacional? Si la respuesta no es positiva —y parece ser así—, hay mucho por hacer.

En síntesis, es el Estado el que debe definir qué FF. AA. necesita y proveer los recursos para ello. Esta tarea es indelegable y no les corresponde a las FFAA, si no que el nivel político que por tanto tiempo ha demandado control sobre los militares.

Como no hay duda de ello, la responsabilidad es plenamente política.

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Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel

                                                                           EN MEDIO DEL DEBATE POR LOS RECURSOS PARA EL

                                                                              EJÉRCITO: EL EXPECTANTE MOMENTO DE LAS FF. AA. DE

                                                              ARGENTINA Y PERÚ

Ramón Jara A. – EMOL, 16/11/2024

“Sólo hay financiamiento para 23% de los soldados necesarios para un Ejército totalmente operativo”. La alerta lanzada hace unos días por el comandante en jefe de la institución, general Javier Iturriaga, respecto al presupuesto destinado para esta rama de las Fuerzas Armadas, no dejó a nadie indiferente en el mundo político y sembró dudas respecto de la situación del país en comparación con los vecinos.

Lo cierto es que tanto Argentina como Perú también han enfrentado dificultades de este tipo, al punto de que los gobiernos actuales de Javier Milei y Dina Boluarte, respectivamente, han realizado una serie de grandes inversiones y anuncios rimbombantes para mejorar la situación en materia de defensa y seguridad.

Esta estrategia de potenciar las Fuerzas Armadas no ha estado exenta de polémicas ni críticas. Son varios los dirigentes que cuestionan la excesiva inversión en materia militar dejando de lado otros problemas de tanta o mayor importancia, encendiendo un debate histórico.

Argentina: comenzaron las inversiones. Una vez que asumió la Presidencia de Argentina en diciembre pasado, Javier Milei se puso como objetivo el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas del país.

El diagnóstico, según expertos y la prensa local, era bien complejo: “Lo cierto es que las Fuerzas Armadas de la Argentina se encuentran hoy entre las más rezagadas de América Latina en cuanto a cantidad de uniformados, equipamiento militar y operativos de entrenamiento”, aseguraba una nota del diario El Cronista de enero de 2023, aduciendo a causas como recortes presupuestarios y la ausencia de políticas de Estado sostenidas en el tiempo.

“En los resultados concretos la Argentina sigue estando detrás de las Fuerzas Armadas de Brasil, México, Chile, Perú o Colombia en cuanto a capacidad militar, equipamiento y operatividad.

Yendo a los datos duros, según un reporte del diario La Nación de julio de 2024, desde hace varios años que la inversión de Argentina es del 0,7 % del Producto Interno Bruto (PIB), por debajo de países de la región, como Brasil (1,4 %) y Chile (1,8 %).

“En las propias fuerzas se admite que Chile y Brasil le sacan ventaja a la Argentina en materia de equipamiento militar desde hace varios años”, agregaba el citado medio.

La reputación de las FF.AA. argentinas no es de las mejores. Aún queda latente en la memoria colectiva el recuerdo de la última dictadura militar (1976-1983), que generó una distancia con la ciudadanía que, según el Gobierno actual, también fue alimentada por el kirchnerismo durante su paso por la Casa Rosada.

Así, con la misión de recomponer la relación con la gente, Milei se propuso modernizar y mejorar las condiciones del mundo militar, que a juicio del ahora oficialismo ha estado abandonado durante varios años. El 15 de septiembre, el Mandatario presentó su proyecto de presupuesto para 2025, que considera una inyección de US$6.200 millones a servicios de seguridad y defensa, correspondiente al 5,1 % del total.

La cifra es considerablemente alta, ya que representa poco más del doble del presupuesto de 2024 en esta misma materia (US$3.000 millones). Esto se suma a otras medidas ya tomadas por la Casa Rosada.

En los últimos dos meses, el Ejecutivo ha decretado un aumento en los sueldos de los funcionarios del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en el orden del 5 %, según publicó Infobae. “Esta medida es posible gracias al orden en las cuentas públicas y al superávit fiscal que permite destinar recursos a valorar el accionar de los soldados de la patria que día a día defienden, incluso con su vida, la paz y la libertad de la República Argentina”, aseguraron desde el Ministerio de Defensa.

Pero lejos, la medida que más ha causado repercusión fue la compra a Dinamarca de 24 aviones de combate F-16 por cerca de 650 millones de dólares. Al ser las aeronaves de fabricación estadounidense, se tuvo que contar con la venia de Washington para lograr este pacto.

Pero más allá de lo espectacular del anuncio -con el ministro de Defensa, Luis Petri, subiéndose a una de las aeronaves-, la adquisición de los F-16 acarrea una serie de problemas: según informó El Cronista, para poder recibir los aparatos será necesario reacondicionar la base aérea de Tandil, porque no cuenta con la tecnología ni la infraestructura necesaria para albergar aviones supersónicos. “La Argentina estaba tan retrasada en lo que es su tecnología para recibir un avión de este tipo, que tenemos que arreglar una brigada”, remarcó el jefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier Xavier Isaac.

No obstante, fuentes castrenses y del Ministerio de Defensa reconocieron al mismo medio que “el gobierno carece hoy de fondos para proyectar todas las refacciones y adaptaciones que habrá que hacer para los aviones supersónicos”.

Esta millonaria inversión generó diversas críticas en Argentina, considerando la delicada situación económica en la que todavía se encuentra el país, donde la pobreza llegó hasta el 52,9 % de la población, según los datos oficiales dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Por otro lado, desde el kirchnerismo cuestionaron la compra por ser aviones usados, y señalaron que la mejor opción era haber adquirido las aeronaves JF-17 Thunder ofrecidas por China al Gobierno de Alberto Fernández. “Además de ser nuevos y de última generación, la oferta de China contemplaba una financiación con plazos de gracia”, afirmó la ex ministra de Defensa Nilda Garré, según recogió La Nación.

“En sus recientes visitas a la Argentina, la jefa del Comando Sur, general Laura Richardson, y el director de la CIA, William Burns, fueron terminantes en decir: con China nada. Sin atenuantes ni matices”, enfatizó Garré. Esto se suma al ofrecimiento de Washington a Argentina de US$40 millones para modernización militar, a través del programa Financiamiento Militar Extranjero (FMF, por sus siglas en inglés).

Esto permitiría al país vecino “comprar artículos de defensa, entrenamiento y servicios de Estados Unidos, a través de fondos de asistencia gratuita, y mejorar la interoperabilidad con las fuerzas estadounidenses”, según informó la embajada estadounidense en Buenos Aires.

Perú: Una polémica compra. Al igual que Argentina, el Gobierno de Perú, liderado por Dina Boluarte, empezó a poner en marcha un ambicioso plan para los próximos 25 años, con la intención de fortalecer las Fuerzas Armadas del país. Esto incluye millonarias compras que han provocado diversas críticas de quienes consideran que el Ejecutivo debería centrar sus esfuerzos en otras materias más urgentes.

Ya el año pasado, el Estado peruano realizó una inversión “para equipar a 22 Batallones de Ingeniería del Ejército, lo que ha permitido tener las capacidades necesarias para asistir a la población en casos de Gestión de Riesgos de Desastres”, según explicó a TVPerú el ministro de Defensa, Walter Astudillo.

Asimismo, en mayo de este año la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército de Perú (FAME) anunció una inversión de 600 millones de dólares en la producción de sistemas de armas, vehículos y equipamiento para los próximos diez años.

Según reportó TVPerú, entre los proyectos contemplados por las autoridades están el desarrollo de una planta ultramoderna de municiones; la modernización de la planta de metales no ferrosos; y el desarrollo de un parque industrial de la defensa. Esto contempla un convenio con la compañía coreana Hyundai Rotem para la construcción de vehículos blindados y especiales.

Eso se suma al acuerdo entre la empresa estatal Servicios Industriales de la Marina (SIMA) con Hyundai Heavy para la construcción de 23 buques, según explicó el propio Astudillo. Este plan, aseguró el ministro, “es fundamental para recuperar capacidades y garantizar la seguridad nacional”.

Pero así como en Argentina, el hecho que más repercusión ha tenido es el anuncio del Gobierno de la compra de 24 aviones de combate F-16 Falcon. Eso sí, el costo es más de cinco veces superior que lo invertido por el país trasandino: 3.500 millones de dólares que se pagarán en dos años. Esta diferencia se explicaría porque la intención de Lima es comprar aeronaves nuevas, las que serían de fabricación francesa.

La exorbitante cifra causó controversia en Perú, al punto de que algunos medios locales calificaron la compra de “absurda” y se preguntaron si era necesaria, considerando problemáticas como la inseguridad y el estado de servicios públicos. Pero el Ejecutivo se defiende y asegura que esta millonaria inversión se debe a que los gobiernos anteriores no hicieron nada, considerando que la última compra importante en esta materia fueron los 18 aviones interceptores MiG-29 y 18 aviones de ataque a tierra Sukhoi Su-25, comprados durante la administración de Alberto Fujimori entre 1996 y 1998.

Especialistas en la materia también defienden la medida y aseguran que su flota aérea tiene casi 40 años de servicio y contrasta con las inversiones hechas años atrás por Chile, según consigna Voz de América. En ese sentido, el ex ministro de Defensa Jorge Moscoso sostuvo en diálogo con Exitosa Noticias que “vivimos en un entorno regional donde, lo he dicho en algunas oportunidades, nosotros como Estado peruano no tenemos amigos”. “No existe en las relaciones internacionales el concepto de amistad. Mira, por más que se pueda decir que somos países amigos, somos países aliados, no existen los países amigos. Lo que tenemos son vecinos. Estos vecinos, como todos, así como nosotros, tenemos intereses. Y lo que corresponde a un Estado como el nuestro y como los otros es proteger y defender sus intereses”, remarcó.

En otra línea, el Gobierno de Dina Boluarte también enfrenta una polémica por la posibilidad de dejar a las FF. AA. el control del orden interno de Perú, en medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país por culpa del crimen organizado y el aumento de extorsiones y asesinatos. “Tenemos que prepararnos para la guerra si queremos garantizar la paz”

César Torres, viceministro de Políticas para la Defensa. “Si llega a ser necesario tendremos que evaluar la posibilidad de que esto varíe y sean las Fuerzas Armadas que tomen el control del orden interno (…) es un hecho que no descartamos y que estamos evaluando de la misma manera que estamos evaluando”, dijo a TVPerú el primer ministro, Gustavo Adrianzén. De momento, está claro que el Ejecutivo peruano ha buscado darle un realce a las FF.AA. peruanas, aunque los cuestionamientos son variados.

Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel